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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00111-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00111-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2022-00111-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de abril de 2024

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00111-01 (27598)
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Nulidad
Radicación 25000-23-37-000-2022-00111-01 (27598)
Demandante LEONARDO AUGUSTO TORRES CALDERÓN
Demandado DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tema Circular Nro. 000005 del 05 de febrero de 2021. Impuesto de
Registro. Actos demandables ante la jurisdicción. Facultades
del Director de Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación
de Cundinamarca. Decreto Ordenanzal Nro. 437 de 2020.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió1:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Circular No. 000005 del 05 de febrero de 2021,
expedida por la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación de Cundinamarca,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR por correo electrónico la presente providencia a los siguientes
correos electrónicos informados por las partes: (…)
TERCERO: Archivar el expediente, una vez ejecutoriada esta providencia, previas las
anotaciones de rigor.”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 05 de febrero de 2021, el Director de Rentas y Gestión Tributaria de la
Gobernación de Cundinamarca, emitió la Circular No. 000005, la cual tenía como
asunto la “LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE REGISTRO EN LOS CASOS DE NUDA
PROPIEDAD, USUFRUCTO Y CONSOLIDACIÓN DEL DOMINIO PLENO”. Dicho acto dispuso
lo siguiente:
“Respetados funcionarios, notarios, registradores y contribuyentes:
Con el objeto de dar aplicación a la liquidación del impuesto de registro en relación con los
actos, contratos o negocios jurídicos por medio de los cuales se efectúe la transferencia o
enajenación en conjunto de los derechos reales de nuda propiedad y usufructo, o cualquiera
de estos, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaría de Hacienda de
Cundinamarca, de manera general y abstracta se permite hacer las siguientes
consideraciones:
[...]
Con fundamento en lo expuesto, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, imparte la
siguiente directriz:
1. En los actos por medio de los cuales se transfiera o enajene el derecho real de usufructo,
a fin de cumplir con lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 de la Ley 223 de 1995,

1 Samai. Índice 2
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Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

deberá́ liquidarse sobre la base gravable mínima, comparándose con el 70% del valor del
autoavalúo del bien entregado en usufructo.
2. En los actos por medio de los cuales se transfiera o enajene el derecho real de nuda
propiedad, a fin de cumplir con lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 de la Ley
223 de 1995, deberá́ liquidarse sobre la base gravable mínima, comparándose con el
30% del valor del bien entregado en usufructo.
Así, la suma de ambos corresponderá al 100% del avalúo, y a la totalidad de derechos y
atributos que concede el derecho de domino (sic), habiéndose respetado la base gravable
mínima.
3. En los actos de reserva del derecho real de usufructo, el impuesto de registro se generará
con base en la tarifa definida para los actos sin cuantía, según el número de folios de
matrícula en los cuales se deba inscribir dicho acto, toda vez que a través del mismo se
considera no se transfiere ni se enajena dicho derecho.
4. Se considerará como acto con cuantía la consolidación del usufructo en el nudo
propietario, en tanto si se causa el impuesto al solicitar la inscripción de este acto en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, aplicando la base gravable descrita en el
numeral primero (1) de este documento, teniendo en cuenta que a través del mismo se
transfiere o enajena el derecho real de usufructo.
5. Se considerará como acto con cuantía la constitución del derecho de uso y/o habitación
según la proporción que le corresponde de los atributos que componen el derecho real
de dominio, es decir, sobre el 33% del bien inmueble entregado.
Nota: Para efectos de la liquidación del impuesto respecto de los numerales 1, 2, 4 y 5,
necesariamente deberá ser aportado o consultado el avalúo catastral.
La presente rige a partir de la fecha de su comunicación, y deroga las disposiciones contenidas
en la Circular 000032 de 2014”.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011), la parte demandante formuló las siguientes pretensiones2:

“VI. PRETENSIONES

VI.I PETICIÓN PRINCIPAL

Declarar la nulidad total de la Circular No. 000005 del 5 de febrero de 2021 expedida por el
director de Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación de Cundinamarca, doctor Eduber
Rafael Gutiérrez, por falta de competencia del funcionario que la expidió (Causal de nulidad
que determinaría la nulidad total del acto demandado).

VI. II. PETICIÓN SUBSIDIARIA

En caso de que el Honorable Tribunal declare no probada la falta de competencia del
funcionario que la expidió, solicito la declaración de nulidad de los directrices números 1, 2, 4
y 5 de la Circular No. 000005 del 5 de febrero de 2021 expedida por el Director de Rentas y
Gestión Tributaria de la Gobernación de Cundinamarca, doctor Eduber Rafael Gutiérrez, por
tres causales: inexistencia del “acto de consolidación del dominio pleno en el nudo propietario”
por muerte o renuncia del usufructuario o habitador, por violación de normas superiores (art.
226 de la Ley 223 de 1995, art. 2.2.2.4 del Decreto 1625 de 2016 y los artículos 208 y 213 de
la Ordenanza 034 de 2020 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca) y por desviación
de poder por la aplicación indebida del artículo 303 del Estatuto Tributario, que regula el
impuesto nacional complementario de ganancias ocasionales al impuesto departamental de

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registro, cuya base gravable fue regulada en su totalidad por el artículo 213 de la Ley 223 de
1995, el artículo 2.2.2.4 del Decreto 1625 de 2016, y el artículo 84 de la Ordenanza 039 de
2020, de la Asamblea Departamental de Cundinamarca”.

A los anteriores efectos, la parte demandante invocó como normas vulneradas los
artículos 338 de la Constitución Política; 213 y 226 de la Ley 223 de 1995; 865 y
871 del Código Civil; 2.2.2.4 del Decreto 1625 de 2016; 11, 13, 23 y 24 del Decreto
2723 de 2014; 84 del Decreto Ordenanzal 437 de 2020; y 84, 208 y 213 de la
Ordenanza 039 de 2020.

El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:

1. Falta de competencia del Director de Rentas y Gestión Tributaria de la
Gobernación de Cundinamarca

Manifestó que el artículo 122 de la Constitución Política establecía que los empleos
públicos deben tener funciones detalladas en la ley o el reglamento. Por su parte,
los artículos 6 y 338 ibidem indicaban que los servidores públicos son responsables
por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones y que solo el Congreso, las
asambleas y concejos podían imponer tributos.

Precisó que el mencionado director no tenía dentro de sus funciones la de proferir
la Circular objeto de análisis, para lo cual acudió al Decreto Ordenanzal Nro. 437 de
2020, que estableció la estructura de la Administración pública departamental,
definiendo la organización interna y las funciones de las dependencias del sector
central del ente territorial.

Explicó que en el artículo 84 ibidem no se encontraba contemplada como facultad
de dicha Dirección la de emitir instrucciones o circulares dirigidas a notarios y
registradores de las oficinas de instrumentos públicos de Cundinamarca, por lo
tanto, se extralimitó en sus funciones. Solo la Superintendencia de Notariado y
Registro podía dar instrucciones o impartir directrices, según lo disponen los
artículos 11,13, 23 y 24 del Decreto 2723 de 2014, 209 del Decreto Ley 960 de 1970
y 96 de la Ley 1579 de 2012.

A lo anterior se suma que los notarios y registradores eran autoridades nacionales,
por lo que una entidad departamental no tenía competencia legal para formular
instrucciones obligatorias a servidores públicos del orden nacional.

Anotó que, al fijar las bases gravables en materia de usufructo, nuda propiedad,
derecho de uso o habitación y consolidación del dominio en sentido diferente a lo
establecido en los artículos 229 de la Ley 223 de 1995, 2.2.2.4 del Decreto 1625 de
2016 y 213 de la Ordenanza Nro. 39 del 2020, el Director de Rentas invadió las
competencias del Congreso de la República y de la Asamblea Departamental de
Cundinamarca.

2. Se exige la inclusión en las escrituras públicas del acto de consolidación
del dominio en el nudo propietario como un acto con cuantía para efectos
del impuesto de registro

Señaló que en la directriz cuarta de la circular se ordenó considerar como acto con
cuantía la consolidación del usufructo en el nudo propietario para efectos del
impuesto de registro, aun cuando no está previsto como tal en el ordenamiento
jurídico, ya que el artículo 865 del Código Civil señala que el usufructo y el derecho
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de habitación se extinguen por la muerte del usufructuario o habitador y por la
renuncia de estos, siendo en cumplimiento de la misma ley que en dichos eventos
la propiedad en pleno se reconstituye en una sola persona (nudo propietario), por lo
que no puede hablarse de un acto oneroso o con cuantía, como lo reconoce la
misma Superintendencia de Notariado y Registro.

Manifestó que el acto de consolidación de dominio pleno solamente podía exigirse
cuando el usufructuario compra o adquiere por cualquier modo la propiedad de la
cosa dejada en usufructo y es el único caso en que se podría estar ante un acto de
enajenación. No obstante, en el caso de muerte o renuncia, la cancelación no era
un acto de enajenación y, por tanto, tampoco un acto con cuantía.

Así, no se debía exigir el cobro del impuesto de registro calculado sobre una base
gravable equivalente al 70% del avalúo catastral del inmueble en cancelación de
usufructo y del 33% cuando se tratara del derecho de habitación.

Argumentó que una situación similar ocurría con la constitución del derecho de
usufructo o de habitación gratuitos y voluntarios, los cuales debían considerarse
como actos sin cuantía.

3. Desconocimiento de los artículos 226 de la Ley 223 de 1995, 2.2.2.4 del
Decreto 1625 de 2016 y 213 de la Ordenanza Nro. 039 de 2020

De conformidad con las anteriores normas, el hecho gravado del impuesto de
registro es la inscripción de actos, contratos o negocios relacionados con inmuebles
siempre que en ellos se transfiera o enajene el derecho de dominio. Así no se causa
el tributo en los actos que no generan un derecho apreciable pecuniariamente
cuando por ley están obligados a denunciar la ocurrencia de un hecho.

Reiteró que según el artículo 865 del Código Civil los usufructos y el derecho de
habitación se extinguían por la muerte natural del usufructuario o habitador y por la
renuncia voluntaria y gratuita de aquellos. Así, las escrituras públicas de cancelación
por fallecimiento o renuncia no incorporaban un derecho apreciable
pecuniariamente en favor de una o varias personas, razón por la cual el impuesto
de registro debía calcularse como tal, es decir, sin valor.

Además, estas circunstancias, fallecimiento o renuncia, no pueden considerarse
como actos o contratos, pues solo interviene una persona. A esto se suma que son
gravámenes que afectan el inmueble, por lo que su extinción no es un acto de
transferencia o enajenación de dominio.

4. Expedición con desviación de las atribuciones propias del Director de
Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación de Cundinamarca

Indicó que, aun cuando la finalidad hubiese sido aumentar el recaudo para
acrecentar las rentas de la Gobernación, esta no era lícita porque se establecía una
base gravable ilegal, obligando a los notarios y registradores de instrumentos
públicos a incluir en las escrituras públicas de cancelación de usufructo o derecho
de habitación un acto inexistente de consolidación de dominio en cabeza del nudo
propietario, sin justificación legal.

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Además, era improcedente aplicar por analogía el artículo 303 del Estatuto
Tributario (base gravable de renta y ganancia ocasional) para la determinación del
impuesto de registro.

Argumentó que en los otros departamentos no se ha expedido circular similar, de lo
que se desprende que, en el resto del país, los actos de cancelación de usufructo y
de derecho de habitación son actos sin cuantía ni se exige un acto inexistente como
el de “cancelación de dominio pleno”.

Oposición de la demanda3

La demandada controvirtió las pretensiones de la demanda señalando que la
circular demandada no era un acto administrativo susceptible de control judicial, sino
en realidad un concepto informativo emitido por la Dirección de Rentas y Gestión
Tributaria de Cundinamarca, que no tenía carácter vinculante, ni creaba o
modificaba situaciones jurídicas de carácter general y/o particular.

Adujo que los conceptos de la Dirección no gozaban de vinculatoriedad para los
notarios y registradores del Departamento y señaló que ninguna de las funciones
asignadas el Director de Rentas del Departamento de Cundinamarca (artículo 84
del Decreto Ordenanzal 437 de 2020) se relaciona con la regulación y/o
modificación de tributos departamentales, por lo tanto, se trata de un acto que en
nada afecta la liquidación del impuesto.

Advirtió que es la Superintendencia de Notariado y Registro quien ostenta la
competencia de establecer los lineamientos para dichas autoridades.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B declaró
la nulidad de la Circular Nro. 000005 del 05 de febrero de 20214, toda vez que, al
evaluar la competencia del Director de Rentas y Gestión Tributaria de la
Gobernación de Cundinamarca, evidenció que dentro de sus facultades no estaba
la expedición de dicha directriz.

Manifestó que la circular demandada tenía como destinatarios a los funcionarios de
la dependencia departamental, contribuyentes, notarios y registradores de Bogotá
y Cundinamarca, con el fin de dar aplicación a la liquidación del impuesto de registro
en relación con los actos, contratos o negocios jurídicos por medio de los cuales se
efectúe la transferencia o enajenación en conjunto de los derechos reales de nuda
propiedad y usufructo.

Advirtió que la Superintendencia de Notariado y Registro era la autoridad
competente para expedir instrucciones, circulares, conceptuar y proferir los demás
actos administrativos relacionados con la prestación del servicio público de
notariado y registro, de conformidad con los artículos 209 del Decreto Ley 960 de
1970 y 96 de la Ley 1579 de 2012.

3 La demandada presentó escrito de excepciones previas, alegando inepta demanda por la falta de requisitos
formales, ya que la circular demandada no cumplía con los requisitos para considerarse como acto
administrativo. En auto del 07 de octubre de 2022, el Tribunal declaró no probada la excepción al considerar
que la circular se refería a una manifestación de la Administración que modificaba una situación jurídica en
lo relativo con la liquidación del impuesto de registro, por lo que era susceptible de control judicial. Estas
actuaciones se pueden consultar en el índice 2 de Samai.
4 Samai. Índice 2
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Señaló que, si bien la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria es una dependencia
interna de la Secretaría de Hacienda, su competencia corresponde a las labores de
administración, dirección y control de la liquidación y recaudo de los tributos y rentas
a favor del departamento. Por su parte, es la Oficina Asesora Jurídica de dicha
secretaría la encargada de emitir instrucciones administrativas o de interpretación
normativa sobre el impuesto de registro con destino a los funcionarios de ese ente
territorial.

A lo anterior, se suma que la Dirección de Rentas es una dependencia del sector
central de la Administración Pública de Cundinamarca y, en tal condición, no actúa
como superior jerárquico de las autoridades encargadas de prestar el servicio
público de notariado y registro.
En relación con el argumento de que se trataba de una circular sin vinculatoriedad,
reiteró lo expuesto en el auto que negó las excepciones, en el que se indicó que las
instrucciones o circulares administrativas son objeto de control judicial en la medida
en que contengan decisiones capaces de producir efectos jurídicos ante los
administrados. En este caso, el acto no se limitó a reproducir normas, sino que
contenía una decisión de fondo con efectos para notarios y registradores de oficinas
de instrumentos públicos que intervienen en la liquidación del impuesto de registro.
Recurso de apelación
La parte accionada5 señaló que la circular demandada no es un acto administrativo,
en la medida en que es un concepto emitido por la Dirección de Rentas y Gestión
Tributaria, que no tiene carácter vinculante ni crea o modifica situaciones jurídicas
de carácter particular y/o general.
Explicó que el numeral 1 del artículo 84 del Decreto Ordenanzal Nro. 437 de 2020,
contemplaba como funciones de la mencionada Dirección “administrar dirigir y controlar
la gestión de los tributos del Departamento, así como su determinación oficial (…)”, de manera
que sí tenía competencia para impartir la directriz no vinculante o el concepto
jurídico sobre los tributos que le competen.
Citó una providencia del Consejo de Estado6 e indicó que la circular no estaba sujeta
a control judicial, al carecer de contenido decisorio. Además, omitió señalar la
consecuencia jurídica por no acatar las orientaciones señaladas en esa actuación.
Argumentó que la circular se dirigió a los funcionarios de la Dirección de Rentas y
Gestión Tributaria con el fin de informar las recomendaciones normativas
relacionadas con el impuesto de registro. Si bien también se mencionó a los notarios
y registradores, fue a título orientador, porque ellos intervienen en la liquidación del
impuesto, sin que en ningún momento se tratara de instrucciones obligatorias.
Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se declare que la circular es un concepto a título informativo.
Oposición al recurso de apelación
El demandante7 señaló que lo pretendido por la apelante era revivir la discusión ya
resuelta por el Tribunal en las excepciones previas, por lo que la demandada no

5 Samai. Índice 2
6 Consejo de Estado, sentencia del 14 de mayo de 2020, radicado Nro. 11001-24-000-2009-00130-00, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
7 Samai del Tribunal. Índice 24
6

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podía volver a formular la misma tesis de que la circular no era un verdadero acto
administrativo.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Atendiendo los cargos de apelación formulados por la parte demandada, le
corresponde a la Sala analizar la legalidad de la Circular Nro. 000005 del 05 de
febrero de 2021, relacionada con la “liquidación del impuesto de registro en los casos de nuda
propiedad, usufructo y consolidación del dominio pleno”. Puntualmente debe verificarse i) si
se trata de un acto objeto de control judicial y ii) si el Director de Rentas y Gestión
Tributaria de la Gobernación de Cundinamarca tiene competencia para expedir la
circular demandada.

1. Actos demandables ante la jurisdicción

La Sala precisa que, dentro del escrito de excepciones previas, la demandada
propuso la de inepta demanda por falta de requisitos formales, al tratarse de un acto
que no es susceptible de control judicial, la cual fue resuelta por el Tribunal
declarándola no probada. Así mismo, en el recurso de apelación, el Departamento
reitera que el acto no estaba sujeto a control de la jurisdicción. El demandante
solicitó el rechazo del recurso por ser un tema ya estudiado por el a quo.

Al respecto, se tiene que este asunto fue desarrollado en el fallo proferido por el
Tribunal, de ahí que se trata de una objeción directa contra la sentencia de primera
instancia, motivo por el cual, se analizará en esta providencia, de conformidad con
el artículo 320 del Código General del Proceso, el cual dispone que el superior debe
pronunciarse sobre los reparos concretos formulados por el apelante.

El Departamento de Cundinamarca señaló que la circular demandada no es un acto
administrativo, en la medida en que es un concepto emitido por la Dirección de
Rentas y Gestión Tributaria que no tiene carácter vinculante ni crea o modifica
situaciones jurídicas de carácter particular y/o general. Así, esta actuación no era
objeto de control judicial, pues su finalidad era informar las recomendaciones
normativas relacionadas con el impuesto de registro.

Se tiene que el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo permite acudir al medio de control de nulidad cuando se
trate de actos administrativos de carácter general.

Esta Corporación8 ha señalado que las circulares son susceptibles de ser
demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo siempre y cuando
tengan el carácter de actos administrativos, es decir, cuando contienen una decisión
emanada de una entidad pública, capaz de producir efectos jurídicos vinculantes y
obligatorios para las personas.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso: 11001-03-25-000-
2005-00285-00. Sentencia del 19 de marzo de 2009 C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Proceso: 11001-03-24-000-2010-00317-
00. Sentencia de 20 de febrero de 2020. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón
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En el anterior sentido, en los eventos en los que las circulares no contengan una
decisión, sino que se limitan a reproducir el contenido de otras normas o las
decisiones de otras instancias, o a brindar orientaciones e instrucciones a sus
destinatarios, no pueden calificarse como actos administrativos y, en consecuencia,
no pueden ser susceptibles de control judicial9.

En consonancia con lo anterior, esta Sección ha concluido que “el debate judicial de las
circulares de servicio depende de que posean el contenido decisorio propio de los actos
administrativos y por el cual detentan fuerza vinculante frente a los administrados, de modo que
cuando aquellas carecen de ese contenido y sólo tienen un alcance instructivo o meramente
orientador, quedan excluidas de dicho control judicial”10.

Para resolver el asunto, se observa que la circular demandada estableció las
siguientes directrices:
“1. En los actos por medio de los cuales se transfiera o enajene el derecho real de usufructo,
a fin de cumplir con lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 de la Ley 223 de 1995,
deberá́ liquidarse sobre la base gravable mínima, comparándose con el 70% del valor del
autoavalúo del bien entregado en usufructo.

2. En los actos por medio de los cuales se transfiera o enajene el derecho real de nuda
propiedad, a fin de cumplir con lo dispuesto en el inciso final del artículo 229 de la Ley
223 de 1995, deberá́ liquidarse sobre la base gravable mínima, comparándose con el
30% del valor del bien entregado en usufructo.

Así, la suma de ambos corresponderá al 100% del avalúo, y a la totalidad de derechos y
atributos que concede el derecho de domino (sic), habiéndose respetado la base gravable
mínima.

3. En los actos de reserva del derecho real de usufructo, el impuesto de registro se generará
con base en la tarifa definida para los actos sin cuantía, según el número de folios de
matrícula en los cuales se deba inscribir dicho acto, toda vez que a través del mismo se
considera no se transfiere ni se enajena dicho derecho.

4. Se considerará como acto con cuantía la consolidación del usufructo en el nudo
propietario, en tanto si se causa el impuesto al solicitar la inscripción de este acto en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, aplicando la base gravable descrita en el
numeral primero (1) de este documento, teniendo en cuenta que a través del mismo se
transfiere o enajena el derecho real de usufructo.

5. Se considerará como acto con cuantía la constitución del derecho de uso y/o habitación
según la proporción que le corresponde de los atributos que componen el derecho real
de dominio, es decir, sobre el 33% del bien inmueble entregado.

9 Consejo de Estado. Sección Primera. Proceso: 11001-03-24-000-2011-00372-00. Sentencia del 26 de
agosto de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López: «[…] De la misma manera, la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en reiteradas ocasiones ha sostenido que si las circulares o las cartas de instrucción, tienen por
objeto dar a conocer el pensamiento o concepto del superior jerárquico a sus subalternos, en relación con
determinadas materias, o impartir instrucciones a los empleados de las distintas dependencias sobre la
mejor manera de cumplir las disposiciones normativas, sin que se contengan decisiones, se está en
presencia de simples actos de servicio. Pero si en las circulares de servicio, o con ocasión de ellas, se
adoptan nuevas prescripciones, no comprendidas en disposiciones precedentes, se trata de actos
administrativos ordinarios, que crean situaciones jurídicas, susceptibles de invalidarse por las causas
generales. Esa posibilidad de demandar las circulares de servicio está condicionada a que las mismas
contengan una decisión de la autoridad pública, capaz de producir efectos jurídicos y puedan, en
consecuencia, tener fuerza vinculante frente al administrado, pues de no ser así, si la circular se limita a
reproducir lo decidido por otras normas, para efectos de instruir a los funcionarios encargados de ejercer
determinadas competencias, entonces la circular no será un acto pasible de demanda […]
10 Consejo de Estado. Sección Cuarta, expediente 22465. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto. Reiterada en sentencia del 15 de septiembre de 2022, exp.23837, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

Nota: Para efectos de la liquidación del impuesto respecto de los numerales 1, 2, 4 y 5,
necesariamente deberá ser aportado o consultado el avalúo catastral”.

Si bien en la circular también se reproducen normas relacionadas con el impuesto
de registro, del Código Civil sobre derecho real, concepto de dominio y usufructo, y
del Estatuto Tributario, lo cierto es que también imparte 5 directrices dirigidas a los
funcionarios de dicha dependencia – liquidadores del impuesto de registro,
contribuyentes, notarias y oficinas de registro de instrumentos públicos de Bogotá y
Cundinamarca, referentes a la base gravable del tributo, por tanto, sí contiene
decisiones de fondo, que traen como consecuencia efectos para notarios y
registradores de las oficinas de instrumentos públicos del Departamento, ya que
ellos intervienen en la liquidación del impuesto.

De manera que las pautas consagradas en la circular si devienen obligatorias para
los funcionarios del departamento, registradores y notarios que tienen a su cargo la
liquidación del impuesto de registro en el Departamento de Cundinamarca, por lo
que tal como lo señaló el a quo, sí contiene una decisión de fondo.

Por tanto, sí se trata de una manifestación de la Administración que modifica una
situación jurídica y, como consecuencia, es un acto administrativo de carácter
general susceptible de control jurisdiccional. Por lo expuesto, no prospera el cargo
de apelación.

2. Competencia de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria

Señala la entidad apelante que, en virtud del numeral 1 del artículo 84 del Decreto
Ordenanzal Nro. 437 de 2020, la mencionada Dirección tenía competencia para
impartir la directriz no vinculante o el concepto jurídico sobre los tributos que le
competen.

Al respecto se observa que, de conformidad con los artículos 611, 12112 y 12213 de
la Constitución Política, un funcionario público, en el desempeño de su cargo, solo
puede hacer lo expresamente permitido, por lo que todas las funciones de los
empleados públicos deben estar detalladas, bien sea en la ley o un reglamento.

Sobre la competencia para expedir un acto, esta Sala14 ha señalado que constituye
un elemento esencial de la validez de un acto administrativo. En efecto, “la
competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinar
función”15, de ahí que su existencia se configura cuando el acto administrativo es
expedido por el funcionario habilitado por el ordenamiento jurídico para ello, es
decir, por quien tiene dentro de las funciones que le hayan sido otorgadas por la
Constitución y la Ley, la de expedir actos administrativos. En esa medida, la falta de
competencia, como vicio de nulidad, se configura cuando el acto es proferido al

11 ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de
sus funciones.
12
ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la
Constitución y la ley.
13 ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para
proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos
sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 15 de septiembre de 2022, exp. 23837, C.P. Myriam
Stella Gutiérrez Arguello
15 Rodríguez Libardo, Derecho Administrativo y Colombiano, Temis, Bogotá D.C., 2013, pág. 322
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margen de las competencias legales y constitucionales atribuidas a la autoridad
respectiva.

Para resolver el cargo de apelación se tiene que la Ordenanza No. 02 del 11 de
marzo de 2020, facultó temporalmente al Gobernador del Departamento de
Cundinamarca para determinar, actualizar y ajustar la estructura administrativa de
la entidad territorial y, como consecuencia, se expidió el Decreto Ordenanzal No.
437 del 25 de septiembre de 2020 “Por el cual se establece la estructura de la Administración
Pública Departamental, se define la organización interna y las funciones de las dependencias del
sector central de la Administración Pública de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”.

En el artículo 84 ibidem se indicaron las funciones de la Dirección de Rentas y
Gestión Tributaria. Puntualmente, en la apelación, el Departamento hizo referencia
al numeral primero que consagra:
“1. Administrar, dirigir y controlar la gestión de los tributos del Departamento, así́ como su
determinación oficial.

Nótese que el numeral 1, si bien menciona la administración, dirección y control de
la gestión de los tributos y su determinación oficial, en ningún momento hace
referencia a impartir directrices en las que se disponga sobre la base gravable del
impuesto de registro, aun cuando dichas instrucciones sean para sus propios
funcionarios, aspecto que incluso fue aceptado por la demandada en la oposición,
al señalar que dentro de las funciones del mencionado artículo 84 “no se contempla la
facultad de modificar y/o reglamentar los tributos que se cobran en el Departamento de
Cundinamarca”.

A esto se suma que el Tribunal estudió todas las facultades consagradas en el
Decreto Ordenanzal No. 437 del 25 de septiembre de 2020 para dicha dependencia,
sin que se presentara un reparo contra estas, pues como se dijo, en la apelación
solo mencionó la primera, la cual fue objeto de estudio en esta sentencia.

Por lo expuesto, es claro que el Director de Rentas y Gestión Tributaria carecía de
competencia para emitir la circular demandada. No prospera este cargo de
apelación.

Condena en costas

Finalmente, en esta instancia, no se impondrá condena en costas porque se ventiló
un asunto de interés público, conforme con lo previsto en el artículo 188 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 9 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
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origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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