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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00472-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2022-00472-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas. La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2022-00472-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

19 de marzo de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2022-00472-01 (29631)
Demandante: Asomóvil

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 25000-23-37-000-2022-00472-01 (29631)
Demandante: Asociación de la Industria Móvil de Colombia- Asomóvil
Demandado: Municipio de Soacha (Cundinamarca)

Temas: Impuesto de teléfonos- Hecho generador. Principio de legalidad
tributaria.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 1.º de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección A, que anuló parcialmente las normas
demandadas, así1:
“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las expresiones: “este incluye la prestación del
servicio de voz en cualquiera de sus modalidades” del artículo 104 del Acuerdo 30 de
2020; de las expresiones: “y datos” “de cualquier naturaleza” “por hilo, radiofrecuencia,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos, prestados, contratados y/o
facturados” del parágrafo 1° del artículo 104 del Acuerdo 30 de 2020; de la expresión “a
quien le hayan expedido factura con destino a un domicilio” del parágrafo 2° del artículo
104 del Acuerdo 30 de 2020, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de la expresión “o de voz” del artículo 105 del
Acuerdo 30 de 2020, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLÁRASE la nulidad de las expresiones “o voz” y “en cualquiera de sus
modalidades” del artículo 107 del Acuerdo 30 de 2020, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DECLÁRASE la nulidad de las expresiones “voz y datos domiciliaria” y
“telefonía de voz y datos no domiciliaria”, así como toda la diferenciación tarifaria del
artículo 108 del Acuerdo 30 de 2020 conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.

(…)”

ANTECEDENTES

Demanda

La Asociación Móvil de Colombia -Asomóvil-, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), formuló ante esta jurisdicción las siguientes
pretensiones:

1
Samai Tribunal, anotación nro. 59, p. 45.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00472-01 (29631)
Demandante: Asomóvil

PRIMERA: Declarar la nulidad del Acuerdo 030 del 9 de diciembre 2020 “por el cual se
establece en el Municipio de Soacha el Impuesto a los Servicios de Telefonía, se
modifica parcialmente el Estatuto Tributario Distrital y se dictan otras disposiciones en
materia tributaria distrital” discutido, aprobado y sancionado por el Concejo Municipal
de Soacha.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de los artículos 103 al 110 del Acuerdo 030 del
9 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se expide el Estatuto Tributario del Municipio
de Soacha y se dictan otras disposiciones” discutido y aprobado Concejo Municipal de
Soacha el 9 de diciembre del 2020 y sancionada por el alcalde esta municipalidad el 14
de diciembre del 2020.

El texto de las normas demandadas es el siguiente:

“Acuerdo 30
(09 DE DICIEMBRE 2020)

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO
DE SOACHA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, previstas en el Artículo 313 de la
Constitución Política, Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 136 de 1994 modificada por la
Ley 1551 de 2012, Ley 788 de 2002,

(…)

ACUERDA

(…)

CAPÍTULO IX

Impuesto a los Teléfonos

ARTÍCULO 103. Autorización Legal. El impuesto a los Servicios de Telefonía de que
trata este capítulo se rige por el literal i) del Artículo 1° de la Ley 97 de 1913 y la Ley 84
de 1915.

ARTÍCULO 104. Hecho Generador. El hecho generador del Impuesto a los Servicios
de Telefonía es el uso de las líneas telefónicas en el Municipio de Soacha. Este incluye
la prestación del servicio de voz en cualquiera de las modalidades a cargo de las
personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que sean usuarios de los servicios
de telefonía o voz que se prestan en el Municipio de Soacha, el cual será recaudado
por las empresas que prestan el respectivo servicio como responsables del tributo.

Parágrafo 1. Se entiende por Servicio de Telefonía de voz y datos, la emisión,
transmisión y recepción de voz de cualquier naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios
ópticos u otros sistemas electromagnéticos prestados, contratados y/o facturados, en el
Municipio de Soacha.

Parágrafo 2. Para efectos del Impuesto sobre Servicios de Telefonía en el Municipio de
Soacha, se entiende que usa el servicio de telefonía aquel a quien le hayan expedido
factura con destino a un domicilio ubicado en la jurisdicción del Municipio de Soacha y
distribuido en forma física o a través de medios electrónicos.

Parágrafo 3. En el caso de los Servicios de Telefonía Prepago las empresas
prestadoras del servicio incluirán el valor del Impuesto en la Factura que expida al
distribuidor y comercializador del servicio, quien deberá recaudar y pagar de manera
anticipada el pago del Impuesto del Usuario.

2
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Demandante: Asomóvil

ARTÍCULO 105. Causación del impuesto. El Impuesto al Servicio de Telefonía se
causa mensualmente en la facturación del servicio telefónico o de voz y se debe pagar
por los Sujetos Pasivos cada mes en la misma factura en que se cancela el
correspondiente servicio telefónico.

ARTÍCULO 106. Sujeto activo. El Sujeto Activo del Impuesto es el Municipio de
Soacha, y en el radican todas las potestades tributarias de administración, imposición,
fiscalización, liquidación, revisión, devolución y cobro y las demás propias de la función
impositiva.

ARTÍCULO 107. Sujeto pasivo. Son Sujetos Pasivos del Impuesto al Servicio de
Telefonía los usuarios y/o consumidores de Servicios de Telefonía o Voz, en cualquiera
de sus modalidades, prestados, contratados y/o facturados en el territorio del Municipio.

ARTÍCULO 108. Tarifas. Las Tarifas Mensuales del Impuesto a los Servicios de
Telefonía que se aplicarán por cada línea o número telefónico, serán las siguientes:

TELEFONÍA DE VOZ Y DATOS DOMICILIARIA

DESTINO TARIFA (EN
UNIDAD DE
VALOR
TRIBUTARIO)
Estrato 1 0,017
Estrato 2 0,034
Estrato 3 0,050
No residencial 0,403

TELEFONÍA DE VOZ Y DATOS NO DOMICILIARIA

RANGOS VALOR TARIFA
CONSUMO SERVICIO (%)
TARIFA TELEFÓNICO
[sic]
Menos de $60.000 3%
$60.001 - $100.000 4%
Más de $100.000 5%

Parágrafo 1. La Tarifa a aplicar del Impuesto correspondiente a los Servicios de
Telefonía Prepago será del uno por ciento (1%) del valor facturado.

Parágrafo 2. Las Empresas Prestadoras del Servicio Telefónico deberán incluir en sus
facturas de cobro el renglón Impuesto al Servicio de Telefonía y la Tarifa indicada en
este Artículo según corresponda, con el fin de aplicar el Impuesto en los plazos y
procedimientos que establezca la Secretaría de Hacienda a más tardar en el mes de
junio del año 2021.

Parágrafo 3. Para cada Vigencia Fiscal se utilizará el valor de la Unidad de Valor
Tributario que establezca el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 109. Responsables del recaudo. Son responsables del Impuesto sobre el
Servicio de Telefonía, las empresas que prestan el Servicio Telefónico en el Municipio
de Soacha. Estas empresas deberán recaudar el impuesto a través de su facturación
mensual ordinaria en el Municipio de Soacha, según la tarifa vigente y presentar y pagar
declaración mensual en los plazos señalados por la Secretaría de Hacienda Municipal
y en los formularios que para el efecto prescriba la Dirección de Impuestos.

ARTÍCULO 110. Destinación de los recursos. Los recursos recaudados por el
Impuesto a los Servicios de Telefonía se destinarán para la financiación del sector
deporte y para el desarrollo de actividades propias de cultura, conservación y
mejoramiento de parques, espacio público y arborización”.

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Demandante: Asomóvil

La demandante indicó como normas violadas las siguientes:

• Artículos 78, 287, 338, 300.4 y 313.4 de la Constitución Política.
• Artículo 1 de la Ley 97 de 1913.
• Artículo 1 de la Ley 84 de 1915.
• Artículos 6 y 73 de la Ley 1341 de 2009.

Concepto de violación y oposición

Bajo el siguiente concepto de violación en la demanda se sustentaron los cargos 2,
y en la contestación se ejerció el derecho de contradicción, así3:

1. Nulidad por violación del principio de legalidad tributaria. El acto
demandado estableció el impuesto de teléfonos sin autorización para ello

1.1. Según la demandante, el artículo 1.º de la Ley 84 de 1915 dispone que los
concejos municipales tendrán las mismas facultades otorgadas por el artículo 1.º
de la Ley 97 de 1913 al Concejo Distrital de Bogotá, entre ellas la de crear el
impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, siempre que las asambleas
departamentales les hayan concedido esta atribución. No obstante, el Acuerdo 030
del 9 de diciembre de 2020 expedido por el municipio de Soacha estableció el
impuesto a los servicios de telefonía sin aprobación previa de la asamblea
departamental de Cundinamarca. Esta irregularidad es sustancial, comoquiera que
se estableció por mandato legal, y porque la voluntad de la asamblea no se puede
superar o reemplazar con la aprobación del concejo.

1.2. El municipio de Soacha se opuso a este cargo, sosteniendo que la necesidad
de autorización por parte de la asamblea departamental se encuentra obsoleta, ya
que tanto la Constitución Política como el Decreto 1333 de 1986 autoriza a los
municipios a expedir acuerdos sin necesidad de autorización departamental.
Además, la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca realizó la revisión del
Acuerdo 030 de 2020 y lo encontró ajustado a derecho. De no haber sido así, lo
hubiera remitido para estudio al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y siguientes del Decreto 1333 de
1986, por lo que se entiende que el acuerdo demandado es válido y se encuentra
en firme.

2. Violación del principio de legalidad. El acuerdo demandado excedió los
límites legales del impuesto autorizado

2.1. Las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915 autorizaron a los concejos municipales a
crear un impuesto sobre la “telefonía urbana”, excluyéndose por tanto del gravamen
a la telefonía rural. En su lugar, el Acuerdo 030 del 9 de diciembre de 2020 creó el
impuesto a la telefonía en el municipio de Soacha para todos los usuarios de la
telefonía móvil y de voz en Soacha, sin excluir a los habitantes de zonas rurales del
municipio, lo que supone que el impuesto se cobre de forma ilegal a los habitantes
de la zona rural del municipio.

2.2. Para el demandado, no puede entenderse que el impuesto solo cobija la
prestación del servicio de teléfono en el ámbito urbano, pues se omite considerar
que antes de que se expidiera la Ley 97 de 1913, se había promulgado la Ley 110

2 Samai Tribunal, índice 29.
3 Samai Tribunal, índice 33.

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Demandante: Asomóvil

de 1912 que contemplaba la existencia de comunicaciones telefónicas,
inalámbricas u otras análogas. No cabe interpretar de manera limitada o exegética
la Ley 97 de 1913, ya que para cuando entró a regir la ley, la noción de telefonía no
se limitaba a la telefonía local, sino que se contemplaba la existencia de formas de
telefonía de diversa índole.

De conformidad con el concepto de telefonía de la UIT adoptada por el MinTIC, la
noción de “telefonía” es un concepto técnico amplio, que no se circunscribe a la
telefonía local. No se viola el principio de certeza, pues el concejo de Soacha
actualizó el hecho generador descrito por la ley en un contexto tecnológico y social
diferente, superando las ambigüedades o confusiones, en especial en cuanto a la
territorialidad, y en cuanto al tipo de comunicaciones telefónicas gravadas en su
jurisdicción.

3. Violación del principio de legalidad. El acuerdo demandado grava servicios
no contemplados en el hecho generador establecido por el legislador

3.1. La norma local demandada incluye en el hecho generador del impuesto sobre
telégrafos y teléfonos urbanos “la prestación de servicios de voz en cualquiera de
las modalidades”, lo cual excede la definición del literal (i) del artículo 1.º de la Ley
97 de 1913. La ley establece como objeto del impuesto sobre teléfonos urbanos
aquellos teléfonos “que se conectaban en los domicilios de los habitantes de una
determinada localidad”, conforme lo ha establecido la jurisprudencia del Consejo
de Estado. Ello supone que para que se entiendan gravados, debe existir una
conexión física de los teléfonos a los domicilios de los contribuyentes.

La descripción legal del hecho generador se ve desbordada por el Acuerdo 030 del
9 de diciembre de 2020, que incluye en el hecho generador del impuesto servicios
que el legislador no pretendía gravar. Esta situación desconoce los artículos 287,
300 numeral 4 y 313 numeral 4 de la Constitución Política al obviar la determinación
del hecho generador del impuesto contemplado en la ley en cuestión, y abusa del
margen de maniobra que concede el legislador a los concejos distritales y
municipales.

3.2. Para el demandado, ante la evolución normativa y tecnológica que ha tenido
el sector de las telecomunicaciones, el servicio de “telefonía urbana” a que hizo
referencia la Ley 97 de 1913 debe entenderse en la actualidad como el servicio que
incluye todos los teléfonos que han surgido con el paso del tiempo y el avance
tecnológico, que están debidamente regulados en la legislación nacional, y que
hacen parte del concepto de telecomunicaciones, dentro del cual están los mismos
que fueron relacionados en el Acuerdo 030 de 2020.

No se viola el principio de legalidad, ya que el municipio de Soacha tiene la potestad
para expedir los tributos que el legislador ha autorizado, y regular los elementos del
tributo establecido en la ley. Como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, basta con que el tributo sea autorizado por la ley para que
departamentos y municipios regulen los aspectos sustanciales del mismo, en virtud
de la autonomía de las entidades territoriales establecida en la Constitución Política.

4. Violación del principio de certeza tributaria

4.1. Afirma la demandante que todo impuesto debe ser claramente determinado
por las normas que lo definen. Este principio tributario se vulnera tanto con la

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omisión en la determinación de los elementos esenciales del tributo, como en la
utilización de expresiones ambiguas o confusas en su definición.

En este caso, el acuerdo demandado viola el principio de certeza tributaria, puesto
que el hecho generador de “telefonía urbana” no hace parte del ordenamiento
jurídico vigente, ni tampoco incluye a los servicios de telefonía móvil y a los servicios
de internet y de datos móviles. Si bien en algún momento fue posible delimitar el
alcance del concepto “teléfonos urbanos” asimilándolo a la telefonía pública básica
conmutada, el paso del tiempo y los cambios normativos han llevado a su
inexistencia actual, dando paso a un concepto definido por el propio legislador como
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC- según se observa en el
artículo 4 de la Ley 1341 de 2009, que es el concepto legal vigente.

El Acuerdo 030 de 2020 dispone que el hecho generador del impuesto sobre
teléfonos “incluye la prestación del servicio de voz en cualquiera de sus modalidades a
cargo de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que sean usuarios de los
servicios de telefonía o voz que se prestan en la jurisdicción del municipio de Soacha”, y
amplía el concepto del servicio gravado al señalar que “Se entiende por servicio de
telefonía de voz y datos la emisión, transmisión y recepción de voz de cualquier naturaleza
por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos prestados,
contratados y/o facturados, en la jurisdicción del municipio de Soacha.” En lo que
respecta a la causación, el artículo 105 indica que se causa mensualmente con la
facturación del “servicio telefónico”, y define a los sujetos pasivos como “los usuarios
y/o consumidores de los servicios de telefonía o voz, en cualquiera de sus modalidades,
prestados, contratados y/o facturados en el territorio del municipio”.

Todas estas disposiciones violan la ley vigente, pues actualmente los servicios de
telefonía urbana no están definidos en la legislación actual, y tampoco existe una
clasificación legal de servicios que permita diferenciar los servicios de voz y de
datos, ante su derogatoria a partir de la expedición de la Ley 1341 de 2009.

Igualmente, se viola el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, pues esa disposición
derogó las clasificaciones jurídicas que normas anteriores al 2009 hacían sobre
servicios de telecomunicaciones. La misma norma excluyó la aplicación de la Ley
142 de 1994 que normaba la entonces llamada “telefonía pública básica
conmutada” (TPBC). Por lo tanto, en el Acuerdo no solo se reviven normas
derogadas para tratar de darle contenido al hecho generador de un tributo, sino
que, además, crea definiciones de servicios que hoy en día no existen, lo que
desborda las facultades del concejo municipal de Soacha al momento de crear el
impuesto.

En su sentido natural o técnico, no es factible catalogar los servicios de telefonía,
internet y datos móviles como servicios de telefonía urbana, por lo que no pueden
quedar comprendidos en el impuesto establecido en el acuerdo demandado. El
funcionamiento de la telefonía urbana depende de la conexión física del municipio,
y el de la telefonía móvil y los datos móviles, por el contrario, dependen del espectro
electromagnético. Es notorio que estas características contemplan un servicio
distinto al que pretende ser gravado por el literal (i) del artículo 1.º de la Ley 97 de
1913, lo que pone en evidencia que el legislador no previó este tipo de
comunicación como la que debía ser gravada, razón por la cual incluir los servicios
de telefonía móvil dentro de la “prestación de servicios de voz en cualquier modalidad”
dentro de los acuerdos que establecen el impuesto, es una extensión del hecho
generador no avalada por la ley.

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Añade que la telefonía móvil es un servicio que no guarda relación propia con la
infraestructura particular de un municipio o departamento, sino que se vale del
espectro radioeléctrico, que es un bien público propiedad de la Nación y cuya
administración reside en el Estado. La telefonía móvil está desprovista de la
conexión cableada propia de la telefonía urbana, y este elemento es fundamental
en el hecho gravado, considerando que es lo que vincula al espacio físico municipal
con servicio brindado.

Por lo tanto, al no ser el municipio de Soacha el que provee la infraestructura para
la prestación del servicio de telefonía móvil, el concejo municipal no podía gravar a
los usuarios de este. Al hacerlo, vulneró las normas constitucionales y legales en
materia tributaria que exigen que, para el cobro del impuesto por parte de una
entidad territorial, esta debe prestar o poner a disposición la infraestructura que
permite o facilita la prestación del servicio gravado.

4.2. A juicio del municipio, la ley se propone imponer el gravamen sobre quien
tenga un vínculo con el uso del teléfono, lo cual constituye el hecho económico o
demostración de la capacidad contributiva de cara al hecho generador, vínculo que
se obtiene con el acceso al servicio a través de cualquiera de las modalidades
tecnológicas que actualmente permite.

Según la jurisprudencia constitucional y administrativa, los entes territoriales
pueden establecer los elementos de los tributos que no reguló el legislador, o que
han sido regulados de forma parcial. En este caso, el acuerdo establece que se
grava a quienes usen teléfonos en el municipio de Soacha, en consideración del
principio de territorialidad. Con esto se precisa qué tipos de servicios de teléfono de
uso en la ciudad son los que están gravados para el municipio, decisión que no
cambia el hecho generador definido por la ley, que es el uso de teléfonos en el
municipio.

No puede sostenerse que la Ley 97 de 1913 haya sido derogada con la expedición
de la Ley 1431 de 2009. Tampoco puede entenderse derogada la noción de
“telefonía urbana”, por cuanto la expedición de la Ley 1341 de 2009 no tiene como
consecuencia automática que las clasificaciones relativas a la telefonía o las
modalidades de servicios de telecomunicaciones anteriores hayan desaparecido,
ni menos aún el concepto de “teléfonos” consagrado en la ley que creó el tributo.
Por otra parte, como lo recoge la jurisprudencia de distintos tribunales del país, el
término “teléfono” tiene varias denotaciones y connotaciones, las cuales responden
al concepto de “teléfono urbano” del literal i) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913.

Añade que no se viola el principio de legalidad, porque la ley no grava el servicio
de telefonía como tal, y el hecho generador no está atado a un tipo específico de
tecnología como lo pretende el demandante, sino que ordena imponer el gravamen
sobre los teléfonos como aparatos de telecomunicaciones y de transmisión de
mensajes. Por ello el Acuerdo 030 de 2020 especifica que lo que se grava es el uso
de las líneas telefónicas en el municipio de Soacha. No se grava ni a quien presta
el servicio ni el tipo de medio para interconectarse, sino a quien use cualquier
aparato telefónico con cualquiera de los sistemas de comunicación que funcionen
en la actualidad. La Ley 97 de 1913 fija un impuesto “sobre” teléfonos urbanos, sin
hacer diferencias relativas al medio por el cual se comunican desde ese aparato
telefónico que se ordena gravar.

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El término “teléfono” debe entenderse en su sentido natural y obvio, de tal manera
que se puede aplicar tanto a los aparatos que se usaban en el año 1913 como a
los que se utilizan actualmente, pues la norma no hace distinción alguna en el
sentido que sea análogo o digital, fijo o móvil, o que utilice una u otra tecnología,
restringiéndose el alcance del hecho generador a los teléfonos y a la tecnología
utilizados en 1913, que hoy no existen. Resulta más razonable interpretar que la
intención del legislador era simplemente gravar el uso de teléfonos en el respectivo
ámbito territorial de cada municipio.

5. Violación del principio de progresividad

5.1. Para la demandante, establecer el gravamen sobre un servicio como el de
telefonía móvil establecería una barrera de acceso a este servicio, que se ha vuelto
necesario en el desarrollo de la vida de la gran mayoría de las personas en la
actualidad. Además, se contradice el principio de progresividad tributaria al
establecerse las tarifas del gravamen de manera indiscriminada, sobre criterios
como el estrato socioeconómico o el valor del plan del servicio, que no son
adecuados para determinar la capacidad económica de los usuarios del servicio.

No es apropiado usar la estratificación para fijar las tarifas de un tributo, por cuanto
esta no constituye un criterio cierto para determinar la capacidad económica de los
ciudadanos. Una persona puede habitar un inmueble de estrato alto sin contar con
capacidad económica, como puede ocurrir con un estudiante o mayor adulto que
reside en casa de uno de sus familiares pero que no tiene las condiciones para
asumir la carga dineraria que en razón del estrato le impone el tributo. Presumir que
un mayor valor de un plan consumo del servicio permite gravar a una persona con
una mayor tarifa carece totalmente de sustento, pues puede gravarse a un
contribuyente con una carga excesiva. Piénsese, por ejemplo, en temporadas de
navidad, en una catástrofe o necesidad familiar, o en simples coyunturas que hacen
que se presenten cambios en los planes del servicio de telefonía móvil, sin que por
ello pueda concluirse que se trata de un usuario con mayor capacidad de pago.

Tampoco se explica por qué el acuerdo grava el servicio prepago con una tarifa
diferente, ni por qué su monto del 1% es el apropiado, dado que en ninguna parte
del acuerdo aparecen los motivos que justifican esa tarifa. Además, la tarifa se
impone sobre el “valor facturado”, confundiendo la compra de la respectiva tarjeta
prepago o el respectivo pin con la prestación o uso efectivo del servicio, sin tener
en cuenta que el pin o tarjeta prepago son medios de pago y no la prestación misma
del servicio; y, que el hecho generador, según el mismo acuerdo, es el uso de las
líneas telefónicas.

5.2. El municipio no se pronunció sobre este cargo.

6. Violación de los derechos del consumidor

6.1. Según el artículo 1.º de la Ley 1480 de 2011, los consumidores tienen derecho
a participar y ser oídos por quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las
decisiones legales y administrativas que les conciernen. En este caso, no existe
evidencia que demuestre que los ciudadanos del municipio de Soacha hayan sido
consultados sobre el impuesto a los servicios de telefonía móvil.

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Radicado: 25000-23-37-000-2022-00472-01 (29631)
Demandante: Asomóvil

6.2. El municipio no se pronunció sobre este cargo.

7. Desconocimiento del principio de delegación en materia de recaudo de
impuestos

7.1. En el acuerdo demandado, el Concejo de Soacha consideró a las empresas
recaudadoras como “agentes de recaudo” del impuesto a través de su facturación
mensual, con lo cual impone una carga ilegal a las empresas de telefonía, pues ello
supone una delegación indebida de una función pública en particulares, ya que el
recaudo de los impuestos es una función administrativa que solo puede ser
delegada con autorización legal, y no mediante un acuerdo. Además, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la delegación de funciones en particulares o
“descentralización por colaboración” requiere la suscripción de un convenio de
recaudo, lo cual no ocurrió en el presente caso.

7.2. Para el municipio, las normas acusadas no pretenden establecer una
delegación o desconcentración por colaboración de funciones administrativas en
cabeza de las empresas prestadoras del servicio de telefonía, sino la imposición de
una obligación formal en ejercicio del poder impositivo del concejo municipal.

No puede hablarse de “delegación”, en tanto esta solo se presenta entre
autoridades administrativas, ni hay descentralización por colaboración, por cuanto
no se busca entregarles funciones públicas a las empresas particulares de
telefonía. El municipio de Soacha le está dando la responsabilidad de recaudar el
impuesto a las empresas de telefonía debido a que se encuentran en una posición
privilegiada para cumplir esa función, en atención al principio de eficiencia tributaria.

SENTENCIA APELADA Y OBJECIONES FORMULADAS EN EL RECURSO DE
APELACIÓN PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA

El Tribunal anuló parcialmente las normas demandadas4, con base en los
argumentos que se resumen a continuación, junto con los argumentos del recurso
de apelación presentado por la parte demandada5:

Primer cargo. Nulidad por violación del principio de legalidad tributaria. El
acto demandado estableció el impuesto de teléfonos sin autorización para
ello

1.1. Para el Tribunal, las competencias de las entidades territoriales fueron
definidas desde la Constitución Política de 1991 bajo la premisa de la autonomía,
por lo cual la gestión de las rentas tributarias asignadas y autorizadas por la ley en
favor de estas no requieren de más autorización que la de la ley de creación del
tributo. Por lo anterior, la condición del artículo 1.° de la Ley 84 de 1915 relativa a
la autorización de las asambleas departamentales para que los concejos
municipales establezcan tributos en su jurisdicción debe entenderse derogada
tácitamente, por lo que no hay lugar a acceder a este cargo.

1.2. El municipio no se refirió en su escrito de apelación a este cargo.

4 Samai Tribunal, índice 43.
5
Samai Tribunal, índice 46.
9
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2. Violación del principio de legalidad. El acuerdo demandado excedió los
límites legales del impuesto autorizado

2.1. Según la jurisprudencia constitucional, si bien se otorga autonomía a las
entidades territoriales para el desarrollo de los elementos de la obligación tributaria,
estos deben estar acordes con el principio de legalidad, sin que haya lugar a la
indeterminación o ambigüedad en su definición.

En el caso concreto, el hecho generador establecido en el artículo 104 del Acuerdo
30 de 2020 excede la autorización legal otorgada a la entidad territorial para el
establecimiento del tributo, por ser indeterminado y ambiguo respecto de la referida
autorización de la ley. Frente al objeto del gravamen, la Ley se refiere a los teléfonos
que se conectaban en los domicilios de los habitantes de una determinada localidad, lo
que corresponde a la noción de telefonía básica conmutada, en los términos de la
definición del artículo 14 numeral 26 de la Ley 142 de 1994, exceptuando su
carácter de servicio público domiciliario, el cual le fue retirado en el inciso 3.° del
artículo 73 de la Ley 1341 de 2009.

Así, la expresión: “este incluye la prestación del servicio de voz en cualquiera de
sus modalidades” del artículo 104 constituye una indefinición del hecho que excede
al autorizado expresamente por la ley. En el mismo sentido, las expresiones “y
datos”, “de cualquier naturaleza” y “por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros
sistemas electromagnéticos, prestados, contratados y/o facturados” del parágrafo
1.° del artículo 104; “o de voz” del artículo 105; “o voz” y “en cualquiera de sus
modalidades” del artículo 107 exceden el hecho generador establecido por el
legislador, que solo recae en “los teléfonos que se conectaban en los domicilios”;
es decir la telefonía básica conmutada. Tales expresiones son indeterminadas y
ambiguas pues no atañen directamente al tipo de telefonía objeto del gravamen,
sino que hace referencia a varios sistemas de comunicación sin observar su
naturaleza técnica, por lo que deben ser anuladas.

La expresión “a quien le hayan expedido factura con destino a un domicilio” del
parágrafo 2.º del artículo 104 debe interpretarse como referida únicamente a la
telefonía pública básica conmutada.

Las tarifas determinadas en el artículo 108 del acuerdo demandado hacen una
distinción en el sujeto pasivo en lo referente a la telefonía de “voz y datos
domiciliaria” y “telefonía de voz y datos no domiciliaria”, con lo cual están creando
categorías gravadas no previstas en la ley, por lo cual deben anularse.

En relación con el artículo 109, debe entenderse que los responsables del recaudo
del tributo serán las empresas prestadoras de telefonía básica conmutada.

Con relación al artículo 110 del Acuerdo 30 de 2020, se encuentra que la
destinación de los recursos responde al principio de autonomía financiera de las
entidades territoriales, por lo que se encuentra ajustado a la ley.

2.2. El municipio demandado se opone a esta decisión, por considerar que el
Tribunal no tuvo en cuenta la sentencia del 21 de febrero de 2020 proferida por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, y el concepto técnico sobre
el alcance de la expresión “telefonía urbana” reseñado en esta. Por otra parte, el

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Tribunal pretende realizar un control de legalidad y constitucionalidad de la Ley 97
de 1913, ejercicio para el cual no es la autoridad competente.

Insistió en que la necesidad de actualizar la regulación en un sector como las
telecomunicaciones no debe interpretarse como una limitación a la facultad
impositiva, ni como motivo para derogar un tributo que ha sido respaldado por una
ley válida y declarada exequible por la Corte Constitucional. Así, la necesidad de
actualizar la regulación no debe confundirse con una incapacidad de la ley para
abordar los nuevos desarrollos. La interpretación de los términos y conceptos
legales debe hacerse de manera que se respete el espíritu de la ley y su intención
original, al tiempo que se adapta a las nuevas realidades sin perder de vista el
principio de legalidad. En este sentido, la continuidad y adaptabilidad de la ley son
esenciales para garantizar que los tributos creados bajo su amparo sigan siendo
legítimos y aplicables.

A su juicio, las leyes que autorizan la creación de tributos pueden ser formuladas
de manera general para fortalecer la autonomía de las entidades territoriales, como
se ha reconocido en varias sentencias de la Corte Constitucional. En consecuencia,
no es necesario que dichas leyes detallen exhaustivamente todos los elementos del
tributo, especialmente, considerando que el legislador no tiene la capacidad de
prever los desarrollos tecnológicos, aunque es fundamental que el Congreso o los
concejos municipales fijen claramente el hecho generador del tributo. En el
presente caso esto se cumple, ya que el literal i) de la Ley 97 de 1913 establece
que se grava la telefonía urbana, lo que define adecuadamente el hecho generador
del tributo.

Dado que la Corte Constitucional ratificó la constitucionalidad de leyes de
autorización, como el literal i) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913, no resulta válido
que el a quo sostenga que el hecho generador de los servicios de telefonía de voz
y datos es ambiguo e indeterminado. Esta interpretación podría dejar sin efecto el
marco legal general, ignorando que la evolución de la sociedad exige que la
legislación se ajuste a los cambios históricos para los cuales fue creada; por tanto,
es dable concluir que, por analogía, el servicio de telefonía urbana al que hizo
referencia la Ley 97 de 1913 incluye a todos aquellos teléfonos que han surgido
con el paso del tiempo y el avance tecnológico.

3. La sentencia apelada no hizo alusión a ninguno de los demás cargos planteados
en la demanda. Por su parte, el municipio tampoco se pronunció en la apelación al
respecto.

PRONUNCIAMIENTOS FINALES DE LAS PARTES

1. La parte demandante solicitó que en este caso se profiriera sentencia de
unificación6, por considerar que la falta de esta ha dado lugar a que se profieran
decisiones judiciales disímiles que generan inseguridad jurídica y un trato desigual,
pues en unos municipios se cobra el impuesto y en otros no.

La inexistencia de un pronunciamiento de unificación ha afectado la confianza
legítima de los contribuyentes, y ha generado inconsistencias en la aplicación del
derecho, litigiosidad innecesaria, y la creación de tributos sin fundamento legal. La
discrepancia de las decisiones en esta materia supone también la vulneración de
los principios constitucionales de equidad tributaria, ya que la extensión del

6 Samai CE, índice 32.

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impuesto a la telefonía móvil podría generar cargas desproporcionadas o
inequitativas para los usuarios de este servicio; y de seguridad jurídica, en la
medida en que las decisiones contradictorias socavan la previsibilidad de las
consecuencias jurídicas y afectan la confianza de los administrados en el sistema
judicial.

2. La parte demandada no se pronunció en esta oportunidad.

El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada7. En su criterio, el
municipio de Soacha se encontraba actuando dentro de sus competencias al
momento de imponer el impuesto de teléfonos, por lo que no requería autorización
de la asamblea departamental para el efecto.

Por otra parte, procede la nulidad parcial del Acuerdo 030 del 9 de diciembre de
2020, en tanto sí excede la competencia legal respecto del hecho generador
definido en la ley, para lo cual debe entenderse que el hecho generador se
materializa solo respecto del servicio de telefonía básica conmutada, de acuerdo
con la jurisprudencia del Consejo de Estado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestiones previas

La Sala advierte que el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño manifestó
estar impedido para conocer del presente proceso de acuerdo con la causal de
impedimento contenida en el numeral 2 del artículo 141 del Código General del
Proceso (CGP)8. Mediante el auto del 3 de abril de 20259 se declaró fundado el
impedimento y se le separó del conocimiento del presente proceso.

Por otro lado, antes de resolver el problema jurídico que se señala a continuación,
la Sala estima improcedente emitir una sentencia de unificación en esta
oportunidad,, en la medida en que no se advierte que haya divergencias
significativas en la jurisprudencia de los diferentes tribunales administrativos del
país, ni entre diferentes decisiones de esta Corporación sobre el alcance del
impuesto de teléfonos que haga necesario sentar jurisprudencia sobre ese punto.
Aunque la demandante menciona en su solicitud la existencia de un fallo del
Tribunal Administrativo del Atlántico, y otra del Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Barranquilla con posiciones divergentes sobre el alcance del impuesto sobre
teléfonos, ello no permite concluir que actualmente hay posiciones divergentes e
irreconciliables en la jurisprudencia que deban aclararse mediante la adopción de
una sentencia de unificación sobre el alcance del hecho generador del impuesto
sobre teléfonos autorizado en el artículo 1.º de la Ley 97 de 1913.

Por lo anterior, la Sala se abstendrá de emitir una sentencia de unificación, y se
limitará a examinar y resolver el caso propuesto por las partes, y no fijará subreglas
de unificación en los términos del artículo 271 CPACA, en los términos de la
solicitud elevada por la demandante.

Problema jurídico

7 Samai CE, índice 33.
8
Samai CE, índice 9.
9
Samai CE índice 16.
12
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¿El Concejo Municipal de Soacha, mediante la aprobación del Acuerdo 030 del 9
de diciembre de 2020, violó el principio de legalidad en materia tributaria, al
establecer en su jurisdicción el impuesto de teléfonos autorizado por fuera de los
límites establecidos en el literal i) del artículo 1.º de la Ley 97 de 1913?

Análisis del caso

El hecho generador del impuesto de teléfonos

El artículo 1.º de la Ley 97 de 1913 autorizó a los municipios el cobro del impuesto
local sobre teléfonos urbanos así:

«Artículo 1°. El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá, puede crear libremente los
siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su
cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales,
sin necesidad de previa autorización de la asamblea departamental:

(...)

i) Impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica, de gas y
análogas»10.(Subrayas fuera del texto original).

Posteriormente, la Ley 84 de 1915 extendió la potestad otorgada inicialmente al
Concejo de Bogotá a los demás concejos municipales:

«Artículo 1°. Los concejos municipales tendrán las siguientes atribuciones, además de las que
les confiere el artículo 169 de la Ley 4° de 1913:

a) Las que le fueron conferidas al Municipio de Bogotá por el artículo 1 de la Ley 97 de 1913,
excepto la de que trata el inciso b) del mismo artículo, siempre que las asambleas
departamentales les hayan concedido o les concedan en lo sucesivo dichas atribuciones.

(...)»

En cuanto al hecho generador del impuesto, el propio texto de la Ley 97 de 1913
indica que el impuesto autorizado recae sobre los teléfonos “urbanos”. Al respecto,
la Sala señaló que la primera de las normas transcritas se refiere a los teléfonos
instalados en los domicilios de los habitantes de un municipio, lo cual descarta una
indefinición en los términos del legislador que impida el establecimiento del
impuesto sobre los teléfonos urbanos. Dijo la Sala en otra oportunidad:

«…esta Corporación advierte que no hay duda de que el literal i) del artículo 1º de la Ley 97
de 1913 constituye una autorización del Legislador para crear un impuesto y que del mismo
texto normativo se pueden establecer algunos elementos del tributo, tales como el sujeto
activo y el hecho generador, para el caso del impuesto que ahora se analiza.

Y si bien el precepto mencionado resulta genérico al expresar “impuesto sobre teléfonos”, es
posible determinar el alcance de la disposición para establecer que el hecho gravado se
circunscribe, atendiendo a la época en que fue expedida la Ley 97 de 1913, “a los teléfonos
que se conectaban en los domicilios de los habitantes de una determinada localidad”.

Aunque no existe una definición legal de “teléfono” se puede entender en su sentido natural y
obvio (art. 28 C.C.), por lo que esta Sala concluye que, de acuerdo con los lineamientos de la
Corte Constitucional, la descripción del hecho gravado no conduce a que en las expresiones
utilizadas por la norma se presente “ambigüedad o confusión” o que la falta de claridad sea

10 La expresión “y análogas” fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-504 del 3 de julio de

2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
13
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“insuperable” que haga imposible entender el sentido y alcance de las disposiciones, de
conformidad con las reglas generales de la hermenéutica jurídica.

(…)

Además, la Sala considera que el hecho gravado ha sido aún más delimitado por el Legislador
al establecer que recae únicamente sobre teléfonos “urbanos”, acepción contenida en la
norma que se analiza, y frente a la cual esta Corporación ya se ha referido en el sentido de
indicar que:

“Teniendo en cuenta que la noción del calificativo “urbano/a” no se halla definida jurídicamente,
a pesar de que existen las definiciones legales de “área urbana” (art.38 Dcto. 1333/86) y “suelo
urbano” (art. 31 Ley 388/97), debe acudirse, con fundamento en el artículo 28 del Código Civil,
a su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras.

Así, de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, la palabra “urbano” significa:
“Perteneciente o relativo a la ciudad”, por lo tanto, el hecho generador del impuesto autorizado
por la Ley 97 de 1913, se refería a los telégrafos y teléfonos que pertenecían a la ciudad,
(…)»11.

Conforme lo anterior, se entiende que la descripción del hecho generador del
impuesto de teléfonos sobre los «teléfonos urbanos» resulta compatible con el
principio de legalidad en materia tributaria, pues permite identificar con suficiencia
el hecho sobre el cual recae el tributo autorizado por la ley, que corresponde a los
teléfonos conectados directamente a los domicilios de los habitantes de una
localidad, o telefonía pública básica conmutada (TPBC).

La delimitación del hecho generador como referida a los «teléfonos urbanos» con
base en el uso común de los términos hace improcedente acudir al concepto técnico
presentado en una discusión similar ante el Tribunal Administrativo del Atlántico al
que alude la parte demandada en su recurso. Además, resulta claro que el alcance
de la expresión «teléfonos urbanos» descarta la posibilidad de gravar la telefonía
móvil, pues como ya lo había dicho esta Corporación:

«No es necesario hacer mayores distinciones entre los que significa un teléfono urbano y un
teléfono móvil celular, cuando para la fecha en que se expidió la Ley 97, en 1913, la tecnología
se reducía a los teléfonos que se conectaban en los domicilios de los habitantes de una
determinada localidad. Esta calidad de domiciliarios, propia de un teléfono urbano, impide que
la telefonía móvil celular, tenga un igual tratamiento, pues debido a sus "connotaciones
jurídicas y económicas no puede ser considerado un servicio público domiciliario…»12.

Para la Sala, una interpretación de las normas tributarias acompasada con el
contexto histórico y la evolución tecnológica de la sociedad no puede llevar a
desconocer los términos del principio de legalidad en materia tributaria. Por ello, no
hay lugar a tomar el contenido del artículo 1.º de la Ley 97 de 1913 como una
autorización general para que los municipios sometan a tributación a cualquier
forma de comunicación, distinta a la transmisión de voz mediante aparatos
telefónicos con conexión directa a los domicilios de cada localidad.

Debe tenerse en cuenta que los cambios regulatorios en materia de
telecomunicaciones no suponen la derogatoria de los términos utilizados en la ley
tributaria para describir los hechos generadores, por lo que no puede concluirse
que las modificaciones en el ámbito legal de las telecomunicaciones lleven a la
indeterminación de los conceptos señalados en la ley tributaria. Así, frente a la

11 Sentencia de 15 de octubre de 1999, exp. 9456, M.P. Julio E. Correa Restrepo.
12
Ibidem.
14
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relación entre la descripción del hecho generador del impuesto de teléfonos y la
aprobación de la Ley 1341 de 2009, dijo esta Corporación13:

«Y, frente a lo establecido por la Ley 1341 de 2009, invocada por la parte actora como sustento
de una presunta derogatoria del impuesto, se advierte esta disposición responde a aspectos
técnicos y regulatorios de las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC-, fijó los
principios rectores del sector, redefinió competencias institucionales y organizó la provisión de
servicios de telecomunicaciones.

En ese sentido, la clasificación técnica de los servicios de telecomunicaciones, incluida la
eliminación de la categoría legal de telefonía básica conmutada como servicio público
domiciliario, obedece a fines sectoriales y regulatorios, que no afectan la validez de hechos
gravables definidos previamente por el legislador.

El hecho de que nuevas tecnologías como la VoIP o los servicios de datos móvil emergieran
en el mercado y surja la convergencia digital, no implica la extinción automática de figuras
jurídicas tributarias sustentadas en normas vigentes y declaradas exequibles. En particular, el
artículo 43 de la Ley 1341 se limitó a suprimir funciones atribuidas al otrora Ministerio de
Comunicaciones y a otras entidades; sin embargo, tal disposición no modificó, ni eliminó la
existencia del tributo previsto en la Ley 97 de 1913, por lo que no puede interpretarse como
una derogatoria tácita del impuesto sobre teléfonos urbanos, que responde al ámbito de la
autonomía fiscal de las entidades territoriales.

Así las cosas, no le asiste razón a la demandante al afirmar que el hecho gravado por el
Acuerdo 229 de 2021 es inexistente o indeterminado; por el contrario, el artículo 111 del citado
acuerdo estableció como hecho generador la propiedad, tenencia o posesión de una línea
telefónica básica convencional, descripción que se acompasa con el núcleo normativo
autorizado por la Ley 97 de 1913. El hecho imponible no se desdibujó por el desarrollo
tecnológico ni por la evolución del régimen regulatorio de las telecomunicaciones, en tanto
subsisten físicamente las líneas telefónicas fijas como medio de comunicación. Además, que
el texto normativo no incluyó expresamente modalidades como la telefonía móvil celular ni los
planes de datos, lo que excluye interpretaciones extensivas sobre el alcance del gravamen».

Así, la Sala concluye que la tesis del a quo resulta plenamente válida, al considerar
que el municipio sí tiene la potestad para imponer en su jurisdicción el impuesto de
teléfonos, siempre que se entienda que el servicio gravado es únicamente el
correspondiente al servicio telefónico con conexión directa a los domicilios de los
habitantes del municipio, por lo que era menester anular aquellas expresiones del
acuerdo demandado que extendían el gravamen a otros teléfonos o servicios de
telecomunicaciones, no contemplados en las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915.

Siendo claro que el municipio sí cuenta con autorización legal para gravar los
teléfonos con conexión directa al domicilio de sus habitantes, se entiende que la
fijación de las tarifas del tributo con base en la estratificación del municipio sí
atiende de manera suficiente al principio de progresividad tributaria, en la medida
en que ese criterio constituye un indicador válido de capacidad contributiva relativo
al uso del teléfono en los predios del municipio. Si bien le asiste razón a la
demandante en cuanto a que el uso de teléfonos móviles puede resultar
improcedente como criterio para estimar la capacidad contributiva de los usuarios
de este servicio en ciertos casos, para la Sala sí resulta adecuado para fijar un
gravamen que recae sobre el uso de teléfonos directamente conectados al domicilio
de los contribuyentes.

Conforme a lo anterior, debía ajustarse lo dispuesto en el acuerdo demandado, con
el fin de que se entienda que el servicio que puede ser gravado por el municipio, de
conformidad con la autorización legislativa contenida en las leyes 97 de 1913 y 84

13 Sentencia del 3 de julio de 2025, exp. 29350, M.P. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

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de 1915, es el de los teléfonos fijos, o aquellos directamente conectados al domicilio
de los usuarios gravados, como lo decidió el Tribunal.

Comoquiera que no prosperaron los cargos presentados por el apelante, la Sala
confirmará en su integridad la sentencia apelada.

Conclusiones

1. El hecho generador del impuesto de teléfonos se refiere únicamente a las
líneas telefónicas con conexión directa a los domicilios de una localidad
determinada. Por tanto, los municipios no tienen autorización legal para
gravar otro tipo de telefonía, incluyendo la telefonía móvil celular.

2. La expedición de la Ley 1341 de 2009 no supone la derogatoria de la Ley 97
de 1913, ni del alcance del impuesto municipal sobre teléfonos urbanos
autorizado por esta última.

3. La fijación de tarifas del impuesto de teléfonos teniendo en cuenta la
estratificación del municipio no vulnera el principio de progresividad
tributaria, en la medida en que solo se entienden gravados los teléfonos con
conexión directa a cada inmueble.

Condena en costas

En consideración de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no procede la
condena en costas, por cuanto en el presente asunto se debate una pretensión de
nulidad general, la cual lleva inmersa un interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

16
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