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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00328-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00328-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 22 de mayo de 2025, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B. 2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandante. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2023-00328-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2023-00328-01 (30484)
Demandante VATIA S.A. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución especial para empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Año 2022.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió1:
PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: No se condena en costas ni agencias en derecho.
[…]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación
oficial 20220000082326 del 27 de julio de 2022, que determinó la contribución
especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a cargo de Vatia S.A. E.S.P. (en
adelante Vatia), por el año 2022.

La sociedad interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra
la anterior decisión, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones
20225301076545 del 10 de noviembre de 2022 y 20235000256855 del 2 de mayo
de 2023, respectivamente, las cuales confirmaron la liquidación oficial.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones en el escrito de la reforma de la demanda2:

1
Samai de tribunal, índice 30, página 28.
2
Samai de tribunal, índice 13, 19_RECIBEMEMORIALES_REFORMADELADEMAND(.zip) NroActua 13, DEMANDA
REFORMADA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL VATIA - SSPD 2022, páginas 31 a 33.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2023-00328-01 (30484)
Demandante: Vatia S.A. E.S.P.

Con base en lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Juzgado:
5.1. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA: Que se declare la nulidad total del acto administrativo contentivo de la Liquidación
Oficial SSPD 20220000082326 del 27 de julio de 2022 de la vigencia 2022, considerando las
nulidades incurridas en su expedición.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad total de la Resolución SSPD-20225301076545 del 10 de
noviembre de 2022, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado
contra la Liquidación Oficial citada en la pretensión primera, con base en las nulidades aquí
expuestas.
TERCERA: Que se declare la nulidad total de la Resolución SSPD-20235000256855 del 2 de
mayo de 2023, a través de la cual se resolvió el correspondiente recurso de apelación
presentado contra la Liquidación Oficial citada en la pretensión primera, considerando las
nulidades insalvables incurridas en su expedición.
CUARTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos demandados, se
devuelva a mi representada el valor de $1.439.530.000 pagado por concepto de la
Contribución Especial vigencia 2022 junto con los intereses correspondientes.
QUINTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores
pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare responsable a la
demandada de los perjuicios patrimoniales generados a mi representada en virtud de los actos
administrativos anulados a los que se hace referencia en las anteriores pretensiones y los
demás que puedan proferirse en virtud de la contribución especial 2022. Entre ellos, los gastos
sufragados durante el curso del proceso y las agencias en derecho.
SEXTA: Condenar a La (sic) Nación a pagar a mi representada la indemnización integral de los
perjuicios patrimoniales generados como consecuencia de las anteriores pretensiones, en la
cuantía que sea probada en el presente proceso.
SÉPTIMA: Condenar a La (sic) Nación a pagar las costas del presente proceso. Igualmente,
solicitamos no se condene a la demandante a agencias en derecho ni costas procesales.
5.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En caso de no acceder a una o varias de las pretensiones principales objeto de la presente
demanda, se solicita como pretensiones subsidiarias las siguientes:
PRIMERA: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados en cuanto se prueba que, como
se señaló en el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el valor real a determinar
por concepto de contribución especial asciende, aplicando los preceptos constitucionales,
legales y las reglas jurisprudenciales, a la suma de $184.597.410. Es decir, que la base
gravable se determine en $18.459.741.000 y el monto total a pagar se establezca en
$184.597.410.
SEGUNDA: En consecuencia, que se ordene la devolución de la suma de $256.338.580 (sic)3,
más los intereses correspondientes, debido a los mayores valorados (sic) pagados tomando
lo ordenado en los actos administrativos demandados.
TERCERA: No condenar a mi representada al pago de intereses moratorios en caso de que
sean denegadas las pretensiones principales y subsidiarias. Con base en lo expuesto,
solicitamos que expresamente se señale que en caso de que se denieguen nuestras súplicas
mi poderdante no está obligada a asumir intereses moratorios hasta la fecha de ejecutoria del
fallo de segunda instancia.
CUARTA: No condenar en costas a mi representada en caso de que sean denegadas las
pretensiones principales y subsidiarias.

Invocó como normas violadas los artículos 2, 29, 83, 95 (numeral 9), 209 (inciso 1),
338, 363, 365, 367 y 370 de la Constitución Política; 3 del Código de Procedimiento

3
En la pretensión cuarta principal, se afirma que el valor pagado por la contribución especial fue de $1.439.530.000. En la
primera pretensión subsidiaria, se indica que el monto real a pagar debe ser $184.597.410. De este modo, la devolución
por el mayor valor pagado debería ser la diferencia entre ambas sumas ($1.254.932.590); sin embargo, en la segunda
pretensión subsidiaria se solicita la devolución de $256.338.580. Por este motivo, se hace la precisión que los valores
indicados en la transcripción son fieles a las pretensiones formuladas en la reforma de la demanda.

2
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Demandante: Vatia S.A. E.S.P.

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y 79 (numeral 5) y 85 de la Ley
142 de 1994.

El concepto de la violación se resume, así:

Alegó la infracción de normas superiores y la procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad frente al acto administrativo general que reguló la contribución
por el año 2022, al artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y a la Ley Anual de Presupuesto
(2159 de 2021).

La demandante sostuvo que la liquidación oficial se fundamentó en un acto
administrativo de carácter general que, sin perjuicio de integrar el ordenamiento
jurídico, reguló el tributo sin limitarse a recuperar los costos del servicio de
inspección, vigilancia y control. En concreto, indicó que dicho acto no definió con
precisión, como lo exige el artículo 338 de la Constitución, los conceptos de gastos
de funcionamiento, gastos operativos o costos del servicio que prestan estas
entidades.

De otro lado, indicó que el numeral 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 prevé
que la tarifa de la contribución se fijará con base en el «presupuesto neto», pero existe
una indeterminación de esa expresión, lo que vulneró los principios de legalidad,
certeza tributaria y seguridad jurídica.

Señaló que el acto administrativo de carácter general y los actos acusados se
fundamentaron en el presupuesto aprobado para la SSPD en la vigencia 2022, por
medio de la Ley 2159 de 2021, la cual comporta falencias que exigen su inaplicación
por inconstitucionalidad, al inflar determinadas partidas. De forma específica criticó
el destino de $40.000.000.000 a inversiones en TES, la disponibilidad a cierre de año
de entre $8.000.000.000 y $9.000.000.000 en cuentas bancarias, las transferencias
promedio de $26.000.000.000 al Fondo Empresarial y la ejecución presupuestal de
la demandada de aproximadamente el 80%.

Conforme a lo anterior, sostuvo que, al fijar la tarifa sin considerar los costos de la
prestación del servicio, se impone la obligación de un pago de lo no debido al « ir
más allá de la concurrencia de los costos asociados a su actividad », lo que infringe los
principios constitucionales de legalidad de los tributos, debido proceso, justicia y
equidad. Además, sustentó la excepción de inconstitucionalidad en el artículo 4 de
la Constitución Política y la jurisprudencia4. Señaló que, aplicando esta excepción,
los actos acusados debían ser anulados al vulnerar los citados principios
constitucionales, al trasladar a los contribuyentes cargas ajenas al costo real del
servicio.

Por otra parte, la demandante sostuvo que la SSPD incurrió en falsa motivación por
error de derecho del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base
gravable conceptos que, en su criterio, sólo podían incorporarse de manera
excepcional cuando existieran faltantes presupuestales debidamente acreditados.

Expuso que, conforme a la norma referida, la regla general consiste en determinar
la contribución con base en los gastos de funcionamiento asociados al servicio

4
Invocó las sentencias T-614 del 15 de diciembre de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, y C-069 del 23 de
febrero de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara, de la Corte Constitucional; y las sentencias del 1 de noviembre de
2007, radicado 1999-0004-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, y del 11 de noviembre de 2010, sección primera,
radicado 66001-23-31-000-2007-00070-01, M.P. María Elizabeth García González, del Consejo de Estado.

3
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Demandante: Vatia S.A. E.S.P.

regulado5, excluyendo gastos operativos; por excepción, ante un faltante
presupuestal, es posible adicionar, para el sector eléctrico, las compras de energía,
combustibles y peajes, y en empresas de otros sectores, los gastos de similar
naturaleza, según corresponda.
Sostuvo que la SSPD no acreditó la existencia de tales faltantes y que la sola
diferencia entre el presupuesto aprobado y el recaudo derivado de la tarifa máxima
legal no constituía prueba suficiente de su ocurrencia. Añadió que la entidad no
demostró cuánto costaba realmente la prestación de los servicios de inspección,
vigilancia y control ni acreditó la inclusión de porcentajes de gastos operativos en la
base gravable; de manera tal que, si bien tiene la facultad de hacer tal inclusión, « no
puede entenderse como una licencia para recaudar vía contribución la suma de
$187.581.923.073, que excede la recuperación de las erogaciones en las que la Entidad
incurrió para prestar los servicios de vigilancia y control. No hay faltante presupuestal que
justifique la inclusión en porcentaje alguno»6.

Señaló que, aunque la tarifa determinada para el año 2022 no excede el límite del
1% establecido por el legislador, de manera injustificada la SSPD partió de un
supuesto inexistente de faltante presupuestal y determinó una base gravable
contraria a los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 338 de la Constitución Política,
al incluir los gastos operativos (cuentas 75), que no corresponden a gastos de
funcionamiento, con lo cual generó una indeterminación de la base imponible.
Agregó que se presenta una falta de motivación de los actos acusados, al no
presentarse un estudio de la ejecución presupuestal, ni justificar la necesidad de
incluir gastos de funcionamiento ni explicar los cálculos para asignar el porcentaje
correspondiente a cada sociedad, lo que, a su vez, dio lugar a la imposición de una
carga desproporcionada a las empresas del sector frente a otras, vulnerando con
ello los artículos 3 y 85 de la Ley 142 de 1994, así como los artículos 95 y 338 de
la Carta Política. En esta línea, destacó que «[L]a simple alusión al presupuesto asignado
mediante la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021 resulta insuficiente para justificar la inclusión de
rubros como gastos de funcionamiento»7.

La demandante sostuvo que la contribución especial liquidada desconoció los
principios de justicia y equidad tributaria y afectó de manera desproporcionada el
derecho de propiedad y la libertad de empresa8, en tanto que los actos acusados
impusieron una obligación tributaria sustancialmente superior a la
constitucionalmente procedente para el año 2022, de $1.439.530.000, mientras que,
según sus cálculos, debía ser de solo $184.597.410. También indicó que hubo un
incremento desproporcionado frente a lo cobrado en los años anteriores, lo cual
demuestra, a su juicio, el carácter excesivo y confiscatorio de la carga tributaria
impuesta.
Adicionalmente, rechazó el argumento de la SSPD según el cual la contribución no
es confiscatoria por ser deducible en el impuesto sobre la renta y recuperable vía
tarifa al usuario final, y señaló que ello desconoce las particularidades del sector y
la operación propia de la empresa.
Aseguró que hubo una expedición irregular del acto administrativo general por la
desatención de los artículos 3 y 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de

5
Invocó en respaldo sentencia del Consejo de Estado del 23 de septiembre de 2010. No aportó más datos de esta
providencia.
6
Samai de tribunal, índice 2. Carpeta ZIP, PDF demanda, página 22.
7
Samai de tribunal, índice 2. Carpeta ZIP, PDF demanda, página 23.
8
Sentencias C-409 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-528 de 2013, C-776 y C-1006 de 2003.

4
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lo Contencioso Administrativo, al expedir la resolución general que sirvió de
fundamento a la liquidación oficial sin garantizar adecuadamente la participación
ciudadana.

Sostuvo que la entidad no publicó los comentarios presentados por los interesados,
ni respondió las observaciones formuladas durante el trámite regulatorio, lo cual
constituye un requisito procedimental sustancial, que incide en la validez del acto 9.
Asimismo, indicó que el proyecto normativo sólo estuvo publicado durante 11 días
hábiles, pese a que el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 prevé un
término de 30 días hábiles para la publicación de proyectos regulatorios de carácter
general.

Oposición de la demanda

La SSPD se opuso10 a la totalidad de las pretensiones principales y subsidiarias, al
considerar que los actos demandados fueron expedidos conforme a la Constitución,
la Ley 142 de 1994 y las demás normas concordantes, con observancia del debido
proceso y el principio de legalidad. En consecuencia, solicitó negar las citadas
pretensiones de la demanda, además de pedir que se imponga condena en costas
a la actora.

Frente al primer cargo, indicó que, si la demandante pretendía controvertir la
Resolución 20221000669505 del 22 de julio de 2022 (acto general que fijó la tarifa
de la contribución especial para ese año gravable), debía acudir al medio de control
de nulidad simple por lo que el juez no tiene competencia para examinar su legalidad
en este proceso.

Expuso que, el acto general describió los conceptos que integraron la base gravable
del tributo para la vigencia 2022, teniendo en cuenta el faltante presupuestal en
observancia de los lineamientos normativos procedentes. Asimismo, señaló que las
apropiaciones presupuestales de la SSPD fueron establecidas en la Ley 2159 de
2021 y en el Decreto 1793 de 2021, y que el presupuesto a cubrir con la contribución
especial ascendía a $187.581.923.073.

Agregó que, al aplicar la tarifa máxima del 1% a los gastos administrativos
certificados, se obtenía un recaudo de $46.924.979.246, inferior al presupuesto
aprobado, lo que generaba un faltante presupuestal de $140.656.943.827. Por ello,
sostuvo que procedía adicionar gastos operativos a la base gravable, en los
términos del parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

La entidad explicó que la base gravable de la contribución especial se conformó con
la información financiera certificada por los prestadores en el Sistema Único de
Información -SUI-, en el Formato Complementario FC01-01 a FC-07 «Gastos de
Servicios Públicos», correspondiente a las taxonomías XBRL a 31 de diciembre de 2021,
por cada servicio público objeto de inspección, vigilancia y control de la entidad.
Indicó que, sobre el total de gastos operativos certificados, calculó el porcentaje
necesario para cubrir el faltante presupuestal, equivalente al 36,58%, y que dicha
metodología fue consignada en la motivación del acto general.

9
Indicó que no todo defecto procedimental en la formación de los actos administrativos implica la nulidad del acto, sino
aquellos de naturaleza sustancial, para lo cual refirió apartado de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta,
exp. 2005 de 2015.
10
Samai del Tribunal, índice 20, 21, 28_MemorialWeb_CONTESTCIONDELADEMANDA(.pdf) NroActua 21.

5
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Respecto del cargo segundo, la SSPD insistió en la procedencia de adicionar la base
gravable cuando existan faltantes presupuestales. En respaldo, citó
jurisprudencia11, y agregó que el faltante presupuestal de 2022 estaba acreditado
en la motivación del acto general y que la metodología aplicada era equivalente a la
avalada judicialmente para las vigencias 2015 y 2016. En la misma línea, señaló
que la resolución que fijó la base gravable goza de presunción de legalidad, sin que
sea posible su inaplicación.

Sobre el tercer cargo, la demandada sostuvo que la liquidación no tenía carácter
confiscatorio, toda vez que se elaboró con base en la información reportada por la
propia empresa al SUI, y conforme a los parámetros del artículo 85 de la Ley 142 de
1994. Añadió que la contribución especial fue establecida por el legislador para
recuperar los costos en que incurre la SSPD en sus actividades de vigilancia y control,
y que no se acreditó que el tributo extinguiera la propiedad privada o los beneficios
de la iniciativa privada de la demandante12.

Frente al cuarto cargo, nulidad por expedición irregular y desconocimiento de la
participación ciudadana, la SSPD afirmó que el proyecto de resolución general fue
publicado en la página web de la entidad como lo ordena la ley, aportando las
evidencias documentales respectivas. Añadió que existe una amplia, regular y
constante circulación de estos proyectos en años anteriores, por lo que existen
actos previos de conocimiento por parte del actor, desvirtuando así las afirmaciones
de la demanda.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, negó
las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, con fundamento en lo
siguiente13:

Frente a la excepción de inconstitucionalidad, sostuvo que los cuestionamientos
dirigidos contra la Ley 2159 de 2021 no constituían vicios de los actos particulares
demandados, sino reproches contra la ley que aprobó el presupuesto de la SSPD,
asunto propio de la acción pública de inconstitucionalidad y no del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

En cuanto a la resolución 20221000669505 de 2022 (acto de carácter general que
fijó la base gravable y la tarifa), el tribunal consideró que no procedía su inaplicación,
pues goza de presunción de legalidad y la demandante no demostró una
contradicción clara y evidente con la Constitución, en tanto que fue cumplido el
artículo 338 superior, norma que no exige discriminar los gastos y costos en que se
incurre por la prestación del servicio. Igualmente, afirmó que, ante la existencia del
faltante presupuestal, la SSPD estaba facultada para incluir en la base gravable de
la contribución especial a cargo de las empresas prestadoras de servicios públicos
del sector eléctrico «los gastos operativos, las compras de electricidad, las compras de
combustibles y los peajes», en la proporción necesaria para cubrir el faltante,
equivalente en este caso al 36,58%.

En esta línea, el a quo concluyó que la SSPD justificó el faltante presupuestal de
2022 con el estudio técnico obrante en los antecedentes administrativos. Señaló
11
Sección Cuarta, Sentencia del 10 de mayo de 2018, M.P. Milton Chaves García y auto del 15 de junio de 2017, exp.
22873, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12
Refirió un apartado de la sentencia C-249 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa.
13
Samai de tribunal, índice 30, 39Sentencia_NRD049_20230032800_V(.pdf) NroActua 30

6
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que la entidad tomó la información financiera certificada al SUI con corte a 31 de
diciembre de 2021, estableció una apropiación presupuestal de $187.581.923.073,
calculó gastos de funcionamiento por $4.692.497.924.616, aplicó la tarifa máxima
del 1%, obtuvo un recaudo estimado de $46.924.979.246 y determinó un faltante de
$140.656.943.827.

Sobre la base gravable, el tribunal encontró probado que la SSPD liquidó la
contribución especial con fundamento en la resolución 20221000669505 de 2022,
incluyendo los gastos de funcionamiento y los conceptos de «compras en bloque y/o a
largo plazo» y «compras en bolsa y/o a corto plazo» reportados por la propia sociedad en
el formato FC01 del SUI como gastos operativos. Añadió que, al estar acreditado el
faltante presupuestal, era procedente aplicar el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley
142 de 1994 e incluir tales rubros en la proporción indispensable para cubrirlo.

El tribunal apoyó su decisión en precedentes14 sobre la contribución especial de
2016, en los que se avaló la inclusión de cuentas como compras en bloque, compras
en bolsa, uso de líneas, redes y ductos, gas combustible, carbón mineral, ACPM, fuel
y oil, cuando estuviera demostrado el faltante presupuestal. Con fundamento en ese
criterio, estimó que resultaba legal incluir los conceptos discutidos en la liquidación
de 2022.

Desestimó el cargo de confiscatoriedad y afectación de la propiedad privada, porque
la demandante no aportó elementos argumentativos o probatorios distintos del valor
liquidado, el cual, según el Tribunal, estaba legalmente soportado.
Finalmente, no impuso condena en costas porque no encontró demostrada su
causación.
Recurso de apelación
La demandante sustentó su impugnación15, y solicitó revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda,
conforme a lo que sigue:
Aseguró que el tribunal y la demandada determinaron la existencia de un faltante
presupuestal con la diferencia entre la apropiación presupuestal aprobada para la
SSPD, en la ley de presupuesto, y el valor resultante de aplicar la tarifa del 1% sobre
los gastos de funcionamiento, que fueron reportados por los prestadores al SUI. Sin
embargo, a su juicio, esa sustentación es jurídicamente insatisfactoria, porque el
faltante debe ser real, actual, debidamente acreditado y proporcional a los rubros
que se incorporan a la base gravable.
Sostuvo que el tribunal desconoció el precedente del Consejo de Estado16, según
el cual se debe motivar el faltante presupuestal y la proporción necesaria para
cubrirlo. En criterio de la apelante, la SSPD se limitó a comparar el presupuesto
aprobado con el recaudo estimado y concluyó sin suficiente motivación que existía
un faltante de $140.656.943.827.
Adujo que la SSPD no demostró el costo real de la función de vigilancia para el año
2022, ni realizó una trazabilidad de los gastos efectivamente ejecutados, ni justificó

14
Invocó sentencia del 26 de septiembre de 2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, subsección
B, M.P. Carmen Amparo Ponce Delgado, exp. 25000-23-37-000-2017-00253-00, confirmada por el Consejo de Estado en
sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 25107, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
15
Samai de tribunal, índice 33.
16
Sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, M.P. Milton Chaves García.

7
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00328-01 (30484)
Demandante: Vatia S.A. E.S.P.

la insuficiencia de lo recaudado en contribuciones. Señaló que la entidad
históricamente no ejecuta la totalidad de su presupuesto, que entre 2006 y 2022 ha
oscilado entre el 40% y el 80%, destacando que entre 2020 y 2022 no habría
superado el 55%. También afirmó que la SSPD destina excedentes a inversiones en
TES, depósitos financieros ante entidades bancarias y transferencias al Fondo
Empresarial, lo que, según la apelante, desvirtúa la existencia material de un faltante
presupuestal.

Destacó que la interpretación del tribunal configura una falsa motivación por error
de derecho en la interpretación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, y vulnera la
reserva legal tributaria17, porque permite a la administración ampliar la base
gravable mediante conceptos no autorizados expresamente por el legislador, como
compras de energía, ante la ausencia de justificación suficiente, vulnerando los
artículos 338, 363 y 365 de la Constitución. Sostuvo que, aun si se aceptara la
existencia de un faltante presupuestal, ello no subsana la ilegalidad derivada de
incorporar conceptos que exceden los límites legales y jurisprudenciales fijados para
la contribución especial.

Indicó que muchos de los conceptos incluidos en la base gravable pertenecen
contablemente al grupo 75, que «corresponde a costos de producción de las empresas de
servicios públicos», los cuales no pueden incluirse en la base gravable de la
contribución especial. Invocó la sentencia del Consejo de Estado18, en la que, según
el recurso, se anuló parcialmente la resolución 20131300029415.

Para la apelante, los costos de producción corresponden a erogaciones
directamente asociadas al desarrollo del objeto social de los prestadores, como la
compra de energía, mientras que los gastos de funcionamiento se limitan a
erogaciones necesarias para el funcionamiento operativo y administrativo de las
entidades vigiladas. Por ello, sostuvo que la SSPD desconoció el principio de
legalidad tributaria al incluir cuentas no autorizadas por la ley y desnaturalizó la
contribución especial.

Finalmente, afirmó que la inclusión de esos rubros genera una carga inequitativa y
desproporcionada para empresas comercializadoras de energía eléctrica y gas
natural, como Vatia, cuyos altos volúmenes de compras operativas elevan
artificialmente la base gravable.

Según la recurrente, lo expuesto también vulnera los principios de igualdad, equidad
y proporcionalidad tributaria, y justifica la inaplicación del acto general que fijó la
tarifa y la base gravable en virtud de la excepción de inconstitucionalidad, conforme
al artículo 4 de la Constitución, y la consecuente nulidad de los actos particulares
derivados de él.

Oposición a la apelación

La demandada guardó silencio.

Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

17
Al respecto, invocó la sentencia C-507 de 2014 de la Corte Constitucional.
18
Sección cuarta, sentencia del 31 de mayo de 2018, exp. 21286.

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Demandante: Vatia S.A. E.S.P.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

En la demanda, entre otros cargos de nulidad, la demandante aseguró que i) hubo
una expedición irregular del acto administrativo de carácter general que definió la
base gravable, porque no fue garantizada la participación ciudadana.

En la sentencia de primera instancia, el a quo no analizó este punto, sino que se
limitó a verificar la existencia de un faltante presupuestal que habilitara la adición de
las cuentas del grupo 75 (costos operacionales) en la base gravable del tributo.
Pese a lo anterior, la demandante no formuló ningún reparo relacionado con la
omisión del a quo; en consecuencia, ese aspecto no será objeto de pronunciamiento
en esta instancia, en virtud del principio de congruencia, previsto en los artículos
320 y 328 del Código General del Proceso.

Precisado lo anterior, corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de la
liquidación oficial 20220000082326 del 27 de julio de 2022, así como de las
resoluciones 20225301076545 del 10 de noviembre de 2022 y 20235000256855 del
2 de mayo de 2023, mediante las cuales la SSPD determinó la contribución especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a cargo de Vatia, por el año 2022.

Para estos efectos, la sala estudiará i) si procede la excepción de
inconstitucionalidad, en los términos propuestos en el recurso de apelación, y ii) si
la liquidación oficial incluyó en la base gravable conceptos no autorizados por el
parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.

Análisis del caso concreto

1. Sobre la excepción de inconstitucionalidad

La apelante sostiene que procede la inaplicación de la resolución 20221000669505
de 2022, acto administrativo de carácter general que fundamenta los actos
acusados, por cuanto no se acreditó suficientemente la existencia de un faltante
presupuestal, requisito previsto en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de
1994 para adicionar la base gravable del tributo con las cuentas del grupo 75 (gastos
operativos).

Frente al reparo, la sala reiterará la postura asumida en la sentencia del 28 de mayo
de 202619 que, en un caso similar al de la referencia, pero relacionado con el año
2021, analizó cuál es la carga argumentativa que debe asumir quien invoca la
excepción por inconstitucionalidad.

Como se explicó en dicha providencia, la excepción de inconstitucionalidad, prevista
en el artículo 4 de la Constitución Política, permite inaplicar una norma de inferior
jerarquía cuando exista una incompatibilidad manifiesta, directa y ostensible con la
Constitución, en virtud del principio de supremacía constitucional. Empero, aclaró
que este mecanismo puede generar una tensión estructural con los principios de
igualdad y seguridad jurídica, lo cual fue reconocido por la Corte Constitucional, lo
que ha dado lugar a que destaque su carácter excepcional y restrictivo 20.

19
Exp. 29827, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
20
Invocó las sentencias C-600 de 1998 y SU-047 de 1999.

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Demandante: Vatia S.A. E.S.P.

Luego, sostuvo que lo anterior se presenta con una especial intensidad tratándose
de normas tributarias, pues permitir que su obligatoriedad dependa de la iniciativa
litigiosa o la decisión de un juez en un caso concreto, daría lugar a un trato
diferencial frente a sujetos con identidad capacidad económica, afectando el
principio de seguridad jurídica.

Por lo anterior, la Sección destacó que «la excepción de inconstitucionalidad -concebida
como instrumento de protección concreta frente a violaciones flagrantes de la Constitución- puede
producir efectos regresivos sobre la igualdad tributaria y la generalidad del tributo, al permitir que la
carga fiscal efectiva no se distribuya conforme a criterios uniformes de capacidad contributiva, sino
según el acceso diferencial a la formulación de la excepción, en contravía de los artículos 13 y 363
de la Carta».

Ante este escenario, y teniendo en cuenta que la Sentencia T-389 de 2000 señaló
que la figura analizada solo procede cuando la norma inaplicada «resulta abiertamente
inconstitucional», se concluyó que «la excepción de inconstitucionalidad es de aplicación
verdaderamente restrictiva y excepcional, supeditada a la demostración, en cada caso específico,
de la configuración de una violación flagrante, directa e irreconciliable de la Constitución».

De este modo, y enfocado a la contribución especial a cargo de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios, se destacó que «los contribuyentes no pueden entenderla
como una herramienta opcional que les permita sustraerse del cumplimiento de la ley cuando se
encuentran en la misma situación general que los demás sujetos pasivos vigilados y controlados por
la SSPD, y menos aun cuando no resulta flagrante ni ostensible la incompatibilidad de la norma de
menor jerarquía con la Constitución. La vía idónea para cuestionar, con vocación de generalidad y
efectos definitivos, la validez constitucional de una norma tributaria es la acción pública de
inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, y no la inaplicación caso por caso ante esta
jurisdicción».

Con base en lo anterior, y con relación a la existencia de un faltante presupuestal,
indicó que la ley de presupuesto para la vigencia 2021 (Ley 2063 de 2020) goza de
presunción de constitucionalidad, por lo que la excepción no puede emplearse para
cuestionar la conveniencia, razonabilidad económica o técnica presupuestal de una
partida específica, ya que ello equivaldría a sustituir el juicio político del legislador y
el control abstracto de constitucionalidad.

En todo caso, precisó que la noción de costo del servicio susceptible de ser
recuperado mediante la contribución corresponde a los gastos de funcionamiento
necesarios para el cumplimiento de las metas institucionales, conforme al artículo
17 del Decreto 111 de 1996.

En seguida, adujo que «el hecho de que las partidas correspondientes a inversión y servicio de
la deuda integren igualmente el presupuesto de rentas y recursos de capital no comporta, por sí
mismo, una vulneración del mandato superior previsto en el artículo 338 de la Constitución Política»,
en el entendido que el recaudo del tributo se encuentra destinado, exclusivamente,
a sufragar el monto que corresponde a la partida de funcionamiento (costos
derivados del servicio de inspección, control y vigilancia que presta la autoridad), de
modo que no se pueden incluir «las partidas correspondientes a inversión y servicio de la
deuda, cuya destinación es específica y jurídicamente diferenciada».

Empero, para proponer esta discusión, insistió en que el mecanismo procedente no
es la excepción de inconstitucionalidad, sino el ejercicio de la acción pública de
constitucionalidad, dado que la jurisprudencia21 de la Corte ha admitido el control
por esta vía de las leyes de presupuesto.

21
Citó la sentencia C-666 de 2007.

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Demandante: Vatia S.A. E.S.P.

De este modo, aseguró que la existencia de esta acción «refuerza la improcedencia de
la excepción de inconstitucionalidad en el presente escenario. Si el apelante considera que la partida
presupuestal aprobada en la Ley 2063 de 2020 para la SSPD viola el artículo 338 de la Constitución
—por sobredimensionar artificialmente los costos del servicio de vigilancia e incluir rubros que, a su
juicio, no corresponden a erogaciones reales—, la vía constitucionalmente prevista y
jurisprudencialmente respaldada para plantear ese cuestionamiento con efectos generales no es la
excepción de inconstitucionalidad ante esta jurisdicción, sino la acción pública ante la Corte
Constitucional. Al no haberla ejercido, el apelante pretende que esta Sala produzca, con efectos
restringidos a este proceso, el mismo resultado que solo puede lograrse legítimamente con efectos
erga omnes ante el juez constitucional».

Siguiendo este criterio en el caso bajo examen, se observa que, en la demanda, la
sociedad propone la excepción de inconstitucionalidad alegando que la resolución
20221000669505 de 2022 no identificó los costos y gastos que se deberán
recuperar. Empero, atendiendo la sentencia del 28 de mayo de 2026 22 que se
expuso, estos conceptos corresponden a los gastos de funcionamiento
determinados en la ley de presupuesto 2159 de 2021, frente al cual puede ejercerse
la acción pública de constitucionalidad. De igual modo, se advierte que, frente a la
resolución referida, se pudo ejercer el medio de control de simple nulidad, por lo que
los argumentos propuestos no son suficientes para acceder a su petición.

En consecuencia, no prospera este cargo de la apelación.

2. Sobre el faltante presupuestal y la conformación de la base gravable

La apelante afirmó que el tribunal tuvo por acreditado el faltante presupuestal sin
que existiera prueba suficiente de su existencia real, actual y concreta. Agregó que
la SSPD se limitó a comparar el presupuesto aprobado para la vigencia 2022 con el
resultado de aplicar la tarifa máxima del 1% sobre los gastos administrativos
reportados por los prestadores, sin demostrar el costo real de la función de
inspección, vigilancia y control. Asimismo, sostuvo que se incluyeron en la base
gravable conceptos que corresponden a costos de producción (cuentas del grupo
75) y no a gastos de funcionamiento.

Para resolver, la Sala parte de que la contribución discutida corresponde al año
gravable 2022 y a una empresa del sector eléctrico. Teniendo esto presente, se
observa que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 establece que la tarifa máxima de
la contribución especial no puede ser superior al 1% del valor de los gastos de
funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, inspección, vigilancia o
control, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la SSPD.

A su turno, el parágrafo 2 de la citada norma dispone que, al fijar las contribuciones
especiales, y siempre que existan faltantes presupuestales, se podrán adicionar los
gastos operativos (cuentas del grupo 75); en concreto, para las empresas del sector
eléctrico, se habilita la inclusión de las compras de electricidad, las compras de
combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello.

En el caso bajo examen, en los antecedentes de la resolución 20221000669505 de
2022, que fijó la base gravable, consta que la entidad identificó un faltante
presupuestal a partir del análisis del monto de la tarifa y la base gravable aplicable
en 2022, atendiendo la información certificada por los prestadores de servicios
públicos domiciliarios. En concreto, señaló lo siguiente:

22
Exp. 29827, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.

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Demandante: Vatia S.A. E.S.P.

3. FALTANTE PRESUPUESTAL 2022: Se calcula la diferencia entre el presupuesto aprobado para la
vigencia 2022 por concepto de contribución especial: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETENTA Y TRES PESOS MCTE
($187.581.923.073,00) y el valor obtenido al aplicar la tarifa máxima a la base gravable Gastos de
Funcionamiento: Gastos Administrativos (menos exclusiones) CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE
($46.924.979.246), lo cual da como resultado el valor de CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE
($140.656.943.827). Al ser mayor el valor del presupuesto aprobado que el valor obtenido al aplicar
la tarifa máxima a la base gravable Gastos de Funcionamiento: Gastos Administrativos (menos
exclusiones), se concluye que existe un faltante presupuestal que debe ser cubierto.
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley
142 de 1994, la Superservicios está facultada para adicionar a los gastos de funcionamiento
algunos gastos operativos para cubrir el faltante presupuestal.
4. VALOR TOTAL DE LOS GASTOS OPERATIVOS: El valor total de los gastos operativos correspondiente a la
información financiera anual certificada para la vigencia 2021 por parte de los prestadores, asciende
a la suma de TREINTA Y OCHO BILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NUEVE MILLONES
QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($38.445.009.505.463).

5. PORCENTAJE DE GASTOS OPERATIVOS NECESARIO PARA CUBRIR EL FALTANTE : El porcentaje de gastos
operativos, se calcula dividiendo el valor del faltante presupuestal ($140.656.943.827) sobre el valor
total de los gastos operativos ($38.445.009.505.463) multiplicado por 100% y ese resultado lo
dividimos por el 1%, lo que arroja un porcentaje de 36,58%.
6. VALOR BASE GRAVABLE DE GASTOS OPERATIVOS : El valor de la base gravable de los gastos operativos
necesarios para cubrir el faltante presupuestal, se calcula tomando el valor total de gastos
operativos ($38.445.009.505.463) multiplicado por el porcentaje del faltante (36,58%), lo que da
como resultado el valor de CATORCE BILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($14.065.694.382.684).

Por su parte, el anterior análisis se sustentó en un estudio técnico publicado en la
página web de la entidad23, el cual no fue desvirtuado por la parte demandante a lo
largo del proceso.

Se destaca que la afirmación realizada por la sociedad, según la cual, la
confrontación de la tarifa máxima (1%) con los gastos de funcionamiento de las
prestadoras de servicios informadas en el SUI es insuficiente para determinar un
faltante presupuestal, no supone un reparo concreto en contra del estudio técnico
realizado por la SSPD. Esto es así, pues solo esa estimación del recaudo, y su
comparación con la partida de funcionamiento presupuestada aprobada para la
entidad, permite advertir si es suficiente o si, atendiendo lo previsto en el parágrafo
2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se requiere adicionar a la base gravable los
gastos operativos de los contribuyentes «en la misma proporción en que sean indispensables
para cubrir faltantes presupuestales de las comisiones y la superintendencia».

Respecto a los reparos relacionados con la falta de ejecución presupuestal por parte
de la demandada, se reitera que, como lo señalaron las sentencias del 26 de abril
de 202024 y del 28 de mayo de 202625, este es un hecho irrelevante, en tanto que la
ley establece que la tarifa se fijará en el porcentaje necesario para cubrir el
presupuesto anual aprobado, y no al monto ejecutado, pues el acto administrativo
de carácter general se profiere en la vigencia fiscal cuyo presupuesto se encuentra
en ejecución, por lo que no le es posible prever con certeza el nivel de ejecución
que alcanzará al cierre del ejercicio fiscal.

23
Se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.superservicios.gov.co/Normativa/Resoluciones-y-circulares-
Superservicios?field_sspd_normativa_tipo_norma_value=1&field_sspd_normativa_sp_categori_value=All&field_sspd_n
ormativa_descripcion_value=contribuci%C3%B3n&field_sspd_normativa_tema_value=All&field_sspd_normativa_numer
o_norm_value=&field_sspd_normativa_anio_value_1=17.
24
Exp. 24299, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
25
Exp. 29827, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.

12
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00328-01 (30484)
Demandante: Vatia S.A. E.S.P.

En consecuencia, no es procedente exigir que el cálculo del faltante se realice sobre
el presupuesto ejecutado, pues esto supondría una carga imposible de cumplir al
momento de la actuación administrativa.

Finalmente, lo expuesto desvirtúa que se haya impuesto una carga inequitativa y
desproporcionada para las empresas comercializadoras de energía, pues se reitera
que se han cumplido los requisitos legales para la adición de la base gravable de la
contribución.

Por lo expuesto, este cargo de la apelación tampoco prospera.

Costas

No habrá pronunciamiento frente a la primera instancia, dado que no se apeló la
decisión del tribunal de abstenerse de imponerla.

En cuanto a esta instancia (agencias en derecho y gastos del proceso), comoquiera
que no prosperó la apelación de la demandante, procede su condena en costas, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Para esto,
las agencias en derecho se tasan en un (1) SMLMV, de conformidad con el Acuerdo
PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura.
Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación,
conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código General del
Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 22 de mayo de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandante. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

13
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