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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00003-02

Fecha
25 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00003-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar dispone: SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda. 2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 3. LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional decretada en el auto del 20 de octubre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 4. Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2023-00003-02

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

25 de septiembre de 2026

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez
Demandada: Municipio De Funza

Temas: Impuesto predial unificado. Factores para la fijación de la tarifa.
Carácter enunciativo del listado del artículo 4 de la Ley 44 de
1990. Procedencia de tarifas diferenciales para predios rurales
según su destinación económica.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por el Municipio de Funza, en
contra de la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en la que se
decidió2:

“PRIMERO: LEVANTAR la suspensión parcial del artículo 53 del Acuerdo 024 de 2021,
decretada mediante auto del 20 de octubre de 2023.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del artículo 53 del Acuerdo 024 de 2021, en lo que
respecta a la tarifa del impuesto predial para los predios rurales con actividad industrial,
comercial, servicios y agroindustrial, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: Sin condena en costas.

(…)”

ANTECEDENTES

El acto demandado

El artículo 53 del Acuerdo 024 del 30 de noviembre de 2021, expedido por el
Concejo Municipal de Funza, fijó las tarifas del impuesto predial unificado en el
municipio. La norma agrupó los predios del municipio en cinco categorías y para
1
Samai Tribunal, índice 83. Ingresó al despacho el pasado 20 de mayo de 2026.
2
Samai Tribunal, índice 80.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

cada una estableció una escala tarifaria por rangos de avalúo. La demanda se dirige
contra la tabla titulada «PREDIOS URBANOS Y RURALES CON ACTIVIDAD INDUSTRIAL,
COMERCIAL, SERVICIOS, AGROINDUSTRIAL», que fijó las tarifas del 6 al 15 por mil
según el avalúo del inmueble. El aparte demandado es el siguiente:

PREDIOS URBANOS Y RURALES CON ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL,
SERVICIOS, AGROINDUSTRIAL

AVALÚOS DESDE HASTA TARIFA POR MIL
1 50.000.000 6.0
50.000.001 100.000.000 7.0
100.000.001 200.000.000 8.0
200.000.001 300.000.000 9.0
300.000.001 500.000.000 10.0
500.000.001 1.000.000.000 11.0
1.000.000.001 2.000.000.000 12.0
2.000.000.001 3.000.000.000 13.0
3.000.000.001 5.000.000.000 14.0
MAS 5.000.000.001 15.0

DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Pretensiones de la demanda y normas violadas

En ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la
demandante solicitó «la nulidad del aparte resaltado del artículo 53 del Acuerdo 024 del 30 de
noviembre de 2021, expedido por el Concejo Municipal de Funza»3.

Invocó como normas vulneradas el numeral 2 del artículo 4 de la Ley 44 de 1990,
modificado por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 y los artículos 83, 95 (numeral
9), 287, 313 y 338 de la Constitución Política.

Concepto de la violación y oposición

Los cargos de la demanda y la contradicción ejercida en la contestación se
sintetizan, así:

Primer cargo. Violación de los artículos 4 de la Ley 44 de 1990 y 287, 313 y
338 de la Constitución Política

1. La demandante sostuvo que el Concejo Municipal de Funza fijó la tarifa con
fundamento en la destinación económica del predio, criterio que no figura entre los
3
Samai Tribunal, índice 18.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

factores previstos en el inciso 2 del artículo 4 de la Ley 44 de 1990, modificado por
el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011. Precisó que el numeral 2 de esa disposición
admite como criterio para la fijación de la tarifa del impuesto el uso del suelo
únicamente en el sector urbano.

Añadió que la autonomía de las entidades territoriales no es absoluta y se ejerce
dentro del marco que fija la ley, de modo que el Concejo carecía de competencia
para introducir un factor tarifario distinto de los legalmente previstos.

2. El municipio replicó que el artículo 53 no utilizó la destinación del predio como
elemento de cuantificación del tributo, y que el único factor determinante de la tarifa
fue el avalúo catastral dentro del rango legal del 5 al 16 por mil.

Explicó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi clasifica los predios según su
destinación económica, razón por la cual el Concejo presentó de ese modo la
agrupación de los bienes sujetos al impuesto, sin que ello implique que la actividad
económica determine la tarifa.

Segundo cargo. Violación del artículo 83 de la Constitución Política

1. La demandante afirmó que las tarifas del Acuerdo 021 de 2017 estuvieron
vigentes durante 4 años y generaron una expectativa legítima de estabilidad. Su
modificación abrupta, con incrementos que llegaron al 66,7%, desconoció la
seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima de quienes planearon
inversiones en el municipio.

2. El municipio adujo que estos principios no impiden la modificación de las tarifas
del impuesto predial, y que lo exigible es que se mantengan dentro de los límites
legales y consulten la capacidad contributiva de los sujetos pasivos. Sostuvo que
la nueva estructura tarifaria benefició a 1.229 de los 1.862 contribuyentes del grupo.

Tercer cargo. Violación de los artículos 83 y 95-9 de la Constitución Política
por omisión legislativa relativa

1. La demandante señaló que el Acuerdo 024 de 2021 no previó régimen de
transición alguno que permitiera a los contribuyentes adaptarse de manera gradual
al nuevo nivel tarifario, con lo cual incurrió en una omisión legislativa relativa.

2. El municipio replicó que el acuerdo se expidió con anterioridad al inicio del
período gravable en el que produjo efectos, y que ninguna norma le imponía
establecer un régimen de transición cuando modifica las tarifas dentro del rango
autorizado por la ley.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

SENTENCIA APELADA Y RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE
DEMANDADA

El Tribunal declaró la nulidad parcial del artículo 53 respecto de los predios rurales
con actividad industrial, comercial, de servicios y agroindustrial, y se relevó del
examen de los cargos segundo y tercero de la demanda4.

El municipio apeló la decisión y formuló dos objeciones que se exponen enseguida,
frente a los fundamentos de la providencia recurrida5.

Primer cargo de apelación. Indebida interpretación del artículo 4 de la Ley 44
de 1990

1. El Tribunal razonó que, aunque los factores del artículo 4 de la Ley 44 de 1990
no son taxativos por haber empleado el legislador la expresión «tales como», el
propio precepto dispuso que el uso del suelo únicamente puede ser determinante
en el sector urbano. Apoyó esa lectura en la sentencia de esta Sección del 7 de
mayo de 20086.

Precisó que el inciso 3 del artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 introdujo una
excepción puntual, circunscrita a la propiedad rural con destinación agropecuaria
de estratos 1, 2 y 3 cuyo avalúo no supere los 135 salarios mínimos mensuales
legales vigentes, y que esa excepción no habilita de forma general a los concejos
para acudir a la destinación económica en suelo rural. Con ello se apartó del criterio
que la misma subsección había acogido en la sentencia del 15 de abril de 20217.

2. El municipio sostuvo que el a quo incurrió en error in iudicando, porque entendió
taxativo un listado que no lo es y dedujo una prohibición que el legislador no
estableció. Adujo que la ley no fijó criterio alguno para determinar la tarifa del
impuesto en los predios rurales.

Agregó que las únicas limitantes que impuso el artículo 4 de la Ley 44 de 1990 son
el rango tarifario del 5 al 16 por mil y el carácter diferencial y progresivo de las
tarifas, y que el acuerdo atendió a ambas. Invocó, además, la autonomía fiscal
reconocida a los municipios en los artículos 287, 313 y 338 de la Constitución
Política.

4
Samai Tribunal, índice 81.
5
Samai Tribunal, índice 83.
6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 7 de mayo de 2008. Rad. 15906,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa.
7
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Cuarta Subsección B. Sentencia de 15 de abril de 2021. Exp 25899-33-
33-002-2018-00237-01.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

Segundo cargo de apelación. Incongruencia interna de la sentencia

1. El Tribunal expuso en la parte motiva que los concejos municipales están
facultados para fijar los elementos del tributo dentro del marco trazado por la ley, y
concluyó que esa facultad no comprendía el criterio aplicado en el artículo 53.

2. El municipio afirmó que ese análisis configura una indebida aplicación del
artículo 281 del Código General del Proceso, por incongruencia interna, dado que
los fundamentos de la decisión resultan incompatibles entre sí y con lo resuelto.

PRONUNCIAMIENTOS FINALES

La demandante se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la sentencia8.
Adujo que el municipio varió su línea de defensa, pues en la contestación negó
haber empleado el uso del suelo como criterio tarifario y en la apelación afirma que
sí lo empleó, y que la ley se lo permite.

Sostuvo, además, que el silencio del legislador no constituye habilitación normativa
y que los principios de equidad, justicia y progresividad no operan como normas que
confieran competencia. Reiteró de forma expresa los cargos segundo y tercero de
la demanda, no examinados por el Tribunal.

El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa. Ponencia derrotada, alcance del recurso de apelación y de
la revisión en segunda instancia

De manera preliminar se advierte que el presente proceso fue repartido al despacho
del Magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño quien presentó ponencia a
consideración de la Sección, sin obtener la mayoría de los votos requeridos para su
aprobación en la Sala del día 16 de julio de 2026, por lo que se remitió el expediente
al despacho que seguía en turno9.

La demandante pide que los planteamientos del recurso no sean examinados,
porque contradicen lo que el municipio expuso en la contestación. Invoca los
principios de congruencia, preclusión y lealtad procesal.

8
Samai CE, índice 12.
9
Samai CE, índice 15.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

Al respecto, el artículo 328 del Código General del Proceso delimita la competencia
del superior a los reparos concretos formulados en el recurso. La norma cumple la
función de fijar el objeto de la segunda instancia y no impone al apelante un deber
de coherencia con los argumentos de la contestación de la demanda. La Sala
observa que los reparos formulados en el escrito de apelación se dirigen a
controvertir los fundamentos de la sentencia.

Aunque los fundamentos del recurso de apelación difieran de los presentados en la
contestación de la demanda, ello no implica la transgresión de los principios
invocados como vulnerados, porque los reparos derivan del razonamiento de la
sentencia apelada y tienen por objeto controvertirlo. Por lo tanto, la objeción
planteada por la demandante no impide el examen del recurso de apelación.

Por otro lado, la Sala precisa que, aunque la pretensión de la demanda comprendía
la totalidad del aparte acusado —referido a los predios urbanos y rurales con
actividad industrial, comercial, de servicios y agroindustrial—, el Tribunal declaró la
nulidad únicamente respecto de los predios rurales. La demandante no apeló esa
denegación parcial. En consecuencia, conforme al artículo 328 del Código General
del Proceso, la controversia en esta instancia se contrae a la legalidad de la tarifa
fijada para los predios rurales.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el municipio de Funza, le
corresponde a la Sala determinar:

(i) Si el Concejo Municipal de Funza desconoció el artículo 338 de la
Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 44 de 1990, modificado por el
artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, al fijar tarifas diferenciales del impuesto
predial unificado para los predios rurales con actividad industrial, comercial,
de servicios y agroindustrial.

(ii) Si la sentencia apelada incurrió en incongruencia interna, en los términos del
artículo 281 del Código General del Proceso.

Resueltos los problemas jurídicos, y en el evento de revocarse la sentencia, la Sala
deberá pronunciarse sobre los cargos segundo y tercero de la demanda, cuyo
estudio omitió el Tribunal.

3. La interpretación del artículo 4 de la Ley 44 de 1990

El artículo 338 de la Constitución Política establece que «[e]n tiempo de paz, solamente
el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer
contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar,

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los
impuestos». Asimismo, el numeral 12 del artículo 150 atribuye al Congreso la facultad
de establecer contribuciones fiscales, mientras que los artículos 287 y 313 facultan
a los concejos para administrar los recursos y votar los tributos locales de
conformidad con la Constitución y la ley. Por su parte, el artículo 317 reserva a los
municipios el gravamen sobre la propiedad inmueble.

De estas disposiciones se sigue que el impuesto predial unificado obedece a una
competencia concurrente. Corresponde al legislador autorizar el tributo y establecer
su marco, y a los concejos municipales desarrollar dentro de ese marco los
elementos que la ley no determinó.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que cuando la ley se limita
a autorizar un tributo territorial, «puede ser más general siempre y cuando indique, de manera
global, el marco dentro del cual las asambleas y los concejos deben proceder a especificar los
elementos concretos de la contribución»10. La misma corporación ha señalado que el
artículo 338 «ordena la predeterminación del tributo, pero en manera alguna señala que la fijación
de sus elementos sólo puede ser efectuado por el Legislador, ya que habla específicamente de las
ordenanzas y los acuerdos »11.

Ese reparto tiene un límite que opera a favor de la autonomía territorial, porque aun
cuando el Congreso puede establecer directamente los elementos esenciales de los
tributos territoriales, «se debe preservar el límite mínimo de autonomía fiscal, el cual, como ya
se dijo, descansa en la fijación de la tarifa y en la libre administración, recaudo y control de los
tributos»12, de manera que «el Congreso de la República no puede establecerlo todo»13.

Esta regla resulta determinante en el caso concreto, pues la tarifa no es un elemento
accidental del impuesto predial, sino el espacio preciso en el que la jurisprudencia
constitucional sitúa la autonomía territorial del municipio.

El artículo 4 de la Ley 44 de 1990 dicta el marco en el cual los concejos municipales
y distritales pueden fijar la tarifa del impuesto predial. Antes y después de su
modificación por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, esta norma establece lo
siguiente:

Antes de la modificación Con posterioridad a la modificación
ARTÍCULO 4º.- Tarifa del impuesto. La tarifa del ARTÍCULO 4. La tarifa del impuesto predial
Impuesto Predial Unificado, a que se refiere la unificado, a que se refiere la presente ley, será
presente Ley, será fijada por los respectivos fijada por los respectivos Concejos municipales

10
Corte Constitucional, Sentencia C-155 del 31 de marzo de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo, que reiteró la Sentencia
C-084 del 1 de marzo de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
11
Ibidem, que reiteró la Sentencia C-987 del 9 de diciembre de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
12
Corte Constitucional, Sentencia C-132 del 29 de abril de 2020, que reiteró la Sentencia C-587 del 13 de agosto de 2014,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
Sentencia C-504 del 3 de julio de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

concejos y oscilará entre el 1 por mil y 16 por y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16
mil del respectivo avalúo. por mil del respectivo avalúo.

Las tarifas deberán establecerse en cada Las tarifas deberán establecerse en cada
municipio de manera diferencial y progresiva, municipio o distrito de manera diferencial y
teniendo en cuenta: progresivo, teniendo en cuenta factores tales
como:
Los estratos socioeconómicos;
1. Los estratos socioeconómicos.
Los usos del suelo, en el sector urbano; 2. Los usos del suelo en el sector urbano.

La antigüedad de la formación o actualización 3. La antigüedad de la formación o actualización
del catastro; del Catastro.

A la vivienda popular y a la pequeña propiedad 4. El rango de área.
rural destinada a la producción agropecuaria se
les aplicarán las tarifas mínimas que establezca 5. Avalúo Catastral.
el respectivo Concejo.
A la propiedad inmueble urbana con destino
Las tarifas aplicables a los terrenos económico habitacional o rural con destino
urbanizables no urbanizados teniendo en económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo
cuenta lo estatuido por la Ley 9 de 1989, y a los precio sea inferior a ciento treinta y cinco
urbanizados no edificados, podrán ser salarios mínimos mensuales legales vigentes
superiores al límite señalado en el primer inciso (135 smlmv), se le aplicará las tarifas que
de este artículo, sin que excedan del 33 por mil. establezca el respectivo Concejo Municipal o
Distrital a partir del 2012 entre el 1 por mil y el
16 por mil.

El incremento de la tarifa se aplicará a partir del
año 2012 de la siguiente manera: Para el 2012
el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por
mil y en el 2014 el 5 por mil. Sin perjuicio de lo
establecido en el inciso anterior para los
estratos 1, 2 y 3.

A partir del año en el cual entren en aplicación
las modificaciones de las tarifas, el cobro total
del impuesto predial unificado resultante con
base en ellas, no podrá exceder del 25% del
monto liquidado por el mismo concepto en el
año inmediatamente anterior, excepto en los
casos que corresponda a cambios de los
elementos físicos o económicos que se
identifique en los procesos de actualización del
catastro.

Las tarifas aplicables a los terrenos
urbanizables no urbanizados teniendo en
cuenta lo estatuido por la ley 09 de 1989, y a los
urbanizados no edificados, podrán ser
superiores al límite señalado en el primer inciso
de este artículo, sin que excedan del 33 por mil.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

PARÁGRAFO 1. Para efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 24 de
la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo
184 de la Ley 223 de 1995, la tarifa aplicable
para resguardos indígenas será la resultante
del promedio ponderado de las tarifas definidas
para los demás predios del respectivo municipio
o distrito, según la metodología que expida el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

PARÁGRAFO 2. Todo bien de uso público será
excluido del impuesto predial, salvo aquellos
que se encuentren expresamente gravados por
la Ley"

En su redacción original, el inciso 2 del artículo 4 de la Ley 44 de 1990 dispuso que
las tarifas deberían establecerse de manera diferencial y progresiva teniendo en
cuenta tres factores taxativos: (i) los estratos socioeconómicos, (ii) los usos del
suelo en el sector urbano y (iii) la antigüedad de la formación o actualización
catastral. El artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 modificó esta norma. Aumentó el
límite inferior de la tarifa al 5 por mil, conservó el mandato consistente en que las
tarifas debían establecerse de manera diferencial y progresiva, y dispuso que las
tarifas se fijarían «teniendo en cuenta factores tales como» lo señalados con anterioridad,
agregando dos factores adicionales, a saber, el rango de área y el avalúo catastral.

Esta reforma introdujo, entonces, un cambio cuantitativo, consistente en la
incorporación de dos factores nuevos, y uno cualitativo, consistente en la sustitución
de una enumeración cerrada por una formulación abierta. La expresión « tales como»
prevista en la disposición tiene un carácter ilustrativo —tanto en el lenguaje común
como en la técnica legislativa—, toda vez que introduce ejemplos pertenecientes a
una categoría más amplia y no un catálogo exhaustivo. Si el legislador hubiera
querido conservar un listado taxativo le habría bastado con mantener la redacción
anterior, que carecía de esa fórmula abierta.

Resulta, además, coherente con esta cláusula abierta la finalidad con la que fue
introducido al ordenamiento el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, consistente en el
fortalecimiento de las fuentes de financiación de los municipios mediante el
incremento de las tarifas del impuesto predial y el establecimiento de regímenes
diferenciados. Al analizar esta norma, la Corte Constitucional señaló que « los
lineamientos específicos antes destacados, cobijados en dos de los ejes centrales del PND, señalan
la intención política y la necesidad desde el punto de vista de la realización de los objetivos y metas
contenidos en el Plan, de aumentar el recaudo del impuesto predial, a través de la modificación
tarifaria y el mejoramiento en los procedimientos de recaudo. Estos elementos indican que existe
conexidad entre la norma demandada y los objetivos y metas del Plan, y no solo eso, sino que la
conexidad es directa, pues para la concreción de estos objetivos la medida analizada se presenta
como conducente y apropiada, en tanto tiene la potencialidad de aumentar el recaudo a través del

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

establecimiento de tarifas mínimas superiores a las antes existentes y el establecimiento de
regímenes diferenciados»14.

La Sala concluye, en consecuencia, que el listado del inciso 2 del artículo 4 de la
Ley 44 de 1990 no es taxativo. Así lo concluyó igualmente el Tribunal en la sentencia
apelada.

A pesar de haber admitido el carácter enunciativo del listado previsto en la norma,
el Tribunal extrajo del numeral 2 la prohibición de acudir a criterios distintos del
avalúo catastral tratándose de predios rurales. Corresponde a la Sala examinar si
esta inferencia que hizo el Tribunal es admisible.

El inciso 2 del artículo 4 de la Ley 44 de 1990 es una norma habilitante que enumera
factores que los concejos deben tener en cuenta para el establecimiento de las
tarifas del impuesto predial en su jurisdicción, de modo que su función normativa
consiste en permitir la fijación de este elemento del tributo dentro de cierto marco.

La Sala observa que la lectura del Tribunal supone un razonamiento a contrario,
conforme al cual el silencio del legislador respecto de los usos del suelo rural
excluiría su utilización como criterio tarifario. Tal conclusión, sin embargo,
presupone que se está ante una enumeración cerrada, pues ese razonamiento solo
opera en tales casos.

La expresión «tales como» excluye precisamente esa posibilidad. Al declarar abierto
el listado, el legislador dispuso que la ausencia de un factor en la enumeración no
significa proscripción. Sostener que el listado es enunciativo y, a su vez, que uno de
sus numerales implica una restricción para la fijación de las tarifas a los predios
rurales constituye una contradicción que no se desprende de la cláusula abierta que
contiene la disposición.

A lo anterior cabe agregar una consideración relativa al efecto útil de la norma. En
este orden, si el complemento de cada numeral generara una prohibición correlativa
respecto de lo no mencionado, los criterios señalados resultarían ser un listado de
carácter cerrado y, por lo tanto, la fórmula «tales como» carecería de sentido y
alcance. La interpretación que priva de efecto a un texto legal no puede prevalecer
sobre la que se lo reconoce15.

14
Sentencia C-077 del 15 de febrero de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
15
Según la Corte Constitucional, el efecto útil de las normas corresponde a un criterio hermenéutico «según el cual debe
considerarse, de entre varias interpretaciones de una disposición normativa, aquella que permita consecuencias jurídicas
sobre la que no las prevea, o sobre la que prevea consecuencias superfluas o innecesarias» (Sentencia C-569 del 8 de junio
de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes). A su vez, según lo ha señalado la Sección Primera del Consejo de Estado, el principio
de efecto útil de la norma es aquel «conforme al cual si entre dos posibles sentidos de un precepto, uno produce
consecuencias jurídicas y el otro a nada conduce, debe preferirse el primero» (Sentencia del 27 de noviembre de 2025, C.P.
Pablo Andrés Córdoba Acosta).

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

De esta manera, el complemento «en el sector urbano» cumple una función distinta de
la que le atribuyó el Tribunal. Identifica el factor que el legislador quiso mencionar a
título de ejemplo y nada dice sobre los predios rurales. En consecuencia, el
complemento mencionado delimita el ejemplo, no la competencia de los concejos
municipales.

En ese contexto, tampoco puede afirmarse que la referencia a los usos del suelo
"en el sector urbano" comporte una prohibición implícita respecto de los predios
rurales. El legislador no dispuso que dicho criterio fuera exclusivo del sector urbano
ni estableció expresamente una restricción para acudir a criterios semejantes
respecto del suelo rural. La norma únicamente identificó uno de los factores que
podían ser considerados para la fijación de la tarifa, sin incorporar una regla
negativa frente a los demás supuestos. Por ello, atribuir a la expresión mencionada
un alcance restrictivo supone introducir una limitación que no fue prevista por el
legislador.

Lo único que hizo la ley fue identificar uno de los factores que obligatoriamente
podían ser considerados respecto de los predios urbanos. De la ubicación
sistemática de la expresión no surge una regla negativa para los predios rurales.

Esta conclusión guarda plena correspondencia con el criterio expuesto
anteriormente, consistente en que la tarifa es el elemento en el que reside el
contenido mínimo de la autonomía fiscal territorial, de forma que las restricciones a
la competencia de los concejos municipales en esta materia no pueden inferirse del
silencio del legislador.

Por lo anterior, la Sala concluye que el numeral 2 del inciso 2 del artículo 4 de la Ley
44 de 1990 no contiene una prohibición para que los concejos municipales
establezcan tarifas diferenciales entre predios rurales.

Lo dicho es, además, coherente las normas relativas al ordenamiento territorial,
como pasa a explicarse. El artículo 30 de la Ley 388 de 1997 dispuso que los planes
de ordenamiento territorial clasifican el territorio municipal en suelo urbano, rural y
de expansión urbana, y que al interior de esas clases pueden establecerse las
categorías de suburbano y de protección.

El artículo 33 de la misma ley define el suelo rural como los terrenos no aptos para
el uso urbano, por razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas,
ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.
El artículo 34 define el suelo suburbano como las áreas ubicadas dentro del suelo
rural en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la
ciudad, susceptibles de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

densidad. Añade que pueden formar parte de esa categoría los corredores urbanos
interregionales.

El uso del suelo, a su turno, es la destinación asignada al predio por el plan de
ordenamiento territorial o por los instrumentos que lo desarrollen, conforme a las
actividades que pueden adelantarse en él. Se clasifica en principal, compatible o
complementario, condicionado o restringido y prohibido16.

Territorialmente el uso se concreta en las áreas de actividad, definidas como las
partes del territorio que deben delimitarse en la cartografía del plan de ordenamiento
territorial y para las cuales se establece el régimen de usos. Son áreas de actividad,
entre otras, la residencial, la comercial, la de servicios, la industrial, la institucional
o dotacional y la mixta17.

Lo relevante para contextualizar y entender la clasificación efectuada por la norma
demandada es que el ordenamiento territorial reconoce y regula de manera expresa
actividades industriales, comerciales y de servicios en suelo rural. El artículo 1 del
Decreto 4066 de 2008, modificatorio del artículo 1 del Decreto 3600 de 2007 —hoy
compilado en el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015— define las áreas de
actividad industrial como «[z]onas rurales suburbanas y rurales no suburbanas del territorio
municipal o distrital en las cuales se permite la parcelación del suelo para la localización de
establecimientos dedicados a la producción, elaboración, fabricación, preparación, recuperación,
reproducción, ensamblaje, construcción, reparación, transformación, tratamiento, almacenamiento,
bodegaje y manipulación de materias destinadas a producir bienes o productos materiales »18.

A su vez, el artículo 12 del Decreto 3600 de 2007 —compilado en el artículo
2.2.2.2.2.4 del Decreto 1077 de 2015— señala que «El otorgamiento de licencias de
parcelación y construcción para el desarrollo de proyectos comerciales y de servicios con un área
de construcción superior a los cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) en suelo rural suburbano,
sólo se permitirá en las áreas de actividad que para estos usos hayan sido específicamente
delimitadas cartográficamente en el plan de ordenamiento territorial o en las unidades de
planificación rural». Por su parte, el artículo 13 del Decreto 3600 de 2007 —compilado
en el artículo 2.2.2.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015— establece que «El otorgamiento
de licencias para el desarrollo de usos industriales en suelo rural suburbano sólo se permitirá en
las áreas de actividad que para estos usos hayan sido específicamente delimitadas en el plan de
ordenamiento territorial o en las unidades de planificación rural y sólo se autorizará bajo alguna de
las siguientes modalidades (…)».

16
Artículos 2 del Decreto 4065 de 2008 y 1 del Decreto 3600 de 2007, compilados en el Decreto 1077 de 2015.
17
Artículo 1 del Decreto 75 de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015.
18
A propósito del municipio de Funza, el artículo 18 del Decreto 3600 de 2007, modificado por el artículo 7 del Decreto 4066
de 2008, compilados en el artículo 2.2.2.2.4.2 estableció, a partir del 20 de septiembre de 2007 la prohibición de otorgar
licencias de parcelación y/o construcción para el desarrollo de usos industriales en las áreas de actividad industrial, zonas
múltiples con actividad industrial u otras destinadas a fines similares. No obstante, bajo ciertas condiciones estableció que en
las áreas consolidadas de actividad industrial, zonas múltiples con actividad industrial u otras similares en suelos rurales no
suburbanos de los municipios de la Sabana de Bogotá, que se encontraban delimitadas en la cartografía oficial de los
respectivos planes de ordenamiento territorial antes del 20 de septiembre de 2007, se podrán definir las zonas a las cuales
se podrá asignar el tratamiento de consolidación urbanística con patrón de baja densidad, para permitir el otorgamiento de
licencias urbanísticas.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

El mismo reglamento desarrolla un conjunto de instituciones destinadas a ordenar
los usos del suelo rural, entre ellas el umbral máximo de suburbanización, la unidad
mínima de actuación y las unidades de planificación rural19. El ordenamiento
territorial colombiano no concibe, entonces, el suelo rural como una categoría
uniforme de vocación exclusivamente agropecuaria. Por el contrario, reconoce en
él usos industriales, comerciales y de servicios, les asigna categorías propias y los
somete a regímenes específicos de parcelación, intensidad y densidad.

La clasificación de un terreno como suelo rural no excluye, por sí sola, el desarrollo
de actividades comerciales, de servicios, industriales o agroindustriales. Estas
podrán autorizarse cuando estén previstas y delimitadas en el POT o en las
unidades de planificación rural, sean compatibles con la vocación del territorio y
cumplan las condiciones de localización, ocupación, movilidad y protección
ambiental20.

De lo anterior se desprende que la lectura restrictiva del numeral 2 del artículo 4 de
la Ley 44 de 1990 es contraria a la realidad del ordenamiento territorial colombiano,
especialmente en el suelo rural, donde pueden desarrollarse diversas actividades.
Para la Sala, el suelo rural no puede concebirse de manera homogénea como
criterio para la fijación de las tarifas del impuesto predial por parte de los entes
territoriales, porque ello conduciría a escenarios inequitativos, —como se explicará
más adelante—, por ejemplo, al aplicar tarifas idénticas a un predio de explotación
agropecuaria y a un centro logístico de bodegas o a una fábrica, por el solo hecho
de localizarse ambos en suelo rural.

Al ser el listado previsto en el artículo 4 de la Ley 44 de 1990 de carácter enunciativo,
podía el Concejo Municipal de Funza acudir al criterio de destinación económica
para los predios ubicados en suelo rural, según lo regulan y permiten la Ley 388 de
1997 y sus decretos reglamentarios.

La diferenciación tarifaria y los principios de capacidad contributiva y equidad

La conclusión anterior se refuerza al examinar el criterio empleado a la luz de los
principios que informan el sistema tributario. El numeral 9 del artículo 95 de la
Constitución Política establece el deber de contribuir al financiamiento de los gastos
e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. A su vez, el

19
Artículo 1 del Decreto 3600 de 2007, compilado en el Decreto 1077 de 2015. El umbral máximo de suburbanización
corresponde al «[p]orcentaje máximo de suelo que puede ser clasificado como rural suburbano en un municipio o distrito», la
unidad mínima de actuación «[s]uperficie mínima de terreno definida en el componente rural del plan de ordenamiento
territorial que puede incluir una o varias unidades prediales para la ejecución de actuaciones urbanísticas de parcelación y
edificación de inmuebles, de conformidad con los usos permitidos en el suelo rural suburbano» y la unidad de planificación
rural es el «[i]nstrumento de planificación de escala intermedia que desarrolla y complementa el plan de ordenamiento
territorial para el suelo rural».
20
Artículos 14, 33 a 35 de la Ley 388 de 1997 y 2.2.2.2.2.4 a 2.2.2.2.2.6, 2.2.2.2.4.1 y 2.2.6.2.1 del Decreto 1077 de 2015.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

artículo 363 dispone que el sistema tributario se funda en los principios de equidad,
eficiencia y progresividad. Aunque estos principios se predican del sistema en su
conjunto, orientan la estructura de cada tributo21.

El principio de equidad exige que los tributos atiendan a la capacidad contributiva,
entendida como la posibilidad económica y real de tributar. La Corte Constitucional
ha señalado que una carga tributaria resulta excesiva «cuando no consulta la capacidad
económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión »22. En
el impuesto predial unificado la capacidad contributiva se manifiesta en la titularidad
o posesión del inmueble, y el avalúo catastral constituye su principal indicador. Ese
indicador captura el valor del bien, pero no agota las diferencias relevantes entre
predios de igual valor.

Dos predios rurales de idéntico avalúo, uno destinado a vivienda y otro a una
actividad industrial, no revelan la misma aptitud para contribuir. El segundo se
encuentra afecto a una explotación económica susceptible de producir mayor
riqueza y su operación demanda del municipio infraestructura vial y servicios en una
intensidad que el primero no genera. Gravar uno y otro con idéntica tarifa no se
acompasa con el principio de equidad horizontal, porque otorga igual tratamiento a
situaciones disímiles.

La diferenciación que introdujo la norma demandada, por el contrario, atiende el
mandato constitucional de equidad vertical, toda vez que el desarrollo de actividades
productivas en predios ubicados en el sector rural constituye un criterio válido de
medición de la capacidad contributiva para la asignación de la carga tributaria de
manera progresiva entre los sujetos pasivos del impuesto predial. Sobre la medición
de la capacidad contributiva en los tributos directos, la Corte Constitucional ha
señalado que «Lo relevante es que se trate de parámetros objetivos y verificables, desde una
perspectiva económica o jurídica»23 y que «no puede eliminarse la posibilidad de que el Legislador,
en aras de la justicia y de la eficiencia fiscal, pueda acudir a parámetros indirectos de medición del
bienestar económico del contribuyente que pese a ello puedan ser validados socialmente como
indicadores de riqueza»24.

En efecto, el hecho de que un predio localizado en el sector rural esté destinado al
desarrollo de actividades económicas, como la industrial, la agroindustrial, la
comercial y la de servicios, permite inferir razonablemente que el sujeto pasivo del
impuesto predial ostenta una mayor capacidad contributiva respecto del bien, en
contraste con los sujetos cuyos predios no tienen esa vocación25.
21
Corte Constitucional, Sentencias C-643 del 13 de agosto de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-409 del 4 de septiembre
de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
22
Corte Constitucional, Sentencias C-734 del 10 de septiembre de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-094 del 27
de febrero de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
23
Corte Constitucional. Sentencia C-057 del 11 de marzo de 2021, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
24
Corte Constitucional. Sentencia C-252 del 28 de mayo de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
25
Ya esta Sección ha tenido la oportunidad de revisar la adecuación de criterios de medición de capacidad contributiva para
la fijación de tarifas en tributos territoriales. Al respecto, en materia de impuesto de teléfonos señaló que «se entiende que la

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

En materia de tributos territoriales, esta Sección ha admitido de forma reiterada que
los concejos municipales fijen tarifas diferenciales atendiendo a la capacidad
contributiva de los sujetos pasivos. Sobre el particular ha precisado que « [e]l hecho
de establecerse tarifas diferenciales conlleva a que se aplique a cabalidad el principio de
progresividad y, por ende, los principios de equidad e igualdad, toda vez que no se trata con el mismo
criterio a todos los administrados, sino en atención a la capacidad contributiva que detentan»26.
Igualmente, ha señalado que las condiciones particulares que ostentan
determinados contribuyentes constituyen un parámetro que « puede ser válidamente
utilizado como referente para establecer la capacidad contributiva de esa clase de
contribuyentes»27.

Ese criterio se ha aplicado respecto de la destinación y de la actividad económica
del inmueble. Al resolver la nulidad de un acuerdo municipal que fijó tarifas
diferenciadas según el sector al que pertenece el predio, la Sección concluyó que
el concejo se encontraba «legalmente facultado para fijar factores progresivos […] para
determinar el valor del impuesto a cargo, en consideración de la estratificación del inmueble o su
destinación o su actividad económica específica», por cuanto ello «atiende no sólo la normativa
aplicable, sino también la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo y los principios de
certeza y progresividad tributaria, sin implicar violación alguna a los principios de igualdad y equidad,
pues claramente la capacidad contributiva de los poseedores del sector rural no es la misma que la
de un usuario residencial estrato 5 o 6, o residente en propiedad horizontal, o del sector comercial y
de servicios»28. Aunque estos pronunciamientos recayeron sobre un tributo distinto,
la regla de que ellos se desprende, consistente en que la destinación del inmueble
es un referente idóneo de capacidad contributiva para la fijación diferencial de
tarifas, resulta igualmente predicable del impuesto predial unificado.

Este resultado es además coherente con el inciso 2 del artículo 4 de la Ley 44 de
1990, que ordena establecer las tarifas del impuesto predial de manera diferencial
y progresiva. Una tarifa uniforme para todos los predios rurales, gobernada
exclusivamente por el avalúo, igualaría la carga de la pequeña propiedad y la de la
gran explotación industrial de igual valor catastral. Por esta razón, los concejos
pueden acudir a criterios, tales como los señalados en el inciso 2 del artículo 4 de
la mencionada ley, que sean reveladores de capacidad contributiva para la fijación
de tarifas diferenciales entre los sujetos pasivos.

fijación de las tarifas del tributo con base en la estratificación del municipio sí atiende de manera suficiente al principio de
progresividad tributaria, en la medida en que ese criterio constituye un indicador válido de capacidad contributiva relativo al
uso del teléfono en los predios del municipio». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Sentencia del 19 de marzo de 2026, Rad. 29631, C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 24276,
C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E), reiterada en las sentencias del 10 de agosto de 2023, exp. 25642, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, y del 4 de septiembre de 2025, exp. 29490, C.P. Luís Antonio Rodríguez Montaño.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 13 de septiembre de 2017, exp.
20886, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, reiterada en la sentencia del 18 de octubre de 2018, exp. 22892, C.P. Milton
Chaves García.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 4 de septiembre de 2025, exp.
29490, C.P. Luís Antonio Rodríguez Montaño.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

Lo anterior no implica que la discrecionalidad de los municipios para la fijación de
las tarifas del impuesto predial sea absoluta, porque, en todo caso, deben respetar
los límites impuestos por la ley y la Constitución Política y atender a las
características y finalidades del tributo. Es por ello que los criterios para la fijación
de la tarifa (i) deben provenir de fuentes técnicas y objetivas —tales como el catastro
o los instrumentos de ordenamiento territorial— (ii) deben ser relevantes desde el
punto de vista constitucional, de modo que guarden relación con una manifestación
real de capacidad contributiva, (iii) deben respetar el rango tarifario previsto en la
ley, (iv) además del mandato de que las tarifas sean diferenciales y progresivas, (v)
sin alterar los demás elementos del tributo.

La norma demandada no alteró el hecho generador, la base gravable ni los sujetos
del impuesto, sino que únicamente desarrolló la facultad legal de graduar la tarifa
dentro de los márgenes establecidos por el legislador.

El precedente invocado en la sentencia apelada

El Tribunal fundó su decisión en la sentencia de esta Sección del 7 de mayo de
2008, que anuló la tarifa fijada por el municipio de Madrid, Cundinamarca, para el
sector floricultor, por considerar que el uso del suelo solo puede ser determinante
en el sector urbano29.

No obstante, este precedente no resulta aplicable al caso. La sentencia invocada
fue proferida bajo el texto original del artículo 4 de la Ley 44 de 1990, que contenía
una enumeración cerrada de factores, anterior al enunciado «tales como» que
introdujo el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011.

El alcance del inciso 3 del artículo 23 de la Ley 1450 de 2011

El Tribunal apoyó su conclusión, además, en que el inciso 3 del artículo 23 de la Ley
1450 de 2011 —que ordena aplicar la tarifa mínima a la propiedad rural con
destinación económica agropecuaria de estratos 1, 2 y 3 cuyo avalúo sea inferior a
135 salarios mínimos legales mensuales vigentes— constituye una excepción
específica a la regla del numeral 2, de la cual infiere que, aparte de ese supuesto,
opera una prohibición. Para la Sala, esta tesis no es sostenible, en tanto el inciso 3
constituye una norma que otorga un trato benéfico a un grupo específico de predios
y opera como límite a la potestad del concejo.

De una disposición que impone un piso tarifario favorable a la pequeña propiedad
rural no puede inferirse una prohibición general de diferenciar entre los demás

29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 7 de mayo de 2008. Rad. 15906,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

predios rurales. Lo excepcional del inciso 3 es la orden de aplicar la tarifa mínima,
no la consideración de la destinación del predio.

En efecto, el inciso tercero no constituye una regla de delimitación negativa de la
competencia tributaria de los municipios, sino una medida especial de protección
dirigida a un grupo determinado de contribuyentes que el legislador consideró
merecedor de un tratamiento favorable. Su finalidad consiste en garantizar una tarifa
reducida para ciertos predios con destino agropecuario de menor capacidad
económica, mas no en establecer un régimen cerrado de diferenciación tarifaria
para todos los predios rurales. Interpretarlo de manera distinta supondría atribuirle
una función que resulta incompatible con la fórmula abierta empleada por el propio
legislador en el inciso segundo al señalar que las tarifas deben establecerse
teniendo en cuenta factores "tales como" los allí mencionados.

Por otra parte, la diferencia de tratamiento que surge del umbral de 135 SMLMV no
constituye una contradicción de la interpretación acogida, pues deriva directamente
de una decisión legislativa orientada a proteger la pequeña propiedad rural. La
existencia de ese beneficio especial no transforma el resto del régimen tarifario en
un sistema cerrado ni impide que los concejos desarrollen criterios diferenciales
respecto de los demás predios rurales.

Así, la circunstancia de que el legislador hubiera previsto expresamente una
hipótesis particular para determinados predios rurales no permite concluir que
hubiese pretendido excluir cualquier otra diferenciación válida dentro del sector
rural. La disposición reconoce una categoría especialmente protegida, pero no
transforma en taxativo el catálogo de factores previsto en el inciso segundo ni
convierte en prohibición la ausencia de referencia expresa a otras situaciones.

La Sala concluye, entonces, que el listado del inciso 2 del artículo 4 de la Ley 44 de
1990 es enunciativo, y su numeral 2 no contiene una prohibición de establecer
tarifas diferenciales entre predios rurales. A ello se agrega que el ordenamiento
territorial reconoce y regula los usos industriales, comerciales y de servicios en
suelo rural, lo que priva de sustento a la lectura restrictiva del numeral señalado.
Además, el inciso 3 del artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 tampoco respalda esa
lectura.

Por todo lo anterior, prospera el primer cargo de apelación.

Ante la prosperidad del primer cargo, la Sala se relevará de examinar el segundo
cargo de la apelación presentado por el municipio de Funza.

4. Los demás cargos de la demanda no examinados por el Tribunal

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

El Tribunal declaró la nulidad con fundamento en el primer cargo de la demanda y
se relevó expresamente del estudio de los demás. Revocada esa decisión, la Sala
debe pronunciarse sobre los cargos segundo y tercero. Adicionalmente, la
demandante reiteró de manera expresa esos cargos en la oposición al recurso de
apelación30.

No es de recibo el planteamiento de la demandante, según el cual el municipio
aceptó esos cargos por no haberlos controvertido en la apelación. No cabe
allanamiento respecto de cargos que el Tribunal no examinó y que, por la misma
razón, no constituyeron los fundamentos de la decisión del a quo y respecto de los
cuales la apelante no tenía interés para recurrir.

4.1. Segundo y tercer cargo de la demanda. Seguridad jurídica, confianza
legítima y omisión legislativa relativa

La demandante sostiene que el incremento tarifario desconoció el artículo 83 de la
Constitución Política, porque las tarifas del Acuerdo 021 de 2017 estuvieron
vigentes durante 4 años y su modificación abrupta defraudó las expectativas
legítimas de los contribuyentes. Adicionalmente, señala que el municipio incurrió en
omisión legislativa relativa al no prever un régimen de transición entre las tarifas del
Acuerdo 021 de 2017 y las del Acuerdo 024 de 2021.

La Sala precisa que el principio de confianza legítima protege frente a cambios
súbitos y arbitrarios que desconozcan situaciones consolidadas. No confiere, en
cambio, un derecho a la permanencia indefinida de un régimen tributario ni congela
las potestades impositivas de los entes territoriales.

Respecto de normas con fuerza de ley, la Corte Constitucional ha señalado que
deben existir razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación y los
presupuestos para que se active la garantía de protección plena de la confianza
legítima, entre otros, que haya generado efectos previsiblemente significativos, es
decir, que haya conducido a que los particulares acomoden de buena fe sus
comportamientos a lo que ella prescribe31.

No obstante, ello no implica que la regulación se torne invariable ni que los
elementos del tributo regulados en las normas territoriales constituyan un derecho
adquirido de los contribuyentes. Particularmente, la tarifa del impuesto predial, como
expresión de la autonomía tributaria territorial, constituye el instrumento mediante el
cual los municipios adecúan la finalidad del tributo a las necesidades derivadas de
la evolución de la economía, incluyendo las dinámicas de desarrollo y de expansión
en su propio territorio.

30
Samai CE, índice 12.
31
Corte Constitucional. Sentencia C-235 del 29 de mayo de 2019.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

No puede pretenderse, entonces, que las tarifas del impuesto predial unificado sean
inmodificables, con el pretexto de proteger la confianza legítima en la durabilidad de
la regulación, porque ello vaciaría de contenido el principio de autonomía de las
entidades territoriales en materia tributaria. Ello resultaría contradictorio con la
facultad de los concejos municipales para votar los tributos locales, conforme lo
autoriza el numeral 4 del artículo 313 de la Constitución Política, comoquiera que
dicha facultad quedaría subordinada a la duración de los acuerdos municipales.

En el mismo sentido, la circunstancia de que las tarifas previstas en el Acuerdo 021
de 2017 hubieran permanecido vigentes durante los períodos gravables
inmediatamente anteriores a la expedición del Acuerdo 024 de 2021 no resulta
suficiente para generar una expectativa jurídicamente protegida de inmutabilidad
del régimen tarifario. El simple transcurso del tiempo durante el cual una disposición
tributaria ha permanecido vigente no la convierte en irrevocable ni limita la
competencia constitucional y legal del concejo municipal para modificarla hacia el
futuro. Admitir lo contrario supondría que la permanencia temporal de una tarifa
termina limitando el ejercicio de la potestad tributaria territorial, conclusión
incompatible con la facultad que el artículo 313 numeral 4 de la Constitución Política
reconoce a los concejos municipales para votar y ajustar los tributos locales dentro
de los límites fijados por la ley.

Además, la demandante no demostró la existencia de actuaciones concretas o
situaciones jurídicas consolidadas que hubieran sido estructuradas sobre una
garantía específica de permanencia de las tarifas contenidas en el Acuerdo 021 de
2017. La sola vigencia de dicho acuerdo durante varios años no permitía inferir
razonablemente que el municipio renunciara a ejercer, en períodos posteriores, sus
competencias de configuración tributaria.

A ello se agrega que, en el caso concreto, no se configura el supuesto que la
demandante invoca, toda vez que el artículo 60 del Acuerdo 024 de 2021 estableció
un mecanismo para evitar el incremento abrupto en el cobro del impuesto. Al
respecto, señaló que «A partir del año en el que comience a regir la modificación de las tarifas,
el cobro total del impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá exceder del
veinticinco por ciento (25%) del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente
anterior, excepto en los casos que corresponda a cambios de los elementos físicos o económicos
que se identifiquen en los procesos de actualización del catastro de acuerdo con el artículo 23 de la
Ley 1450 de 2011 y sus modificaciones».

Frente a normas similares, esta Sección ha manifestado que su finalidad consiste
en «otorgarle una garantía de que no habrá incrementos abruptos del tributo, con ocasión de las
decisiones adoptadas por la administración»32. En consecuencia, lo que la demandante

32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 10 de diciembre de 2025. Rad.
28825, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

reprocha es precisamente lo que el artículo 60 evita, previsión que constituye el
mecanismo de transición —que la demandante considera omitido— que atenúa el
impacto económico para los contribuyentes cuya tributación en el impuesto predial
se vio incrementada en más de un 25%.

De esta manera, no le asiste razón a la demandante, puesto que la facultad de
modificar las tarifas hace parte de la competencia constitucional de los concejos
municipales y, en todo caso, la modificación tarifaria no constituyó un cambio
abrupto en la tributación del impuesto predial en el municipio, por cuanto su impacto
económico —salvo las excepciones previstas en la misma norma— está sujeto a la
limitación del artículo 60 del Acuerdo 024 de 2021.

Tampoco está acreditado el carácter generalizadamente gravoso del cambio de
tarifas. De acuerdo con el documento técnico aportado con la contestación, por el
contrario, la nueva estructura tarifaria redujo la tarifa aplicable a cerca del 68% de
los contribuyentes, quienes pasaron del 13 al 6 por mil33.

Por las razones expuestas, los cargos segundo y tercero de la demanda no
prosperan.

Por último, toda vez que prosperó el recurso de apelación y se negarán pretensiones
de la demanda, la Sala levantará la medida cautelar decretada por el Tribunal
mediante auto del 20 de octubre de 202334.

5. Conclusión

La Sala concluye que el listado de factores del inciso 2 del artículo 4 de la Ley 44
de 1990, modificado por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, es enunciativo y que
su numeral 2 no contiene una prohibición, de modo que los concejos municipales
pueden fijar tarifas diferenciales del impuesto predial unificado en suelo rural a partir
de criterios no enumerados en la ley, como la destinación económica del predio,
siempre que provengan de fuentes técnicas y objetivas, consulten una
manifestación real de capacidad contributiva y se apliquen dentro del rango tarifario
legal, de manera diferencial y progresiva.

Prospera, entonces, el primer cargo de apelación y no prosperan los cargos
segundo y tercero de la demanda. En consecuencia, la Sala revocará el numeral
segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar, negará las
pretensiones. Asimismo, la Sala levantará la medida cautelar decretada por el
Tribunal mediante auto del 20 de octubre de 2023.

33
Samai Tribunal, índice 25.
34
Samai Tribunal, índice 29.

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00003-02 (30939)
Demandante: Carolina Rozo Gutiérrez

6. Costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA, no procede la condena en costas
en el medio de control de nulidad, en el cual se ventila un interés público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

1. REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 28 de
agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar dispone:

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

3. LEVANTAR la medida cautelar de suspensión provisional decretada en el auto
del 20 de octubre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

4. Sin condena en costas.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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