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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00002-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00002-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- Confirmar la sentencia de 21 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2.- Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2022-00002-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2022-00002-01 (29830)
Demandante: Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P.
Demandada: SSPD
Temas: Contribución adicional para empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios – año 2020. Efectos sentencia de nulidad.
Reiteración.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de 21 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió:

Primero: Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial 20205340068696 del 21 de
septiembre de 2020, por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios –SSPD determinó la contribución especial para el año 2020, a cargo de la
Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. – SPEC en la suma de $ 255.755.000, la
Resolución 20215300009715 del 18 de marzo de 2021 mediante la cual se resolvió el
recurso de reposición, y la Resolución 20215000394105 del 12 de agosto de 2021, que
desató el recurso de apelación y confirmó en todas sus partes la Liquidación Oficial.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho Declarar que la Sociedad Portuaria El
Cayao S.A. E.S.P. – SPEC no está obligada a pagar el monto de la contribución especial
con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y, en consecuencia, se Ordena
a la SSPD liquidar a cargo de la demandante la referida contribución especial para el año
2020 con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sin la modificación del
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, conforme lo expuesto en la parte motiva de la
sentencia.
Tercero: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.
(…)

ANTECEDENTES

El 21 de septiembre de 2020, mediante la Liquidación Oficial No. 20205340068696, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios liquidó la contribución especial
correspondiente a la vigencia 2020 a cargo de la Sociedad Portuaria El Cayao S.A.
E.S.P. El 18 de marzo de 2021, mediante la Resolución No. SSPD 20215300009715,
resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la liquidación. El 12 de
agosto de 2021, mediante la Resolución No. SSPD 20215000394105, resolvió el
recurso de apelación y confirmó la decisión.

La demandante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los anteriores actos administrativos. La demandada se opuso a las pretensiones
de la demanda. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00002-01 (29830)
Demandante: Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P.

actos demandados, ordenó reliquidar la contribución especial con fundamento en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y no condenó en costas.

La demandada interpuso recurso de apelación y solicitó revocar la sentencia de
primera instancia, negar las pretensiones de la demanda y confirmar la legalidad de los
actos administrativos, al sostener que el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 produjo
efectos para la vigencia 2020 y que la liquidación de la contribución especial no vulneró
el principio de irretroactividad tributaria.

DEMANDA

La sociedad Portuaria el Cayao S.A. E.S.P, en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho formuló las siguientes pretensiones1:

1. PRETENSIONES PRINCIPALES
Solicito que el H. Tribunal profiera las siguientes o similares declaraciones y condenas:
PRIMERA: Que se declare la nulidad de:

i) La Liquidación Oficial Contribución 2020 con radicado No. 20205340068696 del 21 de
septiembre de 2020 mediante el cual se liquida la contribución especial de SPEC para la
vigencia del año 2020, en su integridad;

ii) La Resolución No. SSPD 20215300009715 del 18 de marzo de 2021 “Por la cual se
resuelve el recurso de reposición presentado por la empresa SOCIEDAD PORTUARIA EL
CAYAO S.A. E.S.P. – SPEC contra la Liquidación Oficial SSPD No. 20205340068696 del
21 de septiembre de 2020, vigencia 2020, por el servicio de energía y gas combustible por
redes”, en su integridad; y

iii) La Resolución No. SSPD – 20215000394105 del 12 de agosto de 2021, “por la cual se
resuelve el recurso de apelación”, en su integridad, con base en los argumentos de hecho
y de derecho que se exponen en la presente demanda.

La pretensión se funda en la infracción de las normas en las que la Liquidación Oficial
Contribución 2020 con radicado No. 20205340068696 del 21 de septiembre de 2020 en
que debían fundarse y en su expedición irregular.

Como anexos 4, 9 y 12 de este documento presento en copia simple el texto íntegro de la
Liquidación Oficial Contribución 2020 con radicado No. 20205340068696 aludida, de la
Resolución No. SSPD 20215300009715 de 2021 y de la Resolución No. SSPD
20215000394105 de 2021 que, por su extensión y economía procesal, no reproduzco aquí.

PRIMERA SUBSIDIARIA: Que, en subsidio de las PRETENSIÓN PRIMERA, se declare
que el acto administrativo – Liquidación Oficial Contribución 2020 con radicado No.
20205340068696 del 21 de septiembre de 2020, mediante el cual se liquida la contribución
especial de SPEC para la vigencia del año 2020, perdió fuerza ejecutoria por haber
desaparecido sus fundamentos de derecho, de conformidad con el artículo 91 del CPACA.

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que se revoque la Liquidación Oficial No.
2020534260105784E de radicado 20205340068696 del 21 de septiembre de 2020, por la
cual se liquida la Contribución Especial del Artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificada
por el Artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y se liquide la contribución especial considerando
exclusivamente los ingresos derivados del servicio de regasificación, como se muestra en
el siguiente cuadro:

1
Samai índice 2- Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00002-01 (29830)
Demandante: Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P.

SEGUNDA: Que se condene a LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS al pago de todas las costas y agencias en derecho del proceso, si se
llega a oponer a esta demanda.

Invocó como disposiciones vulneradas:

Los actos administrativos demandados vulneraron el artículo 338 de la Constitución
Política, pues liquidaron la contribución especial con fundamento en el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019, disposición declarada inexequible por la Corte Constitucional
mediante las sentencias C-464 y C-484 de 2020.

Sostuvo que el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 desconoció el artículo 338 de la
Constitución Política, al permitir financiar los gastos de funcionamiento e inversión de
la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPD), finalidad que excedió la recuperación de los costos de
los servicios prestados a los contribuyentes.

Afirmó que las reglas relativas a la base gravable y a la tarifa resultaron incompatibles
con el artículo 338 de la Constitución Política, debido a que se calcularon con
fundamento en el presupuesto neto de la entidad y no en los costos incurridos por la
prestación del servicio o en los beneficios proporcionados a los contribuyentes.

Indicó que la determinación de los sujetos pasivos vulneró los principios de legalidad
tributaria y reserva de ley, puesto que la expresión “y todos aquellos que inciden directa
o indirectamente en la prestación de los servicios públicos domiciliarios”, contenida en
el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, fue declarada inexequible mediante la sentencia
C-464 de 2020.

Manifestó que el hecho generador previsto en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
resultó incompatible con el artículo 338 de la Constitución Política, al estructurarse
sobre actividades desarrolladas por el contribuyente y no sobre los costos o beneficios
derivados de la actuación de la administración.

Sostuvo que los efectos de las sentencias C-464 y C-484 de 2020 afectaban la
liquidación demandada, debido a que el acto administrativo no se encontraba en firme
y la situación jurídica no estaba consolidada al momento de proferirse dichas
decisiones.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00002-01 (29830)
Demandante: Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P.

Afirmó que el acto administrativo incurrió en una inconstitucionalidad por consecuencia,
toda vez que reprodujo y materializó las disposiciones contenidas en el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019, declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Finalmente, indicó que la SSPD vulneró el debido proceso administrativo al omitir
pronunciarse sobre los argumentos de inconstitucionalidad expuestos en los recursos
de reposición y apelación, desconocer la excepción de inconstitucionalidad solicitada
por la demandante y mantener los efectos de actos sustentados en disposiciones
retiradas del ordenamiento jurídico.

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se opuso a las pretensiones
de la demanda, por considerar que los actos administrativos acusados fueron
expedidos con apego a la Constitución y la ley, con observancia del debido proceso y
del principio de legalidad. Señaló que la controversia se limitó a establecer si la entidad
estaba obligada a aplicar los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 respecto de las
contribuciones causadas para el año 2020.

Indicó que los cargos de la demanda se dirigieron a cuestionar la aplicación de los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, normas que sirvieron de fundamento a los
actos demandados, y sostuvo que el Decreto 1150 de 2020 y las resoluciones SSPD
20201000028355 del 10 de julio de 2020 y SSPD 20201000033335 del 20 de agosto
de 2020 se encontraban vigentes y amparados por la presunción de legalidad.

La entidad sostuvo que las sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147 de 2021
dejaron a salvo los efectos producidos por los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de
2019 durante la vigencia 2020. En particular, destacó que la Corte Constitucional
reconoció expresamente que los tributos causados en la anualidad 2020 constituían
situaciones jurídicas consolidadas y precisó que las contribuciones causadas con
anterioridad a la notificación de la sentencia C-147 de 2021 podían ser cobradas.

En ese contexto, afirmó que la Superintendencia estaba facultada para liquidar y cobrar
las contribuciones causadas antes del 14 de julio de 2021, fecha en que se notificó la
sentencia C-147 de 2021.

Adicionalmente, señaló que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del
26 de mayo de 2022, consideró ajustadas a la Constitución y la ley las resoluciones
SSPD 20201000028355 del 10 de julio de 2020 y SSPD 20201000033335 del 20 de
agosto de 2020, y concluyó que la aplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955
de 2019 respecto del período 2020 correspondió a una situación jurídica consolidada.

Finalmente, formuló las excepciones de «legalidad de los actos administrativos demandados», por
haber sido expedidos con fundamento en las resoluciones que sirvieron de base para
las liquidaciones cuestionadas, y de «existencia de situaciones jurídicas consolidadas», con
fundamento en las sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-147 de 2021.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal declaró la nulidad de los actos demandados, estableció que la demandante
no está obligada a pagar la contribución especial para la vigencia 2020 con fundamento
en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, ordenó a la Superintendencia de Servicios
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00002-01 (29830)
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Públicos Domiciliarios liquidar nuevamente la contribución con fundamento en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sin la modificación introducida por el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019, y no condenó en costas, por lo siguiente:

La Liquidación Oficial No. 20205340068696 del 21 de septiembre de 2020 se
fundamentó en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y en el artículo 2° de la Resolución
SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, disposición que fijó la base gravable
de la contribución especial para la vigencia 2020 con base en los costos y gastos del
año 2019. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró la nulidad de dicha disposición
por desconocer el principio de irretroactividad tributaria previsto en los artículos 338 y
363 de la Constitución Política.

En el sub examine no se configuró una situación jurídica consolidada, pues la legalidad
de los actos administrativos permaneció en discusión ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En consecuencia, la nulidad del acto administrativo de
carácter general produjo efectos inmediatos frente al caso concreto y desapareció el
fundamento jurídico de la Liquidación Oficial y de los actos que resolvieron los recursos.

Por lo anterior, encontró procedente declarar la nulidad de los actos administrativos
acusados, comoquiera que la contribución especial para la vigencia 2020 se liquidó
con fundamento en una disposición general anulada por vulnerar el principio de
irretroactividad tributaria. A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la SSPD
liquidar nuevamente la contribución con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de
1994, al considerar que dicha disposición recobró vigencia tras la inexequibilidad del
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y la nulidad del acto administrativo general.

No condenó en costas porque no se acreditó su causación.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandada interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la sentencia
de primera instancia, negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la
parte actora, con fundamento en lo siguiente:

La Superintendencia sostuvo que la contribución especial constituye un tributo de
origen legal destinado a recuperar los costos de inspección, vigilancia y control que
ejerce sobre las entidades sometidas a su supervisión. Señaló que el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019 y las demás disposiciones que lo desarrollaron la facultaban para
liquidar y cobrar la contribución correspondiente a la vigencia 2020, razón por la cual
los actos administrativos demandados se expidieron en ejercicio de una competencia
legal.

Afirmó que el Tribunal desconoció los efectos fijados por la Corte Constitucional en las
sentencias C-464 y C-484 de 2020, así como en la sentencia C-147 de 2021, las cuales
preservaron los efectos del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 respecto de la
contribución especial causada durante la vigencia 2020. Sostuvo que dichas
providencias reconocieron que los tributos causados en esa anualidad constituyeron
situaciones jurídicas consolidadas, por lo que la contribución especial debía liquidarse
con fundamento en esa disposición y no con el artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

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Manifestó que la utilización de los costos y gastos correspondientes al año 2019 para
determinar la base gravable de la contribución especial del año 2020 no configuró una
aplicación retroactiva de la ley tributaria, porque el hecho generador del tributo se
produjo durante la vigencia 2020 y la información financiera del año inmediatamente
anterior solo constituyó el parámetro previsto por el legislador para establecer la base
gravable y calcular la tarifa aplicable. En consecuencia, consideró que no se vulneraron
los artículos 338 y 363 de la Constitución Política.

Señaló que la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y la nulidad parcial
de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020 no condujeron, por
sí solas, a la nulidad de la liquidación oficial de la contribución especial. Indicó que, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
los actos administrativos expedidos para la vigencia 2020 conservaron su validez, toda
vez que la norma produjo efectos jurídicos durante ese período y la legalidad de los
actos particulares debía analizarse conforme a las reglas vigentes para esa anualidad.

Finalmente, sostuvo que la contribución especial no constituye un tributo de período
sino un tributo anual, por lo que la utilización de la información financiera del año
anterior no modificó el hecho generador ni implicó la aplicación retroactiva de la ley
tributaria. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada y declarar ajustados
a derecho los actos administrativos demandados.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada se admitió mediante auto
de 30 de octubre de 2025.

El Ministerio Público no emitió concepto. Por su parte, la demandante descorrió el
traslado del recurso de apelación y solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
con fundamento en lo siguiente:

No existió una situación jurídica consolidada respecto de la contribución especial de la
vigencia 2020, porque la legalidad de los actos administrativos permaneció en discusión
en sede administrativa y judicial. En consecuencia, sostuvo que la Corte Constitucional
no estableció la aplicación y validez del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 hasta enero
de 2023 y que la nulidad del artículo 2.º de la Resolución SSPD 20201000033335 del
20 de agosto de 2020 producía efectos en el presente asunto.

Señaló que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podía pronunciarse sobre
la vulneración del principio de irretroactividad tributaria, porque ese aspecto no fue
objeto de análisis por la Corte Constitucional en las sentencias C-464 y C-484 de 2020.
Asimismo, reiteró que la contribución especial de la vigencia 2020 constituyó un tributo
de período, que las aclaraciones de voto citadas por la demandada no constituyeron
precedente vinculante y que la sentencia del Consejo de Estado del 20 de septiembre
de 2024 respaldó la confirmación del fallo apelado2.

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Samai índice 11.
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Demandante: Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios que determinaron la contribución adicional del año
gravable 2020, a cargo de Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
corresponde establecer si las sentencias C-464 del 2020 y C-484 del 2021 habilitaron
el cobro de la contribución adicional en la vigencia de 2020, con fundamento en el
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, por tratarse de una situación jurídica consolidada
y por cuanto la nulidad del artículo 2 de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20
de agosto de 2020, no exime a los obligados del pago de la contribución.

En el presente asunto, se observa que la entidad apelante considera que es procedente
la liquidación de la contribución adicional establecida en el artículo 314 de la Ley 1955
de 2019, al tratarse de una situación jurídica consolidada para el año 2020, de acuerdo
con los efectos señalados por la Corte Constitucional; y que si bien la jurisdicción anuló
el artículo 2 de la Resolución SSPD 20201000033335 de 20 de agosto de 2020, ello
no invalida el acto liquidatorio, ni se estima vulnerado el principio de irretroactividad.

Para resolver los problemas jurídicos objeto de análisis, la Sala reitera el criterio3
relacionado con la incidencia de la nulidad del artículo 2 de la Resolución
20201000033335 de 2020 que preveía la base gravable para la liquidación de la
contribución especial y de la contribución adicional de la vigencia 2020, que sirvió de
fundamento para la expedición de los actos demandados en el presente proceso, y que
fue declarada en la sentencia de 26 de junio de 20244.

En ese sentido, se precisa que en la referida sentencia se indicó que la SSPD en la
Resolución 20201000033335 de 2020 fijó la base gravable de la contribución especial
y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
de tal modo que utilizó la información del año gravable anterior (2019), y «no con
fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, como correspondía». Así las
cosas, siguiendo el precedente de la Sala en casos análogos, en vista de que la hoy
demandada liquidó la referida contribución con base en información -hechos- del
mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 de 2019, es claro que se vulneró el
principio de irretroactividad tributaria.

Valga precisar, que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 85 de la Ley 142
de 1994 afectó igualmente la contribución adicional prevista en el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019, por cuanto esta se determinó a partir de la base gravable establecida
para aquella.

En tales condiciones, como los actos acusados se fundamentaron en la Resolución
SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, se debe mantener lo determinado
por el a quo, pues la anulación de la señalada resolución produjo efectos inmediatos
que afectan las situaciones jurídicas no consolidadas, como ocurre en el caso y, por

3
Sentencias de 18 de junio de 2026, Exp. 30843; 26 de marzo de 2026, Exp. 30318; 27 de noviembre de 2025, Exp. 30403 y 28
de agosto de 2025, Exp. 30151 CP Luis Antonio Rodríguez Montaño; 23 y 31 de octubre de 2025, Exps. 30140 y 29558, C.P.
Wilson Ramos Girón; 6 de agosto de 2025, Exp. 30172, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y de 13 de marzo de 2025, Exp.
29355 C.P. Milton Chaves García, entre otras.
4
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00002-01 (29830)
Demandante: Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P.

tanto, no procede la liquidación del tributo a cargo de la demandante con fundamento
en una norma expulsada del ordenamiento jurídico.

Las razones expuestas son suficientes para confirmar la sentencia de primera
instancia.

Condena en costas

De acuerdo con lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, aplicable
por remisión expresa del artículo 188 del CPACA5, y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, procede la condena en
costas en esta instancia teniendo en cuenta que a la parte demandada se le resolvió
desfavorablemente el recurso de apelación y se confirmó la sentencia de primera
instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) SMMLV, por lo que se
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en
costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1.- Confirmar la sentencia de 21 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2.- Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

5
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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