Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00354-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00354-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2023-00354-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
18 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2023-00354-01 (31126)
Demandante AES COLOMBIA & CÍA S.C.A. E.S.P. ANTES AES CHIVOR & CIA
S.C.A. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución especial para empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios. Año 2022.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas por agencias en derecho a la parte vencida (parte
demandante) en un (1) SMLMV, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. En
consecuencia, ordénase al Secretario de la Sección Cuarta de esta Corporación tramitar el
respectivo incidente de liquidación de costas (agencias en derecho), conforme a las reglas
previstas en el art. 366 del CGP.
[…]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación
oficial 20220000090216 del 5 de agosto de 2022, que determinó la contribución
especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a cargo de AES Colombia & CIA
S.C.A. E.S.P., (en adelante AES COLOMBIA), por el año 2022.
AES COLOMBIA interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación
contra la anterior decisión, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones
20225300988465 del 25 de octubre de 2022 y 20235000256795 del 2 de mayo de
2023, respectivamente, de manera negativa.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
1
Samai de tribunal, índice 22, página 21.
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00354-01 (31126)
Demandante: AES Colombia & CÍA S.C.A. E.S.P.
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones en el escrito de la demanda2:
5.1. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA: Que se declare la nulidad total del acto administrativo contentivo de la Liquidación
Oficial SSPD 20220000090216 del 05 de agosto de 2022 de la vigencia 2022, considerando
las nulidades incurridas en su expedición.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad total de la Resolución SSPD-20225300988465 del 25 de
octubre de 2022, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado contra
la Liquidación Oficial citada en la pretensión primera, con base en las nulidades aquí
expuestas.
TERCERA: Que se declare la nulidad total de la Resolución SSPD-20235000256795 del 02 de
mayo de 2023, a través de la cual se resolvió el correspondiente recurso de apelación
presentado contra la Liquidación Oficial citada en la pretensión primera, considerando las
nulidades insalvables incurridas en su expedición.
CUARTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos demandados, se
devuelva a mi representada el valor de $1.992.773.000 pagado por concepto de la
Contribución Especial vigencia 2022 junto con los intereses correspondientes.
QUINTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada en las anteriores
pretensiones, a título de restablecimiento del derecho se declare responsable a la demandada
de los perjuicios patrimoniales generados a mi representada en virtud de los actos
administrativos anulados a los que se hace referencia en las anteriores pretensiones y los
demás que puedan proferirse en virtud de la contribución especial 2022. Entre ellos, los gastos
sufragados durante el curso del proceso y las agencias en derecho.
SEXTA: Condenar a La (sic) Nación a pagar a mi representada la indemnización integral de los
perjuicios patrimoniales generados como consecuencia de las anteriores pretensiones, en la
cuantía que sea probada en el presente proceso.
SÉPTIMA: Condenar a La (sic) Nación a pagar las costas del presente proceso. Igualmente,
solicitamos no se condene a la demandante a agencias en derecho ni costas procesales.
5.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En caso de no acceder a una o varias de las pretensiones principales objeto de la presente
demanda, se solicita como pretensiones subsidiarias las siguientes:
PRIMERA: Declarar la nulidad parcial de los actos demandados en cuanto se prueba que, como
se señaló en el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el valor real a determinar
por concepto de contribución especial asciende, aplicando los preceptos constitucionales,
legales y las reglas jurisprudenciales, a la suma de $492.683.860. Es decir, que la base
gravable se determine en $49.268.386.000 y el monto total a pagar se establezca en
$492.683.860.
SEGUNDA: En consecuencia, que se ordene la devolución de la suma de $1.500.089.140, más
los intereses correspondientes, debido a los mayores valores pagados tomando lo ordenado
en los actos administrativos demandados.
TERCERA: No condenar a mi representada al pago de intereses moratorios en caso de que
sean denegadas las pretensiones principales y subsidiarias. Con base en lo expuesto,
solicitamos que expresamente se señale que en caso de que se denieguen nuestras súplicas
mi poderdante no está obligada a asumir intereses moratorios hasta la fecha de ejecutoria del
fallo de segunda instancia.
CUARTA: No condenar en costas a mi representada en caso de que sean denegadas las
pretensiones principales y subsidiarias.
Invocó como normas violadas los artículos 2, 29, 83, 95.9, 209, 338, 363, 365, 367
y 370 de la Constitución Política; 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo; y 85 de la Ley 142 de 1994 con el siguiente concepto
de la violación:
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Samai de tribunal, índice 2. Carpeta ZIP, PDF demanda, págs. 29 a 30.
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Demandante: AES Colombia & CÍA S.C.A. E.S.P.
Alegó la infracción de normas superiores y la procedencia de la excepción de
inconstitucionalidad frente al acto administrativo general que reguló la contribución
por el año 2022, al artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y a la Ley Anual de Presupuesto
(2159 de 2021).
La demandante sostuvo que la liquidación oficial se fundamentó en un acto
administrativo de carácter general que, sin perjuicio de integrar el ordenamiento
jurídico, reguló el tributo sin limitarse a recuperar los costos del servicio de
inspección, vigilancia y control. En concreto, indicó que dicho acto no definió con
precisión, como lo exige el artículo 338 de la Constitución, los conceptos de gastos
de funcionamiento, gastos operativos o costos del servicio que prestan estas
entidades.
De otro lado, indicó que el numeral 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 prevé
que la tarifa de la contribución se fijará con base en el «presupuesto neto», pero existe
una indeterminación de esa expresión, lo que vulneró los principios de legalidad,
certeza tributaria y seguridad jurídica.
Afirmó que el acto administrativo de carácter general y los actos acusados se
fundamentaron en el presupuesto aprobado para la SSPD en la vigencia 2022, por
medio de la Ley 2159 de 2021, la cual contiene falencias que exigen su inaplicación
por inconstitucionalidad, al inflar determinadas partidas. De forma específica criticó
el destino de $40.000.000.000 a inversiones en TES, la disponibilidad a cierre de
año de entre $8.000.000.000 y $9.000.000.000 en cuentas bancarias, las
transferencias promedio de $26.000.000.000 al Fondo Empresarial y la ejecución
presupuestal de la demandada de aproximadamente el 80%.
Con base en ello, sostuvo que, al fijar la tarifa sin considerar los costos de la
prestación del servicio, se impone la obligación de un pago de lo no debido al «ir
más allá de la concurrencia de los costos asociados a su actividad», lo que infringe los
principios constitucionales de legalidad de los tributos, debido proceso, justicia y
equidad. Además, sustentó la excepción de inconstitucionalidad en el artículo 4 de
la Constitución Política y la jurisprudencia3. Señaló que, aplicando esta excepción,
los actos acusados debían ser anulados por vulnerar los citados principios
constitucionales, al trasladar a los contribuyentes cargas ajenas al costo real del
servicio.
De otro lado, la demandante sostuvo que la SSPD incurrió en falsa motivación por
error de derecho del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base
gravable conceptos que, en su criterio, sólo podían incorporarse de manera
excepcional cuando existieran faltantes presupuestales debidamente acreditados.
Expuso que, conforme a la norma referida, la regla general consiste en determinar
la contribución con base en los gastos de funcionamiento asociados al servicio
regulado4, excluyendo gastos operativos; por excepción, ante un faltante
presupuestal, es posible adicionar, para el sector eléctrico, las compras de energía,
combustibles y peajes, y en empresas de otros sectores, los gastos de similar
naturaleza, según corresponda.
3
Invocó las sentencias T-614 del 15 de diciembre de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, y C-069 del 23 de
febrero de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara, de la Corte Constitucional; y las sentencias del 1 de noviembre de
2007, radicado 1999-0004-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, y del 11 de noviembre de 2010, sección primera,
radicado 66001-23-31-000-2007-00070-01, M.P. María Elizabeth García González, del Consejo de Estado.
4
Invocó en respaldo sentencia del Consejo de Estado del 23 de septiembre de 2010. No aportó más datos de esta
providencia.
3
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Demandante: AES Colombia & CÍA S.C.A. E.S.P.
Sostuvo que la SSPD no acreditó la existencia de tales faltantes y que la sola
diferencia entre el presupuesto aprobado y el recaudo derivado de la tarifa máxima
legal no constituía prueba suficiente de su ocurrencia. Añadió que la entidad no
demostró cuánto costaba realmente la prestación de los servicios de inspección,
vigilancia y control, ni acreditó la inclusión de porcentajes de gastos operativos en
la base gravable.
La demandante sostuvo que la contribución especial liquidada desconoció los
principios de justicia y equidad tributaria y afectó de manera desproporcionada el
derecho de propiedad y la libertad de empresa5, en tanto los actos acusados
impusieron una obligación tributaria sustancialmente superior a la
constitucionalmente procedente para el año 2022, de $1.992.773.000, mientras que,
según sus cálculos, debía ser de solo $492.683.860. También indicó que hubo un
incremento desproporcionado frente a lo cobrado en 2018 ($970.399.000) y los años
siguientes, lo cual demuestra, a su juicio, el carácter excesivo y confiscatorio de la
carga tributaria impuesta.
Adicionalmente, rechazó el argumento de la SSPD según el cual la contribución no
es confiscatoria por ser deducible en el impuesto sobre la renta y recuperable vía
tarifa al usuario final, y señaló que ello desconoce las particularidades del sector y
la operación propia de la empresa.
Aseguró que hubo una expedición irregular del acto administrativo general por la
desatención de los artículos 3 y 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, al expedir la resolución general que sirvió de
fundamento a la liquidación oficial sin garantizar la participación ciudadana.
Sostuvo que la entidad no publicó los comentarios presentados por los interesados,
ni respondió las observaciones formuladas durante el trámite regulatorio, lo cual
constituye un requisito procedimental sustancial, que incide en la validez del acto6.
Asimismo, indicó que el proyecto normativo sólo estuvo publicado durante 11 días
hábiles, pese a que el artículo 2.3.6.3.3.9 del Decreto 1077 de 2015 prevé un
término de 30 días hábiles para la publicación de proyectos regulatorios de carácter
general.
Oposición de la demanda
La SSPD controvirtió las pretensiones7, y defendió la legalidad de los actos acusados
frente a la Constitución y la Ley 142 de 1994, negando la procedencia de su
anulación, reliquidación o devolución.
Frente al primer cargo, indicó que la demandante pretendía controvertir la resolución
20221000669505 de 2022 (acto general que fijó la tarifa de la contribución especial
para ese año), para lo cual debía acudir al medio de control de nulidad simple, por
lo que el juez no tiene competencia para examinar su legalidad en este proceso.
Expuso que el acto describió los conceptos que integraron la base gravable del
tributo, teniendo en cuenta el faltante presupuestal. Así mismo, señaló que las
apropiaciones presupuestales de la SSPD fueron establecidas en la Ley 2159 de
2021 y en el Decreto 1793 de 2021, y que el presupuesto a cubrir con la contribución
5
Sentencias C-409 de 2996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-528 de 2013, C-776 y C-1006 de 2003.
6
Indicó que no todo defecto procedimental en la formación de los actos administrativos implica la nulidad del acto, sino
aquellos de naturaleza sustancial, para lo cual refirió apartado de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta,
exp. 2005 de 2015.
7
Samai del Tribunal, índice 10, 10_MemorialWeb_CONTESTACIONDELADEMANDA(.pdf) NroActua 10
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especial ascendía a $187.581.923.073. Agregó que, al aplicar la tarifa máxima del
1% a los gastos administrativos certificados, se obtenía un recaudo de
$46.924.979.246, inferior al presupuesto aprobado, lo que generaba un faltante
presupuestal de $140.656.943.827. Por ello, sostuvo que procedía adicionar gastos
operativos a la base gravable, en los términos del parágrafo 2 del artículo 85 de la
Ley 142 de 1994.
La entidad explicó que la base gravable de la contribución especial se conformó
con la información financiera certificada por los prestadores en el Sistema Único de
Información (SUI), en el Formato Complementario FC01-01 a FC -07 «Gastos de
Servicios Públicos», correspondiente a las taxonomías XBRL a 31 de diciembre de 2021,
por cada servicio público objeto de inspección, vigilancia y control de la entidad.
Indicó que, sobre el total de gastos operativos certificados, calculó el porcentaje
necesario para cubrir el faltante presupuestal, equivalente al 36,58%, y que dicha
metodología fue consignada en la motivación del acto general.
Insistió en la procedencia de adicionar la base gravable cuando existan faltantes
presupuestales. En respaldo, citó jurisprudencia8, y agregó que el faltante
presupuestal de 2022 estaba acreditado en la motivación del acto general y que la
metodología aplicada era equivalente a la avalada judicialmente para las vigencias
2015 y 2016. En la misma línea, señaló que la resolución que fijó la base gravable
goza de presunción de legalidad, sin que sea posible su inaplicación.
Sobre el tercer cargo, la demandada sostuvo que la liquidación no tenía carácter
confiscatorio, toda vez que se elaboró con base en la información reportada por la
propia empresa al SUI, y conforme a los parámetros del artículo 85 de la Ley 142 de
1994. Añadió que la contribución especial fue establecida por el legislador para
recuperar los costos en que incurre la SSPD en sus actividades de vigilancia y control,
y que no se acreditó que el tributo extinguiera la propiedad privada o los beneficios
de la iniciativa privada de la demandante9.
Frente al cargo por expedición irregular y desconocimiento de la participación
ciudadana, la SSPD afirmó que el proyecto de resolución general fue publicado en la
página web de la entidad y en la del SUI, para comentarios, que se dio respuesta a
las observaciones formuladas y que la demandante conocía los criterios de
liquidación por la información suministrada al SUI. Además, con apoyo en un
pronunciamiento del Consejo de Estado10, señaló que la liquidación y recaudo de la
contribución especial no exige acto previo autónomo, pues la actuación se origina
en la información conocida y presentada por los sujetos pasivos y los derechos de
defensa y contradicción se garantizan con los recursos contra la liquidación.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas por agencias en derecho a la
parte demandante, con fundamento en lo siguiente11
8
Sección Cuarta, Sentencia del 10 de mayo de 2018, M.P. Milton Chaves García y auto del 15 de junio de 2017, exp.
22873, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Refirió un apartado de la sentencia C-249 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa: «La prohibición de impuestos
confiscatorios no se deriva empero de la proscripción de penas de confiscación (CP art. 34) sino de la protección
constitucional a la propiedad y a la iniciativa probadas (CP arts. 58 y 333) y de los principios de justicia y equidad tributarias
(CP arts. 95-9 y 363). Esto significa que no puede haber tributos que impliquen una verdadera expropiación de facto de
la propiedad privada o de los beneficios de la iniciativa económica de los particulares. En otra oportunidad, la Corte
sostuvo que un impuesto es confiscatorio ‘cuando la actividad económica del particular se destina exclusivamente al pago
del mismo, de forma que no existe ganancia.»
10
Sentencia del 4 de julio de 2024, exp. 27908
5
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parte demandante, con fundamento en lo siguiente11.
Respecto a la excepción de inconstitucionalidad propuesta contra la resolución
20221000669505 de 2022 y a la Ley 2159 de 2021, indicó que los reparos
formulados no recaían sobre el acto particular demandado, sino sobre la norma legal
que le sirvió de fundamento (base gravable prevista en el artículo 85 de la Ley 142
de 1994), y añadió que la demandante no desarrolló razones claras, específicas y
pertinentes que permitieran estructurar un juicio de contradicción directa y
ostensible entre la norma legal y la Constitución. Indicó que, por ello, se incumplió
la carga argumentativa a cargo de la demandante para inaplicar normas superiores.
Expuso el contenido del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y de la resolución
20221000669505 de 2022, y aseveró que, contrario a lo sostenido por la
demandante, la SSPD sí explicó el faltante presupuestal de la vigencia 2022,
tomando como base la apropiación presupuestal aprobada, la información
financiera certificada al SUI y el cálculo del porcentaje de gastos operativos
necesario para cubrir dicho faltante. En consecuencia, estimó que no existía
contradicción manifiesta entre la resolución 20221000669505 de 2022 y el artículo
338 de la Constitución, por lo que negó la excepción de inconstitucionalidad.
En cuanto al cargo por falsa motivación y expedición irregular, indicó que, si bien la
regla general consiste en calcular la contribución sobre los gastos de
funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, el parágrafo 2 del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994 consagra una excepción que autoriza adicionar
gastos operativos cuando existan faltantes presupuestales12.
En el caso concreto, verificó que la liquidación oficial determinó la contribución
especial del año 2022 a cargo de la demandante con fundamento en la resolución
20221000669505 del 22 de julio de 2022 y en la información financiera reportada y
certificada por la empresa en el SUI, correspondiente a los estados financieros por
servicio a 31 de diciembre de 2021.
El a quo encontró que la SSPD incluyó en la base gravable, además de los gastos de
funcionamiento, conceptos catalogados como gastos operativos para el sector
energía (compras en bloque y/o a largo plazo, compras en bolsa y/o a corto plazo,
uso de líneas, redes y ductos, gas combustible, carbón mineral, ACPM, fuel oil).
Consideró que dicha inclusión se justificó en la existencia del faltante presupuestal
para el año 2022 y que los conceptos «compras en bloque y/o a largo plazo» y «compras
en bolsa y/o a corto plazo», reportados por la demandante en el formato FC01 de 2021,
podían incorporarse en la proporción necesaria para cubrir el faltante, de
conformidad con el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Respecto del cargo por vulneración del derecho de propiedad privada y libertad de
empresa, el tribunal consideró que la demandante no aportó pruebas idóneas ni
desarrolló una argumentación técnica que demostrara que el monto liquidado
excedió los límites constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad tributaria.
Añadió que la base gravable estaba soportada en la normativa aplicable y en la
información financiera reportada por los prestadores al SUI, por lo que no se acreditó
que la contribución constituyera una expropiación encubierta o un gravamen
desproporcionado.
11
Samai de tribunal, índice 22, 27Sentencia_Sentencia_Sentencia202300354Co(.pdf) NroActua 22.
12
Auto del 15 de junio de 2017, exp. 22873, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia del 10 de mayo de 2018, exp.
22972, M.P. Milton Cháves García.
6
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Demandante: AES Colombia & CÍA S.C.A. E.S.P.
Finalmente, frente al cargo por desconocimiento de la participación ciudadana en la
expedición de la resolución general, el tribunal precisó que los actos demandados
eran la liquidación oficial y las resoluciones que resolvieron los recursos de
reposición y apelación; por tanto, consideró que los reproches dirigidos contra el
acto general desbordaban el objeto del proceso, dado que no fue demandado.
Sostuvo que, en gracia de discusión, el proyecto de acto general fue publicado en
la página web oficial de la entidad desde el 14 de junio de 2022 y que los interesados
pudieron presentar observaciones hasta el 29 de junio de 2022, contando con la
oportunidad real y efectiva de presentar sus observaciones, en garantía del principio
de publicidad y el derecho de participación.
Recurso de apelación
La demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones, para lo cual formuló los siguientes reparos13:
Sostuvo que el Tribunal realizó un inadecuado análisis de la excepción de
inconstitucionalidad que fue propuesta respecto del numeral 2 del artículo 85 de la
Ley 142 de 1994 y de la resolución 20221000669505 de 2022, al considerar que la
demandante solo manifestó una inconformidad con la fórmula legal de
determinación de la contribución. Afirmó que, tanto en la demanda como en los
alegatos de conclusión, desarrolló argumentos concretos de orden constitucional
relacionados con la vulneración, entre otros, de los principios de legalidad, certeza
tributaria y reserva de ley, por lo que estimó que el tribunal desconoció el debido
proceso y el principio de congruencia al omitir el estudio de tales planteamientos.
Refirió que se alegó, entre otros planteamientos, que el acto administrativo de
carácter general no atendió la finalidad del tributo, que consiste en cubrir los costos
del servicio prestado, y en el caso bajo examen hubo un exceso. Destacó que la
excepción de inconstitucionalidad no sólo recaía en el numeral 2 del artículo 85 de
la Ley 142 de 1994, sino también sobre el acto administrativo general.
Adujo que el tribunal incurrió en defecto fáctico al considerar acreditado un faltante
presupuestal y que el acto fue debidamente motivado. Señaló que la SSPD sustentó
la existencia del faltante únicamente en la diferencia entre el presupuesto aprobado
y el recaudo estimado al aplicar la tarifa máxima (1%) sobre los gastos de
funcionamiento reportados al SUI, sin entrar al detalle del valor faltante ni justificar
de manera concreta el «por qué el monto incluido resulta necesario y adecuado para cubrir el
presupuesto faltante14», lo cual vulnera los principios de legalidad y de transparencia
en la determinación de tributos.
Indicó que el a quo se limitó a la simple afirmación contenida en el acto general
para validar la liquidación particular, lo que es jurídicamente insatisfactorio. Añadió
que se desatendió la jurisprudencia del Consejo de Estado15, pues la SSPD no
propone una justificación idónea, y, además, no demostró el costo real de sus
funciones de inspección, vigilancia y control para el año 2022, ni la insuficiencia de
los recursos recaudados. Insistió en que, históricamente, la entidad no ejecuta la
totalidad del presupuesto, realiza inversiones en TES, mantiene recursos en cuentas
bancarias y realiza transferencias al Fondo Empresarial.
13
Samai de tribunal, índice 25, 31_MemorialWeb_Recurso-Rad202300354Recu(.pdf) NroActua 25.
14
Samai del Tribunal, índice 25, 31_MemorialWeb_Recurso-Rad202300354Recu(.pdf) NroActua 25, página 6.
15
Invocó Sentencias de la Sección cuarta, del 12 de noviembre de 2020, exp. 24498, M.P. Milton Chaves García y de la
Sección Segunda, del 5 de julio de 2018, rad. No.: 11001-03-25-000-2010-00064-00 (0685-2010), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
7
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Demandante: AES Colombia & CÍA S.C.A. E.S.P.
Reiteró que hubo una inclusión de conceptos improcedentes en la base gravable.
Manifestó que el tribunal restringió indebidamente el análisis de la cuenta 75, que
corresponde a los costos de producción, cuando la controversia comprendía todos
los rubros incorporados distintos de los gastos de funcionamiento. Afirmó que el
acto administrativo general amplió ilegalmente la base gravable al incluir conceptos
que exceden los límites previstos en la Ley 142 de 1994 y en la jurisprudencia16,
particularmente cuentas asociadas a costos de producción, pues ellos no forman
parte de los gastos de funcionamiento y, por ende, no pueden integrar la base
gravable de la contribución especial.
Agregó que la actuación administrativa, al incluir cuentas no autorizadas por la ley,
vulneró los principios de legalidad, reserva de ley, igualdad, equidad y
proporcionalidad tributaria, y desnaturalizó la finalidad de la contribución especial al
incorporar rubros sin relación con los costos de inspección, vigilancia y control. En
línea con lo anterior, insistió en el vicio de legalidad que afecta a la resolución de
carácter general en que se fundaron los actos particulares demandados, y, por
tanto, resulta procedente la nulidad de estos últimos por infracción de la ley y la
Constitución, y por vía de excepción de inconstitucionalidad.
Señaló que el a quo omitió pronunciarse sobre la expedición irregular, toda vez que
no analizó las pruebas ni dio trámite a las alegaciones de parte. Sostuvo que la SSPD
desconoció los artículos 3 y 8 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 2.3.6.3.3.9 del
Decreto 1077 de 2015, vulnerando el debido proceso, en razón a que otorgó
únicamente 11 días hábiles para la presentación de observaciones al proyecto de
acto administrativo de carácter general, cuando, a su juicio, debía conceder un
término de 30 días.
Finalmente, consideró que era improcedente la condena en costas, en tanto la
entidad demandada no acreditó erogación alguna asociada al proceso y que no
obraban elementos de prueba que demostraran la causación, necesidad o
cuantificación de gastos incurridos para atender este litigio, por lo que la condena
carece de sustento legal y probatorio. Para soportar su posición citó
pronunciamientos del Consejo de Estado17 y de la Corte Constitucional18 sobre la
necesidad de acreditar las costas para su imposición.
Oposición a la apelación
La demandada guardó silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
En la demanda, entre otros cargos de nulidad, la demandante aseguró que hubo
16
Citó la sentencia del 31 de mayo de 2018, exp. 21286 para señalar que los costos de producción no pueden ser incluidos
dentro de la base gravable de la contribución especial.
17
Sentencias del 1 de septiembre de 2022, exp. 25909, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 12 de junio de 2025,
exps. 30002 y 27256, M.P. Wilson Ramos Girón; del 19 de junio de 2025, exp. 28852, M.P. Wilson Ramos Girón.
18
Sentencia C 157 del 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
8
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una expedición irregular del acto administrativo de carácter general que definió la
base gravable, porque no fue garantizada la participación ciudadana debido a que
i) no se publicó el proyecto de reglamento para comentarios, ii) no se respondieron
las observaciones presentadas y iii) únicamente se hizo una publicación por 11 días
hábiles, debiendo ser de 30.
En la sentencia de primera instancia, el a quo negó el cargo de nulidad señalando
que los argumentos propuestos desbordaban el objeto del proceso, dado que el acto
administrativo general no fue demandado. Luego, en gracia de discusión, puso de
presente que el acto administrativo fue publicado y se respondieron las
observaciones presentadas. De este modo, se observa que la decisión de primera
instancia se sustentó en un argumento principal (que el acto de carácter general no
es el acusado) y uno subsidiario (la publicación para observaciones).
Pese a lo anterior, la apelante no planteó ningún reparo para desvirtuar el
argumento principal del a quo, esto es, no explicó por qué consideraba que, a pesar
de que el acto administrativo general que reguló la base gravable no fue
demandado, procede el análisis de la eventual violación de la participación
ciudadana.
De igual manera, se observa que, si bien alegó que dicho acto se debe inaplicar en
virtud de la excepción de inconstitucionalidad, esta petición se sustentó en la falta
de demostración de una base gravable y no en la violación al principio de
participación ciudadana. En consecuencia, este cargo de la apelación no puede ser
estudiado, en virtud del principio de congruencia, previsto en los artículos 320 y 328
del Código General del Proceso.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sección decidir sobre la legalidad de la
liquidación oficial 20220000090216 del 5 de agosto de 2022, así como de las
resoluciones 20225300988465 del 25 de octubre de 2022 y 20235000256795 del 2
de mayo de 2023, mediante las cuales la SSPD determinó la contribución especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a cargo de AES COLOMBIA, por el año 2022.
Para estos efectos, la sala estudiará i) si procede la excepción de
inconstitucionalidad propuesta por la demandante, ii) si la liquidación oficial incluyó
en la base gravable conceptos no autorizados por el parágrafo 2 del artículo 85 de
la Ley 142 de 1994 y iii) si procede la condena en costas en primera instancia.
Análisis del caso concreto
1. Sobre la excepción de inconstitucionalidad
La apelante sostiene que el tribunal realizó un análisis inadecuado de la excepción
de inconstitucionalidad, porque, en su criterio, sí expuso argumentos suficientes
para demostrar la incompatibilidad entre el numeral 2 del artículo 85 de la Ley 142
de 1994, la resolución 20221000669505 de 2022 y los artículos 338, 363 y 365 de
la Constitución. De este modo, insistió en lo expuesto en la demanda frente a este
cargo, el cual consideró que no fue analizado por el a quo.
Al respecto, la Sección reiterará la postura asumida en la sentencia del 28 de mayo
de 202619 que, en un caso similar al de la referencia, pero relacionado con el año
2021, analizó cuál es la carga argumentativa que debe asumir quien invoca la
19
Exp. 29827, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
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excepción por inconstitucionalidad.
Como se explicó en dicha providencia, la excepción de inconstitucionalidad, prevista
en el artículo 4 de la Constitución Política, permite inaplicar una norma de inferior
jerarquía cuando exista una incompatibilidad manifiesta, directa y ostensible con la
Constitución, en virtud del principio de supremacía constitucional. Empero, aclaró
que este mecanismo puede generar una tensión estructural con los principios de
igualdad y seguridad jurídica, lo cual fue reconocido por la Corte Constitucional, lo que
ha dado lugar a que destaque su carácter excepcional y restrictivo20.
Luego, destacó que lo anterior se presenta con una especial intensidad tratándose de
normas tributarias, pues permitir que su obligatoriedad dependa de la iniciativa litigiosa
o la decisión de un juez en un caso concreto, daría lugar a un trato diferencial frente a
sujetos con idéntica capacidad económica, afectando el principio de seguridad jurídica.
Por lo anterior, la Sección destacó que «la excepción de inconstitucionalidad -concebida como
instrumento de protección concreta frente a violaciones flagrantes de la Constitución- puede producir
efectos regresivos sobre la igualdad tributaria y la generalidad del tributo, al permitir que la carga
fiscal efectiva no se distribuya conforme a criterios uniformes de capacidad contributiva, sino según
el acceso diferencial a la formulación de la excepción, en contravía de los artículos 13 y 363 de la
Carta».
Ante este escenario, y teniendo en cuenta que la Sentencia T-389 de 2000 señaló
que la figura analizada solo procede cuando la norma inaplicada «resulta abiertamente
inconstitucional», se concluyó que «la excepción de inconstitucionalidad es de aplicación
verdaderamente restrictiva y excepcional, supeditada a la demostración, en cada caso específico,
de la configuración de una violación flagrante, directa e irreconciliable de la Constitución».
De este modo, y enfocado a la contribución especial a cargo de los prestadores de
servicios públicos domiciliarios, se destacó que «los contribuyentes no pueden entenderla
como una herramienta opcional que les permita sustraerse del cumplimiento de la ley cuando se
encuentran en la misma situación general que los demás sujetos pasivos vigilados y controlados por
la SSPD, y menos aun cuando no resulta flagrante ni ostensible la incompatibilidad de la norma de
menor jerarquía con la Constitución. La vía idónea para cuestionar, con vocación de generalidad y
efectos definitivos, la validez constitucional de una norma tributaria es la acción pública de
inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, y no la inaplicación caso por caso ante esta
jurisdicción».
Con base en lo anterior, y con relación a la existencia de un faltante presupuestal,
indicó que la ley de presupuesto para la vigencia 2021 (Ley 2063 de 2020) goza de
presunción de constitucionalidad, por lo que la excepción no puede emplearse para
cuestionar la conveniencia, razonabilidad económica o técnica presupuestal de una
partida específica, ya que ello equivaldría a sustituir el juicio político del legislador y
el control abstracto de constitucionalidad. En todo caso, precisó que la noción de
costo del servicio susceptible de ser recuperado mediante la contribución
corresponde a los gastos de funcionamiento necesarios para el cumplimiento de las
metas institucionales, conforme al artículo 17 del Decreto 111 de 1996.
Luego, adujo que «el hecho de que las partidas correspondientes a inversión y servicio de la
deuda integren igualmente el presupuesto de rentas y recursos de capital no comporta, por sí mismo,
una vulneración del mandato superior previsto en el artículo 338 de la Constitución Política», en el
entendido que el recaudo del tributo se encuentra destinado, exclusivamente, a
sufragar el monto que corresponde a la partida de funcionamiento (costos derivados
del servicio de inspección, control y vigilancia que presta la autoridad), de modo
que no se pueden incluir «las partidas correspondientes a inversión y servicio de la deuda, cuya
20
Invocó las sentencias C-600 de 1998 y SU-047 de 1999.
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destinación es específica y jurídicamente diferenciada».
Empero, para proponer esta discusión, insistió en que el mecanismo procedente no
es la excepción de inconstitucionalidad, sino el ejercicio de la acción pública de
constitucionalidad, dado que la jurisprudencia de la Corte21 ha admitido el control
por esta vía de las leyes de presupuesto.
De este modo, aseguró que la existencia de esta acción «refuerza la improcedencia de
la excepción de inconstitucionalidad en el presente escenario. Si el apelante considera que la partida
presupuestal aprobada en la Ley 2063 de 2020 para la SSPD viola el artículo 338 de la Constitución
—por sobredimensionar artificialmente los costos del servicio de vigilancia e incluir rubros que, a su
juicio, no corresponden a erogaciones reales—, la vía constitucionalmente prevista y
jurisprudencialmente respaldada para plantear ese cuestionamiento con efectos generales no es la
excepción de inconstitucionalidad ante esta jurisdicción, sino la acción pública ante la Corte
Constitucional. Al no haberla ejercido, el apelante pretende que esta Sala produzca, con efectos
restringidos a este proceso, el mismo resultado que solo puede lograrse legítimamente con efectos
erga omnes ante el juez constitucional».
Aplicando este criterio al caso bajo examen, se observa que, en la demanda, la
sociedad propone la excepción de inconstitucionalidad alegando que la resolución
20221000669505 de 2022 no identificó los costos y gastos que se deberán
recuperar. Empero, atendiendo la sentencia del 28 de mayo de 202622 que se
expuso, estos conceptos corresponden a los gastos de funcionamiento
determinados en la ley de presupuesto, frente al cual puede ejercerse la acción
pública de constitucionalidad. De igual modo, se advierte que, frente a la resolución
referida, se pudo ejercer el medio de control de simple nulidad, por lo que los
argumentos propuestos no son suficientes para acceder a su petición.
De otro lado, con relación a la inaplicación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 y
la Ley de Presupuesto 2159 de 2021, se reitera el criterio de la sentencia del 28 de
mayo de 2026, en tanto que la supuesta sobreestimación de rubros debió ser
planteado por la sociedad en ejercicio de una acción de control de constitucionalidad
ante la Corte Constitucional.
Por lo expuesto, no prospera este cargo de la apelación.
2. Sobre el faltante presupuestal y la conformación de la base gravable
La apelante afirmó que el tribunal tuvo por acreditado el faltante presupuestal sin
que existiera prueba suficiente de su existencia real, actual y concreta. Agregó que
la SSPD se limitó a comparar el presupuesto aprobado para la vigencia 2022 con el
resultado de aplicar la tarifa máxima del 1% sobre los gastos administrativos
reportados por los prestadores, sin demostrar el costo real de la función de
inspección, vigilancia y control. También sostuvo que se incluyeron en la base
gravable conceptos que corresponden a costos de producción (cuentas del grupo
75) y no a gastos de funcionamiento.
Para resolver, la Sección parte de que la contribución discutida corresponde al año
gravable 2022 y a una empresa del sector eléctrico. Teniendo esto presente, se
observa que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 establece que la tarifa máxima de
la contribución especial no puede ser superior al 1% del valor de los gastos de
funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, inspección, vigilancia
o control, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la SSPD.
21
Citó la sentencia C-666 de 2007.
22
Exp. 29827, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
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Demandante: AES Colombia & CÍA S.C.A. E.S.P.
A su turno, el parágrafo 2 de la citada norma dispone que, al fijar las contribuciones
especiales, y siempre que existan faltantes presupuestales, se podrán adicionar los
gastos operativos (cuentas del grupo 75); en concreto, para las empresas del sector
eléctrico, se habilita la inclusión de las compras de electricidad, las compras de
combustibles y los peajes, cuando hubiere lugar a ello.
En el caso bajo examen, en los antecedentes de la resolución 20221000669505 de
2022, que fijó la base gravable, consta que la entidad identificó un faltante
presupuestal a partir del análisis del monto de la tarifa y la base gravable aplicable
en 2022, atendiendo la información certificada por los prestadores de servicios
públicos domiciliarios. En concreto, señaló lo siguiente:
3. FALTANTE PRESUPUESTAL 2022: Se calcula la diferencia entre el presupuesto aprobado para la
vigencia 2022 por concepto de contribución especial: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETENTA Y TRES PESOS MCTE
($187.581.923.073,00) y el valor obtenido al aplicar la tarifa máxima a la base gravable Gastos de
Funcionamiento: Gastos Administrativos (menos exclusiones) CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE
($46.924.979.246), lo cual da como resultado el valor de CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE
($140.656.943.827). Al ser mayor el valor del presupuesto aprobado que el valor obtenido al aplicar
la tarifa máxima a la base gravable Gastos de Funcionamiento: Gastos Administrativos (menos
exclusiones), se concluye que existe un faltante presupuestal que debe ser cubierto.
En virtud de lo anterior, y de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley
142 de 1994, la Superservicios está facultada para adicionar a los gastos de funcionamiento
algunos gastos operativos para cubrir el faltante presupuestal.
4. VALOR TOTAL DE LOS GASTOS OPERATIVOS: El valor total de los gastos operativos correspondiente a
la información financiera anual certificada para la vigencia 2021 por parte de los prestadores,
asciende a la suma de TREINTA Y OCHO BILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NUEVE
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($38.445.009.505.463).
5. PORCENTAJE DE GASTOS OPERATIVOS NECESARIO PARA CUBRIR EL FALTANTE: El porcentaje de gastos
operativos, se calcula dividiendo el valor del faltante presupuestal ($140.656.943.827) sobre el valor
total de los gastos operativos ($38.445.009.505.463) multiplicado por 100% y ese resultado lo
dividimos por el 1%, lo que arroja un porcentaje de 36,58%.
6. VALOR BASE GRAVABLE DE GASTOS OPERATIVOS: El valor de la base gravable de los gastos operativos
necesarios para cubrir el faltante presupuestal, se calcula tomando el valor total de gastos
operativos ($38.445.009.505.463) multiplicado por el porcentaje del faltante (36,58%), lo que da
como resultado el valor de CATORCE BILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE
($14.065.694.382.684).
Por su parte, como lo informó la resolución que decidió el recurso de apelación23, el
anterior análisis se sustentó en un estudio técnico publicado en la página web de la
entidad24, el cual no fue desvirtuado por la parte demandante a lo largo del proceso.
Se destaca que la afirmación realizada por la sociedad, según la cual, la confrontación
de la tarifa máxima (1%) con los gastos de funcionamiento de las prestadoras de
servicios informadas en el SUI es insuficiente para determinar un faltante presupuestal,
no supone un reparo concreto en contra del estudio técnico realizado por la SSPD. Esto
es así, pues solo esa estimación del recaudo, y su comparación con la partida de
funcionamiento presupuestada aprobada para la entidad, permite advertir si es
suficiente o si, atendiendo lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de
1994, se requiere adicionar a la base gravable los gastos operativos de los
contribuyentes «en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes
23
Samai del tribunal, índice 10, PDF de antecedentes, página 167.
24
Se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.superservicios.gov.co/Normativa/Resoluciones-y-circulares-
Superservicios?field_sspd_normativa_tipo_norma_value=1&field_sspd_normativa_sp_categori_value=All&field_sspd_n
ormativa_descripcion_value=contribuci%C3%B3n&field_sspd_normativa_tema_value=All&field_sspd_normativa_numer
o_norm_value=&field_sspd_normativa_anio_value_1=17.
12
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presupuestales de las comisiones y la superintendencia».
Finalmente, respecto a los reparos relacionados con la falta de ejecución presupuestal
por parte de la demandada, se reitera que, como lo señalaron las sentencias del 26 de
abril de 202025 y del 28 de mayo de 202626, este es un hecho irrelevante, en tanto que
la ley establece que la tarifa se fijará en el porcentaje necesario para cubrir al
presupuesto anual aprobado, y no al monto ejecutado, pues el acto administrativo de
carácter general se profiere en la vigencia fiscal cuyo presupuesto se encuentra en
ejecución, por lo que no le es posible prever con certeza el nivel de ejecución que
alcanzará al cierre del ejercicio fiscal.
En consecuencia, no es procedente exigir que el cálculo del faltante se realice sobre el
presupuesto ejecutado, pues esto supondría una carga imposible de cumplir al
momento de la actuación administrativa.
Por lo expuesto, este cargo de la apelación tampoco prospera.
Costas
La apelante solicita revocar la condena en costas impuesta por el tribunal, por
considerar que la entidad demandada no acreditó haber incurrido en gastos durante
el proceso.
Frente a este cargo, de conformidad con el artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
así como el Acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo
Superior de la Judicatura, en los asuntos tributarios, procede la condena en costas,
en específico por concepto de agencias en derecho, a la parte vencida en primera
instancia. Para estos efectos, el acuerdo referido fijó la tarifa entre 4% y 10% del
valor de las pretensiones, siempre que no superen los 6 SMLMV. En el caso bajo
examen, se observa que el a quo cumplió con este parámetro, pues las agencias
en derecho fueron tasadas en 1 SMLMV; en consecuencia, no prospera este punto
de la apelación.
Con relación a la segunda instancia, dado que no prosperó ningún reparo de la
apelación, y atendiendo las normas antes referidas, se condenará en costas a la
demandante. Para esto, las agencias en derecho se tasan en un (1) SMLMV, de
conformidad con el Acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo
Superior de la Judicatura, para lo cual se deberá adelantar el respectivo incidente
de liquidación ante el tribunal, como ya fue dispuesto en la sentencia de primera
instancia, por lo que no se reiterará en esta ocasión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 9 de octubre de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
25
Exp. 24299, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
26
Exp. 29827, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
13
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2. CONDENAR en costas en segunda instancia a la demandante, conforme a lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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