Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00331-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00331-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2022-00331-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad
Radicación 25000-23-37-000-2022-00331-01 (31206)
Demandante ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE
COLOMBIA ASOBANCARIA.
Demandado MUNICIPIO DE NILO, CUNDINAMARCA
Temas Impuesto de alumbrado público. Estudio de legalidad de acto
administrativo derogado. Estudio técnico de referencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 21 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección A, que resolvió1:
PRIMERO. ANULAR el artículo 5º del Acuerdo No. 25 del 28 de diciembre de 2017, que modificó
el artículo 46 del Acuerdo 014 del 30 de diciembre de 2014, expedido por el Concejo
Municipio (sic) de Nilo, en lo relativo a la tarifa del impuesto de alumbrado público, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONDÉNASE en costas a la parte vencida (parte demandada), en (1) SMLMV de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva. En consecuencia, ordénese al Secretarío
(sic) de la Sección Cuarta de esta Corporación tramitar el respectivo incidente de liquidación
de costas (agencias en derecho), conforme a las reglas previstas en el art. 366 del CGP.
[...]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante el acuerdo 014 del 30 de diciembre de 2014, el Concejo Municipal de Nilo
expidió el Estatuto de Rentas Municipal, el cual reguló el impuesto de alumbrado
público en los artículos 41 a 48.
Luego, con el artículo 5 del acuerdo 025 del 28 de diciembre de 2017, la entidad
territorial modificó las tarifas del citado tributo previstas en el artículo 46 del acuerdo
014 de 2014.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
(ASOBANCARIA) formuló las siguientes pretensiones2:
1
Samai del tribunal, índice 32, páginas 15 y 16.
2
Samai del Tribunal, índice 2, 3_ED_DEMANDAY_PDFDEMANDAYANEXO(.pdf) NroActua 2, páginas 1 a 2.
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00331-01 (31206)
Demandante: ASOBANCARIA.
Se declare la nulidad parcial del artículo 46 del Acuerdo 014 del 30 de diciembre de 2014,
(Modificado por el Acuerdo No. 25 del 28 de diciembre de 2017) expedido por el Concejo
Municipio de Nilo, cuyo texto se transcribe a continuación, destacando la parte de la disposición
cuya nulidad se demanda:
“ARTÍCULO 46. – TARIFA- Establecer las tarifas para el cobro del impuesto de alumbrado
público, en el municipio de Nilo, de la siguiente forma:
1.- El 5%, sobre el valor de consumo de energía, como impuesto de alumbro (sic) público, para
los sectores urbano, rural y centros poblados, cuyo uso sea residencial, comercial e
industrial.
2.- La entidad que suministre la energía en bloque, se compromete a recaudar y consignar al
Municipio de Nilo, dentro d ellos (sic) primeros cinco (05) días del mes siguiente al del
recaudo, el impuesto de alumbro (sic) público, equivalente al 5% que se liquidara sobe el
valor de lo fracturado (sic) por consumo de energía, a los usuarios que se encuentren
matriculados ante la empresa y que correspondan a la jurisdicción del municipio de Nilo
sector urbano, rural y centros poblados. Cobro que se realizará mensualmente.
3.- Los predios urbanizados no edificados y los Urbanizables no Urbanizados cancelaran un 6%
anual liquidado sobre el valor del impuesto predial. Cobro que se realizará con el pago del
Impuesto Predial Unificado.
4.- El sector público u oficial cancelará el 6% sobre el consumo de energía eléctrica.
5.- El Sector no Regulado cancelará 3 SMLMV. Cobro que se realizará mensualmente.
PARÁGRAFO PRIMERO: Se excluyen del cobro del impuesto de alumbrado público, todos los
inmuebles predios y/o edificaciones de propiedad a cargo de la administración municipal de
Nilo Cundinamarca; también se excluye del cobro del impuesto alumbrado público a los
estratos 1 y 2 del sector rural.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Adicional a las tarifas antes mencionadas, se aplicarán las
siguientes: (…)
C.-) (sic) ENTIDADES FINANCIERAS Y/O BANCARIAS: Establézcase para las personas naturales o
jurídicas de estas características que estén situadas en la Jurisdicción del Municipio de Nilo
Cundinamarca, bien sea con oficina abierta o por corresponsal, agencia y/o otra forma de la
prestación de estos servicios, el impuesto de alumbrado público mensual equivalente a un
(1) salario mínimo vigente, por cada razón social que se encuentre funcionando. (…).
Invocó como normas violadas los artículos 287 (numeral 3) y 313 (numeral 4) de la
Constitución Política; y 351 de la Ley 1819 de 2016.
El concepto de la violación se resume a continuación:
De manera preliminar resaltó que, aunque las entidades territoriales gozan de
autonomía fiscal, esta no es absoluta, pues se encuentra subordinada a la
Constitución y a la ley. En tal virtud, están obligadas a ceñirse a los límites
establecidos en la ley respecto de los elementos esenciales de la tributación3, entre
los cuales se encuentra la tarifa.
A su vez, señaló que el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 impuso como requisito
para determinar el valor a recaudar por concepto del impuesto de alumbrado
público, que los municipios cuenten con un estudio técnico de referencia para la
determinación de los costos de la prestación del servicio de alumbrado público, con
base en el cual se establece la tarifa.
Alegó que el Municipio de Nilo no cuenta con estudio técnico de referencia de
determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, hecho
que consideró probado con la respuesta a un derecho de petición presentado por la
3
Invocó sentencias del Consejo de Estado del 22 de marzo de 2012, exp. 18842 y del 9 de agosto de 2018, exp. 22071.
De la Corte Constitucional, refirió apartados de la sentencia C-517 de 1992, C-004 de 1993, C-070 de 1994, C-084 de
1995, C-335 de 1996, y C-232 de 1998.
2
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00331-01 (31206)
Demandante: ASOBANCARIA.
demandante. Señaló que dicho estudio constituye un requisito legal previo para
determinar el valor del impuesto a recaudar y, por tanto, para establecer
válidamente la tarifa.
Oposición de la demanda
El Municipio de Nilo controvirtió las pretensiones, para lo cual advirtió que carece
de sentido y utilidad debatir sobre la nulidad parcial de la norma demandada, toda
vez que, al momento de contestar la demanda, se encontraba derogada por el
acuerdo 026 del 30 de diciembre de 2022, por lo que se incurre en carencia actual
de objeto4.
En relación con los hechos de la demanda, el ente territorial negó que la ausencia
del estudio técnico tuviera el alcance planteado por la actora, porque para la fecha
de expedición del acuerdo 014 de 2014 no se exigía la realización del estudio
técnico de referencia de determinación de costos del servicio de alumbrado público.
Señaló que la obligación de elaborar dicho estudio fue introducida posteriormente
por la Ley 1819 de 2016 y que, en cumplimiento de esa normativa, el Concejo
Municipal de Nilo expidió el acuerdo 026 de 2022, que ya cuenta con el
correspondiente estudio técnico, publicado en la página web de la entidad territorial.
También puso de presente que el acuerdo 014 de 2014 y el acuerdo 025 de 2017
fueron expedidos con anterioridad a la regulación expedida por el Ministerio de
Minas y Energía relacionada con la realización del estudio técnico (Decreto 943 de
2018), conforme lo dispuesto por el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016.
Como excepciones de mérito, propuso i) la imposibilidad de acudir al medio de
control de nulidad contra actos administrativos expresamente derogados, ii) la
carencia actual de objeto y iii) la existencia de un hecho superado, los cuales
reiteraron según lo expuesto previamente. Adicionalmente, iv) planteó la excepción
genérica, con la cual solicitó que se reconociera de oficio cualquier excepción que
resultara probada en el proceso, conforme al artículo 282 del Código General del
Proceso.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, anuló
el artículo 5 del acuerdo 025 del 28 de diciembre de 2017 del Concejo Municipal de
Nilo, que modificó el artículo 46 del acuerdo 014 de 2014, que regula la tarifa del
impuesto de alumbrado público, y condenó en costas al municipio demandado,
conforme a los siguientes argumentos5:
En cuanto a la carencia actual de objeto, el Tribunal precisó que si bien la norma
demandada había sido derogada por el acuerdo 026 de 2022, su derogatoria no
impedía emitir una decisión de fondo. Con fundamento en jurisprudencia del
Consejo de Estado6, señaló que la derogatoria de un acto administrativo no afecta
su validez y que la jurisdicción puede pronunciarse sobre actos derogados, porque
estos pudieron producir efectos durante su vigencia o incidir en situaciones jurídicas
no consolidadas.
4
Samai del Tribunal, índice 14, 17_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACIONDEMANDA(.zip) NroActua 14
5
Samai del Tribunal, índice 32, 43Sentencia_Sentencia_SN_0002022(.pdf) NroActua 32
6
En apoyo, citó providencias de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, del 29 de abril de 2021, exp. 25056, M.P. Myriam
Stella Gutiérrez Argüello; del 8 de marzo de 2019, exp. 22290, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 14 de noviembre
de 2019, exp. 20930, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 24 de julio de 2020, exp. 21206, M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez; del 18 de marzo de 2021, exp. 23727, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; y auto del 9 de diciembre de
2019, exp. 20498, M.P. Milton Chaves García.
3
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Demandante: ASOBANCARIA.
Superado lo anterior, el tribunal realizó consideraciones generales del poder
tributario del Congreso de la República, conforme al artículo 338 de la Constitución,
y de las entidades territoriales, según los artículos 300-4 y 313-4 superiores, de las
cuales destacó que las asambleas y concejos pueden decretar tributos, pero solo
de conformidad con la Constitución y la ley7. Así, afirmó que los concejos
municipales pueden establecer porcentajes o tarifas del impuesto únicamente si
respetan las directrices legales, pues ello garantiza la coherencia del sistema
tributario y preserva el principio de legalidad8.
Invocó la sentencia de unificación de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del
6 de noviembre de 20199, de lo cual destacó que las tarifas pueden expresarse en
porcentajes fijos, proporcionales o progresivos, pero en todo caso deben ser
razonables y proporcionales respecto del costo de prestación del servicio a la
comunidad. También resaltó que dicho costo debe determinarse conforme a la
metodología establecida por la autoridad competente y que el municipio no puede
recuperar de los usuarios más de lo que paga por el servicio, incluida su expansión
y mantenimiento.
El tribunal hizo un recuento normativo del impuesto de alumbrado público. En esa
línea, destacó que, a partir del artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, los municipios
y distritos deben considerar como criterio de referencia el valor total de los costos
estimados de prestación en cada componente del servicio y realizar un estudio
técnico de referencia de determinación de costos, conforme a la metodología que
dicte el Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada.
Manifestó que la norma fue declarada exequible por la sentencia C-130 de 2018 de
la Corte Constitucional, ya que no vulnera la autonomía territorial ni el principio de
legalidad tributaria, pues constituye un parámetro general dirigido a armonizar el
cobro del impuesto, evitar abusos y sobrecostos, y asegurar que los municipios fijen
las tarifas dentro de criterios técnicos, razonables y proporcionales.
Al descender al caso concreto, el tribunal reconoció que, cuando el Municipio de
Nilo expidió el acuerdo 014 de 2014, aún no existía en el ordenamiento la exigencia
legal del estudio técnico de referencia, pues esta surgió con el artículo 351 de la Ley
1819 de 201610.
No obstante, advirtió que el artículo 353 de la misma ley previó un periodo de
transición de un año para que los municipios y distritos ajustaran sus acuerdos a la
nueva regulación. Con fundamento en ello, consideró que el acuerdo 025 del 28 de
diciembre de 2017, mediante el cual se modificó el artículo 46 del acuerdo 014 de
2014 y se estableció un nuevo régimen tarifario del impuesto de alumbrado público,
sí debía observar la exigencia del estudio técnico de referencia.
Pese a ello, encontró probado que el municipio de Nilo no contó con dicho estudio
al modificar la tarifa, circunstancia acreditada con la respuesta dada a un derecho
de petición obrante en el expediente, lo que violó los principios de legalidad,
potestad tributaria y límites constitucionales a la autonomía fiscal, al desconocer el
artículo 351 de la Ley 1819 de 2016.
7
Refirió sentencia del Consejo de Estado, del 7 de mayo de 2008, proceso n.° 25000-23-37-000-2003-01802-02 (15906)
M.P. María Inés Ortiz Barbosa.
8
Citó la sentencia C-035 de 2009 de la Corte Constitucional, sobre los límites de la potestad tributaria territorial.
9
Exp. 23103.
10
Destacó apartados de la sentencia C-130 de 2018 que declaró constitucional el artículo 351 de la Le 1819 de 2016, al
estimar que «la intervención del Ministerio y la CREG en la fijación de metodologías técnicas no implica una invasión
desproporcionada de la autonomía financiera territorial, sino una regulación complementaria y subordinada que asegura
la correcta aplicación del impuesto conforme a los principios constitucionales».
4
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Demandante: ASOBANCARIA.
Finalmente, el tribunal condenó en costas a la entidad territorial demandada, para
lo cual invocó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 23 de
septiembre de 202511 y el artículo 365 del Código General del Proceso, según los
cuales procede condenar en costas a la parte vencida. Conforme a lo anterior, tasó
las agencias en derecho en 1 SMLMV.
Recurso de apelación
El Municipio de Nilo solicitó revocar en todas sus partes la sentencia de primera
instancia12 y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, conforme a los
siguientes argumentos:
Indicó que las disposiciones acusadas no producen ningún efecto jurídico, debido a
que el artículo 46 del acuerdo 014 del 30 de diciembre de 2014, modificado por el
artículo 5 del acuerdo 025 del 28 de diciembre de 2017, fue expresamente derogado
por el acuerdo 026 del 30 de diciembre de 2022.
Posteriormente, la apelante sostuvo que los acuerdos demandados «fueron expedidos
con anterioridad a la regulación efectuada por el Ministerio de Minas y Energía, la cual estableció la
obligatoriedad de realizar el estudio técnico de referencia de determinación de costos estimados para
la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351
de la Ley 1819 de 2016»13. Alegó que, en cumplimiento de lo anterior, elaboró y publicó
en la página web de la entidad territorial el correspondiente estudio técnico de
referencia y, con fundamento en este, expidió el acuerdo 026 de 2022, mediante el
cual modificó la regulación anterior y derogó las disposiciones que le fueran
contrarias.
Finalmente, insistió en que no tiene sentido ni utilidad práctica debatir sobre la
legalidad de los actos acusados, por cuanto fueron derogados, lo que configura una
carencia actual de objeto. Para sustentar este planteamiento, expuso el desarrollo
cronológico de los acuerdos demandados, para insistir en que la derogatoria de las
disposiciones acusadas dio lugar a un hecho superado, por cuanto los actos
administrativos demandados fueron retirados del ordenamiento jurídico mediante el
acuerdo 026 de 2022, apoyando esta conclusión en los argumentos de defensa
expuestos desde la contestación de la demanda y en las pruebas allegadas al
proceso.
Oposición al recurso de apelación
La parte demandante guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó14 confirmar la sentencia recurrida, al advertir que el
artículo 351 de la Ley 1819 de 2016 introdujo la obligación de elaborar un estudio
técnico de referencia de determinación de costos del servicio para fijar las tarifas
del impuesto de alumbrado público. A su juicio, dicho requisito busca garantizar que
las tarifas sean razonables, proporcionales y acordes con el costo real del servicio,
y constituye presupuesto necesario para la validez de los actos administrativos que
fijan dichas tarifas.
11
Exp. 28292, M.P. Wilson Ramos Girón.
12
Samai del Tribunal, Índice 31, 45_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 35
13
Ibídem, página 4.
14
Samai, Índice 11, Memorial_JCU_10Concepto(.pdf) NroActua 11
5
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Demandante: ASOBANCARIA.
Señaló que el Concejo Municipal de Nilo modificó las tarifas del impuesto de
alumbrado público mediante el acuerdo 025 de 2017, esto es, con posterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016. No obstante, el municipio no realizó
el estudio técnico exigido por el artículo 351 de dicha ley al momento de fijar las
tarifas, lo que comportó un desconocimiento directo de la normativa aplicable.
Frente al argumento del municipio sobre la expedición posterior del acuerdo 026 de
2022, indicó que dicha regulación no subsana la ilegalidad de los actos
demandados, toda vez que la validez de los actos administrativos debe analizarse
conforme a las normas vigentes al momento de su expedición.
Además, sostuvo que la derogatoria posterior de las disposiciones acusadas no
impide el control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, dado que los actos pudieron producir efectos jurídicos mientras
estuvieron vigentes.
En cuanto al principio de legalidad tributaria, señaló que el artículo 338 de la
Constitución exige que los elementos esenciales del tributo sean definidos por la ley
o conforme a los criterios establecidos por esta. En consecuencia, consideró que,
al fijar las tarifas sin contar con el estudio técnico exigido por la Ley 1819 de 2016,
el municipio de Nilo desconoció los parámetros legales para la determinación del
tributo.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección estudiar la legalidad del artículo 46 del acuerdo 014 del
30 de diciembre de 2014, modificado por el acuerdo 025 del 28 de diciembre de
2017, expedido por el Concejo Municipal de Nilo, Cundinamarca, en cuanto a la
regulación dispuesta respecto de las tarifas aplicables al impuesto de alumbrado
público.
En concreto, corresponde a la sala determinar: i) si la derogatoria de las
disposiciones acusadas impide pronunciarse de fondo sobre la legalidad de los
actos administrativos, y, ii) de resolverse negativamente lo anterior, si el hecho de
que el acuerdo 025 de 2017 sea anterior a la reglamentación del Ministerio de Minas
y Energía incide en la obligación de realizar un estudio técnico de referencia.
Análisis del caso concreto
La parte apelante aseguró que el estudio de legalidad del artículo 46 del acuerdo
014 de 2014, modificado por el artículo 5 del acuerdo 025 de 2017, carecía de objeto
por hecho superado, porque esas disposiciones fueron derogadas por la expedición
del acuerdo 026 de 2022, el cual fue expedido previa elaboración de un estudio
técnico de referencia publicado en la página web de la entidad.
Para decidir sobre este punto, basta con señalar que ha sido criterio reiterado de
esta Sección que es procedente estudiar la legalidad de disposiciones y
reglamentos derogados, porque, mientras estuvieron vigentes, produjeron efectos
jurídicos que pueden afectar situaciones jurídicas particulares15.
15
En este sentido, ver la sentencia del 19 de febrero de 2026, exp. 29743, M.P. Wilson Ramos Girón; reiterada en el fallo
del 7 de mayo de 2026, exp. 30127, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
6
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Demandante: ASOBANCARIA.
En consecuencia, el hecho de que el acuerdo 026 de 2022 haya derogado las
disposiciones acusadas no da lugar a que se configure una carencia actual de objeto
por hecho superado, ni impide estudiar de fondo los cargos de nulidad propuestos.
Este cargo de la apelación no prospera.
De otro lado, la apelante afirmó que el a quo no tuvo en cuenta que los actos
acusados fueron expedidos con anterioridad a la regulación expedida por el
Ministerio de Minas y Energía que, de conformidad con el artículo 351 de la Ley
1819 de 2016, estableció la obligatoriedad de realizar el estudio técnico de
referencia para determinar los costos estimados para la prestación del servicio de
alumbrado público.
Con el fin de resolver este punto, se debe tener en cuenta que la Ley 1819 de 2016
estableció un límite cualitativo al poder tributario de los municipios para determinar
el régimen tarifario del impuesto de alumbrado público. De ahí que, como lo indicó
esta sala en sentencia del 20 de junio de 202416, con esta norma legal «se reconfiguró
el impuesto de alumbrado público».
Así se deriva de la exposición de motivos del proyecto de ley que dio lugar a la
norma referida, donde se explicó que la falta de definición de los elementos de este
tributo ha generado una problemática, lo cual hizo «indispensable definir reglas claras y
límites para su cobro a los sujetos pasivos, garantizando la continuidad de la financiación y la
prestación del servicio de alumbrado público en todos los municipios del país» 17. De este modo,
la ley tuvo la finalidad de definir los elementos del tributo para «asegurar una aplicación
uniforme del impuesto en todo el país y simplificar el cumplimiento de esta carga tributaria por parte
de los sujetos pasivos»18.
Esta finalidad del legislador fue expuesta por la Corte Constitucional, en la sentencia
C-130 de 2018, donde indicó que la nueva regulación «tuvo como finalidad la de armonizar
el cobro de las tarifas de parte de los municipios y distritos, para que existiera homogeneidad en las
tarifas, no se presentaran sobrecostos en las [sic] prestación del servicio y desigualdad en el cobro
de este impuesto ya que según el legislador desde la ley 97 de 1913 no se ha podido regular el
hecho generador, los sujetos pasivos, la base gravable y la tarifa de este impuesto, dando lugar a
distintas problemáticas que impactan en la eficiencia de la prestación del servicio público».
Atendiendo esta finalidad del legislador, el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 se
refirió a los elementos del impuesto de alumbrado público, y en su parágrafo 2
dispuso que:
«Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Gobierno
nacional reglamentará los criterios técnicos que deben ser tenidos en cuenta en la
determinación del impuesto, con el fin de evitar abusos en su cobro, sin perjuicio de la
autonomía y las competencias de los entes territoriales.».
A su vez, el artículo 351 ibídem dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 351. Límite del impuesto sobre el servicio de alumbrado público. En la determinación
del valor del impuesto a recaudar, los municipios y distritos deberán considerar como criterio
de referencia el valor total de los costos estimados de prestación en cada componente de
servicio. Los Municipios y Distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de
determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad
con la metodología para la determinación de costos establecida por el Ministerio de Minas y
Energía, o la entidad que delegue el Ministerio [subraya la Sección].
16
Exp. 27941, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
17
Gaceta del Congreso 894 del 19 de octubre de 2016, página 140.
18
Ibídem.
7
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Demandante: ASOBANCARIA.
De acuerdo con la norma transcrita, la obligación de efectuar el estudio técnico está
sometida a una condición: la implementación de la metodología por parte del
Ministerio de Minas y Energía o la entidad delegada por dicha autoridad.
Ahora, con base en esta disposición legal, el Gobierno Nacional profirió el Decreto
943 de 2018, cuyo artículo 919 fijó los «[criterios] técnicos para la determinación del impuesto
de alumbrado público». En cuanto a la metodología aplicable, dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 10. Modifíquese el artículo 2.2.3.6.1.8 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, el cual quedará así:
"ARTÍCULO 2.2.3.6.1.8. Metodología para la determinación de los costos por la prestación del
servicio de alumbrado público. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 1819
de 2016, para la determinación del valor del impuesto a recaudar, los municipios y distritos
deberán considerar como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de
prestación en cada componente de servicio. Los Municipios y Distritos deberán realizar un
estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación del servicio de
alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos que
establezca el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue dicho Ministerio,
pudiendo recaer dicha delegación en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
La determinación de los costos por la prestación del servicio de alumbrado público deberá
tener en cuenta, entre otros los siguientes aspectos:
[…]
PARÁGRAFO. Mientras el Ministerio de Minas y Energía o la entidad que para estos efectos sea
delegada, no establezca la metodología para la determinación de los costos por la prestación
del servicio de alumbrado público, se seguirá aplicando la metodología establecida en la
Resolución CREG 123 de 2011 y todas aquellas Resoluciones que la modifiquen, adicionen o
complementen que para los efectos se entienden vigentes" [subraya la sala].
Como se observa, esta norma i) reiteró que los municipios deberán elaborar el
estudio técnico de referencia con base en la metodología que, para el efecto, habría
de definir el Ministerio de Minas y Energía o su delegada, que podría ser la Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG); y ii) señaló que, mientras fuera expedida
la metodología por alguna de las autoridades referidas, las entidades territoriales
deberían elaborar el referido estudio con base en la metodología establecida en la
resolución CREG 123 de 2011.
Con base en la autorización dispuesta en la ley y en el reglamento, el Ministerio de
Minas y Energía, mediante la resolución 41066 de 201820, delegó a la CREG la labor
de establecer la metodología para la determinación de costos por la prestación del
servicio de alumbrado público, para lo cual previó que aplicaría los parámetros
señalados en el Decreto 943 de 2018.
Por lo anterior, la CREG profirió la resolución 101 013 del 29 de abril de 202221 «Por
la cual se establece la metodología para la determinación de costos máximos por la prestación del
servicio de alumbrado público», que en el artículo 45 derogó la resolución CREG 123 de
2011.
Ahora, de lo anterior, la Sección advierte que, antes de la expedición del Decreto
943 de 2018, no existía una metodología establecida por el Ministerio de Minas y
Energía o su delegada para la elaboración del estudio técnico de referencia, tal
19
Que modificó el artículo 2.2.3.6.1.7 del Decreto 1073 de 2015.
20
Este acto administrativo puede consultarse en la página web de la CREG, mediante el siguiente enlace:
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_41066_2018.htm#Inicio.
21
Este acto administrativo también puede consultarse en la página web de la CREG, mediante el siguiente enlace:
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_101-13_2022.htm.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-37-000-2022-00331-01 (31206)
Demandante: ASOBANCARIA.
como lo exigía expresamente el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016. Esto es así,
en tanto que i) la CREG únicamente expidió una metodología por delegación del
Ministerio en el año 202222 y ii) antes del inicio de la vigencia del parágrafo del
artículo 10 del Decreto 943 de 2018 no existía ninguna norma que ordenara a las
entidades territoriales que aplicaran la metodología de la resolución CREG23 123 de
2011 en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 351.
Precisado lo anterior, para el caso bajo examen, se observa que el artículo 5 del
acuerdo 025 de 2017 fue proferido con anterioridad a la emisión del Decreto 943 de
2018, tal como lo indicó la apelante, de modo que no era exigible la obligación de
elaborar un estudio técnico de referencia previo a su expedición en los términos
dispuestos en el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016.
Se aclara que esto no impide que algún interesado demuestre que las tarifas del
impuesto de alumbrado público dispuestas en el acuerdo 025 de 2017 resulten
desproporcionadas o irrazonables, pero este aspecto no podrá ser objeto de análisis
en este caso, pues no constituye un cargo de nulidad propuesto por la demandante,
en virtud del principio de justicia rogada.
Por lo tanto, este cargo de la apelación sí está llamado a prosperar. En
consecuencia, la Sección revocará la sentencia de primera instancia íntegramente
y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
Costas
Esta Sección no impondrá condena en costas en ninguna instancia, porque en este
proceso se ventiló un asunto de interés público, en tanto que la demanda fue
presentada en ejercicio del medio de control de nulidad, según lo prevé el artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia del 21 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección A, y en su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.
2. SIN CONDENA en costas en ambas instancias.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
Cúmplase.
22
En este sentido, ver el auto de sala del 6 de agosto de 2025, exp. 30351, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, que llegó
a una conclusión similar al momento de decidir sobre una medida cautelar de suspensión provisional de un acuerdo que
regulaba las tarifas del impuesto de alumbrado público.
23
En este mismo sentido, el auto de sala del 19 de febrero de 2026, exp. 30965, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, que
decidió sobre una medida cautelar de suspensión provisional de un acuerdo que regulaba las tarifas del impuesto de
alumbrado público.
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00331-01 (31206)
Demandante: ASOBANCARIA.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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