RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2022-00079-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00079-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00079-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño. Por tanto, queda separado del conocimiento de este proceso. 2. Confirmar la sentencia apelada. 3. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2022-00079-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

19 de junio de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia
Demandada: DIAN

Temas: Competencia. Dirección Seccional de Impuestos de Grandes
Contribuyentes. Exclusión de calificación gran contribuyente.
Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación 1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 12 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Subsección B, que resolvió (índice 25 de Samai tribunal):

Primero. Niéganse las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la motiva
(sic) de la presente providencia.
Segundo. Por no encontrarse causadas, no se condena en costas a la parte vencida.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante las liquidaciones oficiales de aforo 312412020000061, del 15 de julio de 2020,
y 312412020000050, del 05 de agosto de 2020, la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes, le liquidó a la contribuyente las retenciones en la fuente de los
períodos 6 y 7 del año 2015. Tras recurrir en reconsideración los anteriores actos, estos
fueron confirmados mediante las Resoluciones 005613, del 28 de julio de 2021y 006498,
del 19 de agosto de 2021.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones
(índice 2 Samai tribunal):

A. Que se declare la nulidad total de los siguientes actos administrativos:

1
El expediente entró al despacho sustanciador el 30 de abril de 2025 (índice 13. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al
historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

-Liquidación Oficial de Aforo 312412020000061, del 15 de julio de 2020, por no declarar retención
en la fuente del período 06 del año gravable 2015, y la Resolución 005613, del 28 de julio de 2021,
que resuelve el recurso de reconsideración.

-Liquidación Oficial de Aforo 312412020000050, del 05 de agosto de 2020, por no declarar retención
en la fuente del período 07 del año gravable 2015, y la Resolución 006498, del 19 de agosto de 2021,
que resuelve el recurso de reconsideración.

B. Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare (sic) Omega Energy Colombia no está
obligada ni estuvo (sic) a pagar suma alguna en favor de la DIAN con base en los actos
administrativos anulados.

C. Que se declare que operó la caducidad de la acción fiscalizadora de la DIAN en contra de Omega
Energy Colombia por los periodos a que se refieren los actos administrativos anulados, esto es, los
períodos 06 y 07 del año gravable 2015.

D. Que se condene en costas (incluidas las agencias en derecho) a la DIAN, de conformidad con el
contenido normativo determinado en los artículos 361, 363, 364 365 y 366 del Código General del
Proceso y en concordancia con los numerales 3.1., 3.1.2., y 3.1.3. del Acuerdo 1887 de 2003.

Al efecto, invocó como normas vulneradas los artículos 6, 122 y 123 de la Constitución;
264 de la Ley 223 de 1995; 113 de la Ley 1943 de 2018; 562 y 730 del ET (Estatuto
Tributario); el Decreto 4048 de 2008; las resoluciones 07, del 04 de noviembre de 2008,
y 09, del 04 de noviembre de 2008, proferidas por la DIAN; y el Concepto de la misma
autoridad 003164 de 2011, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2 Samai
tribunal):

Incompetencia como vicio grave. Alegó que la Dirección Seccional de impuestos de
Grandes Contribuyentes carecía de competencia para proferir los actos demandados,
porque para el momento en que se emitieron, la actora no estaba calificada como gran
contribuyente. Expuso que la falta de competencia constituía una causal de nulidad de
los actos administrativos, conforme a los artículos 137 y 138 del CPACA y al artículo 730
del ET ordinal 1. Seguidamente, aludió al principio de legalidad consagrado en el artículo
6 constitucional, reforzado por lo previsto en los artículos 122 y 123 ibidem, que
establecen los límites de la competencia de los funcionarios públicos de conformidad con
la ley y el reglamento, atendiendo las funciones atribuidas al correspondiente cargo, lo
cual también ha sido señalado por la Corte Constitucional, (sentencia C-893 del 2003,
MP: Alfredo Beltrán Sierra), que precisó: «los servidores públicos solo pueden hacer aquello que
les está permitido por la Constitución y las leyes respectivas, y de ello son responsables. A diferencia de
los particulares, que pueden hacer todo aquello que la Constitución y la ley no les prohíba”. Igualmente,
anotó que, esta corporación ha señalado que la falta de competencia es uno de aquellos
vicios invalidantes de los actos administrativos, debiendo cumplirse en sus dos
dimensiones, la de la entidad y la de los funcionarios que la integran. Por esto, si al
momento de que la entidad o el funcionario expidan un acto administrativo, no cuentan
con las correspondientes atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico, su
actuación queda por fuera de la ley, el vicio sería el de incompetencia.

-De la incompetencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes
para expedir los actos demandados. Adujo que el artículo 562 del ET le estableció a la
citada seccional, una competencia privativa para fiscalizar a los grandes contribuyentes,
y que, las funciones y competencia de la Dian fueron reglamentadas mediante el Decreto
4048 de 2008 y las Resoluciones 007 y 009 de 2008, así como la Resolución 7234 de
2009. El decreto en mención, señaló que el director general determinaría, mediante
resolución interna, entre otros aspectos, las funciones de las Direcciones Seccionales, y
en desarrollo de ello, la Resolución 7234, artículo 3 de ídem delimitó la competencia de
la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá en relación con las personas jurídicas y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

asimiladas, así como sobre las personas naturales domiciliadas en el Distrito Capital y
Cundinamarca -salvo Girardot y Villavicencio-, y precisó que su competencia no
comprendería en ningún caso, las personas jurídicas calificadas como grandes
contribuyentes. Seguidamente, la citada disposición determinó que, la Dirección
Seccional de Grandes Contribuyentes era la competente respecto de los grandes
contribuyentes que estuvieran ubicados en el Distrito Capital, así como en otros
territorios2; a partir de lo cual, anotó la actora que, a contario sensu, tal entidad no tenía
competencia respecto de contribuyentes que no tuvieran esa calidad, por lo que no podía
fiscalizarlos, so pena de su nulidad.

Bajo tales premisas, adujo que la actora no cumplía la condición de ser gran
contribuyente, pues dejó de serlo en virtud de la Resolución 076, del 01 de diciembre de
2016, mediante la cual el director de la DIAN listó a los grandes contribuyentes para los
años 2017 y 2018, especificando en el artículo 2 que, los contribuyentes que no
estuvieran allí listados quedarían excluidos de tal calificación. Esta resolución empezó a
regir con antelación a la expedición de los actos impugnados, de manera que la
competencia para emitirlos, no correspondía a la Dirección Seccional de Impuestos de
Grandes Contribuyentes, sino a la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Agregó
que, la Resolución 012635 de 2018 que determinó los grandes contribuyentes para las
vigencias 2019 y 2020, tampoco incluyó a la actora. Así, para los años en que se
profirieron tanto los emplazamientos para declarar, como las liquidaciones de aforo (2019
y 2020) la compañía no tenía la calidad de gran contribuyente y por ello la competente
era la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

Luego, tras reproducir apartes de los fundamentos de uno de los actos acusados, afirmó
que la Administración había errado, porque la calificación como gran contribuyente era
solo por el término de vigencia de la resolución que le otorgaba tal calidad, de manera
que «[l]a competencia de la Seccional de Grandes Contribuyentes no está asociada a vigencias fiscales,
sino a el (sic) marco temporal de la calificación y por tanto todas las actuaciones que la autoridad tributaria
despliegue dentro del término en que el contribuyente sea gran contribuyente, deben ser adelantadas por
dicha Seccional». Añadió, que si bien, el artículo 3 de la Resolución 076 consagró facultades
ultractivas a las Direcciones Seccionales respecto de las declaraciones presentadas ante
ellas por los períodos en los cuales eran competentes, tal circunstancia estaba prevista
solo para cuando existía un cambio de domicilio fiscal, lo que no aplicaba en este caso,
puesto que la actora mantuvo su domicilio. Por ello, insistió en que los actos impugnados
debieron ser emitidos por la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, pues la
demandante no detentó la calidad de gran contribuyente por los años 2017, 2018, 2019
y 2020.

-Aplicación indebida del artículo 264 de la Ley 233 de 1995, artículo 113 de la Ley 1943
de 2018 y artículo 20 del Decreto 4048 de 2018. La autoridad tributaria aplica
indebidamente el Concepto 003164 del 2011. Adujo que la demandada aplicó
indebidamente el citado concepto, puesto que justificó la competencia de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, en que, esta se mantenía respecto
de los períodos en los cuales se tuvo la calidad de gran contribuyente.

Reiteró que la competencia ultractiva de las direcciones seccionales respecto de las
declaraciones ante ellas presentadas, que consagraba el artículo 3 de la Resolución
0000076 de 2016, fue prevista en eventos de cambio del domicilio fiscal, lo cual no ocurrió
en su caso, lo que resultaba claro y era reiterado en el Concepto 098525 de 1998 en el
que se precisó que la competencia respecto de un contribuyente que es calificado como

2
Departamentos de Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, excepto los municipios que corresponden a la competencia
territorial de las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Girardot y de Villavicencio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

gran contribuyente, sin cambio de domicilio, es de la Dirección Seccional de Impuestos
de Grandes Contribuyentes. En su criterio, lo anterior indicaba que la competencia estaba
atada a la calidad del contribuyente durante la vigencia de su calificación, con
independencia de los períodos a revisar y, por tanto, su «descalificación como gran
contribuyente» tendría el efecto de retirarle la competencia.

Reprochó que la Dian sustentara su posición en el concepto 003164 de 2011 -el cual no
aplicaba en este caso (pues hacía relación a los factores territorial y temporal), pues se
concluía que, la dirección seccional competente era la que correspondiera al domicilio
fiscal a la fecha en que el obligado presentó la declaración o debió cumplir con la
obligación de informar, lo que solo era aplicable bajo el supuesto de cambio de domicilio,
es decir que en ese último evento, resultaba claro que la competencia era de la dirección
seccional ante la cual fue presentada la declaración. Sin embargo, como esto no
correspondía al caso en cuestión, debió aplicarse el factor subjetivo, teniendo en cuenta
la pérdida de su calidad de gran contribuyente. Acotó que, al pretender la Dian justificar
la competencia en factores territoriales y o temporales, desconoció su propia doctrina -
de obligatorio cumplimiento- pues era claro que, en este caso, esto se definía por el factor
de calificación.

En la misma línea, señaló como incorrecta la aplicación del concepto 003164 de 2011,
en cuanto la demandada consideró que en virtud del factor temporal, la competencia
dependía del año gravable objeto de determinación, lo que iría en “contravía de los señalado
por la doctrina oficial, la cual a pesar de no ser aplicable para el presente caso, por no haber existido
traslado de domicilio, establece que la competencia se determina en virtud del lugar donde se presentaron
las declaraciones tributarias”, de manera que la doctrina no dice lo que concluye la
demandada. Inclusive, la autoridad tributaria contradice la citada doctrina en una de las
resoluciones que desató el recurso de reconsideración contra uno de los actos acusados,
pues sostuvo que era determinante establecer la calidad del contribuyente en el período
de la declaración omitida, cuando lo señalado por el concepto era que, la competencia la
conservaba la administración donde se presentó la declaración, sin vincularla de modo
alguno al período fiscal.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones, aduciendo que profirió los actos en
observancia del ordenamiento jurídico aplicable. A tales efectos, señaló que el artículo
562 del ET le otorgaba al director de la Dian la facultad de determinar quiénes eran
grandes contribuyentes. A su turno, el numeral 1 de la Resolución 007 de 2008 determinó
la competencia territorial y funcional de las direcciones seccionales de la Dian, y el
artículo 3 ídem estableció la competencia territorial de la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes, disposiciones que evidenciaban que el factor
determinante de la competencia era el domicilio del contribuyente; sin embargo,
adicionalmente debían tenerse en cuenta tres factores interrelacionados: territorial,
temporal, y el de la calificación del contribuyente, acorde con el concepto 098525 de
1998.

Manifestó que para establecer la competencia, fue determinante verificar la calificación
de la actora en los períodos en que debió declarar las retenciones en la fuente omitidas
(año 2015), así como el lugar donde debió hacerlo, teniendo en cuenta la independencia
de los periodos, en aplicación de los tres factores de competencia, pues la dirección
seccional competente era la del lugar donde se presentaron o debieron presentarse las
autoliquidaciones, de acuerdo con el domicilio fiscal registrado en el RUT y la calidad que
ostentaba en el año gravable objeto de investigación. A tal fin, destacó que, la Resolución
041, del 30 de enero de 2014 calificó a la actora como gran contribuyente, lo cual se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

mantuvo para el año 2015 en virtud del artículo 2 de la Resolución 254 de 2014, hasta la
expedición de la Resolución 076, del 01 de diciembre de 2016 -que le retiró tal
calificación- acto que rigió a partir del 01 de enero de 2017, por lo que, para los períodos
fiscalizados, la actora tenía la calidad de gran contribuyente, con domicilio en Bogotá, lo
que igualmente señalaba el RUT histórico vigente, de manera que la competencia era de
la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes y no, de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá, al margen de que la contribuyente hubiere perdido la
clasificación de gran contribuyente para la fecha en que fueron expedidos los actos (2020
y 2021).

Por lo anterior, consideró que no le asistía razón a la demandante al concluir del Concepto
098525 de 1998, que la competente era la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá,
pues lo que allí se señaló fue que la competencia era de la seccional donde se
presentaron las declaraciones, de modo que la competente para expedir las liquidaciones
de aforo era la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, de manera
que el acto no estaba viciado de nulidad.

En cuanto a la indebida aplicación del Concepto 03154 de 2011, que remitía al 098525
de 1998, adujo que, en ningún momento, se dio una aplicación contraria a lo señalado en
ellos, o a lo estipulado por la ley. A tales efectos, precisó que el primer concepto se refería
a que la competencia estaba determinada en primer lugar por el domicilio del
contribuyente; sin embargo, como se señaló en el Concepto 098525 de 1998 debían
tenerse en cuenta los tres factores interrelacionados: territorial, temporal y funcional.
Ahora, como para el año gravable 2015 la actora conservaba la calidad de gran
contribuyente, la dirección seccional competente era la Dirección Seccional de Impuestos
de Grandes Contribuyentes.

Respecto de las costas, adujo que no procedía decretarlas en su contra, porque lo
discutido versaba sobre un asunto de orden público, y la actuación de la Administración
se ajustó a la normativa. Tras lo cual, solicitó que se condenara en costas a la actora y
se le reconocieran agencias en derecho, puesto que estas se causaban por el simple
hecho de comparecer como parte al proceso judicial.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la actora (índice 22 Samai tribunal). Acogió la tesis
de la demandada, en el sentido de que debía observarse la calificación de la
contribuyente en los períodos correspondientes a las obligaciones fiscalizadas, con
independencia de que, con posterioridad al periodo gravable, se eliminara la calificación
del contribuyente. A tales efectos, advirtió que la demandante fue clasificada como gran
contribuyente desde el año 2010 (Res. 14097), ratificada en el año 2014 (Res. 41) y luego
en el año 2016 (Res. 76). En consecuencia, como los hechos que dieron origen a la
investigación que derivó en la expedición de las liquidaciones oficiales de aforo
demandadas, ocurrieron en el año 2015, la competente para proferir los actos era la
Dirección de Impuestos de Grandes Contribuyentes. Adicionalmente, desestimó la
indebida aplicación de la doctrina, por considerar que, esta no establecía que la seccional
de Bogotá asumiera la competencia de procesos y periodos fiscalizados de
contribuyentes que, sin haber cambiado de domicilio, no tuvieran la calidad de grandes
contribuyentes.

En apoyo de lo anterior, refirió que la Sección se pronunció recientemente en un caso
con identidad de partes, pretensiones y supuestos fácticos (sentencia del 07 de marzo
de 2024, exp. 28026, CP: Wilson Ramos Girón), donde aclaró que la competencia se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

determinaba dependiendo de la condición del contribuyente en el periodo fiscal objeto de
investigación. Finalmente, no condenó en costas.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión del tribunal (índice 25 Samai tribunal), sustentada en lo
siguiente:

-De la competencia de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes
para adelantar investigaciones. Reiteró el cargo de la falta de competencia de la Dirección
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes para expedir las liquidaciones
oficiales de aforo por concepto de retención en la fuente de los períodos 06 y 07 de 2015,
ya que, desde el 2017 y con antelación a la expedición de los actos debatidos perdió la
calidad de gran contribuyente. Expuso que la competencia de la Seccional de Grandes
Contribuyentes no estaba asociada a vigencias fiscales, sino al marco temporal de la
calificación, y, por tanto, mientras el contribuyente ostentara tal calidad, todas las
actuaciones debían ser adelantadas por esa seccional. Así, en eventos en los que un
obligado tributario pasaba a ser gran contribuyente, la competencia sería de dicha
seccional, al margen de que estuvieran en trámite investigaciones por parte de la
Dirección Seccional de Bogotá, aún, respecto de obligaciones tributarias de períodos en
los cuales no se tuvo la calidad de gran contribuyente. Por el contrario, cuando el sujeto
era excluido como gran contribuyente, todas las actuaciones le correspondían a la
Seccional Bogotá.

Afirmó que la sentencia impugnada omitió analizar el ordinal 1 del artículo 1 de la
Resolución 0007 de 2008, relativa a la competencia de las direcciones seccionales en
función del lugar del domicilio del contribuyente, y a partir de ello, reprochó que el a quo
hubiera concluido que el criterio funcional implicaba asignar la competencia a la autoridad
ante quien se presentó o debió presentarse la respectiva declaración, en tanto, la
normativa aplicable no lo estableció, sino que previó la competencia atendiendo al
domicilio fiscal, y fijó reglas para cuando el obligado tributario lo cambiara, lo que no
ocurrió en este caso. Entonces, como la actora estaba domiciliada en Bogotá, la
competencia dependía de si estaba calificada o no como gran contribuyente. Así, la
Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes tendría competencia en la medida
en que los sujetos estuvieran catalogados bajo tal calidad, pues de no estarlo, la
competencia radicaba en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Agregó que “la
competencia no está atada a la dirección seccional en la que se presentó la declaración, sino que se trata
de una competencia dinámica que “persigue” al contribuyente dependiendo de su domicilio”, lo cual
estaba relacionado con el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia.

Precisó que, las normas que fijaban la competencia eran de orden público y por ende de
obligatorio cumplimiento, pues con ellas se pretendía salvaguardar el derecho al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, para que el contribuyente pudiera
ejercer su derecho de defensa en el lugar de su domicilio. De acuerdo con ello, planteó
que, si una compañía domiciliada en Bogotá -que había dejado de ser gran contribuyente-
cambiaba su domicilio, la competente para investigarla no sería de la Seccional de
Grandes Contribuyentes, sino de la seccional del nuevo domicilio, por ser esto último, el
criterio prevalente. Como el domicilio de la actora estaba la misma ciudad, la competencia
dependía de si ostentaba o no la calidad de gran contribuyente, de manera que la
competente era de la Seccional de Impuestos de Bogotá.

-Nulidad por aplicación indebida del artículo 131 de la Ley 2010 de 2019 y del artículo 56
del Decreto 1742 de 2020. La autoridad tributaria aplica indebidamente el Concepto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

003164 del 2011. Aunque en esta ocasión alegó la vulneración de los artículos 131 de la
Ley 2010 de 2019 y 56 del Decreto 1742 de 2020, en lugar de la normativa que invocó
en la demanda, esto es, los artículos 264 de la Ley 223 de 1995, 113 de la Ley 1943 de
2018, 20 del Decreto 4048 de 2008 y 10 del Decreto 1321 de 2011, recapituló su censura
sobre la indebida aplicación del Concepto 003164 de 2011, pues, a su juicio, la autoridad
erraba al afirmar que la Seccional de Grandes Contribuyentes mantenía su competencia,
incluso si el contribuyente perdía la calificación de gran contribuyente, pues aun cuando
la Resolución 076 de 2016 concedía potestades ultractivas a las direcciones seccionales
para la fiscalización de las declaraciones tributarias presentadas ante ellas por los
períodos en los cuales fueron competentes, esto solo estaba referido a eventos de
cambio de domicilio del contribuyente, lo que no correspondía a este caso, pues de lo
que se trataba era de la competencia legal para adelantar el control tributario de los
grandes contribuyentes, la que se obtenía y se perdía con la calificación o la exclusión
de tal calidad.

Añadió que aplicar indebidamente la doctrina oficial implicaba una violación directa a la
ley, y en consecuencia la nulidad de los actos demandados, pues en caso de cambio de
domicilio, la doctrina señalaba que quien conservaba la competencia, era la
administración donde se presentó la declaración, sin vincularla de ninguna manera al
período fiscal, lo que correspondía a dos momentos absolutamente diferentes. En todo
caso, tampoco le aplicaba el concepto, porque en su caso no modificó su domicilio.

Pronunciamientos sobre el recurso

El ministerio público y la demandada guardaron silencio (índice 13 de Samai).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Previo a decidir sobre el debate planteado, se pone de presente que el magistrado Luis
Antonio Rodríguez Montaño manifestó estar impedido para participar en la decisión, por
haber conocido el proceso en primera instancia (índice 14), lo cual encuentra la Sala
fundado acorde con el artículo 141.2 del CGP, en tanto, se verificó que suscribió la
sentencia apelada (índice 25 Samai tribunal), en consecuencia, queda separado del
conocimiento del presente asunto.

Problema jurídico

2- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo los cargos de apelación
formulados por la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia de
primera instancia que le negó pretensiones. Corresponde definir si, como lo aduce la
apelante, la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes perdió, con
posterioridad al año 2017, la competencia para emitir las liquidaciones oficiales de aforo
y los actos sancionadores contra la demandante, en la medida en que la actora perdió tal
calidad, desde esa anualidad, y dado que conservó su domicilio fiscal en el Distrito
Capital, la competencia pasó a ser de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
En esa misma línea, se determinará si se incurrió en una violación directa de la ley por
aplicarse indebidamente la doctrina DIAN (Concepto 003164 del 2011).

Análisis del caso concreto

3- Sobre la cuestión debatida, tanto la Administración como el tribunal coincidieron en
que la dirección seccional competente para fiscalizar una obligación tributaria, era la que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

detentaba dicha potestad en el período gravable objeto de fiscalización, por lo que, en el
caso controvertido, como la actora detentaba la calidad de gran contribuyente para el año
2015 -en que omitió presentar las declaraciones de retención en la fuente- era la
Seccional de Grandes Contribuyentes la competente para proferir las actuaciones
demandadas, con independencia de que, para los años 2020 y 2021 en que se emitieron
las resoluciones demandadas, la demandante hubiera perdido esa calidad.

A su turno, la apelante, planteó que, la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes
carecía de competencia para expedir los actos acusados, pues sus potestades para
fiscalizar recaían sobre los sujetos calificados como grandes contribuyentes en el
momento en que se adelantaran las actuaciones administrativas; de modo que debió
tenerse en cuenta que, para los años 2020 y 2021 en que se expidieron los actos
demandados, la actora ya no tenía la categoría de gran contribuyente y, contrario a lo
que sostuvo el tribunal, la competencia no dependía de la calidad de gran contribuyente
que ostentó durante la vigencia fiscal sobre la que versaban las liquidaciones oficiales de
aforo por no declarar retenciones en la fuente del año 2015. Por tal razón, y dado que, la
demandante conservó como domicilio fiscal el Distrito Capital, pasó a ser competente la
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, conforme al ordinal 1 del artículo 1 de la
Resolución 0007 de 2008, lo que no fue analizado por el tribunal.

Manifestó que la razón para fijar la competencia territorial según el domicilio del
investigado era para salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa. En línea
con esos razonamientos, reiteró que se vulneró la doctrina oficial, lo que implicaba una
directa violación de la ley -Concepto 003164 de 2011-. A tal fin, indicó que se violaron los
artículos 131 de la Ley 2010 de 2019 y 56 del Decreto 1742 de 2020 [mientras que en la
demanda aludió a los artículos 264 de la Ley 223 de 1995, 113 de la Ley 1943 de 2018,
20 del Decreto 4048 de 2008 y 10 del Decreto 1321 de 2011]. Al respecto, se advierte
que, pese al cambio de las disposiciones vulneradas que fue efectuado por la actora con
ocasión del recurso, el reparo es sustancialmente idéntico al de la demanda, pues, señaló
que, aunque el acto administrativo que la excluyó como gran contribuyente -Resolución
076 de 2016- le confirió potestades ultractivas a las direcciones seccionales para
fiscalizar las declaraciones presentadas ante ellas por los períodos en los cuales eran
competentes, tal previsión estaba referida solo a eventos de cambio de domicilio del
obligado, lo que no era su caso.

4- Con miras a desatar la controversia, la Sección reiterará, en lo pertinente, el criterio
que ha orientado la decisión en procesos que guardan identidad fáctica y jurídica con
este proceso, adelantado entre las mismas partes (sentencias del 07 de marzo de 2024,
exp. 28026, CP: Wilson Ramos Girón, del 20 de febrero de 2025, exp. 29314, CP: Luis
Antonio Rodríguez Montaño y del 27 de marzo de 2025, exp. 28874, CP: Wilson Ramos
Girón), así como la sentencia del 26 de septiembre de 2024 (exp. 28800, CP: Myriam
Stella Gutiérrez Argüello).

Conforme se señaló en los precedentes que se reiteran, con el fin de especificar la
estructura funcional de la DIAN establecida mediante el Decreto 4048 de 2008 -vigente
para la época de los hechos-, la demandada emitió la Resolución 0007, del 04 de
noviembre de 2008, en cuyo artículo 1, cuyo ordinal 1, previó la competencia de las
direcciones seccionales según el lugar del domicilio fiscal de los obligados tributarios. Por
su parte, el ordinal 5 del artículo 3 ejusdem reguló que la Dirección Seccional de
Impuestos de Grandes Contribuyentes sería la competente para fiscalizar a quienes
fueran clasificados como grandes contribuyentes y estuvieren domiciliados en el Distrito
Capital de Bogotá.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

Atendiendo esa normativa y las sentencias del 03 y 24 de junio de 2021 (exps. 24898 y
24966, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) y del 10 de noviembre de 2022 (exp. 25971
CP Julio Roberto Piza)3, la Sala consideró que, ante cambios o exclusiones en la
calificación de los contribuyentes, la determinación de la dirección seccional competente
dependía del factor subjetivo, esto es, de la calidad que tenía el obligado en el período
fiscalizado -gran contribuyente o no- así como del factor territorial -domicilio fiscal- lo
anterior, salvo que existiera una regla especial, lo que para ese momento no se advierte
positivizado.4

Para el caso, se observa que la demandante fue catalogada como gran contribuyente por
la Resolución 041, del 30 de enero de 2014, y solo hasta la expedición de la Resolución
076, del 01 de diciembre de 2016, le fue retirada tal categoría, norma que empezó a regir
para el año 2017. Así, como las liquidaciones oficiales de aforo versan sobre la obligación
de declarar la retención en la fuente por los períodos 6 y 7 del 2015, periodo para el cual
ostentaba la calidad de gran contribuyente, la competencia para expedirlas era la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, como efectivamente
ocurrió.

Adicionalmente, desestimará la Sala el cargo atinente a la indebida aplicación de la
doctrina con lo cual se habría quebrantado la ley, puesto que si bien el Concepto 003164
de 2011 alude a la relevancia del criterio territorial (domicilio fiscal), igualmente se refiere
a que para determinar la competencia se requiere atender tres factores interrelacionados,
entre ellos el subjetivo (calificación distinta jurisdicción) criterio que implica tener en
cuenta la calificación del sujeto, lo que en sentir de la Sala debe verificarse respecto del
período gravable en el cual efectuó las operaciones con incidencia fiscal por las cuales
se le investigó y reclamó el cumplimiento de un deber legal. No prospera el cargo de
apelación.

No habiendo tenido prosperidad la apelación, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia.

Conclusión:

5- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la
providencia que, la pérdida de la calificación de gran contribuyente de un obligado
tributario no desplaza la competencia de la Dirección Seccional de Grandes
Contribuyentes para fiscalizar los períodos gravables en los que este detentó tal calidad.

Costas

6- Finalmente, acogiendo el criterio de interpretación del artículo 365.8 del CGP acogido
por ls Sección, la Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

3
En esta última se indicó: «[L]a potestad de gestión administrativa tributaria debe establecerse atendiendo las calidades del sujeto
pasivo de la obligación respectiva. En este orden, cuando se adelante un procedimiento de aforo, en razón del cual se imponga una
sanción por no declarar a un contribuyente domiciliado en Bogotá que no ha sido clasificado como gran contribuyente, y el
emplazamiento para declarar sea proferido por la dirección seccional de esa jurisdicción, se habrán honrado las reglas de competencia
territorial establecidas en la normativa tributaria».
4
En los precedentes la Sala advirtió que existe una regla especial para el caso de los obligados tributarios que siendo asignados a
la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá pasen a ser calificados como grandes contribuyentes, en cuyo evento, el artículo 1 de
la Resolución 6 de 2019 fijó la competencia en la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes; disposición que no resulta aplicable
al asunto controvertido, por cuanto se refiere a una situación fáctica contraria a la de la demandante, además de que es una norma
posterior a los períodos fiscalizados -2014 y 2015-.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00079-01 (29600)
Demandante: Omega Energy Colombia

FALLA

1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Luis Antonio
Rodríguez Montaño. Por tanto, queda separado del conocimiento de este proceso.

2. Confirmar la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en segunda instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JUAN CAMILO SERRANO VALENZUELA
Conjuez

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.