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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00114-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00114-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. 2. Condenar en costas a la parte demandada, para lo cual, se tasan las costas en el componente de agencias en derecho, en un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv), conforme a las consideraciones expuestas. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé tramite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 3. Reconocer personería jurídica al abogado César Eduardo Castellar Terán, como apoderado de la parte demandada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2023-00114-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2023-00114-01 (30566)
Demandante: Departamento de Boyacá
Demandado: La Nación – Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones – MINTIC

Temas: Notificaciones electrónicas durante el período de la
pandemia. Notificación del mandamiento de pago –
artículo 826 del ET.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en contra de la sentencia
del 29 de mayo de 20251, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, que concedió las pretensiones al Departamento de
Boyacá.

ANTECEDENTES

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones profirió
las siguientes resoluciones al Departamento de Boyacá que ordenaron seguir
adelante con la ejecución, en el curso de cuatro procedimientos de cobro coactivo
adelantados con el objeto de obtener el pago de cuotas partes pensionales:

− Resolución 1139 del 29 de junio de 2022, expediente de cobro CCPP 002-2020.
− Resolución 1144 del 29 de junio de 2022, expediente de cobro CCPP 012-2020.
− Resolución 1145 del 29 de junio de 2022, expediente de cobro CCPP 013-2020.
− Resolución 1146 del 29 de junio de 2022, expediente de cobro CCPP 015-2020.

Las resoluciones fueron notificadas a través de correos electrónicos enviados al
Departamento de Boyacá los días 8 y 9 de septiembre de 2022.

DEMANDA

El Departamento de Boyacá presentó la demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando acceder a las siguientes
pretensiones:

“Primera: Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos
por la Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro de Procesos

1
Samai, exp. Tribunal, índice 33. “49_Sentencia_accedeap_SENTENCIANR202300114_0_20250529063551224.pdf”.
2
Samai, exp. Tribunal, índice 2. “3_250002337000202300114001EXPEDIENTEDIGIDEMANDAY20230330085143.pdf”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00114-01 (30566)
Demandante: Departamento de Boyacá

Administrativos de Cobro Coactivo adelantados actualmente por esa entidad contra el
ente territorial que represento:

1. Resolución número 1139 del 29 de junio 2022 “por la cual se ordena seguir adelante
con la ejecución dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo no. CCPP 002-
2020”.
2. Resolución número 1144 del 29 de junio de 2022 “por la cual se ordena seguir adelante
con la ejecución dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo no. CCPP 012-
2020”.
3. Resolución número 1145 del 29 de junio de 2022 “por la cual se ordena seguir adelante
con la ejecución dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo no. CCPP 013-
2020”.
4. Resolución número 1146 del 29 de junio de 2022 “por la cual se ordena seguir adelante
con la ejecución dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo no. CCPP 015-
2020”.

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho
a favor del Departamento de Boyacá, solicito:

1.1 Que se declare que el Departamento de Boyacá no ha sido notificado en legal
forma, del mandamiento de pago que presuntamente el demandado expidió en su
contra dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo No. CCPP 002-
2020.

1.2 Que en caso de que, entre la fecha de radicación de esta demanda y la fecha de
ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso, se consumen las medidas de
embargo ordenadas al interior del procedimiento administrativo de cobro coactivo
No. CCPP 002-2020 sobre las cuentas bancarias cuyo titular es el Departamento
de Boyacá, se ordene el reintegro a favor de la entidad territorial de las sumas
embargadas y/o aplicadas, junto con los intereses e indexación correspondiente, a
la fecha en que se haga efectiva la devolución.

1.3 Que se declare que el Departamento de Boyacá no ha sido notificado en legal
forma, del mandamiento de pago que presuntamente el demandado expidió en su
contra dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo No. CCPP 012-
2020.

1.4 Que en caso de que, entre la fecha de radicación de esta demanda y la fecha de
ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso, se consumen las medidas de
embargo ordenadas al interior del procedimiento administrativo de cobro coactivo
No. CCPP 012-2020 sobre las cuentas bancarias cuyo titular es el Departamento
de Boyacá, se ordene el reintegro a favor de la entidad territorial de las sumas
embargadas y/o aplicadas, junto con los intereses e indexación correspondiente, a
la fecha en que se haga efectiva la devolución.

1.5 Que se declare que el Departamento de Boyacá no ha sido notificado en legal
forma, del mandamiento de pago que presuntamente el demandado expidió en su
contra dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo No. CCPP 013-
2020.

1.6 Que en caso de que, entre la fecha de radicación de esta demanda y la fecha de
ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso, se consumen las medidas de
embargo ordenadas al interior del procedimiento administrativo de cobro coactivo
No. CCPP 013-2020 sobre las cuentas bancarias cuyo titular es el Departamento
de Boyacá, se ordene el reintegro a favor de la entidad territorial de las sumas
embargadas y/o aplicadas, junto con los intereses e indexación correspondiente, a
la fecha en que se haga efectiva la devolución.

1.7 Que se declare que el Departamento de Boyacá no ha sido notificado en legal
forma, del mandamiento de pago que presuntamente el demandado expidió en su
contra dentro del procedimiento administrativo de cobro coactivo No. CCPP 015-
2020.

2
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00114-01 (30566)
Demandante: Departamento de Boyacá

1.8 Que en caso de que, entre la fecha de radicación de esta demanda y la fecha de
ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso, se consumen las medidas de
embargo ordenadas al interior del procedimiento administrativo de cobro coactivo
No. CCPP 015-2020 sobre las cuentas bancarias cuyo titular es el Departamento
de Boyacá, se ordene el reintegro a favor de la entidad territorial de las sumas
embargadas y/o aplicadas, junto con los intereses e indexación correspondiente, a
la fecha en que se haga efectiva la devolución.

1.9 Que en caso de que, entre la fecha de radicación de esta demanda y la fecha de
ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso, se consumen las medidas de
embargo ordenadas al interior del procedimiento administrativo de cobro coactivo
No. CCPP 002-2020 sobre las cuentas bancarias cuyo titular es el Departamento
de Boyacá, se ordene el reintegro a favor de la entidad territorial de las sumas
embargadas y/o aplicadas, junto con los intereses e indexación correspondiente, a
la fecha en que se haga efectiva la devolución.

Tercera: Se condene a la demandada al pago de las costas del proceso y agencias del
derecho a que haya lugar.

Cuarta: Que, para el cumplimiento de la sentencia, se ordene dar aplicación a los
artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
Administrativo”.

Citó como vulnerados los artículos 1,2,4,6,29 y 209 de la Constitución Política, los
artículos 3, 98 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, los artículos 563 a 561-1, 832 y 836 del ET y el Decreto
Reglamentario 4473 de 2006.

Previo a presentar los cargos de nulidad concretos en contra de los actos
demandados, expuso unas consideraciones acerca de cómo se configuran los vicios
de nulidad de falsa motivación y expedición irregular.

El concepto de violación se resume a continuación:

1. Del procedimiento administrativo de cobro coactivo CCPP 002-2020. Afirmó que la
Resolución 1139 del 29 de junio de 2022 incurre en falsa motivación porque el
mandamiento de pago no fue notificado por correo certificado, ni de forma
electrónica, cuando el canal único autorizado para recepción de comunicaciones y
notificaciones era contactenos@boyaca.gov.co.

En gracia de discusión, el acto estaría viciado de nulidad porque el artículo 826 del
ET obligaba a adelantar la citación para la notificación personal, pero la demandada
no cumplió con el deber de agotar ese trámite para luego acudir a la notificación
electrónica, situación que deriva en la expedición irregular del acto. En todo caso,
es improcedente la notificación electrónica ya que el artículo 565-1 ibidem la
condiciona a que el ejecutado autorice o solicite ser notificado por este medio.

2. Del procedimiento administrativo de cobro coactivo CCPP 012-2020. Indicó que la
Resolución 1144 del 29 de junio de 2022 está viciada de nulidad por los mismos
motivos señalados en el numeral anterior, respecto del mandamiento de pago
contenido en el Auto 024 del 25 de febrero de 2020.

3. Del procedimiento administrativo de cobro coactivo CCPP 013-2020. Afirmó que la
Resolución 1145 del 29 de junio de 2022 incurre en los mismos cargos de nulidad
indicados en el numeral 1, en lo que se refiere al mandamiento de pago contenido
en el Auto 026 del 02 de marzo de 2020.
3
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00114-01 (30566)
Demandante: Departamento de Boyacá

4. Del procedimiento administrativo de cobro coactivo CCPP 015-2020. Reiteró los
cargos de nulidad señalados en el numeral, respecto de la Resolución 1146 del 29
de junio de 2022 y en lo concerniente al Auto 030 del 2 de marzo de 2020.

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones contestó3 la
demanda oponiéndose a las pretensiones, con sustento en lo que sigue:

Sostuvo que las citaciones para la notificación personal se adelantaron en la debida
forma conforme a lo indicado en el artículo 826 del ET. Aun así, la falta de
comparecencia del Departamento de Boyacá condujo a efectuar la notificación a
través de medios electrónicos en los términos indicados en los artículos 565 y 566-
1 ibidem. La dirección electrónica dirjuridica.notificaciones@boyaca.gov.co coincidía
con la publicada por la Gobernación de Boyacá en la página web para el momento
en que fueron enviadas las notificaciones correspondientes, esto fue en los meses
de agosto y septiembre del año 2020.

Las entidades públicas tienen la obligación de contar con un servicio electrónico de
recepción de peticiones, escritos y documentos, según los artículos 2.2.17.7.1 y
siguientes del Decreto 1413 de 2017, por lo que debe aceptarse válida la notificación
de cada uno de los mandamientos de pago. Esta misma obligación está reglada en
los artículos 197 y 199 del CPACA, concretamente, el deber de informar un correo
para notificaciones judiciales en la página web de la entidad.

Al mismo tiempo, el Departamento de Boyacá informó como correo de notificaciones
la dirección contactenos@boyaca.gov.co, lo que explica que la resolución que ordenó
seguir adelante con la ejecución haya sido enviada a ese correo y no al que
previamente había empleado para la notificación del mandamiento de pago.

El Ministerio sí remitió la citación de notificación personal a través del servicio postal,
que fue entregada en la Gobernación de Boyacá. Así, la falta de concurrencia del
deudor habilitó la notificación electrónica.

La irregularidad en el debido proceso no se configura porque en el evento en que la
dirección electrónica dirjuridica.notificaciones@boyaca.gov.co no pudiese emplearse
para las notificaciones del proceso de cobro coactivo, «el Departamento de Boyacá
fue enterado efectivamente sobre el contenido de los autos de mandamiento de pago
librados cada uno de ellos, y por ende, contó con la oportunidad de presentar excepciones
dentro de estos trámite[s]».

SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 29 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, resolvió conceder las pretensiones,
sin condenar en costas, así:

3
Samai, exp. Tribunal, índice 10. “CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y ANEXOS.pdf”.
4
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00114-01 (30566)
Demandante: Departamento de Boyacá

“Primero: Declárase la nulidad de la Resolución No. 1139 del 29 de junio de 2022,
mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del procedimiento
administrativo de cobro Coactivo No. CCPP 002-2020; la Resolución No. 1144 del 29 de
junio de 2022, por la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del
procedimiento administrativo de cobro Coactivo No. CCPP 012-2020; la Resolución No.
1145 del 29 de junio de 2022, por la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución
dentro del procedimiento administrativo de cobro Coactivo No. CCPP 013-2020; y, la
Resolución No. 1146 del 29 de junio de 2022, mediante la cual se ordenó seguir
adelante con la ejecución dentro del procedimiento administrativo de cobro Coactivo
No. CCPP 015-2020, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho
Ordénase al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – MINTIC
que efectúe nuevamente la notificación de los Autos Nos. 004 del 4 de febrero de 2020,
024 del 25 de febrero de 2020, 026 del 2 de marzo de 2020 y 030 del 2 de marzo de
2020, en los términos del artículo 826 del ET., para que el Departamento de Boyacá
pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Tercero: No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva”.

A continuación, se resumen los fundamentos de la decisión:

El artículo 826 del ET establece la forma de notificación del mandamiento de pago,
disponiendo que debe hacerse previa citación para que el deudor comparezca en
el término de 10 días. Si en ese término no comparece, el mandamiento deberá
enviarse por correo. Más adelante, señaló que el artículo ibidem es norma especial
para efectuar las notificaciones dentro del procedimiento de cobro coactivo.

La sentencia del 7 de julio de 20224, del Consejo de Estado, indica que la
notificación en debida forma del mandamiento de pago permite el ejercicio del
derecho de defensa y la radicación de las excepciones, que debe hacerse en la
oportunidad correspondiente. Igualmente, aclara cómo debe surtirse la notificación.

Resumió las posiciones de las partes respecto a la notificación y llegó a las
siguientes conclusiones, derivadas del examen del expediente de las actuaciones:

El Ministerio citó al Departamento de Boyacá, para que se notificara personalmente
de cada uno de los mandamientos de pago librados dentro de los procesos de cobro
coactivo. No obstante, la demandante no compareció. En ese orden, cumplidos los
10 días para comparecer, el ejecutante debía enviar el mandamiento de pago
mediante correo certificado, siendo esta la forma de notificación subsidiaria.

Según las pruebas recabadas, el Ministerio envió electrónicamente los
mandamientos de pago a las direcciones dirjuridica.notificaciones@boyaca.gov.co y
despacho.gobernador@boyaca.gov.co, «en aplicación de lo dispuesto en los artículos 565 y
566 del ET, sin embargo, conforme a lo expuesto, las normas referidas no resultan aplicables en el
marco del proceso de notificación del mandamiento de pago pues no existe norma especial que
determine la forma de notificación de dicho acto administrativo». No existe prueba de que el
demandante le haya indicado una dirección de notificaciones a la accionada, motivo
por el cual, «ante la ausencia de una dirección informada lo procedente era notificar en
los términos del art. 826 del ET».

4
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 7 de julio de 2022. CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
5
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Demandante: Departamento de Boyacá

Por otra parte, acerca de la dirección electrónica contactenos@boyaca.gov.co, esta
fue informada como dirección procesal hasta el año 2021, es decir, posterior a la
expedición de los mandamientos de pago, por lo que lo procedente era agotar la
notificación mediante correo certificado.

No todas las irregularidades en las notificaciones generan la nulidad de los actos
demandados, salvo aquellas que impliquen la infracción del debido proceso de
acuerdo con el mandato contenido en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y al Departamento de Boyacá
se le vulneró el debido proceso porque los Mandamientos de Pago fueron enviados
a una dirección electrónica no autorizada por la parte demandante, impidiéndole
ejercer los derechos de defensa y contradicción al pretermitir la oportunidad para
impugnar el cobro a través de la proposición de excepciones.

En cuanto al restablecimiento del derecho, el tribunal decidió que «en aras de
garantizar la corrección de errores de procedimiento y la aplicación correcta de la ley, se
dispondrá que el Ministerio demandado efectúe nuevamente la notificación de los Autos
Nos. 004 del 4 de febrero de 2020, 024 del 25 de febrero de 2020, 026 del 2 de marzo de
2020 y 030 del 2 de marzo de 2020, en los términos del artículo 826 del ET., para que el
Departamento de Boyacá pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción».

Se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida.

RECURSO DE APELACIÓN

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones radicó recurso de
apelación –apelante única– en contra de la sentencia de primera instancia,
argumentando:

1. Error en la aplicación e interpretación del artículo 826 del ET. El tribunal interpretó
restrictivamente el artículo 826 del ET, eludiendo lo prescrito en los artículos 197 y
199 del CPACA y el Decreto 1413 de 2017 a los que están sujetas las entidades
públicas de quienes se predica la obligación de contar con sedes electrónicas y
disponer de servicios de recepción de documentos.

La supuesta negligencia atribuida a la demandada no ocurrió porque cumplió el
artículo 826 del ET al enviar las comunicaciones al Departamento de Boyacá para
agotar el trámite de la notificación personal. No obstante, la posición del a quo es
«excesivamente formalista» al invalidar las notificaciones electrónicas de los
mandamientos de pago.

Aludió a que una de las formas de notificación aceptadas por los artículos 565 y
566-1 del ET es la electrónica que debe leerse junto con las reglas de la Ley 527 de
1999 acerca del acceso y uso de los mensajes de datos, de forma que «una
interpretación sistemática del ET, a la luz de la Ley 527 de 1999 y el principio de
modernización administrativa debe llevar a entender que la expresión “correo” en el artículo
826 del ET incluye el correo electrónico, siempre que se garantice la fiabilidad y el acuse
de recibo. La notificación electrónica es, desde 2019, un mecanismo preferente».

Los artículos 197 y 199 del CPACA precisan que el mandamiento ejecutivo a las
entidades públicas debe notificarse personalmente al buzón de notificaciones del
que deben disponer todas las entidades de todos los niveles.
6
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00114-01 (30566)
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El correo dirjuridica.notificaciones@boyaca.gov.co, que fue publicado en la página de
la Gobernación de Boyacá, debe tenerse por la dirección procesal para efectos de
notificaciones, considerando que el artículo 564 del ET faculta al obligado tributario
a informar una dirección procesal y que, en este caso, tratándose de una entidad
pública, el correo electrónico publicado en la página web «es la forma moderna de
informar dicha dirección».

2. Error por exceso de ritual manifiesto y desconocimiento del principio de
instrumentalidad de las formas. En un apego a las formas, el juez inaplicó la justicia
material al aferrarse a una interpretación literal y restrictiva del artículo 826 del ET,
consistente en exigir una notificación por correo certificado, aun cuando la finalidad
de la notificación se cumplió a través de medios electrónicos.

3. Ausencia de vulneración sustancial al debido proceso que justifique la nulidad.
El Departamento de Boyacá conoció los mandamientos de pago porque fueron
enviados a su correo institucional, motivo por el cual, sí tuvo la oportunidad de
ejercer su derecho de defensa. Reiteró los argumentos referentes a la obligación
de todas las entidades públicas de contar con sistemas y sedes electrónicas.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 21 de noviembre de 20255. Las partes fueron
notificadas y el Ministerio Público, sin pronunciamientos adicionales6.

El 12 de marzo de 20267, el Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones allegó poder conferido al abogado César Eduardo Castellar Terán,
a quien se reconocerá personería jurídica en la parte resolutiva de esta sentencia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de cuatro actos administrativos
expedidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a
través de los cuales ordenó seguir adelante con la ejecución de obligaciones
correspondientes a cuotas partes pensionales. Estos son:

− Resolución 1139 del 29 de junio de 20228, expediente de cobro CCPP 002-2020.
− Resolución 1144 del 29 de junio de 20229, expediente de cobro CCPP 012-2020.
− Resolución 1145 del 29 de junio de 202210, expediente de cobro CCPP 013-2020.
− Resolución 1146 del 29 de junio de 202211, expediente de cobro CCPP 015-2020.

En los términos del recurso de apelación, la Sala debe resolver: (i) si el a quo
incurrió en un exceso ritual manifiesto al haber considerado que el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones omitió notificar los

5
Samai, índice 4.
6
La Sala deja constancia que el Departamento de Boyacá no se pronunció frente al recurso ni formuló apelación adhesiva.
7
Samai, índice 12.
8
Samai del Tribunal, índice 2. “3_250002337000202300114001EXPEDIENTEDIGIDEMANDAY20230330085143.pdf”, p.
31.
9
Ibidem, p. 38.
10
Ibidem, p. 45.
11
Ibidem, p. 52.
7
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00114-01 (30566)
Demandante: Departamento de Boyacá

mandamientos de pago conforme a las normas aplicables a los procedimientos de
cobro coactivo; (ii) si se configuró una violación al debido proceso que tenga la virtud
de anular cada una de las resoluciones demandadas, como fue considerado en la
sentencia de la primera instancia.

Caso concreto

Previo a resolver, es necesario precisar que el artículo 512 de la Ley 1066 de 2006
dispuso que las entidades públicas tienen la competencia para adelantar el cobro
coactivo, conforme al procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

Acerca de la aplicación del artículo 5° ibidem, en criterio de esta Sala13, a partir de
la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en relación con las actuaciones administrativas que
se inicien con posterioridad a la misma, «la remisión genérica a los procedimientos de
cobro del ET inicialmente consagrada en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, debe
analizarse bajo el alcance dado por el artículo 100 del CPACA, en virtud del cual la
aplicación de las reglas sobre procedimiento de cobro coactivo del ET solo tiene lugar
cuando: (a) se adelanta la ejecución de deudas de naturaleza tributaria; (b) corresponda
por remisión normativa expresa; y (c) cuando el legislador no haya fijado un procedimiento
de cobro coactivo particular para ejercer la función de cobro (en cuyo caso se aplicará de
manera conjunta con las reglas del Título IV del CPACA)».

Con el objeto de situar la resolución de la controversia, una vez revisado el
expediente administrativo de los procesos de cobro coactivo y las demás pruebas
practicadas, se advierte que el Ministerio libró cuatro mandamientos de pago al
Departamento de Boyacá, esperando ejecutar las obligaciones que a continuación
se resumen:

Procedimiento de No. CCPP 02- No. CCPP 12- No. CCPP 13- No. CCPP 15-
cobro coactivo 202014 202015 202016 202017
Título ejecutivo de Resolución 001231 Resolución Resolución Resolución 001235
la obligación del 21 de mayo de 001232 del 21 de 001230 del 21 de del 21 de mayo de
2019 que liquida la mayo de 2019 mayo de 2019 2019 que liquida la
deuda por concepto que liquida la que liquida la deuda por concepto
de cuotas partes deuda por deuda por de cuotas partes
pensionales concepto de concepto de pensionales
cuotas partes cuotas partes
pensionales pensionales
Cuantía $5.000.045.686 $745.281.476 $1.598.241.036 $1.071.639.688
Mandamiento de Auto 004 del 01 de Auto 024 del 25 Auto 026 del 2 de Auto 030 del 02 de
Pago febrero de 202018 de febrero de marzo de 202020 marzo de 202021
202019

12
“Artículo 5. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones
administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o
caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado
por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos
efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario”.
13
Radicado 23471. CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, reiterado en: rad. 28165, CP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
14
Samai del Tribunal, índice 10. Carpeta de antecedentes administrativos. “CCPP 02-2020 parte 1” y “CCPP 02-2020 parte 2”.
15
Ibidem. “CCPP 12-2020 parte 1” y “CCPP 12-2020 parte 2”.
16
Ibidem. “CCPP 13-2020 parte 1” y “CCPP 13-2020 parte 2”.
17
Samai del Tribunal, índice 10. Carpeta de antecedentes administrativos. “CCPP 15-2020 parte 1” y “CCPP 15-2020 parte
2”.
18
Ibidem. “CCPP 02-2020 parte 1”, pp. 982-983.
19
Ibidem. “CCPP 12-2020 parte 1”, pp. 784-787.
20
Samai del Tribunal, índice 10. Carpeta de antecedentes administrativos. “CCPP 13-2020 parte 1” y “CCPP 13-2020 parte 2”.
21
Samai del Tribunal, índice 10. Carpeta de antecedentes administrativos . “CCPP 15-2020 parte 1” y “CCPP 15-2020 parte 2”.
8
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00114-01 (30566)
Demandante: Departamento de Boyacá

Atendiendo al criterio jurisprudencial expuesto con anterioridad, al tratarse de
deudas por cuotas partes pensionales y no existir una norma especial que regule el
cobro, deben aplicarse conjuntamente las normas del procedimiento coactivo del
Título IV del CPACA y las del Estatuto Tributario. Esto con la precisión de que la
remisión dispuesta en el inciso 2 del artículo 100 del CPACA se circunscribe a las
reglas del procedimiento de cobro coactivo consagrado en el ET22.

Entonces, la notificación de los mandamientos de pago librados por el Ministerio al
Departamento de Boyacá es un acto procesal que se rige por lo dispuesto el artículo
826 del ET:

“Artículo 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el cobro
coactivo producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las
obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará
personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en el término de diez
(10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará
por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos
del deudor y a los deudores solidarios.

Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá
informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta
informalidad no invalida la notificación efectuada.

Parágrafo. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del
deudor”.

Acerca de la interpretación del artículo 826 del ET, la jurisprudencia de la Sección23
ha indicado que el mandamiento debe ser notificado personalmente, previa citación,
para que el deudor comparezca en el término de 10 días. Adicionalmente, las
irregularidades que se presenten en las notificaciones no generan per se un vicio
de nulidad en la actuación administrativa. Para que esto ocurra, es necesario probar
que el error produjo una violación del debido proceso, por ejemplo, cuando se
pretermite la oportunidad de proponer excepciones en contra del mandamiento de
pago.

La Sala examinó las pruebas contenidas en el expediente judicial. En los cuatro
procesos de cobro coactivo adelantados en contra del Departamento de Boyacá
obran los oficios de citación para la notificación personal a los que se adjuntan las
guías de entrega24.

De las pruebas señaladas, se infiere que el Ministerio entregó las citaciones para la
notificación personal, los días 9 (Cobros CCPP 02-2020 y CCPP 12-2020) y 13 de
marzo de 2020 (Cobros CCPP 13-2020 y CCPP 15-2020), en la «Calle 20 9-90 “Palacio
de la Torre”», en donde se ubica la Gobernación del Departamento de Boyacá, con
sede en la ciudad de Tunja.

Dicho esto, el plazo de 10 días para que la demandante acudiera a notificarse
personalmente corrió así:

22
Op. Cit., rad. 23471, FJ. 3 de las consideraciones.
23
Al respecto: sentencia del 12 de junio de 2019, rad. 24214. CP. Julio Roberto Piza Rodríguez y sentencia del 9 de julio de
2021, rad. 24859. CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
24
Samai del Tribunal, índice 10. Carpeta de antecedentes administrativos: (1) “CCPP 02-2020 parte 1”, p. 985, (2) “CCPP 12-2020
parte 1”, pp.788-789. (3) “CCPP 13-2020 parte 1”, pp. 304-305. (4) “CCPP 15-2020 parte 1”, pp. 313-314.

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Demandante: Departamento de Boyacá

Procedimiento de No. CCPP 02- No. CCPP 12-2020 No. CCPP 13-2020 No. CCPP 15-2020
cobro coactivo 2020
Inicio del plazo 10 de marzo de 10 de marzo de 16 de marzo de 16 de marzo de
2020 2020 2020 2020
Vencimiento del 24 de marzo de 24 de marzo de 30 de marzo de 30 de marzo de
plazo de 10 días 2020 2020 2020 2020

Dado que la fecha de vencimiento del plazo para notificar por correo coincide con la
época de la pandemia generada por el COVID-19, es necesario precisar el marco
normativo especial, establecido por el Gobierno Nacional, para garantizar la
continuidad del funcionamiento de la administración pública durante ese período.

El Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica fue declarado en todo el
territorio nacional por el Decreto presidencial 417 del 17 de marzo de 2020. La
emergencia sanitaria, prorrogada desde entonces por el Ministerio de Salud y
Protección social, se extendió hasta el 30 de junio de 202225.

En el interregno, el presidente de la República publicó el Decreto 491 del 28 de
marzo de 2020, «por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención
y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que
cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica». El artículo 4° del decreto ibidem dispuso
lo siguiente:

“Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará
por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que
se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la
expedición del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad
competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o
comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la
expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico
exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el
presente artículo.

El mensaje que se envié al administrado deberá indicar el acto administrativo que se
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos
para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora
en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar
la administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma
electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción
o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”. (Subraya la Sala)

Por su parte, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
expidió la Resolución 931 del 5 de junio de 2020, en cuyo artículo 2° indicó:
25
Resolución 666 del 28 de abril de 2022.
10
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Demandante: Departamento de Boyacá

“Artículo 2. Notificaciones. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2 de la Resolución
MinTIC 640 de 2020, la notificación de actos administrativos se surtirá de acuerdo con
las siguientes reglas:

1. Mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos
se hará por medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4o del
Decreto Legislativo 491 de 2020.

(…)

3. En los procesos administrativos que estén en curso, los ciudadanos o actores
interesados deberán indicar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones la dirección electrónica donde recibirán las notificaciones, a través del
correo electrónico notificacionescontesta@mintic.gov.co. (…)” (Subraya la Sala)

De las normas citadas puede extraerse lo siguiente:

(i) Si, para el 28 de marzo de 2020, el procedimiento no había iniciado, la
procedencia de la notificación por medios virtuales dependía de que el administrado
informara una dirección electrónica, para lo cual bastaba con la radicación de un
memorial desde dicha dirección.

(ii) Si, por el contrario, el procedimiento ya había iniciado, los administrados debían
indicar una dirección electrónica para las notificaciones.

(iii) Si no fuera posible agotar la notificación electrónica, aplicarían los artículos 67
y siguientes del CPACA.

Posteriormente, el 25 de enero de 2021, entró en vigor la Ley 2080 de 2021, cuyo
artículo 10° modificó el 53 del CPACA, que quedó así:

“Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través
de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de
notificación.

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la
autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino
de conformidad con los otros medios previstos en el Capítulo Quinto del presente Título,
a menos que el uso de medios electrónicos sea obligatorio en los términos del inciso
tercero del artículo 53A del presente título.

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de
notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad.

Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que
funcionará como un portal de acceso.

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda
a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración”. (Subraya la Sala)

Véase que la notificación electrónica quedó igualmente supeditada a la autorización
del administrado, en los mismos términos que el Gobierno Nacional lo había previsto
en el Decreto 491 de 2020.

Así, se establecieron unas reglas para validar los efectos de las notificaciones
electrónicas durante el período de la emergencia sanitaria – marzo de 2020 a junio de
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2022 –. Dichas reglas debían cumplirse conforme a lo dispuesto por el artículo 4 del
Decreto 491 de 2020 y, luego, por el artículo 56 del CPACA, modificado mediante
la Ley 2080 de 2021; de lo contrario, no era posible acudir a este mecanismo para
sustituir otras formas de notificación respaldadas por normas especiales.

Tal es el caso de la notificación del mandamiento de pago al deudor, la cual se rige
por las disposiciones del procedimiento de cobro coactivo contenidas en el Estatuto
Tributario. Así, la notificación personal prevista en el artículo 826 ibidem continuó
siendo el mecanismo preferente para comunicar el mandamiento de pago al deudor.
Por esto, aunque la notificación electrónica podría surtir los mismos efectos que la
notificación personal, era forzoso que el deudor informara la dirección electrónica.

Retornando a los hechos examinados, el expediente contiene las constancias de
envío26 de los cuatro mandamientos de pago, los cuales fueron remitidos, por
separado, a través de mensaje electrónico del 10 de agosto de 2020, a los correos
dirjuridica.notificaciones@boyaca.gov.co y despacho.gobernador@boyaca.gov.co.
Al respecto, el Ministerio informa que tomó las direcciones electrónicas de la página
web de la Gobernación de Boyacá.

Ahora bien, el expediente administrativo del cobro coactivo CCPP 02-2020
evidencia que a través de correo electrónico entregado el 8 de octubre de 2021 27,
la apoderada judicial del Departamento de Boyacá le solicitó al Patrimonio
Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociados en Liquidación – Par Telecom
que informara si había librado mandamiento de pago por concepto de cuotas partes
pensionales de 38 beneficiarios. Indicó como direcciones electrónicas para
notificaciones los correos contactenos@boyaca.gov.co y
subdirector.pasivopensional@boyaca.gov.co; petición que fue trasladada por
competencia al Ministerio, el 15 de octubre de 202128.

Entonces, el uso de las direcciones electrónicas publicadas en la página web de la
Gobernación de Boyacá resulta arbitrario porque la parte demandante estaba
siendo vinculada como deudora a un proceso de cobro coactivo y por esto, el
mandamiento de pago debía notificarse personalmente, como a cualquier otro
administrado. En ese contexto, los medios electrónicos estaban condicionados al
consentimiento o autorización del Departamento de Boyacá.

Para la parte demandada, el a quo incurre en un «exceso ritual manifiesto», que es
predicable de las providencias judiciales, cuando se demuestra que el juez, que
decide la causa, otorga una prevalencia a las formas sobre el derecho sustancial, lo
que ocurre, por ejemplo, cuando el juez aplica disposiciones procesales opuestas a
la garantía de los derechos constitucionales29.

Teniendo en cuenta lo anterior, las normas acerca de la notificación electrónica,
erigidas durante el aislamiento preventivo, tenían el objetivo de permitir la
continuidad de las actuaciones administrativas, pero garantizando el derecho
sustancial de los administrados al debido proceso.

26
Samai del Tribunal, índice 10. Carpeta de antecedentes administrativos: (1) “CCPP 02-2020 parte 1”, p. 987. (2) “CCPP
12-2020 parte 1”. p.791 (3). “CCPP 13-2020 parte 1”, p.307. (4) “CCPP 15-2020 parte 1”, pp. 316.
27
Ibidem. “CCPP 02-2020 parte 2”, págs. 2-5.
28
Ibidem. p. 1.
29
Al respecto: Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-310 del 15 de agosto de 2023, MP. Juan Carlos
Cortés González.
12
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En este contexto, del examen probatorio adelantado por la Sala, se observa que el
tribunal interpretó las normas expedidas durante el aislamiento preventivo junto con
el artículo 826 del ET, y de su aplicación, concluyó que la demandada no respetó el
debido proceso del Departamento de Boyacá, porque envió los mandamientos de
pago a unas direcciones electrónicas que no habían sido autorizadas por la
demandante. Por ende, no se advierte que la sentencia estudiada incurra en el
defecto aludido en el recurso de apelación, por el contrario, la interpretación tiene
en cuenta la materialización del derecho sustancial.

De otro lado, la comunicación que el Ministerio recibió el 8 de octubre de 2021, en
la que el Departamento de Boyacá señaló una dirección electrónica para
notificaciones, no validó la notificación de los mandamientos de pago (correos
electrónicos del 10 de agosto de 2020), porque, tras tener conocimiento de dicha
dirección electrónica, la demandada procedió a notificar las resoluciones que
ordenaron seguir adelante con la ejecución, cuya legalidad fue demandada por el
Departamento de Boyacá.

De esta manera, las Resoluciones 1139, 1144, 1145 y 1146, del 29 de junio de 2022,
que ordenaron seguir adelante con la ejecución, y que terminaron el proceso de
cobro, fueron notificadas electrónicamente los días 830 y 931 de septiembre de 2022,
sin que antes se haya garantizado a la demandante la oportunidad para interponer
las excepciones.

Considerando que la notificación de los mandamientos de pago no se adecuó al
marco normativo aplicable, el Ministerio incurrió en una irregularidad predicable de
la notificación. Dicha irregularidad derivó en una vulneración al debido proceso del
deudor, porque se le privó de la oportunidad de proponer excepciones en contra de
los mandamientos de pago, pretermitiéndose la etapa de defensa, prevista en la ley,
para los procedimientos de cobro coactivo.

En consecuencia, como consideró el a quo, la vulneración al debido proceso tiene
la entidad de anular los actos administrados demandados. Así las cosas, los cargos
de apelación no están llamados a prosperar.

Así las cosas, esta Sala de decisión confirmará en su integridad la sentencia de
primera instancia proferida el 29 de mayo de 2025, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

Condena en costas

En el presente asunto, la Sala confirmará la sentencia proferida por el a quo, por lo
que, de conformidad con los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, aplicable por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, procede la condena en costas a la
parte demandada, porque no prosperó el recurso de apelación interpuesto.

Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un salario mínimo (1 smlmv), según
lo previsto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, por lo que
se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca tramitar el respectivo
incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas
en el artículo 366 del CGP.

30
Ibidem. “CCPP 02-2020 parte 2”, p. 28.; “CCPP 12-2020 parte 2”, p. 4.; “CCPP 13-2020 parte 2”, p. 4.””CCPP 15-2020", p. 4.
31
Ibidem. ”CCPP 15-2020", p. 4.
13
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00114-01 (30566)
Demandante: Departamento de Boyacá

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2. Condenar en costas a la parte demandada, para lo cual, se tasan las costas en
el componente de agencias en derecho, en un salario mínimo legal mensual
vigente (1 smlmv), conforme a las consideraciones expuestas. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé tramite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.

3. Reconocer personería jurídica al abogado César Eduardo Castellar Terán,
como apoderado de la parte demandada.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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