Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00663-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2021-00663-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2021-00663-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2021-00663-01 (29793)
Demandante CONSTRUCTORA BOLÍVAR S.A.
Demandada GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, SECRETARÍA DE
HACIENDA
Temas Impuesto de registro. Base gravable. Tarifa. Acto sin cuantía.
Restitución de bienes al fideicomitente. Contrato de cesión.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
Primero DECLARAR NO PROBADA [la] excepción de mérito propuesta por la demandada,
denominada “Legalidad sustancial y procedimental de los actos administrativos acusados”,
según lo expuesto en la parte motiva.
Segundo DECLARAR LA NULIDAD de: (i) la Resolución No. 00000631 del 4 de mayo de 2020,
por medio de la cual se resolvió una solicitud de devolución por concepto de impuesto de
registro, y (ii) la Resolución No. 00001105 del 12 de julio de 2021, por la cual se resuelve un
recurso de reconsideración.
Tercero A título de restablecimiento del derecho se ordena a la Secretaría de Hacienda de
Cundinamarca que efectúe la devolución del pago en exceso en el que incurrió la
demandante, conforme al artículo 606 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca, para lo cual
debe tener en cuenta que el impuesto de registro equivale a $104.166, valor que debe tener
en cuenta como la base para el cálculo de los intereses por extemporaneidad en el registro.
Cuarto Sin condena en costas en esta instancia.
[…].
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Bioconstrucciones de Colombia S.A. y Alianza Fiduciaria S.A., como vocera del
patrimonio autónomo IC BIO Banco de Tierras, constituyeron los fideicomisos Edén
I y Edén II, a los cuales fueron entregados parcialmente la titularidad de dos
inmuebles de 59.812,70 y 9.885,72 metros cuadrados, respectivamente, y
nombrados LO Edén 1 y LO Edén 2C.
Dichos predios fueron objeto de desenglobe en noviembre de 2017, con lo cual
surgieron los denominados predios A y B, de 9.629.79 y 2.216.54 metros cuadrados
respectivamente. Luego, Bioconstrucciones de Colombia S.A. y Alianza Fiduciaria,
vocera del fideicomiso IC BIO Banco de Tierras, constituyeron el fideicomiso
Ciruelos del Edén, cuyo vocero también es Alianza Fiduciaria S.A., a la cual le aporta
los predios A y B referidos, con el fin de que inicie el trámite de su englobe en uno
1
Samai del tribunal, índice 26, página 26.
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Demandante: Constructora Bolívar S.A.
solo, llamado Lote Ciruelo del Edén, con un área total de 11.846,33 metros
cuadrados.
Bioconstrucciones de Colombia S.A. y Alianza Fiduciaria S.A., como vocera del
fideicomiso IC BIO Banco de Tierras, cedieron a Constructora Bolívar S.A. la
totalidad de los derechos del fideicomiso Ciruelos del Edén, mediante documento
privado suscrito el 28 de diciembre de 2018.
Ese mismo día, Alianza Fiduciaria S.A., como vocera del fideicomiso Ciruelos del
Edén, y Constructora Bolívar S.A. suscribieron la escritura pública 7446 de 2018,
con el fin de restituir a esta última el predio denominado Lote Ciruelos del Edén.
Con ocasión de esta transferencia del dominio, el departamento de Cundinamarca
calculó el impuesto de registro tomando el área proporcional del Lote Ciruelos del
Edén (11.846,33 metros cuadrados), más costos administrativos. Debido a la
demora en el registro del acto contenido en la escritura pública, la autoridad
tributaria liquidó en dos ocasiones intereses moratorios.
La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos devolvió la solicitud de registro, lo
que dio lugar a una nueva liquidación del tributo, esta vez sobre el área total de los
inmuebles de los que fueron desenglobados los predios A y B (englobados en el
Lote Ciruelos del Edén), lo que dio lugar al pago de un saldo adicional, más costos
administrativos e intereses moratorios, esto último en dos ocasiones.
El 21 de enero de 2020, la demandante presentó solicitud de devolución, al
considerar que el departamento de Cundinamarca había incurrido en un error por
tomar una base gravable equivocada.
La entidad territorial negó la petición mediante la resolución 00000631 del 4 de mayo
de 2020. Constructora Bolívar S.A. interpuso recurso de reconsideración contra la
anterior decisión, pero la autoridad tributaria la confirmó, en la resolución 00001105
del 12 de julio de 2021.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
A. Pretensiones principales
1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
a. Resolución No. 00000631 del 4 de mayo del 2020, por la cual se resuelve una
solicitud de devolución por concepto de impuesto de registro.
b. Resolución No. 00001105 del 12 de julio de 2021, por la cual se resuelve un recurso
de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. 00000631 del 4 de mayo de
2020.
2. Que se tenga que el negocio jurídico celebrado entre Alianza Fiduciaria S.A. y
Constructora Bolívar S.A. como un acto sin cuantía para efectos del impuesto de registro.
2
Samai del tribunal, índice 2.
2
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3. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
reconozca que la base gravable con la que la Autoridad Tributaria determina el impuesto
de registro, es superior a la que realmente corresponde y, por lo tanto, se ordene la
devolución de Col $387.433.305, a título de pago en exceso.
B. Pretensiones subsidiarias
1. En caso tal que la Autoridad Tributaria no acoja el argumento según el cual el negocio
jurídico celebrado es uno sin cuantía, se reliquide y determine el impuesto de registro de
acuerdo con el área que tiene el inmueble denominado Lote Ciruelos del Edén (que es
aquél cuyo dominio se restituye a la demandante y, por ende, cuya solicitud de inscripción
en el registro genera la obligación tributaria) al momento de causación de la obligación
tributaria sustancial, es decir, 11.846,33 m2 y con el avalúo catastral de Col
$6.054.692.000 también correspondiente al momento de causación, reconocido por el
IGAC.
2. Se ordene la devolución por Col $326.996.800 o la suma que determine con la
reliquidación a la Sociedad a título de pago en exceso más los intereses
correspondientes.
Del escrito de demanda se extraen las siguientes normas vulneradas: artículos 29
y 95 (numeral 9) de la Constitución Política; 229, 230 y 231 de la Ley 223 de 1995;
6 del Decreto 650 de 1996; y 191, 193, 195, 408 y 606 de la Ordenanza
Departamental 216 de 2014.
El concepto de violación se resume, así:
Alegó que hubo una indebida liquidación del impuesto de registro, porque el acto
contenido en la escritura pública 7446 de 2018 correspondió a la restitución del bien
inmueble al fideicomitente, de modo que el impuesto de registro se debía liquidar
bajo las normas propias de los actos sin cuantía, cuya tarifa oscila entre 2 y 4
salarios mínimos diarios legales. Explicó que la transferencia del derecho de
dominio de los bienes inmuebles al fideicomiso está gravada con el impuesto de
registro3, de modo que la transferencia inicial del Lote Ciruelos del Edén dio lugar al
pago del tributo. Empero, cuando hay lugar a restituir el bien inmueble al fiduciante,
la ley califica esa operación como un acto sin cuantía4.
Añadió que, tratándose de la transferencia de bienes a un tercero, si es aplicable la
regla general en virtud de la cual el impuesto se liquida sobre el valor de los bienes,
pues en ese caso existe una enajenación. Sin embargo, en la restitución al
fideicomitente, se está ante un mismo hecho económico para el contribuyente.
Manifestó que una postura contraria violaría el principio de capacidad contributiva,
y supondría una doble imposición, dado que la sociedad fiduciaria ostenta una
propiedad meramente formal5.
Puso de presente que la sentencia del 24 de septiembre de 20206 explicó que la
restitución de bienes al fiduciante es un acto sin cuantía para los bienes muebles,
por lo que los bienes inmuebles se gravan con el impuesto de registro sobre la base
gravable mínima, equivalente al avalúo catastral. Se apartó de dicha conclusión, en
el entendido de que el literal h) del artículo 6 del Decreto 650 de 1996 no hace
distinción entre bienes muebles e inmuebles7. Además, insistió en que el espíritu de
la norma radica en no gravar dos veces un mismo hecho económico.
3
Citó el artículo 226 de la Ley 223 de 1995; y el artículo 1 del Decreto 650 de 1996.
4
Citó el literal h) del artículo 6 del Decreto 650 de 1996; y el numeral 7) del artículo 193 de la ordenanza departamental
5
Citó las sentencias del Consejo de Estado del 21 de agosto de 2014, exp. 19248; del 03 de septiembre de 2020, exp.
20611; y del 18 de febrero de 2021, exp. 24558.
6
Exp.21206.
7
Sobre el principio según el cual, lo que no distingue el legislador no le es posible distinguir al intérprete, citó la sentencia
C-317 de 2012 de la Corte Constitucional; y el concepto 9993 del 22 de marzo de 2013 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
3
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De otro lado, sostuvo que la demandada incurrió en falsa motivación, por considerar
que la restitución del inmueble es un acto con cuantía y que la base gravable debía
corresponder como mínimo al avalúo catastral vigente al momento de causación del
tributo.
Mencionó que la administración no tuvo en cuenta la solicitud de actualización
catastral presentada ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)8 el 24 de
julio de 2018, que es la autoridad catastral a nivel nacional9, por lo que aplicó una
base gravable errónea. Además, puso de presente que, debido a la tardanza en el
trámite del IGAC, la restitución del inmueble debía hacerse sin que existiera la cédula
catastral; pero, aun así, el folio de matrícula inmobiliaria indicaba el área del bien,
con lo cual se podía determinar el avalúo catastral, a través de un análisis de
proporcionalidad.
Con base en ello, afirmó que se equivocó la demandada al concluir que el valor del
predio denominado Lote Ciruelos el Edén era equivalente a la sumatoria de los
avalúos catastrales de los predios de mayor extensión (LO Edén 1 y LO Edén 2C).
Por eso, reiteró que, ante la imposibilidad de contar con el avalúo catastral
suministrado por el IGAC, se debía proceder con el cálculo proporcional, como lo hizo
el departamento de Cundinamarca en la primera liquidación del tributo.
Expuso que, con la petición de devolución, presentó la resolución 25-286-00004-
2019 del 25 de enero de 2019 del IGAC sobre el avalúo catastral del inmueble
restituido, pero la demandada desestimó la prueba sin explicación alguna.
Con base en lo anterior, que calificó de indebida valoración probatoria, consideró
que también fue violado su derecho al debido proceso. Adicionó a este cargo que la
administración tomó como fundamento la ordenanza 039 de 2020, norma que no
estaba vigente para la época de los hechos de la demanda, en 2019.
Manifestó que es improcedente el cobro de intereses moratorios, decisión que
fundamentó la administración en una interpretación equivocada del artículo 231 de
la Ley 223 de 1995. Explicó que esta norma, así como el artículo 408 del Estatuto
de Rentas de Cundinamarca y el artículo 634 del Estatuto Tributario, prevén el pago
de intereses para quienes no adelanten el registro dentro del término de 2 meses
siguientes a la fecha de su expedición. Pero, en el caso particular, la demandante
solicitó la inscripción de la escritura pública en febrero del 2019, y fue por demoras
internas de la oficina de registro de instrumentos públicos, la cual no entendió
adecuadamente los antecedentes fácticos, que el registro se pudo hacer hasta el
14 de agosto de 2019.
Citó la sentencia C-231 de la Corte Constitucional, que interpretó el artículo 634 del
Estatuto Tributario y concluyó que procede el cobro de los intereses moratorios,
pero en todo caso se debe atender a las causales de exoneración de caso fortuito,
fuerza mayor o ausencia de culpa10.
Así, en este caso, se configuró una situación de fuerza mayor, en tanto la demora
de la administración constituyó un hecho ajeno y externo a la demandante.
8
Señaló que la solicitud se hizo en cumplimiento de la resolución 070 de 2011 que le impone a los propietarios de los
predios el deber de informarle al IGAC sobre los cambios físicos y jurídicos de los predios.
9
Citó el artículo 7 del Decreto 3496 de la resolución 070 de 2011; y la sentencia del Consejo de Estado del 22 de septiembre
de 2016, exp. 19866.
10
En el mismo sentido citó la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, rad. 05001-3103-011-
2006-00123-02 del 29 abril de 2005.
4
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Finalmente, alegó la violación al principio de capacidad contributiva, dado que el
tributo se calculó sobre una base gravable errónea, superior a la procedente, lo que
incrementó el tributo a cargo. Por lo tanto, consideró que se debió acceder a la
devolución de lo pagado en exceso. Con lo anterior, también sostuvo que se
configuró un enriquecimiento sin causa en cabeza de la entidad.
Oposición de la demanda
El departamento de Cundinamarca pidió negar las pretensiones de la demanda,
para lo cual sostuvo que, en este caso, se presentó la suscripción de un acto
mediante el cual se transfirió el derecho de dominio de un bien inmueble, lo que
realizó el hecho generador del impuesto.
Añadió que la causación del tributo corresponde al momento en que se haga la
solicitud de inscripción. De este modo, la determinación del impuesto de registro
partió de la información contenida en la escritura pública 7446 de 2018, por lo que
la base gravable fue determinada en $34.579.922.000, valor que certificó la
Secretaría de Hacienda de Funza. Con base en ello, y reconociendo los intereses
moratorios causados, se liquidó un valor a pagar de $325.114.600.
Explicó que no era posible determinar el impuesto con la resolución 25-286-0004-
2019 del IGAC, pues esta última se expidió el 25 de enero de 2019, mientras que la
escritura pública se suscribió el 28 de diciembre de 2018, es decir, que se trata de
un hecho posterior al momento de la causación del tributo.
Frente a los intereses moratorios, aseguró que la demandante incumplió con la
carga de registrar el acto dentro de los dos meses siguientes al otorgamiento de la
escritura pública. Además, sostuvo que los retrasos atribuibles a otra entidad, en
este caso la oficina de registro, por lo que no puede exonerar a la demandante del
pago de intereses.
Se opuso al argumento de la demandante que calificó la restitución del inmueble
como un acto sin cuantía, pues la escritura pública 7446 de 2018 transfirió el
derecho de dominio del bien inmueble a un tercero, lo que impide calificar la
transacción como una restitución a favor de la fideicomitente.
Finalmente, planteó las excepciones de mérito, que denominó «legalidad sustancial y
procedimental de los actos administrativos acusados» y «excepción genérica o innominada» 11.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
la nulidad de los actos demandados, dispuso la devolución del pago en exceso
como restablecimiento del derecho y no impuso condena en costas, por los
siguientes motivos:
Refirió el marco normativo del impuesto de registro12. Luego, expuso que, con base
en el, la sentencia del 24 de septiembre de 202013 afirmó que el literal h) del artículo
11
La demandante se pronunció frente a estas excepciones, reiterando los argumentos de la demanda sobre la indebida
liquidación del impuesto de registro, improcedencia de los intereses moratorios por causa imputable a la administración y
violación al debido proceso. Samai del tribunal, índice 11.
12
Citó los artículos 226, 228, 229 y 231 de la Ley 223 de 1995; los artículos 1, 6 y 7 del Decreto 650 de 1996; 187, 191,
193, 194, 195 y 408 de la ordenanza departamental 216 de 2014 del Departamento de Cundinamarca. Citó la sentencia
C-219 de 1997 de la Corte Constitucional.
13
Exp. 21206, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
5
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6 del Decreto 650 de 1996 considera la restitución de bienes al fideicomitente es un
acto sin cuantía; no obstante, una interpretación sistemática con el artículo 4 ibidem
permite asegurar que eso solo es así frente a bienes muebles, pues los inmuebles
deben tener una base gravable que no sea inferior al avalúo catastral.
Sin embargo, la sentencia del 7 de septiembre de 202314 precisó que el fallo de
2020 referido negó los cargos de nulidad sin condicionar la legalidad de la norma
acusada. Entonces, dado que el literal h) del artículo 6 del Decreto 650 de 1996 no
realizó distinción entre bienes muebles e inmuebles, se debe entender que cualquier
bien restituido al fideicomitente debe considerarse un acto sin cuantía.
Examinadas las pruebas, señaló que la escritura pública 7446 de 2018 contiene el
acto mediante el cual Alianza Fiduciaria S.A., en calidad de vocera del fideicomiso
Ciruelos del Edén, transfirió a la Constructora Bolívar S.A. el derecho de dominio
del predio Lote Ciruelos del Edén, a título de restitución de bienes al fideicomitente.
En cuanto a si era procedente o no valorar la resolución 25-286-0004-2019 del 25 de
enero de 2019, proferida por el IGAC, estableció que «ese documento es el idóneo para
determinar el valor que se debía tener en cuenta para liquidar el impuesto de registro, el cual, por lo
demás, fue presentado oportunamente al proceso de devolución a efectos de acreditar un pago en
exceso»15.
Por lo anterior, indicó que el acto sujeto a registro se debe calificar como un acto sin
cuantía, por no incorporar un derecho pecuniario. Así, afirmó que el numeral 4 del
artículo 195 de la ordenanza 216 de 2014 determinó que, en estos casos, la tarifa
aplicable es de 4 salarios mínimos diarios legales, que para el año 2018 equivalía a
$26.041. Por lo anterior, concluyó que el monto a pagar por este concepto a cargo
de Constructora Bolívar S.A. era de $104.166.
Frente a los intereses de mora, el a quo analizó las pruebas y determinó que la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro, realizó las
notas devolutivas del 13 de febrero, del 19 de marzo y del 17 de mayo de 2019, al
considerar que se presentaron inconsistencias entre el área y los linderos del predio
y por la omisión de presentar el paz y salvo del impuesto predial. Debido a lo
anterior, aunque la primera solicitud de registro fue presentada el 4 de febrero de
2019, tuvieron que presentarse de nuevo por causas atribuibles a la demandante,
pues no entregó los documentos requeridos.
Debido a lo anterior, aseguró que procede el cobro de intereses moratorios, pero
precisó que se deben calcular sobre el valor correcto del impuesto de registro a
cargo de la demandante, que reiteró era de $104.166.
Finalmente, no impuso condena en costas, porque no fue demostrada su causación.
Recurso de apelación
La parte demandada sustentó su impugnación en que el tribunal incurrió en una
interpretación indebida de la Ley 223 de 1995 y del Decreto 650 de 1996, al
considerar que los actos registrados se deben considerar sin cuantía.
Transcribió los artículos que consideró relevantes de estas normas. Luego, explicó
que el acto contenido en la escritura pública 7446 de 2018 es apreciable
14
Exp.26488, M. P. Wilson Ramos Girón.
15
Samai del tribunal, índice 26, página 24.
6
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pecuniariamente. Además, aunque dicho documento fue titulado como una
restitución de bienes al fideicomitente, su verdadera finalidad era transferirle el
derecho de dominio a la demandante, que fungió como cesionaria de derechos
fiduciarios. De esta forma, afirmó que este acto jurídico es nuevo, porque «no proviene
de manera directa del desarrollo del acto de fiducia mercantil, sino que nace una transferencia de
dominio a un adquirente que funge como cesionario de unos derechos fiduciarios y que el acto de
fiducia en nada incide en la adquisición del derecho de dominio y posesión y menos aún se relaciona
con el acto mismo de inscripción y registro ante la oficina de instrumentos públicos, que es el hecho
generador del tributo»16.
Con lo anterior, el registro del acto implica la realización del hecho generador del
impuesto de registro, pues insistió que se trató de un acto mediante el cual se
transfirió el derecho de dominio, y el acto en sí comporta derechos pecuniarios.
Igualmente, sostuvo que, con la escritura pública, el adquiriente obtuvo una
apreciación económica de su patrimonio, lo que insistió descarta que sea un acto
sin cuantía. De este modo, afirmó que «todo acto que implique la mutación, gravamen del
derecho de dominio sobre inmuebles , deberá estar registrado y por este hecho se verificará el hecho
generador del impuesto de registro, bajo las tarifas que sobre el avalúo catastral se dispone por
orden legal»17.
Explicó que, en el contrato de fiducia mercantil, los bienes del fideicomitente salen
de su patrimonio y se radican en cabeza de un patrimonio autónomo. Además, en
el caso en el que el objeto del contrato no se cumpla, se tendrá que transferir los
bienes inmuebles bajo el modo de la tradición, la cual implica la inscripción y registro
de los bienes ante la respectiva oficina de instrumentos públicos. Por ello, a su juicio,
no es posible denominar la operación efectuada como una restitución del bien, ya
que esta se limita a un acto de mera tenencia, mientras que la tradición supone el
cambio del titular del derecho. Así, destacó que, en estos casos, el valor del acto
registrado no puede ser inferior al avalúo catastral.
Oposición a la apelación
La demandante no se pronunció.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Antes de decidir sobre el debate judicial planteado en el trámite de esta segunda
instancia, se pone de presente que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño
manifestó estar impedido para participar en la decisión, por haber conocido el
proceso en primera instancia (índice 12 de Samai) y que mediante auto del 16 de
octubre de 2025 la sala declaró fundado el impedimento presentado (índice 17 de
Samai).
Problema jurídico
Corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de las resoluciones 00000631
del 4 de mayo de 2020 y 00001105 del 12 de julio de 2021, actos expedidos por el
departamento de Cundinamarca, mediante los cuales negó la devolución del pago
16
Samai del tribunal, índice 30, página 4.
17
Ibidem.
7
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Demandante: Constructora Bolívar S.A.
en exceso solicitado por Constructora Bolívar S.A. por concepto de impuesto de
registro, intereses moratorios y costos administrativos, relacionados con el registro
de la escritura 7446 del 28 de diciembre de 2018.
Análisis del caso concreto
1. Sobre la restitución de bienes inmuebles al fideicomitente-cesionario
El departamento de Cundinamarca afirmó que la finalidad de la escritura pública
7446 de 2018 era transferir el dominio a la demandante, quien no fue la
constituyente del fideicomiso, sino que recibió los derechos mediante una cesión.
Así las cosas, consideró incorrecto calificarlo como un acto sin cuantía, al ser
apreciable en dinero y acrecentar el patrimonio de un tercero, de modo que la base
gravable mínima debía corresponder al avalúo catastral del inmueble.
Para resolver, se debe tener en cuenta que el artículo 229 de la Ley 223 de 199518
establece que, como regla general, la base gravable del impuesto de registro será
el valor incorporado en el acto, contrato o negocio documental, sometido a
inscripción. Empero, como reglas especiales, señala que, para los documentos sin
cuantía, la base será «determinada de acuerdo con la naturaleza de los mismos», y, respecto
de los bienes inmuebles, será «el valor no podrá ser inferior al del avalúo catastral, el
autoavalúo, el valor del remate o de la adjudicación, según el caso». El artículo 4 del Decreto
650 de 199619 precisó que, para aplicar esta última regla especial, se entiende que
el acto, contrato o negocio jurídico se refiere a inmuebles «cuando a través del mismo se
enajena o transfiere el derecho de dominio».
Por su parte, la tarifa del impuesto debe ser fijada por las asambleas
departamentales, de acuerdo con los rangos previstos en el artículo 230 de la Ley
223 de 1995. Así, para actos sin cuantía sujetos a registro en cámaras de comercio
u oficinas de registro de instrumentos públicos, fijó el rango de tarifas entre 2 y 4
salarios mínimos diarios legales. Con base en lo anterior, el numeral 4 del artículo
195 de la ordenanza departamental de Cundinamarca fijó la tarifa aplicable a estos
casos en el máximo legal, de 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
Ahora, el literal h) del artículo 6 del Decreto 650 de 1996 califica como actos sin
cuantía aquellos que restituyan los bienes al fideicomitente20. Por su parte, el inciso
sexto del artículo 7 ibidem aclara que, en el evento en que los bienes objeto de la
fiducia se transfieran a un tercero, aun cuando se trate de un heredero o legatario
del fideicomitente, el impuesto de registro se debe liquidar sobre el valor de los
bienes transferidos o entregados y, si se trata de bienes inmuebles, opera la base
gravable mínima prevista en el inciso cuarto del artículo 229 de la Ley 223 de 1995.
La sentencia del 24 de septiembre de 202021 indicó que la expresión «restitución»
contenida en el literal h) del artículo 6 del Decreto 650 de 1996 «debe entenderse en su
sentido natural como “acción o efecto de restituir, de volver la cosa a quien la tenía antes” (Diccionario
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, Ed. Heliasta, Buenos Aires. 1981) o
“volver algo a quien lo tenía antes” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Edición
del Tricentenario)».Luego, la providencia referida indicó que el literal h) del artículo 6
del Decreto 650 de 1996 se refiere a la restitución de bienes al fideicomitente, pero
no distingue bienes muebles e inmuebles. Por lo tanto, consideró que la disposición
18
Replicado por el artículo 191 de la ordenanza 216 de 2014.
19
Replicado por el inciso séptimo del artículo 195 de la ordenanza 216 de 2014.
20
Replicado por el numeral 7) del artículo 193 de la ordenanza 216 de 2014.
21
Exp. 21206, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
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analizada «sólo se refiere a bienes muebles sujetos a registro, pues el artículo 4 si realiza la
distinción para determinar la base gravable según se traten de bienes muebles o inmuebles,
aplicando a estos últimos la misma base del artículo 229 de la Ley 223 de 1995».
Por su parte, la sentencia del 7 de septiembre de 202322 precisó que, en la dinámica
del negocio fiduciario, se deben distinguir dos momentos para determinar el
impuesto de registro a cargo del sujeto pasivo. El primero, cuando se constituye el
patrimonio autónomo mediante un documento sujeto a registro, caso en que la base
gravable será el valor de la remuneración o comisión pactada, sin considerar a la
naturaleza de los bienes (inciso primero del artículo 7 del Decreto 650 de 1996). El
segundo, relevante para este caso, «será la restitución de los inmuebles aportados tras el
cumplimiento de la finalidad de la fiducia. Cuando dicha transferencia sea a un tercero beneficiario,
esto es, un sujeto diferente al fideicomitente, la base imponible será la base gravable mínima (avalúo
o autoavalúo), según el inciso 5.° del artículo 229 de la Ley 223 de 1995».
Frente a este último punto, destacó que el literal h) del artículo 6 del Decreto 650 de
1996 catalogó como acto sin cuantía a aquellos que restituyen los bienes al
fideicomitente, por lo que concluyó lo siguiente:
[…] la instrucción contenida en la circular [demandada] relativo a que en la restitución de
bienes inmuebles al fideicomitente debe determinarse el impuesto de registro previa
verificación del valor del avalúo de los inmuebles no se acompasa con el artículo 229 de la
Ley 223 de 1995 ni el Decreto 650 de 1996, puesto que la circular remite a la base gravable
mínima, que no aplica tratándose de actos sin cuantía.
Si bien la señalada providencia [del 24 de septiembre de 2020, exp. 21206, M. P. Julio Roberto
Piza (E)] aludió a que el literal h) se encontraba referido a bienes muebles, que no a inmuebles,
en esta oportunidad se precisa aclarar que tal distinción no fue efectuada por la norma
reglamentaria, y en consecuencia los documentos mediante los cuales se restituya cualquier
bien al fideicomitente, se enmarcan como actos sin cuantía.
Conforme lo anterior, la sentencia del 7 de septiembre de 2023 precisó el alcance
de la sentencia del 24 de septiembre de 2020, aclarando que, conforme al literal h)
del artículo 6 del Decreto 650 de 1996, el reintegro de bienes inmuebles al
fideicomitente se considera un acto sin cuantía. No obstante, esta providencia no
alteró el sentido del fallo del 24 de septiembre de 2020, en cuanto que la expresión
«restitución» debe entenderse en su sentido natural, esto es, «como “acción o efecto de
restituir, de volver la cosa a quien la tenía antes”».
En línea con lo anterior, se destaca que el artículo 1242 del Código de Comercio
dispone que, al finalizar el contrato, los bienes fideicomitidos deben regresar al
patrimonio del fideicomitente o de sus herederos, salvo disposición en contrario en el
acto constitutivo.
En concordancia, el artículo 1008 del Código Civil prevé que se sucede a una persona
difunta a título universal, lo que significa que «se sucede al difunto en todos sus bienes,
derechos y obligaciones transmisibles», norma con base en la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, indicó que «los herederos pueden ocupar la posición
contractual del causante en el contrato y convertirse en los titulares de los derechos y las
obligaciones pactadas en el mismo», a menos que el contrato finalice con la muerte del
causante.
Nótese, que pese a que el heredero a título universal puede ocupar la misma
posición contractual del causante, el inciso final del artículo 7 del Decreto 650 de
1996 prevé que, si en desarrollo del contrato de fiducia mercantil los bienes son
22
Exp. 26488, M.P. Wilson Ramos Girón.
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transferidos a un «tercero, aun en el caso de que sea heredero o legatario del fideicomitente» ,
el impuesto se liquidará sobre el valor de los bienes que se transfieren o entregan,
respetándose la base gravable mínima prevista para inmuebles.
Lo anterior significa que, para efectos del impuesto de registro, el reintegro de
bienes solo se considerará un acto sin cuantía cuando la restitución se realice a la
misma persona que constituyó la fiducia mercantil; así, en casos en que la
restitución se haga a un tercero, ya sea considerado beneficiario o que tome la
posición contractual de fideicomitente, el acto será considerado con cuantía y, por
tanto, ante la restitución de inmuebles, deberá aplicarse la base gravable mínima
del artículo 229 de la Ley 223 de 199523.
Las anteriores consideraciones son extensibles al caso de la cesión de contratos.
En efecto, el artículo 895 del Código de Comercio señala que «La cesión de un contrato
implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones
del contrato; pero no transfiere los que se funden en causas ajenas al mismo, o en la calidad o estado
de la persona de los contratantes».
Con base en lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
precisó que, con este tipo contractual, «se pretende la transferencia total o parcial de la
posición contractual. El tercero ingresa al contrato primigenio -contrato principal-, a partir de la
celebración del contrato de cesión de contrato -contrato accesorio-. Con el acto de cesión se
transfieren las obligaciones contractuales y sus accesorios. También se transfiere la calidad de
contratante. En punto a su objeto, ha destacado esta Corporación que “no es propiamente el negocio
jurídico, sino ‘la posición contractual’ de los sujetos ligados por el vínculo obligacional establecido en
él”»24.
De igual modo, destacó que «el tercero cesionario toma el contrato y la relación jurídica en el
estado en que se encuentra al instante de la cesión, convirtiéndose a partir de ésta, en parte, titular
de los derechos y sujeto pasivo de las obligaciones en la misma situación existente entonces, sin
producirse su alteración, modificación o extinción» 25.
Conforme lo anterior, el contrato de cesión es accesorio al negocio jurídico principal
y, por lo tanto, no modifica o altera de modo alguno los derechos y obligaciones
derivados de él. En otras palabras: el cesionario de una posición contractual asume
exactamente los mismos derechos y obligaciones que poseía el cedente, sin que
haya novación, alteración, modificación o subrogación de alguno de ellos.
No obstante, así como ocurre frente al heredero a título universal, para efectos
fiscales, la restitución de bienes al fideicomitente-cesionario se considera una
transferencia a un tercero. Así, la interpretación que se establece del literal h del
artículo 6 del Decreto 650 de 1996 es que únicamente se considera un acto sin
cuantía la restitución de los bienes al fideicomitente, siempre que se trate de la
misma persona que hizo el aporte correspondiente.
Para el caso bajo examen, de los hechos narrados como antecedentes en el texto
de la escritura pública 7446 de 2018 (documento sobre el cual no se formuló algún
reparo o tacha por la demandada), se tiene probado que, mediante la escritura
pública 6876 de 2017, Alianza Fiduciaria S.A. celebró un contrato de fiducia
mercantil con BIO Construcciones de Colombia S.A.S. y consigo misma, en calidad
23
También se debe tener en cuenta que, como lo explicó la sentencia del 16 de abril de 2026, exp. 28225, M.P. Wilson
Ramos Girón, el principio de transparencia no solo es aplicable al impuesto sobre la renta y complementarios. De este
modo, precisó que «el principio de transparencia reconoce la instrumentalidad que caracteriza la fiducia mercantil y
garantiza que la tributación atienda a la realidad económica del negocio, mas no a la titularidad aparente de los bienes
que integran el patrimonio autónomo».
24
Sentencia del 24 de noviembre de 2022, exp. 2014-01067-01 (SC3772-022), M. P. Francisco Ternera Barrios.
25
Sentencia del 19 de octubre de 2011, exp. 2011-00487-01; reiterado en el fallo del 24 de noviembre de 2022, ibidem.
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de vocera y administradora del fideicomiso IC BIO Banco de Tierras, ambos en
condición de fideicomitentes y beneficiarios, con lo cual fue constituido el
fideicomiso Ciruelos del Edén26. Luego, mediante documento privado del 28 de
diciembre de 2018, las fideicomitentes cedieron los derechos fiduciarios y los
beneficios del fideicomiso a Constructora Bolívar S.A.27
Conforme a lo expuesto, está probado que Constructora Bolívar S.A. asumió la
posición contractual de fiduciante al ser cesionaria del contrato de fiducia mercantil.
No obstante, para efectos del impuesto de registro, la restitución del bien inmueble
en cuestión se considera un acto con cuantía que deberá atender la base gravable
mínima del artículo 229 de la Ley 223 de 1995. todo, porque, como se advirtió en
este caso la parte demandante es un verdadero tercero distinto al fideicomitente,
dado que la restitución no se realizó a la misma persona que constituyó la fiducia
mercantil.
Por lo expuesto, prospera la apelación de la demandada. Sin embargo, esto no
significa que se deban negar todas las pretensiones de la demanda, pues aún
existen cargos de nulidad que no fueron estudiados por el a quo. Así las cosas, la
sala pasará a estudiarlos, a continuación.
2. Sobre la aplicación de la ordenanza 039 de 2020 al caso bajo examen.
La demandante sostuvo que fue violado su derecho al debido proceso porque la
administración tomó como fundamento la ordenanza 039 de 2020, norma que no
estaba vigente para la época de los hechos de la demanda.
Para decidir, se advierte que la resolución 00000631 del 4 de mayo de 2020, acto
que negó la petición de devolución, se sustentó en las «atribuciones conferidas por el
Estatuto de Rentas de Cundinamarca (Ordenanza 216 de 2014) en concordancia con el artículo 857
del Estatuto Tributario Nacional, la Ley 223 de 1995, el Decreto 2277 de 2012, Decreto
Reglamentario 0438 del 23 de diciembre de 2015, el Decreto Ordenanzal 0265 del 2016» 28. De
igual modo, de la lectura de sus consideraciones, no se advierte que invoque en
algún momento a la ordenanza 039 de 2020.
Por su parte, la resolución 00001105 del 12 de julio de 2021, que decidió el recurso
de reconsideración interpuesto contra la anterior decisión, señaló que este acto
administrativo fue proferido «En uso de atribuciones constitucionales y legales, en especial lo
establecido por el artículo 720 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional, lo definido en el Título V
Capítulo IV de la Ordenanza 039 de 2020, el artículo 88 del Decreto Ordenanzal No. 437 de
septiembre 25 de 2020, y concretamente las conferidas mediante Resolución No. 00846 de junio 28
de 2021» [subraya la Sección].
Luego, en el acápite de consideraciones, con relación a la ordenanza 039 de 2020,
se expuso lo siguiente29:
La Subdirección de Recursos Tributarios es competente para conocer y resolver el presente
recurso, conforme a lo establecido por el Estatuto Tributario Nacional, en armonía con las
facultades legales conferidas por el Título V, Capítulo IV, artículo 537 y Ss de la Ordenanza
039 de 2020, “POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, la cual derogó la Ordenanza 216 de 2014
“POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA , SE
CONCEDEN UNAS FACULTADES AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO Y SE DICTAN OTRAS
26
Samai del tribunal, índice 2, PDF de la demanda y sus anexos, página 102.
27
Ibidem, páginas 102 a 103.
28
Samai del tribunal, índice 2, PDF de la demanda y anexos, página 49.
29
Ibidem, página 57.
11
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DISPOSICIONES”, y lo establecido en el Decreto Ordenanzal No. 437 de septiembre 25 de 2020,
“POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL , SE
DEFINE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” [subraya la
Sección].
Según se advierte, la ordenanza 039 de 2020 fue invocada por la entidad demanda
en el acto que decidió el recurso de reconsideración, únicamente con el fin de
determinar cuál era su competencia. Sin embargo, este aspecto no fue objeto de
controversia por la demandante, quien alegó únicamente que dicha norma fue
aplicada a su caso sin que estuviera vigente al momento de los hechos que
sustentaron la petición de devolución.
Ahora, en el acápite de análisis jurídico y probatorio del caso concreto, la
administración no aplicó la ordenanza 039 de 2020, sino la ordenanza 216 de 2014,
aunque aclaró que esta última se encuentra derogada. Así, por ejemplo, respecto al
hecho generador, señaló lo siguiente30:
Conforme a lo dispuesto por el artículo 187 de la Ordenanza 216 de 2014, hoy derogada por
la Ordenanza No. 039 de 2020, artículo 208, en concordancia con el artículo 226 de la Ley
223 de 1995 señala como hecho generador del impuesto de registro “la inscripción de actos,
contratos o negocios jurídicos en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares, y que,
de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro
de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio con jurisdicción en el Departamento
de Cundinamarca incluido Bogotá Distrito Capital.”
Con base en lo expuesto, contrario a lo manifestado por la demandante, la Sala no
observa que se haya aplicado el acuerdo 039 de 2020 para decidir su petición de
devolución, por lo que este cargo de nulidad no prospera.
3. Sobre la determinación de la base gravable aplicable.
La demandante sostiene que la administración liquidó el tributo con una base
gravable errónea, porque ignoró la solicitud de actualización catastral radicada en
el IGAC, del 24 de julio de 2018. Explicó que, ante la mora de esa entidad, la
restitución del predio se formalizó sin cédula catastral; no obstante, el avalúo debió
calcularse de forma proporcional, según el área descrita en el folio de matrícula
inmobiliaria, tal como procedió Cundinamarca en la liquidación inicial. También
argumentó que la demandada erró al liquidar el tributo por el registro del Lote
Ciruelos el Edén con la suma de los avalúos de los predios de mayor extensión (LO
Edén 1 y LO Edén 2C). Finalmente, advirtió que la administración rechazó sin
justificación la resolución 25-286-0004-2019 del IGAC, aportada con la petición de
devolución, la cual certificaba el avalúo real del inmueble restituido.
En la oposición a la demanda, la entidad territorial únicamente afirmó que era
improcedente determinar el impuesto con la resolución 25-286-0004-2019 del IGAC,
pues fue expedida el 25 de enero de 2019, mientras que la escritura pública se
suscribió el 28 de diciembre de 2018; es decir, que se trata de un hecho posterior al
momento de la causación del tributo.
Según se observa, la demandada no discute que es improcedente utilizar el avalúo
de los predios de mayor extensión, sino únicamente la posibilidad de valorar como
elemento probatorio el certificado de la autoridad catastral. Empero, como fue
expuesto en los antecedentes de esta providencia, este punto ya fue resuelto por el
30
Ibidem.
12
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a quo, que determinó que sí era válido examinar la resolución 25-286-0004-2019,
aspecto que no fue objeto de controversia en la apelación de la demandada. En
consecuencia, este punto no será objeto de un nuevo estudio, en aplicación del
principio de congruencia (artículos 320 y 328 del Código General del Proceso), por
lo que se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acto administrativo referido.
Precisado lo anterior, se observa que la resolución 00000631 de 2020, que negó la
petición de devolución, sostuvo que «la base gravable fue determinada según los avalúos
certificados en los paz y salvos del año gravable 2018 […]»31 de los predios de mayor
extensión. Empero, esta información no coincide con la prevista en el certificado del
IGAC, el cual indicó que, para el año 2018, el inmueble objeto de la controversia tenía
un autoavalúo de $5.878.342.000. Se destaca que esta cifra es superior al valor
identificado en el acto de restitución del inmueble ($5.877.346.410), lo que refuerza
que se debe atender lo certificado por la autoridad catastral, conforme a la base
gravable mínima del artículo 229 de la Ley 223 de 1995.
Teniendo presente lo anterior, la Sección advierte que están probados los siguientes
hechos relevantes con relación a los pagos efectuados por la demandante:
• Para efectos de la inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria del predio, la gobernación
de Cundinamarca expidió la liquidación 103363657 del 28 de enero de 201932. En ella, consta
que se utilizó una base gravable de $5.877.346.410 (valor determinado en el acto de
reintegro), lo que dio lugar a un valor por concepto de impuesto de registro de $58.773.000
más gastos administrativos de $20.600, para un total de $58.793.600. Su cancelación fue
reconocida por el departamento en el acto que negó la devolución33.
• La entidad territorial profirió la liquidación 103414133 del 15 de marzo de 2019, que calculó
los intereses moratorios a esa fecha por valor de $750.000, más gastos por administración de
$20.600, para un total de 770.60034. Este monto fue pagado mediante transferencia bancaria 35.
• La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos decidió devolver la solicitud de registro el 19
de marzo de 2019, señalando que existen incongruencias entre el área y los linderos
contenidos en la escritura pública, frente a los que obran en el folio de matrícula inmobiliaria
del predio36.
• La gobernación expidió la liquidación 103467672 del 10 de mayo de 2019, que también calculó
los intereses moratorios a esa fecha, pero por valor de $2.616.000, más gastos por
administración de $20.600, por un total de $2.636.60037; valor que fue pagado por
transferencia bancaria38.
• La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos realizó la nota devolutiva del 17 de mayo de
2019, que reiteró los motivos de devolución del mes de marzo39.
• El departamento de Cundinamarca profirió la liquidación 103564533 del 13 de agosto de 2019,
la cual utilizó como base gravable $28.702.575.590, con lo cual determinó un impuesto a cargo
de $287.026.000, intereses de $38.068.000 y gastos administrativos de $20.600, para un total
de $325.114.60040. Este valor fue pagado mediante transferencia bancaria 41.
31
Samai del tribunal, índice 2, PDF de la demanda y anexos, página 52.
32
Samai del tribunal, índice 2, PDF de la demanda y anexos, página 219.
33
Ibidem, página 50.
34
Samai del tribunal, índice 10, PDF de la contestación de la demanda y anexos, página 34.
35
Ibidem, página 35.
36
Ibidem, página 154.
37
Samai del tribunal, índice 10, PDF de la contestación de la demanda y anexos, página 31.
38
Ibidem, página 32.
39
Samai del tribunal, índice 2, PDF de la demanda y anexos, página 152.
40
Samai del tribunal, índice 10, PDF de la contestación de la demanda y anexos, página 28.
41
Ibidem, página 29.
13
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• La entidad territorial expidió la liquidación 103566176 del 14 de agosto de 2019, que liquidó
intereses de $228.000 más gastos administrativos de $20.600, para un total de $248.600 42;
pagado por transferencia43.
El análisis en conjunto de las pruebas permite observar que la primera liquidación
del tributo, 103363657 del 28 de enero de 2019, utilizó como base gravable el valor
contenido en el acto de restitución del predio al fideicomitente-cesionario, esto es,
$5.877.346.410. Sin embargo, lo pagado en esa ocasión no cubría el valor total de
la obligación, en tanto que se debe utilizar como base gravable mínima el
autoavalúo informado por el IGAC, de $5.878.342.000, valor superior al declarado en
el acto de reintegro, existiendo una diferencia en la base gravable de $995.590 que
impacta proporcionalmente el impuesto a cargo.
De igual forma, las liquidaciones de intereses moratorios 103414133 del 15 de
marzo y 103467672 del 10 de mayo de 2019 también son procedentes, pues no
tuvieron como sustento una base gravable inadecuada, sino la demora en la
realización del registro del acto de restitución. En este punto, se destaca que la
procedencia de intereses moratorios fue reconocida por el a quo, aspecto que no
fue objeto de reparo por la demandante, quien no ejerció el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, por lo que esta cuestión tampoco puede
ser objeto de análisis en virtud del principio de congruencia (artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso).
En cuanto al cálculo del tributo en la liquidación 103564533 del 13 de agosto de
2019, se observa que utilizó como base gravable el valor de $28.702.575.590, el
cual no coincide con el contenido en el acto de reintegro ni con el autoavalúo
aplicable en este caso. Por lo tanto, esto corresponde a un pago en exceso, que
deberá ser reintegrado. Empero, se debe precisar que sí era procedente la
determinación del tributo con relación a la diferencia que persistía con la base
gravable mínima, que, como se expuso, era de $995.590, de tal modo que lo pagado
en exceso en cumplimiento de la liquidación examinada es solo parcial.
Frente a los intereses moratorios determinados en esa misma liquidación y en la
103566176 del 14 de agosto de 2019, la sala concluye que deben ser devueltos
parcialmente. Esto es así, en tanto que, si bien era procedente su cobro (como lo
determinó el tribunal), la entidad territorial los calculó teniendo como base la
determinación del impuesto que, a su vez, fue establecida con la base gravable
improcedente de $28.702.575.590, a pesar que solo existía una diferencia de
$995.590 en dicho elemento del tributo.
En el expediente no obra prueba alguna de cuál fue la tasa aplicada por el
departamento, de modo que este aspecto deberá determinarse por la administración
al dar cumplimiento a esta providencia.
En cuanto a los pagos efectuados por concepto de gastos administrativos, la sala
advierte que la sociedad no propuso ningún argumento tendiente a demostrar la
improcedencia de su cobro, por lo que no se dispondrá su devolución.
Con base en lo expuesto, este cargo de la demanda prospera, de modo que la sala
confirmará el ordinal primero de la sentencia apelada, que declaró no probadas las
excepciones de mérito formuladas. No obstante, se modificará el ordinal segundo,
42
Ibidem, página 25.
43
Ibidem, página 26.
14
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en tanto que lo expuesto da lugar a la nulidad parcial, no total, de los actos
acusados. De igual modo, será modificado el ordinal tercero, que dispuso el
restablecimiento del derecho, con el fin de disponer la devolución del tributo
determinado y pagado en exceso en la liquidación 103564533 del 13 de agosto de
2019; además, impondrá la orden de reliquidar los intereses moratorios, conforme
a lo explicado líneas atrás.
Costas
No habrá pronunciamiento frente a la primera instancia, dado que no se apeló la
decisión del tribunal de no imponerla. De otro lado, no se impondrá condena en
costas en esta instancia (agencias en derecho y gastos del proceso), comoquiera
que prosperan parcialmente las pretensiones, conforme a lo dispuesto en el numeral
5 del artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la parte resolutiva de la
sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, el 21 de noviembre de 2024, el cual quedará
así:
Segundo: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de: (i) la resolución 00000631 del 4 de mayo de
2020, por medio de la cual se resolvió una solicitud de devolución por concepto de impuesto
de registro, y (ii) de la resolución 00001105 del 12 de julio de 2021, por la cual se resuelve un
recurso de reconsideración
Tercero: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Secretaría de Hacienda de
Cundinamarca que efectúe la devolución del pago en exceso en el que incurrió la demandante,
por concepto de impuesto de registro e intereses moratorios, teniendo en cuenta que la base
gravable aplicable en este caso es de $5.878.342.000, en aplicación del artículo 229 de la Ley
223 de 1995, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. CONFIRMAR en lo demás la providencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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