Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00246-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-37-000-2022-00246-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00246-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2022-00246-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2022-00246-01 (30918)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD
Temas: Contribución adicional para empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios. Año 2020.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia del
28 de agosto de 20251, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió:
«Primero: declarar la nulidad de la Liquidación Oficial nro. 20205340050846 de agosto 25
de 2020, que determinó la Contribución Adicional del año gravable 2020 a cargo de la Aguas
de Manizales S.A. ESP, y de las Resoluciones nros. SSPD 202153000287995 de julio 7 de
2020 y SSPD 20215000887955 de 31 de diciembre de 2021 que resolvieron
respectivamente el recurso de reposición y de apelación, de conformidad con las razones
expuestas en esta providencia.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
declarar que Aguas de Manizales no está obligada a pagar la contribución adicional
determinada sobre el período de 2020 y ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios que reintegre a la demandante la suma de $710.340.000, pagada por concepto
de la contribución adicional; valor que deberá ser indexado en los términos del inciso 4° del
artículo 187 y los incisos 3° y 5° del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 […]».
ANTECEDENTES
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. es una empresa de servicios públicos domiciliarios que
se dedica a la prestación, operación, administración y gestión de los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado, así como el desarrollo de actividades complementarias y
conexas necesarias para su adecuada prestación2.
El 25 de agosto de 2020, la Dirección Financiera de Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios -en adelante SSPD-, expidió la Liquidación Oficial núm.
202053400508463, mediante la cual se determinó la Contribución Adicional prevista en
el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a favor del Fondo Empresarial de la SSPD, por
la vigencia 2020 a cargo de la demandante en cuantía de $710.340.000.
1
Índice 040 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2
Folios 19 y 20 del expediente administrativo, índice 016 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3
Folios 1 y 2 del expediente administrativo, índice 016 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00246-01 (30918)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Contra esta liquidación se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio de
apelación4, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones núm.
20215300287995 del 7 de julio de 20215 de la Dirección Financiera de la SSPD y núm.
20215000887955 del 31 de diciembre de 20216 de la Secretaría General de la SSPD,
que confirmaron el acto liquidatorio.
DEMANDA
La sociedad Aguas de Manizales S.A. E.S.P., en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho7 formuló las siguientes pretensiones:
«5.1.1. Se aplique la excepción de inconstitucionalidad respecto al artículo 314 de la Ley
1955 de 2019.
5.1.2. Se apliquen los efectos de la Sentencia C-147 de 2021 que declaró inexequible con
efectos inmediatos el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
5.1.3. Que se declare la nulidad de la Liquidación Oficial Resolución SSPD
20205340050846 del 25/ago/2020.
5.1.4. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 20215300287995 del 07/jul/2021.
5.1.5. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 20215000887955 del 31/dic/2021.
5.1.6. Que a título de restablecimiento del derecho, se declare que Aguas de Manizales
S.A. E.S.P. no se encuentra obligada a pagar las obligaciones determinadas n los actos
administrativos demandados.
5.1.7. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada
devolver a Aguas de Manizales S.A. E.S.P. los valores pagados por concepto de
contribución adicional del año gravable 2020, ajustada con base en el IPC, junto con los
intereses moratorios que correspondan, conforme con lo previsto en los artículos 187, 192
y 195 del CPACA. 5.1.8. Que se condene en costas procesales y agencias en derecho a la
entidad demandada».
Invocó como normas vulneradas los artículos 4, 29, 95-9, 338, y 363 de la
Constitución Política, 45 y 48 de la Ley 270 de 1996, 9-6, 42, 137 y 138 de la Ley 1437
de 2011. El concepto de la violación se resume, así:
La SSPD vulneró el debido proceso y el artículo 4 de la Constitución al abstenerse de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 314 de la Ley 1955 de
2019, pese a que en sede administrativa se solicitó expresamente su inaplicación y a
que los mismos reparos formulados contra dicha disposición fueron acogidos
posteriormente por la Corte Constitucional en la Sentencia C-147 de 2021. La autoridad
continuó determinando y cobrando una contribución manifiestamente contraria a los
artículos 338 y 363 de la Constitución, desconociendo que la excepción de
inconstitucionalidad constituye un deber para las autoridades cuando existe una
incompatibilidad evidente entre la ley y la Constitución Política, por lo que los actos
4
Folios 100 a 127 del expediente administrativo, índice 016 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5
Folios 37 a 57 de los anexos al escrito de demanda, índice 002 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
6
Folios 61 a 78 de los anexos al escrito de demanda, índice 002 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
7
Tanto en el escrito de demanda como en su reforma, Índices 002 y 017 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00246-01 (30918)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
acusados se expidieron con infracción de las normas superiores en que debían
fundarse.
En virtud del artículo 45 de la Ley 270 de 1996 y de la Sentencia C-147 de 2021, que
declaró inexequible el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 con efectos inmediatos, la
contribución adicional liquidada carece de sustento jurídico. Lo anterior en el entendido
que en el caso concreto no se había configurado una situación jurídica consolidada,
pues se interpuso los recursos administrativos procedentes y se acudió a la jurisdicción
para controvertir la liquidación oficial, de manera que los efectos de la declaratoria de
inexequibilidad resultan aplicables.
La SSPD desconoció el derecho de defensa y contradicción al expedir directamente la
liquidación oficial sin la previa expedición de un acto administrativo que le permitiera
conocer y controvertir los elementos tenidos en cuenta para determinar la obligación
tributaria. Señaló que, conforme a la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado8 y al artículo 42 de la Ley 1437 de 2011, aun cuando el procedimiento
especial aplicable no contemple expresamente un acto previo, la administración está
obligada a garantizar la participación del administrado antes de adoptar una decisión
que afecte su situación jurídica, por lo que la liquidación se profirió con vulneración del
debido proceso.
Los actos demandados adolecen de falta de motivación, en tanto la liquidación oficial
se limitó a señalar valores globales y a remitir de manera genérica a las disposiciones
legales aplicables, sin discriminar detalladamente las cuentas, factores de
cuantificación, operaciones aritméticas y criterios jurídicos utilizados para determinar
el monto de la contribución. Dicha omisión impidió verificar a la demandante la correcta
conformación de la base gravable y ejercer adecuadamente su derecho de defensa,
desconociendo los estándares de motivación exigidos por la jurisprudencia del Consejo
de Estado9 para los actos administrativos de contenido tributario.
OPOSICIÓN
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó se negaran las
pretensiones de la demanda y se condenara en costas a la demandante, con
fundamento en lo siguiente10:
Los comunicados o boletines de prensa de la Corte Constitucional no son providencias
judiciales, no tienen fuerza vinculante, no pueden servir de fundamento para solicitar
nulidad de sentencias, ni para fijar el momento a partir del cual se producen efectos
jurídicos, y no sustituyen la notificación formal de las sentencias, son meramente
informativos.
La Corte Constitucional, en las sentencias C 464 de 2020, C 484 de 2020 y C147 de
2021: i) declaró inexequibles los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, pero difirió
8
Sentencia de Unificación exp. 22473 del 25 de febrero de 2020; Sentencias exps. 21717 del 22 de septiembre de 2016, 21599
del 30 de agosto de 2017, 22892 del 18 de octubre de 2018, 16384 del 7 de mayo de 2009, 19126 del 16 de octubre de 2014,
20633 del 12 de noviembre de 2015, 20712 del 10 de febrero de 2016, 21601 del 6 de julio de 2016, 21717 del 22 de septiembre
de 2016, 21285 del 8 de junio de 2017, 21599 del 30 de agosto de 2017, 22892 del 18 de octubre de 2018 y 23552 del 15 de
noviembre de 2018.
9
Sentencias exps. 22074 del 26 de julio de 2018, 21826 del 01 de agosto de 2019, 21695 del 29 de agosto de 2019.
10
Índice 024 de SMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
los efectos de dicha inexequibilidad hasta el 1.º de enero de 2023, salvo en lo relativo
a la expresión «y todos aquellos que inciden directa o indirectamente en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios», cuya expulsión del ordenamiento operó de manera
inmediata; ii) precisó que la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 tiene
efectos hacia el futuro o ex nunc, de modo que los tributos causados en la vigencia 2020
constituyen situaciones jurídicas consolidadas, amparadas por los efectos hacia el
futuro del fallo; y iii) reiteró que las contribuciones causadas conforme a la ley con
anterioridad a la sentencia pueden ser cobradas, con independencia del procedimiento
de liquidación y pago previsto en la normatividad aplicable.
Finalmente propuso como excepciones de mérito la legalidad de los actos
administrativos demandados, y la existencia de situaciones jurídicas consolidadas.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, declaró la
nulidad de los actos demandados, a título de restablecimiento del derecho, declaró que
la demandante no se encontraba obligada a cancelar el monto de la contribución
adicional del año 2020, ordenó a la demandada el reintegro de lo pagado por concepto
de la contribución, y no condenó en costas, por las siguientes razones11:
La SSPD sí podía liquidar y cobrar la contribución adicional de la vigencia 2020 con
fundamento en los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, pues para ese período
continuaban produciendo efectos jurídicos. Por ello, descarta que la sola aplicación de
tales disposiciones genere la nulidad de los actos demandados. No obstante, si bien la
contribución se causó en 2020, la situación jurídica de la demandante no estaba
consolidada porque interpuso los recursos correspondientes en sede administrativa y
posteriormente demandó los actos ante la jurisdicción.
Con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado del 26 de junio de 2024 12,
mediante la cual se declaró la nulidad del artículo 2.º de la Resolución SSPD
20201000033335 de 2020 por vulnerar los artículos 338 y 363 de la Constitución
Política al fijar la base gravable de la contribución con información del año 2019
aplicando una regulación expedida en esa misma vigencia, el Tribunal concluyó que
desapareció el fundamento jurídico que sirvió de soporte a los actos particulares
demandados. En consecuencia, estimó procedente su anulación por configurarse el
decaimiento de dichos actos administrativos.
Finalmente, al prosperar el cargo de irretroactividad tributaria, el Tribunal consideró
innecesario analizar los demás cuestionamientos de la demanda.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada13 solicitó que se revoque la sentencia y en su lugar se nieguen las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
11
Índice 040 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
12
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13
Índice 043 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4
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Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional -Sentencias C 484 y C 464 de 2020-
los tributos causados en la anualidad 2020 constituyeron situaciones jurídicas
consolidadas, protegidas por los principios de seguridad jurídica, buena fe y presunción
de constitucionalidad, de modo que para esa vigencia eran plenamente aplicables los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, independientemente de su posterior
inexequibilidad. Además, al no haberse otorgado efectos ex tunc a las sentencias de
constitucionalidad, los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 conservaron su validez y
ejecutoriedad hasta la ejecutoria del fallo, por lo que las situaciones jurídicas originadas
bajo su vigencia -incluida la contribución adicional 2020- seguían regidas por esas
disposiciones y no podían desconocerse so pretexto de la nulidad sobrevenida.
Es improcedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, porque la Corte
Constitucional ya había ejercido control abstracto sobre los artículos 18 y 314 de la Ley
1955 y había definido sus efectos temporales, reconociendo la consolidación de la
contribución en 2020 y 2021; por tanto, la administración debía sujetarse a esos fallos
y no podía inaplicar las normas tributarias vigentes mediante control difuso.
La Ley 1955 de 2019 fue promulgada el 25 de mayo de 2019, por lo cual, para la
vigencia 2020 la demandada estaba plenamente facultada para aplicar los artículos 18
y 314, pues una cosa es la causación del tributo (año 2020) y otra el uso de la
información de 2019 como referente para determinar la base gravable. Además, el
principio de irretroactividad -artículos 338 y 363 Constitución Política- es respetado, pues
el tributo recae sobre la vigencia 2020, en tanto que los datos de 2019 solo sirven como
insumo para el cálculo, práctica habitual en materia tributaria.
La contribución adicional aunque es anual, no es de periodo, porque: i) no depende de
hechos económicos ocurridos en un período gravable determinado, ii) el hecho
generador es la prestación de los servicios de inspección, control y vigilancia, y iii) la
base gravable toma como referencia los costos y gastos depurados del año anterior
como referente, sin incidir en hechos o situaciones previas a la ley.
Si bien el Consejo de Estado anuló el artículo 2 de la Resolución 20201000033335 de
2020, esa nulidad se circunscribe a un aspecto específico de la resolución y no invalidó
la liquidación y la obligación de pagar la contribución adicional por el año 2020.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
En auto del 28 de abril de 2024, se admitió14 el recurso de apelación y se otorgó el
plazo establecido en los numerales 4 a 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 para
que los sujetos procesales se pronunciaran al respecto. El demandante15 pidió
confirmar la sentencia porque no existe situación jurídica consolidada, la contribución
adicional es un tributo de periodo y la nulidad del artículo 2 de la Resolución
20201000033335 de 2020 produce efectos inmediatos sobre situaciones jurídicas no
consolidadas y comporta el decaimiento de los actos particulares que liquidaron la
contribución adicional de 2020, agregó que dicha tesis constituye precedente reiterado
de la Sección Cuarta en múltiples pronunciamientos. Por su parte, el Ministerio
14
Índice 011 de SAMAI de esta Corporación.
15
Índice 010 del expediente digital de esta Corporación.
5
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
Público16 solicitó confirmar la sentencia apelada al estimar que la situación jurídica de
la demandante no estaba consolidada y que la nulidad de la Resolución SSPD
20201000033335 de 2020 produjo el decaimiento del fundamento jurídico de los actos
demandados, los cuales además adolecen de falsa motivación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios que determinaron la contribución adicional del año
gravable 2020, a cargo de Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
corresponde establecer si las sentencias C 464 de 2020, C 484 de 2020 y C 147 de
2021 habilitaron el cobro de la contribución en la vigencia de 2020, con fundamento en
el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, por tratarse de una situación jurídica consolidada
y por cuanto la nulidad del artículo 2° de la Resolución SSPD 20201000033335 del 20
de agosto de 2020, no exime a los obligados del pago de la contribución.
En el presente asunto, se observa que la apelante considera que es procedente la
liquidación de la contribución adicional establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de
2019, al tratarse de una situación jurídica consolidada de ese tributo para el año 2020,
de acuerdo con los efectos señalados por la Corte Constitucional; y que si bien la
jurisdicción contencioso administrativa anuló el artículo 2 de la Resolución SSPD
20201000033335 de 20 de agosto de 2020, ello no invalida el acto liquidatorio, ni se
estima vulnerado el principio de retroactividad al haberse tomado la información de la
demandante del año 2019 -costos y gastos depurados del año anterior como referente-.
Además, no procede la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad respecto de
los artículos 18 y 314 de la citada ley.
Para resolver, la Sala reitera el criterio17 relacionado con la incidencia de la nulidad del
artículo 2 de la Resolución 20201000033335 de 2020 que preveía la base gravable
para la liquidación de la contribución especial y de la contribución adicional de la
vigencia 2020, que sirvió de fundamento para la expedición de los actos demandados
en el presente proceso, declarada en la sentencia de 26 de junio de 202418.
En ese sentido, se precisa que en la referida sentencia se indicó que la SSPD en la
Resolución 20201000033335 de 2020 fijó la base gravable de la contribución especial
y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019,
de tal modo que utilizó la información del año gravable anterior -2019-, y «no con
fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, como correspondía». Así las cosas,
siguiendo el precedente de la Sala en casos análogos, en vista de que la hoy
demandada liquidó la referida contribución con base en información -hechos- del mismo
año en el cual se expidió la citada Ley 1955 de 2019, es claro que se vulneró el principio
de irretroactividad tributaria.
16
Índice 011 del expediente digital de esta Corporación.
17
Sentencias de 19 de febrero de 2026, Exp. 30119, C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño; 27 de noviembre de 2025, Exp. 30403
C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño; 23 y 31 de octubre de 2025, Exps. 30140 y 29558, C.P. Wilson Ramos Girón; 28 de agosto
de 2025, Exp. 30151, C.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño; 6 de agosto de 2025, Exp. 30172, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello y de 13 de marzo de 2025, Exp. 29355 C.P. Milton Chaves García, entre otras.
18
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
6
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00246-01 (30918)
Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
En tales condiciones, como los actos acusados se fundamentaron en la Resolución
SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, se debe mantener lo determinado
por el a quo, pues la anulación de la señalada resolución produjo efectos inmediatos
que afectan las situaciones jurídicas no consolidadas, como ocurre en el caso y, por
tanto, no procede la liquidación del tributo a cargo de la demandante con fundamento
en una norma expulsada del ordenamiento jurídico.
Las razones expuestas son suficientes para confirmar la sentencia de primera
instancia.
Condena en costas
De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 de la Ley 1564
de 201219, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 201120, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre
de 2025, procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandada al
haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas sus
partes la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho
en un (1) SMMLV. Por lo tanto, se ordenará al tribunal el respectivo incidente de
liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo
366 de la Ley 1564 de 2012.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
2. Condenar en costas a la demandada en segunda instancia. En consecuencia,
ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.
3. Aceptar la renuncia al poder presentada por el abogado José Miguel Arango Isaza,
como apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de
conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1564 de 2012.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
19
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que conoce
ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte vencida
en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la discrecionalidad que
confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados».
20
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
7
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Demandante: Aguas de Manizales S.A. E.S.P.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
8
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