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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00427-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00427-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas al demandante en esta instancia, a cuyos efectos, se fijan las agencias en derecho en un salario mínimo a la ejecutoria de esta providencia. En 11 Sentencia del 23 de septiembre de 2025, exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón, 12 Sentencia del 23 de septiembre de 2025,exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036) Demandante: Guillermo Fino Serrano. consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2022-00427-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

5 de marzo de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano
Demandada: DIAN

Temas: Renta 2016. Aplicación en el tiempo de las normas de firmeza (art. 277
de la Ley 1819 de 2016).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, decisión, que resolvió2:

Primero. Niéganse las pretensiones de la demanda; de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

Segundo. No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

(…)

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 322412021000039, del 21 de mayo de 2021,
la demandada modificó la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2016,
presentada por el demandante e impuso una sanción por inexactitud en el equivalente al
100% de la diferencia entre el saldo a pagar autoliquidado y el determinado oficialmente.
Lo anterior fue confirmado por medio de la Resolución 003902, del 20 de mayo de 2022.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones3:

(…) solicito se sirvan decretar la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) Liquidación oficial de revisión 322412021000039 de 21 de mayo de 2021.

b) Resolución número 003902 (20 mayo 2022) por la cual se resuelve un recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial de revisión contra la liquidación oficial revisión 322412021000039 de 21
de mayo de 2021.

1
Samai CE, índice 4, certificado E3A0933F04590AFF 207FA4A5E8056CDB 052F8FB75BC68016 4EBAC1627FA7F998 (pdf), p. 1.
2
Samai tribunal, índice 30, certificado 2EA7AE6BFD67960E 7654192D9654BF09 3A420D629CD181EF 5E42C03714E1794D (pdf), pp. 21
3
Samai tribunal, índice 8 certificado E9432D41EEBA2CC5 643EF8EA05CED90A 2B52E8169218315B 17A30CC507307538 (pdf) p 1 a 26.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

c) Que se declare en firme la declaración de renta año 2016 presentada por el contribuyente
Guillermo Fino Serrano, identificada con el formulario 1112300262281 y radicado número
51797060178281.

Invocó como vulnerados los artículos 29, 338 y 363 de la Constitución; 264 y 714 del ET
(Estatuto Tributario); 64 de la Ley 223 de 1995; 137 del CPACA; y 113 de la Ley 1955 de
2019, bajo el siguiente concepto de violación4:

-La DIAN expidió un requerimiento especial y una liquidación oficial contra una liquidación
privada que legalmente estaba en firme, por lo que no es legalmente procedente el
proceso de determinación oficial. Planteó que los anteriores actos administrativos fueron
emitidos cuando había operado la firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta
del período 2016. Esto por cuanto el término de firmeza era de dos años, puesto que la
Ley 1819 de 2016 que amplió dicho término a tres años, no le aplicaba a las declaraciones
de 2016.

A los efectos anteriores, señaló que para definir en qué momento entraba a regir una
norma sobre tributos debían considerarse aspectos atinentes a si la norma beneficiaba
al contribuyente, si versaba sobre un impuesto de periodo y si la disposición que afectaba
el proceso de determinación oficial del tributo podía aplicarse retroactivamente. Al
respecto planteó que acorde con los artículos 338 y 363 constitucionales, la nueva ley
rige para el período siguiente, salvo que esta le sea favorable al contribuyente, pues la
Corte Constitucional, en sentencia C-686 de 2011, señaló la posibilidad de aplicar la
regulación modificatoria para el período gravable en curso, cuando beneficia al
contribuyente, posición jurisprudencial justa y equitativa. A contrario sensu «la modificación
del término de firmeza de una declaración, a dos días de terminar un año fiscal, no puede aplicarse de
manera retroactiva entendiéndose que la misma pone en condiciones de desventaja al contribuyente »,
por cuanto se varia el plazo de firmeza sobre el cual se estructuró el cumplimiento de una
obligación sustancial y, además, la nueva disposición expedida disminuyó la oportunidad
del contribuyente para corregir su autoliquidación respecto del poder de la Administración
para revisarla en tres años (sentencia C-430 de 2009).

Afirmó que, según la DIAN, la modificación legal, de aplicación retroactiva, vulneraba el
derecho de defensa y el debido proceso. Por ello, esa entidad estableció, mediante el
Concepto 014116, del 25 de julio de 2017, que los términos de firmeza regirían para
aquellas declaraciones presentadas a partir del año 2017.

Si bien, dicha posición fue modificada por la DIAN el 11 de noviembre de 2018 con la
finalidad de aplicar retroactivamente el nuevo plazo de firmeza de la Ley 1819 de 2016,
olvidó que si el contribuyente actuó bajo la vigencia de un concepto determinado, los
cambios interpretativos posteriores de la autoridad no pueden ser aplicados de forma
retroactiva, conforme lo ha señalado la propia DIAN; en apoyo de ello, transcribió apartes
de unos conceptos de la demandada sobre la vigencia de los conceptos (entre estos,
identificó el Oficio 022324 del 31 de julio de 2015). Seguidamente, adujo que, aunque la
Ley 1943 de 2018 derogó expresamente el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 -que
establecía que las actuaciones surtidas a su amparo, no podían ser objetadas por la
Administración-, lo cierto era que en el texto definitivo aprobado en sesión plenaria del
18 de diciembre de 2018 se incluyó un artículo nuevo, según el cual, los conceptos de la
DIAN constituían doctrina oficial obligatoria para los funcionarios, con la salvedad de que
los contribuyentes solo podían sustentar sus actuaciones en la ley.

4
Samai tribunal, índice 8 certificado E9432D41EEBA2CC5 643EF8EA05CED90A 2B52E8169218315B 17A30CC507307538 (pdf) p 1 a 26.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

A partir de lo anterior, estimó que no se modificó el carácter obligatorio de los conceptos,
que desde el año 1995 habían tenido, pues los funcionarios debían acatarlo y, en todo
caso, los contribuyentes podían invocarlos y exigir a la autoridad su aplicación. Así, para
el año 2016 estaba plenamente vigente el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, de modo
que quienes actuaron bajo su amparo, tenían claridad de que el término de firmeza de
dos años regía para las declaraciones presentadas por el año 2016.

Así, la DIAN no podía expedir una liquidación oficial aplicando un concepto de forma
retroactiva [concepto que modificó la posición sobre la aplicación del nuevo término de
firmeza de la Ley 1819 de 2016] 5, porque esto estaba prohibido por la ley 223 de 1995,
artículo 264. De modo que una actuación así sería abiertamente ilegal, contravendría los
conceptos de la propia entidad e incurriría en una vía de hecho administrativa (sobre este
tema, reprodujo apartes de la sentencia T-892 de 2014). Igualmente, la expedición del
acto demandado «eliminaría» el principio de seguridad jurídica -que se basa en la certeza
del derecho- seguido de lo cual, aludió en extenso a su alcance.

-La liquidación oficial está basada en un requerimiento especial expedido por la DIAN
que por su extemporaneidad no se ajusta al ordenamiento legal contenido en el ET.
Reiteró que según la regla del artículo 714 del ET, vigente para la declaración de renta
2016, las declaraciones tributarias quedaban en firme a los dos años de haberse vencido
el plazo para presentar la declaración de renta, si esta fue oportuna, de modo que el
requerimiento especial debió ser notificado antes de ese plazo, pues de lo contrario la
declaración no podía ser modificada. Así, el requerimiento especial debió notificarse el
10 de octubre de 2019, pues el plazo no fue suspendido con un emplazamiento para
declarar o una inspección tributaria; de modo que el acto previo, proferido por la
declaración de renta 2016 fue extemporáneo, pues la declaración estaba en firme.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que el término de firmeza era de tres
años, lo que no se ajusta a las normas vigentes para la época, el requerimiento especial
debió ser expedido «a más tardar el 10 de octubre de 2020». Luego, afirmó que solo hasta
diciembre 03 de 2020 la demandada decidió trasladar las pruebas de un expediente
correspondiente a una investigación adelantada al contribuyente Sepecol y, solo siete
días después decidió proferir el acto preparatorio, el cual fue extemporáneo, sin siquiera
contemplar la posibilidad de generar un emplazamiento para corregir que, aunque
discrecional «se había fijado como política para el período 2016 por los problemas de interpretación
jurídica, sobre la firmeza de las declaraciones del año 2016».

Manifestó que el requerimiento especial incurrió en falsa motivación al aducir que por
haber presentado oportunamente la declaración de renta del período 2016 se estaba
dentro del término legal de los tres años para proferirlo, lo que era falso porque «el termino
de firmeza de dicha declaración venció en octubre de 2019».

-El requerimiento especial expedido, está viciado de nulidad formal y material.
Considerando lo previsto en el artículo 137 CPACA y la sentencia del 10 de febrero de
2011 -que señaló como emitida por la Sección Segunda de esta corporación [sin
identificar datos de la providencia]-, adujo que el requerimiento especial estaba viciado
por infracción de las normas en que debía fundarse, falta de competencia, falsa
motivación y desviación de las atribuciones del funcionario que lo expidió. Al respecto,
explicó que la demandada consideró que fueron inexistentes los pagos que le hizo la
sociedad Sepecol, al presionar a esta compañía a corregir sus declaraciones de IVA y de
renta del año gravable 2016, con lo cual, pese a la realidad contable y contractual, esa
empresa eliminó los gastos declarados como si no hubiese incurrido en ellos.
5
Señaló el artículo 64; sin embargo, el contexto permite inferir que la referencia es al artículo 264 de la Ley 223 de 1995.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

Expuso que lo anterior le produjo un conflicto contractual con la mencionada sociedad,
que le exigió reintegrar lo pagado. Al respecto, citó un escrito de Sepecol que
presuntamente le dirigió a la demandada, mediante el cual le explicaba los pagos
efectuados con ocasión de un contrato suscrito con el actor, como abogado de esa
sociedad, precisando que el representante legal daba fe de la prestación del servicio
contratado y que aportaba certificación del actor sobre la ejecución del servicio, su
denuncio tributario, la información en medios magnéticos con los ingresos percibidos de
la compañía contratante, el Rut y la resolución de facturación.

Pese a lo descrito, indicó que la demandada desconoció la realidad probatoria y objetó
el gasto. Agregó que la falsa motivación incurrida en el requerimiento especial se
producía porque los funcionarios ignoraron que la vinculación de un trabajador podía
hacerse mediante contrato de trabajo o de servicios; este último que aunque regido por
el ordenamiento civil o comercial era el más usual por parte de las empresas, al tener
amplia libertad contractual, siempre que no se violara la ley; mientras que en los contratos
laborales la ley imponía unos derechos mínimos irrenunciables e innegociables. En el
mismo sentido, adujo que la demandada en el requerimiento especial desconoció su
amplia trayectoria profesional -40 años- e idoneidad para haber efectuado asesoramiento
tributario a la sociedad Sepecol y, la presión ejercida a esta para que corrigiera sus
declaraciones condujo a dejar sin piso jurídico el pago que se le hizo y, como ya se
expuso, a pedirle el reintegro de los dineros.

Seguidamente afirmó: «[e]ste asunto [se refiere a lo anteriormente relatado] no se ve
planteado en el requerimiento especial, pero como es lo que finalmente ocurrió, estamos ante una falsa
motivación como soporte del requerimiento especial», en tanto, la Dirección Seccional de Grandes
Contribuyentes desconoció el gasto de Sepecol y la obligó a corregirlo a efectos
contables y fiscales, de modo que el pago que se le hizo dejó de existir: Sin embargo, la
Dirección Seccional de personas naturales, sin atender la fiscalización de la dependencia
de Grandes Contribuyentes, aseguró que el ingreso sí existió «y que eso generó la base de la
declaración de renta cuestionada», con lo cual se quebrantaba una regla lógica de que algo
pueda ser y no ser al mismo tiempo -principio de no contradicción-. A continuación, hizo
referencia a principios de la lógica aristotélica.

Reprochó que la Administración no le efectuó visitas para establecer su realidad fiscal ni
le hizo requerimientos para contestar preguntas o presentar pruebas, sino que sobre
inferencias no sustentadas le emitió un requerimiento especial y una liquidación oficial
sin soporte probatorio. Expresó que, a partir de un requerimiento ordinario, se trasladaron
pruebas sobre un falso supuesto, violatorio del principio de no contradicción «obligándolo
a corregir una declaración tributaria, solo porque sin fundamento alguno y por un revanchismo de unos
funcionarios, se le exige al contribuyente que corrija su declaración ». Manifestó que, por las
anotadas irregularidades, se violó el espíritu de justicia, la imparcialidad y el debido
proceso, «que desde el año 2019, fueron puestos en la ley para defender a los contribuyentes».

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora6, con los siguientes argumentos:

-En cuanto al primer problema jurídico, adujo que el requerimiento especial no fue
extemporáneo, en tanto, el término de tres años comenzó a contabilizarse el 10 de
octubre de 2017, de modo que la fecha límite sería, en principio, el 10 de octubre de
2020. Sin embargo, como el término fue suspendido por la emergencia sanitaria (entre el
19 de marzo y el 03 de abril), la nueva fecha límite «fue el 22 de diciembre de 2020». Entonces,

6
Samai tribunal, índice 16, certificado 7F9A351CD2599AAA 5ED90ACF4F44DC61 44893730A4A311C9 0C9F68F48B1A1A44 (pdf), pp. 1 a 13.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

como estaba demostrado que el requerimiento especial fue notificado el 11 de septiembre
de 2020, este fue tempestivo. Agregó que la demandante se equivocaba al alegar que el
plazo era de dos años según el Decreto 624 de 1989, y que no le aplicaba el término de
tres años de la Ley 1819 de 2016, pues ello desconocía que las leyes concernientes a la
ritualidad de los procesos prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir y, como la prenotada normativa era de procedimiento con carácter
ritual, empezaba a regir desde su publicación, para aquellos casos en los que no se había
iniciado la actuación. Así, no hubo extemporaneidad ni firmeza de la declaración.

-En cuanto al segundo problema jurídico. Defendió que los actos estuvieron debidamente
motivados, y le explicaron detalladamente al demandante la razón de la adición de
ingresos, activos, y del rechazo de costos, gastos y retenciones en la declaración de
2016. Precisó que la falsa motivación se configuraba cuando un acto se fundaba en
normas inexistentes, derogadas o con falsedad, lo que no ocurrió. Respecto de la
ausencia de valoración de las pruebas, advirtió que el demandante solo argumentó que
la Administración no fue congruente con sus ingresos y costos, y que se ejerció una
presión contra el contribuyente SEPECO, sin explicar esto en relación con su declaración,
ni allegar soportes que sustentaran su inconformidad.

Resaltó que el demandante no respondió el requerimiento especial, no discutió en el
recurso de reconsideración las glosas, ni allegó soportes, razón por la cual, estas se
entendieron aceptadas por el demandante.

Manifestó que, aunque existieran documentos formales como registros contables, lo
determinante era la realidad económica, probada por indicios, pruebas directas y cruce
con terceros. Añadió que el actor no desvirtuó las glosas que comprendía: adiciones de
activos e ingresos: (i) $179.236.000 en efectivo y bancos y otras inversiones; (ii)
$10.850.000 en ingresos brutos operacionales y (iii) $795.000 en activos fijos. Además,
de los siguientes rechazos: (iv) $264.755.000 en costos; (v) $42.037.000 en gastos de
administración; y (vi) $105.315.000 por retenciones en la fuente. Concluyó que se probó
la omisión de ingresos y los costos improcedentes, lo que afectó la legalidad de la
declaración.

-En cuanto al tercer problema jurídico. Señaló que, conforme a los artículos 647 y 648
del ET, se configuró inexactitud porque el actor omitió ingresos y declaró costos, gastos
y retenciones improcedentes, lo que derivó en un menor impuesto a pagar. Agregó que
no se trataba de una simple diferencia de criterios, sino que era clara la conducta
sancionable que no logró desvirtuar el demandante.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones de la demanda7. A tales efectos, señaló que el artículo
714 del ET, modificado por la Ley 1819 de 2016, extendió el plazo de firmeza de las
declaraciones de dos a tres años; norma que era de carácter procesal y no sustancial,
de ahí que rigiera desde el 29 de diciembre de 2016, fecha en que fue publicada la ley
en el Diario Oficial 50.101. Así, a la declaración del impuesto de renta del período 2016
que debió presentarse en el año 2017 le aplicaba el nuevo plazo de firmeza de tres años;
de modo que, la notificación del requerimiento especial fue tempestiva. Concretamente,
el vencimiento para declarar operaba el 10 de octubre de 2017, por lo que el término de
firmeza vencía el 10 de octubre de 2020 y como el requerimiento especial fue proferido
el 07 de septiembre y notificado el 11 de septiembre de 2020, se encontraba dentro del
término legal. Además, considerada la suspensión del plazo por pandemia, dicho término
7
Samai tribunal, índice 30, certificado 2EA7AE6BFD67960E 7654192D9654BF09 3A420D629CD181EF 5E42C03714E1794D (pdf), pp. 1 a 21.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

vencía el 11 de diciembre de 2020. En consecuencia, no operó la firmeza de la
declaración de renta 2016.

De otra parte, desestimó la argumentación atinente a que el Oficio 1543, del 11 de
diciembre de 2018, se hubiera aplicado retroactivamente, pues este solo acogió el
postulado legal de la aplicación de las normas procesales en el tiempo al señalar que los
nuevos términos consagrados en la Ley 1819 de 2016 eran aplicables a las declaraciones
presentadas a partir de su vigencia. Adicionalmente, al ser sometido tal acto a control
jurisdiccional, el Consejo de Estado8 determinó su legalidad, y precisó que su contenido
no transgredía el principio de confianza legítima ni la buena fe de los administrados.

Adicionalmente, advirtió que, si bien el demandante no había solicitado la nulidad del
requerimiento especial, si invocaba como cargo el vicio de nulidad formal y material de
dicho acto preparatorio; sin embargo, este no era susceptible de control de legalidad y,
por ello, no sería objeto de pronunciamiento; máxime cuando se profirieron los actos
demandados -liquidación oficial y la resolución que la confirmó-, respecto de los cuales
solo se invocó la firmeza, de modo que no procedía efectuar análisis más allá de los
argumentos de la demanda. Así, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos de
determinación, lo procedente era negar las pretensiones.

Por último, se abstuvo de condenar en costas, por no haber pruebas de erogaciones que
justificaran su imposición.

Recurso de apelación

El demandante solicitó revocar la decisión de primera instancia, a esos efectos, reiteró
los planteamientos de la demanda. A modo de síntesis, se advierte que reprodujo sus
argumentos en torno a que la declaración de renta 2016 había adquirido firmeza para la
fecha en que se le notificó el requerimiento especial. Adujo que la DIAN expidió un
requerimiento especial y una liquidación oficial violando el principio de confianza legítima
sobre una declaración que, para el momento de expedición de tales actos, se encontraba
en firme, según la doctrina de la DIAN -a tales fines, explicó el alcance de dicho principio,
refiriendo doctrina y pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Reiteró que el plazo de firmeza aplicable era de dos años - artículo 714 antes de la
modificación de la Ley 1819 de 2016- y, que aun si en gracia de discusión, se aceptara
que el término de firmeza fuera de tres años, lo que no se ajustaba a las disposiciones
legales vigentes para la época «el requerimiento especial debió expedirse el 10 de octubre de 2020»,
de modo que el requerimiento especial fue intempestivo.

Insistió en que, para definir en qué momento entraba a regir una norma sobre tributos
debían considerarse aspectos atinentes a si la norma beneficiaba al contribuyente, si
versaba sobre un impuesto de periodo y si la disposición que afectaba el proceso de
determinación oficial del tributo podía aplicarse retroactivamente. Al respecto planteó que
acorde con los artículos 338 y 363 constitucionales, la nueva ley regía para el período
siguiente; sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia C-686 de 2011, había
señalado la posibilidad de aplicar la regulación modificatoria para el período gravable que
se esté causando cuando esta beneficia al contribuyente, posición jurisprudencial justa y
equitativa. A contrario sensu, «la modificación del término de firmeza de una declaración, a dos días
de terminar un año fiscal, no puede aplicarse de manera retroactiva entendiéndose que la misma pone en
condiciones de desventaja al contribuyente» (sentencia C-430 de 2009).

8
Sentencia del 01 de julio de 2021, exp. 25176. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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6

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

Luego, replicó los argumentos concernientes a la prohibición de aplicar normas y doctrina
oficial de forma retroactiva cuando no resulta favorable a los intereses de los
contribuyentes e insistió en que la autoridad estaba sometida al Concepto 014115 de
2017, de conformidad con el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, el cual estaba vigente
para el año fiscalizado, teniendo en cuenta que con ese oficio: (i) se crearon expectativas
legítimas sobre el plazo de firmeza aplicable de dos años para las declaraciones
tributarias que se presentaran en el 2017; (ii) se fijó una posición; (iii) se permitió que los
contribuyentes actuaran sobre la base de ese concepto; y (iv) dos años después de
emitida la ley, la autoridad decidió revocar la doctrina, en contra de los contribuyentes
que habían actuado en virtud de lo sostenido por la Administración (sentencia del 23 de
noviembre de 2018, exp. 22392, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto). Adujo que dicha
posición [Concepto 014115 de 2017] fue modificada por la DIAN el 11 de noviembre de
2018 con la finalidad de aplicar retroactivamente al nuevo plazo de firmeza de la Ley
1819 de 2016, la entidad olvidó que si el contribuyente actuó bajo la vigencia de un
concepto determinado, los cambios interpretativos posteriores no podían ser aplicados
de forma retroactiva, como lo ha señalado la propia DIAN

Insistió en que, aunque el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 fue derogado expresamente
por la Ley 1943 de 2018, el texto definitivo aprobado en sesión plenaria del 18 de
diciembre de 2018 incluyó el artículo 113 que nuevamente contempló que los conceptos
eran obligatorios para los funcionarios, así que se conservó el carácter vinculante que
venía desde la norma de 1995. Seguidamente, replicó el planteamiento de los vicios de
nulidad del requerimiento especial, como haber incurrido en nulidades formales y
materiales, falsa motivación y desviación de poder, pues la demandada presionó a
Sepecol para corregir sus declaraciones desconociendo pagos reales, mientras que la
dependencia que lo fiscalizó le exigió al actor el ingreso; contradicción que, vulneraba los
principios lógicos aristotélicos -principalmente el de no contradicción (ser y no ser al
mismo tiempo), lo cual evidenciaba arbitrariedad, además de desconocer la validez del
contrato de prestación de servicios suscrito con esa compañía.

Por último, en el acápite que identificó como «conclusiones» señaló que el alegato de
apelación no estaba dirigido a contradecir la posición de esta corporación, sobre la
aplicación del término de tres años a partir del año 2016, pues sobre tal asunto había
abundante jurisprudencia; lo que atacaba era la ostensible violación del principio de la
confianza debida, en que incurrió la DIAN, con la expedición del concepto 014115 de
2017 -a cuyo amparo reiteró haber actuado- y su posterior modificación dos años
después de expedida la ley que pretendía aplicar retroactivamente, pese a que «las
decisiones posteriores de la DIAN, en materia interpretativa, no pueden ser aplicadas de manera
retroactiva».

Pronunciamientos finales

El ministerio público y la demandada guardaron silencio en esta etapa procesal (índice
14 Samai).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Preliminarmente, se advierte que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño
manifestó estar impedido, lo cual fue aceptado por la Sala, mediante auto del 23 de
octubre de 2025 (índice 16 Samai). Existiendo cuórum decisorio, juzga esta corporación
la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos de apelación
planteados por la demandante contra la sentencia de primera instancia, que negó sus
pretensiones.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

Problemas jurídicos

2- Corresponde a la Sala determinar si (i) el plazo de firmeza de la declaración del
impuesto sobre la renta del período 2016 fue de dos años, bajo la redacción del artículo
714 del ET, anterior a la modificación de la Ley 1819 de 2016; (ii) si aun aplicando como
firmeza tres años, el requerimiento especial sería intempestivo al concretarse el término
el 10 de octubre de 2020 y (iii) si la demandada vulneró el principio de confianza legítima
al pretender aplicar retroactivamente el concepto 1543 del 11 de diciembre de 2018 que
modificó el concepto 014115 de 2017 que establecía la aplicación del nuevo término de
firmeza previsto en la Ley 1819 de 2016 para las declaraciones de renta presentadas en
el año 2017.

Análisis del caso concreto

3- En el fallo de primera instancia se determinó que el artículo 714 del ET, modificado por
la Ley 1819 de 2016, extendió el plazo de firmeza de las declaraciones de dos a tres
años; norma que por ser de carácter procesal regía desde el 29 de diciembre de 2016,
fecha en que fue publicada la ley en el Diario Oficial 50.101. Así, a la declaración del
impuesto de renta del período 2016, que debió presentarse en el año 2017, le aplicaba
el nuevo plazo de firmeza de tres años; de modo que, la notificación del requerimiento
especial fue tempestiva. En específico, señaló que, como el vencimiento para declarar
había sido el 10 de octubre de 2017, el término de firmeza vencía, en principio, el 10 de
octubre de 2020, pues en virtud de la suspensión de términos por la emergencia del
Covid-19, el plazo se extendió hasta el 11 de diciembre de 2020, de ahí que la notificación
del acto preparatorio el 11 de septiembre de 2020 hubiera sido tempestiva.

Adicionalmente, desestimó la argumentación referida a que el Oficio 1543, del 11 de
diciembre de 2018, fue aplicado retroactivamente, puesto que este solo aplicó el
postulado legal de la aplicación de las normas procesales en el tiempo al señalar que los
nuevos términos previstos en la Ley 1819 de 2016 aplicaban a las declaraciones
presentadas a partir de su vigencia, y destacó que esta corporación declaró la legalidad
de tal concepto y determinó que su contenido no transgredía el principio de confianza
legítima ni la buena fe de los administrados.

3.1- Por su parte, el apelante, aunque insiste en que la firmeza de la declaración era de
dos años, no desvirtúa que el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016 -que amplió el término
a tres años, fuera una norma de carácter procesal, y en tal virtud rigió desde la publicación
de la ley -29 de diciembre de 2016- de modo que para el momento en que el actor
presentó la declaración del periodo 2016 [en 2017] ya estaba vigente la ley, y por ende
aplicaba el nuevo plazo de firmeza de tres años.

Tampoco controvierte el impugnante que el vencimiento para declarar el periodo 2016
fue el 10 de octubre de 2017 o el 11 de diciembre de 2020 considerada la suspensión de
términos por pandemia; ni que la notificación del requerimiento especial hubiera sido el
11 de septiembre de 20209, ni tampoco, lo considerado por el tribunal respecto de que la
finalización de los tres años de firmeza ocurrió el 11 de diciembre de 2020, en virtud de
la suspensión de términos, ocurrido en virtud de la pandemia del Covid 19, todo lo cual,
evidencia la oportunidad de la notificación del acto previo.

Inclusive, advierte la Sala que, aun computando ordinariamente el término, sin considerar
la suspensión por pandemia, los tres años se vencían el 10 de octubre de 2020, fecha

9
La liquidación oficial da cuenta de que el requerimiento especial expedido el 07 de septiembre, fue notificado electrónicamente el
11 de septiembre de 2020.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

que el propio actor reconoce tanto en la demanda, como la apelación, oportunidad, para
la cual ya le había sido notificado el requerimiento especial -11 de septiembre de 2020.

En realidad, el apelante insiste en que el plazo era de dos años, porque en su entender,
a aplicación del nuevo término de firmeza de tres años, significó dar efectos retroactivos
a (i) el artículo 277 de la Ley 1819 de 2016 que no consagraba una regulación favorable
para los contribuyentes, como sería el caso autorizado por los artículos 338 y 363 de la
Carta, así como por la jurisprudencia de la Corte Constitucional; y además (ii) al oficio
DIAN 1543, del 11 de diciembre de 2018- que revocó la posición del Concepto 014115
de 2017 que había señalado que la Ley 1819 de 2016 aplicaba a las declaraciones del
año gravable 2017. En relación con lo cual, reprodujo sus aseveraciones acerca de que
los conceptos le eran vinculantes a la Administración desde la Ley 223 de 1995 e incluso
con el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018.

3.2- Con todo, en la apelación el actor manifestó en el aparte de «conclusiones» que el
alegato de apelación no estaba dirigido a controvertir la posición del Consejo de Estado
sobre la aplicación del término de tres años a partir del año 2016, pues sobre tal asunto
había abundante jurisprudencia; sino que lo que atacaba era la ostensible violación del
principio de la confianza debida, en que incurrió la DIAN, al expedir el concepto 014115
de 2017 -a cuyo amparo reiteró haber actuado- y posteriormente modificarlo dos años
después de expedida la ley que pretendía aplicar retroactivamente, pese a que «las
decisiones posteriores de la DIAN, en materia interpretativa, no pueden ser aplicadas de manera
retroactiva».

A ese respecto, coincide esta corporación en que la revocatoria que hizo la DIAN de la
primera posición interpretativa por medio del concepto DIAN 1543, del 11 de diciembre
de 2018 no significó una transgresión al principio de irretroactividad en materia tributaria,
porque la aplicación del nuevo término de firmeza para las declaraciones presentadas
bajo su vigencia, tuvo origen en la Ley -art. 277 de la Ley 1819 de 2016-y en el artículo
40 de la Ley 153 de 1887 que determina la aplicación inmediata de las normas
procedimentales, salvo que el término haya empezado a correr, lo que solo ocurre, en lo
que interesa a este proceso, desde el momento en que se presenta la correspondiente
declaración. De modo que a la declaración presentada bajo vigencia de la Ley 1819 le
aplicaba el nuevo término de firmeza, con independencia del periodo gravable.

Por lo anterior, la pretensión del actor de que se privilegie el concepto de DIAN 014115
de 2017 sobre la ley, no resulta aceptable; menos aún si se tiene en cuenta que, como
lo señaló el tribunal, esta corporación al controlar la legalidad del oficio DIAN 1543, del
11 de diciembre de 2018, que revocó la posición interpretativa del primer concepto
estableció que la Administración no quebrantó los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica y buena fe. En específico se señaló: «Con miras desatar ese problema
jurídico, advierte la Sala que, como antes se concluyó, la demandada plegó su interpretación a los
postulados legales que regulan la vigencia de las disposiciones de tipo procedimental (i.e. artículo 40 de la
Ley 153 de 1887), como es el caso del artículo 714 del ET modificado por el artículo 277 de la Ley 1819
de 2016. De ahí que no se quebrantaran las máximas invocadas por la actora, pues lo cierto es que la
Administración ajustó su interpretación a fin de hacerla concordar con el mandato legal de aplicación de
las normas procesales en el tiempo»10.

3.3- Por lo analizado, no le asiste razón al apelante respecto de que el requerimiento
especial fue extemporáneo, pues como se anotó en apartes anteriores, en el entendido
que el vencimiento del plazo para declarar fue el 10 de octubre de 2017, los tres años
para notificar el requerimiento especial, finalizaban el 10 de octubre de 2020, y el acto
preparatorio fue notificado el 11 de septiembre de 2020. Inclusive, con independencia de

10
Sentencia del 01 de julio de 2021, exp. 25176. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.

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la suspensión del plazo de firmeza por la suspensión de términos debido al Covid-19,
pues aún sin considerar este aspecto, la notificación se habría efectuado antes del
vencimiento de los tres años previstos en la ley para su firmeza. No prospera el cargo.

3.4- Por último, como se advierte que el apelante reprodujo los argumentos sobre vicios
de nulidad contra el requerimiento especial, como estar incurso en nulidades formales y
materiales, falsa motivación y desviación de poder, a cuyos efectos relató que la
demandada presionó a Sepecol a corregir sus declaraciones desconociendo pagos
reales, lo que resultaba contradictorio con la exigencia del correlativo ingreso por parte
de la Administración seccional que lo fiscalizó, lo que, vulneraba los principios lógicos
aristotélicos -principalmente el de no contradicción- y evidenciaba arbitrariedad, además
de desconocer la validez del contrato de prestación de servicios suscrito con aquella
compañía; debe señalarse a tal respecto que, como lo advirtió el tribunal, tales
planteamientos se dirigen a controvertir la legalidad del acto preparatorio, el cual no es
pasible de control judicial, por lo que no procede pronunciarse sobre los mismos.

En suma, la Sala confirmará la decisión del tribunal.

Conclusión

4- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de
esta providencia que, las disposiciones de carácter procesal rigen desde su publicación,
salvo que los términos hayan comenzado a correr, lo que ocurre cuando es presentada
la correspondiente declaración, previsión que aplicada al caso bajo análisis, implicaba la
sujeción al nuevo término de firmeza de tres años, de la declaración de renta presentada
en el año 2017, cuando ya había entrado en vigor la Ley 1819 de 2016, con prescindencia
del periodo gravable.

Asimismo, que el hecho de modificarse una doctrina de la Administración no vulnera los
principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica, en tanto, solo debe
prevalecer lo establecido en la Ley.

Costas

5- Atendiendo el criterio de decisión fijado por la Sección11 y el acuerdo PCSJA2 512355
del 28 de noviembre de 2025 12, se condenará al demandante en costas en esta instancia
por ser la parte vencida en el juicio. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un
salario mínimo a la ejecutoria de esta providencia y en consecuencia, se ordenará al
tribunal tramitar el correspondiente incidente de liquidación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas al demandante en esta instancia, a cuyos efectos, se fijan las
agencias en derecho en un salario mínimo a la ejecutoria de esta providencia. En

11
Sentencia del 23 de septiembre de 2025, exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón,
12
Sentencia del 23 de septiembre de 2025,exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00427-01 (30036)
Demandante: Guillermo Fino Serrano.

consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Aclaro voto

(Firmado electrónicamente)
CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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