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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2024-00060-02

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2024-00060-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 12 de marzo de 2026, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. 2. CONDENAR en costas en esta instancia a la demandada. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-37-000-2024-00060-02

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 25000-23-37-000-2024-00060-02 (31368)
Demandante CENTRAL TERMOELÉCTRICA EL MORRO 2 S.A.S. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución adicional para empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios. Año 2020. Artículo 314 de la
Ley 1955 de 2019. Reiteración de jurisprudencia. Costas
procesales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia del 12 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que decidió1:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de Liquidación Adicional 20205340059916 del 1° de septiembre
de 2020 y de las Resoluciones SSPD 20215300781515 del 6 de diciembre de 2021 y
20235000739595 del 15 de noviembre de 2023, a través de las cuales se liquidó la
contribución adicional para la vigencia 2020 y se resolvieron los recursos de reposición y
apelación, respectivamente, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLARAR que la
Empresa de Servicios Públicos Central Termoeléctrica El Morro 2 S. A. S., no está obligada a
realizar el pago de la contribución adicional del año 2020, determinada en los actos declarados
nulos, de conformidad con lo indicado en la parte motiva.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: CONDENAR en costas en 6 SMLMV a la parte demandada de acuerdo con lo dicho en
la motivación. En consecuencia, ordénese al secretario de la sección cuarta de esta
Corporación Judicial tramitar el respectivo incidente de liquidación de costas (agencias en
derecho), conforme a las reglas previstas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
[…]

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) expidió la liquidación
adicional 20205340059916 del 1 de septiembre de 2020, que determinó la
contribución adicional del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo de Central
Termoeléctrica El Morro 2 S.A.S. E.S.P., por el año 2020.

La sociedad interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación contra
la anterior decisión, los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones
20215300781515 del 6 de diciembre de 2021 y 20235000739595 del 15 de noviembre
de 2023, respectivamente, de manera negativa.
1
Samai de tribunal, índice 44, págs. 25 a 26

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-37-000-2024-00060-02 (31368)
Demandante: Central Termoeléctrica el Morro 2 S.A.S. E.S.P.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones en el escrito de la demanda2:
3.1. Primera: Que como pretensión principal se declare la nulidad en su totalidad de la
liquidación de la contribución adicional 2020 Liquidación Adicional No. 20205340059916
del 01 de septiembre de 2020, así como de los actos administrativos Resoluciones SSPD
Nos. 20215300781515 del 06 de diciembre de 2021 y 20235000739595 del 15 de
noviembre de 2023, mediante las cuales la citada Entidad resolvió los recursos de
reposición y apelación respectivamente, de acuerdo con los cargos que más adelante
se enervan.
3.2. Segunda: Que, como pretensión subsidiaria y solo en caso de no declararse la nulidad
total de la liquidación de la contribución adicional 2020 No. 20205340059916 del 01 de
septiembre de 2020, así como en caso de negarse la nulidad total de los actos
administrativos Resoluciones SSPD Nos. 20215300781515 del 06 de diciembre de 2021 y
20235000739595 del 15 de noviembre de 2023, mediante las cuales la citada Entidad
resolvió los recursos de reposición y apelación respectivamente, de forma subsidiaria
se ordene la reliquidación de la contribución demandada con sustento en el cargo
subsidiario especifico que sobre el particular más adelante se enerva.
3.3. Tercera: Que, en todo caso, ante la prosperidad total o parcial de cualquiera de las
anteriores pretensiones, como consecuencia de las declaraciones de nulidad de los
actos demandados o de las ordenes de reliquidación según se decrete, se le
restablezcan a la accionante sus derechos y se ordene la devolución de la totalidad de
los dineros que haya pagado y/o que pague en el futuro con ocasión de la liquidación
de la contribución adicional 2020 No. 20205340059916 del 01 de septiembre de 2020,
así como de los actos administrativos Resoluciones SSPD Nos. 20215300781515 del 06
de diciembre de 2021 y 20235000739595 del 15 de noviembre de 2023, mediante las
cuales la citada Entidad resolvió los recursos de reposición y apelación
respectivamente, o se ordene la devolución de los dineros que se haya pagado y/o que
paguen en el futuro en exceso con ocasión de los mismos actos administrativos
demandados.
3.4. Cuarta: Que se ordene en favor de la accionante la devolución de cualquiera suma de
dinero que se le embargue o impute como pago por el cobro de la liquidación de la
contribución adicional 2020 No. 20205340059916 del 01 de septiembre de 2020.
3.5. Quinta: Que se ordene que de conformidad con lo establecido en el inciso 4 del artículo
187 de la Ley 1437 de 2011, la accionada debe devolver las sumas actualizadas de
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
3.6. Sexta: Que, en caso de prosperar las pretensiones, si la accionada no da cumplimiento
al fallo dentro del término establecido en el inciso 3 del artículo 192 de la Ley 1437 de
2011, se le condene al pago de intereses moratorios.
Finalmente se solicita condenar en costas a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS de considerarse que se configuró cualquiera de las causales en el presente
proceso.

Invocó como normas violadas los artículos 4, 6, 29, 95, 121, 338 y 363 de la
Constitución Política; 42, 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011; 732 y 734 del Estatuto
Tributario; y 79 de la Ley 142 de 1994.

El concepto de la violación se resume, así:

2
Samai de tribunal, índice 2. Archivo ZIP, PDF demanda, págs. 3 a 4.

2
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Radicado: 25000-23-37-000-2024-00060-02 (31368)
Demandante: Central Termoeléctrica el Morro 2 S.A.S. E.S.P.

Señaló que la Superintendencia carecía de competencia3 para proferir los actos que
resolvieron los recursos de reposición y apelación, interpuestos contra la liquidación
adicional, toda vez que para dicho momento el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019,
que creó la contribución adicional para el fortalecimiento empresarial, fue retirado
del ordenamiento jurídico por la sentencia C–147 del 20 de mayo de 2021, la cual
tuvo efectos hacia el futuro.
Alegó la existencia de una falsa motivación4 por varios motivos. En el primero,
manifestó que la SSPD, al resolver el recurso de apelación, se sustentó erradamente
en los efectos diferidos de las sentencias C-464 y C-484 de 2020 y expuso que la
sentencia C-147 de 2021 concluyó que las contribuciones causadas con
anterioridad a la decisión podían ser liquidadas por la autoridad; sin embargo,
resaltó que esta argumentación era errada, porque en el fallo la Corte aclaró que
los efectos de la declaratoria de inexequibilidad eran inmediatos y no tendrían
ninguna modulación5.
En el segundo, adujo que la Superintendencia no podía interpretar de forma
diferente los efectos que textualmente definió la Corte Constitucional, puesto que la
lectura realizada por la entidad dejaba prácticamente sin efectos la decisión de
inexequibilidad del artículo 314 de la Ley 1955 de 2019.
En tercer lugar, de forma subsidiaria, expuso que, aunque se aceptara que la SSPD
podía continuar con el trámite, se debía observar los efectos de la contribución
adicional, sobre la cual determinó que las únicas actuaciones que quedaban por
fuera de lo decidido eran las situaciones jurídicas consolidadas, aspecto que
también consideró indebidamente interpretado por parte de la entidad, ya que lo
mencionado solo se reconoce respecto de las liquidaciones que además de estar
expedidas ya se encontraban consolidadas, es decir, que estaban en firme antes
de la fecha de la decisión constitucional6.
En cuarto lugar, explicó que la superintendencia desconoció que la contribución
especial es un tributo de período, y no de causación inmediata7; ya que la base
gravable usada para determinar la contribución se configuraba sobre los costos y
gastos de funcionamiento asociados al servicio del período anual respectivo, como
lo precisó el párrafo 61 de la sentencia C-147 de 2021.
Sostuvo que los actos demandados impusieron una doble tributación a la compañía,
pues se cobró la contribución especial y la contribución adicional, para el año 2020.
Indicó que, como lo dijo la Corte en la sentencia mencionada, la base gravable de
la contribución especial adicional tenía como concepto la recuperación de los costos
por la prestación del servicio de inspección y vigilancia, lo cual ya estaba previsto
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 (contribución especial), cuestión que fue la
razón fundamental para la declaratoria de inexequibilidad.
Afirmó que las resoluciones fueron expedidas de forma irregular, al haber fundado
el procedimiento realizado en el Decreto 1150 del 18 de agosto de 2020, cuando
esta normativa ya había desaparecido del ordenamiento jurídico, en virtud del
decaimiento del acto administrativo, para el momento de expedición de los actos.
3
Citó la sentencia del 12 de agosto de 2013, exp. 23088, M.P. Enrique Gil Botero.
4
Citó, entre otras, la sentencia del 8 de febrero de 2007, exp. 15298, M.P. María Inés Ortiz Barbosa; del 23 de marzo de
2017, exp. 0034-2016, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; y del 12 de octubre de 2017, exp. 19950, M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
5
Hizo mención a los párrafos 75 y 77 de la sentencia C-147 de 2021, así como del acápite «F. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN».
6
Citó, entre otras, la sentencia del 30 de julio de 2015, exp. 19441, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 24 de
julio de 2015, exp. 16544, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7
Citó la sentencia del 17 de junio de 2021, exp. 24575, M.P. Milton Chaves García.

3
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Radicado: 25000-23-37-000-2024-00060-02 (31368)
Demandante: Central Termoeléctrica el Morro 2 S.A.S. E.S.P.

Adujo que, adicional a lo mencionado, existió una falta de competencia temporal,
toda vez que operó el silencio administrativo positivo, al haber transcurrido más de
un año desde la interposición del recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
(el 25 de septiembre de 2020), dado que la resolución que resolvió el recurso de
reposición se expidió el 6 de diciembre de 2021.

Señaló la violación del principio de irretroactividad tributaria8, lo que daba lugar a la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de la resolución SSPD
0201000033335 del 20 de agosto de 2020 (acto de carácter general), al determinar
la base gravable con hechos ocurridos durante el año 2019, cuando la ley que
autorizaba el cobro de la contribución adicional fue expedida en la misma anualidad,
ya que esta norma solo permitía su aplicación a partir del período siguiente a su
vigencia.

Agregó que no existió el acto previo que se requiere en el modelo coercitivo para
proferir el acto de liquidación oficial, el cual permite al contribuyente controvertir la
determinación de la tarifa hecha por la superintendencia previo al cobro
independiente del tributo.

Así mismo, incluyó dentro de la liquidación adicional rubros que no debían ser
incluidos de conformidad con la norma aplicable, puesto que la base gravable solo
podía integrarse exclusivamente por gastos de funcionamiento.

Oposición de la demanda

La SSPD solicitó negar las pretensiones9, para lo que señaló que la controversia gira
en torno a determinar si esa entidad estaba obligada a aplicar los artículos 18 y 314
de la Ley 1955 de 2019, mientras se encontraban vigentes, pues los cargos de la
demanda se dirigen a demostrar la inconstitucionalidad de esas disposiciones.

Indicó que la interpretación sobre la causación de las contribuciones de los artículos
18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 fue objeto de discusión zanjada por la Corte
Constitucional. De manera que, pese a que las normas mencionadas se declararon
inexequibles, el efecto de ello se difirió inicialmente hasta el 1 de enero de 2023, y
luego hasta la notificación de la sentencia C–147 de 2021, es decir, el 14 de julio
del mismo año.

Advirtió que los fallos de la Corte Constitucional salvaguardaron los efectos de las
disposiciones por el año 2020, y que en ese mismo sentido se pronunció el Consejo
de Estado en la sentencia del 26 de mayo de 202210.

Planteó las excepciones de mérito que denominó i) legalidad de los actos
administrativos demandados y ii) existencia de situaciones jurídicas consolidadas,
las cuales se fundamentaron en los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda11. Solicitó condenar en costas procesales a la demandante.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, declaró
la nulidad de los actos demandados, determinó que la demandante no estaba

8
Citó la sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, M.P. Milton Chaves García.
9
Samai de tribunal, índice 15. PDF 21.
10
No indican radicado del expediente, sin embargo, manifiestan que la ponente es la Dra. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
11
La demandante se pronunció frente a estas excepciones reiterando los argumentos de la demanda. Samai tribunal, índice
16, PDF 28.

4
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Demandante: Central Termoeléctrica el Morro 2 S.A.S. E.S.P.

obligada a pagar el tributo liquidado por la SSPD, negó las demás pretensiones de la
demanda e impuso condena en costas a la demandada, por lo siguiente12:
Expuso los hechos probados del proceso, como el contenido de las normas y
jurisprudencia aplicables al caso en concreto.
Señaló que la sentencia C-147 de 2021 se estuvo a lo resuelto en las sentencias
C-464 de 2020 y C-484 de la misma anualidad, y declaró la inexequibilidad del
artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, en la que se aclaró que los efectos de la
sentencia eran hacía el futuro, concluyendo que «para el año 2020, las contribuciones
generadas constituían situaciones jurídicas consolidadas que debían respetarse»13.

Luego, con relación a las situaciones jurídicas consolidadas, indicó que el Consejo
de Estado14 dispuso que esta condición no puede existir cuando la legalidad de los
actos administrativos se encuentra en discusión en sede judicial. Precisó que la
declaratoria de inexequibilidad no bastaba para declarar la nulidad de los actos
demandados.
No obstante, advirtió que el Consejo de Estado, en sentencia del 26 de junio de
202415, anuló el artículo 2 de la resolución SSPD 20201000033335 del 20 de agosto
de 2020, el cual sirvió como fundamento para la expedición de los actos liquidatorios
de la contribución que se discute, destacando que los efectos de dicha nulidad eran
de carácter inmediato sobre los asuntos jurídicos no consolidados16, como lo era el
caso en concreto al encontrarse aún en trámite.
En ese sentido, hizo extensión de la decisión y declaró la nulidad de los actos
demandados, por lo que se abstuvo de pronunciarse sobre los demás cargos de la
demanda. Como restablecimiento del derecho, declaró que la demandante no
estaba obligada a pagar la suma establecida para la contribución adicional para el
año 2020 y, al no encontrar prueba que demostrara el pago efectivo por el tributo,
negó la devolución solicitada por la compañía.
Por último, impuso condena en costas y agencias en derecho a la SSPD, al ser la
parte vencida dentro del proceso, en un 3% del valor de las pretensiones; sin
embargo, al observar que la suma superaba los 6 SMLMV, dispuso este último
concepto como condena, de conformidad con la sentencia del 23 de septiembre de
202517 y el acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de la misma anualidad.
Recurso de apelación
La SSPD sustentó su recurso de apelación18 en que, si bien los artículos 18 y 314 de
la Ley 1955 de 2019 fueron declarados inexequibles, la Corte Constitucional difirió
los efectos de sus decisiones, con lo cual consideró que, para la vigencia 2020, la
entidad debía liquidar la contribución adicional, por tratarse de una situación jurídica
consolidada, la cual se refería a la causación y no a la expedición de la respectiva
liquidación.
Destacó que las sentencias de constitucionalidad solo tienen efectos hacia el futuro19
, e indicó que para el caso en concreto no era aplicable la excepción de

12
Samai de tribunal, índice 44.
13
Ibidem, págs. 19 y 20.
14
Citó el exp. 28328, M.P. Milton Chaves García, sin identificar providencia.
15
Exp. 27733, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
16
Citó la sentencia del 8 de agosto de 2024, exp. 28328, M.P. Milton Chaves García.
17
Exp. 28292, M.P. Wilson Ramos Girón.
18
Samai de tribunal, índice 48.

5
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inconstitucionalidad, porque existe un amplio precedente que obedece a los
pronunciamientos de la Corte Constitucional y permiten la liquidación y cobro de la
contribución por el año 2020, pese a su inexequibilidad20, en concreto la sentencia
del 26 de mayo de 2022 del Consejo de Estado21.

Adujo que no fue violado el principio de irretroactividad por haber tomado
información del año 2019 para la liquidación de la contribución de 2020, pues la
contribución no es un tributo de periodo, aunque es anual, en la medida que el hecho
generador corresponde a la prestación de servicios de inspección, control y
vigilancia por el año 2020. Además, indicó que la base gravable toma costos y
gastos depurados del año anterior como referente, sin incidir en hechos o
situaciones previas a la ley22.

Aseguró que la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020 no
invalidó la obligación de pagar el tributo a cargo de la demandante, y no se puede
desconocer que el objetivo de la contribución adicional radica en recuperar los
costos en que incurre la SSPD. De este modo, concluyó que, en garantía de los
principios de seguridad jurídica y estabilidad de las relaciones jurídicas, no es
posible modificar retroactivamente la situación de los contribuyentes que cumplieron
con sus obligaciones en el 2020.

Manifestó que la obligación de pagar la contribución adicional ya se había
perfeccionado, por lo que es exigible, en virtud del respeto a los derechos adquiridos
y las situaciones jurídicas consolidadas. De allí que los actos demandados no hayan
sido violatorios del principio de irretroactividad.

Señaló que no podía liquidar la base gravable aplicando la previsión consagrada en
el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 antes de su reforma, puesto que, para el año
2020, esa disposición había sido modificada con el artículo 18 de la Ley 1955 de
2019, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por último, manifestó que la condena en costas impuesta por el tribunal desconoció
el acuerdo PCSJA25-12355 de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual
dispone que el juez tendrá la obligación de realizar una graduación razonada, lo
cual no ocurrió en el caso en concreto, teniendo en cuenta que solo fijó el tope
máximo sin realizar justificación alguna; además, resaltó que en la práctica judicial
las agencias en derecho se han fijado en 1 SMLMV.

Oposición a la apelación

La demandante23 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Señaló que,
si bien las sentencias C-464 de 2020 y C-484 del mismo año se profirieron con
efectos diferidos, no se podía desconocer que la sentencia C-147 de 2021 fue la
que retiró del ordenamiento jurídico el artículo 314 de la Ley 1955 de 2019, la cual
no contenía ninguna modulación.

Además, reiteró que la Superintendencia cobró indebidamente la contribución
adicional a cargo de la compañía, al pretender revivir una norma que había sido
declarada inexequible, así como por identificar el asunto como una situación jurídica

19
Citó la sentencia del 21 de mayo de 2009, exp. 25000-23-27-000-2003-00119-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
20
Citó la sentencia C-147 de 2021, C-484 de 2020 y C-464 del mismo año.
21
Exp. 25441.
22
Citó la sentencia del 15 de febrero de 2024, exp. 11001-33-37-041-00113-01, sin especificar el tribunal ponente.
23
Samai de tribunal, 49.

6
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Radicado: 25000-23-37-000-2024-00060-02 (31368)
Demandante: Central Termoeléctrica el Morro 2 S.A.S. E.S.P.

consolidada, cuando aún la contribución no se había causado ni liquidado para el
momento en que se expulsó la norma del ordenamiento jurídico, dado que no se
habían decidido los recursos interpuestos.
A partir de lo anterior, solicitó aplicar la excepción de inconstitucionalidad por la
vulneración al principio de irretroactividad tributaria24, mencionando distintas
decisiones del Consejo de Estado en las que se tuvo en cuenta la sentencia del 26
de junio de 202425, que declaró la nulidad de la resolución general que fijó la base
gravable de la contribución para el año 2020.
De igual forma, solicitó declarar de oficio una segunda excepción de
inconstitucionalidad por violación al debido proceso (artículo 29 de la Constitución),
pues no se expidió el acto administrativo previo ordenado por el artículo 42 de la
Ley 1437 de 2011. Asimismo, propuso una tercera excepción de
inconstitucionalidad por vulneración al principio de legalidad tributaria, en la medida
en que la liquidación incluyó rubros ajenos a los gastos de funcionamiento que
excedieron los límites del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, solicitando
subsidiariamente la reliquidación. En caso de revocarse el fallo, pidió que se decidan
los cargos por falta de competencia temporal por silencio administrativo positivo,
expedición irregular y falsa motivación.
Por último, resaltó que la condena en costas impuesta por el a quo se ajustó a la
normativa y jurisprudencia aplicable, en concreto, a la sentencia del 23 de
septiembre de 202526 y el acuerdo expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico
Corresponde a la Sección27 decidir sobre la legalidad de la liquidación adicional
20205340059916 del 1 de septiembre de 2020, así como de las resoluciones
20215300781515 del 6 de diciembre de 2021 y 20235000739595 del 15 de noviembre
de 2023, expedidas por la SSPD para determinar la contribución adicional del artículo
314 de la Ley 1955 de 2019, a cargo de Central Termoeléctrica El Morro 2 S.A.S.
E.S.P., por el año 2020.
Para estos efectos, la sala analizará si la sentencia del 26 de junio de 202428, que
declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de 2020, permite
acceder a la pretensión de nulidad de los actos de determinación acusados, tal
como lo señaló el tribunal en la sentencia de primera instancia.
Análisis del caso concreto

24
Citó la sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 25531, M.P. Milton Chaves García.
25
Exp. 27733, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
26
Exp. 28292, M.P. Wilson Ramos Girón.
27
Mediante auto del 19 de febrero de 2026, se aceptó el impedimento manifestado por el Consejero Luis Antonio Rodríguez
Montaño, separándolo del conocimiento del presente asunto.
28
Exp. 27733, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Radicado: 25000-23-37-000-2024-00060-02 (31368)
Demandante: Central Termoeléctrica el Morro 2 S.A.S. E.S.P.

La entidad apelante sostuvo que la causación del tributo por el año 2020 es una
situación jurídica consolidada, de modo que procede su determinación y cobro, aun
con la declaratoria de nulidad del artículo 2 de la resolución 20201000033335 de
2020. Indicó que no se trata de un tributo de periodo, por lo que no era posible violar
el principio de irretroactividad, y que era improcedente la inaplicación de los artículos
18 y 314 de la Ley 1955 de 2019 por la excepción de inconstitucionalidad.

Para decidir, la Sección pone de presente que profirió la sentencia del 26 de junio
de 202429, mediante la cual declaró la nulidad del artículo 2 de la resolución
20201000033335 de 2020, que sirvió de fundamento para los actos objeto del litigio.

La sentencia referida explicó que la SSPD fijó la base gravable de la contribución
especial y adicional por el año 2020 con fundamento en el artículo 18 de la Ley 1955
de 2019, de tal modo que utilizó la información del año gravable anterior (2019). Así
las cosas, siguiendo el precedente de casos análogos30, concluyó que la
demandada «liquidó la contribución cuestionada (2020) con base en información (hechos) del
mismo año en el cual se expidió la citada Ley 1955 (2019)», por lo que «se vulneró el principio de
irretroactividad tributaria». En este orden, declaró la nulidad del artículo 2 de la
resolución 20201000033335 de 2020 de la SSPD, «por ser contrario al inciso final del artículo
338 y al artículo 363 de la Carta, este último que proscribe la aplicación retroactiva de las leyes
tributarias».

Ahora, como lo ha explicado esta Sección31, las sentencias que declaran la nulidad
de un acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.

Es por esto que, en un litigio similar, la sala afirmó que «en los casos en que se anula el
acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no consolidadas»32. Y, de
igual modo, concluyó que, como «la sentencia del 12 de noviembre de 2020 tiene efectos
inmediatos en este caso, como se indicó en la providencia que se reitera, no es procedente la
liquidación del tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos operativos»33.

Así pues, conforme a la citada sentencia del 26 de junio de 2024, para este caso los
actos acusados desconocieron las garantías constitucionales, pues determinaron la
contribución adicional a cargo de la actora por el 2020 con fundamento en una
resolución que, a su vez, desconoció el principio de irretroactividad. Y, como se
señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una norma contraria a la
Constitución y la ley […] como fundamento de un acto administrativo es su nulidad»34.

De otro lado, la Sección advierte que la jurisprudencia invocada en la apelación no
constituye precedente para este caso. Esto es así porque, como lo explicó el fallo
del 26 de junio de 2024, en la sentencia del 26 de mayo de 202235 «no [se] abordó el
estudio del principio de irretroactividad, frente a la base gravable del tributo, por no haber sido un
cargo de nulidad propuesto por la demandante». Así mismo ocurrió con relación a las
sentencias C-464 de 2020, C-484 del mismo año y C-147 de 2021, pues la Corte
29
Exp. 27733, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
30
La providencia citó los fallos del 16 de marzo de 2023, exp.25531, y del 18 de abril de 2024, exp.26656, M.P. Milton
Chaves García; y del 31 de marzo de 2022, exp.23729 del 2 de mayo de 2024, exp.28345, M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
31
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, exp.21803, M.P. Milton Chaves García; y del
25 de febrero de 2021, exp.23397, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
32
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp.25197, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
33
Ibidem.
34
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
35
Exp. 25441, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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Demandante: Central Termoeléctrica el Morro 2 S.A.S. E.S.P.

Constitucional no analizó en ellas la violación del principio de irretroactividad
tributaria.

Según lo expuesto, no prosperó la apelación interpuesta por la SSPD, por lo que la
Sección confirmará la decisión de primera instancia, que declaró la nulidad de los
actos acusados y ordenó el consecuente restablecimiento del derecho. Lo anterior,
sin que sea necesario estudiar los demás cargos de la apelación, relacionados con
la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad y si la contribución adicional
es un tributo de periodo.

Costas

La SSPD indicó que la condena impuesta por el tribunal desconoció lo expuesto en
el acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la
Judicatura, el cual dispone que el juez tendrá la obligación de graduar
razonablemente la imposición de costas, resaltando que en asuntos similares las
agencias en derecho se han fijado en 1 SMLMV. Además, aseguró que el Tribunal no
justificó la tasación de la condena impuesta.

Al respecto, es pertinente señalar que la condena en costas está conformada por
las expensas y gastos del proceso, así como las agencias en derecho, de
conformidad con el artículo 361 del Código General del Proceso.

Según lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del ibidem, aplicable por
remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, se condena a la parte vencida en el proceso o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso; y si se confirma en todas sus partes la
sentencia de primera instancia, la recurrente se condenará en segunda instancia, lo
cual se configura en el presente asunto.

Ahora bien, los gastos del proceso deben probarse en el respectivo incidente de
liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del Código
General del Proceso. Sin embargo, las agencias en derecho están establecidas en
los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, que corresponde
actualmente al acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 que consagra
en el numeral 11 del artículo 1 que en primera instancia se tasan entre 3% y 7.5%
de las pretensiones, sin superar 6 SMLMV, y en segunda, entre 1 y 3 SMLMV.

En ese sentido, se evidencia que el Tribunal, en primera instancia, fijó las agencias
en derecho en los siguientes términos:
Atendiendo los criterios de dificultad en el tema, pruebas practicadas, audiencias y recursos,
ha sido tesis de esta subsección, condenar en un 3% del valor de las pretensiones; sin
embargo, teniendo en cuenta que, por el valor de las pretensiones, el 3% supera los 6 SMLMV,
que es el máximo a condenar por este concepto, se dispone que la condena sea de 6 SMLMV,
para lo cual, se ordenará al secretario de la Sección Cuarta de esta Corporación tramitar el
respectivo incidente de liquidación de costas, conforme a las reglas previstas en el artículo
366 del Código General del Proceso.

Según se observa, contrario a lo dicho por la apelante, el a quo sí explicó los criterios
en que fundamentó la condena en costas, al referirse a la dificultad del litigio, las
pruebas practicadas, las audiencias y los recursos. De este modo, optó por aplicar
la tarifa mínima autorizada en el acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025, del 3% del valor de las pretensiones, pero limitadas a 6 SMLMV. De este modo,

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la imposición se ajustó en derecho y resulta proporcional, por lo que no prospera el
cargo de apelación.

En esta instancia, también procede la condena en costas en contra de la
demandada, por cuanto no prosperó su recurso de apelación. Para esto, las
agencias se fijan en un (1) SMLMV, atendiendo la norma expuesta. Por ende, se
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 12 de marzo de 2026, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.

2. CONDENAR en costas en esta instancia a la demandada. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé el trámite al respectivo incidente conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Con aclaración de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
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