Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00240-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00240-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2023-00240-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
27 de agosto de 2026
Radicado: 25000-23-37-000-2023-00240-01 (31016)
Demandante: TGI S.A. ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis 2026
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2023-00240-01 (31016)
Demandante: Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Temas: Contribución SSPD 2020. Efecto en el tiempo de las providencias
constitucionales. Principio de irretroactividad. Reiteración.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandada contra la
sentencia, del 02 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que resolvió2:
Primero. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial 20205340059576 (2020534260102692E) de 1
de septiembre de 2020, así como de las resoluciones SSPD 202153002547825 de 2 de agosto de
2021 y SSPD 20235000147885 de 21 de febrero de 2023, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la
[demandada] que realice una nueva liquidación de la contribución especial por el año 2020, teniendo
como fundamento los lineamientos trazados en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y, en caso de
ser procedente, devolver a favor de la parte actora, el excedente que resulte del valor previamente
pagado por ese concepto, con la indexación y los intereses que se causen, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 4 del artículo 187 y los incisos 3 y 5 del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.
Tercero. Condenar en costas a la parte vencida, a título de agencias en derecho. Para tal efecto, fijar
el monto de $8.541.000, que corresponde al límite de 6 SMLMV, el cual deberá pagarse por la
demandada a favor de la demandante.
Cuarto. No condenar en costas por las expensas y demás gastos del proceso, al no haberse causado
en esta instancia judicial.
…
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Liquidación Oficial 20205340059576, del 01 de septiembre de 2020, la
demandada le determinó a la actora la contribución especial por la vigencia del año 2020,
de acuerdo con el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019, por valor de $2.086.223.000. Tras haberse interpuesto los recursos
de reposición y en subsidio el de apelación, la autoridad confirmó la decisión, por medio
de las resoluciones SSPD 20215300364825, del 02 de agosto de 2021, y SSPD
20235000147885, del 21 de febrero de 2023, respectivamente (índice 2 de Samai).
1
Samai tribunal, índice 31.
2
Samai tribunal, índice 28.
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00240-01 (31016)
Demandante: TGI S.A. ESP
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones (índice
2 de Samai):
3.1 Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Liquidación Oficial Radicado 20205340059576 (2020534260102692E) del 1 de septiembre de 2020
por medio de la cual la … [demandada] con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994
(modificado por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019) liquida y ordena a …TGI pagar la suma de
COP $2.086.223.000 por concepto de contribución especial, correspondiente a la vigencia 2020,
generando así un saldo a favor por valor de COP $228.510.000, en la medida que la compañía tal
como consta en la misma liquidación había pagado la suma de $2.314.733.000.
Resolución SSPD 20215300364825 del 2 de agosto de 2021 por medio de la cual la [demandada]
resolvió el recurso de reposición, confirmando la liquidación oficial ….
Resolución SSPD 20235000147885 del 21 de febrero de 2023 por medio de la cual la [demandada]
resolvió el recurso de apelación, confirmando la liquidación oficial …
3.2 Que como consecuencia de lo anterior y en la medida que TGI no es sujeto pasivo de la
contribución, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la SSPD devolver a TGI la suma
de COP $2.314.733.000, monto correspondiente a la suma pagada por TGI por concepto de
contribución especial por la vigencia del año 2020 más los intereses determinados conforme al
artículo 863 del ET.
3.3 Si no fuere aceptado el restablecimiento planteado que se ordene liquidar la contribución especial
del año 2020 con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y se ordene la devolución del
valor pagado en exceso de esta suma, liquidando los intereses conforme al artículo 863 del ET.
Invocó como vulnerados los artículos 4, 6, 29, 95.9, 150, 243, 338 y 363 de la
Constitución; 683 del ET (Decreto Ley 624 de 1989, Estatuto Tributario); y 3, 43, 91 y 137
del CPACA, bajo el siguiente concepto de violación (índice 2 de Samai):
-Protuberante violación … principios de legalidad y certeza tributaria ... no
confiscatoriedad, …principio de justicia, … inexistencia de una situación jurídica
consolidada. Adujo que con la contribución se violaron los principios de legalidad, certeza
y justicia tributaria, pues la demandada no solo pretendió recuperar los costos asociados
a la prestación del servicio de inspección y vigilancia, sino que se financiaran sus gastos
de funcionamiento, de inversión y servicios de la deuda; esto es, básicamente todo el
presupuesto de la entidad pública, desconociendo que la norma que le sirve de
fundamento fue declarada inconstitucional mediante las sentencias C-464 y C-484 de
2020. Puntualizó que el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 incurrió en una indefinición
de los elementos del tributo y que se lesionó la seguridad jurídica, pues se extendió la
base imponible al financiamiento de las inversiones de la demandada.
Expuso que se transgredieron los principios de equidad, eficiencia y progresividad -art.
363 Constitucional-, en tanto, la carga sería desproporcionada, confiscatoria e
injustificada, a pesar de que los contribuyentes no debían soportar dicha ilegalidad e
inconstitucionalidad de la norma que fue expulsada del ordenamiento por la Corte
Constitucional, de forma inmediata y hacia futuro, conforme a la sentencia C-484 de 2020.
Indicó que resultaría válido que la demandada recaudara el costo del servicio prestado
mediante la determinación del tributo, con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de
1994, previo a la modificación de la norma inconstitucional, tal como se desprendía de la
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sentencia C-484 de 2020. Seguidamente, puntualizó que la Corte Constitucional partía
de una premisa errada al calificar de situación jurídica consolidada el recaudo del año
2020, pues el cobro adelantado por la demandada no consolidaba la situación, en la
medida en que fue objeto de discusión mediante recursos interpuestos contra la
liquidación, y, antes de que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 18 ídem, a tal
punto que se dio origen a la presente demanda judicial (invocó jurisprudencia de la
Sección Cuarta, del tribunal que tramitó el primer grado y de un juzgado administrativo,
relacionadas con la definición de situación jurídica consolidada).
Sostuvo que la contribución determinada por la demandada tenía una naturaleza
confiscatoria, en tanto no se estableció una base gravable ni reglas claras para la misma,
pues la Corte consideró que el artículo 18 ejusdem tenía una indefinición insuperable, en
cuanto a ese elemento de la obligación tributaria. Adujo que no podía exigirse a los
contribuyentes más de aquello de lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las
cargas públicas, porque se vulneraba el principio de justicia tributaria, más aún, señaló
que la demandada no tuvo en cuenta al expedir la liquidación oficial que los intereses
devengados a favor de terceros, depuraban la base imponible, pues se trataba de esas
erogaciones que junto con impuestos, tasas y contribuciones se excluían de la base
gravable. Por ello, aseguró que en caso de que no fueran suficientes sus argumentos,
debía reliquidarse la obligación eliminando de la base gravable el monto de los intereses
devengados a favor de terceros -$147.475.353.000-.
-Falsa motivación … irretroactividad de la ley. Señaló que los actos que determinaron la
contribución estaban fundamentados en una norma contraria a la Constitución, con lo que
incurrieron en falsa motivación, lo que se evidenciaba no solo de las sentencias de
inexequibilidad, sino además de la providencia del 16 de marzo de 2013, en la que la
Sección Cuarta (exp. 25531, CP: Milton Chaves García) del Consejo de Estado concluyó
que la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 derivaba no solo de lo
analizado en las sentencias de la Corte, sino de la evidente infracción al principio de
irretroactividad en materia tributaria, al disponerse que la base gravable de la contribución
especial consultara hechos ocurridos en el año 2019, que es el mismo año en que
empezó a regir la Ley 1955 de 2019; motivo por el cual, también era inconstitucional dicho
precepto; consideración que era aplicable al caso. Agregó que con los mismos
fundamentos de hecho y derecho, en ese momento cursaba ante el Consejo de Estado
una demanda de simple nulidad contra la Resolución SSPD 20201000033335, del 20 de
agosto de 2020.
-Violación del artículo 4 de la Constitución. Excepción de inconstitucionalidad. Solicitó la
inaplicación del artículo 18 ídem, de acuerdo con el inciso 2 del artículo 4 constitucional,
pues, conforme a los artículos 150, 338 y 363 de la Carta, para establecer la tasa se
debía fijar el sistema y el método de forma clara y precisa, aunado a que estaría prohibido
financiar la inversión y esto fue incumplido por la anotada disposición. Igualmente, la
aplicación de esa norma en una situación jurídica no consolidada implicaría desconocer
los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad declarada por la Corte Constitucional
y se violaría directamente la Constitución.
-Falsa motivación ... Previo señalar que la motivación es un elemento estructural de las
actuaciones administrativas, adujo que se incurría en tal vicio porque la demandada
no podía fundar el cobro en una norma contraria al ordenamiento constitucional,
desatendiendo tal situación y continuando con el cobro del tributo que vulneraba los
principios de certeza y legalidad. Expresó que esta judicatura ha concluido que aplicar
una norma inconstitucional implica atribuirle efectos ultra-activos a una disposición
expulsada del ordenamiento jurídico; en la misma línea, mencionó que, acorde con el
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artículo 243 de la Carta, las autoridades no podían reproducir el contenido material de
normas inconstitucionales y que, en todo caso, el artículo 91.2 del CPACA determinaba
que los actos perdían obligatoriedad cuando desaparecían sus fundamentos de hecho o
de derecho. Por último, planteó que los actos invocaban argumentos de derecho que no
correspondían a la realidad, esto es, exigir el pago con base en una norma
inconstitucional.
-Falta de motivación de la liquidación oficial. Violación del debido proceso. Describió que
la demandada manifestó que la base para cuantificar la contribución se sustentó en
estudios de necesidad del gasto presupuestal efectuados por la entidad para la vigencia
2020; sin embargo, el texto de la liquidación no explicó o motivó los hechos que dieron
lugar a que determinara el presupuesto de gastos de la entidad, en condiciones que la
obligaran a realizar la liquidación sobre la base determinada en dicho acto. Si bien, la
demandada tenía la competencia para fijar los gastos que debían incluirse en la base
imponible, esa potestad debía respetar las limitaciones legales aplicables. En
consecuencia, debió explicar y relacionar los datos e informaciones incluidos en el
presupuesto de gastos de la entidad que debían cubrirse con la contribución, así como
los criterios razonables que tuvo la autoridad para fijar la tarifa y la base gravable.
Describió que los actos se limitaron a relacionar un cuadro con los ingresos por
actividades ordinarias, los gastos totales, exclusiones, base gravable, tarifa y el total a
pagar o saldo a favor, lo que confirmaba la falta de motivación.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (índice 14 de Samai). Explicó
que la base imponible del tributo discutido siguió la fórmula definida en el ordinal 1 del
artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, con lo cual debían tomarse como insumos (i) los
costos y gastos depurados que partían de la totalidad devengada de dichas erogaciones,
menos los impuestos, las tasas, contribuciones e intereses a favor de terceros
independientes del año anterior al de la liquidación; y (ii) el coeficiente de ingresos que
se obtiene de dividir ingresos, según las actividades ordinarias reguladas o vigiladas, y el
total de los ingresos de actividades ordinarias. Al aplicarse ese coeficiente obtenido a los
costos y gastos depurados, se determinaba la base gravable. En tal sentido, expuso que,
en acogimiento de los principios de reserva de ley y legalidad, la demandada no estaba
llamada a modificar los conceptos de la base imponible, así que solo debía limitarse a su
aplicación. Seguidamente, aseguró que a la base gravable se le excluyeron los
impuestos, tasas, contribuciones y los intereses devengados a favor de terceros
independientes, pero que estos últimos, no estuvieron reportados por la actora en el
formato FC-01 «gastos de servicios públicos», de modo que, si omitió informarlos, podía
solicitar la reversión de la información entregada y precisó que para el caso, la última
allegada y certificada era del 28 de julio de 2020.
Sobre la violación de los principios de legalidad y certeza, aludió a la interpretación
constitucional de la sentencia C-464 de 2020 frente al artículo 18 ídem, para clarificar
que, pese a la inconstitucionalidad, la providencia posterior C-484 de 2020 estableció que
las liquidaciones de la vigencia 2020 correspondían a situaciones jurídicas consolidadas
y, con ello, serían ejecutables dada su firmeza.
Por otra parte, señaló que, al establecerse la obligación, debía observarse el concepto
de costos en su sentido natural y obvio, dado que la Corte Constitucional no le dio una
definición particular, con lo cual allí debían incluirse los gastos de funcionamiento, de
inversión y de servicio de la deuda de las entidades que se beneficiaban de las
contribuciones —elementospresupuestales que constituían los costos de los servicios
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prestados—. También anotó que los costos por el servicio prestado —entendidosdesde
el contexto del derecho presupuestario— no debían considerar únicamente los gastos de
funcionamiento que en materia presupuestal realizaban las entidades que aplican las
normas orgánicas de presupuesto -arts. 11 Dcto. 111 de 1996 y 2.8.1.4.2 del Dcto. 1068
de 2015-.
Se opuso a que la obligación fuera confiscatoria, porque no impuso una carga
desmesurada y excesiva que limitara los derechos subjetivos de los contribuyentes y,
además, se siguieron las pautas del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, con el único
propósito de recaudar el monto necesario para las labores de vigilancia y control que
implica su presupuesto anual, atendiendo la información financiera reportada, certificada
y puesta a disposición por los sujetos pasivos.
Sobre la falsa y falta de motivación, manifestó que los actos contenían los fundamentos
de hecho y de derecho que permitieron la expedición de la liquidación de la contribución
especial, los cuales no fueron contrarios a la realidad, engañosos o simulados, tenían el
alcance apropiado y justificaron la decisión adoptada. Además, el proyecto de resolución
que fijaría la tarifa de la contribución especial fue puesto en conocimiento del público en
general y de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, trámite en el que se surtió
la oportunidad para recibir comentarios y originó la Resolución SSPD 20201000033335,
del 20 de agosto de 2020.
Por último, insistió en que se difirió el efecto de la inconstitucionalidad del artículo 18
ibidem, en función de lo cual se debía liquidar la tasa por el año 2020 de acuerdo a dicha
norma, pues la Corte Constitucional preservó la aplicación de la disposición para esa
anualidad. Agregó que la vigencia de la norma se conservó hasta la ejecutoriedad de la
sentencia que la expulsó del ordenamiento, toda vez que solo deja de ser aplicable a
partir de esa fecha, de manera que las situaciones jurídicas ocurridas antes de la
sentencia y que se encuadren en dicha norma son susceptibles de su aplicación y están
llamadas a generar las consecuencias o efectos jurídicos correspondientes,
independientemente de que se trate de situaciones jurídicas consolidadas o no, puesto
que cuando los efectos de la desaparición de una norma son ex nunc «se presenta el
fenómeno de la prospectividad de la misma, es decir, que sigue produciendo efectos en el tiempo respecto
de las hechos ocurridos bajo su vigencia».
Sentencia apelada
El tribunal accedió a la nulidad de los actos acusados (índice 28 de Samai). Aunque
reconoció que el efecto de la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
fue a partir de la vigencia 2021 y que, por tanto, la obligación podía ser liquidada y
cobrada para la vigencia 2020, con arreglo al indicado artículo 18 ídem, en tanto que la
Corte Constitucional difirió el efecto de la inconstitucionalidad, lo cierto era que, el artículo
2 de la Resolución SSPD 20201000033335, del 20 de agosto de 2020, con fundamento
en la cual se liquidó el tributo, había sido declarado nulo por el Consejo de Estado
mediante sentencia del 26 de junio de 2024 (exp. 27733, CP: Stella Jeannette Carvajal
Basto), por vulnerar el principio de irretroactividad, en tanto la base gravable de la
contribución del año 2020 consideraba los costos y gastos del año 2019; mismo período
en que entró en vigencia dicha ley. Por tal razón, los actos acusados eran nulos al
fundamentarse en un acto general (cuya nulidad fue declarada por la Sección Cuarta), lo
cual era aplicable inmediatamente a la situación jurídica de la demandante, porque aún
no se había consolidado.
Sin perjuicio de lo indicado, aseguró que, conforme al precedente del 20 de septiembre
de 2024 (exp. 28775, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), para armonizar los efectos
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de la nulidad del acto general y posibilitar la financiación de la demandada, la
Administración podía liquidar el tributo conforme al artículo 85 de la Ley 142 de 1994, sin
la modificación del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, dado que dicho recaudo es el
mecanismo que permite a la entidad pública desarrollar sus funciones constitucionales.
En tal sentido, aunque declaró la nulidad de los actos, ordenó a la demandada que
liquidara nuevamente la obligación tributaria según el artículo 85 ibidem y, en caso de ser
procedente, devolver el excedente que resultare en favor de la contribuyente, junto con
la indexación e intereses, conforme a los artículos 187 y 192 del CPACA. Por último,
condenó en costas a la entidad demandada, únicamente en lo atinente a las agencias en
derecho, en cuantía de $8.541.000 -lo cual no superaba el límite de 6 SMMLV-.
Recurso de apelación
La demandada apeló la decisión del a quo (índice 31 de Samai). Adujo que los efectos
de las providencias de constitucionalidad sobre el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019
fueron debidamente clarificados al determinar que existían situaciones jurídicas
consolidadas, y se señaló su aplicación y validez hasta enero de 2023. En tal contexto,
destacó que se trataba de una contribución especial, para cuya liquidación, la entidad
tenía la facultad legal y constitucional; añadió que era un tributo de origen legal a favor
del Estado de carácter obligatorio, el cual no hacía parte del presupuesto general, pues
tenía como propósito recuperar los costos de inspección, vigilancia y control que haría
parte del presupuesto anual de la entidad, de modo que era su única y principal fuente
de financiación, pues el Gobierno nacional no tenía en su presupuesto partidas asignadas
a la entidad para el ejercicio del servicio prestado a las empresas que, a su turno, prestan
servicios públicos domiciliarios; adujo que así lo había señalado la sentencia del 20 de
septiembre de 2024 (exp. 28775, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto).
Luego, aludió a la definición de la Corte Constitucional sobre contribuciones especiales,
para acentuar que, a través de estas, financia los gastos de funcionamiento e inversión y
recupera los costos del servicio de vigilancia, inspección y control, del cual se benefician
los sujetos pasivos, dado que permite corregir comportamientos para ajustarlos a la
regulación del sector y garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en
condiciones de calidad, continuidad, eficiencia y competitividad.
Planteó que lo anterior era el desarrollo claro de la motivación de cada uno de los actos
anulados. Así, el a quo desconoció que estos habían sido motivados y no transgredieron
el debido proceso por aplicar retroactivamente la norma. Seguidamente, señaló que el
Consejo de Estado debía estarse a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
C-484 de 2020, dado que allí se reconoció expresamente la existencia de situaciones
jurídicas consolidadas derivadas de la aplicación del artículo 18 ídem. Precisó que,
adicionalmente, el Decreto 1150 de 2020 y las resoluciones SSPD 20201000028355 del
10 de julio de 2020 y SSPD 20201000033335 del 20 de agosto de 2020 le servían de
fundamento a los actos acusados.
Insistió en que, aunque el tribunal concluyó que no podía aplicarse para el año 2020 el
mencionado artículo 18, lo cierto fue que la propia Corte Constitucional, conforme al
artículo 241 de la Carta, preservó la aplicación de la norma para liquidar el tributo del año
2020 por corresponder a una situación jurídica consolidada; la inconstitucionalidad
aplicaba a partir de enero de 2023. De otra forma, no sería explicable la precisión
efectuada por la Corte, en relación con la vigencia del artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
antes de su modificación, para el año 2021, y con la seguridad jurídica del recaudo del
tributo para el año 2020.
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Demandante: TGI S.A. ESP
Lo anterior se corrobora con la sentencia C-147 de 2021, que clarificó que la
SuperServicios estaba facultada para liquidar y cobrar, con fundamento en el artículo 18
de la ley 1955, las contribuciones que, como las definidas en los actos demandados, se
hubieren causado antes del 14 de julio de 2021, fecha en que se notificó por edicto la
sentencia C-147 de 2021. Asimismo, el Consejo de Estado, en la sentencia del 26 de
mayo de 2022 (exp. 25441 CP: Myriam Stella Gutiérrez Arguello), sostuvo que para
determinar la contribución del año 2020 era aplicable el artículo 18 ejusdem.
Por lo anterior, adujo que el tribunal —al inaplicar vía excepción el artículo 18 ídem—
contravino lo decidido por la Corte Constitucional, en el sentido de que para la anualidad
2020, la contribución correspondía a una situación jurídica consolidada y que la expulsión
del artículo 18 ibidem surtía efectos a partir del año 2023. A continuación reprodujo
apartes de la sentencia C-484 de 2020, tras lo cual afirmó que allí se había precisado que
el tributo era de período y su recaudo anual; de modo que para la vigencia 2020 la
contribución especial se había causado plenamente en los términos del artículo 18 de la
Ley 1955 de 2019.
Luego, tras reproducir apartes de la sentencia del Consejo de Estado, proferida con
ocasión del análisis de legalidad de la Resolución 202010000033335 del 20 de agosto
de 2020, afirmó que no se había desconocido el principio de irretroactividad de la ley
tributaria, como lo señalaba el a quo, pues esto solo estaba referido a impuestos de
período, cuando se modificaban elementos estructurales del mismo; sin embargo, la
contribución especial no era un tributo de período, sino anual, puesto que dependía del
comportamiento financiero y de otros factores externos de las empresas de servicios
públicos que variaban la liquidación, sin que se modificaran elementos estructurales de
este; en particular, no cambiaba el hecho generador definido en la ley. Seguidamente,
reprodujo apartes del salvamento de voto en el proceso con radicación interna 25615 que
precisó no se desatendió el principio de irretroactividad, por cuanto los hechos
generadores correspondían a los reportados por el actor con corte a 31 de diciembre de
2019 en el SUI en el año 2020.
Por último, solicitó que, en caso de confirmarse la decisión impugnada, se modulara para
ajustar la liquidación a la norma que tendría vigencia, esto es, el artículo 85 de la Ley 142
de 1994, pues de hecho la actora solicitó en su demanda que el tributo fuera determinado
con base en dicha norma, con lo cual este prestador era consciente de que tenía una
obligación legal y constitucional a cargo, por el año 2020. Además, en apoyo de ello, citó
providencias de la Sección que han ordenado dicha reliquidación.
Por último, se opuso a la condena en costas y agencias en derecho impuesta « pues como
se ha demostrado a lo largo del proceso, la SSPD no ha actuado de manera temeraria y sus conductas
han sido de respeto a los jueces que imparten justicia, es por ello que, me opongo a la condena en costas
impuestas por el despacho, más aún, cuando sin fundamento toma la tarifa más alta, del valor indicado, lo
que conlleva a un eventual detrimento patrimonial».
Pronunciamientos finales
La actora se pronunció (índices 11 y 12 de Samai), oponiéndose a la apelación de la
demandada, entre otros aspectos, por el efecto de decaimiento que produjo la nulidad del
artículo 2 de la Resolución SSPD 20201000033335, del 20 de agosto de 2020 en los
actos acusados. Igualmente, acentuó el hecho de que no debía ser objeto de
impugnación el que el tributo se liquidara con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142
de 1994, pues así lo decretó el tribunal y ninguno de los argumentos de la demandada
desvirtuaba lo decidido. El ministerio público guardó silencio (índice 13 de Samai).
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados atendiendo los cargos de apelación,
planteados por la demandada, contra la sentencia de primera instancia, que accedió a
las pretensiones de la demanda.
Problema jurídico
2- Corresponde determinar si, como lo propugna la demandada, era procedente liquidar
y cobrar la contribución adicional por el año gravable 2020, porque las providencias
constitucionales C-484 de 2020 y C-147 de 2021 prohijaron los tributos causados para el
año 2020 por tratarse de una situación jurídica consolidada. Además, si debía ordenarse
reliquidar el tributo con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Por último,
se definirá si procedía la condena en agencias en derecho impuesta en primera instancia.
Análisis del caso
3- Para dirimir la controversia, partirá la Sala de destacar que el tribunal advirtió que esta
corporación declaró la nulidad del artículo 2 de la Resolución SSPD 20201000033335,
del 20 de agosto de 2020, que reguló la base imponible y fijó la tarifa de la contribución
del año 2020 (sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 27733, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto); acto general que fundamentó los actos particulares acusados.
Frente a lo anterior, la apelante insistió en el origen legal y constitucional de la
contribución especial, así como en su aplicación para el año 2020 por corresponder a una
situación jurídica consolidada y porque sus efectos fueron diferidos por las sentencias
que declararon su inconstitucionalidad, lo cual sustentaba la aplicación del artículo 18
ibidem para el citado año. Igualmente, adujo que no se vulneró el principio de
irretroactividad, pues esto solo se refería a impuestos de período, lo que no correspondía
a la contribución, que era un tributo anual, cuyos elementos estructurales no habían sido
modificados; esta dependía del comportamiento financiero y de otros factores externos
que podían variar la liquidación sin afectar los elementos estructurales de la obligación y
el hecho generador no cambiaba, con lo cual era plenamente válida la aplicación del
artículo 18 ídem para liquidar la contribución especial de 2020. Asimismo, luego de
exponer la naturaleza y finalidad de la contribución especial, descartó una falta de
motivación, puesto que los actos fueron debidamente motivados.
Respecto de la anulación del artículo 2 del acto general, Resolución SSPD
20201000033335, del 20 de agosto de 2020, que fue en esencia el fundamento del fallo,
solo señaló que este fue una de las normas que fundamentó los actos demandados y, en
otros puntos de la apelación, aludió a la sentencia del 26 de mayo de 2022 (exp. 25441
CP: Myriam Stella Gutiérrez Arguello), a fin de sostener que esta reafirmó que para
determinar la contribución del año 2020 era aplicable el artículo 18 ejusdem.
Por otra parte, el apelante persistió en los motivos normativos constitucionales y legales
acerca de que el tributo tiene como propósito recuperar los costos de inspección,
vigilancia y control que harían parte del presupuesto anual de la entidad, de modo que es
su única y principal fuente de financiación, pues el Gobierno nacional no tenía en su
presupuesto partidas asignadas a la entidad para el ejercicio del servicio prestado a las
entidades que, a su turno, prestan servicios públicos domiciliarios y, adujo, que así lo ha
planteado la sentencia del 20 de septiembre de 2024 (exp. 28775, CP: Stella Jeannette
Carvajal Basto). En línea con ello, precisó que el servicio de vigilancia, inspección y
control beneficiaba a los sujetos pasivos, porque corrige comportamientos para ajustarlos
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a la regulación del sector y garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
en condiciones de calidad, continuidad, eficiencia y competitividad.
4- Sobre lo anterior, se advierte que, contrario a lo argüido por la apelante, a pesar de
que hubo una primera decisión judicial que negó la nulidad de la Resolución SSPD
20201000033335, del 20 de agosto de 2020 (sentencia del 26 de mayo de 2022 (exp.
25441 CP: Myriam Stella Gutiérrez Arguello), lo cierto es que hubo un segundo fallo que
anuló el artículo 2 de dicha resolución (sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 27733,
CP: Stella Jeannette Carvajal Basto) y esta fue la que invocó el tribunal al momento de
adoptar su decisión, lo que resulta suficiente para anular los actos demandados pues se
estableció que la citada disposición que preveía la determinación de la base imponible
de la tasa de vigilancia por el año 2020 quebrantó el principio de irretroactividad, conforme
lo declaró tal decisión.
Debido a que ese último fallo anuló el acto general a partir de considerar la transgresión
al principio de irretroactividad, debe tenerse en cuenta que la providencia hizo tránsito a
cosa juzgada erga omnes, de modo que el apelante no podría reabrir la discusión ya
zanjada sobre la violación de tal principio aplicable en materia tributaria, como lo pretende
en esta oportunidad. En tal sentido, deben atenderse los efectos generales e inmediatos
de las sentencias de nulidad de los actos generales sobre las controversias que se estén
dirimiendo judicialmente sobre actos particulares, que, como en este caso, se sustentaron
en el artículo 2 expulsado del ordenamiento jurídico3.
Ahora bien, se advierte que, si bien el tribunal anuló los actos, ordenó que la autoridad
liquidara nuevamente la contribución especial del año 2020, con fundamento en el
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, definición favorable a la única apelante y coincidente
con lo solicitado en su apelación; por ello, la Sala no hará ningún pronunciamiento sobre
tal aspecto, lo que incluye la argumentación referida a la finalidad del tributo, con el cual
pretendía apoyar esta solicitud.
Conforme a lo analizado, no prosperan los cargos de apelación.
5- Finalmente, la recurrente controvierte que se le haya condenado en agencias en
derecho «pues como se ha demostrado a lo largo del proceso, la SSPD no ha actuado de manera
temeraria y sus conductas han sido de respeto a los jueces que imparten justicia, es por ello que, me
opongo a la condena en costas impuestas por el despacho, más aún, cuando sin fundamento toma la tarifa
más alta, del valor indicado, lo que conlleva a un eventual detrimento patrimonial ».
El tribunal fijó las agencias en derecho en el 3% de la cuantía del proceso, las cuales
ascendieron a $8.541.000, sin que esto superara el límite de los 6 SMMLV.
Al respecto, tal como lo consideró el fallo apelado, la posición mayoritaria de la Sala4 es
que procede la imposición de condena en costas a la parte vencida en el juicio, sin que
su imposición se limite a eventos de conductas temerarias. Así, la Sección, en sentencia
del 16 de julio de 2026 (exp. 30155, CP: Wilson Ramos Girón), precisó que, de
conformidad con la letra b. del ordinal 11 del artículo 5 del Acuerdo PCSJA-12355 del 28
de noviembre de 2025, «en los juicios de los que sean competentes en primera instancia los tribunales
administrativos, las agencias en derecho de la primera instancia se tasarán “entre el 3 % y el 7.5 % del
valor de las pretensiones, sin llegar a superar nunca el monto de seis (6) salarios mínimos mensuales
legales vigentes”», de modo que para esta judicatura resulta adecuado que las agencias las
3
Sentencias del 13 de marzo de 2025, (exp. 29355), CP: Milton Chaves García; 24 de septiembre de 2025 y 20 de noviembre de
2025, (exps. 29733 y 30354), CP: Wilson Ramos Girón; del 27 de noviembre de 2025, (exp. 30403), CP: Luis Antonio Rodríguez
Montaño; y del 28 de noviembre de 2024, 04 de diciembre de 2025 y 05 de febrero de 2026 (exps. 29112, 30757 y 30845), CP: Myriam
Stella Gutiérrez, entre otras-.
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Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón).
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haya determinado el tribunal en el porcentaje del 3% de la cuantía objeto de discusión,
sin superar el límite de los 6 salarios mínimos.
No prospera el cargo de apelación. En consecuencia, la sentencia apelada será
confirmada.
Conclusión
6- Por lo razonado en precedencia, se fija como contenido interpretativo de la presente
sentencia que la anulación del artículo 2 del acto general -Resolución SSPD
20201000033335, del 20 de agosto de 2020-, que sirvió de fundamento de los actos
acusados, se proyectó en la nulidad de los actos particulares acusados, dado el efecto
general, inmediato y erga omnes de las sentencias de nulidad.
Costas
7- Acorde con lo señalado por la posición mayoritaria de la Sala 5, a los artículos 188 del
CPACA y 365 del CGP y el Acuerdo PCSJA25-12355, del 28 de noviembre de 2025, se
condenará en costas a la demandada en esta instancia, por haber sido la parte vencida
en el juicio. A tal efecto, se tasan las agencias en derecho en un salario mínimo, mensual,
legal y vigente a la ejecutoria de esta providencia y se ordenará al tribunal tramitar el
correspondiente incidente de liquidación, de conformidad con lo previsto en el artículo
366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas a la demandada en esta instancia en un salario mínimo, fijando
las agencias en derecho en el equivalente a un salario mínimo, conforme a la parte
motiva de la presente providencia. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el
respectivo incidente.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón).
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