Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00195-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00195-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2023-00195-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 25000-23-37-000-2023-00195-01 (30553)
Demandante: Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Mosquera (Cundinamarca)
Tema: Impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por
excavaciones en las mismas. Impuesto de delineación urbana.
Congruencia en la apelación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que negó las pretensiones de la
demanda, sin condenar en costas 1.
DEMANDA
Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P., mediante apoderada, en ejercicio del
medio de control establecido en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, demandó la nulidad del
Acuerdo 032 de 2016 «POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE
RENTAS, SE ACTUALIZA LA NORMATIVIDAD SUSTANTIVA, EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Y EL RÉGIMEN DE SANCIONES PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES», expedido por el Concejo Municipal de Mosquera.
Al efecto, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: 1. Acuerdo No. 32 del año 2016 «POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS, SE ACTUALIZA LA NORMATIVIDAD
SUSTANTIVA, EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y EL RÉGIMEN DE SANCIONES
PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES», por contemplar el cobro por uso del espacio público a las empresas
de servicios públicos.
En caso de que no se proceda a declarar la nulidad de la totalidad del Acuerdo
Municipal, solicitamos declarar:
SEGUNDA: Se declare la nulidad de los artículos 213 a 243 del capítulo XII, Título I,
Libro I del Acuerdo No. 32 del año 2016 «POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y
EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS, SE ACTUALIZA LA NORMATIVIDAD
SUSTANTIVA, EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y EL RÉGIMEN DE SANCIONES
PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES».
1
Samai Tribunal, índice 34.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00195-01 (30553)
Demandante: Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.
Lo anterior teniendo en cuenta que el numeral 5 del artículo 226 contempla la
intervención del espacio público como impuesto de delineación del espacio público y en
el artículo 233 no se encuentran exceptuadas las empresas de servicios públicos.
TERCERA: Declárese la nulidad de cualquier artículo del Acuerdo No. 32 del año 2016
«POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS, SE
ACTUALIZA LA NORMATIVIDAD SUSTANTIVA, EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Y EL RÉGIMEN DE SANCIONES PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA
CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES».
Lo anterior, en virtud de que El [sic] literal j) del artículo 1 de la Ley 97 de 1913 y el
artículo 1 de la Ley 84 de 1915 autorizaron a los municipios para establecer el impuesto
por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas.
Posteriormente, esa autorización legal fue compilada en el Código de Régimen
Municipal, Decreto Ley 1333 de 1986, artículo 233, literal c).
La anterior norma fue derogada expresamente por el artículo 186 de la Ley 142 de 1994,
al expresar: “Deróganse, en particular, (…) el literal ‘c’ del artículo 233 del Decreto Ley
1333 de 1986”.
(…)”.
Invocó como disposiciones violadas el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-; el literal c del artículo
233 del Decreto Ley 1333 de 1986; y el artículo 186 de la Ley 142 de 1994.
Como concepto de violación, expuso, en síntesis, lo siguiente:
El impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las
mismas fue creado mediante el literal j) del artículo 1° de la Ley 97 de 1913 y el
artículo 1 de la Ley 84 de 1915, y posteriormente compilado en el literal c) del
artículo 233 del Decreto Ley 1333 de 1986; no obstante, fue derogado
expresamente por el artículo 186 de la Ley 142 de 1994.
La Corte Constitucional2 y el Consejo de Estado3 reconocieron la derogatoria de la
norma compilatoria de 1986, por lo que no existe una disposición legal que autorice
a los concejos municipales para crear y organizar el cobro de ese impuesto.
La Ley 142 de 1994, además de contener la derogatoria referida, no previó la
creación del impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por
excavaciones en las mismas «[f]rente a la figura de aprovechamiento económico del espacio
público»4. Además, el artículo 24 ib. prohibió a los departamentos y a los municipios
gravar a las empresas de servicios públicos con tasas, contribuciones o impuestos,
aplicables a los demás contribuyentes que cumplen funciones industriales y
comerciales.
Por lo anterior, el municipio de Mosquera ha generado cobros por concepto de uso
del espacio público, inaplicables por mandato legal a las empresas de servicios
públicos.
2
Citó la sentencia C-1043 de 2003.
3
No identificó ninguna providencia.
4
Samai Tribunal, índice 2, PDF de la demanda, página 9.
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00195-01 (30553)
Demandante: Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El municipio demandado se opuso a las pretensiones formuladas 5. Adujo que la
demanda es inepta por incumplimiento de los requisitos formales, por cuanto no se
especifican los fundamentos de derecho y el concepto de la violación de la norma
que se demanda. Además, los artículos 212 a 243 del Acuerdo 32 de 2016 regulan
el impuesto de delineación y urbanismo, no el impuesto de uso del subsuelo.
Expuso que la Ley 97 de 1913 autorizó la creación del impuesto de delineación
urbana al Concejo de Bogotá y que el artículo 1° de la Ley 84 de 1915 extendió tal
autorización a los concejos municipales, por lo que la entidad goza de plenas
facultades para establecerlo en el municipio de Mosquera. Dicho impuesto es del
orden territorial, lo que otorga a los concejos municipales un mayor poder, a efectos
de determinar los elementos esenciales del mismo.
Así, no se vulneró la potestad y reserva tributaria y mucho menos el principio de
legalidad tributaria, pues la creación del impuesto de delineación y sus elementos
se sustentan en la autorización legal previa al legislador, otorgada por la Ley 84 de
1915 y el Decreto 1333 de 1986. En ejercicio de tal autorización, se expidieron los
artículos 213 a 243 del Acuerdo 32 de 2016, que creó el impuesto de delineación
con sus elementos en armonía con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1077 de
2015 «que en su título de implementación y control del desarrollo territorial, capítulo 1, licencias
urbanísticas, sección 1. definición y clases de licencias urbanísticas artículo 2.2.6.1.1.1 licencia
urbanística y el artículo 2.2.6.1.1.2 de las clases de licencias, luego, a partir de las diferentes clases
de licencia urbanística existentes al día de hoy, se determinó el hecho generador del impuesto de
delineación».
Afirmó que la sentencia T-508 de 1992 señaló que el espacio público comprende
todas las partes del territorio nacional para el uso, disfrute y goce de todos los
ciudadanos, y que la sentencia C-183 de 2003 admite su ocupación, con el
cumplimiento de una serie de requisitos para obtener su aprovechamiento
económico.
Señaló que los artículos 6 y 7 de la Ley 9 de 1989 prevén que los concejos
municipales y distritales pueden variar el espacio público de las áreas urbanas y
suburbanas, y el destino de los bienes de uso público, así como regular las
condiciones de su aprovechamiento económico. Los pagos realizados por ese
aprovechamiento no constituyen tributo y no están sometidos al principio de reserva
de ley, ya que su uso y cobro está permitido para los alcaldes, como autoridades de
policía.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
Por auto del 13 de septiembre de 2023 se inadmitió la demanda 6. Una vez
subsanada, mediante providencias del 14 de diciembre de 2023 7 se admitió y se
corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional de los actos demandados 8.
Por autos del 30 de octubre de 2024 el a quo tuvo por contestada la demanda,
declaró no probada la excepción previa de inepta demanda, fijó el litigio y corrió
5
Samai Tribunal, índice 26.
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Samai Tribunal, índice 5.
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Samai Tribunal, índice 17.
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Samai Tribunal, índice 18.
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00195-01 (30553)
Demandante: Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.
traslado para que las partes presentaran alegatos de conclusión y el Ministerio
Público emitiera concepto9 y se negó la solicitud de medida cautelar 10.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda11.
Efectuó consideraciones generales sobre la facultad impositiva de las entidades
territoriales, en concreto, sobre la competencia para determinar los elementos del
tributo. Además, expuso la regulación del impuesto por el uso del subsuelo en las
vías públicas y por excavaciones en las mismas, de lo cual destacó que fue
derogado mediante el artículo 186 de la Ley 142 de 1994, por lo que ninguna entidad
territorial quedó autorizada para su cobro 12.
Precisó que la demanda pretende la nulidad de los artículos 213 a 243 del Acuerdo
32 de 2016, sin embargo, estas disposiciones no aluden al impuesto por el uso del
subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas, sino al impuesto
de delineación y urbanismo, estableciendo el hecho generador, el sujeto pasivo y
activo, la base gravable, la tarifa, entre otros.
Destacó que la autorización para la creación y cobro del impuesto de delineación
en los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes
fue otorgada a los concejos municipales en el literal b) del artículo 233 del Decreto
Ley 1333 de 1986. A su turno, la autorización para la creación y cobro del impuesto
por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas fue
otorgada a los concejos municipales en el literal c) del artículo 233 del Decreto Ley
1333 de 1986, no obstante, dicha norma fue retirada del ordenamiento jurídico. De
lo anterior, concluyó que los tributos eran diferentes.
Explicó que, en ejercicio del medio de control de nulidad simple, es carga del
demandante identificar con precisión la norma que pretende sea expulsada del
ordenamiento jurídico, así como las razones por las que considera se presenta
violación de las disposiciones de orden superior. Sin embargo, en este caso, no
existe concordancia entre las normas cuya nulidad se pretende, relativas al
impuesto de delineación urbana, y los cargos propuestos sobre el impuesto por el
uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas, tributos
que insistió son diferentes.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y que, en su lugar,
se declare la nulidad de las normas acusadas.
Adujo que la sentencia negó las pretensiones bajo la premisa de que los artículos
213 a 243 del Acuerdo 32 de 2016 regulan exclusivamente el impuesto de
delineación urbana. Que, sin embargo, se configuró un error en la interpretación
normativa, pues en tales disposiciones se impuso un gravamen por el uso del
9
Samai Tribunal, índice 30.
10
Samai Tribunal, índice 31.
11
Samai Tribunal, índice 42.
12
Citó la sentencia C-1043 de 2003 de la Corte Constitucional. También citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección
Cuarta del 25 de febrero de 2016, exp. 20417, y exp.19827, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 4 de mayo de 2017,
exp. 19694, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto; y del del 31 de agosto de 2023, exp. 26044, MP. Wilson Ramos Girón.
4
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Demandante: Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.
subsuelo a las empresas de servicios públicos, disfrazado de impuesto de
delineación.
Expuso que si bien la decisión alude a una separación teórica entre el impuesto de
delineación y el impuesto por uso del subsuelo, omitió valorar el contenido concreto
del articulado acusado, el cual en el numeral 5 del artículo 226 establece la
intervención del espacio público como parte del hecho generador, sin exceptuar a
las empresas de servicios públicos (artículo 233 del acuerdo demandado), lo que
configura la violación del directa a la Ley 142 de 1994 y a la sentencia C-1043 de
2003.
Insistió en que se vulneró el principio de legalidad del tributo, pues la facultad para
imponer gravámenes sobre el uso del subsuelo fue derogada en 1994 y no ha sido
restablecida en norma posterior.
Señaló que se omitió el análisis del precedente relevante y vinculante proferido por
el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga 13 en el que se resolvió la nulidad de
normas municipales análogas por imponer cobros por uso del espacio público a
empresas de servicios públicos. La omisión del estudio de la sentencia aportada
con los alegatos constituye infracción a los principios de seguridad jurídica e
igualdad en la aplicación del derecho.
Adujo que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, sí existe congruencia entre los
cargos de nulidad y las normas acusadas, en tanto el impuesto de delineación se
ha desnaturalizado en el Acuerdo 32 de 2016, incorporando elementos de uso del
subsuelo, lo que hace inescindible su análisis conjunto y no se zanja con una lectura
aislada o formal del tipo de impuesto.
Por lo anterior, pidió que se revocara la decisión apelada, pues «no es procedente
que las administraciones locales graven con un impuesto derogado por el legislador el uso
del suelo necesario para la prestación de los servicios públicos como lo es el gas natural».
OPOSICIÓN A LA APELACIÓN
El Municipio de Mosquera no se pronunció. El Ministerio Público no conceptuó.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad del Acuerdo 32 de 2016 por medio del cual el Concejo
Municipal de Mosquera adoptó el Estatuto Tributario local, para ello la Sala debe
establecer si es procedente declara su nulidad total y parcial de conformidad con
los cargos de apelación de la sociedad Gas Natural Cundiboyacense SA ESP.
Previamente al estudio de legalidad, se determinará si los cargos formulados en el
recurso de apelación por la parte demandante son congruentes con los argumentos
de la sentencia impugnada. Superado lo anterior, se verificará si procede la
declaratoria de nulidad de las disposiciones acusadas.
13
Sentencia del 30 de septiembre de 2024, proferida por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga en el exp.
68001333301520230012100.
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Principio de congruencia – artículo 187 y 281 del CPACA14
El principio de congruencia de la sentencia proviene de los artículos 18715 del
CPACA y 281 del CGP16, en sus dos significados: como armonía entre las partes
motiva y resolutiva del fallo -congruencia interna-, y como conformidad entre la
decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en su contestación -congruencia
externa-. Al respecto la Sala ha dicho17 que busca la protección del derecho de las
partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración
del juez, al igual que la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa
de las partes, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y
hechos expuestos en la demanda, tratándose del demandante, y en la contestación,
si la posición procesal es la del demandado18.
Además, garantiza que el juez solo se pronunciará respecto de lo discutido19, y no
fallará ultra petita, decisiones que van más allá de lo pedido, ni extra petita, al
reconocer algo que no se solicitó, toda vez que la decisión se tomará de
acuerdo con las pretensiones y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del
proceso; así como tampoco minima petita20, al omitir pronunciarse sobre alguna de
las pretensiones, excepciones o cualquier extremo de la litis que debe ser resuelto.
Ahora bien, el artículo 243 del CPACA establece el recurso de apelación como
medio procesal ordinario para cuestionar las sentencias proferidas dentro de los
procesos contenciosos administrativos, sujeto a la forma y oportunidad previstas en
el artículo 247 ib., cuyo propósito legal, en términos del artículo 320 del CGP,
es «que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión ».
Por esto, se ha dicho21 que el marco de la decisión en la segunda instancia lo
constituyen la sentencia y el recurso de apelación, en el que deben manifestarse los
motivos de inconformidad contra la primera, de manera que el superior limite su
14
Reiteración de jurisprudencia. Entre otras, ver sentencias del 1° de agosto de 2019, exp. 24074, MP. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, 26 de julio de 2012, exp. 18380, MP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 14 de agosto de 2013, exp.
18580, MP. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiteradas en sentencia del 29 de abril de 2020, exp. 22085, MP. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
15
Artículo 187. Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la
demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos
legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El
silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio
de la no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas
en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas (…).
16
Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la
demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el
litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la
parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio. (…)
17
Sentencia del 1 de agosto de 2019, exp. 24074, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18
Sentencia del 26 de julio de 2012, Exp. 18380, CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
19
Sentencias del 29 de abril de 2020 y del 17 de junio de 2021, exps. 22085 y 23733, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto y
Julio Roberto Piza Rodríguez, respectivamente. Sentencia del 7 de octubre de 2021, exp. 23314, MP. Julio Roberto Piza
Rodríguez, reiteradas en sentencia del 14 de julio de 2022, exp. 25404, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de septiembre de 2020, exp. 11001-03-
15-000-2020-00266-00, C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de
marzo de 2020, exp. 64627 A, MP.: Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 18 de diciembre de 2020, exp, 62573, MP.: Nicolás
Yepes Corrales.
21
Sentencia del 20 de mayo de 2010, radicación 25000-23-25-000-2002-12297-01, Sección Segunda, MP. Víctor Hernando
Alvarado Ardila.
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examen a esos aspectos.
La especialidad y exclusividad de ese objeto, unido al principio de congruencia de
la sentencia, sugiere plena unidad temática y consecuente entre la pretensión de la
demanda, las razones fácticas y jurídicas que la fundamentan, los argumentos de
oposición a las mismas, la sentencia que examinó y proveyó sobre éstos y aquéllas,
y los cuestionamientos de la apelación, conforme la pauta fijada por el citado artículo
320. Además de la observancia de los derechos de defensa y debido proceso, así
como el deber de lealtad entre las partes.
Descendiendo al caso concreto, se advierte que el Tribunal negó las pretensiones
de nulidad y, en el recurso, la apelante asegura que en la sentencia recurrida no se
desató la controversia propuesta frente a los argumentos expuestos, razón por la
cual se procederá examinar lo sostenido por el a quo respecto a cada uno de ellos.
Al respecto, encuentra la Sala que las disposiciones acusadas corresponden al
impuesto de delineación urbana -artículos 213 a 243 del capítulo XII, Título I, Libro I
Acuerdo 32 de 2016-, mientras que los cargos de nulidad y apelación se refieren al
impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las
mismas, tributos que, como puede evidenciarse, son de diferente naturaleza.
De otra parte, el a quo concluyó que los argumentos de la demanda no pueden dar
lugar a la nulidad de los artículos 213 a 243 del capítulo XII, Título I, Libro I Acuerdo
32 de 2016, normas locales que regulan el impuesto de delineación urbana que
cuenta con la autorización del Decreto Ley 1333 de 1986, mientras el impuesto por
el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas fue
derogado expresamente mediante el artículo 186 de la Ley 142 de 1994.
A su turno, la apelante señaló en su recurso que, habiendo sido derogado el
impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones de las
mismas, no es posible su cobro. En adición, manifestó que, contrario a lo señalado
en la sentencia de primera instancia, existe congruencia entre los cargos de nulidad
y las normas acusadas, en tanto el impuesto de delineación fue desnaturalizado en
el Acuerdo 32 de 2016, incorporando elementos de uso del subsuelo y, si bien se
alude a una separación teórica entre el impuesto de delineación y el derogado
impuesto por uso del subsuelo, omitió valorar las normas acusadas, como el artículo
226, numeral 5, que establece la intervención del espacio público como parte del
hecho generador del tributo, sin exceptuar a las empresas de servicios públicos, lo
que transgrede el artículo 24 de la Ley 142 de 1994 y en la sentencia C-1043 de
2003 de la Corte Constitucional.
Para decidir, la Sala reiterará22, en lo pertinente, la postura adoptada en un caso del
mismo demandante contra el Municipio de Cajicá, con supuestos fácticos similares
relacionados con el impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por
excavaciones en las mismas y por el impuesto de delineación urbana.
Al revisar los argumentos de la apelación, la Sala advierte que estos no son
congruentes con la sentencia impugnada, habida cuenta que el Tribunal no sustentó
su decisión en que el municipio estuviera habilitado por alguna norma para cobrar
22
Sentencia del 18 de septiembre de 2025, exp. 30001, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Demandante: Gas Natural
Cundiboyacense SA ESP contra Municipio de Cajicá, Cundinamarca.
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Demandante: Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P.
el impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las
mismas; por el contrario, el a quo reconoció su derogatoria por la Ley 142 de 1994.
Los motivos con fundamento en los cuales se negaron las pretensiones fueron
sustentados en que el Acuerdo 32 de 2016 de Mosquera no reguló el impuesto por
el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas, tributo
derogado -al que alude la demandante-, pues los artículos acusados, específicamente
los artículos 213 a 243 del capítulo XII, Título I, Libro I del Acuerdo 32 de 2016,
corresponden al impuesto de delineación y urbanismo, otro tributo, el cual tiene una
naturaleza diferente y cuenta con habilitación legal.
En consecuencia, no procede el estudio de estos argumentos de la apelación, por
no satisfacer el requisito de la congruencia. Y, al haberse negado tanto la pretensión
principal como la subsidiaria, el a quo resolvió la totalidad del litigio en cuanto al
petitum se refiere, con lo cual no se configura el vicio de incongruencia citra petita
o minus petita, puesto que no se omitió la resolución de las pretensiones.
Ahora bien, la demandante sostuvo en su recurso que la entidad demandada ha
cobrado un tributo por el uso del espacio público (a lo cual también hizo referencia
en la demanda) invocando el impuesto de delineación urbana, por lo que concluyó
que «… en el desarrollo de tales artículos se incurre en disposiciones que, en la práctica, imponen
un gravamen por el uso del subsuelo a las empresas de servicios públicos, disfrazado bajo el ropaje
del impuesto de delineación»23.
Luego, se reafirmó en la derogatoria del impuesto por el uso del subsuelo en las
vías públicas y por excavaciones en las mismas y en el cobro del uso del espacio
público por empresas de servicios públicos y la prohibición de gravar a estos sujetos
con tributos locales, argumentos que, indicó, prosperaron en una demanda
interpuesta contra el municipio de Lebrija (Santander).
Estos argumentos, al contrario de los anteriores, sí constituyen reparos contra la
sentencia de primera instancia, respecto de los cuales existe una concordancia
entre los cargos de nulidad y las pretensiones de la demanda, pues, para la
demandante, el impuesto de delineación urbana regulado en el Acuerdo 32 de 2016
grava el uso del espacio público.
Dicho argumento no fue analizado por el a quo, en tanto limitó el estudio a: i) la
derogatoria del impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por las
excavaciones en las mismas, ii) las diferencias entre ese impuesto y el impuesto de
delineación urbana y iii) la verificación de si en el acuerdo demandado existía alguna
regulación del impuesto por el uso del subsuelo.
Definido lo anterior, la Sala pasa a estudiar el cargo, con fundamento en los reparos
concretos formulados.
Sobre la legalidad del Acuerdo 32 de 2016
En el recurso de apelación se lee que, a juicio de la demandante, el municipio de
Mosquera impuso «un gravamen por el uso del subsuelo a las empresas de servicios
públicos, disfrazado bajo el ropaje del impuesto de delineación », pese a que el artículo
24 de la Ley 142 de 1994 prohíbe gravar a ese tipo de empresas con tributos locales,
23
PDF Recurso de apelación contra la sentencia de la parte demandante. P. 2
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y que el artículo 5 de la Ley 9 de 1989 no permite generar cobro alguno por las
instalaciones de servicios públicos básicos.
Como se ve, el recurrente no controvierte la habilitación legal para cobrar el
impuesto de delineación urbana en el literal b) del artículo 233 del Decreto Ley 1333
de 1986, como lo señaló el Tribunal, motivo por el cual este aspecto no será objeto
de análisis.
Ahora bien, se evidencia que la pretensión principal de la demandante es la nulidad
total del Acuerdo 32 de 2016 del concejo municipal de Mosquera; no obstante una
vez estudiado su contenido24, no se evidencia ningún tributo por el uso del espacio
público.
De forma subsidiaria, la actora pretende la nulidad del numeral 5° del artículo 226
del Acuerdo 32 de 2016, e hizo referencia al impuesto de delineación y urbanismo -
denominación que otorgó el municipio de Mosquera al impuesto de delineación urbana-, del cual
manifiesta, grava el uso del espacio público. Al respecto, se verifica que el artículo
215 del Acuerdo 32 de 2016 regula el hecho generador del impuesto de delineación
urbana, en los siguientes términos:
“Artículo 153.- Hecho generador. El hecho generador del impuesto de delineación es
cuando se profiera el acto de trámite que encuentra viable la expedición de licencias
urbanísticas en sus diferentes modalidades y demás actuaciones relacionadas con la
expedición de licencias en el Municipio de Mosquera, conforme al parágrafo primero del
artículo 34 del Decreto 1469 de 2010, así como el reconocimiento de construcciones
dentro de la jurisdicción.”
Por su parte, el artículo 226 ib., cuya nulidad fue expresamente pretendida de forma
subsidiaria, establece lo siguiente:
“Artículo 226. – Clases de Licencias. Las licencias urbanísticas serán de:
1. Urbanización.
2. Parcelación.
3. Subdivisión.
4. Construcción.
5. Intervención y ocupación del espacio público.
Parágrafo. La expedición de las licencias de urbanización, parcelación y construcción
conlleva la autorización para el cerramiento temporal del predio durante la ejecución de
las obras autorizadas. En estos casos, el cerramiento no dará lugar al cobro de
expensa.”
Ninguno de los artículos reseñados establece como hecho generador del impuesto
de delineación urbana el uso del espacio público. La norma en cita hace referencia
a la expedición de la licencia urbanística para intervenir el espacio público, lo cual
difiere ampliamente de un gravamen por el uso del mismo. En todo caso, la
expedición de licencias urbanísticas no son un aspecto objeto de controversia, en
tanto no fue cuestionado ni con la demanda ni con el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, con lo cual se descarta la prosperidad de las
pretensiones de la demanda sobre este particular.
Respecto de la jurisprudencia invocada como criterio aplicable
24
Este acto administrativo puede ser consultado en la página web de la demandada, en el siguiente enlace:
https://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/normatividad/acuerdo-n-32-de-diciembre-09-de-2016
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Por último, en cuanto a la demanda que prosperó contra el municipio de Lebrija
(Santander), la Sala observa que la apelante sustentó su inconformidad en una
sentencia proferida por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga. Empero,
dicha providencia no tiene una decisión vinculante para el Consejo de Estado, en
tanto no proviene del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo25.
Conforme a la jurisprudencia constitucional26 , el precedente obligatorio es aquel
fijado por las altas cortes (precedente vertical), cuyo desconocimiento injustificado
vulnera el principio de igualdad. Las decisiones de jueces de instancia pueden fungir
como criterios auxiliares de interpretación en sus propias decisiones y en las de
otros jueces del mismo nivel, sin que generen obligación alguna para esta
Corporación.
En el presente caso, además de no ser vinculante, la providencia invocada no
resulta aplicable, pues la nulidad parcial examinada por el Juzgado 15
Administrativo se sustentó en la imposición de un gravamen por la intervención y
ocupación del espacio público prevista en los artículos 170 a 177 del Acuerdo
Municipal 019 de 2020 del municipio de Lebrija, supuesto fáctico y jurídico distinto
al aquí debatido, que se circunscribe a la clasificación de licencias urbanísticas para
intervenir el espacio público prevista en el artículo 226 numeral 5 del Acuerdo 32 de
2016.
Por las razones expuestas, se encuentra que los cargos de la demanda y de la
apelación no están llamados a prosperar.
De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no se condenará en
costas, atendiendo a que se ventila un interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, pero por las
razones expuestas.
2. Sin condena en costas.
3. Reconocer personería a la abogada Michell Laverde Cuevas como apoderada
del Municipio de Mosquera, en los términos del poder conferido, radicado en el
índice 14 de Samai.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia se estudió y aprobó
en sesión de la fecha.
25
En el mismo sentido ver: exp. 30001, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, cit.
26
Sentencias SU-047 de 1999 y C-836 de 2001.
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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