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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00484-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2023-00484-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, del 14 de agosto de 2025. 2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandada. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2023-00484-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2023-00484-01 (30723)
Demandante GRUPO DE ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución adicional para empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Año 2020. Artículo 314 de la
Ley 1955 de 2019. Reiteración de jurisprudencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 14 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que decidió 1:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Liquidación No. 220205340059746 (sic) de 1º de
septiembre de 2020, mediante la cual se liquidó la contribución adicional en favor de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por el año 2020 y de las Resoluciones
SSPD 20225300004825 del 12 de enero de 2022 y 20235000454855 de 10 de agosto de 2023,
por medio de las cuales se revolvió [sic] los recursos de reposición y apelación,
respectivamente.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la demandada devolver a la
demandante la suma de $652.184.741 que fue pagada conforme se encuentra acreditado con
la copia de la transacción electrónica del Banco Citibank de 22 de agosto de 2023, con número
de factura 20534005974630510, debidamente actualizada de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 187 del CPACA. y, respecto de la suma actualizada proceden intereses moratorios,
en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.
T ERCERO: Sin condena en costas.
[…]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación
adicional 20205340059746 del 1 de septiembre de 2020, por medio de la cual
determinó la contribución adicional regulada en el artículo 314 de la Ley 1955 de
2019 a cargo de Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., por el año 2020, por el
valor de $1.217.242.000.

La sociedad interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la anterior
decisión. La SSPD resolvió los recursos con las resoluciones 20225300004825 del
12 de enero de 2022 y 20235000454855 del 10 de agosto de 2023, en las que se
modificó el valor de la contribución fijándolo en $652.184.741.

1
Samai del tribunal, índice 40, página 24.

1
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Radicado: 25000-23-37-000-2023-00484-01 (30723)
Demandante: Grupo de Energía Bogotá S.A. E.S.P.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones 2:
3.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Liquidación Oficial SSPD No. 20205340059746 (2020534260105334E) del 01 de
septiembre de 2020 por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios con fundamento en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 (modificado por
el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019) liquida y ordena a GEB pagar la suma de
COP$1.217.242.000 por concepto de Contribución Adicional, correspondiente a la
vigencia 2020 (Energía).
• Resolución No. SSPD – 20225300004825 del 12 de enero de 2022 por medio de la cual
la Secretaría General de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
resolvió el recurso de reposición, modificando la Liquidación Oficial SSPD No.
20205340059746 (2020534260105334E) del 01 de septiembre de 2020, liquidando y
ordenando a GEB a pagar la suma de COP$652.184.741.
• Resolución No. SSPD –20235000454855 del 10 de agosto de 2023 por medio de la cual
la Secretaría General de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
resolvió el recurso de apelación, confirmando la modificación de la Liquidación Oficial
No. SSPD 20205340059746 (2020534260105334E) del 01 de septiembre de 2020 y la
Resolución No. SSPD – 20225300004825 del 12 de enero de 2022.
3.2. Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P. no está obligada a pagar la
contribución adicional correspondiente al año 2020 de que trata el artículo 314 de la Ley
1955 de 2019 y proceda con la devolución de la suma pagada por concepto de
contribución por COP$652.184.741 más los intereses de que trata el artículo 863 del E.T.

La demandante invocó como normas violadas los artículos 4, 6, 29, 95 (numeral 9),
150, 243, 338 y 363 de la Constitución Política; 683 del Estatuto Tributario; y 3, 43,
86, 91 y 137 de la Ley 1437 de 2011.

El concepto de violación se resume así:

Alegó la infracción de los principios de legalidad y de certeza tributaria3. Para esto,
explicó que el artículo 338 de la Constitución Política establece que las
contribuciones especiales únicamente tienen la finalidad de cubrir los costos en los
que incurren las entidades al prestar sus servicios. Por ello, la contribución adicional
desconoció los principios referidos, pues a través de ella se pretendió financiar el
Fondo Empresarial de la SSPD y, por esa vía, a las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios tomadas en posesión. Afirmó que, por este motivo,
la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad 4 del artículo 314 de la Ley 1955 de
2019, pues no guardaba relación con la porción de gastos públicos de la que se
benefician sus usuarios 5.

En cuanto al principio de certeza tributaria, destacó que fue tomada la misma base
gravable que se previó para la contribución especial del artículo 85 de la Ley 142 de

2
Samai del tribunal, índice 2, PDF de la demanda y anexos, páginas 3 a 4.
3
Citó la sentencia C-891 de 2012 de la Corte Constitucional.
4
Citó las sentencias C-464 de 2020; C-484 de 2020; y C-147 de 2021 de la Corte Constitucional.
5
Citó las sentencias C-152 de 1997; C-228 de 2009; C-307 de 2009 y C-420 de 2010 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Grupo de Energía Bogotá S.A. E.S.P.

1994, lo que dio lugar a una indeterminación insuperable de los elementos del
tributo6. Añadió que la existencia de dos tributos que recaen sobre el mismo hecho
gravable vulnera los principios de equidad y justicia en materia tributaria.

Adujo que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 18 y 314
de la Ley 1955 de 2019 con efectos inmediatos y hacia futuro. Además, señaló que
la liquidación oficial no está en firme, porque fueron ejercidos los recursos en su
contra y se presentó la demanda de la referencia. En consecuencia, aseguró que
no está consolidada su situación jurídica7, por lo que procede reconocer los efectos
de las sentencias de inexequibilidad referidas.

Señaló que fueron violados los principios de no confiscatoriedad y de justicia8, ya
que el tributo impuesto no consulta la capacidad contributiva del demandante,
desconoce el principio de justicia, no se determinó una base gravable clara e impone
una carga injusta, que consiste en financiar el Fondo Empresarial sin obtener un
beneficio por la contribuyente.

Explicó que, a la luz del artículo 18 ibidem, es responsabilidad de la SSPD determinar
para cada sujeto la base gravable de la contribución adicional, para lo cual se deben
tomar los costos y gastos totales devengados, de acuerdo con la técnica contable,
es decir, a las normas internacionales de información financiera (NIIF). Consideró
que esta remisión constituye una afrenta en contra del principio de reserva de ley,
toda vez que las normas tributarias son autónomas e independientes 9, y en esa
medida los elementos de los tributos no pueden quedar sometidos a elementos
extraños a las normas con rango de ley.

Censuró que los actos se expidieron con desconocimiento del principio de
irretroactividad de la ley tributaria10, y por lo mismo incurren en falsa motivación.
Como sustento de ello, manifestó que la base gravable se conformó a partir de
hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1955 de 2019,
justo como lo reconoció el Consejo de Estado en la sentencia del 16 de marzo de
202311. Al respecto puso de presente que se está tramitando ante la jurisdicción la
demanda de nulidad simple 12 en contra de la resolución SSPD 202010000033335 del
20 de agosto de 2020, precisamente por la vulneración al principio de
irretroactividad. Además, indicó que la demandada se fundamentó falsamente en
una norma que fue expulsada del ordenamiento jurídico, esto es, el artículo 18 de
la Ley 1955 de 2019.

Propuso inaplicar el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, en virtud de la excepción
de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución). Destacó que la sentencia C-
464 de 2020 declaró la inexequibilidad de dicha disposición, pero a partir del 1 de
enero de 2023. Empero, la sentencia C-147 de 2021 expulsó esa norma del
ordenamiento jurídico con efectos inmediatos, por violar del artículo 338 de la
Constitución, de modo que es claro que procede la inaplicación vía excepción por
la vigencia 2020.

6
Citó las sentencias C-1063 de 2003; C-449 de 2015; y C-622 de 2015 de la Corte Constitucional.
7
Citó las sentencias del Consejo de Estado, del 05 de julio de 2018, exp. 21862; del 29 de junio de 2017, exp. 21273; del
18 de febrero de 2016, exp. 20796; del 23 de julio de 2009, exp. 16404; del 04 de noviembre de 2021; y del 30 de
septiembre de 2021 (no identificó los consejeros ponentes).
8
Citó las sentencias C-364 de 1993; y C-160 de 1999 de la Corte Constitucional.
9
Citó la Ley 1314 de 2009.
10
Citó el artículo 363 de la Constitución Política.
11
Exp. 25531.
12
Rad. 11001032700020230001900, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

3
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Demandante: Grupo de Energía Bogotá S.A. E.S.P.

Consideró que los actos fueron expedidos con falta de motivación y violación del
debido proceso, pues no expusieron los motivos por los que la entidad requería más
ingresos ni explicó en detalle su presupuesto de gastos. En su lugar, la SSPD se
limitó a relacionar por medio de cuadros los ingresos por actividades ordinarias, los
gastos totales, las exclusiones, la base gravable y el valor total a pagar, pero no se
fundamentó cada uno de los elementos que llevaron a liquidar la obligación.

Además, aseguró que la SSPD perdió la competencia temporal para resolver los
recursos de reposición y apelación, en tanto la respuesta se dio luego de finalizado
el plazo legal de 2 meses para hacerlo, dado que los recursos fueron presentados
el 23 de septiembre de 2020, pese a lo cual, la reposición fue resuelta luego de
transcurridos un año y cuatro meses, el 12 de enero de 2022, y la apelación luego
de dos años y cuatro meses, el 11 de agosto de 2023.

Oposición de la demanda

La SSPD controvirtió las pretensiones 13, señalando que la controversia gira en torno
a determinar si esa entidad estaba obligada a aplicar los artículos 18 y 314 de la
Ley 1955 de 2019, mientras estuvieron vigentes las normas, pues los cargos de la
demanda se dirigen a demostrar la inconstitucionalidad de esta, sin que se
controvierta su reglamentación dada en el Decreto 1150 de 2020 y las resoluciones
20201000028355 del 10 de julio de 2020 y 20201000033335 del 20 de agosto del
mismo año.

Aseguró que la interpretación sobre la causación de las contribuciones de que tratan
los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 fue zanjada por la Corte
Constitucional, en las sentencias C-464 y C-484 de 2020 y C-147 de 2021. El primer
fallo declaró la inexequibilidad de los artículos 18 y 314, pero difirió sus efectos hasta
el 1 de enero de 2023; luego, la sentencia C-484 solo declaró la inconstitucionalidad
del artículo 18, pero salvaguardó las situaciones jurídicas consolidadas y,
finalmente, la sentencia C-147 de 2021 expulsó al artículo 314 del ordenamiento
jurídico, pero aclaró que procedía el cobro de las contribuciones adicionales ya
causadas para la fecha de su expedición y notificación. Por lo anterior, consideró
que en este caso es posible adelantar el cobro del tributo, lo cual calificó de situación
jurídica consolidada, distinguiendo la causación de la firmeza del acto
administrativo.

Además, destacó que no fue violado el principio de retroactividad tributaria porque,
si bien la base gravable tomó hechos económicos de 2019, la obligación surgió en
2020, cuando era aplicable la Ley 1955. Destacó que, por este motivo, la
jurisprudencia 14 ha sostenido que no existió exceso de la potestad reglamentaria en
la definición de los elementos del tributo por parte de la SSPD por el año 2020.

Planteó las excepciones de mérito que denominó «legalidad de los actos administrativos
demandados» y «existencia de situaciones jurídicas consolidadas»15, y solicitó condenar en
costas procesales a la demandante.

13
Samai del tribunal, índice 15. Expediente digital. «CONTESTACIONDEDEMA(.pdf)».
14
Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 26 de mayo de 2022, exp. 25441, M.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello; además los fallos del 27 de julio de 2023, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, exp. 11001-33-
37-039-2022-00012-01; y del 27 de octubre de 2023, Tribunal Administrativo de Boyacá, exp. 15001-33-33-009-2022-
00021-01.
15
La demandante se pronunció frente a estas excepciones reiterando sus argumentos de la demanda alusivos a la falta de
competencia de la sspd, la no configuración de una situación jurídica consolidada y la declaratoria de inexequibilidad de
la norma que sirvió de fundamento jurídico para expedir los actos demandados. Samai del Tribunal, índice 21.

4
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Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, anuló
los actos demandados, concedió el restablecimiento del derecho procedente y negó
la condena en costas, con fundamento en lo siguiente:

En cuanto al silencio administrativo positivo, aclaró que los recursos de reposición
y de apelación se tramitan con base en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, y no bajo el Estatuto Tributario. Así las cosas,
no son aplicables las disposiciones sobre la configuración del silencio administrativo
positivo tributario.

En su lugar, son aplicables las reglas del silencio administrativo negativo, en el cual,
la administración tenía competencia para decidir hasta antes de la notificación del
auto admisorio de la demanda 16. Así, puso de presente que la SSPD dio respuesta a
los recursos mediante las resoluciones del 12 de enero de 2022 y del 10 de agosto
de 2023, mientras que la demanda se radicó el 7 de diciembre de 2023 y se admitió
mediante auto proferido el 4 y notificado el 13 de marzo de 2024. En consecuencia,
concluyó que la demandada actuó de forma oportuna.
Respecto a los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, sostuvo que los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 se declararon inexequibles en las
sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021, pero los efectos
de esas decisiones se difirieron en el tiempo, de modo que para el año 2020 era
obligatoria la liquidación y pago de la contribución adicional, motivo por el cual no
prosperan los cargos de violación 17.
Sin perjuicio de lo anterior, encontró configurada la violación al principio de
irretroactividad, porque la liquidación de la contribución adicional se fundamentó en
la resolución 20201000033335 del 20 de agosto de 2020, acto administrativo de
carácter general que fijó la tarifa del tributo por el año 2020, y que fue anulado por
el Consejo de Estado 18.

En concreto, la anulación se presentó precisamente por el desconocimiento del
principio de irretroactividad, toda vez que los elementos de hecho que se tomaron
para la liquidación de la tarifa acaecieron en el curso del año 2019, es decir, con
anterioridad a que la Ley 1955 de 2019, adquiriera vigencia. Así, reconociendo la
identidad del problema jurídico resuelto por el Consejo de Estado, anuló los actos
demandados, por aplicación del precedente judicial.

A título de restablecimiento del derecho, ordenó la devolución del monto probado
como pagado, por concepto de pago de la contribución adicional por el año 2020,
debidamente actualizada, según lo prevé el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y
el reconocimiento de los intereses moratorios de los artículos 192 y 195 ibidem.

Finalmente, no impuso condena en costas, por no encontrarlas probadas.

Recurso de apelación

La parte demandada controvirtió la anterior decisión 19, para lo cual destacó que a
pesar de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955
16
Citó el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011. Citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta del 18 de octubre
de 2007, exp. 15484, M.P. Héctor Romero Díaz.
17
Invocó la sentencia del 9 de mayo de 2024, exp. 28271.
18
Citó la sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
19
Samai del tribunal, índice 43.

5
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de 2019, la SSPD estaba facultada para liquidar y cobrar la contribución adicional por
el año 2020, porque la Corte Constitucional salvaguardó el cobro de los tributos
causados en esa anualidad, especialmente en la sentencia C-147 de 2021.

Al respecto, señaló que los tributos causados en el año 2020 constituyen situaciones
jurídicas consolidadas, pues la Corte Constitucional adoptó como criterio la
causación de la obligación y no el momento de expedición de la resolución de
liquidación. Agregó que una conclusión contraria, en realidad, generaría inseguridad
jurídica y vulneraría el debido proceso de los contribuyentes que sí cumplieron con
sus obligaciones en el año 2020. Además, indicó que, de acuerdo con la
jurisprudencia, los hechos económicos que se deben tomar para la determinación
de la contribución son los del año inmediatamente anterior 20.

Afirmó que las normas declaradas inexequibles tienen vigencia hasta el momento
en que quede ejecutoriada la decisión que las expulsa del ordenamiento jurídico, de
modo que las situaciones jurídicas ocurridas antes de la sentencia y que se
encuadren en dicha norma, son susceptibles de aplicación y están llamadas a
generar consecuencias o efectos jurídicos 21. Sustentó lo anterior en que las
sentencias de inconstitucionalidad tienen efectos hacia el futuro, a diferencia de las
de nulidad de actos administrativos, que retrotraen el estado de cosas.

Manifestó que era improcedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad debido
a que, aunque se identificaron incompatibilidades entre la Ley 1955 y la
Constitución, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad con efectos diferidos
y reconoció que la causación del tributo era una situación jurídica consolidada, al
igual que lo señaló el Consejo de Estado 22.

Sostuvo que no hubo violación del principio de irretroactividad por los actos
acusados, pues no es lo mismo la causación del tributo y el agotamiento del trámite
para su determinación. Resaltó que la Ley 1955 de 2019 fue promulgada el 25 de
mayo de 2019, por lo que la norma existía antes de iniciar la vigencia fiscal 2020 y
la entidad estaba plenamente facultada para aplicarla

Adujo que la contribución adicional, al basarse en hechos ocurridos durante el año
inmediatamente anterior, no supone que tal contribución se constituya en un tributo
de periodo, ni que se esté gravando elementos acaecidos en la vigencia 2019.
Insistió en que, aunque la contribución es anual, no es de periodo, debido a que no
depende de hechos económicos surtidos dentro de un tiempo determinado, el hecho
generador está atado a la prestación de servicios de inspección, control y vigilancia
por parte de la SSPD por el año 2020, y la base gravable toma los costos y gastos
depurados del año anterior como referente, sin incidir en hechos o situaciones
previas a la ley.

Destacó que, si bien fue declarada la nulidad parcial de la resolución
20201000033335 de 2020, esta decisión se limitó a un aspecto específico del
referido acto administrativo y no invalida la liquidación en su totalidad, por lo que
persiste la obligación de pagar el tributo.

Finalmente, manifestó que la exoneración de los prestadores de servicios públicos

20
Citó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 15 de febrero de 2024, rad. 110013337-041-2021-
00113-01.
21
Citó la sentencia del Consejo de Estado, del 21 de mayo de 2009, rad. 25000-23-27-000-2003-00119-01, M.P. Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta.
22
Citó la sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 25441.

6
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del pago del tributo afecta negativamente la capacidad de la SSPD para cumplir sus
funciones de vigilar y garantizar la calidad y continuidad de los servicios públicos.

Oposición a la apelación

La demandante solicitó 23 confirmar la sentencia de primera instancia, en el
entendido de que se acreditó la violación al principio de irretroactividad. Insistió en
el deber de reconocer los efectos de la nulidad del acto administrativo de carácter
general, mediante el cual se fijó la tarifa de la contribución adicional por el año
202024, como se explicó en la sentencia del 26 de septiembre de 2024 25.

Intervención del ministerio público

El agente del ministerio público solicitó confirmar la sentencia 26. Explicó que los
artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 fueron declarados inexequibles por parte
de la Corte Constitucional, pero se salvaguardaron los efectos de las situaciones
jurídicas consolidadas antes de la adopción de esa decisión. Empero, en el caso
bajo examen, consideró que no hay una situación jurídica consolidada, en tanto que
está en discusión la legalidad de los actos de determinación. Por ello, aseguró que
los cargos de la demanda están llamados a prosperar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Le corresponde a la Sección estudiar la legalidad de la liquidación adicional
20205340059746 del 1 de septiembre de 2020, por medio de la cual la SSPD liquidó
la contribución adicional regulada en el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo
del Grupo de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., por el año 2020. Así como de las
resoluciones 20225300004825 del 12 de enero de 2022 y 20235000454855 del 10
de agosto de 2023, mediante las cuales resolvió los recursos de reposición y
apelación.

Para estos efectos, la sala analizará si la sentencia del 26 de junio de 2024 27, que
dispuso la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020, da lugar
a ordenar la nulidad de los actos de determinación acusados, tal como lo señaló el
tribunal en la sentencia de primera instancia.

Análisis del caso concreto

La entidad apelante sostuvo que la causación de las contribuciones por el año 2020
corresponde a situaciones jurídicas consolidadas, de modo que procede su
determinación y cobro, aun con la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la
resolución 20201000033335 de 2020. Indicó que no se trata de tributos de periodo,
por lo que no era posible violar el principio de irretroactividad, y que era
improcedente la inaplicación de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 por
la excepción de inconstitucionalidad.

Para resolver lo anterior, se debe tener presente que la sentencia del 26 de junio de
23
Samai del tribunal, índice 49.
24
Citó la sentencia del 26 de junio de 2024, exp. 27733, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
25
Consejo de Estado, Sección Cuarta, exp. 28781, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
26
Samai, índice 11.
27
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

7
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202428 declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020,
que sirvió de fundamento para los actos objeto del litigio.

En efecto, la sentencia referida explicó que la SSPD fijó la base gravable de la
contribución especial y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18
de la Ley 1955 de 2019, de tal modo que utilizó la información del año gravable
anterior (2019). Así las cosas, siguiendo el precedente de casos análogos 29
concluyó que la demandada «liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en
información (hechos) del mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019)» , por lo que
«se vulneró el principio de irretroactividad tributaria» . En este orden, declaró la nulidad del
artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020, acto proferido por la SSPD, «por
ser contrario al inciso final del artículo 338 y al artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la
aplicación retroactiva de las leyes tributarias».

Ahora, como lo ha explicado esta sección30, las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.

Por esto es que, en un litigio similar, la sala afirmó que «en los casos en que se anula el
acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no consolidadas» 31. Y,
de igual modo, concluyó que, como «la sentencia del 12 de noviembre de 2020 (que anuló el
artículo 2 de la resolución que la SSPD que fijó la base gravable para 2018) tiene efectos inmediatos
en este caso, como se indicó en la providencia que se reitera, no es procedente la liquidación del
tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos» 32.

Así pues, conforme la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
contribución adicional a cargo de la demandante por el 2020 con fundamento en
una resolución que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se
señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria a la
Constitución y la ley (…) como fundamento de un acto administrativo es su nulidad» 33.

De otro lado, se advierte que la jurisprudencia invocada en la apelación no
constituye precedente para este caso. Esto es así porque, como lo explicó el fallo
del 26 de junio de 2024, en la sentencia del 26 de mayo de 2022 34, «no (se) abordó el
estudio del principio de irretroactividad, frente a la base gravable del tributo, por no haber sido un
cargo de nulidad propuesto por la demandante» . Así mismo ocurrió con relación a las
Sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021, pues la Corte
Constitucional no analizó en ellas la violación del principio de irretroactividad
tributaria.

Por su parte, el fallo del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-000-2021-00113-
01, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, si
bien negó las pretensiones, no tiene identidad jurídica con este caso porque es
anterior a la sentencia de nulidad del 26 de junio de 2024 y, por tanto, no pudieron
28
Exp. 27733, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
29
La providencia citó los fallos del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, y del 18 de abril de 2024, exp. 26656, C.P. Milton
Chaves García; y del 31 de marzo de 2022, exp. 23729, y del 2 de mayo de 2024, exp. 28345, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto
30
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, exp. 21803, C.P. Milton Chaves García; y del
25 de febrero de 2021, exp. 23397, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
31
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 25197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
32
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 25197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
33
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
34
Ibidem.

8
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valorar los efectos inmediatos de esa decisión. De igual modo, dicha providencia no
constituye precedente vinculante para el Consejo de Estado como máximo tribunal
de lo contencioso administrativo.

Por lo anterior, no prospera la apelación interpuesta por la SSPD , por lo que la
Sección confirmará la decisión de primera instancia, que declaró la nulidad de los
actos acusados y el consecuente restablecimiento del derecho. Lo anterior, sin que
sea necesario estudiar los demás cargos de la apelación, relacionados con la
procedencia de la excepción de inconstitucionalidad y si la contribución especial y
adicional es un tributo de periodo.

Adicionalmente, la sala se abstiene de estudiar el restablecimiento del derecho
decretado en primera instancia porque no fue objeto de reproche en el recurso de
apelación, conforme el principio de congruencia de los artículos 320 y 328 del
Código General del Proceso.

Costas

No habrá pronunciamiento frente a la primera instancia, dado que no se apeló la
decisión del Tribunal de no imponerla. En cuanto a la condena en costas en esta
instancia (agencias en derecho y gastos del proceso), atendiendo lo previsto en el
numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso y según el criterio
mayoritario de la Sección contenido en la sentencia del 23 de septiembre de 2025 35,
se encuentra que, como se confirmó la sentencia dictada por el a quo, es procedente
condenar en costas en segunda instancia a la apelante, por concepto de agencias
en derecho.

Al efecto, se tasan esas agencias en un (1) SMMLV. Por tanto, se ordenará al
tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas
consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.

En cuanto a las expensas y gastos del proceso, atendiendo a ese mismo criterio, no
procede la condena, pues en el expediente no se verifica su causación en sede de
apelación, según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, del 14 de agosto de 2025.

2. Condenar en costas en segunda instancia a la demandada. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

35
Exp.28292, M. P. Wilson Ramos Girón.

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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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