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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00407-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00407-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia, en el componente de agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente de liquidación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2023-00407-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-37-000-2023-00407-01 (30406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Temas: Contribución adicional– año 2021. Artículo 314 de la Ley 1955 de
2019. Efectos de las sentencias de constitucionalidad. Base
gravable. Faltante presupuestal.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que resolvió:

“Primero: Niegánse las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en las
consideraciones de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la
presente providencia. (…)”

ANTECEDENTES

El 14 de octubre de 2021, mediante la Liquidación Adicional FE 20210000022746, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios liquidó la contribución
adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo de la demandante por el
año 2021 en $ 593.826.0001.

Contra la anterior liquidación, la actora interpuso recurso de reposición y, en
subsidio de apelación2, que fueron resueltos por la citada entidad mediante las
Resoluciones SSPD – 20225300283565 de 1° de abril de 20223 y SSPD –
20235000456065 de 10 de agosto de 20234, que la confirmaron.

DEMANDA

La Empresa de Energía S.A. E.S.P, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones:

“A. Pretensiones principales

1
Samai, índice 10, exp. Tribunal, Antecedentes administrativos, folios digitales 1-2.
2
Ib, folios digitales 24-44.
3
Ib, folios digitales 67-85.
4
Ib, folios digitales 111-121.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00407-01 (30406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.

1. Que se declare la nulidad del acto administrativo Liquidación Oficial SSPD Código
único No. 20210000022746 del 14 de octubre de 2021 expediente 2021534260106635E
mediante el cual la SSPD liquidó a EDEQ la contribución adicional del año 2021.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD - 20225300283565 DEL 01-
04-2022 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de
Energía del Quindío S.A. E.S.P., contra la Liquidación Adicional identificada con el
código único No. 20210000022746 del 14 de octubre de 2021 y código gestor
documental No. 20215340264376 por el servicio público domiciliario de energía”

3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD- Resolución No.
20235000456065 DEL 10/08/2023 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”.

4. Que se condene a la SSPD devolver a EDEQ el valor pagado por concepto de la
contribución adicional del año 2021, esto es la suma de $ 593.826.000

5. Que se condene a la SSPD a indexar los valores que se le ordene devolver.

6. Que se condene a la SSPD a reconocer y pagar en favor de mi representada los
intereses legales (6% que contempla el artículo 1617 del código civil) causados sobre
las sumas reclamadas, desde el momento del pago de la contribución adicional y hasta
la fecha en la cual se verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia con la cual se
ponga fin a la controversia.

7. Que se condene a la SSPD en costas y agencias en derecho.

B. Pretensiones subsidiarias

1. Que se declare la nulidad del acto administrativo Liquidación Oficial SSPD Código
único No. 20210000022746 del 14 de octubre de 2021 expediente 2021534260106635E
mediante el cual la SSPD liquidó a EDEQ la contribución adicional del año 2021.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD - 20225300283565 DEL 01-
04-2022 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa de
Energía del Quindío S.A. E.S.P., contra la Liquidación Adicional identificada con el
código único No. 20210000022746 del 14 de octubre de 2021 y código gestor
documental No. 20215340264376 por el servicio público domiciliario de energía”

3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD- Resolución No.
20235000456065 DEL 10/08/2023 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”.

4. Se ordene la reliquidación de la contribución adicional de la vigencia 2021 a cargo de
EDEQ, excluyendo de la base gravable de la contribución los gastos compras en bloque
y/o a largo plazo, compras en bolsa y/o a corto plazo y uso de líneas, redes y ductos.

5. Que se declare que la base gravable para liquidar la contribución adicional de 2021
a cargo de EDEQ es la suma de $19.621.545.000.

6. Que se ordene a la SSPD a liquidar la contribución adicional de 2021 a cargo EDEQ
con base en la siguiente base gravable $19.621.545.000 por el siguiente valor
$196.215.450.

7. Que se condene a la SSPD a devolver a EDEQ el mayor valor pagado por concepto
de la contribución adicional del año 2021, esto es la suma de ($ 397.610.550).

8. Que se condene a la SSPD a indexar los valores que se le ordene devolver.

9. Que se CONDENE a la SSPD a reconocer y pagar en favor de mi representada los
intereses legales (6% que contempla el artículo 1617 del código civil) causados sobre
las sumas reclamadas, desde el momento del pago de la contribución y hasta la fecha
en la cual se verifique el cumplimiento efectivo de la sentencia con la cual se ponga fin
a la controversia.

10. Que se condene a la SSPD en costas y agencias en derecho.”

2
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00407-01 (30406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.

Invocó la vulneración de los artículos 95, ord. 9°, 243, 338, 359 y 363 de la
Constitución Política; 85 de la Ley 142 de 1994, 91 de la Ley 1437 de 2011 y 638
del ET.

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Dado que los actos demandados tienen fundamento en el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en las
sentencias C- 464 de 2020 y C-147 de 2021, y que esta última providencia se profirió
antes de la causación de la contribución adicional para el año 2021, aquéllos deben
tenerse por nulos al contradecir el ordenamiento tributario vigente pues la entidad
demandada no podía cobrar el tributo para ese periodo. Además, tales actos
tampoco podían sustentarse en el Decreto 1150 de 2020, pues la declaratoria de
inconstitucionalidad del referido artículo 314, produjo el decaimiento de sus normas
reglamentarias.

De igual manera, al momento de proferirse la sentencia C-147 de 2021 no existía
una situación jurídica consolidada respecto de la contribución adicional de 2021, ya
que esta aún no había sido liquidada a cargo de la demandante, ni se habían
agotado las actuaciones administrativas y judiciales procedentes. Por tanto, la
inexequibilidad de la referida disposición, afectaba directamente la validez de los
actos expedidos con fundamento en ella.

La SSPD también interpretó erróneamente dicha sentencia, al sostener que la
contribución adicional correspondiente a la vigencia 2020 se causó el 1 de enero de
ese año, con la base gravable prevista en el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, y
que la correspondiente a la vigencia 2021, se causó el 1 de enero de 2021 con la
base gravable prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Esa conclusión se
basa en una afirmación dicha al pasar, ajena a la ratio decidendi de la providencia,
y desconoce que ninguna disposición legal establece su causación al 1 de enero de
cada año.

En todo caso, los actos demandados vulneran el principio de legalidad, pues, al
declarase la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, desapareció la
única base gravable prevista para liquidar la contribución adicional en 2021, sin que
fuera posible revivir el texto original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
previamente derogado.

Por tanto, tampoco era procedente aplicar la regla excepcional prevista en el
parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 para incluir en la base gravable
los rubros de compras en bloque y/o a largo plazo, compras en bolsa y/o a corto
plazo y uso de líneas, redes y ductos; máxime si se tiene en cuenta que ese
parágrafo está previsto para financiar los gastos de funcionamiento de la
Superintendencia, mientras que la contribución adicional tiene como destinación
específica el Fondo Empresarial; y, que la SSPD no acreditó la existencia de un
faltante presupuestal. En consecuencia, debe excluirse de la base gravable el valor
de $39.761.067.068 correspondiente a tales conceptos.

3
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00407-01 (30406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.

OPOSICIÓN

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se opuso a las
pretensiones de la demanda, por lo siguiente:

Los cargos de la demanda se refieren a la inconstitucionalidad de los artículos 18 y
314 de la Ley 1955 de 2019 que sirvieron de fundamento a los actos acusados y
que la entidad aplicó correctamente, junto con el Decreto 1150 de 2020 y las
resoluciones que fijaron los parámetros para el cobro de la contribución adicional
para la vigencia 2021.

La declaratoria de inconstitucionalidad del referido artículo tuvo efectos diferidos, de
manera que, los tributos causados antes del 14 de julio de 2021, fecha en que se
notificó por edicto la sentencia C-147 de 2021, esto es, para los años 2020 y 2021,
la norma estaba en vigor y surtiendo plenos efectos. Por tanto, la contribución
adicional del periodo 2021 se causó el 1° de enero de 2021 con la base prevista en
el artículo 85 original de la Ley 142 de 1994.

Conforme con el análisis jurisprudencial de la vigencia del artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, para el año gravable 2021, los actos cuestionados son legales y la decisión
que se adopte debe respetar dicho análisis.

Asimismo, formuló las excepciones de «legalidad de los actos administrativos
demandados», por cuanto los actos demandados se dictaron por funcionario
competente y con observancia del debido proceso; y de «existencia de situaciones
jurídicas consolidadas», al estimar que se configuraron situaciones jurídicas
consolidadas según lo resuelto en las sentencias C-464 de 2020 y C-147 de 2021.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, negó
las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas, por las razones que se
sintetizan a continuación:

Conforme a los efectos dados por la Corte Constitucional a la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, en sentencias C-464 de
2020 y C-147 de 2021; así como lo precisado por el Consejo de Estado5, la
contribución adicional para la vigencia 2021 quedó a salvo de los efectos de las
dichas decisiones, debido a estas fueron proferidas cuando el tributo ya se había
causado. En consecuencia, la SSPD conservaba competencia para liquidar y cobrar
la contribución adicional de esa vigencia, dado que las normas que la sustentaban
se encontraban vigentes durante el periodo tomado como referencia para
determinar su base gravable -2020-.

Es de precisar que, respecto de la contribución adicional para la vigencia 2021, que
se causó el 1° de enero de ese año y se liquidó a través de los actos acusados, no
se configuró una situación jurídica consolidada, pues el debate en sede judicial
sobre la legalidad de esos actos, se encuentra en curso.

5
En sentencias del 24 de agosto de 2023 y 18 de abril de 2024, Exp. 25961 y 26656.

4
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Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.

Finalmente, se restima procedente la inclusión de los rubros previstos en el
parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 dentro de la base gravable de la
contribución adicional, al haberse acreditado la existencia de un faltante
presupuestal. Dado que la SSPD incorporó únicamente los conceptos autorizados
por dicha disposición, la base gravable utilizada para determinar el tributo se
encontró ajustada a derecho.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y en su lugar conceder las pretensiones de la
demanda o, en subsidio declarar la nulidad parcial de los actos en cuanto a la
determinación de la base gravable, con fundamento en lo siguiente:

El Tribunal desconoció los efectos de las sentencias C-464 de 2020 y C-147 de
2021 de la Corte Constitucional, al considerar ajustados a derecho unos actos
administrativos expedidos con fundamento en los artículos 18 y 314 de la Ley 1955
de 2019, pese a que dichas disposiciones habían sido declaradas inexequibles.

La declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019,
conforme a lo dispuesto en la sentencia SU-011 de 2020 de la Corte Constitucional
y a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, afecta las situaciones
jurídicas no consolidadas, tal como ocurre en este caso, en que al momento de la
expedición de la sentencia C-147 de 2021 la contribución no había sido liquidada,
no se habían resuelto los recursos procedentes ni había operado la caducidad del
medio de control correspondiente.

Aun cuando tal declaratoria de inconstitucionalidad no hubiera ocurrido o se
aceptara que los efectos de esa declaratoria son los señalados por la entidad
demandada; en todo caso, los actos acusados desconocen el principio de legalidad
tributaria debido a que: (i) la única base gravable aplicable a la contribución adicional
era la prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18
de la Ley 1955 de 2019; y (ii) una vez declarada la inexequibilidad de esta última
disposición, no podía liquidarse la contribución para el año 2021 con base en el
artículo 85 original de la Ley 142 de 1994, por encontrarse derogado para ese
momento.

Sin perjuicio de lo anterior, se reprocha que el Tribunal hubiera dado por acreditada
la existencia de un faltante presupuestal que justificara la aplicación de la regla
excepcional prevista en el citado parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
pese a que, la SSPD no aportó prueba suficiente de dicha circunstancia. En efecto,
la mera afirmación contenida en los actos administrativos no justifica de manera
suficiente el faltante presupuestal, ni satisface la demostración exigida para ampliar
excepcionalmente la base gravable del tributo.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se admitió por auto de 13 de febrero de 20266, sin
pronunciamiento frente a este. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda
instancia, no se dio traslado para alegar (art. 247 CPACA). El Ministerio público no
emitió concepto.
6
Samai, índice 4.

5
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que determinaron la
contribución adicional del año gravable 2021, a cargo de la Empresa de Energía del
Quindío S.A. E.S.P.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada,
corresponde establecer si: (i) las sentencias C-464 del 2020 y C-484 del 2021
habilitaron el cobro de la contribución en la vigencia de 2021, con fundamento en
el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, por tratarse de una situación jurídica
consolidada; (ii) si existió decaimiento de los actos demandados; (iii) si los actos
se demandados se encuentran debidamente motivados; y (iv) si es improcedente
la inclusión de los rubros de que trata el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142
de 1994 para la determinación de la base gravable.

La demandante alegó que el Tribunal incurrió en errónea interpretación de los
efectos de la sentencia C-147 de 2021, que declaró inexequible el artículo 314 de
la Ley 1955 de 2019 y que devino en el decaimiento del Decreto 1150 de 2020.
Asimismo, cuestionó que la causación del tributo haya acaecido el 1° de enero de
2021 y, por tanto, el fundamento normativo de los actos de liquidación demandados.
Asimismo, reprochó la aplicabilidad del parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 142
de 1994, así como la motivación insuficiente de la existencia un faltante
presupuestal.

Frente a los argumentos de apelación sobre la contribución adicional del año 2021,
esta Sala, en sentencia del 9 de mayo de 2024, estudió la legalidad de la Resolución
SSPD 20211000566545 del 8 de octubre de 2021, «Por la cual se establecen
disposiciones referentes a la liquidación de la contribución adicional para el Fortalecimiento del
Fondo Empresarial establecida en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, para la vigencia 2021» , y
explicó lo siguiente7:

«Y, además, aseguró que la Corte Constitucional aseveró que a la contribución adicional
se le aplican las reglas de la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994,
motivo por el cual reconoció que «su causación tenía lugar a “1 de enero de cada año
gravable, durante la temporalidad definida en la norma [1 de enero de 2020 hasta el 31
de diciembre de 2022]”, momento en el que también se causaba la referida contribución
especial, como se recalcó en la precitada sentencia C-484 de 2020». […]

Con lo anterior, concluyó que, «como la inexequibilidad con efectos inmediatos y a
futuro del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019 tuvo lugar con posterioridad a
la causación de la contribución para el fortalecimiento del fondo empresarial por el año
gravable 2021, dicha causación quedó rescatada de los efectos de la
inconstitucionalidad de la norma legal, en los términos de la sentencia C-147 de 2021,
de modo que la resolución demandada, que fijó algunos aspectos de la base gravable
atendiendo a los criterios definidos por el legislador para ese momento, mantiene su
legalidad por ese mismo periodo, ya que la inexequibilidad ordenada por la Corte solo
puede afectar el periodo 2022 porque para ese periodo aún no se ha causado el tributo»
(subraya la Sala). […]

Contrario a lo dicho por los actores, el análisis de la Sentencia C-147 sobre
la causación del tributo no corresponde a un obiter dicta, en tanto que su objetivo fue
precisar cuáles serían los efectos en el tiempo de esa providencia. De esta forma, cómo

7
Exp. 26228. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. La mencionada sentencia reitera posición de la Sala de la sentencia del
24 de agosto de 2023. Exp. 25961. C.P. Milton Chaves García.

6
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lo indicó la sentencia reiterada del 24 de agosto de 2023, la Corte Constitucional
salvaguardó la causación de la contribución adicional por los años 2020 y 2021, «ya
que la inexequibilidad ordenada por la Corte solo puede afectar el periodo 2022 porque
para ese periodo aún no se ha causado el tributo». […]

La Sala advierte que, aunque se reglamentó una norma que fue declarada inexequible
con efectos inmediatos y hacia el futuro en 2021, esto no supuso la violación del artículo
4 de la Constitución ni se omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, pues se
reitera que la Corte Constitucional salvaguardó la aplicación del artículo 314 de la Ley
1955 por el 2020 y el 2021, de tal modo que podía ser objeto de reglamentación para
esos años. […]

Frente a los reparos referentes a la posibilidad de incluir rubros tales como los gastos
de funcionamiento, en caso de faltantes presupuestales, se reitera que la reviviscencia
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 con ocasión de la Sentencia C484 de 2020 permite
que, en la determinación de la base gravable de la contribución adicional, se aplique el
parágrafo de la norma. Es decir que no existió una aplicación analógica del parágrafo 2
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, pues la remisión efectuada por la ley a la base
gravable allí regulada era suficiente para que se incluyeran los gastos autorizados por
el legislador en caso de faltantes presupuestales. […]

Debe resaltarse que el Decreto 1150 de 2020 reguló el procedimiento de liquidación y
cobro de las contribuciones especiales a favor de las comisiones de regulación y de la
SSDP y también de la contribución adicional. En ese sentido, la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 no incide en la eficacia normativa
del decreto respecto de la contribución adicional del artículo 314 ibidem. […]

Así, para el caso bajo examen, como quiera que la contribución adicional se causó para
los años 2020 y 2021, el Decreto 1150 produjo efectos para dichas vigencias y no perdió
fuerza ejecutoria ni obligatoriedad. Se insiste en que la declaratoria de inexequibilidad
de la contribución adicional decretada con la sentencia C-147 de 2021 solo es efectiva
a partir del 2022.» (Subraya la Sala)

Conforme al criterio reiterado, la inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de
2019, declarada en la sentencia C-147 de 2021, solo produjo efectos a partir de la
vigencia 2022, por lo que los actos demandados contaban con sustento normativo
para el año 2021. En este entendido, la expedición de dichos actos con posterioridad
a la sentencia resulta irrelevante, dado que el tributo se causa el 1 de enero de cada
año y, por ende, los efectos de esa decisión solo operaron desde el 1 de enero de
2022.

De igual forma, la sentencia transcrita advierte que la aclaración que hizo la Corte
acerca del momento de causación de este tributo, no corresponde a un obiter dicta,
en tanto que su objetivo fue precisar cuáles serían los efectos en el tiempo de la
sentencia de constitucionalidad.

Por la misma razón, el hecho de que la demandante haya discutido la liquidación
adicional en sede administrativa y judicial habilita el cobro del tributo, aunque no
haya una situación jurídica consolidada frente a los actos demandados, pues esta
noción se predica es de la causación del tributo que, para la vigencia 2021, ocurrió
el 1 de enero de ese año, como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia C-
147 de 20218.

En esas condiciones y tal como lo precisó la Sala en sentencia de 16 de abril de
20269, al haberse modulado los efectos de la sentencia C-147 de 2021 hasta el año

8
Al hacer referencia a las sentencias C-464 y C-484 de 2020.
9
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de abril de 2026, Exp. 27208, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.

7
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2022, no operó el decaimiento de los actos acusados ni del Decreto 1150 de 2020,
el cual produjo efectos durante la vigencia del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
No prospera el cargo de apelación.

En relación con la falsa motivación de los actos al incluir rubros no autorizados en
la base gravable de la contribución adicional liquidada en los actos acusados, con
fundamento en el parágrafo 2 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se reitera el
criterio de decisión expuesto por la Sala en la referida sentencia de 16 de abril de
202610 en que se sostuvo que, «para la determinación de la base gravable de la
contribución adicional procede la aplicación del parágrafo 2 artículo 85 de la Ley 142 de
1994, teniendo en cuenta que operó la reviviscencia de esa norma, conforme se explicó en
la sentencia C-484 de 202011»; de manera que, la remisión efectuada por el artículo
314 de la Ley 1955 de 2019, a la base regulada en el citado artículo 85 fuera
suficiente para que se incluyeran los gastos autorizados por el legislador en caso
de advertirse el faltante presupuestal12.

En cuanto a la motivación sobre la existencia de un faltante presupuestal que
justificara la inclusión de los rubros previstos en el parágrafo 2 del artículo 85 de la
Ley 142 de 1994, aducida por la apelante única, se reitera que la discusión técnica
del faltante presupuestal que conllevó a la ampliación de la base es un cargo que
debió plantearse en contra del acto administrativo de carácter general, ya que no
puede ser objeto de control judicial frente a los actos particulares, como lo ha
indicado la Sección en oportunidades anteriores13..

De lo expuesto, no se advierte la falsa motivación alegada por la apelante, conforme
a los argumentos de las sentencias reiteradas y a las razones expresadas en dichos
actos. Aunado a lo anterior, para la vigencia 2021 la contribución adicional se causó
el 1 de enero de ese año, período respecto del cual la Corte Constitucional indicó
que se configuró una situación jurídica consolidada16. En consecuencia, los cargos
de apelación carecen de vocación de prosperidad.

Las razones expuestas son suficientes para confirmar la sentencia de primera
instancia.

Condena en costas

De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP14,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA15, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, procede la
condena en costas en segunda instancia contra la demandante, al haberse resuelto
desfavorablemente el recurso de apelación y confirmado en todas sus partes la

10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de abril de 2026, exp. 27208, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
11
«109. Igualmente, cabe precisar que respecto de los efectos inmediatos y a futuro de esta decisión, a saber, a partir del
período o anualidad 2021, los sujetos activos del tributo no se encuentran en un escenario incierto, ya que, ante la declaratoria
de inexequibilidad de la modificación de la norma, se impone la consecuencia lógica de la plena vigencia del contenido
normativo original del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.»
12
En ese sentido, la sentencia de 9 de mayo de 2024, Exps. 26228 y 26256, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 7 de mayo de 2026, Exp. 29841, MP. Wilson Ramos Girón: y del 4 de
junio de 2026, Exp. 30280, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
14
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto (…) 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda. (…)». Se resalta.
15
«Artículo. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

8
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00407-01 (30406)
Demandante: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P.

sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un
(1) salario mínimo legal mensual vigente, por lo que se ordenará al tribunal tramitar
el respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme con las
reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, por las razones
expuestas en esta providencia.

2. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia, en el componente
de agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente. En
consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente de
liquidación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Presidente ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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