Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00211-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00211-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2023-00211-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2023-00211-01 (30528)
Demandante: DVA de Colombia Ltda
Demandado: DIAN
Tema: Oportunidad de la solicitud de devolución de saldo a favor –
Beneficio de Auditoria Ley 1943 de 2018 - Renta 2019.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1, contra
la sentencia del 12 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que negó las pretensiones de la
demanda y no condenó en costas2.
ANTECEDENTES
El 5 de junio de 2020, la sociedad demandante presentó la declaración del impuesto
sobre la renta por el año 2019 y registró como saldo a favor la suma de $703.569.000,
el cual fue solicitado en devolución mediante el formulario 108008952084 de 20 de
abril de 20223.
El 9 de mayo de 2022, la DIAN emitió la Resolución 62829002988255 por medio de la
cual rechazó por extemporánea la solicitud de devolución del saldo a favor de la
declaración de renta del año 20194 con fundamento en el numeral 1 del artículo 857
del ET en concordancia con el artículo 854 ibidem y el parágrafo 3 del artículo 689-2
ejusdem, adicionado por el artículo 123 de la Ley 2010 de 27 de diciembre de 2020.
El 6 de junio de 2022, la sociedad demandante presentó recurso de reconsideración
el cual fue resuelto por la Administración de Impuestos mediante la Resolución
202332259684001600 de 31 de marzo de 2023 en el sentido de confirmar
íntegramente la Resolución 62829002988255 de 9 de mayo de 2022 5.
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Índice 30 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Índice 25 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Índice 13 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Archivo 01_108008952084
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Índice 13 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Archivo 03_62829002988255
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Índice 13 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Archivo 8 RESOLUCIÓN RECURSO RECONSIDERACIÓN
202332259684001600
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00211-01 (30528)
Demandante: DVA de Colombia Ltda.
DEMANDA
La sociedad DVA de Colombia Ltda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho formuló las siguientes pretensiones6:
“Primero. Declarase nulo el Acto Administrativo resolución No. 62829002988255 del 9 de
mayo de 2022. (…) que se rechazó solicitud de devolución del saldo a favor originado en
el impuesto sobre la Renta del año gravable 2019, proferida por el G.I.T. Devoluciones de
Personas Jurídicas de la División de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de
Bogotá y la Resolución Número N° 202332259684001600 del 31 de marzo del 2023, por
medio de la cual, la jefe (a) del G.I.T. de vía gubernativa de la división jurídica de la dirección
seccional de impuestos de Bogotá, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) resuelve reconsideración (sic) que resuelve reconsideración confirmando [la]
anterior decisión y agotando en esa forma la vía gubernativa.
Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento
del derecho [c]omo consecuencia, y como restablecimiento del derecho, ordénese a la
Nación - DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) la devolución y/o
compensación por valor de setecientos tres millones quinientos sesenta y nueve mil pesos
m/cte. ($703.569.000) del saldo a favor originado en el impuesto sobre la Renta del año
gravable 2019.
Tercero. Se condene a la demandada al pago de perjuicios estimatorios que corresponden
a los intereses moratorios derivados del valor de la suma que no ha sido objeto de
devolución ($703.569.000) pese al derecho que tiene el demandante, desde la fecha de la
resolución de confirmación 31 de marzo de 2023 a la fecha de presentación de la demanda
conforme a lo certificado por la Superfinanciera para estos meses y que a la fecha de
presentación de la presente demanda corresponden a la suma de $ 65.839.305. La
liquidación de las anteriores condenas deberá́ efectuarse mediante sumas liquidas de
moneda de curso legal en Colombia, y aplicando los ajustes del valor antes mencionado
teniendo en cuenta la formula aun aplicada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
desde la fecha de confirmación de la decisión de no devolución del impuesto a favor de la
demandante hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso,
conforme a lo dispuesto por el artículo 192 y 195 del CPACA.
Cuarto. Se condene en costas a la demanda DIAN.
Quinta. Se ordene que la DIAN. (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) dará́
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA”.
Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 13 y 29 de la Constitución
Política, 689-2 y 854 del ET, e invocó como concepto de violación lo siguiente:
Violación del debido proceso, del principio de igualdad ante la ley y del acceso a la
justicia por aplicación de una norma inexequible. Sostuvo que la DIAN rechazó la
solicitud de devolución con fundamento en el artículo 689-2 del ET, adicionado por el
artículo 105 de la Ley 1943 de 2018, pese a que esta ley fue declarada inexequible
mediante la sentencia C-481 de 2019, cuyos efectos comenzaron el 1.º de enero de
2020.
Consideró que la administración aplicó retroactivamente una disposición que ya no
hacía parte del ordenamiento jurídico y, por tanto, desconoció el artículo 854 del ET,
que otorgaba un término de dos años para solicitar la devolución del saldo a favor,
vulnerando con ello su debido proceso, el principio de favorabilidad y el acceso a la
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Índice 3 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Páginas 1 a 23.
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Demandante: DVA de Colombia Ltda.
ley, lo cual generó la falsa motivación del acto y condujo al rechazo ilegal de la
devolución.
Falsa motivación e inexistencia de relación entre la motivación y la decisión adoptada
por la administración. Alegó que los actos administrativos carecen de una motivación
coherente, pues sustentan la decisión con referencias a los años gravables 2018 y
2020, cuando la solicitud de devolución únicamente correspondía al año gravable
2019. Señala que la DIAN invocó el artículo 854 del ET como fundamento jurídico, pero
omitió aplicarlo materialmente, basó su análisis en períodos fiscales ajenos al objeto
de la solicitud y efectuó interpretaciones contrarias a la realidad. En consecuencia,
consideró que existe falsa motivación, ausencia de relación causal entre la parte
motiva y la resolutiva y violación del derecho de defensa, circunstancia que se agravó
porque, pese a modificar el término aplicable de seis a doce meses al decidir el recurso
de reconsideración, la administración mantuvo incólume la decisión de rechazo.
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente7:
Argumentó que los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme a
derecho, por cuanto la solicitud de devolución del saldo a favor correspondiente al año
gravable 2019 fue presentada extemporáneamente.
Señaló que la demandante para la vigencia fiscal 2019, incrementó su impuesto neto
de renta en un 62% frente al año gravable 2018, lo cual la hizo beneficiaria del beneficio
de auditoría previsto en el artículo 689-2 del ET, con la consecuente reducción del
término de firmeza de la declaración a 6 meses. Resaltó que en virtud del parágrafo 3º
de dicha disposición, el término para solicitar la devolución del saldo a favor coincidía
con ese término especial de firmeza, razón por la cual la solicitud presentada el 20 de
abril de 2022, respecto de la declaración presentada el 5 de junio de 2020, resultaba
extemporánea y debía rechazarse.
Sostuvo que el beneficio de auditoría opera de pleno derecho -ipso iure- y constituye
una norma procesal de orden público, por lo que no depende de la voluntad del
contribuyente ni puede ser objeto de renuncia. En apoyo de esta tesis citó la doctrina
oficial de la DIAN8 y jurisprudencia del Consejo de Estado9, según las cuales, una vez
verificados los requisitos legales, el beneficio se aplica automáticamente, incluyendo
el término especial para solicitar la devolución de saldos a favor.
Frente al cargo relativo a la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, afirmó que dicha
circunstancia no impedía la aplicación del beneficio de auditoría para el año gravable
2019, pues los efectos de la sentencia C-481 de 2019 respetaron las situaciones
jurídicas consolidadas y los términos que ya se encontraban corriendo, de manera que
la aplicación del artículo 689-2 del ET al caso concreto era plenamente válida. En
consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la demanda, confirmar la legalidad de
los actos acusados y rechazar la condena en costas solicitada por la demandante, por
no encontrarse demostradas.
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Índice 12. Registro SAMAI - Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Archivo. CONTESTACIÓN DE DEMANDA – DVA
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Oficio 021933 de 3 de septiembre de 2019
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Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00139-01, de fecha 12 de marzo de 2012.
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Demandante: DVA de Colombia Ltda.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas, bajo las siguientes
consideraciones10:
Concluyó que el artículo 689-2 del ET, adicionado por el artículo 105 de la Ley 1943
de 2018, sí produjo efectos jurídicos respecto del año gravable 2019, pues la sentencia
C-481 de 2019 moduló los efectos de la declaratoria de inexequibilidad hacia el futuro,
a partir del 1.º de enero de 2020, sin afectar las situaciones jurídicas consolidadas. En
consecuencia, consideró que la DIAN estaba obligada a aplicar dicha disposición para
las declaraciones correspondientes al año gravable 2019, independientemente de que
dichas declaraciones tuvieran que ser presentadas en el año 2020.
Asimismo, estableció que la demandante cumplía los requisitos para acceder al
beneficio de auditoría, toda vez que presentó oportunamente la declaración de renta
del año gravable 2019, incrementó en más del 30% el impuesto neto de renta frente al
año 2018, superó el umbral de 71 UVT y no acreditó encontrarse dentro de las
exclusiones legales. Por ello, concluyó que el beneficio operaba ipso iure, reduciendo
el término de firmeza de la declaración a seis meses.
Con fundamento en lo anterior, el tribunal determinó que, conforme al parágrafo 3.º del
artículo 689-2 del ET, la solicitud de devolución debía presentarse dentro del término
especial de firmeza de la declaración. Como esta fue presentada el 5 de junio de 2020
y la solicitud de devolución únicamente se radicó el 20 de abril de 2022, concluyó que
la petición era extemporánea y que, en consecuencia, la DIAN actuó conforme a
derecho al rechazarla con fundamento en el numeral 1.º del artículo 857 del ET.
Finalmente, el a quo descartó la configuración de la falsa motivación y de la vulneración
del debido proceso, al considerar que, aunque la DIAN incurrió en una inconsistencia
al referirse en los actos administrativos a términos de firmeza de seis y doce meses,
dicha irregularidad no incidió en el sentido de la decisión, pues la solicitud resultaba
extemporánea bajo cualquiera de los dos escenarios. Igualmente, concluyó que las
referencias a los años gravables 2018, 2019 y 2020 no desvirtuaban la motivación de
los actos, ya que solo las vigencias 2018 y 2019 fueron determinantes para verificar el
cumplimiento de los requisitos del beneficio de auditoría.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante interpuso recurso de apelación, por las siguientes razones11:
Inaplicabilidad del artículo 689-2 del ET por efecto de la sentencia C-481 de 2019.
Afirmó que el Tribunal interpretó erróneamente el alcance de la sentencia C-481 de
2019 al considerar aplicable el artículo 689-2 del ET para resolver la solicitud de
devolución presentada en el año 2022. Afirma que, aunque la Corte Constitucional
moduló los efectos de la inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 hasta el 31 de
diciembre de 2019, ello no autorizaba a la DIAN a seguir aplicando esa disposición en
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Índice 25 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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Índice 30 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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actuaciones administrativas posteriores, por lo que el rechazo de la devolución con
fundamento en dicha norma vulneró el principio de legalidad tributaria, el debido
proceso y dio lugar a una falsa motivación.
Falta de acreditación de los presupuestos del beneficio de auditoría. Alegó que el
Tribunal sin respaldo probatorio, concluyó que la declaración del año gravable 2019
quedó en firme a los seis meses por aplicación del beneficio de auditoría, pasando por
alto que dicho beneficio no opera automáticamente, pues exigía verificar el
cumplimiento de todos los requisitos legales, especialmente el pago oportuno del
impuesto dentro del plazo fijado por el Gobierno Nacional, frente a lo cual, la DIAN
nada acreditó, de allí que no pudiera predicarse la firmeza abreviada ni rechazarse la
solicitud de devolución por extemporánea; en consecuencia, debía aplicarse el término
ordinario de dos años previsto en el artículo 854 del ET.
Aplicación del principio de favorabilidad tributaria. De manera subsidiaria, precisó que,
ante la existencia de dudas sobre la vigencia y aplicabilidad del artículo 689-2 del ET,
el Tribunal debió privilegiar la interpretación más favorable al contribuyente, aplicando
el término general de dos años para solicitar la devolución, dentro del cual fue
presentada la solicitud.
Falsa motivación y contradicción de los actos administrativos. Finalmente, sostuvo que
los actos demandados presentan inconsistencias respecto del término de firmeza
aplicable e incorporan consideraciones relativas a períodos gravables ajenos al objeto
de la devolución, circunstancias que, en su criterio, configuran falsa motivación y
afectan la validez de la decisión administrativa.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
En auto del 14 de noviembre de 2025, se admitió el recurso de apelación12 y se otorgó
el plazo establecido en los numerales 4 a 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011
para que los sujetos procesales se pronunciaran al respecto, sin pronunciamiento
frente a este. El Ministerio Público no emitió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad del acto administrativo que rechazó la solicitud de devolución
del saldo a favor de la declaración de renta del año 2019 y de la resolución que la
confirmó.
Previo abordar el estudio de los reparos formulados por la parte demandante, la Sala
estima necesario precisar el alcance del recurso de apelación frente a uno de los
argumentos expuestos en esta instancia. En efecto, la recurrente sostuvo que la DIAN
no acreditó el cumplimiento de todos los presupuestos para la procedencia del
beneficio de auditoría, particularmente el pago oportuno del impuesto dentro del plazo
fijado por el Gobierno Nacional, razón por la cual no podía predicarse la firmeza
abreviada de la declaración ni, por ende, rechazarse la solicitud de devolución por
extemporánea.
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Índice 5 de SAMAI
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Al revisar el contenido de la demanda, la Sala advierte que ese planteamiento no hizo
parte del concepto de violación sometido al conocimiento del juez de primera instancia.
En efecto, los cargos de nulidad se dirigieron a sostener que el artículo 689-2 del ET
no era aplicable al caso concreto por haber sido declarado inexequible el artículo 105
de la Ley 1943 de 2018; que los actos administrativos se encontraban falsamente
motivados por las inconsistencias en la determinación del término de firmeza y por las
referencias a distintos períodos gravables; y que tales circunstancias vulneraban el
debido proceso y el principio de favorabilidad. Sin embargo, en ningún momento se
cuestionó el cumplimiento de los requisitos materiales para acceder al beneficio de
auditoría, ni se alegó que la Administración hubiera omitido acreditar el pago oportuno
del impuesto como presupuesto para la aplicación de dicho beneficio.
En esas condiciones, el argumento ahora expuesto en el recurso de apelación
incorpora un fundamento fáctico y jurídico distinto al propuesto en la demanda, pues
no controvierte la vigencia o aplicabilidad del artículo 689-2 del ET, sino la
demostración de uno de los requisitos para acceder al beneficio de auditoría. Se trata,
entonces, de un planteamiento que modifica el marco de la controversia fijado desde
la demanda y sobre el cual no existió debate en la primera instancia.
Lo anterior implica que la parte demandada no ha tenido la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa frente a este planteamiento. Por tanto, el análisis de este cargo
implicaría abrir una nueva discusión en el trámite de segunda instancia, en contravía
de los derechos al debido proceso y de defensa de la contraparte, razón por la cual la
Sala se abstiene de estudiarlo13.
De tal manera, y atendiendo a los demás cargos propuestos por la demandante en el
recurso de apelación, en calidad de apelante único, corresponde a la Sala establecer
sí: i) resultaba aplicable el artículo 689-2 del ET atendiendo a la declaratoria de
inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 y ii) la Administración de impuestos debió
acceder a la solicitud de devolución del saldo a favor al ser presentada oportunamente.
La apelante sostiene que el Tribunal erró al concluir que el artículo 689-2 del ET era
aplicable al caso concreto, pues, a su juicio, una vez la Corte Constitucional declaró
inexequible la Ley 1943 de 2018 mediante la sentencia C-481 de 2019, dicha
disposición dejó de producir efectos jurídicos a partir del 1.º de enero de 2020. En
consecuencia, afirma que la DIAN no podía fundamentar, en el año 2022, el rechazo
de la solicitud de devolución en una norma que ya había sido expulsada del
ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala encuentra que la sociedad demandante al presentar la declaración
del impuesto sobre la renta por el año 2018 mediante el formulario 1114606015809
registró en el reglón 81 correspondiente al “impuesto neto de renta” la suma de
$19.032.00014.
El 5 de junio de 2020, la sociedad actora presentó la declaración del impuesto sobre
la renta correspondiente al año 2019 y registró en el renglón 85 correspondiente a
“impuesto neto de renta” la suma de $30.634.000 junto con un valor de $703.569.000
13
Sentencias del 20 de junio de 2024, Exp. 28106 CP Myriam Stella Gutiérrez Arguello y 23 de octubre de 2025, Exp. 30097 CP
Luis Antonio Rodríguez Montaño
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Carpeta de Antecedentes de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2_DOCUMENTOS
SOLICITUD_1114606015809
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en el renglón 103 correspondiente a “total saldo favor”, el cual con posterioridad, fue
solicitado en devolución mediante el formulario 108008952084 de 20 de abril de
202215.
El 9 de mayo de 2022, la DIAN emitió la Resolución 62829002988255 por medio de la
cual rechazó por extemporánea la solicitud de devolución del saldo a favor de la
declaración de renta del año 2019 así: «Verificando el servicio de la Obligación Financiera se
comprueba que el contribuyente cumple los requisitos del beneficio de auditoría establecidos en el
Artículo 689-2 del ET toda vez que la declaración de renta del año 2018 presentada con formulario No.
1114605997742 de fecha 24/03/2021, presenta un impuesto neto de renta de [Diecinueve Millones
Treinta y Dos Mil Pesos M/Cte] ($19.032.000), mientras que la declaración de renta del año 2019
presentada con formulario No. 1115603425784 de fecha 05/06/2020, presenta un impuesto de Treinta
[Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Pesos M/Cte] ($30.634.000) incrementando su impuesto neto
de renta en un porcentaje superior al treinta por ciento (30%).
En aplicación de la citada norma, la fecha máxima para solicitar la devolución y/o compensación del
saldo a favor determinado en la Declaración del Impuesto sobre la renta del año 2020 era el 5 de
diciembre de 2020, es decir, seis (6) meses posteriores a su presentación. Término al que el
contribuyente no se acogió ya que radicó la solicitud de devolución y/o compensación el día 20 de abril
de 2022, encontrándose incurso en la causa de [rechazo definitivo] establecida en el numeral 1 del Art.
857 del ET en concordancia con el Art. 854 del ET y parágrafo 3 del Art. 689-2 ibidem el cuál fue
adicionado mediante el Art. 123 de la Ley 2010 de fecha 27 diciembre de 2020».
Luego, la sociedad demandante presentó recurso de reconsideración el cual fue
resuelto por la Administración de Impuestos mediante la Resolución
202332259684001600 de 31 de marzo de 2023 en el sentido de confirmar
íntegramente la Resolución 62829002988255 de 9 de mayo de 202216 bajo el
entendido de que «Conforme a las consideraciones expuestas se concluye por este Despacho que
la declaración del Impuesto de Renta año gravable 2019 fue presentada el 5 de junio de 2020,
cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 689-2 del Estatuto Tributario, gozaba del
beneficio de auditoria previsto en dicha norma, y de igual manera se pudo constatar que no existe ningún
acto administrativo de los referidos en la norma, proferidos dentro de un proceso de determinación que
invalidara el beneficio de auditoria para dicha declaración».
Conforme lo expuesto, pasa la Sala a resolver si la declaratoria de inexequibilidad de
la Ley 1943 de 2018 impedía que la administración tributaria aplicara, al resolver en el
año 2022 la solicitud de devolución presentada por la demandante, el régimen jurídico
que regulaba la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año
gravable 2019.
Para el efecto debe tenerse en cuenta que, conforme al principio de aplicación
temporal de la ley tributaria17, el régimen jurídico aplicable a una obligación fiscal se
determina por la normativa que regulaba el respectivo período gravable, sin que resulte
relevante, para esos efectos, que el acto administrativo mediante el cual se decide una
solicitud relacionada con dicha obligación sea expedido con posterioridad.
Mediante la sentencia C-481 de 2019, la Corte Constitucional declaró inexequible la
Ley 1943 de 2018 por vicios de procedimiento en su formación; sin embargo, difirió los
efectos de esa decisión hasta el 1.º de enero de 2020 y dispuso expresamente que la
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Índice 13 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Archivo 01_108008952084
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Índice 13 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Archivo 8 RESOLUCIÓN RECURSO
RECONSIDERACIÓN 202332259684001600
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Determina cuándo entra en vigor una norma impositiva y a qué situaciones económicas se aplica. Su objetivo principal es
garantizar la seguridad jurídica y la certeza de los contribuyentes ante cambios legislativos.
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declaratoria de inexequibilidad produciría efectos hacia el futuro, sin afectar las
situaciones jurídicas originadas durante la vigencia de dicha ley, con lo cual limitó en
el tiempo los efectos jurídicos de la norma entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre
de 201918.
En ese contexto, la decisión de la Corte Constitucional no significó que las
disposiciones contenidas en la Ley 1943 de 2018 dejaran de regir las situaciones
jurídicas correspondientes al año gravable 2019. Lo que determinó fue que, a partir del
1.º de enero de 2020, tales disposiciones dejarían de integrar el ordenamiento jurídico
hacia el futuro, sin desconocer los efectos producidos durante el período en que
estuvieron vigentes.
Así las cosas, se debe precisar que, en el presente caso el saldo a favor cuya
devolución se pretende tuvo su origen en la declaración del impuesto sobre la renta
del año gravable 2019 y se consolidó al cierre de ese período fiscal, esto es, al 31 de
diciembre de 2019, momento en el que la Ley 1943 de 2018 se encontraba plenamente
vigente. Por consiguiente, las condiciones sustanciales para su reconocimiento y
devolución debían examinarse con fundamento en ese régimen jurídico y no en la
normativa vigente al momento de presentarse la solicitud de devolución o de expedirse
los actos administrativos demandados.
De tal manera, la circunstancia de que la solicitud de devolución hubiera sido
presentada en el año 2022 no implicaba que la administración debiera aplicar el
régimen jurídico vigente para esa fecha. Lo procedente era acudir a la normativa que
regulaba la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2019, pues fue
bajo ese marco normativo que se originó el saldo a favor cuya devolución se pretendía.
En ese sentido, no le asiste razón a la apelante cuando afirma que la DIAN aplicó una
norma inexistente al momento de expedir los actos demandados. En realidad, la
administración no aplicó retroactivamente una disposición expulsada del ordenamiento
jurídico, sino que acudió al régimen legal que gobernaba el período gravable al que
correspondía la declaración objeto de la solicitud de devolución -2019-, circunstancia
que resulta acorde con el principio de aplicación temporal de la ley tributaria y con los
efectos fijados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-481 de 2019.
Sumado a lo anterior, advierte esta Sala que el propio legislador, al expedir la Ley 2010
de 2019, reconoció la subsistencia de los efectos del beneficio de auditoría respecto
del año gravable 2019, al disponer en el parágrafo 5.º del artículo 689-2 del ET que las
previsiones contenidas en el artículo 105 de la Ley 1943 de 2018 continuarían
produciendo efectos para los contribuyentes acogidos al beneficio de auditoría
correspondiente a dicho período gravable19. Si bien esta disposición no constituye el
fundamento de la decisión, sí confirma que el régimen previsto para el año gravable
2019 conservó eficacia para regular las situaciones jurídicas originadas durante su
vigencia.
En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal acertó al considerar que el artículo
689-2 del ET resultaba aplicable a la declaración del impuesto sobre la renta
18
En la sentencia de 18 de noviembre de 2021. NI 25115. CP Stella Jeannette Carvajal se concluyó que los efectos jurídicos de
la Ley 1943 de 2018 se concretaron entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.
19
PARÁGRAFO 5o. Las disposiciones consagradas en el artículo 105 de la Ley 1943 de 2018 surtirán los efectos allí
dispuestos para los contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de auditoría por el año gravable 2019.
8
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correspondiente al año gravable 2019 y, por ende, al determinar el término dentro del
cual podía solicitarse la devolución del saldo a favor allí liquidado, sin que resultara
determinante que la correspondiente solicitud hubiera sido presentada en el año 2022,
por lo que el primer motivo de inconformidad no está llamado a prosperar.
Definido lo anterior, se procede a estudiar si la solicitud de devolución presentada el
20 de abril de 2022 fue radicada dentro del término legal previsto para el efecto, siendo
del caso precisar que, el parágrafo 3.º del artículo 689-2 del ET disponía expresamente
que, tratándose de declaraciones que registraran saldo a favor, el término para solicitar
su devolución o compensación sería el previsto en esa misma disposición para la
firmeza de la declaración20. En consecuencia, al concurrir los presupuestos para la
aplicación del beneficio de auditoría, el término general previsto en el artículo 854 del
ET para las solicitudes de devolución debía ceder frente a la regulación especial
establecida por el legislador para esa clase de declaraciones.
El beneficio de auditoria ha sido entendido por esta jurisdicción como una prerrogativa
de carácter legal que reduce el término general de firmeza de las declaraciones
privadas, por razones de política fiscal, bajo las precisas condiciones previstas en la
norma que lo crea, por lo tanto, se ha precisado que no se trata de un derecho
personalísimo renunciable por parte de los declarantes de renta, sino de una norma
procesal de orden público y carácter obligatorio, que además de circunscribir el poder
fiscalizador del Estado con el establecimiento de un plazo para ejercerlo, tiene claros
efectos sustantivos y definitorios sobre la situación fiscal de los contribuyentes, dado
que hace inmodificables sus declaraciones privadas por el vencimiento de dicho plazo,
cuando quiera que dentro del mismo no se haya instado su corrección a través de
emplazamientos concretos21.
Atendiendo a los presupuestos concretos para la aplicación del beneficio de auditoría
para el año 2019, se resalta que el mismo tendría operancia respecto de aquellos
contribuyentes que incrementaran su impuesto neto de renta del periodo con relación
al año gravable inmediatamente anterior -2018-; de tal manera, el término de firmeza
variaría según el porcentaje de incremento realizado, 6 meses cuando el incremento
fuera del 30% y 12 meses cuanto el incremento fuera al menos un porcentaje del 20%.
Para
En el caso concreto, se encuentra acreditado que la sociedad al presentar su
declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2018 liquidó
un impuesto neto de renta de $19.032.00022, en tanto al presentar el 5 de junio de 2020
la declaración del impuesto sobre la renta de la vigencia fiscal del año 201923 registró
por ese mismo concepto la suma de $30.634.000, advirtiéndose una diferencia entre
estas dos de $11.602.000 equivalente al 61%, lo cual determinó que la declaración
quedara sometida al término especial de firmeza de seis meses previsto en el artículo
689-2 del ET e implicó que la solicitud de devolución debiera presentarse, a más tardar,
el 5 de diciembre de 2020.
20
PARAGRAFO 3o. Cuando se trate de declaraciones que registran saldo a favor, el término para solicitar la devolución y/o
compensación, será el previsto en este artículo, para la firmeza de la declaración.
21
Sentencia de 12 de marzo de 2012. NI 17180. CP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
22
Carpeta de Antecedentes de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2_DOCUMENTOS
SOLICITUD_1114606015809
23
Índice 13 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Archivo 01_108008952084
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No obstante, la demandante radicó la solicitud de devolución hasta el 20 de abril de
2022, cuando ya había vencido ampliamente el término especial previsto por el
legislador. Por ello, contrario a lo sostenido en el recurso de apelación, no resultaba
procedente acudir al término ordinario de dos años previsto en el artículo 854 del ET,
en tanto debía atenderse a la regulación especial contenida en el parágrafo 3.º del
artículo 689-2 ibidem, expresamente aplicable a las declaraciones que registran saldo
a favor, en consecuencia, la Sala concluye que la solicitud de devolución fue
presentada de manera extemporánea, razón por la cual tampoco prospera este motivo
de inconformidad.
Ahora bien, la apelante sostiene que, aun en el evento de existir duda acerca de la
vigencia y aplicabilidad del artículo 689-2 del ET, el Tribunal debió privilegiar la
interpretación más favorable al contribuyente y, en consecuencia, aplicar el término
general de dos años previsto en el artículo 854 ibidem para solicitar la devolución del
saldo a favor.
Sobre el particular, la Sala recuerda que el principio de favorabilidad previsto en el
artículo 29 de la Constitución Política constituye una garantía propia del ejercicio del
ius puniendi del Estado y, por consiguiente, encuentra aplicación respecto de
disposiciones de naturaleza sancionatoria. Sin embargo, no constituye una regla
general para resolver los conflictos relacionados con la aplicación temporal de las
normas tributarias que regulan las obligaciones sustanciales o formales de los
contribuyentes, pues tales controversias se rigen por las reglas previstas en los
artículos 338 y 363 de la Constitución Política. En ese sentido, esta Sección ha
precisado que el principio de favorabilidad no opera como criterio para definir la ley
aplicable a una determinada relación jurídico-tributaria, aun cuando una disposición
posterior resulte más beneficiosa para el contribuyente24.
En el presente asunto, la controversia no recae sobre la aplicación de una disposición
sancionatoria ni sobre la imposición de una sanción tributaria. Lo que se debate es la
determinación del régimen jurídico aplicable para establecer el término dentro del cual
debía presentarse la solicitud de devolución del saldo a favor originado en la
declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2019,
cuestión que, como se explicó al resolver el primer problema jurídico, debe definirse
conforme a las reglas de aplicación temporal de la ley tributaria y a los efectos fijados
por la Corte Constitucional en la sentencia C-481 de 2019.
Así las cosas, la sola existencia de una controversia jurídica en torno a la aplicación
temporal del artículo 689-2 del ET no habilitaba la aplicación del principio de
favorabilidad invocado por la apelante, pues este no constituye un criterio para resolver
conflictos de transición legislativa en materia tributaria. Definido que dicha disposición
era la llamada a regir la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año
gravable 2019 y, por ende, a determinar el término para solicitar la devolución del saldo
a favor allí liquidado, no había lugar a desplazar su aplicación para acudir al término
general previsto en el artículo 854 del ET. En consecuencia, tampoco está llamado a
prosperar este motivo de inconformidad.
Resta por establecer si, como lo sostiene la apelante, los actos administrativos se
encuentran falsamente motivados y vulneraron el debido proceso por cuanto la DIAN
24
Sentencia de 10 de noviembre de 2022. NI. 26825. CP. Julio Roberto Piza Rodríguez
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hizo referencia a términos de firmeza de seis y doce meses y sustentó su decisión en
consideraciones relativas a los años gravables 2018, 2019 y 2020.
La Sala advierte que, si bien los actos administrativos contienen una inconsistencia
respecto del término especial de firmeza aplicable a la declaración, dicha circunstancia
carece de la entidad suficiente para afectar su legalidad. En efecto, aun cuando en uno
de los actos se hizo referencia a un término de seis meses25 y en otro a uno de doce
meses26, en cualquiera de los dos escenarios la solicitud de devolución presentada el
20 de abril de 2022 resultaba extemporánea frente a la declaración presentada el 5 de
junio de 2020. En consecuencia, el error o la inconsistencia advertida no tuvo
incidencia en la decisión finalmente adoptada ni desvirtúa las razones jurídicas que
sustentaron el rechazo de la solicitud de devolución.
Tampoco prospera el reproche relativo a las referencias efectuadas por la
administración a los años gravables 2018, 2019 y 2020. Del análisis integral de los
actos demandados se evidencia que tales alusiones obedecen a circunstancias
distintas del caso concreto. El año gravable 2018 se utilizó como parámetro para
verificar el incremento del impuesto neto de renta exigido para el beneficio de auditoría;
el año gravable 2019 corresponde al período fiscal objeto de la declaración; y el año
2020 hace referencia a la fecha en que esta fue presentada. Por tanto, tales referencias
no revelan una motivación errónea o contradictoria, sino la descripción de los
elementos fácticos relevantes para adoptar la decisión.
Finalmente, tampoco se configura la vulneración del debido proceso invocada por la
apelante. Como quedó establecido al resolver los anteriores problemas jurídicos, la
administración aplicó correctamente el artículo 689-2 del ET al caso concreto y rechazó
la solicitud de devolución por haber sido presentada de manera extemporánea. En
consecuencia, los actos administrativos fueron expedidos con fundamento en el
régimen jurídico aplicable y con observancia de las reglas que gobernaban la actuación
administrativa, razón por la cual no se advierte la transgresión de las garantías
procesales alegadas.
Costas
De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 de la Ley 1564
de 201227, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 28, y
acorde con lo contemplado en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025, procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandante, al
haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado la sentencia
de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) smmlv. Por
lo tanto, se ordenará al tribunal el respectivo incidente de liquidación de la condena en
costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 de la Ley 1564 de 2012.
25
Resolución 62829002988255 de 9 de mayo de 2022 que rechazó la solicitud de devolución.
26
Resolución 202332259684001600 de 31 de marzo de 2023 que resolvió el recurso de reconsideración
27
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial, expresando los fundamentos de su decisión.”
28
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
11
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1.- Confirmar la sentencia del 12 de junio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2.- Condenar en costas a la demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar
al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Devuélvase al tribunal de origen.
Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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