Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00105-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2022-00105-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00105-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2022-00105-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2022-00105-01 (29942)
Demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
Demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-
COLPENSIONES
Temas Cobro coactivo. Revocatoria directa de actos administrativos.
Principio de congruencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 5 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió1:
PRIMERO: INHIBIRSE del estudio de legalidad de la Resolución 2021-066857 que ordenó seguir
adelante con la ejecución, por las razones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO: Declarar la terminación del proceso.
TERCERO: Por no haberse causado, no se condena en costas.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, expidió la
resolución 004040 del 22 de enero de 2021, mediante la cual libró mandamiento de
pago por concepto de bonos pensionales tipo T, provenientes del reconocimiento
de pensión vitalicia del señor Luis Eduardo Rodríguez Pinzón efectuado mediante
resolución GNR 012252 del 14 de febrero de 2013.
Previa presentación del escrito de excepciones, Colpensiones profirió la resolución
2021-066857 del 4 de junio de 2021, ordenando seguir adelante con la ejecución,
precisando que no se habían presentado las correspondientes excepciones.
Luego, mediante resolución 198831 del 17 de diciembre de 20212, Colpensiones
revocó de oficio la resolución 2021-066857, declaró no probadas las excepciones,
y ordenó seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo contra la
actora.
Contra la anterior decisión, la demandante presentó recurso de reposición, el cual
fue resuelto mediante la resolución 064649 del 21 de junio de 2023, en el sentido
de confirmar la resolución recurrida y dar por terminado el proceso de cobro coactivo
por pago efectuado el 21 de junio de 20223.
1
Samai de tribunal, índice 49. Págs. 17 a 18.
2
La resolución fue allegada al expediente por Colpensiones con “fecha de documento” en SAMAI del 12 de noviembre de
2024 en cumplimiento del auto del 30 de octubre de 2024 (estando el proceso para fallo) en el que el Tribunal le requirió
para que allegara los antecedentes administrativos. Samai de tribunal, índice 47.
3
Estos hechos y actos no fueron incluidos en la demanda la cual fue presentada el 21 de octubre de 2021 (Samai de
tribunal, índice 2), pero obran en los antecedentes administrativos allegados según se relató anteriormente.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00105-01 (29942)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones4:
1. Se declare la NULIDAD de los actos administrativos contenidos en los siguientes
pronunciamientos:
1.1. Resolución No. 004040 del 22 de enero de 2021, suscrita por la Dirección de Cartera de
la Gerencia de Financiamiento e Inversiones de la Vicepresidencia de Operaciones del
Régimen de Prima Media de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES
“Por la cual se profiere un Mandamiento de Pago a Favor de la Administradora de
Pensiones - COLPENSIONES”.
1.2. Resolución No. 2021-066857 del 04 de junio de 2021, suscrita por la Dirección de Cartera
de la Gerencia de Financiamiento e Inversiones de la Vicepresidencia de Operaciones
del Régimen de Prima Media de la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES “Por la cual se ordena a seguir adelante con la ejecución”.
2. Que, como consecuencia de la declaración de nulidad, se proceda a declarar a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
PRINCIPALES:
2.1. Que se declaren sin validez ni efectos la Resolución No. RES. 004040 del 22 de enero de
2021, expedida por la Dirección de Cartera de COLPENSIONES y La Resolución No. 2021-
066857 del 04 de junio de 2021, expedida por la Dirección de Cartera de COLPENSIONES
y, en su lugar, se declare que mi representada se encuentra a paz y salvo con las
cotizaciones obligatorias al Sistema General de Pensiones, en especial por concepto de
Bono Pensional Tipo T a favor del pensionado Luis Eduardo Rodríguez Pinzón.
2.2. Que se ordene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES al
reembolso a la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP hoy
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, del pago total que haga o llegue a realizar mi
representada junto con sus intereses moratorios cancelados a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES mediante Resolución No. 2021-066857 del 04
de junio de 2021, declarándose desde ahora que el mismo NO constituye reconocimiento
alguno de la deuda imputada a mi representada, por lo que éste se realiza única y
exclusivamente, con el fin de evitar medidas cautelares en contra de los activos de mí
representada. El valor se estima en una cuantía inicial de SETENCIENTOS (SIC) TREINTA Y
SIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($737.059.000,00), los cuales
corresponden al valor indicado por COLPENSIONES del bono pensional tipo T.
2.3. Que se ordene el reconocimiento de la indemnización plena de perjuicios (daño
emergente y lucro cesante) causados a la sociedad EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BUCARAMANGA S.A. ESP hoy COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, por parte de la
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. (sic) con la expedición y
aplicación de los actos objeto de demanda; perjuicios que se estiman en al menos en
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000.oo) o el mayor valor que se pruebe dentro
del proceso.
2.4. Que se ordene a COLPENSIONES a que, el pago del valor contenido en el literal “2.2” del
presente capítulo, se cancele a mi mandante de manera indexada y actualizada conforme
al Índice de Precios al Consumidor, en los términos del artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SUBSIDIARIA:
1. En caso que no se acceda a lo solicitado en el numeral 2.2 de las pretensiones de
restablecimiento de derecho principales; solicito que se condene a la ADMINISTRADORA
4
Samai de tribunal, índice 2. Carpeta ZIP, PDF demanda, págs. 2 a 4.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00105-01 (29942)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, para que de su propio peculio, cancele a mi
mandante los valores pagados que se relacionan en dicho numeral, siendo incluidos
como parte del concepto de daño emergente a ser reconocido a mi representada dentro
de la indemnización plena de perjuicios que se solicita en el numeral 2.3 de dicho capítulo
de pretensiones de restablecimiento de derecho principales.
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 6, 29 y 229 de la
Constitución Política; 3 (numerales 1, 4, 7 y 10), 5 (numeral 8), 42, 98, 99, 137 y 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 422
del Código General del Proceso; 333, 803 y 817 del Estatuto Tributario; 53 de la Ley
1739 de 2014; 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 de la Ley
1564 de 2012; 3.1.1.1, 3.1.1.4 y 3.1.1.5 de la resolución interna 163 del 3 de mayo
de 2016 proferida por Colpensiones; y el Decreto 575 de 2013.
El concepto de violación se resume a continuación:
Indicó que la demandada desconoció el derecho de audiencia y de defensa5, al
ordenar seguir adelante con la ejecución del proceso de cobro coactivo sin tener en
cuenta que había presentado oportunamente las excepciones contra el
mandamiento de pago. Agregó que, es deber de la administración resolver las
excepciones que se interpongan dentro del proceso coactivo, para garantizar el
derecho al debido proceso y de contradicción de las partes.
Explicó que la resolución por la cual se profirió mandamiento de pago fue notificada
el 10 de marzo de 2021, por lo que el plazo de 15 días establecido en el artículo 830
del Estatuto Tributario vencía el 5 de abril de la misma anualidad, fecha en que
presentó física y electrónicamente el escrito de excepciones. Agregó que la
demandada tenía hasta el día 5 de junio de 2021, para resolver las excepciones
formuladas, situación que no había sucedido, por lo que la entidad perdió la
competencia para resolver las excepciones propuestas, debiéndose dar por
terminado el proceso de cobro coactivo.
En cuanto a la falsa y falta de motivación de los actos, manifestó que la resolución
2021-066857 del 04 de junio de 2021 carece de fundamento por no haber estudiado
y decidido las excepciones presentadas oportunamente, antes de seguir adelante
con la ejecución. Alegó que la Administración no le permitió ejercer su defensa, al
indicar en la resolución que la excepciones no habían sido presentadas. Advirtió
que la motivación es un elemento estructural de todo acto administrativo, así como
lo ha establecido el Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7.
Sobre la expedición irregular por falta de competencia señaló que la autoridad no
podía proferir el acto demandado, toda vez que no resolvió las excepciones
formuladas dentro del término de un mes establecido en el artículo 832 del Estatuto
Tributario. Precisó que al momento de interposición de la demanda no se había
dado respuesta por parte de Colpensiones, por lo que era improcedente seguir
adelante con la ejecución, teniendo en cuenta que este solo se puede expedir una
vez resueltas las excepciones contra el mandamiento de pago.
Agregó que, también existía una expedición irregular al desconocerse la firmeza de
las planillas de pago, destacando que al tratarse de aportes al Sistema General de
5
Citó la sentencia del 3 de julio de 2014, exp. 05001-23-31-000-2000-02324-01, M.P. Guillermo Vargas Ayala.
6
Citó las sentencias del 14 de junio de 1996, exp. 7629; del 10 de abril de 2008, exp. 15204, sin identificar ponentes; y del
26 de julio de 2017, exp. 22326, M.P. Milton Chaves García.
7
Citó las sentencias C-371 de 1999 y T-269.154 del 27 de abril de 2010.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00105-01 (29942)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Pensiones el término de prescripción se contabiliza desde el momento en que los
aportes sean exigibles. Aclaró que transcurrieron más de cinco años entre el
reconocimiento de la pensión del señor Luis Eduardo Rodríguez Pinzón, el 14 de
febrero de 2013, y el mandamiento de pago del 22 de enero de 2021, por lo que
ocurrió la prescripción de la acción bajo el numeral 6° del artículo 817 del Estatuto
Tributario8.
Planteó que también se configuró la prescripción de la acción de cobro prevista para
las obligaciones pensionales en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006, bajo el cual el
derecho al recobro de las cuotas partes pensionales prescribe en los tres años
siguientes al pago de la mesada pensional respectiva. Alegó que la demandada
pretende adelantar una acción de cobro con base en una resolución que reconoció
una pensión mensual vitalicia de vejez, expedida el 14 de febrero de 2013, estando
ya prescrita la acción de cobro de la presunta deuda.
Por último, sostuvo que las sumas cobradas por la demandada ya fueron
canceladas, de conformidad con la revisión de la historia laboral del trabajador, lo
que se puede evidenciar en la comunicación emitida por la entidad el 27 de febrero
de 2020, en donde constaba el detalle de los pagos efectuados antes de 1995;
siendo improcedente el cobro que se pretende.
Se precisa que la demanda fue admitida mediante auto del 30 de junio de 2022.
Oposición de la demanda
La demandada solicitó negar las pretensiones de la demanda9. Afirmó que los actos
demandados fueron expedidos de conformidad con la normativa aplicable, por lo
que los cargos de la demanda carecían de fundamentos fácticos y jurídicos. Indicó
que para declarar la nulidad de un acto administrativo se deben tener en cuenta las
causales expuestas en el inciso segundo del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
Adujo que la actora pretende la nulidad de los actos sin presentar los fundamentos
legales para ello, y sin especificar si el vicio que endilga a las resoluciones es formal
o material.
Explicó la forma en que se ordenan los descuentos de aportes al sistema de
pensiones10, aclarando que las cotizaciones al sistema deben realizarse durante
todo el tiempo de la relación laboral, con la correspondiente indexación. Explicó que,
por tanto, le corresponde adelantar las acciones de cobro por incumplimiento del
empleador, según el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.
Precisó que la Liquidación Certificada de Deuda (LCD) cumplió los parámetros
legales vigentes, toda vez que la demandante no había cancelado la obligación
objeto del proceso. Afirmó que dicha liquidación establecía el acreedor, el deudor,
y la suma adeudada, por lo que prestaba mérito ejecutivo. Consideró que se trataba
de una obligación clara, expresa y exigible, al cumplirse el respectivo trámite.
Planteó las excepciones denominadas: i) ausencia de causa para demandar, por no
existir una causa fáctica ni jurídica para las pretensiones de la demandante; ii) buena
fe, porque el procedimiento realizado se ajustó a lo regulado en la materia,
respetando los derechos al debido proceso y de defensa de la demandante; iii)
8
Citó la sentencia del 19 de mayo de 2016, exp. 08001-23-31-000-2009-00013-01, M.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia.
9
Samai de tribunal, índices 17 y 18.
10
Citó la sentencia del 14 de septiembre de 2011, exp. 25000-23-25-000-2010-00031-01, sin identificar ponente.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00105-01 (29942)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
legalidad de los actos administrativos, al expedir los actos en cumplimiento de un
deber legal y con las formalidades correspondientes; iv) prescripción y caducidad,
en caso de que se hubieran configurado bajo las normas sustanciales y procesales;
y, iv) reconocimiento oficioso de excepciones, de encontrarse probadas dentro del
proceso.
Sentencia apelada11
El Tribunal se declaró inhibido para pronunciarse sobre la legalidad del acto
demandado, dio por terminado el proceso y no condenó en costas a la
demandante12.
De manera previa, precisó que, en el curso del proceso, había ocurrido la
revocatoria del acto demandado por parte de la demandada mediante la Resolución
198831 del 17 de diciembre de 2021. Analizó los efectos de la figura, para lo cual
indicó que el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, permite a las entidades corregir de oficio o a petición
de parte las actuaciones lesivas que hubiere adoptado13. Expuso que la revocatoria
podía darse así se hubiera acudido ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, siempre que no se hubiere notificado el auto admisorio, cuestión en
la que el Consejo de Estado14 ha establecido que los efectos de la revocatoria
pueden variar la relación sustancial que originó el proceso.
Sostuvo que el 22 de enero de 2021 (mediante Resolución 004040) Colpensiones
libró mandamiento de pago a cargo de la sociedad por concepto de bono pensional
tipo T, frente a lo cual la demandante formuló excepciones de pago efectivo, falta de
título ejecutivo y prescripción de la acción de cobro. Constató que el escrito de
excepciones fue recibido según el radicado 2021_3941979 enviado por correo
electrónico el 7 de abril de 2021.
Agregó que, en el acto demandado (Resolución 2021-0066857 del 4 de junio de
2021) se ordenó seguir adelante la ejecución, indicando que contra el mandamiento
de pago no se presentó escrito de excepciones; razón por la que posteriormente, la
Administración revocó de oficio la decisión y, en consecuencia, resolvió las
excepciones propuestas y ordenó nuevamente seguir con la ejecución (mediante
Resolución 198831 del 17 de diciembre de 2021).
Teniendo en cuenta que este último acto fue notificado el 20 de diciembre de 2021,
cuando aún no se había admitido la demanda, la demandante se encontraba dentro
del término para aclarar o corregir el escrito inicial para incluir la decisión. Advirtió
que la actora solo mencionó esta situación en los alegatos de conclusión y consideró
que, era improcedente realizar un estudio de legalidad de la resolución demandada,
toda vez que fue revocada y era inexistente en el mundo jurídico.
Agregó que los cargos sobre la vulneración del debido proceso, la falsa y falta de
motivación por desconocer las excepciones presentadas contra el mandamiento de
11
De manera previa, mediante auto del 30 de junio de 2022 el Tribunal dispuso: «La Resolución nro. 004040 de 22 de enero
de 2021, por la cual se libra mandamiento de pago constituye un acto preparatorio que da inicio al procedimiento de cobro
coactivo, por ende, no es un acto definitivo y en esa medida no es pasible de control judicial. En esa medida, la admisión
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia solo procede respecto de la Resolución
nro. 2021-066857 de 4 de junio de 2021, por medio de la cual se ordena seguir adelante con la ejecución del proceso de
cobro coactivo».
12
Samai de tribunal, índice 49.
13
Citó la sentencia del 3 de noviembre de 2011, exp. 11001-03-24-000-2006-00225-00, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont.
14
Citó las sentencias del 21 de septiembre de 2023, exp. 26352, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y del 6 de octubre
de 2022, exp. 25699, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00105-01 (29942)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
pago, se entienden subsanados con el nuevo acto administrativo, el cual resolvió
las excepciones. Expuso que con el precitado acto cambió la situación jurídica de la
actora, respecto de las excepciones propuestas, sin que se advierta perjuicio alguno
mientras estuvo vigente, dado que no hay prueba de medidas cautelares efectivas
contra la demandante.
Concluyó que al desaparecer los supuestos fácticos que dieron origen al medio de
control, existía una carencia de objeto para emitir un pronunciamiento de fondo, y
declaró terminado el proceso, sin condenar en costas por no haberse causado.
Recurso de apelación
La demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia15 indicando que,
si bien no se discute que el acto demandado salió del mundo jurídico, el a quo no
se pronunció sobre todos los cargos de la demanda, en específico el cuarto,
denominado «Expedición Irregular por Falta de Competencia, en la medida en la que
COLPENSIONES ya perdió competencia para continuar adelante con la ejecución, toda vez que, no
resolvió las excepciones formuladas en el término que la Ley establece». Al efecto, planteó que
las excepciones fueron interpuestas dentro de la oportunidad legal, por lo que
debían resolverse dentro del mes siguiente, según lo dispuesto en el artículo 832
del Estatuto Tributario. Adujo que incluso con la expedición de la resolución 198831
del 17 de diciembre de 2021, la demandada carecía de competencia para su
expedición.
Precisó que las normas procesales deben tenerse en cuenta de forma estricta para
salvaguardar el debido proceso y ofrecer seguridad jurídica a los interesados. Alegó
que la demandada debía cumplir el plazo perentorio para proferir el acto
administrativo que resolvía las excepciones contra el mandamiento de pago.
Oposición a la apelación
La parte demandada guardó silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección decidir el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia del Tribunal, que se inhibió de analizar la legalidad
de la resolución 2021-066857 del 4 de junio de 2021, y declaró por terminado el
proceso. Atendiendo el preciso cargo de apelación formulado, se deberá determinar
si el a quo omitió pronunciarse sobre la falta de competencia temporal de la
demandada para expedir el acto que resolvía las excepciones al mandamiento de
pago.
Análisis del caso concreto
La apelante solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, precisando que si
15
Samai de tribunal, índice 52.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00105-01 (29942)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
bien no se discute que el acto demandado -resolución 2021-066857 del 4 de junio
de 2021-, salió del mundo jurídico, el Tribunal no resolvió la totalidad de los cargos
de la demanda, concretamente el denominado «Expedición Irregular por Falta de
Competencia, en la medida en la que COLPENSIONES ya perdió competencia para continuar adelante
con la ejecución, toda vez que, no resolvió las excepciones formuladas en el término que la Ley
establece»16. Al efecto, planteó que las excepciones fueron propuestas dentro de la
oportunidad legal, por lo que debieron resolverse dentro del mes siguiente, sin que
ello hubiera ocurrido. Agregó que aún con la expedición de la resolución 198831 del
17 de diciembre de 2021, la demandada carecía de competencia, al haber
transcurrido más de siete meses desde el vencimiento del término para
pronunciarse sobre las excepciones interpuestas.
Previo a resolver, la Sección advierte que el artículo 320 del Código General del
Proceso limita la competencia del juez de segunda instancia, al permitirle estudiar
«únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante». En
concordancia, el artículo 328 íbidem prevé que el superior debe pronunciarse
«solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley». Entonces, la competencia del juez de
segunda instancia está limitada a los aspectos formulados en la apelación, los
cuales deben ser consonantes con lo decidido y con las consideraciones expuestas
por el a quo.
Por esto, la Sección ha señalado que «el apelante debe exponer los argumentos soporte
para modificar total o parcialmente la decisión de primera instancia y que, a la vez, sirven de marco
para cumplir con la función, que no es oficiosa, de decidir la impugnación» 17. De igual modo,
indicó que «el desconocimiento de los presupuestos procesales previstos en la ley, como lo es,
exponer la carga argumentativa que recae sobre la parte que presenta el recurso de apelación, que
exige que exprese los cuestionamientos o reparos que tiene respecto de los fundamentos de la
sentencia de primera instancia, y por esa razón, su incumplimiento no solo vulnera las garantías de
la contraparte, sino que principalmente impide que el superior se pronuncie y resuelva si debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo»18.
Teniendo esto presente, la Sección advierte que el Tribunal no analizó de fondo las
pretensiones de la demanda, sino que se inhibió para decidir el fondo el asunto, por
las siguientes razones:
• La resolución 2021-066857 del 4 de junio de 2021 (que ordenó seguir adelante con la
ejecución) fue revocada oficiosamente por Colpensiones mediante la resolución
198831 del 17 de diciembre de 2021 (que revocó el acto administrativo, declaró no
probadas las excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución).
Expuso que la resolución fue notificada el 20 de diciembre de la misma anualidad, es
decir, antes del auto admisorio de la demanda; por lo que la demandante se
encontraba dentro la oportunidad para corregir o aclarar las pretensiones y, así, incluir
dicho acto en el análisis del presente asunto. De este modo, aclaró que al no ser
cuestionada la resolución que resolvió las excepciones, no resultaba procedente
realizar el estudio de legalidad para determinar si fue expedida por fuera de la
competencia temporal.
• Agregó que los demás cargos de la demanda, consistentes en la vulneración del
debido proceso, y la falsa y falta de motivación, fueron subsanados con el nuevo acto
administrativo, toda vez que resolvió las excepciones propuestas.
• Estableció que la resolución 2021-066857 de 2021 cambió la situación jurídica de la
16
Íbidem, pág. 3.
17
Sentencia del 13 de septiembre de 2012, exp. 17343. M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
18
Sentencia del 3 de octubre de 2024, exp. 28926. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, reiterada por la sentencia del 16
de octubre de 2025, exp. 29569, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00105-01 (29942)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
sociedad, resaltando que no hubo perjuicio alguno, teniendo en cuenta que no existía
prueba de haberse hecho efectivas las medidas cautelares contra la actora. En ese
sentido, concluyó que carecía de objeto el medio de control al desaparecer los
supuestos fácticos que lo sustentaban, por lo que se declaró inhibido para emitir un
pronunciamiento de fondo y declaró terminado el proceso.
Como se observa, la apelación de la demandante no formuló reparo alguno contra
estos argumentos de la sentencia de primera instancia. Solo manifestó que no se
analizaron la totalidad de los cargos, haciendo énfasis en el cuarto cargo que
versaba sobre la falta de competencia temporal de la demandada para resolver las
excepciones propuestas. Adicionalmente, se evidencia que la apelante hace alusión
a argumentos no expuestos en la demanda como la falta de competencia «para
expedir el acto que resolvió las excepciones MÁS DE 7 MESES DESPUÉS del término que la Ley
dispuso»19, esto es la resolución 198831 del 17 de diciembre de 2021, habiendo
formulado en la demanda que había operado la falta de competencia temporal de
Colpensiones para resolver las excepciones, porque a la fecha de presentación de
la demanda no había emitido pronunciamiento al respecto.
Se precisa igualmente que, el Tribunal sí se pronunció sobre la falta de competencia
temporal, para lo que indico que «De manera que, al no ser cuestionada la resolución que
resolvió las excepciones no resulta procedente adelantar un estudio de legalidad para determinar si
fue o no expedida por fuera de la competencia temporal»20. Lo anterior, con fundamento en
la expulsión del acto demandado del mundo jurídico, expulsión que es reconocida
por la demandante en su escrito de apelación.
En ese orden, la Sección concluye que los argumentos de la apelación no tienen la
entidad suficiente para revocar el fallo de primera instancia.
Bajo el anterior entendimiento, se debe confirmar la sentencia apelada.
Costas
No se realizará pronunciamiento sobre la decisión del Tribunal por este concepto,
dado que no fue objeto de apelación. En cuanto a esta instancia, se condenará en
costas a la demandante por ser la parte vencida en el proceso, de conformidad con
el numeral 4 del 365 del Código General del Proceso aplicable por remisión expresa
del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Las agencias en derecho se tasan en un (1) SMMLV, en esta instancia de
conformidad con el Acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo
Superior de la Judicatura. Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo
incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del
Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 5 de diciembre de 2024, por el
19
Íbidem, pág. 4.
20
Samai de tribunal, índice 49, pág. 16.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00105-01 (29942)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
2. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad pueden comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.