Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00230-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00230-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2022-00230-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
9 de abril de 2025
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00230-01 (29410)
Demandante: Bavaria & Cía. SCA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2022-00230-01 (29410)
Demandante: Bavaria & Cía. SCA
Demandado: Distrito Capital, Secretaría Distrital de Hacienda
Temas: ICA. 2 bimestre de 2016. Devolución pago en exceso. Corrección
de la declaración.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia, del 09 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió2:
“Primero. Negar las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas”
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante Resolución DDI019629, del 29 de diciembre de 20203, la demandada negó la
solicitud de devolución y/o compensación por pago en exceso del impuesto de industria
y comercio presentada por la actora, correspondiente al 2 bimestre de 2016. Tras
interponerse el recurso de reconsideración, dicha decisión fue confirmada mediante la
Resolución DDI-002515, del 12 de enero de 20224.
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones5:
3.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
(i) Resolución DDI019629, del 29 de diciembre de 2020, por medio de la cual la Dirección Distrital
de Impuestos de Bogotá - DIB negó la solicitud de devolución por pago en exceso elevada por
Bavaria & CIA SCA, referente al impuesto de industria y comercio del segundo bimestre del año
gravable 2016.
1
Samai tribunal, índice 28, certificado 8AD9EB2727BC87A3 A459C613072EDB4E B9335E51DF7FE760 2A8CA773208070CA (pdf), pp.1 a 9.
2
Samai tribunal, índice 25, certificado 4EED2A2658A5CA3E 7D556273E16B0B52 4253AC3E7B4F19CC 311B40DBBB1ABB94 (pdf), p. 23.
3
Samai tribunal, índice 2, certificado 1EC294D098F6554B 34F90F8419728185 6EEEEAC6AF186660 F318D99ECEBC4A98 (pdf), pp 82 a 92.
4
Samai tribunal, índice 2, certificado 1EC294D098F6554B 34F90F8419728185 6EEEEAC6AF186660 F318D99ECEBC4A98 (pdf), pp 112 a 142.
5
Samai tribunal, índice 2, certificado 1EC294D098F6554B 34F90F8419728185 6EEEEAC6AF186660 F318D99ECEBC4A98 (pdf), p. 3
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(ii) Resolución DDI-002515, del 12 de enero de 2022, por medio de la cual la Dirección Distrital de
Impuestos de Bogotá - DIB resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por Bavaria & CIA
S.C.A, en contra de la Resolución DDI019629, del 29 de diciembre de 2020.
3.2 Que, como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos atrás individualizados se
restablezca en su derecho a Bavaria & CIA SCA en los siguientes términos:
3.2.1. Declarando que Bavaria & CIA SCA tiene derecho a la devolución por pago en exceso del
impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en cuantía de
$8.096.348.130, correspondiente al 2016-2.
3.2.2 Ordenando a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá - DIB devolver a Bavaria & CIA SCA
la suma de $8.096.348.130, junto con los intereses corrientes y moratorios en los términos del
artículo 863 del ET y el artículo 154 del Decreto Distrital 807 de 1993.
A los anteriores efectos, invocó como violados el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 6, 13,
29, 95-9, 209, 338 y 363 la Constitución; 32 y 33 de la Ley 14 de 1983; 196 del Decreto
Ley 1333 de 1986; 59 de la Ley 788 de 2002; 10 y 42 del CPACA; 11 del CGP; 683, 742
y 850 del ET (Estatuto Tributario); 20 del Decreto Distrital 807 de 1993; 32, 34 y 42 del
Decreto Distrital 352 de 2002; y 1.6.1.21.13 y 1.6.1.21.22 del Decreto 1625 de 20166.
-Violación al artículo 10 del CPACA y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional por
desconocimiento de la sentencia de unificación 23424 del 02 de diciembre de 20217.
Partió de señalar que la precitada sentencia (SU) fijó una regla en materia de la tributación
de los ingresos por concepto de dividendos frente al impuesto de industria y comercio
(ICA), la cual aplica a los trámites pendientes de resolver en vía administrativa y judicial.
Sin embargo, la demandada no tuvo en cuenta su contenido al expedir los actos
acusados, de ahí que desconoció el artículo 10 del CPACA que impone a las autoridades
la obligación de acatar las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado
en que interpreten y apliquen normas.
Luego, transcribió algunos apartes del análisis de la SU, entre ellos, el referido a que el
criterio de decisión para establecer si los dividendos son gravables, es determinar si la
participación en otras sociedades se efectúa con carácter empresarial. Posteriormente,
aludió a la sentencia C-634 de 2011 (Corte Constitucional, MP: Luis Ernesto Vargas
Silva), que reconoció el carácter vinculante de tales providencias de unificación. Así
mismo, destacó que, mediante el Memorando Concepto, del 15 de marzo de 2022, de la
Subdirección Jurídico Tributaria, dirigido al Director de Impuestos de Bogotá, se adoptó
el contenido de la citada sentencia de unificación, en el sentido de entender como
elemento determinante para definir si los ingresos por dividendos estaban sujetos al ICA,
la verificación del «carácter empresarial» con el que se realizó la inversión en acciones y los
indicativos de la existencia de una organización empresarial. A partir de eso, concluyó
que el litigio debía resolverse teniendo en cuenta los lineamientos de la sentencia de
unificación, por cuanto la diferencia con la demandada radicaba en la diversidad de tesis
jurídicas que precedieron la expedición de la SU.
-Falsa motivación y violación del debido proceso por indebida valoración de las pruebas
obrantes en el expediente. Los ingresos por dividendos percibidos por Bavaria no se
encuentran gravados con el ICA. Señaló que a la luz del artículo 42 de la Ley 1437 de
2011, exponer los motivos de hecho y derecho que justifican la decisión era un elemento
esencial de los actos administrativos8, por lo que, en el caso concreto, la demandada
incurrió en falsa motivación al expedir los actos sin tener en cuenta hechos que estaban
6
Samai tribunal, índice 2, certificado 1EC294D098F6554B 34F90F8419728185 6EEEEAC6AF186660 F318D99ECEBC4A98 (pdf), pp 112 a 142
7
Sentencia de unificación del 02 de diciembre de 2021 (exp. 23424, CP Julio Roberto Piza Rodríguez).
8
Sentencias del 03 de mayo de 2011 (exp. 17828, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia); del 17 de febrero de 2000 (exp. 5501, CP: Manuel Santiago
Urueta Ayola); y del 27 de agosto de 2020 (exp. 24651, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
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demostrados, los cuales de haberse considerado hubieran conducido a una conclusión
diferente. Seguidamente, citó las normas que conforman el marco jurídico del ICA y
señaló que se encuentran gravados los ingresos derivados del ejercicio de actividades
comerciales, industriales y de prestación de servicios, entendiendo por actividades
comerciales las descritas en el Código de Comercio. En tal marco, advirtió que las normas
no establecieron que los ingresos por dividendos percibidos por sociedades comerciales
estuvieran gravados per se, y menos aún que la totalidad de las actividades descritas en
el objeto social también lo estuvieran. Por el contrario, lo exigido por las disposiciones es
la constatación del origen de los ingresos, a efectos de determinar si devienen de
actividades industriales, comerciales o de servicios en cualquiera de las jurisdicciones del
país, que es lo que los haría gravables con el impuesto.
Al hilo de lo anterior, expuso que la demandada negó lo solicitado en el trámite de
devolución argumentando que dentro del objeto social se encontraba como actividad
complementaria «la constitución de sociedades o empresas», a partir de lo cual, determinó que
los dividendos percibidos en el 2 bimestre de 2016 derivaron del ejercicio de actividades
comerciales por aplicación del artículo 20 del Código de Comercio; sin haberse hecho
otro análisis, haber constatado la realidad económica, ni efectuado ningún tipo de
actividad probatoria, a fin de establecer que los ingresos no eran gravados, como lo
señalaba el Memorando Concepto, del 15 de marzo de 2022. Aseveró que, contrario a la
tesis fiscalista de la Administración, la SU señaló que tener dentro de objeto social la
facultad de invertir en acciones, no era determinante para concluir la sujeción al ICA,
como si lo era, la realidad de los negocios, esto es, las actividades que se ejecutan con
carácter empresarial -criterio que debía primar-.
A continuación, aseguró que realizaba en forma profesional y habitual, esto es, con
«carácter empresarial» la producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas
malteadas, de lo cual derivaba la mayoría de sus ingresos y rentabilidad, y adujo que,
para demostrarlo, acompañaba certificado de revisor fiscal, en el cual se señalaba que
los ingresos de la actora por dividendos no derivaban del ejercicio de actividades
profesionales con carácter empresarial. Sin embargo, la demandada no atendió su
realidad económica, pues de hacerlo hubiera devuelto las sumas solicitadas, pues la
inversión en otras sociedades no correspondía a una actividad con tal carácter, al
aplicarse la SU, lo cual se omitió en la actuación administrativa.
Agregó que la Administración contaba con la suficiente información sobre su actividad
económica, así como sobre el carácter de las inversiones realizadas, lo que le permitía
constatar su no sujeción al impuesto. Indicó que el certificado del revisor fiscal, aportado
con ocasión del recurso de reconsideración, goza de mérito probatorio, conforme con el
artículo 777 del ET. No obstante, la Administración, siguiendo una postura fiscalista,
continuó negando la devolución del impuesto pagado en exceso, desconociendo los
artículos 42 del CPACA y 742 del ET. [Respecto de la valoración de la prueba, referenció
las sentencias del 01 de marzo de 2012, exp. 17568, CP: Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas y del 15 de noviembre de 2018, exp. 22688, CP: Stella Jeannette Carvajal
Basto]. Finalizó concluyendo que era evidente la falsa motivación, así como la violación
al debido proceso, y al derecho de defensa por la falta de valoración de las pruebas.
-Violación al debido proceso, artículo 29 de la Constitución, al principio de reserva de la
ley en materia tributaria, artículo 150 de la Constitución, al precedente judicial en materia
de devolución de pagos en exceso y los artículos 1.6.1.21.21, 1.6.1.21.13 y 1.6.1.21.22
del Decreto 1625 de 2016 por cuanto la Administración distrital no puede imponer
requisitos no previstos en la ley para la procedencia de la devolución por pago en exceso.
Consideró que la demandada transgredió el principio de reserva de ley y el debido
proceso por cuanto exigió un requisito no establecido para obtener la devolución, esto es,
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la previa corrección de la declaración privada, viciando así la actuación por falsa
motivación, pues resulta absolutamente falso que el procedimiento tributario para la
devolución de pagos en exceso exija corregir la declaración para reflejar un saldo a favor
objeto de devolución.
Señaló que el procedimiento de devolución de saldos a favor era distinto de la devolución
de pagos en exceso, pues para la procedencia del primero se requiere de una declaración
privada que dé cuenta de la existencia del saldo a favor, bien sea en el denuncio inicial o
en su corrección; en cambio, los pagos en exceso derivaban de liquidar el impuesto por
montos superiores a los dispuestos en la ley, lo cual no proviene de una operación
aritmética visible en el formulario de la declaración, por lo que, en su opinión, no se exige
corregir la declaración, en tanto no es posible advertir el exceso ni en la declaración inicial
ni en la corrección. A tales fines invocó las sentencias de esta corporación del 30 de
septiembre de 2013 y del 21 de febrero de 2019 (exps. 20173 y 23123).
Planteó que para la procedencia de las devoluciones de pagos en exceso se deben
cumplir los requisitos generales, atinentes a aspectos formales, tales como la
oportunidad, la capacidad y la representación de quien tramita la petición, sin exigir la
corrección a la declaración, conforme lo previsto en el Decreto 1625 de 2016, aplicable
en el ámbito distrital por remisión de la Ley 788 de 2002. En concreto, sostuvo que, acorde
con el artículo 1.6.1.21.22 ídem, carecía de fundamento jurídico la exigencia de la
Administración de corregir previamente la declaración, puesto que el término para
enmendar las declaraciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor
es de un año contado desde el vencimiento del término para declarar, lo que haría
nugatorio el plazo de 5 años previsto en la prenotada disposición para las devoluciones
de pagos en exceso9. Arguyó que sobre tal aspecto se había pronunciado la Dian y esta
corporación10; de manera que se desatendió el precedente judicial. Adicionalmente, acotó
que, si bien el «juez» podía apartarse del precedente, argumentando las razones, la
Administración no dejó evidencia de los motivos por los que lo hizo, lo cual contravenía
el artículo 230 de la Constitución.
Manifestó que, conforme al artículo 84 de la Constitución, las autoridades no podían
establecer requisitos adicionales, lo que infringió la Administración, lesionando el derecho
sustancial que le asistía para la recuperación de los recursos pagados en exceso sobre
flujos financieros no gravados con el ICA por valor de $8.096.348.130. Sostuvo que se
vulneró el principio de justicia tributaria, pues la demandada le impuso una carga tributaria
mayor a la establecida en la ley.
-Violación al principio de no confiscatoriedad, justicia y equidad, capacidad contributiva y
solidaridad. Afirmó que la decisión de no proceder a la devolución de lo pagado en exceso
derivó en la imposición de una carga superior a la prevista por la ley, atendiendo su
capacidad contributiva, lo cual configuró una protuberante confiscación sobre sumas que
no provinieron de la actividad gravada con ICA.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora11. Al efecto, manifestó que los
actos estuvieron sujetos a las normas constitucionales y legales, de acuerdo con la
realidad fáctica que la condujo a negar la devolución por pago en exceso.
9
Sentencias del 16 de julio de 2009 (exp. 16655, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia); del 13 de junio de 2013 (exp. 17973, CP: Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas); del 21 de febrero de 2019 (exp. 23123, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); y del 03 de julio de 2020 (exp. 24181, CP Milton
Chaves García). Auto del 30 de septiembre de 2013, exp. 20173, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Concepto DIAN 1754 de 8 de octubre de 2018.
10
Sentencias del 16 de julio de 2009 y del 27 de agosto de 2009 (exps. 16655 y 16881, CP: Martha Teresa Briceño); del 13 de junio de 2013 (exp. 17973,
C.P: Hugo Fernando Bastidas); del 21 de febrero de 2019 (exp. 23123, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); y del 03 de julio de 2020 (exp. 24181, CP:
Milton Chaves García).
11
Samai de tribunal, índice 14, certificado 2FC1DBE8DE649355 192F608BA74B460B 4CABD9CBA225CFFC 582021D1E3887BE6 (pdf), pp. 1 a 31.
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Argumentó que la SU era del 02 de diciembre de 2021, mientras que lo solicitado en
devolución correspondía al segundo bimestre de 2016; asimismo, los actos
administrativos demandados eran del 29 de diciembre de 2020 [fecha de expedición del
acto que negó la solicitud] y del 12 de enero de 2022 [fecha del acto que resolvió el
recurso de reconsideración], de manera que no se había omitido el efecto vinculante de
la decisión judicial, ya que no era posible atender una decisión judicial inexistente para el
período gravable en discusión, y para el momento en que se negó la solicitud de
devolución, de manera que no vulneró el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. Además, en
el recurso de reconsideración se pronunció respecto de lo que fue solicitado por la actora,
y añadió que el Concepto del 15 de marzo de 2022 de la entidad, fue proferido con
posterioridad al periodo discutido y a los actos que resolvieron las solicitudes del
contribuyente.
En relación con el cargo de falsa motivación y violación al debido proceso por indebida
valoración de los medios probatorios, manifestó que, la demandada en uso de sus
facultades y con apego a la ley realizó la valoración probatoria, teniendo en cuenta lo
señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del 11 de noviembre de 2009 (exp.
16567, CP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), atinente a que en el proceso de
devoluciones solo pueden verificarse aspectos formales, y debe limitarse a comprobar si
existe el saldo a favor en el estado de cuenta, por pago en exceso o por pago no debido.
Afirmó que la demandante incurrió en un error de apreciación respecto de los dividendos
y participaciones, puesto que estos se encuentran gravados con el ICA, lo que se
sustenta en el Concepto distrital 1040 de 2004; Oficio 2014EE229152, del 20 de octubre
de 2014; y en los oficios 2018EE61600, del 20 de abril de 2018, 1252, del 13 de abril de
2018, y 2019EE161621, del 29 de agosto de 2019.
Luego, aludió a que los ingresos brutos incluían la totalidad de los ingresos percibidos en
desarrollo de cualquiera de las actividades sujetas al ICA. Sostuvo que los dividendos y
participaciones se consideraban actividad mercantil, según el ordinal 5 del artículo 20 del
Código de Comercio, referido al acto de vinculación como accionista o socio, el cual era
un acto de naturaleza mercantil y, por tanto, siendo una actividad comercial, su
realización constituía hecho generador del tributo, aunque no se encontrara explícito en
el objeto social. Afirmó que, acorde con el artículo 42 del Decreto 352 de 2002, hacían
parte de la base gravable los ingresos que no estuvieran expresamente excluidos, de
manera que los dividendos estaban gravados por no estar determinados como excluidos.
Inclusive la Ley 1819 de 2016 ratificó que la base imponible estaba conformada por la
totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el periodo, salvo los
conceptos expresamente exceptuados.
Arguyó que de la valoración probatoria se estableció que la actora participó en diversas
sociedades que le generaron ingresos por dividendos, lo cual se efectuó con el fin de
cumplir su objeto social y el flujo de sus negocios. Asimismo, señaló que la actividad de
inversión establecida en su objeto social, se realizaba de manera regular y habitual, lo
que se constataba con el certificado del revisor fiscal que daba cuenta de las inversiones,
resultando equívoca la alegación de la actora sobre no estar gravados los dividendos,
siendo su obligación declararlos. Por tanto, los actos no estaban viciados de falsa
motivación.
Igualmente, se opuso al cargo de transgresión del debido proceso, y al principio de
reserva legal en materia tributaria. Tampoco desconoció el precedente judicial, ni el
Decreto 1625 de 2016. Señaló que, el cargo de nulidad propuesto por la demandante se
basaba en censuras subjetivas por la única razón de no decidir conforme al interés de la
actora. Adujo que la ley facultaba a la entidad para interpretar de manera general y
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abstracta las normas tributarias, y formar una unidad doctrinal a través de conceptos con
fuerza vinculante para sus funcionarios, generando seguridad jurídica incluso para los
particulares. Seguido de ello, reiteró que dentro de las verificaciones formales la entidad
debía comprobar la existencia del saldo a favor, pago en exceso o pago no debido, lo
cual fue realizado a cabalidad por la demandada, de manera que no interpretar las
normas acorde con los intereses de la demandante, no viciaba de nulidad los actos
demandados.
Adicionalmente, señaló que en el acto que resolvió el recurso de reconsideración precisó
que la corrección a la declaración no era necesario para que se aceptara la devolución
del pago en exceso, de manera que no se estaba haciendo una interpretación
equivocada; sin embargo, acotó que pese no constituir una exigencia, el contribuyente
presentó corrección a la declaración el 19 de enero de 2017 [se advierte que la
mencionada resolución precisó que la corrección no fue efectuada para excluir los
ingresos por dividendos].
Finalmente, argumentó que no transgredió los principios de justicia, equidad, capacidad
contributiva y solidaridad, en tanto la denegación de la devolución provino de que los
dividendos estaban gravados. Adicionalmente, propuso la excepción de legalidad de los
actos administrativos demandados y la excepción genérica.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de nulidad12. Partió de precisar que las reglas y
subreglas de la sentencia de unificación del 02 de diciembre de 2021 respecto de la
actividad comercial en materia del ICA en relación con los ingresos por dividendos, eran
aplicables al caso analizado, por encontrarse en trámite, y no estar consolidada la
situación por haberse presentado la solicitud de devolución antes de precluir el término
previsto por la ley para el efecto.
En tal sentido, contextualizó el marco normativo territorial de la devolución de los pagos
en exceso o no debidos (arts. 144 a 147 del Decreto 807 de 1993), precisando que el
término para solicitar la devolución de tributos territoriales era de cinco años, en
concordancia con el plazo de la acción ejecutiva (art. 2536 C Civil) al que remitía la
normativa del procedimiento de devolución de los impuestos nacionales. Sin embargo,
advirtió que, para tal efecto, existía una diferencia entre solicitar el reintegro por un pago
de lo no debido, que por uno en exceso, pues en este último caso, se requería corregir la
declaración en el plazo fijado en el artículo 589 del ET, en tanto, el mayor valor pagado
se generó en una «declaración voluntaria», lo que conducía a presumir que el pago excesivo
se originó en un error atribuible al obligado tributario. De modo que, la devolución del
pago en exceso, además de someterse al término de los 5 años, debía estar precedida
de la solicitud de corrección dentro del año siguiente al vencimiento del término para
declarar o al de su presentación extemporánea.
Precisó que, el procedimiento de corrección del artículo 589 se justificaba por cuanto
debía existir una razón fundamentada para variar los valores registrados en la
declaración, que se presupone, corresponden a los registros contables, que a su vez
deben estar respaldados con soportes internos y externos de las operaciones
económicas. Así, indicó que la inclusión en la base imponible de conceptos que por
disposición legal, judicial o por propio error no debieron declararse, exigía la corrección
del denuncio para reliquidar el tributo y arrojar un menor valor a pagar, de tal forma que
ello confrontado con lo pagado inicialmente y los soportes de la corrección, sustentaran
12
Samai tribunal, índice 25, certificado 4EED2A2658A5CA3E 7D556273E16B0B52 4253AC3E7B4F19CC 311B40DBBB1ABB94 (pdf), pp. 1 a 24.
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la devolución del pago en exceso. Aclaró que la corrección no era requisito para
devoluciones por pagos no debidos, porque en esos eventos había ausencia de causa
legal, y el obligado no estaba sometido a declarar, como era el caso de quienes no eran
sujetos pasivos del tributo, o eventos en los que por decisiones judiciales, era anulada o
declarada inconstitucional una norma tributaria.
En suma, no accedió a la nulidad de los actos, dado que la actora no corrigió con ese fin
su declaración del 2 bimestre del ICA de 2016, puesto que a la fecha de la solicitud de la
devolución había vencido la oportunidad para hacerlo, en los términos del artículo 589
ídem, y la autoliquidación había adquirido firmeza. Así, aunque no se desconocía el efecto
de la SU invocada por la demandante, el pago efectuado por esta tuvo causa legal en las
normas que regulaban el tributo, disposiciones que no han sido anuladas por la
jurisdicción, y la causal por la que se negó la solicitud de la devolución del pago en exceso
fue la ausencia de la corrección.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión del a quo13. Adujo que la providencia sin atender los
argumentos y las pruebas aportada en sede administrativa y judicial negó las
pretensiones de la demanda en contravención del ordenamiento y la jurisprudencia,
particularmente en lo relativo a la posibilidad de devolver un pago en exceso, sin que
medie la corrección de la declaración, cuando el pago excesivo se desprendía de una
sentencia judicial.
Sostuvo que en sentencia del 03 de marzo de 2022 (exp. 24658, CP: Milton Chaves
García) la Sección Cuarta precisó que no se requería corregir las declaraciones en
situaciones de pagos excesivos cuando la posibilidad de solicitar la devolución se
originaba en una decisión judicial que anulaba un tributo. Además, la providencia
impugnada señaló que tampoco existía obligación de corrección en los casos en los que
mediante decisiones judiciales se desvirtuaba la presunción de la legalidad de una norma
con fundamento en la cual, se hubiera autoliquidado el tributo.
Planteó que, el pago en exceso se había originado en la SU, que fijó los criterios para
determinar si los ingresos por concepto de dividendos son gravables con el ICA,
supuestos que no se materializaban en este caso como se demostró en la demanda, y
con las pruebas, careciendo de sentido «que el tribunal entienda que no se requiere corrección en
los casos en los que el pago en exceso se origina en un fallo judicial; pero resuelva denegar las
pretensiones de la demanda, precisamente porque la devolución no estuvo precedida de una corrección».
Adujo que el a quo se fundó exclusivamente en un aspecto formal, en contravía del
derecho sustancial y en perjuicio del patrimonio de la actora, con el correlativo
enriquecimiento sin causa de la demandada.
Adujo que el tribunal no abordó de fondo el asunto de la sujeción pasiva en el ICA de los
ingresos obtenidos por dividendos, simplemente negó las pretensiones por un asunto de
forma -ausencia de una previa corrección de la declaración, aunque había señalado que
no se desconocían los efectos de la SU. Sostuvo que, además, en dos providencias
expedidas por el mismo tribunal, en procesos seguidos entre las mismas partes
procesales -por períodos bimestrales del ICA diferentes- se había concluido que los
dividendos no estaban gravados con el aludido impuesto, al no provenir de una actividad
con carácter empresarial14.
13
Samai tribunal, índice 28, certificado 8AD9EB2727BC87A3 A459C613072EDB4E B9335E51DF7FE760 2A8CA773208070CA (pdf), pp. 1 a 16.
14
Exps. 25000233700020220023200 y 25000233700020220023100 del tribunal.
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Bajo tal ilación, manifestó que la posición del tribunal era reiterada respecto de que los
dividendos percibidos por la actora no estaban gravados con ICA, de manera que el
asunto debatido no giraba en torno a eso, porque ya estaba estudiado y decantado por
esa corporación; sin perjuicio de ello, arguyó que no sobraba reiterar que la SU era
plenamente aplicable al caso concreto, pudiendo concluirse la no gravabilidad de los
dividendos, por no provenir de una actividad empresarial. De manera que la postura del
a quo era eminentemente procedimental, consistente en los requisitos o el trámite para
que operara la devolución del pago en exceso, cuyo origen no era otro que la SU. Así
también afirmó que el tribunal equivocadamente dio prevalencia a un aspecto procesal
sobre el sustancial, siendo que, tanto el ordenamiento como la jurisprudencia abogaban
por preferir este último; a tal fin citó la sentencia C-029 de 1995 de la Corte Constitucional,
y el artículo 11 del CGP que establece la interpretación de la ley procesal para la
efectividad de los derechos reconocidos por la norma sustantiva.
En ese orden, sostuvo que no debió liquidar y pagar el impuesto sobre los dividendos
recibidos, de manera que tenía derecho a recuperar el tributo pagado sobre ingresos no
sujetos, «por lo que a ese derecho sustancial no pueden oponerse ritualidades indebidamente aplicadas
como la desarrollada por el a quo en la sentencia apelada ». Seguidamente, afirmó que la
Administración no podía imponerle mayores y más gravosas cargas a los contribuyentes,
porque infringía principios del sistema tributario nacional, como el debido proceso y la
reserva de ley al exigírsele que corrigiera previamente la declaración «aun cuando dicho
requisito no se encuentra dispuesto en las normas procesales aplicables al caso y su exigibilidad haría
ilusorio el término que si dispone la Ley para solicitar los saldos a favor de los contribuyentes ».
Igualmente, reiteró que la exigencia de corrección desconocía providencias del Consejo
de Estado que dispensaban al obligado de dicho trámite cuando lo pagado en exceso se
derivaba de una sentencia, en la medida que el exceso pagado se pudiera evidenciar con
suficiencia de la liquidación privada inicial, y del criterio adoptado en la SU, posición que
señaló acogida en fallos posteriores, como la sentencia del 07 de diciembre de 2023 (exp.
22685, CP: Wilson Ramos Girón) en la cual se precisó que no era requerida la corrección,
cuando las normas que sustentaron la liquidación privada, eran expulsadas del
ordenamiento, con efectos retroactivos. Según la impugnante, si la circunstancia que
define lo pagado como excesivo fue posterior a la declaración, no se requería corregir.
Seguidamente, iteró que el tribunal había señalado que tampoco se requería corregir en
los casos en que mediante decisiones judiciales se desvirtuaba la presunción de legalidad
de la norma con fundamento en la cual fue liquidado el tributo, luego no se entendía como
con tal entendimiento, pudo el a quo negar las pretensiones por no haberse corregido la
declaración previamente a la solicitud de devolución.
Insistió en que, el mayor valor pagado por ICA se originó en la adopción de la mencionada
decisión judicial [SU], pues previo a ese momento, se habían decidido controversias
relativas a la gravabilidad de los dividendos, en diferentes sentidos; solo desde esa
providencia se fijó con certeza la postura de la que derivó la petición del reintegro. Por
ello, no podía exigírsele la corrección, so pena de violarse el debido proceso y el
precedente del Consejo de Estado sobre la materia, que resultaba obligatorio, al tenor de
lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia SU 380 de 2021.
Adicionalmente, planteó que, la ley solo establece como condición para la procedencia
de la devolución del pago no debido o en exceso, que la misma se solicite dentro de los
cinco años siguientes al pago, conforme lo señalaba el artículo 1.6.1.21.22 del DUR 1625
de 2016, precepto que no contemplaba la corrección como requisito para la devolución,
de modo que no había una fuente en el derecho positivo que previera esa condición, que
sustentó la negativa de la autoridad y que avaló el tribunal. Añadió que, al respecto, esta
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corporación, en sentencia del 10 de agosto de 2017,15 había señalado que para la
procedencia de la devolución del pago no debido y en exceso, debían cumplirse las
disposiciones contenidas en la ley.
Aseveró que la demandada y el a quo incurrían en un grave error conceptual que
transgredía el debido proceso, pues impedía recuperar lo pagado mediante la exigencia
de la corrección, que solo aplicaba para las devoluciones de saldos a favor. Adujo que,
en el caso concreto, el título era la SU que definió el tema del gravamen a los dividendos.
Adicionalmente, invocó varios precedentes de la Sección Cuarta, que destacan el respeto
de la ley y los decretos reglamentarios como fuente principal del derecho, y arguyó que,
en estricta observancia del procedimiento de devolución, no se le podían imponer al
obligado cargas adicionales. Añadió que, el Concepto DIAN 1754, del 08 de octubre de
2018 confirmó que para el trámite de devoluciones de pagos en exceso o no debidos, no
se requería corregir la declaración privada, puesto que no se pretendía establecer un
mayor saldo a favor, sino probar la inexistencia legal para realizar un pago. En esa misma
línea, finalizó con la transcripción del artículo 84 constitucional relativo a que las
autoridades no pueden establecer ni exigir requisitos adicionales, so pena de vulnerar el
principio de legalidad. De manera que, el tribunal violó la Constitución y la ley por fijar
irregularmente cargas procedimentales que limitaron su derecho y permitieron un
enriquecimiento sin justa causa a favor del demandado.
Pronunciamientos finales
La demandada y el ministerio público guardaron silencio (índice 12 de Samai).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo la impugnación
presentada por la actora, apelante única, contra la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de nulidad.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer sí: como lo aduce la apelante, se le impuso cargas
adicionales a las previstas en el procedimiento de devolución al someterla a corregir su
declaración del 2 bimestre del ICA de 2016, previo a solicitar el reintegro de lo pagado en
exceso, vulnerando con ello, la Constitución y la ley.
Análisis del caso concreto
2- En relación con el problema jurídico planteado, el apelante fundamentalmente
consideró que, de conformidad con el artículo 84 constitucional, se violaron los principios
de legalidad, debido proceso, reserva de ley, la jurisprudencia (entre ellas, la sentencia
del 10 de agosto de 2017, exp. 21530, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) y la doctrina
de la DIAN (Concepto 1754, del 08 de octubre de 2018), ya que la Administración y el
tribunal no podían exigir requisitos adicionales que limitaran su derecho a obtener el
reintegro de lo pagado en exceso por concepto del impuesto de ICA sobre los ingresos
obtenidos por dividendos -los que acorde con la SU, eran no gravados-, puesto que la
normativa que rige el procedimiento de devolución no previó como requisito la corrección
de la declaración, solo que esta fuera oportuna.
15
Sentencia del 10 de agosto de 2017 (exp. 21530, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
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Además, adujo que el tribunal no abordó el estudio de fondo sobre la ausencia de sujeción
pasiva en el ICA de los ingresos obtenidos por dividendos, pues negó sus pretensiones
por un asunto de forma; sin embargo, en dos providencias emitidas por esa misma
corporación -sobre un juicio seguido entre las mismas partes, pero por otros períodos
gravables del ICA- se concluyó que no debía tributarse por los dividendos, porque no
provenían de una actividad con carácter empresarial. En consecuencia, al tener el
derecho a obtener el reintegro de lo pagado en exceso por los mencionados dividendos,
no procedía oponérsele ritualidades indebidamente aplicadas, como lo era la corrección
de la declaración, pues ese requisito no estaba legalmente previsto y de exigírselo «haría
ilusorio el término que si dispone la Ley para solicitar los saldos a favor de los contribuyentes ».
Además, destacó que el tribunal había señalado que no existía la obligación de corregir
las autoliquidaciones cuando lo pagado en exceso se originara en decisiones judiciales
sobre la legalidad de la norma, con fundamento en la cual se hubiera determinado el
tributo, y para el caso, el mayor pago del impuesto pretendido en devolución provenía de
aplicar la SU16, en la cual se fijaron los criterios para establecer los casos en que los
dividendos estarían gravados con el ICA, ninguno de los cuales se materializaron en su
situación como se evidenciaba de los argumentos y de las pruebas aportadas. Insistió en
que, de conformidad con sentencia del 07 de diciembre de 2023 (exp. 22685, CP: Wilson
Ramos Girón), cuando la circunstancia que definía la naturaleza del pago, como un pago
en exceso, era posterior a la declaración privada, no se requería la corrección de la
declaración. Adujo que debía primar el derecho sustancial sobre el formal, conforme al
ordenamiento y a la sentencia C-029 de 1995 de la Corte Constitucional, así como al
artículo 11 del CGP que establece la interpretación de la ley procesal para la efectividad
de los derechos reconocidos por la norma sustantiva.
A su turno, la entidad demandada, en cuanto a la exigencia de la corrección, aseguró que
la comprobación de la devolución se limitaba a los aspectos formales, entre estos,
verificar si en el estado de cuenta, existía el saldo a favor, pago en exceso o pago no
debido, de manera que no se le exigió al contribuyente algo que estuviera por fuera de
los parámetros legales.
Por su parte, el tribunal aunque estableció que las reglas de la SU eran aplicables al caso
analizado, por encontrarse en trámite, y no estar consolidada la situación por haberse
presentado la solicitud de devolución antes de precluir el término de los cinco años,
previsto para el efecto, concluyó que se requería corregir la declaración, en tanto que el
mayor valor pagado se generó en una «declaración voluntaria», lo que conducía a presumir
que lo excesivo fue a causa de un error atribuible al obligado tributario. Advirtió que dicha
corrección estaría justificada en la necesidad de fundamentar los valores registrados en
la declaración, según la contabilidad y soportes internos y externos de las operaciones
económicas, de manera que la inclusión en la base imponible de conceptos que por
disposición legal, judicial o por propio error no debieron declararse implicaba la corrección
del denuncio para reliquidar el tributo y arrojar un menor valor a pagar. Aclaró que tal
corrección no era requisito para la devolución de pagos no debidos, porque en esos
eventos había ausencia legal y el obligado no estaba sometido a declarar, como ocurría
con quienes no eran sujetos pasivos del tributo, o en eventos en los que por decisiones
judiciales era anulada o declarada inconstitucional una norma tributaria.
3- De acuerdo con los anteriores extremos, la Sala encuentra que los argumentos del
apelante gravitan en dos aspectos, de una parte, que la normativa que rige el
procedimiento de devolución no prevé como requisito que se corrija la declaración, y, por
otra parte, que como siendo la sentencia de unificación, la decisión judicial que estaría
16
Sentencia de unificación del 02 de diciembre de 2021 (exp. 23424, CP Julio Roberto Piza Rodríguez).
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originando el pago en exceso pretendido en devolución, no estaba obligada a corregir la
declaración.
3.1- Para dilucidar el debate planteado, se precisa advertir que, la Sección fijó un criterio
de decisión en torno a la exigibilidad de la corrección de los denuncios tributarios
atendiendo la naturaleza de los pagos efectuados, el cual ha sido reiterado en varios
precedentes17, acorde con el cual «el mecanismo de la corrección de los denuncios privados parte
de un supuesto de hecho común: que el administrado cometió errores al autoliquidar los tributos a su
cargo»18, lo que debe distinguirse de los eventos «de ausencia de dispositivos jurídicos que
prescriban los supuestos generadores de la obligación tributaria a cargo del administrado, situación que se
da incluso cuando la norma con fundamento en la cual se determinó el tributo, que se reputaba legal en el
momento en que se autoliquidó la deuda tributaria, es expulsada del ordenamiento por una decisión
judicial»19. A este tipo de eventos deben añadirse los casos en los que el propio formulario
de la declaración impide que el declarante gestione la corrección para reflejar el mayor
valor pagado.
Inclusive, recientemente, mediante las sentencias del 13 de febrero (exp. 29022 C.P: Luis
Antonio Rodríguez Montaño) y del 20 de febrero de 2025 (exp. 29124 C:P: Milton Chaves
García), la Sección se pronunció dentro de los procesos adelantados entre las mismas
partes con identidad fáctica y jurídica, las cuales serán reiteradas en lo pertinente.
3.2- De acuerdo con lo anterior, y contrario al entendimiento de la apelante, el
procedimiento de autocorrección corresponde a una exigencia del ordenamiento jurídico
a los efectos de enmendar los mayores valores declarados y pagados como resultado de
una equivocada interpretación normativa o de errores imputables al declarante al
momento de diligenciar la declaración, o inclusive de la aplicación de posturas doctrinales
o jurisprudenciales. Si bien, la actora señala que el valor reclamado en devolución se
sustentó en la SU que determinó los criterios para determinar los eventos en los que
estarían gravados los dividendos y participaciones con ICA, lo cierto es que, tal
pronunciamiento no constituyó una decisión judicial que hubiese anulado dispositivos
locales en materia del impuesto de industria y comercio sobre dividendos, y que por ello
relevara la actora de corregir su autoliquidación. Y tal es la razón por la que, no resultan
aplicables al caso concreto los precedentes de la Sección referidos a que no se requiere
corregir las declaraciones en situaciones de pagos excesivos, cuando la posibilidad de
solicitar la devolución se origina en una decisión judicial que anula un tributo.
Resulta claro que el fallo de unificación no propició el pago excesivo que reclama la
apelante, este solo estableció las reglas en materia del ICA en dividendos, para decidir
asuntos administrativos y judiciales pendientes de definición. En cambio, se advierte que,
la solicitud de devolución se fundamentó en el exclusivo replanteamiento de la
interpretación de la actora en relación con la gravabilidad o no de sus dividendos al
emitirse la SU, pues como lo evidencia la propia cronología de las actuaciones, pues
mientras la solicitud de devolución -del valor pagado en ICA por el 2 bimestre del año
2016- data del 14 de mayo de 2020, la sentencia de unificación fue expedida el 02 de
diciembre de 2021.
3.3- Súmese a lo anterior, que la actora no estaría ante la «ausencia de dispositivos jurídicos
que prescriban los supuestos generadores de la obligación tributaria», esto es, que hubiera
17
Entre otras, sentencias del 23 de junio de 2011 (exp. 17862, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia); del 30 de julio de 2020 (exp. 23714, CP: Milton
Chaves García); del 11 de febrero y 18 de noviembre de 2021 (exps. 25070 y 23576, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); del 10 de febrero de 2022 y
10 de marzo de 2022 (exps. 23295 y 24476, CP: Julio Roberto Piza) y del 07 de diciembre de 2023 (exp. 22685, CP: Wilson Ramos Girón).
18
Sentencia del 12 de mayo de 2022 (exp. 24155, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), que reiteró la sentencia del 19 de febrero de 2020 (exp. 23356,
CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
19
Sentencia del 01 de septiembre de 2022 (exp. 26390, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), que, a su vez, reiteró las sentencias del 23 de febrero de
2017 (exp. 21314, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto); del 29 de junio de 2017 (exp. 21273, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez); del 08 y del 22 de
febrero de 2018 (exps. 21803 y 22278, CP: Milton Chaves García); y del 01 de marzo de 2018 y del 10 de febrero de 2022 (exps. 21087 y 23295, CP:
Julio Roberto Piza Rodríguez).
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declarado el ICA sin tener la calidad de sujeto pasivo; su situación es la típica
autoliquidación, cuya base imponible pudo integrar mayores ingresos de los que
correspondieran, lo que configuraría un pago en exceso, enmendable con el mecanismo
de autocorrección, dentro de la oportunidad prevista para ello. Así, al margen de que las
normas del procedimiento de devolución no señalen expresamente el requisito de la
corrección de la declaración para reclamar pagos en exceso, en casos como el analizado,
tal aspecto es condición para solicitar la devolución reclamada, porque de lo contrario no
existiría título alguno que sustentara la solicitud de devolución.
Por todo lo anterior, carece de fundamento el reproche de la apelante en torno a que la
Administración y el tribunal vulneraron la Constitución y la ley, al exigir cargas
procedimentales adicionales a las previstas en el procedimiento de devolución, al
someterla a corregir la declaración del 2 bimestre del ICA de 2016, previamente a solicitar
el reintegro del reclamado pago en exceso. Por el contrario, para la Sala, tal exigencia
avalada por el tribunal se ajusta a la normativa aplicable.
3.4- Finalmente, respecto del reproche atinente a que el a quo no abordó el estudio de
fondo en relación con la ausencia de sujeción pasiva en ICA de los ingresos obtenidos
por dividendos, en tanto negó sus pretensiones por motivos de forma (corrección previa
de la declaración), advierte la Sala que determinar cómo indispensable la previa
corrección de la declaración, a efectos de la devolución -lo que para el caso no fue
satisfecho y, por el contrario, las declaraciones adquirieron firmeza-, resultaba suficiente
para negar las pretensiones en tal sentido, lo que hacía inane efectuar un estudio de
fondo respecto de sí la demandante tenía o no derecho a liquidar un menor impuesto por
concepto de los ingresos por dividendos; y es por eso mismo que, la alusión de la actora
a la sentencia C-029 de 1995 de la Corte Constitucional, así como al artículo 11 del CGP
que establece la interpretación de la ley procesal para la efectividad de los derechos
reconocidos por la norma sustantiva, no resultaban pertinentes en la definición de la
procedencia de la devolución.
No prospera la apelación de la demandante.
Conclusión
4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de
esta providencia que la corrección de las declaraciones tributarias resulta exigible ante
eventos en los que el obligado tributario pretende recuperar pagos en exceso derivados
de inexactitudes en su liquidación privada por haber incluido en la base imponible
mayores valores de los que considera gravados con el impuesto, para el caso el ICA.
Costas
5- Acogiendo la posición mayoritaria de la Sala respecto del alcance del artículo 365.8
del CGP, no se condenará en costas, por no haberse demostrado su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en segunda instancia.
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Demandante: Bavaria & Cía. SCA
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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