Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00124-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00124-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2022-00124-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2022-00124-01 (30190)
Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
Demandado: U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN
Temas: Responsabilidad subsidiaria del representante legal.
Deberes y obligaciones formales. Vinculación al
procedimiento sancionatorio – Art. 643 del ET.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 9 de mayo de 20241, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda, sin condenar en costas.
ANTECEDENTES
A través de la Resolución Sanción por no Declarar 312412020000118 del 1° de
septiembre de 2020, la DIAN impuso a COOBUS S.A.S sanción por no haber
presentado la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del
año 2015. En este acto se vinculó en calidad de responsable subsidiaria a la señora
Adriana Betancourt Ortiz, quien presentó el recurso de reconsideración el 3 de
noviembre de 2020 en contra del acto principal, que fue confirmado mediante
Resolución 007574 del 23 de septiembre de 2021.
DEMANDA
Adriana Betancourt Ortiz, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó conceder las siguientes pretensiones:
«Primero. Declarar la Nulidad de la resolución 31241201202000118 del 1 de septiembre
de 2020 y de la resolución 007574 del 23 de septiembre de 2021 que lo confirma. Que
en forma consecuente con la declaratoria de nulidad pretendida en el numeral que
antecede, se disponga a declarar a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, la
revocatoria de la sanción que en dicha resolución se impone a cargo de mi poderdante
como responsable subsidiaria.
Segundo. Se sirva disponer la terminación de los procesos de cobro y sancionatorios
en mi contra relacionados con el expediente y las resoluciones atacadas, al igual que el
levantamiento de las medidas cautelares practicadas.
1
Samai del Tribunal, índice 32. “63_SENTENCIAQUEN_SENTENCIA1RAINST2022_20240509192501”.
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Radicación: 25000-23-37-000-2022-00124-01 (30190)
Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
Tercero. Se actualice de inmediato el estado de cuenta corriente que lleva la DIAN de
la sociedad en liquidación, eliminando cualquier concepto a su cargo por el cobro
coactivo adelantado con fundamento en el mandamiento de pago
Cuarto. Se condene a la Nación - DIAN, a pagar las costas del proceso incluidas las
agencias en derecho, porque están demostrados los elementos fácticos y de derecho
que prueban la irregularidad del ente fiscalizador. En cuanto a la cuantía se estima en
TRES MIL NOVECIENTOS TREINA MILLONES (sic) ($3.930.000) correspondientes a la
multa impuesta por la entidad demandada»2.
Como concepto de violación, sustentó como único cargo:
Eximente de responsabilidad falta de calidad del deudor subsidiario: Afirmó
que la DIAN carece de la facultad para imponerle la sanción mediante los actos
demandados por dos razones. Primero, debido a que a la demandante fue
designada por la Superintendencia de Puertos y Transporte como representante
legal de COOBUS S.A. para gestionar la recuperación de la situación y viabilidad
financiera de la sociedad, sin contar con la contabilidad llevada en debida forma,
por lo que no se le puede forzar a responder por las obligaciones de la sociedad, ni
exigirle cumplir deberes que sobrepasan las asignadas a los liquidadores sociales3.
En segundo lugar, advirtió que es improcedente aplicar la responsabilidad
subsidiaria porque la deudora principal –COOBUS S.A.- aún no ha pagado las
deudas pendientes, ya que para ello se requiere acto administrativo contentivo de
la obligación a su cargo que se encuentre en firme. Para reforzar el argumento, citó
apartes de la sentencia registrada con el radicado interno 215754 de esta
Corporación.
Agregó que la DIAN omitió notificarle la actuación que tenía por objeto obtener el
cumplimiento de deberes formales relacionados con el impuesto CREE del año
2015, por lo que no tuvo posibilidad de controvertir los actos sobre los que se erige
la sanción, ni oponerse al cobro de la obligación. Al respecto, refirió que la
Administración no puede aplicar ninguna de las normas que corresponden al
proceso de cobro coactivo, entre ellas los artículos 795-1 y 821 del ET, porque a la
demandante «no se le practicó una liquidación oficial en la que se le haya determinado
impuestos y sanciones como las que indica el título ejecutivo que sirvió de base para proferir
el mandamiento ejecutivo ni le fueron notificados los actos que conforman el título ejecutivo
que pretende cobrar la Administración de Impuestos Nacionales».
Finalmente, cuestionó que se pretenda responsabilizarla por el pago de los
impuestos de una empresa que le fue entregada para proteger el interés público
relacionado con el transporte, más no para abogar por el cumplimiento de las
obligaciones de un tercero, que es la sociedad.
OPOSICIÓN
La DIAN contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones en los siguientes
términos:
Argumentó que según los artículos 571 y 798 del ET, y el artículo 22 del Decreto
2243 de 2015; la demandante es responsable subsidiaria de la obligación de
2
Samai del Tribunal, índices 3 y 8. “03DEMANDA 202200025.pdf y “subsanación demanda Adriana Betancur tribunal.pdf.”
3
Artículos 242, 255 y 256 del Código de Comercio.
4
Ibidem, demanda, p. 22.
5
Samai del Tribunal, índice 15. “CONTESTACIÓN DEMANDA_ADRIANA BETANCOURT ORTIZ_2022-00124.pdf.”
2
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Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
COOBUS S.A.S por la omisión en la presentación de la declaración del impuesto de
renta para la equidad CREE, a la que estaba obligada la sociedad, pues para la
fecha en que debía cumplirse este deber formal, el mandato de representación legal
estaba vigente.
Aseguró que es irrelevante para el caso que la demandante no haya tenido la
representación legal por todo el año gravable 2015, puesto que lo fue a partir del 31
de agosto de 2015, porque para el 19 de abril de 2016, fecha en que debió cumplirse
con la obligación formal lo era, independientemente que no lo haya sido durante
todo el año gravado con el impuesto.
Por otro lado, advirtió que le notificó el emplazamiento para declarar a la señora
Betancourt Ortiz, incluso, que la demandante contestó el emplazamiento a través
de un escrito radicado el 27 de septiembre de 2019, con lo que se demuestra el
ejercicio del derecho de defensa y contradicción. Basándose en el mismo
emplazamiento, le impuso a COOBUS S.A.S la sanción por no declarar a través de
la Resolución 312412020000118 del 1° de septiembre de 2020.
Aseguró que el proceso de liquidación de la sociedad no afecta la facultad para
iniciar y llevar a término el procedimiento de aforo, pues cuenta con el término legal
de cinco (5) años desde que vence el plazo para declarar.
Respecto al procedimiento de liquidación judicial la demandante interpreta
erradamente las reglas que lo rigen, pues el objeto del trámite es calificar y graduar
las deudas, de manera que si un acreedor no presenta el crédito pendiente ante la
autoridad que rige el proceso, la obligación no se extingue automáticamente.
Además, en este caso, la deuda puesta en conocimiento de la superintendencia fue
rechazada por falta de prueba sumaria del crédito, porque todavía no se había
proferido un acto administrativo definitivo.
Por último, solicitó condenar en costas a la demandante y liquidar la parte que
corresponde a las agencias en derecho de acuerdo con las tarifas definidas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
SENTENCIA APELADA
En sentencia del 9 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda sin condenar
en costas.
El a quo consideró que la DIAN vinculó a la señora Betancourt Ortiz como deudora
subsidiaria de la sociedad COOBUS S.A, desde la expedición del emplazamiento
para declarar con el que inició el procedimiento de aforo respecto al impuesto de
renta para la equidad «CREE» del año gravable 2015, a cargo de la sociedad. De
acuerdo con el material probatorio, la vinculación de la demandante estaba
sustentada en que, durante el año gravable y para la fecha en que venció el plazo
para declarar, representaba legalmente a COOBUS S.A.
En ese orden, la vinculación de la demandante garantizó su derecho de defensa y
contradicción al permitirle ejercer los recursos en el proceso de aforo adelantado
en contra de la sociedad que representaba.
3
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Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
Por otro lado, los artículos 572, 573 y 798 del ET autorizan la imposición de la
sanción a los representantes legales por omitir el cumplimiento de los deberes
formales de las sociedades, por lo que la DIAN ejerció adecuadamente su facultad
sancionatoria en contra de la señora Betancourt Ortiz, máxime, porque pudo
comprobar que el 19 de abril de 2016 vencía el plazo para la presentación de la
declaración, en vigencia del período del mandato de la representante.
Aunado a lo anterior, la responsabilidad de declarar es exigible a la demandante
porque, si bien está probado que el 15 de octubre de 2021 la superintendencia
aprobó la rendición de cuentas finales de gestión de la liquidadora de la sociedad,
«al no estar acreditada la inscripción del acta de aceptación de la terminación de la
liquidación en el registro mercantil, esta Sala no puede relevarla [a la demandante] de las
consecuencias jurídicas de su incumplimiento»6.
Respecto a que la DIAN debió incluir el monto de la sanción que se le imputó en el
proceso de liquidación judicial de COOBUS S.A, no aceptó el argumento de la
señora Betancourt Ortiz porque «el presente asunto no se refiere al proceso de
fiscalización, de aforo, o de determinación -que se circunscribe propiamente a la obligación
sustancial de pagar el impuesto- sino, por el contrario, el asunto se contrae a una obligación
a cargo de la demandante como deudora subsidiaria por el incumplimiento a un deber
formal»7.
Adicionalmente, refirió que no es posible acceder a las pretensiones segunda y
tercera de la demanda porque, por una parte, los actos administrativos
sancionatorios examinados prestarán mérito ejecutivo cuando culmine el presente
proceso judicial; y por otra, no hay prueba de que la DIAN haya iniciado un proceso
de cobro en contra de la demandante en relación con la resolución acusada.
Finalmente, no condenó en costas porque la parte demanda omitió las pruebas de
las expensas.
RECURSO DE APELACIÓN
La señora Adriana Betancourt Ortiz8 presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, con fundamento en lo siguiente:
Afirmó que los artículos 242 y 255 del Código de Comercio establecen que la
responsabilidad de los liquidadores es limitada, pues no puede sobrepasar el monto
de los bienes inventariados. Igualmente, la recurrente solo estaría obligada a pagar
las sumas de dinero que desconozcan la prelación en el pago de los créditos, de
deudas insolutas de la sociedad que ha entrado en liquidación.
Destacó que la sentencia apelada omite pronunciarse sobre el hecho de que la
demandante fungió como representante legal de COOBUS S.A.S, no por voluntad,
sino por orden de la Superintendencia de Puertos y Transporte, que la designó en
el cargo. Así, sus funciones estaban limitadas al «plan de salvamento» de COOBUS
S.A., que para la fecha se encontraba en dificultades financieras, a las que se suma
la precaria contabilidad y la poca documentación que le fue entregada para
recuperar a la empresa.
6
Ibidem, p. 34.
7
Ibidem, p. 35.
8
Samai del Tribunal, índice 37. “67_250002337000202200124005MemorialWeb2024516224240.pdf”.
4
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Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
Señaló que sus funciones culminaron con la entrega del informe final de rendición
de cuentas a la superintendencia, a través del radicado 2016-01-471295, que
evidencia la reconstrucción de la contabilidad y demás acciones adelantadas con
el objeto de recuperar la viabilidad de la empresa, que finalmente, fracasaron. Más
adelante9, solicitó aplicar el principio jurídico según el cual «a lo imposible nadie está
obligado», como un eximente de responsabilidad, considerando que el estado de la
contabilidad le impidió conocer la situación obligacional de COOBUS S.A.
Consideró que es un deber de la DIAN garantizar su participación en el proceso de
liquidación de la sociedad, en el que, además, la superintendencia rechazó el
crédito correspondiente a la retención del CREE de los años 2013 a 2015 y el
impuesto CREE de la vigencia 2014 y 2015. Destacó que el inicio del proceso de
liquidación y el auto de rechazo de los créditos son hechos conocidos por la
administración tributaria. La sentencia del Consejo de Estado, radicado interno
21575, corrobora que es responsabilidad de la DIAN incluir los créditos que
considere en el proceso de liquidación de la sociedad.
Acerca de la responsabilidad subsidiaria, cuestionó que la DIAN la haya vinculado
bajo esa figura jurídica, sin advertir que esta solo opera en caso de que el deudor
principal no pague su obligación; situación que no se cumple respecto de COOBUS
S.A, pues «apenas se está imponiendo una sanción contra la empresa (…) [por lo que] no
es lógico que asuma obligaciones que aún no se ha negado a pagar el deudor principal».
Citó varias sentencias de la Corte Constitucional10 insistiendo en que su derecho de
defensa fue vulnerado, contrario a lo considerado por el a quo, porque la DIAN no
le notificó el auto de apertura 3900351 relativo al programa de obligaciones
formales, que correspondía al impuesto sobre la renta para la equidad CREE del
año gravable 2015.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación presentado por la parte demandante fue admitido a través
de auto del 30 de octubre de 2025.
La recurrente allegó un memorial que denomina de «adhesión» 10 al recurso que
contiene nuevos argumentos, sin aportar pruebas adicionales. La Sala no tendrá en
cuenta el contenido del memorial porque la radicación fue extemporánea.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Se decide la legalidad de la Resolución Sanción por no declarar 312412020000118
del 1° de septiembre de 2020 que impuso una sanción a COOBUS S.A.S, por
$3.930.442.000, por no presentar la declaración del impuesto de renta para la
Equidad – CREE del año gravable 2015; y de la Resolución 007574 del 23 de
septiembre de 2021, que resolvió el recurso de reconsideración presentado por
9
Ibidem, p. 7.
10
T-028 del 2018, C-025 de 2009, C-1201 de 2003 y C-010 de 2003.
5
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Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
Adriana Betancourt Ortiz, tras haber sido notificada del acto principal en calidad de
responsable subsidiaria.
Para resolver, la Sala deberá determinar si la señora Adriana Betancourt Ortiz,
apelante única, podía ser vinculada al procedimiento sancionatorio adelantado en
contra de COOBUS S.A.S, que culminó en la imposición de la infracción contenida
en el artículo 643 del ET y si la actuación de la DIAN en el proceso de liquidación
judicial de la empresa excluye la posibilidad de la vinculación de la apelante.
Vinculación del responsable subsidiario al proceso sancionatorio
Para resolver, está acreditado que a través de la Resolución Sanción por no
Declarar 312412020000118 del 1° de septiembre de 2020, la DIAN resolvió: «Artículo
1. Imponer sanción por no haber presentado la declaración de IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA
EQUIDAD CREE (CREE) por el período 1 del año gravable 2015 al contribuyente OPERADOR
SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS con NIT No. 900396145, por la
suma de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL PESOS /MCTE ($3.930.442.000)»11.
Al respecto, la Sección12 ha estudiado la legalidad de los actos administrativos que,
basándose en la aplicación del artículo 643 del ET13, sancionan el incumplimiento
del deber de presentar la declaración del impuesto para la equidad CREE; sin
embargo, esta Sala se abstendrá de pronunciarse al respecto debido a que este
debate no contempla un alegato de la atipicidad de la conducta por parte de la
señora Betancourt Ortiz.
Aclarado lo anterior, respecto al límite temporal, el Decreto 2243 del 24 de
noviembre de 2015 indica que los sujetos pasivos del impuesto CREE 2015 debían
presentar la declaración en las fechas señaladas en el artículo 22 ibidem, según el
último dígito del NIT de la sociedad comercial. A COOBUS S.A.S le corresponde la
identificación 900396145, luego, es cierto que la fecha máxima de declaración
corresponde con la indicada por la DIAN.
Ahora bien, la Sala destaca que, en estricto sentido, la imposición de la sanción
solamente involucró a COOBUS S.A.S, que no interpuso recursos en contra del acto
sancionador, de acuerdo con lo consignado en la Resolución 007574 del 23 de
septiembre de 2021 que resolvió el recurso de reconsideración presentado por la
señora Betancourt Ortiz.
La resolución sanción no determinó una obligación a la demandante sino que
ordenó su vinculación como responsable subsidiaria considerando que: «de acuerdo
con el certificado de Cámara de Comercio del 23 de junio de 2018, se corrobora que la
señora Adriana Betancourt Ortiz con cédula de ciudadanía 38.260.145 fue nombrada como
Representante Legal de la sociedad con Resolución No. 13017 de la Superintendencia de
Puertos y Transporte a partir del 13 de julio de 2015, condición que se mantuvo hasta el 5
de septiembre de 2016, fecha en la cual mediante Auto No. 012524 se nombró como
liquidador por la Superintendencia de Sociedades a la señora OMAIRA MARISOL
GRIJALBA»14
11
Samai del Tribunal, índice 14, link OneDrive “3. FOLIOS 201-303.pdf”, p. 104.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, sentencia del 21 de septiembre de 2023, exp.
27113. MP. Milton Chaves García.
13
Redacción anterior a la modificación dispuesta por el artículo 284 de la Ley 1819 de 2016.
14
Ibidem, p. 117.
6
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Sobre este punto, el acervo probatorio evidencia que, el 8 de marzo de 2013, la
Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución 193815, en ejercicio
de la competencia autorizada en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, ordenando
tomar la medida de sometimiento a control de COOBUS S.A.S. A raíz de esta
decisión, la superintendencia adoptó una serie de medidas regladas en la ley para
subsanar irregularidades en el funcionamiento comercial de la empresa y su objeto
social; conexo al servicio público de transporte. Entre dichas órdenes, el 13 de julio
de 2015, la superintendencia designó a la señora Betancourt Ortiz como
representante legal de COOBUS S.A.S. Este acto fue inscrito el 6 de agosto de 2015
en la matricula mercantil de la empresa, según el certificado de existencia y
representación legal16 que se encuentra en el expediente. También son visibles en
el certificado las facultades concedidas en el mandato: «Facultades del representante
legal: El gerente general es mandatario con representación, investido de funciones ejecutivas y
administrativas y como tal, tiene a su cargo la representación legal de la sociedad, la gestión
comercial y financiera, la responsabilidad de la acción administrativa (…) y las demás que le sean
conferidas en los estatutos o la ley».
Entonces, aun cuando la representación legal le fue asignada en razón a una
situación especial que es «la toma de control de la sociedad», la Sala advierte que la
causa referida de la designación en el cargo es sui generis; no obstante, el ejercicio
de las funciones del mandato de representación no es diferente a las comunes en
este tipo de delegaciones legales regladas por el Código de Comercio.
Adicionalmente, la evidencia probatoria indica que el mandato de la representación
inició el 6 de agosto de 2015 y se extendió hasta el 5 de septiembre de 2016; porque
en esta fecha se formalizó la inscripción del inicio de la liquidación judicial en el
registro mercantil de la sociedad17, decidida a través del Auto 2016-01-42585018 que,
junto a la apertura del proceso de liquidación judicial19, designó como liquidadora a
la señora Omaira Marisol Grijalba Camacho, ordenando a la recurrente entregar la
rendición de cuentas del cargo ejercido.
Dicho esto, está demostrado que la Ley 1116 de 2006, a la que se encuentra sujeto
el procedimiento de liquidación judicial de las sociedades comerciales, no resulta
aplicable al ejercicio de las funciones de la representación legal, como menciona la
demandante en su recurso, ya que al mismo tiempo que COOBUS S.A.S entró en
el proceso de liquidación judicial, terminó el mandato de la señora Betancourt Ortiz.
Quiere decir que la apelante no ejerció ninguna competencia que legalmente esté
asignada a los liquidadores de las sociedades comerciales.
Aclarado lo anterior, la Sala pone de presente que son los contribuyentes los
directamente obligados a cumplir los deberes y obligaciones formales, según el
artículo 571 del ET. Entre estos, deben contarse todos los indicados en el Título II
del Estatuto Tributario que trata sobre «Deberes y obligaciones formales»; siendo uno
de estos la presentación de las declaraciones tributarias, que se debe cumplir en el
lugar y plazo señalado por las autoridades gubernamentales, conforme al artículo
572 del ET.
15
Samai del Tribunal, índice 14, link OneDrive “2. FOLIOS 101-200.pdf”, pp. 65-69.
16
Ibidem, p. 60.
17
Samai del Tribunal, índice 14, link OneDrive “3. FOLIOS 201-303.pdf”.
18
Samai del Tribunal, índice 14, link OneDrive “2. FOLIOS 101-200.pdf”, pp. 131-143.
19
Artículo 48 de la Ley 1116 de 2006: «Providencia de apertura. La providencia de apertura del proceso de liquidación judicial
dispondrá: 1. El nombramiento de un liquidador, quien tendrá la representación legal, advirtiendo que su gestión deberá ser
austera y eficaz. (…)».
7
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Radicación: 25000-23-37-000-2022-00124-01 (30190)
Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
En consonancia, el artículo 573 ibidem dispone: «Responsabilidad subsidiaria de los
representantes por incumplimiento de deberes formales: Los obligados al cumplimiento de
deberes formales de terceros responden subsidiariamente cuando omitan cumplir tales
deberes, por las consecuencias que se deriven de su omisión».
De las normas citadas, se tiene que los representantes legales responden
subsidiariamente por la omisión en el incumplimiento de los deberes formales que
se encuentren en cabeza de sus mandantes.
Así, cuando un representante legal es vinculado al procedimiento sancionatorio
adelantado en contra de su representada por incumplimiento de la obligación de
declarar, aplican como precedente las sentencias emitidas por esta Corporación,
identificadas con los radicados 28529, 27856, 28926, 28917 y 3010520. Según el
criterio adoptado, los representantes legales pueden ser vinculados a los
procedimientos sancionatorios, cuyo objeto es reprochar el incumplimiento de un
deber formal a la sociedad.
En el presente asunto, aplicando el precedente a la señora Betancourt Ortiz, se tiene
que ella podía ser vinculada al procedimiento sancionatorio adelantado en contra
de COOBUS S.A.S por la omisión en la presentación de la declaración del impuesto
de renta CREE del año 2015, pues, a la fecha en que venció el plazo para cumplir
este deber formal, la recurrente fungía como representante legal de la compañía y
no demostró que el cumplimiento estuviese en cabeza de un tercero o se sometiera
a un ejercicio especial del mandato que la excluyera del deber de presentar las
declaraciones a las que estaba obligada la mandante.
Por otra parte, la apelante cuestiona su vinculación al procedimiento sancionatorio
porque la DIAN acudió a la figura de la responsabilidad subsidiaria, sin advertir que
COOBUS S.A.S es la deudora principal de la obligación, según lo cual, «hasta ahora
se está imponiendo la sanción contra la empresa» y tendría que cobrarse la obligación
primero a la sociedad.
Para resolver, la jurisprudencia civil ha concretado que, cuando el legislador
establece que un determinado sujeto es responsable subsidiario, la subsidiariedad
implica que el acreedor podrá reclamar al deudor subsidiario solamente los créditos
que no haya podido asumir el deudor principal21.
Esta Sala de decisión22 ha considerado que: «A diferencia de la responsabilidad
solidaria, en la subsidiaria no se puede elegir libremente a quien requerir, sino que exige
que la DIAN reclame primero la deuda al obligado principal. Así, el subsidiario responde
sólo si el principal no lo hace»23.
Aclarado lo anterior, el argumento de la apelante no tiene vocación de prosperar
dado que la señora Betancourt Ortiz fue vinculada como responsable subsidiaria al
procedimiento sancionatorio adelantado en contra de la sociedad, y no por la
imposición de una sanción directamente a su cargo. En adición, lo que se discute
en el presente asunto es la vinculación de la demandante al proceso sancionatorio
20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 25 de julio, 20 septiembre, 3 de octubre y 12 de diciembre de 2024;
28529, 27856, 28926 y 28917, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, y sentencia del 23 de abril de 2026, exp. 30105, MP.
Luis Antonio Rodríguez Montaño.
21
Ibidem. Sentencia del 26 de agosto de 2019. Exp. 76001-31-03-013-2004-00011-01. MP. Álvaro Fernando García Restrepo.
22
Por ejemplo: Rad. 23654, 28926 y 28917. MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
23
Ibidem, rad. 28926.
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Radicación: 25000-23-37-000-2022-00124-01 (30190)
Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
de la sociedad, por lo que el debate no puede extenderse al proceso de aforo ni de
cobro coactivo de la obligación. Ahora bien, la DIAN no pretendía sustituir a la
sociedad como obligada principal.
Así las cosas, la parte demandante no puede alegar en su favor el derecho de
excusión para eludir su vinculación al procedimiento sancionador, pues se verificó
que en ella recae la responsabilidad subsidiaria por la omisión de los deberes
formales de COOBUS S.A.S durante el período en que estuvo vigente el mandato
de la representación legal.
De otro lado, la señora Betancourt Ortiz discute que la DIAN no presentó el crédito
de la sanción para ser incluido en el procedimiento de liquidación judicial de la
sociedad.
Al respecto, el reconocimiento del crédito en el marco de un proceso concursal está
regulado por la Ley 1116 de 2006, cuyo propósito es establecer cada una de las
etapas de la liquidación judicial de las sociedades comerciales, siendo una de ellas
la calificación y graduación de los créditos de los acreedores, de acuerdo con las
normas dispuestas en el Capítulo V ibidem.
El artículo 846 del ET señala que cuando una sociedad comercial o civil entra en
liquidación judicial o administrativa, la administración tributaria «se haga parte en el
proceso y haga valer las deudas fiscales de plazo vencido, y las que surjan hasta el
momento de la liquidación o terminación del debido proceso».
En la causa examinada, por Auto 2017-01-620903 del 1 de diciembre de 201724, la
superintendencia rechazó el crédito correspondiente al impuesto de renta CREE del
año 2015, presentado por la DIAN al proceso de liquidación judicial de COOBUS
S.A.S. El rechazo del crédito se debió a que, inicialmente, había sido calificado
como un crédito condicional, sometido a que la entidad presentara unas
«certificaciones de extensión dineraria» de los créditos, para verificar con certeza la
cuantía de las deudas, pero el plazo para hacerlo venció sin que la administración
cumpliera este requerimiento.
Las consideraciones anteriores conducen al rechazo del argumento de la apelante
porque la obligación de la DIAN dispuesta en el artículo 846 del ET se refiere a
deudas fiscales de plazo vencido y la sanción determinada en el acto principal
demandado carecía de exigibilidad, ya que está siendo discutida en esta
Jurisdicción. Adicionalmente, el crédito rechazado por la superintendencia
corresponde al impuesto de renta CREE del año 2015, no a la sanción por no
declarar por lo que se trata de obligaciones sustancialmente diferentes.
En esta misma línea, el precedente identificado por la demandante con el radicado
interno 2157527 no se circunscriben a los hechos de esta controversia, por lo que no
serán acogidos por la Sala para la solución del caso concreto, porque allí se discutió
la legalidad de actos administrativos que pertenecían al procedimiento de cobro
coactivo y la demandante era la liquidadora de una sociedad comercial.
Por último, la apelante refiere que el auto de apertura 3900351, relativo al programa
de obligaciones formales, del impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año
24
Samai del Tribunal, índice 14, enlace OneDrive “3. FOLIOS 201-303.pdf”, p. 68.
9
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Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
gravable 2015 no le fue notificado, sin embargo, examinado el expediente y
consultada la página web de la DIAN, la Sala no ha tenido conocimiento del
contenido de este acto al que alude la demandante. En todo caso, lo que sí está
acreditado es que la señora Betancourt Ortiz fue vinculada también al procedimiento
de aforo adelantado en contra de COOBUS S.A.S, desde el emplazamiento para
declarar25.
Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, al no prosperar los cargos de apelación
propuestos por la señora Adriana Betancourt Ortiz.
Condena en costas
En el presente asunto, la Sala confirmó en su totalidad la sentencia proferida por el
a quo. Así, de conformidad con los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA y con el criterio adoptado
por la Sala26, procede la condena en costas a la parte demandante, en segunda
instancia, ya que el recurso de apelación no prosperó.
Corresponde entonces fijar las costas procesales, en su componente de agencias
en derecho, en un salario mínimo mensual vigente (1 SMLMV), según lo previsto en
el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo que se ordenará
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca tramitar el respectivo incidente de
liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el
artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de 9 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”.
Segundo: Condenar en costas a la demandante, para lo cual, se tasan las
agencias del proceso judicial en un salario mínimo mensual vigente (1 SMLMV),
conforme a las consideraciones expuestas. En consecuencia, ordenar al tribunal
que dé tramite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
25
Samai del Tribunal, índice 14, enlace OneDrive “2. FOLIOS 101-200.pdf”, pp. 20-33.
26
Radicado 29943, C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño y Radicado 29275, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Adriana Betancourt Ortiz
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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