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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00110-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00110-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Antonio Rodríguez Montaño de conformidad con lo expuesto en esta providencia, en consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto. 2. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, el 3 de octubre de 2024. 3. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2022-00110-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

3 de abril de 2025

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00110-01 (29543)
Demandante: Gases del Oriente S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2022-00110-01 (29543)
Demandante GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
Temas Contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de
2019. Efectos inmediatos de la sentencia de nulidad de un
acto administrativo de carácter general.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 3 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, que decidió1:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación Adicional F.E. No. 20205340059406
del 1º de septiembre de 2020, y de las Resoluciones No. SSPD 20215300296205 del 8 de
julio y SSPD 20215000882835 del 30 de diciembre de 2021, por medio de las cuales se
revolvió los recursos de reposición y apelación, respectivamente, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la sociedad Gases del
Oriente S.A. E.S.P no debe pagar suma alguna a la SSPD, por concepto de la contribución
adicional autorizada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, para la vigencia 2020 (…)»

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) expidió la
Liquidación Adicional F.E. Nro. 20205340059406 del 01 de septiembre de 2020, que
determinó la contribución adicional regulada en el artículo 314 de la Ley 1955 de
2019 a cargo de la sociedad Gases del Oriente S.A. E.S.P., por el año 2020.
La sociedad interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la
anterior decisión, la cual se confirmó mediante las resoluciones Nro. SSPD
20215300296205 del 8 de julio de 2021 y SSPD 20215000882835 del 30 de
diciembre de 2021, respectivamente.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
1
SAMAI Tribunal, Índice 30.
2
SAMAI del Tribunal, índice 2.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00110-01 (29543)
Demandante: Gases del Oriente S.A. E.S.P.

«PRIMERA: Que se declare la nulidad de:
i) La Liquidación de la Contribución Adicional 2020 con radicado No. 20205340059406
del 1 de septiembre de 2020 mediante el cual se liquida la contribución adicional de
Gases del Oriente para la vigencia del año 2020, en su integridad;
ii) La Resolución No. 20215300296205 del 8 de julio de 2021 “Por la cual se resuelve el
recurso de reposición interpuesto por la EMPRESA GASES DEL ORIENTE S.A.
E.S.P., contra la Liquidación SSPD No. 20205340059406 del 1 de septiembre de 2020,
contribución adicional vigencia 2020, por el servicio de Gas Combustible por redes”,
en su integridad; y
iii) La Resolución No. SSPD – 20215000882835 del 30 de diciembre de 2021, por la cual
se resuelve el recurso de apelación, en su integridad, con base en los argumentos de
hecho y de derecho que se exponen en la presente demanda.
La pretensión se funda en la infracción de las normas en las que la Liquidación de la
Contribución Adicional 2020 con radicado No. 20205340059406 debían fundarse y en su
expedición irregular.
Como anexos 4, 10 y 13 de este documento presento en copia simple el texto íntegro de la
Liquidación de la Contribución Adicional (…)
PRIMERA SUBSIDIARIA: Que, en subsidio de las PRETENSIÓN PRIMERA, se declare que
el acto administrativo de la Liquidación Contribución Adicional 2020 con radicado No.
20205340059406, mediante el cual se liquida la contribución Adicional de la empresa Gases
del Oriente para la vigencia del año 2020, perdió fuerza ejecutoria por haber desaparecido sus
fundamentos de derecho, de conformidad con el artículo 91 del CPACA.
SEGUNDA: Que se declare que al resolver los recursos interpuestos contra la Liquidación
Oficial SSPD No. 20205340059406 del 1 de septiembre de 2020, mediante las Resoluciones
No. SSPD 20215300296205 de 2021 y No. SSPD 20215000882835 de 2021, la SSPD debió
acceder a la petición que hizo Gases del Oriente de que se cumpliera con el artículo 4° de la
Constitución para que, vía excepción de inconstitucionalidad, se inaplicaran los artículos 18 y
314 de la Ley 1955 de 2019, por ser contrario a la Constitución desde cuando fue expedido.
TERCERA: Que, como consecuencia de la prosperidad de la PRETENSIÓN PRIMERA,
PRIMERA SUBSIDIARIA y/o SEGUNDA, una o cualquiera de ellas, y para restablecer el
derecho lesionado de Gases del Oriente y reparar el daño, se ordene a la SSPD abstenerse
de cobrar a Gases del Oriente la Contribución Adicional de que trata el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019, correspondiente al año 2020 y a los años siguientes.
CUARTA: Que se condene a LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS al pago de todas las costas y agencias en derecho del proceso,
si se llega a oponer a esta demanda.»

De los cargos de nulidad se desprenden como normas violadas los artículos 4, 95
(numeral 9), 122, 338, 363, 365 y 367 de la Constitución Política; y 87 y 91 (numeral 2)
de la Ley 1437 de 2011. El concepto de violación se resume así:

1. Violación directa de la Constitución Política

Sostuvo que los actos demandados deben declararse nulos pues se fundaron en
los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, disposiciones declaradas
inexequibles por las sentencias C-464 y C-484 de 2020 de la Corte Constitucional.

Sin perjuicio de lo anterior, la contribución adicional, creada mediante el citado
artículo 314, grava los mismos hechos de la contribución especial, con lo cual se
presenta un claro desconocimiento de los principios de justicia y equidad en la
asunción de las cargas públicas, al generarse una doble imposición, puesto que
ambas recaen sobre el mismo hecho generador, tienen la misma base gravable y
los sujetos activo y pasivo son los mismos.

Al respecto citó jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sección Cuarta del

2
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00110-01 (29543)
Demandante: Gases del Oriente S.A. E.S.P.

Consejo de Estado3 que hacen referencia a los principios de justicia tributaria,
equidad, progresividad y capacidad contributiva, los cuales fueron desconocidos por
la SSPD bajo el supuesto de una destinación especifica de los recursos.

Explicó que el Fondo Empresarial, creado en la Ley 812 de 2003, se financiaba con
las multas, los rendimientos del patrimonio autónomo y los excedentes generados
por la SSPD, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y
la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pero con la Ley 1955 de 2019, la
financiación provino de la contribución adicional, lo cual consideró una carga
desproporcionada, que implica una expropiación de facto, que no atiende a los
márgenes de utilidad reportados por los sujetos pasivos, con lo cual es posible que
la capacidad de pago del contribuyente sea menor a la base de liquidación del
tributo.

Sostuvo que la finalidad del tributo es la de conjurar la crisis que se ha presentado
en el sector, sin reportar un beneficio para los sujetos pasivos, situación que resulta
contraria a la Constitución que prescribe que las contribuciones deben estar
destinadas a la recuperación de los costos en que incurran las entidades para la
prestación de los servicios a su cargo4. Para el efecto resaltó que el mencionado
fondo tiene como objeto garantizar la viabilidad y continuidad en la prestación del
servicio y, mediante sus recursos, se financian las empresas tomadas en posesión,
siendo estas las únicas beneficiaras ya que las demás entidades no evidencian un
beneficio directo en bienes o actividades.

Sumado a lo anterior, la base gravable con la que se liquidó la contribución adicional,
es inconstitucional, dado que es la misma de la contribución especial, regulada en
el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, y que fue declarada inexequible, en la
sentencia C-484 de 2020 indicando que los sujetos pasivos no podían financiar
todos los costos y gastos de funcionamiento e inversión de la SSPD, incluyendo los
gastos futuros e inciertos.

Agregó que los efectos de dicha sentencia recaen sobre las situaciones jurídicas
consolidadas al momento de la expedición del fallo, que no es su caso, pues i) el
acto de liquidación no está en firme, al interponerse los recursos correspondientes
y cuestionar su legalidad en este proceso y ii) la prestación del servicio cobija toda
la anualidad, es decir, la vigencia 2020.

Destacó que la prestación de los servicios públicos se rige por la Ley 142 de 1994,
que consagra principios como el de la eficiencia económica (el régimen de tarifas
se aproxima a los precios de un mercado competitivo) y el de suficiencia financiera
(las fórmulas tarifarias garantizan la recuperación de costos y gastos propios de la
operación) que buscan que los prestadores cuenten con condiciones favorables
para lograr la sostenibilidad en el largo plazo.

De ahí que sí estos no cuentan con los recursos suficientes, o si la imposición de
tributos impide que se remuneren adecuadamente a los accionistas, se estaría
desincentivando la participación del sector privado, tal como ocurre en el presente
caso, pues la metodología tarifaria vigente impide que los pagos por concepto de la
contribución adicional sean reconocidos y remunerados a través de la tarifa.

3
Citó las sentencias C – 409 de 1996; C – 056 de 2019; C – 278 de 2019 de la Corte Constitucional; y las sentencias del
16 de agosto de 2007, exp. 14972, C.P. Juan Ángel Hincapié; del 10 de mayo de 2018, exp. 22572, C.P. Milton Chaves
García de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
4
Citó las sentencias C – 272 de 2016 y C – 269 de 2019 de la Corte Constitucional.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00110-01 (29543)
Demandante: Gases del Oriente S.A. E.S.P.

2. Violación al debido proceso y falta de motivación

Indicó que la SSPD omitió analizar la solicitud presentada en los recursos de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad por la evidente contradicción entre los artículos
18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, y la Constitución Política, incurriendo en la
expedición de un acto sin motivación. Además, la demandada se limitó a afirmar
que actuaba conforme a la Ley 1955 de 2019, cuando al momento de resolver los
recursos ya existían varios pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre estos
artículos.

De otro lado, la Administración pretendió mantener los efectos jurídicos de sus
decisiones, aun cuando el fundamento normativo fue declarado inexequible, lo que
llevó a la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos demandados. Esto por cuanto el
recurso de apelación se resolvió el «16 de mayo de 2020», mientras que la
inexequibilidad se declaró mediante sentencia del 19 de noviembre del 2020. Así,
al haberse conocido la decisión de la Corte Constitucional, lo adecuado era
reconocer la configuración de esta figura.

3. Vulneración del principio de legalidad

Sostuvo que este principio es una manifestación del Estado de Derecho, pues opera
como un limitante al poder del Estado al ofrecer garantías de seguridad y
convivencia para los administrados5. En ese sentido, al haberse declarado la
ilegalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, debía reconocerse el mismo efecto
para los actos derivados de esa disposición.

Oposición de la demanda

La SSPD controvirtió las pretensiones de la demanda al considerar que carecen de
fundamento fáctico y jurídico, y que los actos se expidieron acorde a la Constitución
y la ley6.

Sostuvo que el problema jurídico se dirige a establecer si la SSPD estaba obligada
a aplicar los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, mientras dichas
disposiciones estuvieron vigentes. Además, destacó que no es objeto de debate la
correcta aplicación del Decreto 1150 de 2020 y las Resoluciones Nro. SSPPD
20201000028355 del 10 de julio de 2020 y SPDD 20201000033335 del 20 de agosto
del mismo año, normas que están vigentes y gozan de presunción de legalidad.

Indicó que las sentencias C-484 de 2020 y C-147 de 2021 que declararon la
inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 difirieron sus
efectos, permitiendo el recaudo de los tributos causados en el año 2020, como se
hizo en el presente caso. Es decir, la Corte Constitucional dejó a salvo los efectos
producidos por la norma durante su vigencia, a través del reconocimiento expreso
de situaciones jurídicas consolidadas.
Aseguró que el Consejo de Estado7 manifestó que dichas sentencias son claras en
señalar que las contribuciones especiales causadas en el año 2020 se consideran
una situación jurídica consolidada, de manera que los efectos de inexequibilidad
operan a partir del año 2021.

5
Citó la sentencia T – 702 de 2005 de la Corte Constitucional.
6
SAMAI del Tribunal, Gestión de documentos.
7
Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

4
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Demandante: Gases del Oriente S.A. E.S.P.

Planteó como excepciones de mérito las que denominó «legalidad de los actos
administrativos demandados», y «existencia de situaciones jurídicas consolidadas».

Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, dictó
sentencia en la que accedió a las pretensiones de la demanda con base en los
siguientes argumentos:
Explicó el origen del Fondo Empresarial como un organismo destinado a garantizar
la viabilidad y continuidad en la prestación de los servicios; y dentro de la destinación
de sus recursos se previó el apoyo en los procesos de liquidación ordenados por la
SSPD. Posteriormente, con el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, se buscó
incrementar los recursos del fondo mediante la contribución adicional, así la base
gravable sería la misma que la contemplada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.
Los artículos 18 y 314 de la citada ley fueron objeto de declaratoria de
inexequibilidad, destacando que la Corte Constitucional moduló los efectos de sus
decisiones para tutelar la seguridad jurídica y la buena fe. En consecuencia
consideró que las normas sí tuvieron efectos respecto del año 2020, por lo que, en
principio, la SSPD podía liquidar y cobrar la contribución adicional, siendo
improcedente acceder a la solicitud de inaplicación de los mencionados artículos.
Sin perjuicio de lo anterior, destacó que la SSPD fijó la tarifa de las contribuciones
especial y adicional por el año 2020 mediante la Resolución No. 20201000033335
del 20 de agosto de 2020, acto administrativo de carácter general que sirvió de
fundamento para la expedición de la liquidación adicional cuya legalidad es objeto
de estudio.
Puso de presente que dicha resolución fue anulada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de junio de 2024. Lo anterior se
justificó en la vulneración al principio de irretroactividad, puesto que no se podía fijar
la base gravable de la contribución con fundamento en hechos ocurridos en el 2019.
Indicó que los efectos de las sentencias de nulidad son inmediatos y retroactivos
desde la fecha en que se profirió la norma anulada, por lo que tienen la virtud de
modificar situaciones jurídicas no consolidadas8.
Como la demandante cuestionó la decisión de la SSPD el 24 de febrero de 2022 y
el acto administrativo de carácter general se declaró nulo el 26 de junio de 2024, el
Tribunal concluyó que la sociedad actora se encuentra en una situación jurídica no
consolidada, motivo por el cual reconoció que al desaparecer el sustento jurídico de
la liquidación oficial de la contribución adicional, deviene en ilegal su cobro.
En consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y se abstuvo de
condenar en costas al no haberse causado ni demostrado.
Recurso de apelación
La parte demandada controvirtió la sentencia del tribunal9, para lo cual destacó que
a pesar de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955
8
Citó las sentencias del 26 de septiembre de 2018, exp. 22291, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 30 de julio de
2020, exp. 21577, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 06 de agosto de 2020, exp.22384, C.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
9
SAMAI del Tribunal, índice 33

5
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de 2019, la SSPD estaba facultada para liquidar y cobrar la contribución adicional
por el año 2020 porque la Corte Constitucional salvaguardó el cobro de los tributos
causados en esa anualidad.

Manifestó que era improcedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad debido
a que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad con efectos diferidos y
reconoció que la causación del tributo era una situación jurídica consolidada, al igual
que lo señaló el Consejo de Estado.

Sostuvo que no hubo violación del principio de irretroactividad con la expedición de
los actos acusados, pues no es lo mismo la causación del tributo y el agotamiento
del trámite para su determinación. La contribución adicional al fundamentarse en
hechos ocurridos durante el año inmediatamente anterior no supone que se trate de
un tributo de periodo, ni que se estén gravando elementos acaecidos en la vigencia
2019.

Afirmó que, aunque la contribución es anual, no significa que sea de periodo porque
no depende de hechos económicos surtidos dentro de un tiempo determinado; el
hecho generador está atado a la prestación de servicios de inspección, control,
vigilancia por parte de la SSPD por el año 2020 y la base gravable toma los costos
y gastos depurados del año anterior como referente, sin incidir en hechos o
situaciones previas a la ley.

Sostuvo que, si bien el Consejo de Estado anuló parcialmente la Resolución Nro.
20201000033335, ello no implica que desaparezca la obligación de pagar la
contribución adicional. Consideró que modificar retroactivamente la situación de los
contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones en el año 2020, generaría una
gran inseguridad jurídica y el desconocimiento del debido proceso; además que
eximir del pago del tributo afecta negativamente la capacidad de la SSPD para
cumplir con sus funciones. Añadió que «la obligación de pagar la contribución adicional
correspondiente al año 2020 ya había sido perfeccionada, por lo que su exigibilidad debe mantenerse
en virtud del respeto a los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas».

Concluyó que «no podía la entidad demandada liquidar la base gravable aplicando la previsión
consagrada en el cano (sic) 85 de la Ley 142 de 1994 antes de la reforma, puesto que para el año
2020, esa disposición había sido modificada con el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, cuya vigencia
se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020, tal y como lo definió la Corte en sus sentencias C 464,
C484 - 2020».

Oposición a la apelación

La demandante solicitó confirmar la sentencia10, pues no se presentó una situación
jurídica consolidada respecto de la contribución adicional correspondiente al año
2020, dado que tal concepto alude a la imposibilidad de discutir en vía administrativa
o judicial el respectivo tributo11, lo cual no ocurre en el presente caso, y reflejo de
ello es el proceso en curso.

Aclaró que en la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, la Sección Cuarta
analizó la legalidad de la Resolución Nro. SSPD 20201000033335 del 20 de agosto
de 2020, pero no frente a la vulneración del principio de irretroactividad de la base
gravable pues no fue propuesto como cargo de la demanda, lo que sí se evidenció
10
SAMAI, índice 9
11
Citó las sentencias del 10 de abril de 2014, exp. 9054, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 13 de marzo de 2018,
exp. 28769, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y del 8 de agosto de 2024, C.P. Milton Chaves García (no identificó el número
de expediente).

6
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00110-01 (29543)
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en el fallo del 26 de junio de 2024. Por lo tanto, es claro que la jurisdicción está
habilitada para declarar la nulidad de los actos administrativos particulares
demandados

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no se pronunció al respecto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Mediante escrito del 1º de abril de 202512, el consejero Luis Antonio Rodríguez
Montaño manifestó estar impedido para conocer del presente asunto, de
conformidad con la causal establecida en el numeral 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso. Lo anterior por cuanto mientras se desempeñó como
magistrado en encargo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, conoció del proceso de la referencia en primera instancia.

En esas condiciones, la Sala considera que se configura la causal de impedimento
invocada, toda vez que el consejero mencionado suscribió la sentencia apelada. En
consecuencia, se declarará fundado el impedimento y se le separará del
conocimiento del presente asunto.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Adicional F.E.
Nro. 20205340059406 del 1 de septiembre de 2020, así como de las Resoluciones
Nro. 20215300296205 del 8 de julio de 2021 y Nro. 20215000882835 del 30 de
diciembre del mismo año; actos expedidos por la SSPD para determinar la
contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 a cargo de Gases del
Oriente S.A. E.S.P.

Con este propósito, y atendiendo lo expuesto en el recurso de apelación, la Sala
determinará si los actos acusados desconocieron el principio de irretroactividad. De
no ser así, se estudiarán los demás cargos de la apelación, relacionados con la
excepción de inconstitucionalidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019,
así como la procedencia del recaudo del tributo durante el año 2020 con motivo de
los efectos diferidos de las Sentencias C-464 y C-484 de 2020.

Análisis del caso concreto

Según el Tribunal, los actos acusados desconocieron el principio de irretroactividad
de las normas tributarias atendiendo la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la
Resolución Nro. SSPD-20201000033335 de 2020 de la SSPD. En cambio, la
entidad apelante sostiene que dicho tributo no es de período y, por tanto, para el
año 2020 eran aplicables los elementos de la contribución adicional definidos por
los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019.

Para resolver lo anterior, se debe tener presente que la sentencia del 26 de junio de
2024, exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, declaró la nulidad del

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SAMAI, índice 14

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00110-01 (29543)
Demandante: Gases del Oriente S.A. E.S.P.

artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20201000033335 de 2020, que sirvió de
fundamento para los actos objeto del litigio.

En efecto, la sentencia referida explicó que la SSPD fijó la base gravable de la
contribución especial y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18
de la Ley 1955 de 2019, de tal modo que utilizó la información del año gravable
anterior (2019). Así las cosas, siguiendo el precedente de casos análogos13, concluyó
que la demandada «liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos)
del mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019)», por lo que «se vulneró el principio
de irretroactividad tributaria». En este orden, declaró la nulidad del artículo 2 de la
Resolución Nro. SSPD-20201000033335 de 2020, acto proferido por la SSPD, «por
ser contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la
aplicación retroactiva de las leyes tributarias».

Ahora, como lo ha explicado esta Sección14, las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.

Por esto es que, en un litigio similar, la Sala afirmó que «en los casos en que se anula el
acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no consolidadas» 15. Y, de
igual modo, concluyó que, como «la sentencia del 12 de noviembre de 2020 (que anuló el
artículo 2 de la resolución que la SSPD que fijó la base gravable para 2018) tiene efectos inmediatos
en este caso, como se indicó en la providencia que se reitera, no es procedente la liquidación del
tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos»16.

Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
contribución adicional a cargo de la actora por el 2020 con fundamento en una
resolución que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se
señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria a la
Constitución y la ley (…) como fundamento de un acto administrativo es su nulidad»17.

De este modo, el recurso de apelación interpuesto por la SSPD no está llamado a
prosperar, pues lo expuesto es suficiente para declarar la nulidad de los actos
acusados, sin necesidad de estudiar los demás cargos de la apelación.

Conclusión

Como no prosperó la apelación de la SSPD, la Sala confirmará la sentencia
impugnada, que declaró la nulidad de los actos administrativos acusados.

Costas

No se impondrá condena por este concepto porque no fue demostrada su causación
según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

13
La providencia citó los fallos del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, y del 18 de abril de 2024, exp. 26656, C.P. Milton
Chaves García; y del 31 de marzo de 2022, exp. 23729, y del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
14
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, exp. 21803, C.P. Milton Chaves García y del
25 de febrero de 2021, exp. 23397, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
15
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 25197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
Ibidem.
17
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

8
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00110-01 (29543)
Demandante: Gases del Oriente S.A. E.S.P.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero Luis Antonio
Rodríguez Montaño de conformidad con lo expuesto en esta providencia, en
consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto.

2. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, el 3 de octubre de 2024.

3. Sin condena en costas en segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Aclara voto

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
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