Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00387-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00387-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2023-00387-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
19 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de hábeas corpus
Número único de radicación: 250002337000202300387-01
Actor: Marco Antonio Mora Barreto
Demandado: Juzgado Penal del Circuito de Garagoa; Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja y Policía Metropolitana de Bogotá, Estación de Policía de Kennedy
Tema: Resuelve sobre una impugnación contra la sentencia que declaró
improcedente la acción de hábeas corpus.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala Unitaria resuelve la impugnación interpuesta contra la sentencia de 10 de
octubre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual declaró improcedente la acción
de hábeas corpus.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes, ii)
Consideraciones y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Olinto Patiño Hernández1 instauró acción de hábeas corpus, en nombre del
señor Marco Antonio Mora Barreto contra el Juzgado Penal del Circuito de Garagoa,
con el fin de que se conceda la libertad inmediata del señor Mora Barreto.
Fundamentos fácticos
2. Los hechos en los que se fundamenta la acción de hábeas corpus son, en síntesis,
1 En calidad de agente oficioso.
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los siguientes:
2.1. Indicó que Marco Antonio Mora Barreto fue denunciado ante la Fiscalía
Veintisiete Seccional de Garagoa por el representante judicial del Municipio de
Garagoa, el 20 de noviembre de 2015, por el presunto delito de peculado por
apropiación, con fundamento en que el acusado no entregó al Municipio la suma de
$39.087.012,oo pesos M/cte., proveniente de la concesión de la terminal de
transportes de Garagoa. La investigación se identificó con el código único núm.
152996000246201200064.
2.2. Señaló que la Fiscalía Veintisiete Seccional de Garagoa, en audiencia
realizada el 18 de enero de 2017, acusó al señor Marco Antonio Mora Barreto de la
comisión de la conducta punible prevista en el artículo 397 de la Ley 599 de 24 de
julio de 20002, por peculado por apropiación, siendo la víctima el Municipio de
Garagoa. El proceso correspondió por competencia al Juzgado Penal del Circuito de
Garagoa y el trámite se identificó con el núm. 152996000246201200064.
2.3. El Juzgado Penal del Circuito de Garagoa anunció el 17 de noviembre de
2021 el sentido del fallo condenatorio contra el señor Mora Barreto y dispuso “[…]
librar la respectiva Orden de Captura, ante las autoridades correspondientes como
quiera que no es posible la concesión de ningún subrogado ni la prisión domiciliaria
al procesado […]”. La captura del señor Mora Barreto se efectuó el 2 de diciembre
de 2021 y se dejó a disposición del Juzgado Penal del Circuito de Garagoa.
2.4. El Juzgado Penal del Circuito de Garagoa profirió posteriormente la sentencia
el 3 de diciembre de 2021, en primera instancia, mediante la cual resolvió:
“[…] PRIMERO: CONDENAR a MARCO ANTONIO MORA BARRETO […] a la pena
principal de NOVENTA Y SEIS (96) MESES DE PRISIÓN, MULTA POR VALOR DE
LO APROPIADO EN LA SUMA DE TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y
SIETE MIL DOCE PESOS M/CTE (39.087.012), E INHABILITACIÓN PARA EL
EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS POR EL MISMO
TERMINOS DE LA SANCIÓN DE PRISIÓN (96 MESES), como autor responsable a
título de dolo del delito de PECULADO POR APROPIACIÓN, por lo registrado en
las circunstancias de tiempo, modo y lugar reseñadas en esta sentencia.
SEGUNDO: NEGAR a MARCO ANTONIO MORA BARRETO […] la concesión del
subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el
mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria, por las razones advertidas en el
acápite correspondiente, de acuerdo a lo motivado.
2 “Por la cual se expide el Código Penal”.
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TERCERO: En firme esta decisión, COMUNICAR a las autoridades indicadas en el
artículo 166 de la Ley 906 de 2004.
CUARTO: DAR cumplimiento a lo previsto en OTRAS DETERMINACIONES.
QUINTO: HACER saber que esta determinación queda notificada en ESTRADOS y
contra ella procede el recurso de APELACIÓN […]”.
2.5. Contra la sentencia se interpuso recurso de apelación y el Juzgado Penal del
Circuito de Garagoa lo concedió en el efecto suspensivo ante la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
2.6. El trámite del proceso correspondió, en segunda instancia, a la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y se le asignó el
radicado interno núm. 2021-1357.
Argumentos que fundamentan la solicitud de la acción
3. El actor señaló que en este caso la medida de detención no cumple con los
fines constitucionales y legales por la que fue creada por el legislador y por ende se
debe ordenar la libertad del señor Mora Barreto con el propósito de garantizar sus
derechos fundamentales, teniendo en cuenta que durante el tiempo que ha estado
privado de la libertad ha desarrollado buena conducta, sumado a que la prolongación
de su privación de la libertad afecta su vida familiar, laboral, personal y social. Al
respecto argumenta lo siguiente:
3.1. Indicó que desde el momento de su captura el 2 de diciembre de 2021 hasta
la fecha han transcurrido aproximadamente 1 año, 10 meses y 12 días, sin que a la
fecha se hubiere resuelto el recurso de apelación; situación que conlleva a que se
fracture el principio de presunción de inocencia en los términos que ha desarrollado
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
3.2. Agregó que, en los términos del artículo 179 de la Ley 906 de 31 de agosto
de 20043 y del artículo 1 de la Ley 1786 de 1 de julio de 20164, el recurso de apelación
se debía resolver en un plazo de 15 días y que “[…] el término de las medidas de
aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año […]”, lo cual
permite concluir que en este caso el señor Mora Barreto lleva privado de su libertad
3 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
4 Por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 de 2015.
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un tiempo superior al que estableció el legislador y por ende se configura una
prolongación de la privación de la libertad desproporcionada e ilegal que debe ser
amparada por el juez constitucional.
3.3. Afirmó que la imposición de la medida de aseguramiento intramural es
contraria a los principios constitucionales y, en especial, a la dignidad humana, la
libertad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Asimismo, manifestó que la detención
preventiva o la medida de aseguramiento intramural debe cumplir una función
netamente instrumental y excepcional, lo cual en su criterio no ocurre en este caso
si se tiene en cuenta, por un lado, que el recurso de apelación se concedió en el
efecto suspensivo; y por el otro, que, aunque existe una orden de captura, los límites
temporales fijados por el legislador están excedidos sin que se hubiere proferido
sentencia, en segunda instancia.
Actuación procesal
4. El actor presentó la acción de hábeas corpus el 9 de octubre de 20235, la cual le
correspondió por reparto a la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 10 de octubre de 2023.
5. El Tribunal, en primera instancia, mediante el auto de 10 de octubre de 2023: i)
avocó el conocimiento de la acción de hábeas corpus; ii) ordenó comunicar esa
providencia al Juzgado Penal del Circuito de Garagoa, a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Tunja y a la Policía Metropolitana de Bogotá – Estación de Policía de
Kennedy; y iii) requirió al Juzgado Penal del Circuito de Garagoa, a la Sala Penal del
Tribunal Superior de Tunja y a la Policía Metropolitana de Bogotá – Estación de
Policía de Kennedy para que, por un lado, rindieran un informe detallado sobre el
delito por el que se encuentra privado de la libertad el actor y las circunstancias
relevantes para resolver la solicitud de hábeas corpus; y, por el otro, enviaran copia
digitalizada de la totalidad del expediente que se sigue contra el señor Mora Barreto.
6. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y la Policía
Metropolitana de Bogotá - Estación de Policía de Kennedy rindieron informe el 10 de
octubre de 2023. El Juzgado Penal del Circuito de Garagoa guardó silencio.
5 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “004ED_002_ED_CORREOHABEASC”.
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Informes rendidos por las autoridades accionadas
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
7. El Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja6 señaló que “[…] a la Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Tunja correspondió por reparto el trámite del recurso de apelación interpuesto por la
defensa, contra la sentencia condenatoria proferida el 3 de diciembre de 2021 por el
Juzgado Penal del Circuito de Garagoa en el proceso con CUI. 152996000246-2012-
00064, mediante la cual […]” se condenó al señor Mora Barreto a una pena de
prisión, de multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
7.1. Explicó que el proceso se encuentra en el turno 13 de los asuntos de la misma
naturaleza, para estudio y revisión del proyecto de decisión, en segunda instancia,
el cual posteriormente debe pasar a valoración de la Sala de Decisión y, una vez
aprobado, se convocará a la respectiva audiencia de lectura correspondiente.
7.2. Por último, indicó que en este caso la acción no está llamada a prosperar toda
vez que la privación de la libertad: i) no fue arbitraria sino como consecuencia de una
sentencia condenatoria; ii) se produjo respetando las garantías constitucionales y
legales: y ii) no se ha producido en una prolongación ilegítima de la restricción de la
libertad.
Policía Metropolitana de Bogotá - Estación de Policía de Kennedy
8. El Comandante de la Estación de Policía de Kennedy7 informó que el señor
Marco Antonio Mora Barreto se encuentra actualmente en la Estación de Policía de
Kennedy, en calidad de imputado y que remitía como documentos anexos: i) la copia
de la boleta de encarcelación del ciudadano, emitida por el Juez; ii) la confrontación
dactiloscópica del ciudadano; y iii) las actas de derechos y de buen trato del
ciudadano.
La providencia impugnada y sus fundamentos
9. La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
6 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “023ED_013_RECIBEMEMORIALES”.
7 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documentos denominados “010ED_GS2023501674MEBOG” y
“009ED_CAMSCANNER1010202”.
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Cundinamarca, mediante la sentencia de 10 de octubre de 20238, resolvió:
“[…] RESUELVE
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la Acción Pública de Hábeas Corpus impetrada
por MARCO ANTONIO MORA BARRETO quien se encuentra privado de la libertad
intramural en la ESTACIÓN DE POLICIA DE KENNEDY DE BOGOTÁ, por las
razones señaladas en las consideraciones de este proveído […]”.
Consideraciones del Tribunal
10. El Tribunal consideró que, conforme la normativa y los desarrollos
jurisprudenciales, el hábeas corpus procede en dos situaciones: i) cuando la
privación de la libertad es arbitraria y se produce con violación de las garantías
constitucionales y legales; y ii) cuando de manera ilegal se prolonga la privación de
la libertad
11. Consideró que se debía declarar improcedente la solicitud de hábeas corpus
presentada por el señor Mora Barreto porque:
11.1. Estaba probado que el actor fue procesado y condenado por autoridad penal,
por el delito de peculado por apropiación, mediante sentencia de 3 de diciembre de
2021, en la que se impuso pena de 96 meses de prisión, razón por la cual consideró
que la pena impuesta se encuentra dentro del marco del Estado de Derecho.
11.2. Asimismo, que de conformidad con los artículos 177, 198 y 450 de la Ley 906
y de las sentencias T-1315 de 7 de diciembre de 20019 proferida por la Corte
Constitucional y AP-3329-2020 radicación 56180 de 2 de diciembre de 2020
proferida por la Corte Suprema de Justicia, no es posible calificar la privación y
prolongación de la privación de la libertad del actor como arbitraria o ilegítima porque
el señor Mora Barreto se encuentra privado de la libertad en cumplimiento de una
sentencia judicial proferida el 3 de diciembre de 2021, aclarando que, si bien, se
concedió recurso de apelación en el efecto suspensivo, no se suspende el contenido
de la decisión ni la ejecución de la condena impuesta, sino la competencia de la
autoridad que profirió la decisión.
8Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “005ED_014_FALLO”.
9 Corte Constitucional, M.P. doctor Jaime Córdoba Triviño.
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11.2.1. Consideró igualmente que los efectos de una sentencia condenatoria en el
ámbito de la libertad del procesado están relacionados con que, entre otras, “[…] [s]i
no se concede la condena de ejecución condicional y la situación jurídica se ha
definido con medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación,
la captura se hace efectiva de inmediato […]”, como, según consideró, ocurrió en
este caso; y, por último, “[…] [s]i al momento de anunciar el sentido del fallo el
acusado no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad
hasta el momento de dictar sentencia […]”, con la salvedad de que “[…] [s]i la
detención es necesaria, de conformidad con las normas de ese código [Ley 906], el
juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento […]”.
11.3. Por último, consideró que la acción de hábeas corpus no se encuentra
prevista como un mecanismo subsidiario de los medios judiciales ordinarios de
defensa porque este instrumento no está llamado a sustituir el trámite y resolución
ordinario y natural del proceso.
11.3.1. Al respecto, aclaró que en los casos en que la privación de la libertad está
respaldada en providencia judicial, las solicitudes de libertad deben formularse
dentro del proceso penal respectivo y haciendo uso de los recursos legales
existentes, por lo que, según señala, el interesado debe presentarlas ante el juez
que tiene conocimiento del proceso y, si no comparte la decisión, puede interponer
los recursos que le concede la ley procesal, sin que pueda utilizar la acción de
hábeas corpus para pretermitir u omitir los procedimientos legalmente establecidos
para ese efecto, como ocurre en este caso.
La impugnación
12. El actor solicitó que se revoque en su integridad la sentencia de 10 de octubre
de 2023 y, en su lugar, se conceda el hábeas corpus y la libertad del señor Marco
Antonio Mora Barreto, con base en los siguientes argumentos:
12.1. Señaló que “[…] [e]l operador judicial no hizo ningún esfuerzo argumentativo
ni demostrativo tendiente a verificar el grado de idoneidad y eficacia del medio de
defensa ordinario[…]”; y
12.2. Afirmó que “[…] [c]uando el operador judicial de primera instancia señala que
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al estar el trámite el recurso de apelación es a todas luces improcedente no hace
cosa diferente utilizar un argumento formal, el cual no se compadece con el rol que
tiene un juez de constitucional en el Estado social de derecho […]”10, desconociendo,
en su criterio, el rol de los jueces constitucionales en el marco del diseño estatal y
las finalidades del juez constitucional.
II. CONSIDERACIONES
13. La Sala Unitaria abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala Unitaria; ii) el problema jurídico; iii) la naturaleza
de la acción de hábeas corpus; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre la competencia para resolver solicitudes de libertad cuando se ha proferido
sentencia condenatoria, respecto de la acción de hábeas corpus; v) el acervo y
análisis probatorios; vi) el análisis del caso concreto; y vii) las conclusiones.
Competencia de la Sala Unitaria
14. Visto el artículo 7.° de la Ley 1095 de la Ley 1095 de 2 de noviembre de 200611,
sobre la impugnación de la providencia que niegue el hábeas corpus, esta Sala
Unitaria es competente para conocer de la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 10 de octubre de 2023 proferida por la Subsección A de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Problema jurídico
15. Corresponde a esta Sala Unitaria determinar si con base en los argumentos de
la impugnación es procedente o no la acción de hábeas corpus de la referencia y,
con base en este análisis, determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 10 de octubre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual declaró
improcedente la acción de hábeas corpus solicitada.
Naturaleza de la acción de hábeas corpus
16. Visto el artículo 30 de la Constitución Política, el derecho a la libertad personal
10 Traducción literal del texto del recurso.
11 “[…] Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política […]”.
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goza de un mecanismo especial de protección a nivel constitucional, en los
siguientes términos:
“[…] Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo
ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo,
por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el
término de treinta y seis horas […]”.
17. Este derecho constitucional fue desarrollado por la Ley 1095, que en su artículo
1.º lo definió en los siguientes términos:
“[…] Artículo 1°. Definición. El Hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la
vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es
privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta
se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por
una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.
El Hábeas corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción […]”.
18. De acuerdo con la definición indicada supra, se advierte que el hábeas corpus
tiene una doble connotación; por un lado, es un derecho fundamental y, por el otro,
es una acción para garantizar el derecho a la libertad personal. Asimismo, según la
transcripción normativa, se observa que son dos los presupuestos fácticos que
conducen a la procedencia de la acción constitucional de hábeas corpus, a saber: i)
cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las garantías
constitucionales o legales; o ii) cuando se ha prolongado ilegalmente la privación de
la libertad de una persona.
19. La Corte Constitucional, en relación con los presupuestos de procedencia de la
acción de hábeas corpus, ha considerado12:
“[…] De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el Hábeas corpus
además de ser un derecho fundamental, es al mismo tiempo, la acción tutelar de la
libertad.
“El derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también
interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata
el artículo 86 superior, que tiene toda persona contra cualquier acto expedido por
autoridad judicial, sea este auto o inclusive sentencia, pudiendo ser esta última de
cualquier instancia, para pedir su libertad en aquellos casos en que creyere estar
ilegalmente privado de ésta. Se puede afirmar, en otros términos, que se trata de
una “acción de tutela de la libertad”, con el fin de hacer efectivo este derecho […]”.
20. Por último, no puede perderse de vista que el derecho al hábeas corpus ha sido
12 Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2001, M.P.: Jaime Araujo Rentería
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reconocido y regulado en diferentes instrumentos internacionales que se aplican al
Estado Colombiano, entre ellos, en el orden internacional, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos13 y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos14, que forman parte de la denominada Constitución Internacional de los
Derechos Humanos; y, en el orden regional, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos15 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre16.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la competencia para
resolver solicitudes de libertad cuando se ha proferido sentencia
condenatoria, respecto de la acción de hábeas corpus
21. Vistos los artículos: i) 40 de la Ley 906, sobre la competencia para imponer las
penas y las medidas de seguridad; ii) 177 ibidem, sobre efectos de la apelación; iii)
13 Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 8 y 9: “[…] 8. Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley […]” “[…] 9. Nadie podrá se arbitrariamente detenido,
preso ni desterrado […]”.
14 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la ley 74 de 1968, así:
“[…] Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido
a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y
con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y
notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no
debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia
del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un
tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la
prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación
[…]”.
15 Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-, aprobada mediante la
ley 16 de 1972, artículo 7º:
“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano
por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.3. Nadie puede
ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora,
del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por
la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que
aseguren su comparecencia en el juicio”.
16 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Aprobada en la Novena Conferencia
Internacional Americana realizada en Bogotá, en el año 1948.
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artículo 31717 ibidem, sobre causales de libertad; y iv) 450 ibidem, sobre acusado no
privado de la libertad.
Desarrollos jurisprudenciales
22. La Corte Suprema de Justicia, en relación con la competencia del juez para
resolver sobre las solicitudes de libertad presentadas después de haberse anunciado
el sentido de la sentencia, ha considerado que la competencia corresponde al juez
de conocimiento, en primera instancia. Sobre el particular, en auto de 19 de julio de
201618 consideró:
“[…] 3. La competencia para decidir las peticiones de libertad y asuntos similares
(incluyendo las de detención o prisión domiciliaria) está radicada en diferentes
funcionarios judiciales, dependiendo de la etapa en la que se encuentre la
actuación.
Si la solicitud se formula antes del anuncio del sentido del fallo, debe ser resuelta
por los jueces de control de garantías (Art. 154, Núm. 8 y 9, de la Ley 906 de 2004).
Si se presenta después del referido acto procesal, corresponde al juez de
conocimiento de primera instancia. Esto último tiene aplicación durante el trámite
del recurso de apelación contra la sentencia (Cfr. CSJ SP, 25 Nov 2015, Rad. 46329
y 47003) e igualmente en el de casación (Art. 190 del Código citado). Por último,
tras la firmeza del fallo, en caso de que sea condenatorio, el competente es el juez
de ejecución de penas (Art. 38 y 459 y ss. del estatuto procesal en referencia).
Es cierto que la concesión de la alzada contra la sentencia suspende la competencia
del juez que la emitió, como lo establece el artículo 177-1 del Código de
Procedimiento Penal de 2004, pero ello sólo ocurre respecto de los aspectos o
temáticas objeto de impugnación, con relación a los cuales la competencia
suspendida es asumida por el Tribunal de segunda instancia o la Corte en sede de
Casación. Por el contrario, el despacho de primera instancia conserva la facultad de
decidir las peticiones de libertad o similares que no hayan sido materia del recurso
(Cfr. CSJ AP, 07 Oct 2015, Rad. 46718 y CSJ AP, 06 Jul 2016, Rad. 48310).
4. De otra parte, el Juzgado de Conocimiento expuso que la solicitud presentada
por el apoderado de […] constituye realmente una apelación extemporánea, dado
que se refiere a un tema ya abordado en el fallo condenatorio.
Lo cierto es que, para estos efectos, la petición de prisión domiciliaria es asimilable
a la de libertad y en este caso específico ese tema no fue objeto de impugnación,
por lo que el despacho de primera instancia conserva la competencia para emitir la
decisión que en derecho corresponda […]” .
23. Por lo expuesto anteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia ha considerado que la acción de hábeas corpus no puede desconocer
los trámites judiciales previstos en el ordenamiento jurídico, así como la competencia
17 Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1786.
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto de 19 de julio de 2016. AP4602-2016, radicación
48349. M.P. doctor Luis Antonio Hernández Barbosa.
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del juez ordinario encargado de conocerlos y resolverlos.
24. El Consejo de Estado ha considerado también que el juez, en el marco de la
acción de hábeas corpus, no puede invadir la competencia del juez natural y resolver
peticiones de libertad cuando no se han agotado los medios de defensa dispuestos
en el procedimiento penal, como sucede con la posibilidad de presentar esta solicitud
ante el juez competente o con los recursos procedentes, toda vez que ello “[…]
implicaría una intromisión en las competencias del juez natural, lo que está proscrito,
dado que eso equivaldría a reemplazar los medios de impugnación contemplados
dentro del proceso penal, como lo dijo la Corte Constitucional19: […] el Juez
Constitucional no puede inmiscuirse en la órbita de competencia de la jurisdicción
ordinaria, para entrar a decidir sobre el derecho a la libertad del acusado, porque es
claro que quien debe examinar si la restricción de la libertad cumple con las garantías
constitucionales y con los supuestos legales que la permiten es el juez del proceso,
en la medida en que es ante él ante quien se ejercen los recursos procesales
dispuestos para tal fin […]”20.
Acervo y análisis probatorios
25. La Sala Unitaria procederá a apreciar y valorar todas las pruebas aportadas,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de
la Ley 1564 de 12 de julio de 201221, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con la impugnación interpuesta contra la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera
instancia.
26. En ese orden de ideas, las pruebas y documentos relevantes para resolver el
caso concreto son los siguientes:22
26.1. Copia de la orden de captura núm. 003 expedida el 17 de noviembre de 2021
por el Juez Penal del Circuito de Garagoa contra el señor Marco Antonio Mora
19 Sentencia T-724 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; C.P. Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter; sentencia de 14 de diciembre de 2020; núm. único de radicación: 41001-23-33-000-2020-
00840-01 (HC)
21 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
22 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “014ED_PRUEBA_9_10_202312”.
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Barreto, en el marco del proceso núm. 152996000246201200064 y de la decisión
proferida el 17 de noviembre de 2021 que se adelanta por el delito de “PECULADO
POR APROPIACIÓN […] ART. 397 C.P. […]” y en el que se relaciona, por un lado,
que el motivo de la captura es “[…] Para cumplir condena […]”; y, por el otro, como
observación, que “[…] [l]a presente orden de captura se libra, por cuanto se emitió
ENUNCIACIÓN DEL SENTIDO DEL FALLO como CONDENATORIO, dentro del
proceso identificado con CUI 152996000246201200064, seguido en contra de
MARCO ANTONIO MORA BARRETO, por el delito de PECULADO POR
APROPIACIÓN y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 450 del C.P.P. […]”.
26.2. Copia de los oficios núms. O.P. 1720, 1721, 1722, 1723 de 17 de noviembre
de 2021 suscritos por el Juez Penal del Circuito de Garagoa y dirigidos
respectivamente al Coordinador del Sistema de Información sobre Antecedentes y
Anotaciones “SIAN” de la Fiscalía General de la Nación, al Comandante del Cuerpo
Técnico de Investigación CTI., al Director Seccional de Investigación Criminal –
SIJIN de la Policía Nacional, al Jefe de la DIJIN de la Policía Nacional, con la
referencia “ORDEN DE CAPTURA No. 003”, mediante la cual informa y remite al
referido comandante, para su conocimiento y fines pertinentes, sobre la Orden de
Captura núm. 003 de 17 de noviembre de 2021 expedida por ese despacho contra
el señor Marco Antonio Mora Barreto y en el que refiere lo siguiente: “[…] [l]a
presente orden de captura es necesaria, toda vez, que en la fecha se emitió
ENUNCIACIÓN DEL SENTIDO DEL FALLO como CONDENATORIO, dentro del
proceso identificado con CUI 152996000246201200064, seguido en contra de
MARCO ANTONIO MORA BARRETO, por el delito de PECULADO POR
APROPIACIÓN y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 450 del C.P.P […]”.
26.3. Copia de la providencia de 2 de diciembre de 2021 proferida por el Juez Penal
del Circuito de Garagoa mediante la cual cancela la orden de captura núm. 003 de
17 de noviembre de 2021 y ordena librar la correspondiente Boleta de Encarcelación
ante el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Modelo y Boleta de Custodia
ante la Estación de Policía de Kennedy, para que se sirva mantenerlo bajo su
custodia, en dicha estación, mientras se evacúa la audiencia de lectura de sentencia
programada para el 3 de diciembre de 2021.
26.4. Copia de la Boleta de Custodia de 2 de diciembre de 2021 expedida por el
Juez Penal del Circuito de Garagoa y dirigida a la Estación de Policía de Kennedy
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Número único de radicación: 250002337000202300387-01
con la anotación: “[…] SIRVASE MANTENER BAJO SUS CUSTODIA Y
VIGILANCIA EN LAS CELDAS TRANSITORIAS […] AL SEÑOR MARCO
ANTONIO MORA BARRETO […] CONDENADA (sic) POR EL DELITO DE:
PECULADO POR APROPIACIÓN […]” dentro del expediente
152996000246201200064.
26.5. Copia de la Boleta de Encarcelación y o detención núm. 004 de 2 de diciembre
de 2021 expedida por el Juez Penal del Circuito de Garagoa y dirigida al Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Modelo, con la anotación: “[…]
SIRVASE MANTENER DETENIDO O PRIVADO DE LA LIBERTAD BAJO
VIGILANCIA DE ESE ESTABLECIMIENTO […] AL SEÑOR: MARCO ANTONIO
MORA BARRETO […] CONDENADO POR EL DELITO DE: PECULADO POR
APROPIACIÓN […]” dentro del expediente 152996000246201200064, con la
observación “[…] Mediante providencia de fecha 17 de noviembre de 2021, éste
Despacho emitió ENUNCIACIÓN DEL SENTIDO DEL FALLO como
CONDENATORIO, dentro del proceso identificado con CUI
152996000246201200064, seguido en contra de MARCO ANTONIO MORA
BARRETO, por el delito de PECULADO POR APROPIACIÓN y de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 450 del C.P.P, se torna necesaria su detención […]”.
26.6. Copia de los oficios núms. O.P. 1856, 1857, 1858, 1859 de 2 de diciembre de
2021 suscritos por el Juez Penal del Circuito de Garagoa y dirigidos respectivamente
al Coordinador del Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones
“SIAN” de la Fiscalía General de la Nación, al Comandante del Cuerpo Técnico de
Investigación CTI., al Director Seccional de Investigación Criminal – SIJIN de la
Policía Nacional, al Jefe de la DIJIN de la Policía Nacional, con la referencia “
CANCELACIÓN ORDEN DE CAPTURA No. 003”, mediante la cual informa que se
ordenó la cancelación de la referida orden de captura “[…] por cuanto el
prenombrado MORA BARRETO fue capturado en la presente fecha y se libró la
correspondiente BOLETA DE ENCARCELACIÓN […]”.
26.7. Copia de la sentencia penal condenatoria proferida el 3 de diciembre de 2021
por el Juzgado Penal del Circuito, de Garagoa, en primera instancia.
26.8. Copia del Oficio O.P. 1872 de 7 de diciembre de 2021 suscrita por el Juzgado
Penal del Circuito de Garagoa y dirigida a la Sala Penal del Tribunal Superior del
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Distrito Judicial de Tunja.
26.9. Copia del Informe núm. GS-2023-/COSEC-3-ESTO8-1.10 suscrito por el
Comandante encargado de la Estación de Policía de Kennedy en cumplimiento al
requerimiento ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que
informa que el “[…] ciudadano Marco Antonio Mora Barreto […] actualmente se
encentra en la Estación de Policía Kennedy en calidad de imputado […]”.
Análisis del caso concreto
27. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, esta Sala Unitaria procede a determinar si es procedente la acción
de hábeas corpus de la referencia, así:
27.1. La Sala Unitaria advierte que, en el caso sub examine, el señor Marco Antonio
Mora Barreto fue objeto de un proceso penal en el que se profirió sentencia
condenatoria el 3 de diciembre de 2021 por el Juzgado Penal del Circuito de
Garagoa, en primera instancia, se le condenó a, entre otras, una pena de prisión de
96 meses y negó “[…] la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional
de la ejecución de la pena y el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria […]”,
razón por la cual se expidió por el juez competente una orden de captura para el
cumplimiento de la condena, que se hizo efectiva el 2 de diciembre de 2021, y
posteriormente las boletas de encarcelación y detención núm. 004 de 2 de diciembre
de 2021, ante el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Modelo, y de custodia,
de la misma fecha, ante el Comandante de la Estación de Policía de Kennedy, para
que dicha autoridad se sirva “MANTENER BAJO SU CUSTODIA Y VIGILANCIA EN
LAS CELDAS TRANSITORIAS”.
27.2. Asimismo, se advierte que el apoderado del señor Mora Barreto interpuso
recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de 3 de diciembre de 2021, el
cual se concedió en el efecto suspensivo y que se encuentra en trámite actualmente
ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y en turno 13
para decidir, según informe que rindió dicha autoridad el 10 de octubre de 2023, sin
que se advierta que se hubiere presentado ante la autoridad judicial competente la
solicitud de libertad.
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27.3. Por lo expuesto anteriormente, esta Sala Unitaria considera que la acción de
hábeas corpus no es procedente para solicitar la libertad después de haberse
anunciado el sentido de la sentencia, por cuanto: i) las peticiones de libertad de quien
se encuentra privado de la libertad, en virtud de una sentencia condenatoria vigente,
bajo el procedimiento de la Ley 906, deben ser presentadas ante y decididas por el
juez penal ordinario que, en el caso sub examine, el de conocimiento en primera o
segunda instancia, según sea el caso, toda vez que se encuentra en trámite el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria; ii) el recurso de
apelación suspende la competencia del juez que profirió la sentencia condenatoria,
en primera instancia, ello solo ocurre respecto de los aspectos o temáticas objeto de
impugnación, con relación a los cuales la competencia suspendida es asumida por
el Tribunal de segunda instancia o la Corte Suprema de Justicia en el recurso
extraordinario de Casación; iii) no se advierte en el expediente del proceso de la
referencia que el actor hubiere presentado la solicitud de libertad ante la autoridad
judicial competente; y iv) en esa medida, se considera que la acción no sustituye los
procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse la petición
de libertad ni desplaza al funcionario judicial competente, evidenciando que el actor
dispone de otros medios para solicitar la libertad ante el juez natural.
28. En ese orden de ideas, se considera que esta acción no es una instancia
adicional del trámite penal ordinario con que cuenta el actor para resolver su
situación.
Conclusión de la Sala Unitaria
29. La Sala Unitaria confirmará la sentencia de 10 de octubre de 2023 proferida por
la Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró
improcedente la acción de hábeas corpus de la referencia, toda vez que el señor
Marco Antonio Mora Barreto dispone de otros medios para solicitar la libertad ante
el juez competente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera en Sala Unitaria, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de octubre de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación NOTIFICAR
esta providencia por el medio más expedito.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
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