Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00661-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00661-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00661-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
24 de julio de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2021-00661-01 (29302)
Demandante: Cristian Alexis Ducuara Castaño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2021-00661-01 (29302)
Demandante: Cristian Alexis Ducuara Castaño
Demandada: DIAN
Temas: Responsabilidad subsidiaria. Acto pasible de control jurisdiccional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandada contra la sentencia
del 07 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, que decidió2:
Primero. Declárase la nulidad parcial de … la Liquidación Oficial de Aforo 900067 de 14 de agosto
de 2020 y la Resolución 004983 de 7 de julio de 2021 …
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declárase que … Cristian Alexis Ducuara Castaño
no tiene obligación de pagar en calidad de deudor subsidiario de la compañía … la suma dineraria
determinada por [la demandada] … en los actos administrativos referidos en el anterior ordinal …
Tercero. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Previo emplazamiento para declarar que ordenó la vinculación del actor como deudor
subsidiario, la Administración profirió la Liquidación Oficial de Aforo 900067, del 14 de
agosto de 2020, a través de la cual determinó la autorretención en la fuente por el período
8 del impuesto sobre la renta para la equidad (en adelante, Cree) del año gravable 2015,
a cargo de la compañía Trayectoria Oil & Gas Sucursal Colombia en Liquidación Judicial
(en adelante, Trayectoria Oil & Gas), la cual fue liquidada con anterioridad a ese acto, de
acuerdo con el informe final de rendición de cuentas para la terminación del «proceso
liquidatorio», aprobado por la Superintendencia de Sociedades (en adelante,
SuperSociedades) mediante Auto 2020-01-074597, del 20 de febrero de 20203. Tras
recurrirse el acto, este fue confirmado con la Resolución 004983, del 07 de julio de 20214.
1
Samai CE, índice 3, certificado 0D15D2F16EF1E652 8597CD3E89249D44 53362DDADBBDC343 17EC440CE5DE24C6 (pdf), p. 1.
2
Samai tribunal, índice 27, certificado 226AF8AE7BF301F2 3BE82F1982C5E3CD 748D6C46EDF73FBE 749B948DCB7999C0 (pdf),
pp. 46 a 48.
3
Esto fue consultado en el expediente identificado con el radicado 11001-03-27-000-2024-00073-00 (29403).
4
Samai tribunal, índice 2, certificado E030C707FEF1CACD EA1F075007309654 24A6E57715325A2E E0BD64F08D24F0C8 (pdf),
pp. 15 a 25 y 40 a 53.
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Demandante: Cristian Alexis Ducuara Castaño
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones5:
1- Declarar nula la Liquidación Oficial de Aforo 900067 de 14 de agosto de 2020 proferida por la DIAN
…, por la cual se profiere … Retención en la fuente del CREE correspondiente al periodo 08- 2015 a
… Trayectoria Oil & Gas Sucursal Colombia en Liquidación Judicial por valor de … $103.283.000.
2- Declarar nula la Resolución 004983 de 7 de julio de 2021, emitida por la DIAN …, por la cual se
decide el recurso de reconsideración y resuelve confirmar la Liquidación Oficial de Aforo …
3- Que …, a título de restablecimiento del derecho se exonere a mi mandante del pago del valor
calculado como sanción por no declarar en los actos … mencionados en los numerales anteriores.
4- Que se condene en costas a la parte demandada.
Invocó como vulnerados los artículos 29 de la Constitución; 138, 155 y 159 al 166 del
CPACA; 371, 571, 572, 580-1, 643, 715, 798 y 847 del ET (Estatuto Tributario); la Ley
1116 de 2006; y los Decretos 1826 de 2013, 1069 de 2015, 1625 de 2016 «y demás normas
concordantes», bajo el siguiente concepto de violación6:
Clarificó que fue «mandatario o representante legal» de Trayectoria Oil & Gas hasta el año
2016 -antes de su liquidación judicial- y no era accionista o miembro de la junta directiva
con decisión en aspectos como el pago de las obligaciones fiscales, de ahí que sus
decisiones no eran autónomas. Advirtió que la sociedad enfrentó una «crisis» en el precio
de los hidrocarburos que derivó en su «quiebra». Así, aun cuando la obligada tenía la
voluntad de presentar el denuncio fiscalizado, carecía de recursos para extinguir la
obligación sustancial, por lo cual las directivas la suscribieron sin pago para no incurrir en
extemporaneidad, no obstante, esta resultó ineficaz en los términos del artículo 580-1 del
ET. En todo caso, narró que la elaboración de estados financieros y declaraciones
correspondía al contador de la empresa, quien era supervisado por la revisoría fiscal.
Por otra parte, indicó que al momento de la expedición del emplazamiento para declarar
estaba desvinculado de la compañía y otra persona ejercía labores de liquidadora, de
modo que no podía presentar la declaración. Anotó que dicha circunstancia se reflejó en
el Rut y, en consecuencia, solicitó a la demandada una autorización para presentar el
denuncio, pero la entidad enfatizó la imposibilidad de adicionar «responsables o facultados»
sin que lo aceptara la SuperSociedades, quien negó tal petición. Aunque requirió a la
liquidadora la firma la declaración en cuestión, esta rechazó la proposición porque: (i) la
deuda no conformaba la «masa de acreencias» aprobadas por el juez concursal; y (ii) solo
tenía el deber de presentar las declaraciones originadas desde que asumió sus funciones.
Con arreglo a lo anterior, defendió la imposibilidad material de ejercer su defensa por las
limitaciones para firmar el denuncio fiscalizado. Igualmente, puntualizó que la actuación
causó un agravio injustificado por imponer una «sanción» cuantiosa pese a que no tenía
vínculos con la contribuyente al momento de su expedición. Describió que la
Administración no incluyó la declaración investigada dentro de las acreencias a su favor
según el Acta No. 400-001284, del 31 de julio de 2018, mediante la cual la
SuperSociedades rechazó un crédito presentado por la demandada porque carecía de
los «elementos mínimos necesarios» para su reconocimiento. Abogó por la imposibilidad
5
Samai tribunal, índice 2, certificado E030C707FEF1CACD EA1F075007309654 24A6E57715325A2E E0BD64F08D24F0C8 (pdf),
pp. 4 a 5.
6
Samai tribunal, índice 2, certificado E030C707FEF1CACD EA1F075007309654 24A6E57715325A2E E0BD64F08D24F0C8 (pdf),
pp. 5 a 8.
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jurídica y material de subsanar la omisión, pues el juez concursal especificó que la
liquidadora debía abstenerse de corregir o firmar declaraciones que abarcaran vigencias
previas al inicio del proceso, dada la naturaleza transitoria de sus funciones. Sin embargo,
la DIAN inobservó las mencionadas circunstancias y vulneró su derecho a la defensa.
Destacó las diferencias entre solidaridad y subsidiariedad según la sentencia C-140 de
2007 (CP: Marco Gerardo Monroy Cabra), a partir de lo cual sostuvo que el fisco debió
intentar -en primer lugar- el cumplimiento de la obligación por parte de la contribuyente y,
en segundo término, a través de los representantes legales posteriores o la liquidadora.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones del actor7. Subrayó la falta de presentación
de la declaración en los plazos del Decreto 2623 de 2014 o en una fecha posterior, pese
a que su contraparte -como gerente- debió suscribirla, por lo que tal omisión generó su
responsabilidad subsidiaria y vinculación a la investigación dentro de la oportunidad legal.
-El [demandante] es responsable de (…) la declaración (…). Describió la regulación para
la presentación de la declaración de autorretención del Cree y señaló que su
incumplimiento implicó una actuación administrativa para determinar la «obligación
impositiva», para lo cual consideró el balance de prueba, los libros auxiliares de retención
en la fuente para el mes de agosto de 2015 y la información de las cuentas «5 Gastos», «6
Costos», «4 Ingresos», «1355 anticipo de impuestos o contribuciones de saldos a favor » y «2365
retención en la fuente periodo 08 de 2015». Con fundamento en ello, evidenció que la sociedad
obtuvo ingresos por su actividad principal -extracción de petróleo crudo- y practicó
autorretención en la fuente -Cree- según los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto 014 de 2014.
Igualmente, destacó que los documentos eran una «prueba contable válida» para determinar
la obligación tributaria (art. 772 del ET). Además, sostuvo que las respuestas a los
requerimientos administrativos tenían validez en virtud de los artículos 746 y 747 del ET.
Cuestionó el incumplimiento del obligado tributario a la presentación de la declaración con
pago de la autorretención del Cree, pues dicha omisión afectó la liquidez del Estado e
impedía al contribuyente dispensarse de las consecuencias por tales dificultades
económicas (sentencia del 31 de agosto de 2021, exp. 11001-33-37-039-2021-00017-00,
Juzgado Treinta y Nueve (39) Administrativo del Circuito de Bogotá), más aún cuando
dicho incumplimiento tenía un tratamiento punitivo en el artículo 402 del Código Penal.
Frente al trámite que derivó en la sanción por no declarar y la vinculación del actor como
deudor subsidiario, mencionó los artículos 715 y 716 del ET, la sentencia del 18 de
octubre de 20188 y destacó que el emplazamiento previo fue notificado a la sociedad, a
la liquidadora y al demandante. En cuanto a la representación legal y la subsidiariedad,
sostuvo que los artículos 572 y 573 ibidem fueron «unívocos» al exigir a dichos sujetos el
cumplimiento de los deberes formales de las compañías, lo cual también fue reconocido
en el anotado fallo del 31 de agosto de 2021. Defendió la inexistencia de un eximente de
responsabilidad para los representantes legales por la falta de suscripción de las
declaraciones y precisó que estos podían ejecutar todos los actos propios del objeto
social. Mencionó que la citada omisión abarcaba desde la fecha de su vencimiento hasta
el cumplimiento de la obligación o la imposición de la sanción por no declarar y la
expedición de la liquidación de aforo. Por último, alegó que el demandante solo podía
solicitar la nulidad de los actos en lo relativo a su responsabilidad personal y patrimonial.
7
Samai tribunal, índice 10, certificado 627EC394517C00EA 4763501726A39DCB 41F73EC7A3CF295D DD1B5C1339669B76 (zip),
2 (pdf), pp. 1 a 23.
8
Sentencia del 18 de octubre de 2018, (exp. 22535, CP: Milton Chaves García).
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-Los valores no [conforman] las obligaciones (…) en la masa de acreencias (…). Subrayó
que el trámite no era coactivo, sino que su finalidad era conformar el título que
coadyuvaría tal fin, pues al momento de presentación de los créditos ante el juez
concursal no existía una deuda exigible, sin perjuicio de que la liquidadora verificara el
cumplimiento a las obligaciones formales. Puntualizó que la discusión comprendía los
elementos de la conducta sancionable y el procedimiento para la imposición de la sanción
por no declarar. Aseguró que el pronunciamiento de la SuperSociedades no respondió
las inquietudes del demandante y remitió la consulta a la liquidadora, por lo que eran
afirmaciones que reñían con la ley y las obligaciones fiscales del representante legal.
-La DIAN debió intentar (…) el cumplimiento [con] el obligado principal, (…) los
representantes legales posteriores (…) o a la liquidadora (…). Salvaguardó la acreditación
de: (i) la calidad de agente autorretenedor del Cree de la compañía; y (ii) la omisión en la
presentación de la declaración fiscalizada. Recordó que su contraparte aceptó que entre
2010 y 2016 fue empleado de la obligada y ocupó el cargo de «gerente general». Expuso
las diferencias entre los procesos sancionatorios, de aforo y cobro coactivo. Sobre la
necesidad de requerir el cumplimiento de la obligación a la sociedad en un primer término,
insistió en los efectos de los artículos 572 y 573 del ET, lo cual era responsabilidad del
actor y no de posteriores representantes legales, pues aquel detentó el cargo cuando
ocurrió la infracción, de ahí que su renuncia no lo eximía de las prenotadas implicaciones.
-(…) Costas y agencias de derecho. Sostuvo que la controversia era de interés público y,
por ende, tal condena era improcedente. Ahora bien, consideró que la remisión del artículo
188 del CPACA al CGP era aplicable «en su integridad» a partir del 01 de enero de 2014 y
adujo que una concepción «puramente objetiva» de las costas contravenía los principios de
acceso a la administración de justicia y gratuidad, de forma que debía analizarse su
actuación en sede administrativa y judicial. Así, planteó que su labor observó la normativa
aplicable y no fue temeraria o desleal. Para finalizar, solicitó el reconocimiento a su favor
de las «erogaciones a título de expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y las agencias
en derecho» y, respecto de las segundas, defendió su causación por el simple hecho de
comparecer al proceso, «lo cual se documenta en las actuaciones que obran en el expediente».
Sentencia apelada9
El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos10.
-(…) Vinculación del deudor subsidiario al proceso de determinación (…). Apuntó que la
jurisprudencia constitucional y de la Sala previeron la necesidad de incorporar al deudor
solidario y/o subsidiario al proceso sancionador o de determinación del impuesto para
garantizar el debido proceso, la igualdad y la oponibilidad del título ejecutivo, por lo cual
la vinculación del actor al procedimiento contra la contribuyente era garantista. Constató
que el demandante fue incorporado a la actuación con la notificación del emplazamiento
por no declarar que lo calificó como deudor subsidiario por su calidad de representante
legal al momento de la omisión, sin embargo, este no atendió el acto previo y las
subsiguientes sanción por no declarar y liquidación oficial de aforo -a cargo de la
contribuyente- también lo incluyeron como responsable subsidiario de la obligación fiscal.
-De la responsabilidad subsidiaria. Verificó que el demandante fungió como «mandatario
general – representante legal» de Trayectoria Oil & Gas desde el 06 de julio de 2012 hasta el
9
Mediante aclaración de voto (índice 28 de Samai del tribunal), la magistrada Nelly Yolanda Villamizar explicó que la responsabilidad
del representante legal era solidaria e ilimitada por los perjuicios que a título de dolo o culpa ocasionara la sociedad conforme a los
artículos 200 y 201 del C de Co.
10
Samai tribunal, índice 27, certificado 226AF8AE7BF301F2 3BE82F1982C5E3CD 748D6C46EDF73FBE 749B948DCB7999C0 (pdf),
pp. 1 a 48.
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25 de febrero de 2016, esto es, durante el periodo en el cual debió presentarse la
declaración. Pese a su calidad de empleado, constató que los certificados de existencia
y representación legal del 19 de noviembre de 2014 y 27 de junio de 2018 reflejaban que
el actor podía «firmar, presentar y corregir todas las declaraciones de impuestos nacionales», sin
delegación para el cumplimiento de deberes ante al fisco. Advirtió la falta de pruebas
sobre directrices para «presentar declaraciones en tiempo (…) y pagarlas posteriormente» o que el
área contable de la empresa fuera la encargada de presentar declaraciones. Sostuvo que
el demandante debía solventar las obligaciones formales de la sociedad, pues los estados
del Rut en 2015 reflejaban la anotación de que era «mandatario» desde el 28 de junio de
2012 y el Rut del actor incorporó la obligación de «cumplir deberes formales de terceros».
Describió que la omisión correspondía a la presentación y pago de la declaración de
autorretención en la fuente del Cree (periodo 8 del 2015) -aspecto no discutido-, lo cual era
relevante porque los actos reprocharon que tal yerro sucedió cuando el demandante
actuaba como representante legal y debía cumplir dicha obligación, de modo que su retiro
al momento de descorrer el emplazamiento para declarar era irrelevante. Luego,
manifestó que el reproche sobre la falta de inclusión de la deuda ante la SuperSociedades
no tenía vocación de prosperidad, pues en ese momento los títulos no habían adquirido
ejecutoria. Sin embargo, advirtió que la actuación no era de naturaleza sancionadora, sino
de determinación de la obligación sustancial, de ahí que no era posible endilgar
responsabilidad subsidiaria al demandante so pena de exceder las disposiciones del ET.
Al respecto, explicó que el deber de pagar tributos -obligación sustancial- se predicaba
del sujeto pasivo (art. 792 ídem), por lo que su cumplimiento solo admitía responsabilidad
solidaria, de tal forma que la demandada erró en declarar deudor subsidiario al actor
porque en ninguno de los supuestos del artículo 793 ibidem figuraban los representantes
legales, dado que para tales sujetos solo existía responsabilidad solidaria en el evento del
artículo 847 ídem. Afirmó que la subsidiariedad solo cubría obligaciones formales (arts.
573 y 798 del ET), razón por la cual tales sujetos debían responder por la presentación
de la declaración y la imposición de la sanción por no declarar -requisito previo para
expedir una liquidación de aforo-, pero no debían cancelar el tributo oficialmente
determinado. En adición, expuso que la demandada no sustentó las razones para endilgar
responsabilidad subsidiaria al actor. Por lo anterior, declaró la nulidad parcial de los actos
y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso que el demandante no era deudor
subsidiario de la obligación sustancial. Finalmente, negó la condena en costas porque no
existían pruebas que demostraran o justificaran erogaciones por dicho concepto.
Recurso de apelación
La demandada recurrió la decisión del tribunal11. Adujo que la providencia incurrió en un
«defecto sustantivo» por la aplicación indebida de los artículos 572, 572-1, 573 y 798 del ET,
pues su investigación demostró que el demandante, como mandatario general, debió
presentar y pagar la declaración fiscalizada -hecho aceptado por el tribunal- y, ante su
incumplimiento, era responsable subsidiario por los deberes sustanciales y formales de
la contribuyente. Aunque reconoció que la obligación tributaria recaía en la contribuyente
conforme al artículo 792 ídem, lo cierto era que la responsabilidad tributaria se predicaba
de algunos sujetos con calidades específicas, bien sea en la categoría de solidaridad o
de subsidiaridad según lo establezca la ley (sentencia C-140 de 2007, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra), sin perjuicio de lo estatuido por las respectivas sociedades.
11
Samai tribunal, índice 33, certificado 0109274632D6C172 A40A3C87BE4C58A8 11B97E1B21948C07 A804292460432CEE (pdf),
pp. 2 a 9.
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A partir de las finalidades del CREE y de la retención en la fuente por ese concepto,
reclamó que la decisión generó un trato inequitativo con los sujetos que cumplieron tal
obligación. Señaló que la responsabilidad subsidiaria garantizaba el principio de equidad
y evitaba que los representantes legales se beneficiaran de su propia omisión. Por ende,
consideró que el debate correspondía a la procedencia de vincular al representante legal
como deudor subsidiario por la omisión en la declaración y pago de la autorretención.
-(…) Defecto sustantivo (…). Reprodujo los artículos 572, 572-1, 573 y 798 del ET y
calificó como «probado» que: (i) el Rut del demandante incluyó la responsabilidad 22
(«obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros»); (ii) el 06 de julio de 2012 se inscribió
el acta del 28 de junio de 2012 ante la Cámara de Comercio, a través de la cual la junta
directiva de la obligada nombró al actor como «mandatario general», facultado para «firmar,
presentar y corregir todas las declaraciones de impuestos nacionales (…)»; (iii) el 16 de julio y el 23
de octubre de 2015 fue actualizado el Rut de la compañía para evidenciar que el actor
ejerció como representante legal desde el 26 de junio de 2012; y (iv) el 25 de febrero de
2016 fue inscrito el documento privado del 24 de febrero de 2016 en la Cámara de
Comercio, mediante el cual el demandante renunció a su cargo de «mandatario general».
Reprochó la «falta de coherencia en (…) la sentencia», pues un apartado de la decisión señaló
que el actor debía cumplir con las obligaciones formales y sustanciales, mientras que otro
expuso que, al no ser la actuación sancionadora, sino de determinación, no era posible
endilgar al demandante una responsabilidad subsidiaria porque ello excedía lo dispuesto
en el ET frente a los representantes legales. Frente a esto último, cuestionó que tal
conclusión fuera liberatoria de la responsabilidad del actor, pues el fallo enfatizó que el
cumplimiento de la obligación sustancial era exigible al sujeto pasivo, lo que contradecía
los arts. 572-1, 573 y 798 ídem, pues el a quo debió valorar dichos preceptos y las normas
societarias idóneas de forma sistemática (arts. 200 y 201 del Código de Comercio).
-(…) [Responsabilidad subsidiaria] (…). Alegó que, si en gracia de discusión existieran
«textos oscuros» en las normas aplicables que generaran «interpretaciones contradictorias»,
tenía que establecerse el espíritu del legislador. A tales efectos, citó extractos de la
sentencia C-140 de 2007, según la cual la extensión de responsabilidad por los deberes
y obligaciones del deudor principal perseguía el recaudo efectivo de los tributos, lo cual
se garantizaría en «mayor proporción» si la responsabilidad subsidiaria por el incumplimiento
a los deberes formales abarcara la satisfacción de las sanciones y la obligación sustancial.
Desde una perspectiva «sistemática», destacó que el régimen de responsabilidad previó
una norma general según la cual el obligado a declarar y pagar era el sujeto pasivo (arts.
571 y 792 del ET) y, en forma excepcional, este deber recaería en forma solidaria o
subsidiaria sobre terceros en aquellos casos previstos por la ley. Frente a la omisión en
la presentación de la declaración tributaria (deber formal) y la imposibilidad de determinar
o recaudar la respectiva cuota, defendió la subsidiariedad en el pago de la sanción por no
declarar y la obligación sustancial (arts. 573 y 798 ídem), pues tal entendimiento
reconocía la «relación instrumental» entre la obligación sustancial y los deberes formales.
En este caso, sostuvo que el demandante -como gerente general y representante legal
de la contribuyente- debía garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo
cual incluía la presentación y pago del denuncio fiscalizado. Ahora bien, como su inacción
causó un perjuicio económico, este debía responder subsidiariamente por el tributo.
Pronunciamientos finales
El demandante no se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por su
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contraparte. Igualmente, el ministerio público guardó silencio en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación
planteados por la demandada contra la sentencia de primera instancia, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y no condenó en costas.
Problema jurídico
En concreto, sería del caso absolver los planteamientos del demandado dirigidos a
enervar la tesis del tribunal que concluyó la ausencia de la calidad de responsable
subsidiario del demandante para atender la obligación sustancial determinada a cargo de
la contribuyente que debió autorretener el CREE del período 8 del año 2015; sin embargo,
resulta imperativo verificar si los actos controvertidos tuvieron la entidad de producir
efectos jurídicos contra el deudor subsidiario demandante, toda vez que es un hecho
reconocido por ambas partes procesales que el obligado tributario principal de la deuda
allí determinada era una compañía liquidada.
Análisis del caso concreto
2- La entidad apelante adujo que la providencia incurrió en un «defecto sustantivo» por la
aplicación indebida de los artículos 572, 572-1, 573 y 798 del ET, pues su investigación
demostró que el demandante, como mandatario general, debió presentar y pagar la
declaración fiscalizada -hecho aceptado por el tribunal- y, ante su incumplimiento, era
responsable subsidiario por los deberes sustanciales y formales de la contribuyente.
Reprochó la «falta de coherencia en (…) la sentencia», pues un apartado de la decisión señaló
que el actor debía cumplir con las obligaciones formales y sustanciales, mientras en otro
expuso que, al no ser una actuación sancionadora, sino de determinación, no era posible
endilgar al demandante una responsabilidad subsidiaria. Alegó que, si en gracia de
discusión existieran «textos oscuros» en las normas aplicables que generaran
«interpretaciones contradictorias», tenía que establecerse el espíritu del legislador, según el
cual la extensión de responsabilidad por los deberes del deudor principal, perseguía
igualmente el recaudo del tributo.
Por su parte, el actor expuso que fue «mandatario o representante legal» de Trayectoria Oil &
Gas hasta el año 2016 -antes de su liquidación judicial-. Asimismo, señaló que la
elaboración de estados financieros y declaraciones le correspondía al contador de la
empresa, quien era supervisado por la revisoría fiscal. Indicó que al momento de
expedición del emplazamiento para declarar estaba desvinculado de la compañía y otra
persona ejercía las labores de liquidadora, de modo que los actos demandados
inobservaron que no tenía vínculos con la contribuyente al momento de su expedición.
Destacó las diferencias entre solidaridad y subsidiariedad y sostuvo que el fisco debió
intentar -en primer lugar- el cumplimiento de la obligación por parte de la contribuyente y,
en segundo término, a través de los representantes legales posteriores o la liquidadora
de la sociedad.
El tribunal advirtió que la omisión correspondía a la presentación y pago de la declaración
de autorretención en la fuente del Cree (período 8 del 2015) -aspecto no discutido- y
destacó que, los actos reprocharon que la citada irregularidad ocurrió cuando el
demandante fungía como representante legal, y por ello debía cumplir dicha obligación,
de manera que su retiro al momento de descorrer el emplazamiento para declarar era
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irrelevante. Sin embargo, advirtió que la actuación no era de naturaleza sancionadora,
sino de determinación de la obligación sustancial, de ahí que no era posible endilgarle
responsabilidad subsidiaria al demandante so pena de exceder la ley. Sobre el particular,
puntualizó que el deber de pagar tributos -obligación sustancial- se predicaba del sujeto
pasivo (art. 792 del ET), por lo que su cumplimiento solo admitía responsabilidad solidaria.
Adicionalmente, aclaró que la subsidiariedad solo cubría obligaciones formales (arts. 573
y 798 del ET), por lo que concluyó que la demandante no estaba obligada a pagar el
tributo oficialmente determinado.
3- Atendiendo los extremos de la litis, resulta patente de los hechos descritos en las
intervenciones judiciales que la sociedad contribuyente estaba liquidada con antelación a
la expedición de la Liquidación Oficial de Aforo 900067, del 14 de agosto de 2020, y que
parte de los cuestionamientos de la actora fue que la autoridad primero debió reclamar el
pago de la deuda determinada oficialmente a la sociedad contribuyente, antes de exigirlo
a quien, a lo sumo, fungía como responsable subsidiario, con lo cual se precisa establecer
si los actos administrativos acusados derivan el efecto jurídico que pretende la
demandada, a fin de perseguir del actor, como deudor subsidiario, la satisfacción del
tributo. Así, la Sala aplicará el artículo 187 del CPACA, que la faculta para decidir los
asuntos que advierta y que tengan incidencia en el trámite del proceso, propuestos o no,
con independencia de que el inferior hubiera guardado silencio, como la generación de
efectos de los actos demandados.
3.1- En primer lugar, la Sala ha precisado que una sociedad se extingue «cuando es inscrita
en el registro mercantil la cuenta final de liquidación»12, momento en el cual desaparecen todos
los atributos de su personalidad jurídica, entre estos, la capacidad para ser sujeto de
derechos y obligaciones, el nombre o razón social, el domicilio, el patrimonio y el derecho
a ser representada legalmente13. En consecuencia, el acto administrativo dirigido contra
el sujeto inexistente no tendrá la entidad de producir derechos u obligaciones a cargo del
mismo14; esto es, de definir alguna situación jurídica y, por esa misma razón, no puede
contener una prestación a favor de la autoridad que pueda ser objeto de cobro por los
medios coercitivos con que cuenta la Administración, como tampoco producirá efectos
para quienes en virtud de la ley detenten algún tipo de responsabilidad tributaria -solidaria
o subsidiaria-15.
Dicho de otro modo, el acto administrativo producido contra un sujeto inexistente carece
de los atributos para producir efectos jurídicos frente al obligado contra quien pretendía
dirigirse la actuación administrativa y, por lo mismo, no tendría la aptitud de transmitir
efectos jurídicos contra quien tendría que responder por la obligación allí establecida.
3.2- En este caso, la Sala evidenció que la Liquidación Oficial de Aforo 900067, del 14 de
agosto de 2020, a través de la cual la demandada determinó la autorretención en la fuente
para el período 8 del CREE del año 2015 a cargo de Trayectoria Oil & Gas, vinculó al
demandante como deudor subsidiario, acto que le fue notificado el 19 de agosto de 2020.
Lo anterior, pese a que el informe final de rendición de cuentas para la terminación del
«proceso liquidatorio» de la obligada principal había sido aprobado por la SuperSociedades
con el Auto 2020-01-074597, del 20 de febrero de 2020 [consecutivo 406- 001392], el cual
12
Sentencias del 23 de junio de 2015 (exp. 20668, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia); y del 29 de abril de 2020 (exp. 24521,
CP: Milton Chaves García).
13
Sentencia del 19 de octubre de 2023 (exp. 27629, CP: Milton Chaves García).
14
Ver (entre otras) las sentencias del 27 de agosto de 2020 (exp. 23564, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez); del 10 de junio de 2021,
23 de junio de 2023 y 08 de agosto de 2024 (exps. 24642, 25869 y 28476, CP: Milton Chaves García); y del 30 de mayo de 2024 (exp.
26898, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
15
Sentencias del 13 de julio de 2023 (exp. 27008, CP: Milton Chaves García); y del 12 de marzo de 2020 (exp. 21565, CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez).
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fue inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio el 11 de marzo de 202016.
En consecuencia, es claro que el acto de determinación fue posterior a la liquidación de
la sociedad Trayectoria Oil & Gas, de ahí que la deuda tributaria allí fijada derivara en
inexistente por ausencia del sujeto que debía asumir las consecuencias jurídicas, de
manera que con base en ese mismo acto no podrían derivarse consecuencias adversas
para terceros como lo ha sostenido la Sala en anteriores oportunidades17. Al efecto,
obsérvese que la condición que se le endilga al demandante es la de ser responsable
subsidiario, lo que implica que la autoridad tenía que, en primer lugar, dirigir el cobro de
la deuda contra el obligado principal, en tanto que el responsable subsidiario en modo
alguno desplaza la posición de aquél en la relación jurídico-tributario, ni mucho menos al
momento de satisfacer el monto adeudado, sino que por cuenta del beneficio de excusión
que sería propio de este tipo de responsables, a este solo podría reclamársele la
satisfacción de la deuda, en la medida que no lograra satisfacerse por el obligado
principal, para el caso, la sociedad que tenía el carácter de agente de retención del Cree.
No detentando la autoridad un título contra el obligado principal que le permita exigirle a
este en primer lugar la deuda, mucho menos tendría título que ejecutar contra el tercero
responsable, quien tan solo subsidia la deuda ante el impago del obligado principal.
En ese orden, la Sección precisa que los actos censurados no tienen la entidad de surtir
los efectos jurídicos pretendidos por la demandada en contra del deudor subsidiario, pues
ni siquiera produce efectos jurídicos contra quien fue el obligado principal. Por esa misma
razón, se reitera que los actos controvertidos no constituyen título ejecutivo idóneo para
su cobro en sede coactiva contra el demandante.
En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada a fin de mantener la nulidad
parcial decretada por el tribunal, pero por las razones señaladas en esta instancia, en
tanto, los actos acusados no tuvieron la virtualidad de crear, modificar o extinguir una
situación jurídica particular respecto del demandante a los efectos de reclamar su
responsabilidad subsidiaria. Por la misma razón de no haber producido efectos jurídicos
los actos acusados respecto del obligado tributario, y menos aún en relación con el
responsable subsidiario, no habría lugar a abordar el análisis que plantea la apelación,
dirigido a sustentar que la responsabilidad subsidiaria comprende tanto la sanción, como
el pago del tributo determinado por la Administración.
Conclusión
4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la
presente sentencia que la inexistencia del obligado principal como sujeto de derechos,
por estar liquidada la sociedad al momento de ser proferido el acto de determinación
oficial de la obligación tributaria, deriva en la inexistencia de un título que permita exigir la
deuda a un tercero responsable subsidiario, quien tan solo podría subsidiar la deuda ante
el impago del obligado principal.
16
La Sala destaca que, mediante auto del 17 de junio de 2025, el despacho sustanciador del proceso decretó de oficio que la Cámara
de Comercio de Bogotá allegara copia de los certificados de existencia y representación legal y el de cancelación de la matrícula
mercantil de la compañía Trayectoria Oil & Gas Sucursal Colombia (sucursal de compañía extranjera), Nit 900044618-5 (contribuyente
contra quien se emitieron los actos de determinación y sancionador) (índice 14 de Samai). Esa autoridad, en respuesta a la solicitud,
el 20 de junio de 2025, allegó las dos certificaciones mencionadas y de estas se dio traslado a las partes procesales, sin
pronunciamiento alguno (índice 22 de Samai). El certificado de cancelación aludido expresa que, por cuenta del auto del 20 de febrero
de 2020, inscrito el 11 de marzo de 2020, se registró la cancelación. A su turno, el certificado de existencia y representación legal
coindice en que la matrícula fue cancelada el 11 de marzo de 2020 y que «[m]ediante Auto 406-001392 del 20 de febrero de 2020, la
Superintendencia de Sociedades, declaró terminado el proceso liquidatorio de los bienes que conforman el patrimonio de la sociedad
de la referencia, lo cual fue inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de marzo de 2020 con el No. 00004542 del libro XIX».
17
Sentencia del 08 de febrero de 2024 (exp. 28266, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).
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Costas
5- Por no estar probado en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas en
esta instancia, conforme al artículo 365.8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Confirmar la sentencia de primera instancia.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. Por Secretaría, corríjase el nombre del demandante en la carátula y en el sistema de
búsqueda de Samai, de acuerdo con la identificación que de dicha parte hace esta
providencia.
4. Reconocer personería a la abogada Adriana Buitrago Maldonado, como apoderada
de la demandada, conforme al poder conferido (índice 21 de Samai).
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO ADRIANA MARÍA GUILLÉN ARANGO
Conjuez
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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