Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00237-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00237-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2023-00237-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
6 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., seis (06) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2023-00237-01 (30172)
Demandante ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ESSA
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución adicional para empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Año 2020. Artículo 314 de la
Ley 1955 de 2019. Reiteración de jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 3 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
Primero. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito propuestas por la
demandada, las cuales denominó como “Legalidad de los actos administrativos demandados”
y “existencia de situaciones jurídicas consolidadas”, según lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. DECLÁRESE la nulidad de: (i) la Liquidación Oficial Adicional FE No.
20205340050186 de 25 de agosto de 2020, que determinó el valor correspondiente para la
contribución adicional del año 2020, (ii) la Resolución No. SSPD 20225300123995 del 25 de
febrero de 2022, que resolvió el recurso de reposición, y (iii) la Resolución No.
20235000146125 del 21 de febrero de 2023, que resolvió el recurso de apelación.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho DECLÁRESE que la empresa
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A., no está obligada a cancelar el monto de la
contribución adicional para los prestadores de energía eléctrica por el año 2020, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva.
Cuarto. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
Quinto. Sin condena en costas. (…). [transcripción fiel al original]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación
adicional F.E. 20205340050186 del 25 de agosto de 2020, que determinó la
contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo de
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), por el año 2020.
La sociedad interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra
la anterior decisión. Al resolverlos, la SSPD modificó el monto a pagar, mediante las
resoluciones 20225300123995 del 25 de febrero de 2022 y 20235000146125 del 21
de febrero de 2023, respectivamente.
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Samai de tribunal, índice 28, página 25.
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00237-01 (30172)
Demandante: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones en el escrito de la demanda2:
PRIMERA: Se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos por la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) que a
continuación se relacionan:
1. Liquidación Adicional FE radicado 20205340050186 de 25 de agosto de 2020, radicado
20210000002166 expediente N° 2020534260104839E del 3 de agosto de 2021
Contribución año 2020, por el servicio de energía eléctrica.
2. Resolución N° SSPD -20225300123995 del 25 de febrero de 2022, “que resolvió
recurso de reposición contra la Liquidación Adicional FE radicado 20205340050186 de
25 de agosto de 2020, radicado 20210000002166 expediente N° 2020534260104839E
del 3 de agosto de 2021 Contribución año 2020, por el servicio de energía eléctrica.
2. [sic] Resolución N° SSPD- 20235000146125 del 21 de Febrero de 2023, “Por la cual se
resuelve un recurso de apelación Liquidación Adicional FE radicado 20205340050186
de 25 de agosto de 2020, radicado 20210000002166 expediente N°
2020534260104839E del 3 de agosto de 2021 Contribución año 2020”
SEGUNDA: Que como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos antes
enunciados, se restablezca el derecho de mi representada, ORDENANDO a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) el reintegro de
la suma de dinero correspondiente al mayor valor cancelado por concepto de Liquidación
Adicional FE radicado 20205340050186 de 25 de agosto de 2020, radicado 20210000002166
expediente N° 2020534260104839E del 3 de agosto de 2021 Contribución año 2020
equivalente a NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA
Y CINCO MIL VEINTE PESOS MCTE $9.536.145.020,00) suma que deberá ser indexada al
momento de proferirse la sentencia.
TERCERA: Que se CONDENE a la entidad demandada a reconocer y pagar en favor de mi
representada los intereses causados sobre las sumas reclamadas desde el momento del pago
de la contribución, -teniendo en cuenta el anticipo cancelado frente a cada una de ellas- y
hasta la fecha en la cual se verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia con la cual se
ponga fin a la controversia.
CUARTA: Que se ORDENE a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos establecidos en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
QUINTA: Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en
derecho. [transcripción fiel al original]
Para estos efectos, invocó como normas violadas los artículos 29, 95 (numeral 9),
338 y 363 de la Constitución Política; 9, 44, y 237 de la Ley 1437 de 2011; 85
(numeral 2) de la Ley 142 de 1994; y 712 del Estatuto Tributario.
El concepto de la violación se resume así:
1. Desconocimiento del principio de legalidad
Señaló que la SSPD infringió las normas en que debía fundarse, en especial el
artículo 338 de la Constitución, porque fijó la base gravable vía interpretación de
cuentas contables que no fueron fijadas por el legislador. En concreto, indicó que
2
Samai de tribunal, índice 2, archivo ZIP, PDF de la demanda, página 3 a 4.
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Demandante: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA
era improcedente incluir las compras en bloque y/o largo plazo; las compras en
bolsa y/o corto plazo; y el uso de líneas, redes y ductos.
Citó la sentencia C-452 de 2003, que se pronunció sobre la facultad de la
Superintendencia para fijar normas generales en materia contable, la cual
condicionó dicha competencia a que debían ser directamente relacionadas con su
función de inspección, vigilancia y control, así como adoptarlas dentro de los límites
de la Constitución y la ley.
2. Violación de los artículos 6, 95 (numeral 9), 121 y 123 de la Constitución
Manifestó que la jurisprudencia3 precisó que las superintendencias y órganos de
control, por mandato constitucional, están vinculados a las determinaciones de
carácter contable adoptadas por el Contador General de la Nación, por el hecho de
ser entidades públicas.
Sostuvo que la SSPD excluyó de la base gravable los conceptos de impuestos, tasas
y contribuciones; de impuestos a las ganancias corrientes; y de impuestos a las
ganancias diferidos. Sin embargo, omitió descontar las partidas del agrupador
«licencias, contribuciones y regalías»4, las cuales incluyen contribuciones, tasas o
sobretasas. En concreto, indicó que se debió detraer la sobretasa con destino a la
protección del medio ambiente y recursos naturales renovables, de la Ley 99 de
1993.
De otro lado, sostuvo que la demandada también omitió excluir de la base gravable
a los intereses devengados a favor de terceros. Al respecto, señaló que no existe
un instructivo que permita asociar este concepto al aplicativo de cargue en el renglón
de «gastos de servicios públicos», por lo que hubo valores que por error se
informaron dentro del agrupador «gastos diversos». Empero, dichos yerros fueron
corregidos ante la Superintendencia, pese a lo cual los incluyó dentro de la
liquidación oficial.
Aseguró que los dos conceptos referidos debieron ser excluidos de la base gravable
por mandato del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019. En todo caso, aseguró que,
dada la declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley, se debe aplicar la versión
original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
3. Desconocimiento de precedente judicial
Destacó que el Consejo de Estado, en sentencia del 12 de noviembre de 20205,
determinó que solo procede la adición a la base gravable de los rubros de gastos
de funcionamiento ante un faltante presupuestal; y precisó que no basta con alegar
su existencia, sino que debe estar debidamente motivado y demostrado, para
garantizar el cumplimiento al principio de legalidad y atender la excepción prevista
en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Precisó que, conforme la jurisprudencia6, los gastos de funcionamiento
corresponden a salidas de recursos que directa o indirectamente son necesarias
3
Para lo cual citó sentencia de la Corte Constitucional, sin identificarla. Sin embargo, dentro del texto se encuentra
identificada la sentencia C-487 de 1997, que también refiere el tema anunciado por la demandante.
4
Samai de tribunal, índice 2, archivo ZIP, PDF de la demanda, página 19.
5
Exp. 24498, C.P. Milton Chaves García.
6
Citó la sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874, del 11 de junio de 2015, exp. 20988 y 23 de julio de 2015,
exp. 20920, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 14 de octubre de 2010, exp. 16650, sin identificar al ponente; y
del 12 de noviembre de 2015, exp. 21737, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Y el auto de suspensión provisional del
7 de octubre de 2016, exp. 19762, sin identificar ponente.
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Demandante: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA
para cumplir con las actividades de las empresas. En consecuencia, al ser
equivalentes a gastos operacionales, deben excluirse de la base gravable de la
contribución cuando no tengan relación directa con la prestación del servicio.
Con base en lo anterior, indicó que la SSPD infringió los anteriores criterios
jurisprudenciales y del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, porque conformó la base
gravable del tributo por el año 2020 con los gastos de la cuenta 5 y los costos de
producción de la cuenta 75.
Aclaró que las normas internacionales de información financiera (NIIF) no establece
un catálogo de cuentas. Empero, la demandante sigue utilizando los códigos del
sistema contable anterior para efectos de agrupación, pero bajo los principios de las
NIIF. En todo caso, sostuvo que esta clasificación se ajusta al catálogo adoptado por
la Contaduría General de la República en la resolución 456 de 2017, la cual prevé
que las cuentas del grupo 5 corresponden a gastos y las de 7 a costos de
transformación.
Indicó que, para interpretar adecuadamente la jurisprudencia, no se debe atender
al uso de una cuenta contable en concreto, sino al concepto en sí. De esta forma,
insistió en que es improcedente la adición de costos no asociados al servicio, de
modo que el código utilizado pierde relevancia.
4. Falsa motivación y expedición irregular del acto
Manifestó que la finalidad de la contribución adicional es cubrir la totalidad de los
costos en los que incurre la Superintendencia para desarrollar su misión
institucional. Sin embargo, se pasó por alto el análisis de la ejecución presupuestal
y la inexistencia de la justificación del fondo empresarial.
Aseguró que la SSPD publicó, en su página web, que solo ejecuta en promedio un
80% del presupuesto anual. Entonces, si racionaliza su gasto excluyendo los
montos de inversión y de transferencias al fondo empresarial, no existe un faltante
presupuestal. Destacó que las trasferencias al fondo empresarial no se deben incluir
en la determinación del faltante referido, porque no es un gasto que sea obligatorio
para la entidad.
Oposición de la demanda
La SSPD se opuso a las pretensiones señalando que la controversia gira en torno a
determinar si esa entidad estaba obligada a aplicar los artículos 18 y 314 de la Ley
1955 de 2019, mientras se encontraban vigentes, pues los cargos de la demanda
se dirigen a demostrar la inconstitucionalidad de esas disposiciones.
Indicó que la interpretación sobre la causación de las contribuciones de los artículos
18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 fue objeto de discusión, la cual fue zanjada por la
Corte Constitucional. De modo que, pese a que las normas mencionadas se
declararon inexequibles, el efecto de dicha orden se difirió inicialmente hasta el 1
de enero de 2023, y luego hasta la expedición de la sentencia C–147 de 2021, es
decir, el 14 de julio del mismo año.
Advirtió que los fallos de la Corte Constitucional salvaguardaron los efectos de las
disposiciones por el año 2020, y que en ese mismo sentido se pronunció el Consejo
de Estado en la sentencia del 26 de mayo de 20227.
7
No indican radicado del expediente, sin embargo, manifiestan que la ponente es la Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Demandante: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA
Planteó las excepciones de mérito que denominó «legalidad de los actos
administrativos demandados» y «existencia de situaciones jurídicas consolidadas»,
las cuales se fundamentaron en los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda. De igual modo, solicitó condenar en costas procesales a la demandante.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
no probadas las excepciones propuestas por la SSPD, accedió a la nulidad de los
actos demandados, determinó que la actora no estaba obligada a pagar el tributo
liquidado en los actos acusados, negó las demás pretensiones de la demanda y no
impuso condena en costas, por las siguientes consideraciones:
Expuso las pruebas que obran en el expediente y el contenido de las normas
aplicables a este caso, precisando las referentes a la base gravable y la tarifa8. De
este modo, explicó que la versión original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994
permitía conformar la base gravable del tributo únicamente con los gastos de
funcionamiento y, cuando existieran faltantes presupuestales, con algunos gastos
operativos determinados por el legislador.
Indicó que esta norma fue modificada por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, que
dispuso que la base gravable de la contribución especial se integra de los costos y
gastos totales, detrayendo únicamente los tributos y los intereses percibidos a favor
de terceros independientes del año inmediatamente anterior a la fecha de la
liquidación. Además, el artículo 314 ibidem creó la contribución adicional, cuyo
recaudo sería en favor del fondo empresarial, el cual tendría la misma base gravable
de la contribución especial.
Señaló que la Corte Constitucional declaró inexequible los artículos 18 y 314 de la
Ley 1955 de 2019, mediante las sentencias C-464 de 2020, C-484 de 2020 y C-147
de 2021, porque vulneraron el artículo 338 de la Constitución. Sin embargo, anotó
que la Corte moduló los efectos de su decisión, por lo que las contribuciones
causadas en el 2020 constituyeron situaciones jurídicas consolidadas.
Indicó que a la misma conclusión llegó el Consejo de Estado9, que negó la nulidad
de la resolución 202010000033335 de 2020 porque procedía el cobro del tributo
para el año 2020, pero dejó abierta la posibilidad de analizar su legalidad conforme
a otros motivos.
No obstante, en sentencia del 26 de junio de 202410, el Consejo de Estado declaró
la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020, que fijó la base
gravable y la tarifa de la contribución especial y adicional para el año 2020, y
constituyó el fundamento normativo de los actos acusados. Esta decisión se
fundamentó en que dicho acto de contenido general determinó la base gravable con
la información financiera del año 2019, lo que viola el principio de irretroactividad de
las normas tributarias, conforme los artículos 338 y 363 de la Constitución Política.
Además, se precisó que esta providencia surtió efectos inmediatos hacía futuro
frente a situaciones jurídicas no consolidadas11.
8
Sobre este último punto citó el auto del 15 de junio de 2017, exp. 22873, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y la
sentencia del 10 de mayo de 2018, exp. 22972, C.P. Milton Chaves García.
10
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal.
11
Citó la sentencia del 22 de agosto de 2024, exp. 28691, C.P. Wilson Ramos Girón.
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Demandante: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA
En el caso bajo estudio, concluyó que la nulidad de la resolución que sustentaba el
cobro de la contribución discutida era fundamento suficiente para declarar la nulidad
de los actos acusados.
Frente al restablecimiento del derecho, indicó que la demandante no está obligada
a pagar la contribución adicional para la vigencia 2020 y respecto a la solicitud de
devolución del mayor valor cancelado, el Tribunal no encontró pruebas que
evidenciaran el pago realizado, por lo que no accedió a dicha pretensión.
Declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la Superintendencia
por los motivos antes expuestos. Además, no impuso condena en costas por no
estar probada su causación.
Recurso de apelación
La SSPD solicitó revocar la sentencia de primera instancia porque, aunque los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 fueron declarados inexequibles, la Corte
Constitucional difirió los efectos de sus decisiones, con lo cual consideró era
ajustado a derecho realizar el cobro de la contribución adicional por el 2020.
Consideró que no es aplicable la excepción de inconstitucionalidad porque existe
un amplio precedente que obedece a los pronunciamientos de la Corte
Constitucional y permiten la liquidación y cobro de la contribución por el año 2020,
pese a su inexequibilidad12. Además, destacó que las sentencias de
constitucionalidad solo tienen efectos hacia el futuro13.
Adujo que no fue violado el principio de irretroactividad por haber tomado
información del año 2019 para la liquidación de la contribución de 2020, pues la
contribución no es un tributo de periodo, aunque es anual, en la medida que el hecho
generador corresponde a la prestación de servicios de inspección, control y
vigilancia por el año 2020. Además, indicó que la base gravable toma costos y
gastos depurados del año anterior como referente, sin incidir en hechos o
situaciones previas a la ley.
Aseguró que la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020 no
invalidó la obligación de pagar el tributo a cargo de la demandante, y no se puede
desconocer que el objetivo de la contribución adicional radica en recuperar los
costos en que incurre la SSPD. De este modo, concluyó que, en garantía de los
principios de seguridad jurídica y estabilidad de las relaciones jurídicas, no es
posible modificar retroactivamente la situación de los contribuyentes que cumplieron
con sus obligaciones en el 2020.
Manifestó que la obligación de pagar la contribución adicional ya se había
perfeccionado, por lo que es exigible, en virtud del respeto a los derechos adquiridos
y las situaciones jurídicas consolidadas. De allí que los actos demandados no hayan
sido violatorios del principio de irretroactividad.
Concluyó que no podía liquidar la base gravable aplicando la previsión consagrada
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 antes de su reforma, puesto que, para el
año 2020, esa disposición había sido modificada con el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020.
12
Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, así como las Sentencias C-
464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021.
13
En este punto citó la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado del 21 de mayo de 2009, exp. 25000-23-27-
000-2003-00119-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
6
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00237-01 (30172)
Demandante: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA
Oposición a la apelación
La demandante controvirtió el recurso de la SSPD, reiterando los argumentos de la
demanda relacionados a la liquidación de la contribución especial, por incluir dentro
de la base gravable cuentas que no corresponden expresamente a las autorizadas
por el legislador14. Además, indicó que su objetivo no es desconocer su obligación
de contribuir al financiamiento del Estado.
Intervención del ministerio público
El ministerio público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia porque los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019, mediante los cuales se estableció la
contribución adicional aplicada para el año 2020, fueron declarados inexequibles
por la Corte Constitucional en la sentencia C-147 de 2021, por vulnerar principios
constitucionales en materia tributaria15. Sumado a lo anterior, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado16, la SSPD vulneró el principio de
irretroactividad tributaria, al liquidar y regular la contribución del año 2020
basándose en información del mismo año que entró en vigor la Ley 1955 de 2019.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la sala decidir sobre la legalidad de la liquidación adicional F.E.
20205340050186 del 25 de agosto de 2020, así como de las resoluciones
20225300123995 del 25 de febrero de 2022 y 20235000146125 del 21 de febrero
de 2023, expedidos por la SSPD para determinar la contribución adicional del artículo
314 de la Ley 1955 de 2019 a cargo de ESSA, por el año 2020.
Para estos efectos, se analizará si la sentencia del 26 de junio de 202417, que
declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020, permite
acceder a la pretensión de nulidad de los actos de determinación acusados, tal
como lo señaló el tribunal en la sentencia de primera instancia.
Análisis del caso concreto
La entidad apelante sostuvo que la causación del tributo por el año 2020 es una
situación jurídica consolidada, de modo que procede su determinación y cobro, aun
con la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de
2020. Indicó que no se trata de un tributo de periodo, por lo que no era posible violar
el principio de irretroactividad, y que era improcedente la inaplicación de los artículos
18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 por la excepción de inconstitucionalidad.
Para decidir, la sala pone de presente que profirió la sentencia del 26 de junio de
2024 dentro del expediente 27733, mediante la cual declaró la nulidad del artículo
2 de la resolución 20201000033335 de 2020, que sirvió de fundamento para los
actos objeto del litigio.
14
Citó la sentencia del exp. 26397, no indica fecha ni ponente.
15
Sobre los efectos de las sentencias de inexequibilidad, citó la Sentencia de Unificación SU – 037 del 31 de enero de 2019.
16
Sobre el punto citó la sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, y del 22 de
agosto de 2024, exp. 28691, C.P. Wilson Ramos Girón.
17
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
7
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00237-01 (30172)
Demandante: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA
La sentencia referida explicó que la SSPD fijó la base gravable de la contribución
especial y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, de tal modo que utilizó la información del año gravable anterior (2019). Así
las cosas, siguiendo el precedente de casos análogos18, concluyó que la
demandada «liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en información
(hechos) del mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019)», por lo que
«se vulneró el principio de irretroactividad tributaria». En este orden, declaró la
nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020, acto proferido por
la SSPD, «por ser contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta,
este último que proscribe la aplicación retroactiva de las leyes tributarias». Ahora, como lo ha explicado esta sección19, las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto. Es por esto por lo que, en un litigio similar, la sala afirmó que «en los casos en que
se anula el acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable
de la Contribución Especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las
situaciones jurídicas no consolidadas»20. Y, de igual modo, concluyó que, como «la
sentencia del 12 de noviembre de 2020 [que anuló el artículo 2 de la resolución que
la SSPD que fijó la base gravable para 2018] tiene efectos inmediatos en este caso,
como se indicó en la providencia que se reitera, no es procedente la liquidación del
tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos»21. Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
contribución adicional a cargo de la actora por el 2020 con fundamento en una
resolución que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se
señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria
a la Constitución y la ley […] como fundamento de un acto administrativo es su
nulidad»22. De otro lado, la sala advierte que la jurisprudencia invocada en la apelación no
constituye precedente para este caso. Esto es así porque, como lo explicó el fallo
del 26 de junio de 2024, en la sentencia del 26 de mayo de 2022 23 «no abordó el
estudio del principio de irretroactividad, frente a la base gravable del tributo, por no
haber sido un cargo de nulidad propuesto por la demandante». Así mismo ocurrió
con relación a las sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021,
pues la Corte Constitucional no analizó en ellas la violación del principio de
irretroactividad tributaria. Por su parte, el fallo del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-000-2021-00113-
01, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, si
bien negó las pretensiones, no tiene identidad jurídica con este caso porque es
anterior a la sentencia de nulidad del 26 de junio de 2024 y, por tanto, no pudieron
valorar los efectos inmediatos de esa decisión. De igual modo, dichas providencias
18
La providencia citó los fallos del 16 de marzo de 2023, exp.25531, y del 18 de abril de 2024, exp.26656, C.P. Milton
Chaves García; y del 31 de marzo de 2022, exp.23729 del 2 de mayo de 2024, exp.28345, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto. 19
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, Exp.21803, C.P. Milton Chaves García; y del
25 de febrero de 2021, exp.23397, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 20
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp.25197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. 21
Ibidem. 22
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. 23
Exp. 25441, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
8
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00237-01 (30172)
Demandante: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. ESSA
no constituyen precedente vinculante para el Consejo de Estado como máximo
tribunal de lo contencioso administrativo.
De acuerdo con lo anterior no prosperó la apelación interpuesta por la SSPD, por lo
que la sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los
actos acusados y el consecuente restablecimiento del derecho. Lo anterior, sin que
sea necesario estudiar los demás cargos de la apelación, relacionados con la
procedencia de la excepción de inconstitucionalidad y si la contribución adicional es
un tributo de periodo.
Costas
No se impondrá condena por este concepto porque no fue demostrada su causación
según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, del 3 de abril de 2025.
2. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Aclara voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
9
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