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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00336-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00336-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a excepción del ordinal cuarto de la parte resolutiva, el cual se REVOCA, para, en su lugar, NEGAR la condena en costas de primera instancia, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2012-00336-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diez (10) de septiembre del dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-41-000-2012-00336-01
Demandante: CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Licencia de construcción. Áreas de reserva vial
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia. Sin condena en
costas en esta instancia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 22 de noviembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual resolvió negar todas las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante.

I.- ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 14 de septiembre de 20121, la Sociedad CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S., por
conducto de apoderado judicial, presentó demanda contra el Distrito Capital de Bogotá-
Secretaría Distrital de Planeación-, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En dicha oportunidad, formuló
las siguientes pretensiones:

PRETENSIONES

1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 0294 del 01 de marzo de 2012, mediante la
cual se REVOCÓ la Licencia de Construcción LC 11-2-1061- del 25 de noviembre
de 2.011, expedida por el Curador Urbano No. 2 de Bogotá, D.C.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
declarar que la licencia de Construcción No. LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de
2.011, expedida por el Curador Urbano No. 2 de Bogotá, D.C., adquirirá plena
vigencia a partir del momento en que quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin
al presente proceso.

3. Como consecuencia de la pretensión primera, condenar a la demandada a reparar
los daños ocasionados a mi mandante, los cuales, a la fecha, ascienden a la suma
total de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
VEINTINUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA
Y CINCO CENTAVOS ($ 742,929,364.65), más lo que se probare en el proceso y
resultare a la fecha de ejecutoria del fallo.

1 SAMAI, Índice 38, documento «CUADERNO TRIBUNAL».

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00336-01
Demandante: CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación

Tales perjuicios se discriminan así:

a. Daño emergente: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLÓN
NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS ($ 251.908.705),
con ocasión de los gastos generados en el trámite de la licencia de
construcción que resultó revocada.

b. Lucro cesante: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLÓN VEINTE MIL
SEISCIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 491.020.659.65), representados en las utilidades que la
sociedad que represento ha dejado de percibir, con ocasión de la revocatoria
de la licencia de construcción No. LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de 2011.

4. Que se ordene la indexación de las sumas descritas.
5. Que se reconozcan y paguen los intereses moratorios sobre las sumas descritas
anteriormente y lo que se probare en el proceso, hasta que se haga efectivo el pago
correspondiente, a la tasa máxima certificada por la Superfinanciera.
6. Para el cumplimiento de la Sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos 176
y 177 del C.C.A.
7. Condenar en costas a la parte demandada. [Se transcribe literalmente las
pretensiones con errores gramaticales y de sintaxis que puedan existir en el texto]

1.1.1. Fundamentos de hecho

En el acápite correspondiente, se señaló que, el 13 de abril de 2011, el representante legal
de la empresa CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S. solicitó licencia de construcción en
modalidad de «obra nueva» en el predio identificado con Matricula Inmobiliaria núm. 50N-
301002 ante el Curador Urbano núm. 2 de Bogotá.

El 25 de noviembre de 2011, el Curador Urbano núm. 2 de Bogotá concedió la Licencia de
Construcción núm. LC- 11-2-1061. Por medio de apoderado judicial, el representante legal
de la Propiedad Horizontal Agrupación Antigua Helvética presentó contra esa licencia
recurso de reposición y en subsidio apelación.

El 17 de enero de 2012, el Curador Urbano núm. 2 decidió el recurso de reposición mediante
la Resolución núm. 12-2-0029. En esa resolución se confirmó la licencia de construcción y
concedió el recurso de apelación.

El demandante argumentó que el recurso de apelación concedido fue radicado ante la
Secretaría Distrital de Planeación el 24 de enero de 2012 para su estudio y decisión.
Posteriormente, la Dirección de Trámites Administrativos de la Subdirección Jurídica remitió
el expediente a la Dirección de Norma Urbana para la elaboración del correspondiente
concepto técnico, el cual fue emitido el 20 de febrero de 2012 e incorporado a la decisión
demandada. Asimismo, la Dirección de Información, Cartografía y Estadística expidió, a
solicitud de la Dirección de Norma Urbana, un concepto técnico que fue objeto de solicitudes
de aclaración por parte de la Dirección de Trámites Administrativos de la Subsecretaría
Jurídica, precisiones que finalmente fueron emitidas mediante memorando del 1 de marzo
de 2012.

El 1 de marzo de 2012, la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00336-01
Demandante: CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación

profirió la Resolución núm. 02942, por medio de este acto administrativo se resolvió el
recurso de apelación interpuesto en contra de Licencia de Construcción núm. LC- 11-5-
1061, y se revocó íntegramente la licencia de construcción.

El demandante destacó que la Secretaría Distrital de Planeación estableció que sobre el
predio objeto de la licencia de construcción impugnada existía una zona de reserva vial
destinada a la ejecución del proyecto Avenida Boyacá. Asimismo, la Secretaría indicó que
sobre el inmueble se encontraban demarcados una franja de control ambiental y un
retroceso vial, y que, conforme al plano 1/7 de la licencia recurrida, la franja de control
ambiental no se encontraba libre, circunstancia que, de acuerdo con lo informado por la
Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos, contraviene lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C., por cuanto en dicha área no pueden otorgarse
licencias urbanísticas de ningún tipo.

Igualmente, indicó que, según la Secretaría Distrital, el uso autorizado en la licencia de
construcción no estaba permitido por la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ)
correspondiente, toda vez que, conforme al concepto emitido por la Dirección de Norma
Urbana, la normativa aplicable únicamente autorizaba usos de comercio y servicios
personales de escala vecinal y zonal, mas no usos de escala urbana, como los aprobados
por el Curador Urbano No. 2 de Bogotá mediante la Licencia de Construcción No. LC 11-2-
1061 del 25 de noviembre de 2011. Tales afirmaciones, según el demandante, no eran
relevantes para determinar la legalidad de la licencia de construcción.

En su escrito de demanda, la sociedad sostuvo que, como consecuencia de la decisión de
revocar la Licencia de Construcción, sufrió daños materiales a título de daño emergente y
lucro cesante.

1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación

La demandante señaló que el acto administrativo demandado vulnera el Artículo 179 del
Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilatorio del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá) y el Artículo 23 del Decreto Reglamentario 327 de 2004.

El demandante sostuvo que en su criterio el artículo 179 consagra dos alternativas: una
primera según la cual disposición indica que los inmuebles ubicados en áreas de reserva
vial pueden ser objeto de licencias urbanísticas conforme a la normativa vigente. En
consecuencia, si el predio no ha sido urbanizado, su propietario puede solicitar licencia
de urbanización con sujeción a las reglas previstas en el Decreto Distrital 327 de 2004.
Por el contrario, si el inmueble se encuentra en un sector ya urbanizado, es posible
solicitar licencia de construcción, siempre que se cumplan las disposiciones establecidas
en la respectiva Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ).

La segunda, según la cual la norma al contemplar la expresión «no obstante», es posible
que el interesado puede desarrollar temporalmente los usos de comercio y servicios, de
cualquier escala, sin distinción, únicamente bajo las condiciones contempladas en tal

2 Notificada mediante aviso fijado hasta el 26 de marzo de 2012. Asimismo, en el expediente digital obra la

constancia de cumplimiento del requisito de conciliación prejudicial, suscrita el 13 de septiembre por el
Procurador 51 Judicial II para Asuntos Administrativos. SAMAI, índice 38, documento «CUADERNO
TRIBUNAL», folios 60 y 61.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00336-01
Demandante: CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación

artículo y previa obtención de la licencia de construcción respectiva. En ese sentido,
señaló:

En cambio, la segunda parte del Artículo 179 del Decreto 190 de 2004, da la opción de
acogerse al desarrollo de los usos temporales de comercio y servicios
(independientemente de lo previsto en las normas vigentes aplicables específicamente al
predio objeto de la zona de reserva), que no son otros que los que determinó y clasificó el
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) en el Cuadro Anexo No. 2 del mismo,
con la condición especial que se desenvuelvan “… en estructuras desmontables
metálicas, de madera o similares, siempre que se cumplan las normas vigentes de
sismorresistencia, espacio público referido a andenes, antejardines y cupos de parqueo.
Para el efecto, se deberá obtener la correspondiente licencia ante una curaduría urbana.”

El demandante sustentó que la interpretación realizada por la Secretaría Distrital de
Planeación era errónea, al considerar que los usos temporales de comercio y servicios
autorizados por el artículo 179 del Decreto 190 de 2004 en predios afectados por reserva
vial debían estar también permitidos por la normativa de la respectiva Unidad de
Planeamiento Zonal (UPZ). A su juicio, dicha interpretación desconocía el carácter
excepcional de los usos temporales previstos en esa disposición y hacía inocua parte de
su contenido. En consecuencia, afirmó que la Resolución No. 0294 del 1 de marzo de
2012 vulneró los artículos 179 y 178 del Decreto Distrital 190 de 2004, así como el artículo
23 del Decreto Distrital 327 de 2004, al fundamentar en esa interpretación la revocación
de la licencia de construcción otorgada a la sociedad actora.

Asimismo, señaló que la decisión de revocatoria desconoció abiertamente el Artículo 15
de la Ley 388 de 1997, modificado por el Artículo 1 de la Ley 902 de 2004. Pues esa
norma establece que las normas urbanísticas estructurales prevalecen frente a las demás
normas urbanísticas. Anotó que el Artículo 179 del Decreto 190 de 2004, que regula los
predios ubicados en zonas de reserva vial, forma parte del Título II- Componente Urbano,
Subtítulo 3 – Sistemas generales, Capítulo 1- El subsistema vial. Por consiguiente,
pertenece a las normas estructurales de que trata el Artículo 1 de la Ley 902 de 2004.

Sostuvo que las normas sobre usos y tratamientos, contenidas particularmente en los
decretos reglamentarios de las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) o en el Decreto
327 de 2004, constituyen normas urbanísticas generales, de conformidad con el artículo
1.º de la Ley 902 de 2004. En consecuencia, dichas normas no pueden contravenir lo
dispuesto por aquellas calificadas por la citada ley como estructurales, entre las cuales
se encuentran las que reservan áreas para la construcción de redes primarias de
infraestructura vial.

Conforme todo lo anterior, señaló:

De modo que la equivocada interpretación del Artículo 179 del Decreto 190 de 2004, que
realizó la Secretaría Distrital de Planeación en el acto acusado, se traduce en la violación
del artículo 161, Parágrafo, ibídem, y de los Artículos 15 y 100 de la Ley 388 de 1.997, el
primero modificado por el Artículo 1 de la Ley 902 de 2.004, porque en éstos se consagra
la prevalencia de las normas estructurales del Plan de Ordenamiento Territorial y, en
cambio, lo que a la postre hizo la administración fue aplicar unas normas generales (el
decreto reglamentario de la Unidad de Planeamiento Zonal y el Decreto Reglamentario
327 de 2004), para ignorar lo contemplado puntualmente en la norma estructural (el
Artículo 179 del Decreto 190 de 2004).

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Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación

El demandante sostuvo que la franja de control ambiental asociada a una zona de reserva
vial no puede producir efectos jurídicos más restrictivos que la propia reserva que le da
origen. Argumentó que, dado que la reserva vial no impide la obtención de licencias
urbanísticas ni la ejecución de construcciones mientras no sea adquirida o ejecutada por
la entidad competente, la misma conclusión debe aplicarse a la franja de control
ambiental, por tratarse de un elemento accesorio derivado de aquella. Asimismo, afirmó
que la obligación de ceder gratuitamente dicha franja solo surge cuando se adquiere la
reserva vial o se adoptan las alternativas de manejo previstas en la normativa aplicable.
En consecuencia, consideró que carece de fundamento jurídico prohibir edificaciones en
la franja de control ambiental y permitirlas en la reserva vial, pues, a su juicio, ello implica
una aplicación indebida de los artículos 177 y 181 del Decreto 190 de 2004 y una
extralimitación de funciones por parte de la administración.

1.2. Contestación de la demanda

• Secretaría Distrital de Planeación del Distrito de Bogotá

La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá contestó la demanda y se opuso a la
totalidad de las pretensiones formuladas por la sociedad demandante. Sostuvo que la
Resolución 0294 de 1.º de marzo de 2012, mediante la cual se revocó la Licencia de
Construcción LC 11-2-1061, fue expedida con fundamento en las competencias legales
de la entidad y en estricto cumplimiento de la normativa urbanística aplicable. Indicó que,
al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la licencia, se concluyó que el uso
autorizado para el predio no estaba permitido en la Unidad de Planeamiento Zonal
correspondiente, pues las normas específicas del sector únicamente autorizaban usos
de comercio y servicios de escala vecinal y zonal, mas no el uso temporal de comercio
pesado de escala urbana aprobado por el curador urbano. Asimismo, afirmó que el predio
se encontraba afectado por una zona de reserva vial y una franja de control ambiental,
circunstancias que impedían el otorgamiento de la licencia en los términos concedidos.

La entidad demandada señaló que la interpretación propuesta por la actora del artículo
179 del Plan de Ordenamiento Territorial era errónea, toda vez que dicha disposición no
autorizaba de manera autónoma cualquier uso en zonas de reserva vial, sino que debía
aplicarse en armonía con las normas específicas de la respectiva UPZ y con las demás
disposiciones urbanísticas vigentes. En ese sentido, defendió la prevalencia de las
normas especiales que regulan los usos del suelo en cada sector y sostuvo que la Circular
008 de 2005 constituía un criterio válido de interpretación administrativa para la aplicación
de tales disposiciones. Al respecto:

Del anterior recuento de normas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá
concluimos que el POT es una norma de carácter general, la cual expresamente señaló
que son las Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ y demás normas urbanísticas de
carácter específico, los instrumentos de planeación por medio de los cuales se define la
reglamentación de usos en los predios de la ciudad. En este sentido no se comprende
como puede invocarse la norma general del Decreto Distrital 190 de 2004, artículo 179,
como reguladora de una situación cuando ésta solo establece la posibilidad de expedir
licencias urbanísticas en las zonas de reserva vial y la instalación de estructuras
desmontables para el aprovechamiento de unos usos que NO PUEDEN AUTORIZARSE
DIRECTAMENTE, es decir deben respetar las demás normas aplicables. En primer lugar
porque la norma no define en concreto ningún uso permitido y en segundo lugar porque
se trata de una norma de contenido general.

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La secretaria explicó que la reserva vial tiene como finalidad prever y planificar el área
por donde podría ejecutarse una futura vía, constituyendo una etapa previa a la afectación
vial. Por ello, mientras exista únicamente la reserva, no pueden restringirse las facultades
inherentes al derecho de dominio, como la compraventa o la construcción sobre el predio.
En contraste, la afectación vial sí implica una decisión administrativa que se inscribe en
el folio de matrícula inmobiliaria, restringe el licenciamiento y da lugar a mecanismos de
compensación, adquisición o expropiación. No obstante, el hecho de que la reserva vial
no limite el derecho de propiedad no significa que se modifique el régimen de usos del
suelo ni que se habiliten usos no previstos, como la ocupación con estructuras
desmontables. La definición de los usos permitidos corresponde a las UPZ y a las normas
urbanísticas específicas, y dado que en la ciudad los usos no expresamente autorizados
se entienden prohibidos, no resulta procedente interpretar de manera amplia o abierta la
posibilidad de desarrollar usos no contemplados en zonas de reserva vial.

Igualmente, la Secretaría manifestó que no existía fundamento para reconocer perjuicios
materiales, indexación, intereses ni demás condenas económicas reclamadas, por
cuanto la revocatoria de la licencia obedeció al cumplimiento del ordenamiento jurídico y
no tenía la finalidad ni la aptitud de causar daños a la demandante. Añadió que el eventual
lucro cesante alegado correspondía a una expectativa de negocio y no a un perjuicio
cierto e indemnizable.

Finalmente, propuso como excepciones la inepta demanda por indebida acumulación de
pretensiones y la legalidad de los actos administrativos demandados. Con fundamento
en ello, solicitó negar las pretensiones de la demanda y mantener incólume la presunción
de legalidad de la Resolución 0294 de 2012.

II. LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 22 de noviembre de
20133, profirió fallo de primera instancia, en el cual se resolvió lo siguiente:

PRIMERO. - NIÉGASE la solicitud de nulidad de la Resolución 0294 de 1º de marzo de 2012
proferida por el DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, por las
razones señaladas en la presente providencia.

SEGUNDO. - NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO. - Por Secretaría DEVUÉLVASE al actor el remanente de los gastos de proceso,
previa liquidación.

CUARTO. - CONDÉNASE en costas a la parte demandante; en consecuencia, por
Secretaría, LIQUIDÁNSE las costas procesales, de conformidad con la parte motiva de esta
decisión.

QUINTO. - ARCHÍVESE, previa ejecutoria.

El a quo para resolver la controversia planteó el siguiente problema jurídico: ¿Es nulo el

3 SAMAI, Índice 38, documento «CUADERNO TRIBUNAL».

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acto administrativo demandado, Resolución 0294 de 1º de marzo de 2012, expedida por el
Subsecretario Jurídico de la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, ¿debido a que
fue expedido con violación de normas superiores? El tribunal dio la siguiente respuesta al
problema jurídico:

La Sala procederá a denegar las pretensiones de nulidad de la Resolución 0294 de 1° de
marzo de 2012, expedida por el Subsecretario Jurídico de la SECRETARÍA DISTRITAL DE
PLANEACIÓN, habida cuenta que fue expedida sin violación de normas superiores.

Para resolver el problema jurídico, el tribunal realizó una anotación previa del marco
normativo aplicable al presente caso. En ese acápite realizó amplias transcripciones de las
siguientes normas: Decreto 190 de 2004 y Decreto 327 de 2004. Luego realizó un recuento
fáctico de lo señalado en la demanda y lo probado en el tramite de primera instancia.

Luego de lo anterior, realizó una anotación mediante la cual advirtió que, respecto del
inmueble ubicado en la Avenida Carrera 72 No. 128 A-19 de Bogotá, una vez revocada la
Licencia de Construcción No. LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de 2011, la sociedad
CARMAX H. ARIZA Y CÍA. S. EN C.S. presentó una nueva solicitud de licencia de
construcción en la modalidad de obra nueva, mediante la radicación No. 12-2-0501 del 26
de abril de 2012, la cual, al ajustarse a la normativa aplicable, fue aprobada mediante la
Licencia de Construcción No. LC 12-2-0430 del 31 de mayo de 2012. Dicha decisión fue
recurrida por la Agrupación Antigua Helvética Propiedad Horizontal, pero fue confirmada
tanto en reposición como en apelación por el Curador Urbano No. 2 de Bogotá y la
Secretaría Distrital de Planeación, respectivamente. La licencia vigente autoriza la
construcción de una edificación nueva de dos pisos destinada al uso temporal de comercio
zonal, en estructura desmontable de madera.

Respecto de los argumentos de las partes, señaló que las condiciones particulares del
inmueble no fueron discutidas por la parte demandante, esto es, que el inmueble se
encuentra ubicado en un área de reserva vial para la futura ampliación de la Avenida
Boyacá. Asimismo, el tribunal encontró que el demandante no controvirtió el hecho de que
en el predio se encuentran demarcados una franja de control ambiental y un retroceso vial.
Sobre la discusión relativa al alcance del artículo 179 del Decreto 190 de 2004, el tribunal
sostuvo lo siguiente:

Sobre el uso que puede darse a los predios que se encuentran en área de reserva vial, se
tiene que el artículo 179 del Decreto 190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial-, citado
en el acápite de marco normativo, no prevé, como pretende la parte actora, que a dicho
predio puede aplicársele o se encuentra autorizado para cualquier uso y servicio, por el
contrario, la norma es clara en establecer que las licencias de construcción que se otorguen
deben ajustarse o expedirse de acuerdo a las normas vigentes y con los usos que se puedan
desarrollar. Sobre esto debe advertirse que el uso se desarrollará en el predio y no en las
estructuras desmontables que se creen o establezcan.

Entonces, contrario a lo indicado en la demanda, la expresión "no obstante" prevista en el
artículo 179 del POT no es generadora de otra situación o alternativa respecto del hecho que
"los predios donde se hayan demarcado zonas de reserva, se podrán solicitar licencias de
urbanismo y construcción, en sus diferentes modalidades, con base en las normas vigentes",
sino que genera justamente la posibilidad de un desarrollo de uso de forma temporal, pero,
se insiste, sin desconocer que deben seguirse las normas vigentes, esto es, el uso que ya
está autorizado y permitido para determinado sector o zona en el Distrito Capital de Bogotá.

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Para sustentar la anterior interpretación de la norma, el a quo indicó que, en virtud del
artículo 337 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, los usos que no se encuentren
expresamente asignados están prohibidos. Explicó que, para determinar el uso específico
de un determinado sector, deben revisarse las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), las
cuales constituyen áreas urbanas intermedias entre los barrios y las localidades. Señaló
que estas no son normas de índole inferior, sino disposiciones complementarias al Plan de
Ordenamiento Territorial, de carácter más específico, orientadas a concretar sus
disposiciones.

Sobre la interpretación de la norma dada por la parte demandante, el tribunal sostuvo lo
siguiente:

En este punto es totalmente relevante advertir que para la Sala es claro que el cargo
de nulidad que se está resolviendo está soportando en argumentos que son
consecuencia de una interpretación subjetiva de las normas que regulan la materia,
vale decir, una interpretación acomodada y ventajosa a la sociedad demandante,
pues, es claro que esas disposiciones no generan motivo de duda ni discusión en
cuanto al uso que debe darse a inmuebles como el vinculado a la litis.

En ese contexto, esta Sala de Decisión advierte que tampoco ha sido objeto de
discusión que en el sector en el que se encuentra el inmueble ubicado en la Avenida
Carrera 72 No. 128 A -19 se permiten los usos de comercio y servicios pero a escala
vecinal y local, más no a escala urbana, como fue autorizado en la Licencia de
Construcción LC 11-2-1061 de 2011, revocada mediante la Resolución ahora
demandada. Entonces, lo que pretende la parte actora es desconocer ese uso y
pretender una interpretación extensiva y conveniente para su propio beneficio.

En tales condiciones, no existe la alegada contradicción de normas expuesta por la
parte actora como argumento de nulidad, en la medida en que todas y cada una de
las disposiciones aplicables en este caso concreto tienen un ámbito de aplicación
específico, señalado claramente en la ley.

Finalmente, respecto de la imposibilidad de realizar construcciones en áreas de control
ambiental, el tribunal señaló que los artículos 181 y 411 del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogotá son claros al establecer que en dichas zonas no pueden desarrollarse
construcciones. Por último, en relación con la aplicación de la Circular 008 de 2005 en el
acto administrativo demandado, sostuvo que el hecho de que esta hubiera sido tenida en
cuenta como argumento o criterio para desarrollar y sustentar dicho acto no constituye, de
ninguna manera, una causal de nulidad. Además, consideró que se trata de un fundamento
de censura carente de sustento fáctico y jurídico, toda vez que dicho acto administrativo
contiene parámetros de interpretación emitidos por la autoridad administrativa competente
para definir los asuntos urbanísticos de la ciudad, en ejercicio de sus atribuciones legales y
administrativas, entre ellas, la facultad de impartir instrucciones.

III.- DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso recurso de apelación4, en los siguientes términos:

4 SAMAI, Índice 38, documento «CUADERNO TRIBUNAL».

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Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación

En primer lugar, sostuvo que el Tribunal incurrió en varias equivocaciones al realizar el
análisis de las normas aplicables al caso, argumentó que las Unidades de Planeamiento
Zonal (UPZ) regulan únicamente el uso definitivo del suelo y no los usos temporales y no el
de el uso temporal a los que pueden acogerse los propietarios de los predios catalogados
como zonas de reserva vial.

Conforme lo anterior, señaló que no puede negarse el uso temporal del predio con matrícula
inmobiliaria núm. 50N-301002 para el comercio a escala urbana, puntualmente el uso del
predio para el comercio pesado de venta de automóviles, en virtud de que ese uso no este
contemplado en la UPZ, pues estas regulan usos definitivos del predio no temporales.

Para el demandante los artículos 178 y 179 del Decreto 190 de 2004 sí permiten obtener
licencias para levantar edificaciones en zonas de reserva vial, toda vez que las zonas de
reserva vial no son afectaciones en los términos del artículo 37 de la Ley 9ª de 1989.

Respecto a la aplicación del parágrafo 1 del artículo 337 del Decreto 190 de 2004 precisó
que cuando el mismo refiere que los usos que no se encuentren asignados a cada sector,
están prohibidos, se refiere únicamente a los usos definitivos lo cual es diferente a los usos
temporales de comercio y servicios permitidos en el artículo 179 del Decreto 190 de 2004.
En ese sentido, señaló que el artículo 337 no era aplicable al caso de la licencia de
construcción solicitada ante la Curaduría Urbana por la sociedad demandante.

En relación con la aplicación e interpretación del artículo 179 del Decreto 190 de 2004,
sostuvo que este lejos de prohibir el uso del terreno catalogado como zona de reserva vial
para actividades comerciales temporales en estructuras desmontables, lo permite de
manera explícita. Para el apelante la sentencia de primera instancia acogió una
interpretación abiertamente errónea del artículo 179 del Decreto 190 de 2004.

El apelante sostiene que el juez de primera instancia interpretó de manera errónea el
artículo 179 del Decreto 190 de 2004, al considerar que la expresión “no obstante” no crea
una situación distinta a la posibilidad de solicitar licencias de urbanismo y construcción
conforme a las normas vigentes. A su juicio, el sentido literal de dicha locución demuestra
precisamente lo contrario: que, aun cuando los predios ubicados en zonas de reserva vial
pueden desarrollarse conforme al régimen urbanístico ordinario, también es posible
acogerse a los usos temporales de comercio y servicios en estructuras desmontables,
siempre que se cumplan las condiciones previstas en la norma. Por ello, afirma que el fallo
termina atribuyendo al precepto un alcance que este no tiene.

Asimismo, argumenta que la referencia al cumplimiento de las “normas vigentes” no se limita
a las disposiciones de las UPZ, sino que comprende todas las normas urbanísticas
aplicables, incluido el propio artículo 179 del POT. Desde esta perspectiva, la disposición
contiene una autorización especial, directa y concreta para desarrollar usos temporales de
comercio y servicios en predios afectados por reservas viales. Añade que la interpretación
acogida por el a quo vacía de contenido la segunda parte de la norma, pues, si únicamente
pudieran realizarse los usos permitidos por las fichas reglamentarias de las UPZ, carecería
de sentido que el legislador hubiera previsto expresamente la posibilidad de desarrollar tales
usos temporales.

El apelante señala que la finalidad de esta regulación es permitir a los propietarios
aprovechar económicamente sus predios mientras la administración adelanta los

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00336-01
Demandante: CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación

procedimientos para su adquisición o afectación. Según explica, ello beneficia tanto a los
particulares, que pueden explotar provisionalmente el inmueble con actividades comerciales
o de servicios no contempladas por el régimen ordinario, como a la administración, que evita
asumir los costos derivados de edificaciones permanentes en una futura indemnización. En
consecuencia, concluye que la interpretación adoptada en la sentencia apelada desconoce
el tenor literal, la finalidad y la lógica del artículo 179 del Decreto 190 de 2004. En ese sentido
señaló:

Por lo anteriormente expuesto, no tenía el a quo porqué acudir a realizar una interpretación
sistemática. del artículo. 179 del Decreto 190 de 2004, echando manos a los artículos: 49,
334, 337 ibidem; 2, 3, 23 y 32 del Decreto Reglamentario 327 de 2004, para hacerle decir a
dicho artículo 179 algo diferente a lo que, en forma clara, expresa su tenor literal. Además,
como se explicó al principio, estas normas no son aplicables al caso debido a que los usos
temporales de comercio y servicios en estructuras desmontables, permitidos directamente
por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en los predios ubicados en las zonas de
reserva vial, NO se encuentran sometidos al régimen de usos del suelo contemplados en las
UPZ, para sectores, y no para predios en particular.

Asimismo, estuvo en contra de que el tribunal pusiera de presente que la sociedad CARMAX
HARIZA Y CÍA S. EN C.S, al respecto señaló «es totalmente desenfocado pensar, como lo
hizo el a quo, que la obtención de la nueva licencia de construcción es un elemento que
corrobora la legalidad del acto acusado y que desvirtúa los perjuicios irrogados a la sociedad
actora».

Por otro lado, el recurrente sostiene que la sentencia interpreta erróneamente los
artículos 181 y 411 del POT al concluir que en las áreas de control ambiental no pueden
desarrollarse construcciones por encontrarse asociadas a reservas viales. Afirma que,
conforme a los artículos 178, 179 y 445 del Decreto 190 de 2004, las zonas de reserva
tienen una función meramente informativa, pues sirven para orientar a la ciudadanía y a
las entidades públicas sobre futuras obras o proyectos, pero no constituyen afectaciones
ni limitan la expedición de licencias urbanísticas. Por ello, mientras no se imponga una
afectación ni se inicie un proceso de adquisición del predio, dichas áreas continúan
siendo urbanizables y construibles.

A partir de esa premisa, argumenta que el simple señalamiento de una reserva vial no
genera la obligación de ceder gratuitamente áreas de control ambiental. Señala que las
alternativas de manejo previstas en el artículo 23 del Decreto Distrital 327 de 2004 solo
operan cuando el interesado decide acogerse a ellas y no pueden desconocer lo
dispuesto en el artículo 179 del POT. En consecuencia, como en relación con una reserva
vial pueden adelantarse proyectos urbanísticos y de construcción, no existe certeza en
torno a la futura materialización de la vía y, por ende, tampoco sobre la existencia de la
franja de control ambiental que depende de ella.

Expone que las áreas de control ambiental solo surgen como consecuencia de la
existencia efectiva de una vía arterial o cuando se concreta la afectación o adquisición
de los predios necesarios para su ejecución. Por ello, considera jurídicamente
equivocado afirmar que tales áreas deben preservarse en terrenos que únicamente están
incluidos dentro de una reserva vial, pues si la vía aún no existe y su realización es
incierta, tampoco puede exigirse la conservación de una franja de aislamiento asociada
a ella. Así, concluye que la licencia objeto del proceso no estaba sometida a esa
restricción y que la revocatoria de la misma carecía de fundamento legal.

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Radicado: 25000-23-41-000-2012-00336-01
Demandante: CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación

El recurrente sostiene que la Circular 008 de 2005 fue indebidamente utilizada como
fundamento del acto demandado, pues, aunque fue expedida con anterioridad a la
actuación administrativa que culminó con la licencia de construcción posteriormente
revocada, no tenía por objeto resolver ese caso concreto. Explica que, de conformidad
con el artículo 102 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 76 del Decreto 1469 de 2010, las
autoridades de planeación solo pueden emitir circulares interpretativas cuando existan
vacíos o contradicciones en las normas urbanísticas aplicables a situaciones específicas
sometidas a consideración de los curadores urbanos. Además, señala que dichas
circulares no pueden modificar ni ajustar las disposiciones del POT y que sus conceptos
tienen el carácter de doctrina para casos similares. Por tanto, concluye que la Circular
008 de 2005 carece de fuerza normativa para alterar el régimen urbanístico vigente y no
podía servir de sustento válido para restringir derechos o revocar la licencia objeto del
proceso.

Finalmente, el recurrente sostuvo que el tribunal se equivocó al condenarlo en costas,
pues si bien fue vencida en primera instancia no se advierte en su actuar un
comportamiento desleal o reprochable.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

4.1. Mediante providencias del 4 de agosto de 20145 y 17 de agosto de 20186 se admitió
el recurso de apelación y se corrió traslado para alegar de conclusión, respectivamente.

4.2. Alegatos de conclusión

• Secretaría Distrital de Planeación- Distrito Capital

En sus alegatos de conclusión se sostiene que los cargos de nulidad formulados contra
la Resolución 0294 de 2012 carecen de fundamento jurídico. La defensa afirma que la
demandante interpreta de manera errónea el artículo 179 del POT (Decreto Distrital 190
de 2004), al considerar que los usos temporales permitidos en zonas de reserva vial
deben corresponder a los usos previstos en el cuadro anexo n.º 2 del POT. Según la
entidad, dicha norma no contiene esa remisión y, por el contrario, los usos del suelo están
sometidos a un régimen de taxatividad y deben definirse conforme a las disposiciones
urbanísticas específicas aplicables a cada sector, especialmente las contenidas en las
UPZ y demás instrumentos de planeación.

La entidad también argumenta que la normativa urbanística aplicable al predio ubicado
en la Avenida Carrera 72 n.º 128 A-19 impide desarrollar los usos pretendidos por la
demandante. Explica que tanto el tratamiento de desarrollo urbanístico como la
reglamentación de la UPZ Niza y las disposiciones sobre reservas viales y áreas de
control ambiental restringen esos usos. Además, señala que el cuadro anexo n.º 2 del
POT tiene carácter orientador y no genera derechos adquiridos. Respecto del área de
control ambiental, sostiene que esta hace parte de la estructura ecológica principal y, por
tanto, su ocupación no puede autorizarse bajo la interpretación propuesta por la actora.
Como soporte, incorpora antecedentes técnicos, cartografía y conceptos emitidos por

5 SAMAI, Índice 38, documento «CUADERNO PRINCIPAL».
6 SAMAI, Índice 38, documento «CUADERNO PRINCIPAL».

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Demandante: CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S.
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dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación.

En cuanto a los perjuicios reclamados, la entidad sostiene que no fueron acreditados de
manera cierta y efectiva. Destaca que posteriormente se otorgó una nueva licencia de
construcción para el predio, lo que demuestra la posibilidad de desarrollar el proyecto y
desvirtúa la relación causal alegada entre el acto demandado y los daños reclamados.
Igualmente, cuestiona la credibilidad y suficiencia de algunas pruebas testimoniales y
periciales aportadas por la demandante. Con fundamento en lo anterior, concluye que no
se configuró ninguna causal de nulidad, que no procede el restablecimiento del derecho
ni la indemnización solicitada y que, en consecuencia, debe confirmarse en todas sus
partes la sentencia de primera instancia.

• Sociedad CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S.

En sus alegatos de conclusión, el apoderado de Carmax H. Ariza y Cía. S. en C. S.
sostiene que quedó plenamente demostrada la legalidad de la licencia de construcción
LC 11-2-1061 de 25 de noviembre de 2011, revocada por la Secretaría Distrital de
Planeación. Afirma que la autoridad administrativa y el juez de primera instancia
interpretaron de manera errónea el artículo 179 del POT de Bogotá, al confundir dos
situaciones diferentes: la posibilidad de construir en zonas de reserva vial conforme a las
normas urbanísticas aplicables y la autorización de usos temporales de comercio y
servicios en estructuras desmontables. Según la demandante, la norma permite estos
usos temporales aun cuando no estén previstos en las reglamentaciones de las UPZ, por
lo que la revocatoria de la licencia careció de sustento jurídico.

La parte actora también argumenta que los artículos 178 y 179 del Decreto Distrital 190
de 2004 autorizan la expedición de licencias de construcción en zonas de reserva vial y
que tales reservas no constituyen afectaciones en los términos de la Ley 9 de 1989.
Asimismo, sostiene que los usos temporales de comercio y servicios en estructuras
desmontables no están sometidos a las reglas del Decreto Distrital 327 de 2004 ni
requieren adelantar procesos de urbanización, dado su carácter provisional. Añade que
el hecho de haber obtenido posteriormente una nueva licencia de construcción para el
mismo predio no desvirtúa la ilegalidad de la revocatoria, pues el uso autorizado en esa
segunda licencia era distinto al inicialmente aprobado.

Respecto de la condena en costas, la demandante sostiene que su actuación estuvo
guiada por la buena fe y que la interposición de la demanda respondió a la necesidad de
obtener la reparación del perjuicio económico causado por el acto administrativo
demandado. Argumenta que el artículo 171 del CCA exigía demostrar una conducta
temeraria, dilatoria o abusiva para imponer costas, circunstancias que no se configuraron
en el proceso ni fueron motivadas por el juez de primera instancia. Por ello, solicita como
pretensión principal revocar integralmente la sentencia y acceder a las pretensiones de
la demanda; subsidiariamente, pide revocar únicamente la condena en costas impuesta
a la sociedad demandante.

V.- CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

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De conformidad con el artículo 150 del CPACA7 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

5.2 Planteamiento del caso

El representante legal de la sociedad CARMAX H. ARIZA Y CÍA. S. EN C. S. solicitó ante
el Curador Urbano n.º 2 de Bogotá una licencia de construcción en la modalidad de obra
nueva respecto del predio identificado con la matrícula inmobiliaria n.º 50N-301002.
Mediante la Licencia de Construcción n.º LC-11-5-1061, el Curador Urbano concedió la
autorización solicitada. Contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación. El Curador Urbano confirmó el otorgamiento de la licencia.

Posteriormente, mediante la Resolución n.º 0294 del 1.º de marzo de 2012, la Secretaría
Distrital de Planeación de Bogotá revocó integralmente la referida licencia de construcción.
El 14 de septiembre de 2012, la sociedad CARMAX H. ARIZA Y CÍA. S. EN C. S., por
conducto de apoderado judicial, presentó demanda contra el Distrito Capital de Bogotá -
Secretaría Distrital de Planeación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 22 de
noviembre de 2013. En dicha providencia negó las pretensiones de la demanda.

Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación. En
sustento de este, formuló los siguientes reparos frente al análisis efectuado por el tribunal:
i) sostuvo que el a quo interpretó erróneamente el artículo 179 del Decreto Distrital 190 de
2004 y fundamentó su decisión en normas inaplicables al caso concreto; ii) cuestionó la
conclusión según la cual en las áreas de control ambiental no pueden adelantarse
construcciones por encontrarse asociadas a reservas viales; iii) reprochó que el tribunal
hubiera considerado ajustado a derecho que, dentro de los fundamentos del acto
administrativo, se acogiera la Circular 008 de 2005; iv) censuró el análisis realizado respecto
de la incidencia que tenía, en el presente proceso, la expedición de una licencia de
construcción posterior sobre el mismo predio; y v) se opuso a la condena en costas impuesta
en primera instancia.

Con fundamento en los cargos formulados en el recurso de apelación, corresponde a la
Sala determinar si le asiste razón a la parte demandante en lo concerniente a las
deficiencias que, en su criterio, presenta la sentencia de primera instancia. En particular,
deberá establecer el alcance del artículo 179 del Decreto Distrital 190 de 2004; determinar
si existía una prohibición para construir en áreas de control ambiental, como lo entendió el
tribunal; analizar la pertinencia de la invocación de la Circular 008 de 2005 en el acto

7 ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO

DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [Destaca la Sala]

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administrativo demandado; examinar la relevancia jurídica de la expedición de una nueva
licencia de construcción respecto del predio de la demandante; y pronunciarse sobre la
condena en costas.

5.3 Actos demandados

En el sub judice son cuestionados los siguientes actos administrativos:

1. Resolución núm. 0294 del 1 de marzo de 2012. Mediante este acto administrativo, la
Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá resolvió el recurso de apelación interpuesto
contra la Licencia de Construcción núm. LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de 2011 y decidió
revocarla.

RESOLUCIÓN
No.0294
(Marzo 1 DE 2012)

“Por la cual se decide un recurso subsidiario de apelación interpuesto contra
la Licencia de Construcción LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de 2011,
expedida por el Curador Urbano 2 de Bogotá D.C."

EL SUBSECRETARIO JURÍDICO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
PLANEACIÓN

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los artículos 42 del
Decreto Nacional 1469 de 2010, 36 literal k) del Decreto Distrital 550 de 2006 y en la
Resolución 0044 del 12 de enero de 2012 expedida por la Secretaria Distrital de
Planeación, y
CONSIDERANDO

Que mediante la radicación 11-2-0340 del 13 de abril de 2011, el señor Luis Hernando
Ariza Romero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.712.090, actuando
como representante legal de la sociedad CARMAX H. ARIZA Y CIA S EN CS,
identificada con el NIT No. 830093526-1, solicitó ante el Curador Urbano 2 de Bogotá
D.C. licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, para el predio localizado
en la Avenida Carrera 72 No. 128 A 19 (folio 2).

Que el Curador Urbano 2 de Bogotá D.C., de acuerdo con lo solicitado, mediante la
Licencia de Construcción LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de 2011, autorizó para
el predio citado una edificación en dos (2) pisos "(...) CON DESTINO AL USO
TEMPORAL DE COMERCIO PESADO DE ESCALA URBANA (VENTA DE
VEHÍCULOS (...)" (folio 172).

Que el doctor Edwin Alexánder Jerez Orjuela, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 79.629.047, portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 140.781, expedida
por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de la
representante legal de de la Agrupación Antigua Helvética propiedad horizontal,
señora Gladys Elena Salinas Valderrama identificada con la cédula de ciudadanía No.
51.179.766, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Licencia
de Construcción LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de 2011, argumentando en
resumen lo siguiente (folios 177 a 191): […]

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RAZONAMIENTOS DEL DESPACHO

4.1. Referente a la existencia de la reserva vial.

Así las cosas, según lo determinado por las entidades y dependencias competentes,
sobre el predio objeto de la licencia de construcción impugnada existe una zona de
reserva vial, la cual está destinada a la ejecución del royecto Avenida Boyacá, vía
del plan vial arterial tipo V-1, sin contar aún dicho proyecto con los estudios y diseños
definitivos. Además, sobre el redio que nos ocupa se encuentra demarcada-una franja
de control ambiental y un retroceso vial.

Conforme a lo registrado en el plano 1/7 de la licencia de construcción recurrida, "(...)
la franja de control ambiental no se encuentra libre (...)". Dicha situación, al tenor de
lo informado por la Dirección de Vías,. Transporte y Servicios Públicos, contraviene
lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., debido a que sobre
dicha área no se pueden otorgar licencias urbanísticas de ningún tipo.

4.2. En cuanto al uso autorizado.

El recurrente, argumenta que en el predio objeto de la licencia, los únicos usos que
se pueden autorizar son "(...) aquellos que estén permitidos en la Unidad de
Planeamiento Zonal No. 24 Niza, reglamentada mediante Decreto Distrital 175 del 28
de junio de 2006, cuando se surta el trámite de desarrollo por urbanización".

[…]

Conforme a lo expresado en precedencia y de acuerdo a lo determinado por la
Dirección de Norma Urbana, el uso otorgado en la licencia de construcción recurrida
no se encuentra permitido por Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ - del lugar donde
se ubica el predio, debido a que el cuadro anexo No..2 del Decreto 327 de 2004, para
el Área de Actividad Residencial o Zona Residencial Neta, donde se localiza el
inmueble objeto del presente trámite, autoriza desarrollo de los usos de comercio y
servicios personales de escala vecinal y zonal, más no los de escala urbana
autorizados por el Curador Urbano 2 de Bogotá D.C. en la Licencia de Construcción
LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de 2011. En consecuencia, la licencia recurrida no
se ajusta a las normas que regulan la materia.

Adicionalmente, la licencia impugnada tampoco cumple lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., por cuanto, la franja de control ambiental
demarcada en el plano 1/7 de la LC 11-2-1026 del 25 de noviembre de 2011 no se
encuentra libre y, el artículo 179 del Decreto Distrital 190 de 2004 autoriza la
expedición de licencias urbanísticas respecto de predios en los que se hayan
demarcado zonas de reserva vial, pero dichas licencias no se pueden otorgar
respecto de áreas destinadas a la conformación de corredores ecológicos viales.

Acorde con lo antes señalado y, de conformidad con lo determinado por las
Direcciones de Planeación. Territorial y. de Vías, Transporte Y Servicios. Públicos, la.
Licencia de Construcción LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de 2011, expedida por
el Curador Urbano 2 de Bogotá D.C., debe ser revocada.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la Licencia de Construcción LC 11-2-1061 del 25 de
noviembre de 2011, expedida por el Curador Urbano 2 de Bogotá D.C., por las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente decisión al doctor Edwin
Alexánder Jerez Orjuela, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.629.047,
portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 140.781, expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura, en su calidad de apoderado de la representante legal de la
Agrupación Antigua Helvética propiedad horizontal, señora Gladys Elena Salinas
Valderrama, advirtiéndole que contra la misma no procede recurso alguno.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar esta resolución al señor Luis Hernando Ariza
Romero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.712.090, en su calidad de
representante legal de la sociedad CARMAX H. ARIZA Y CIA S EN CS., titular de la
licencia de construcción recurrida o, al señor Carlos Delgado Montero identificado con
la cédula de ciudadanía No. 19.362.308, como persona autorizada para adelantar el
presente trámite, advirtiéndole que con ella queda agotada la vía gubernativa.

ARTÍCULO CUARTO. En firme la presente decisión, devolver el expediente a la
Curaduría Urbana 2 de Bogotá D.C.

5.4 Análisis de la Sala

5.4.1. Respecto del reparo relacionado con la interpretación del artículo 179 del
Decreto Distrital 190 de 2004

La presente controversia se centra en el alcance del siguiente artículo del Decreto Distrital
190 de 2004, «por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003», correspondiente al Plan de
Ordenamiento Territorial8 vigente al momento de la expedición del acto administrativo
demandado:

Artículo 179. Normas aplicables a predios ubicados en zonas de reserva.

Sobre los predios donde se hayan demarcado zonas de reserva, se podrán solicitar
licencias de urbanismo y construcción, en sus diferentes modalidades, con base en las
normas vigentes. No obstante, será posible acogerse a los usos temporales de comercio
y servicios que se puedan desarrollar en estructuras desmontables metálicas, de madera
o similares, siempre que se cumplan las normas vigentes de sismorresistencia, espacio
público referido a andenes, antejardines y cupos de parqueo. Para el efecto, se deberá
obtener la correspondiente licencia ante una curaduría urbana.

En torno al alcance de ese texto normativo, en la sentencia apelada el a quo sostuvo lo
siguiente:

Sobre el uso que puede darse a los predios que se encuentran en área de reserva vial, se
tiene que el artículo 179 del Decreto 190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial-,
citado en el acápite de marco normativo, no prevé, como pretende la parte actora, que a
dicho predio puede aplicársele o se encuentra autorizado para cualquier uso y servicio,
por el contrario, la norma es clara en establecer que las licencias de construcción que se
otorguen deben ajustarse o expedirse de acuerdo a las normas vigentes y con los usos

8 Decreto Distrital 190 de 2004, ARTÍCULO 1º. Este decreto compila las normas de los Decretos Distritales

619 de 2000 y 469 de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C. Para
efectos metodológicos, al final de cada artículo se indican las fuentes de las normas distritales compiladas.

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que se puedan desarrollar. Sobre esto debe advertirse que el uso se desarrollará en el
predio y no en las estructuras desmontables que se creen o establezcan. [Destaca la Sala]

Por su parte, el apelante presenta, desde el escrito de demanda, una interpretación
distinta de la norma que, en síntesis, señala que esta contiene dos hipótesis. Una primera,
que abarca desde el inicio de la disposición hasta el primer punto seguido. Para el
demandante, en dicho precepto se consagra que los usos que se den al predio, cuando
tengan vocación de permanencia, deben ajustarse a las normas aplicables, incluidas
aquellas relativas a la asignación de usos del suelo.

Por otra parte, para el apelante, en la segunda parte de la norma, esto es, desde el
vocablo «No obstante», se otorga una alternativa a quienes sean propietarios o
desarrolladores de un predio ubicado en zona de reserva, en virtud de la cual, si lo que
se pretende es construir una estructura desmontable, a la obra de construcción no le
resultan aplicables las normas sobre asignación de usos del suelo para el otorgamiento
de la licencia de construcción.

En este contexto, vista la postura del a quo y la señalada por el recurrente, corresponde
a la Sala establecer el alcance del artículo 179 del Decreto 190 de 2004. Desde este
punto se pone de presente que no se comparte el alcance que el demandante le dio al
precepto normativo y en consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.

En anteriores oportunidades, esta Corporación se ha referido al concepto de zonas de
reserva vial contemplado en los artículos 177 y siguientes del Decreto Distrital 190 de
2004. En particular, se ha ocupado de diferenciarlas de los predios con afectación vial,
los cuales, a diferencia de las zonas de reserva vial, sí presentan importantes limitaciones
para la obtención de licencias de construcción. Al respecto:

En primer término, la Sala advierte que el apelante está de acuerdo con la posibilidad de
que sobre predios en los que recaiga una reserva vial se puedan construir estructuras
desmontables con usos temporales de comercio y servicios; por lo tanto, su propia
afirmación desvirtúa la posibilidad de catalogar el predio como no urbanizable. Es decir,
reconoce que, con el destino actual, es posible realizar actividades o desarrollos
económicos del predio propios de bienes urbanizables, con lo que evidencia que no es
dable calificar el bien como “no urbanizable”, en los términos del artículo 1.º del Acuerdo
105 de 2003.

Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que la declaratoria de una zona como reserva
vial no restringe el derecho de propiedad sobre los predios que la conforman y, por lo
tanto, es una figura previa a la eventual afectación o adquisición del bien para una obra
pública. Por tanto, mientras conserva dicha categorización (reserva) se pueden solicitar
licencias de urbanismo y construcción, en sus diferentes modalidades.

En cambio, la afectación -a diferencia de la mera reserva- implica que el propietario del
inmueble tiene vedado, durante el lapso que permanezca esta (la afectación), solicitar
licencias urbanísticas.

En ese orden, aunque las zonas de reserva vial y la afectación sobre un predio son
figuras que se relacionan por su finalidad en la construcción de una obra pública, son
disímiles en sus efectos. Es por ello, que el cargo de apelación sobre la calidad de reserva

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vial no está llamado a prosperar, en cuanto no incide para la definición de la destinación
del predio y, por ende, para la determinación de la tarifa9.

En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sección:

El Decreto 190 de 200437, que compila las normas del Plan de Ordenamiento Territorial
para la ciudad de Bogotá, define en el artículo 177 las zonas de reserva vial como las
franjas de terreno necesarias para la construcción o la ampliación de las vías públicas,
que deben ser tenidas en cuenta al realizar procesos de afectación predial o de
adquisición de los inmuebles y en la construcción de redes de servicios públicos
domiciliarios. Así mismo, indica que la demarcación de las zonas de reserva vial tiene por
objeto, además, prever el espacio público vial de la ciudad con miras a su paulatina
consolidación, de conformidad con el plan de inversión y mantenimiento establecido en el
Plan de Ordenamiento y los instrumentos que lo desarrollen.

Resalta el artículo 178 ibidem que las zonas de reserva vial no constituyen afectaciones
en los términos de los artículos 37 de la Ley 9 de 1989 y 122 de la Ley 388 de 1997, por
lo que su delimitación no producirá efectos sobre los trámites para la expedición de
licencias de urbanismo y construcción en sus diferentes modalidades. Asimismo, el
artículo 179 aclara que sobre los predios donde se hayan demarcado zonas de reserva,
se podrán solicitar licencias de urbanismo y construcción, en sus diferentes
modalidades, con base en las normas vigentes.
[…]
Revisada la anterior normativa es posible concluir que las figuras de “zona de reserva” y
“afectación” son diferentes, ya que la primera es el instrumento que permite que
posteriormente se pueda concretar la afectación, pues se refiere a la delimitación de una
zona que en el futuro será afectada o adquirida para la ejecución de obras o programas
públicos, mientras que la afectación corresponde a la restricción en sí misma a la
propiedad privada, que limita su uso y goce10. [Destaca la Sala]

De la jurisprudencia transcrita se desprende que en los predios que estén ubicados en
zonas de reserva vial es posible solicitar licencias de urbanismo y construcción, en sus
diferentes modalidades, a diferencia de lo que sucede con las áreas que ya sufren una
afectación en cuyo caso el propietario del inmueble tiene altamente limitado la posibilidad
de solicitar una licencia urbanística. Esa interpretación es acorde a la literalidad de la
norma, cuyo alcance se discute, pues ello señala expresamente la primera frase del texto
legal:

Artículo 179. Normas aplicables a predios ubicados en zonas de reserva. Sobre los
predios donde se hayan demarcado zonas de reserva, se podrán solicitar licencias de
urbanismo y construcción, en sus diferentes modalidades, con base en las normas
vigentes. […] [Destaca la Sala]

En efecto, como se señaló, el artículo 179 estableció que era posible solicitar y conceder
licencias de urbanismo y construcción en zonas de reserva vial. Se trata de una precisión
que la norma consagra de manera explícita y que permite diferenciar claramente la figura

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 23 de octubre

de 2025 dentro del radicado núm. 25000-23-37-000-2020-00327-01, C.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 20 de
marzo de 2025 dentro del radicado núm. 25-000-23-24-000-2007-00498-02, C.P. Oswaldo Giraldo López.

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de la reserva vial de la figura de las afectaciones contempladas en el artículo 44711 del
mismo decreto y en los artículos 37 de la Ley 9.ª de 198912 y 122 de la Ley 388 de 199713.

Respecto de la segunda parte del texto normativo, la cual es la que suscita la divergencia
interpretativa, es decir la siguiente:

Artículo 179. Normas aplicables a predios ubicados en zonas de reserva. […] No
obstante, será posible acogerse a los usos temporales de comercio y servicios que se
puedan desarrollar en estructuras desmontables metálicas, de madera o similares,
siempre que se cumplan las normas vigentes de sismorresistencia, espacio público
referido a andenes, antejardines y cupos de parqueo. Para el efecto, se deberá obtener la
correspondiente licencia ante una curaduría urbana.

La Sala encuentra que, en ese apartado, no se exime al solicitante de la licencia del
cumplimiento de la asignación de uso del suelo determinada para el predio. Por el
contrario, lo que la norma señala es que, en caso de que la construcción que se pretenda
adelantar en el inmueble tenga como destinación la prestación de servicios o el comercio,
la infraestructura proyectada estará limitada a la construcción de estructuras
desmontables metálicas, de madera o similares, sin que ello exonere a dicha construcción
del cumplimiento de las demás normas del POT. Este entendimiento se sustenta en la
literalidad del texto normativo, como se desarrolla a continuación.

Según el artículo 28 del Código Civil, por regla general, «las palabras de la ley se
entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras».
Siguiendo lo anterior, se tiene que el vocablo «no obstante» puede entenderse también
como «a pesar de lo dicho», lo cual es perfectamente compatible con el contenido de la
norma, pues, como se señaló anteriormente, en la primera parte del artículo 179 se
expresa que en los predios de reserva vial es posible solicitar licencias de construcción y
urbanismo. Entonces, lo que viene a continuación es una precisión que el redactor del
texto quiso dejar expresamente consagrada.

La norma continúa señalando que «será posible acogerse a los usos temporales de
comercio y servicios». En ese sentido, de la generalidad de actividades a las que puede
estar destinado un predio, que según el artículo 340 del Decreto 190 de 2004 eran
residencial, dotacional, comercio y servicios, central, integral, industrial y minera, la

11 Artículo 447. Definición de afectación. La afectación es una restricción impuesta a uno o más

inmuebles específicos, que limita o impide la obtención de las licencias urbanísticas de que trata el
Capítulo x de la Ley 388 de 1997, por causa de la construcción o ampliación de una obra pública o por
razón de protección o ambiental.
12 Ley 9.ª de 1989. Artículo 37.-Toda afectación por causa de una obra pública tendrá una duración de tres

(3) años renovables, hasta un máximo de seis (6) y deberá notificarse personalmente al propietario e
inscribirse en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, so pena de inexistencia. La afectación quedará
sin efecto, de pleno derecho, si el inmueble no fuere adquirido por la entidad pública que haya impuesto la
afectación o en cuyo favor fue impuesta, durante su vigencia. El Registrador deberá cancelar las
inscripciones correspondientes, a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho. En el caso
de las vías públicas, las afectaciones podrán tener una duración máxima de nueve (9) años.
13 Artículo 122º.- Para efectos de garantizar el cumplimiento de las normas legales sobre compensación de

las cargas del desarrollo urbano, será requisito para la afectación de inmuebles por causa de obra pública,
en los términos previstos por el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, que la entidad pública que imponga la
afectación disponga de la apropiación presupuestal correspondiente al pago de la compensación debida a
su propietario por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación, cuya tasación será realizada
por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones correspondientes.

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norma quiso realizar una precisión para las licencias de construcción o urbanización que
busquen habilitar infraestructura destinada a los usos de comercio y servicios.

Respecto de la expresión «temporal», la norma la emplea porque, al tratarse de una zona
de reserva vial, su destinación final es servir para la ampliación de la malla vial de la
ciudad y, por tanto, cualquier otra destinación tiene carácter temporal. No debe
confundirse el vocablo «uso temporal» con lo contemplado en el artículo 279 del Decreto
190 de 2004, que regulaba lo referente a los «usos temporales en los elementos que
constituyen el sistema de espacio público construido». Dicho artículo se refería a las
condiciones para el desarrollo de eventos temporales, los cuales no podían exceder de
quince (15) días continuos y que, según la norma, comprendían actividades tales como
circos, parques de atracciones o ferias temporales.

Pues bien, la norma establece que, en caso de que se solicite una licencia de
construcción sobre un predio que esté ubicado en una zona de reserva vial y cuyo fin sea
habilitar infraestructura destinada a actividades de comercio o servicios, estas deberán
poder desarrollarse en «estructuras desmontables metálicas, de madera o similares». En
ese sentido, la precisión que realiza el precepto normativo constituye, en realidad, un
requisito adicional para el solicitante de la licencia de construcción cuando se pretenda
adelantar, sobre un predio sujeto a reserva vial, una construcción destinada a actividades
de comercio o servicios.

En ese sentido, más que una alternativa, lo que contempla la norma es una relación de
género a especie, en la medida en que, en su primer apartado, habilita expresamente la
posibilidad de solicitar licencias de urbanismo y construcción respecto de predios
ubicados en zonas de reserva vial, sin realizar diferenciación alguna en cuanto a la
actividad a la que estará destinada la construcción. No obstante, a continuación, señala
que, si lo que se pretende es una construcción destinada al comercio o a la prestación
de servicios, resulta obligatorio que, para obtener la licencia, la construcción reúna
determinadas características; esto es, que se trate de «estructuras desmontables
metálicas, de madera o similares, siempre que se cumplan las normas vigentes de
sismorresistencia y las disposiciones sobre espacio público referidas a andenes,
antejardines y cupos de parqueo».

De lo hasta aquí expuesto no se desprende que el artículo 179 del Decreto 190 de 2004
habilitara a los solicitantes de licencias de construcción ni a las autoridades encargadas
de otorgarlas, en este caso la curaduría urbana, para omitir la aplicación de las normas
de asignación de usos del suelo cuando se pretendiera adelantar la construcción de una
estructura desmontable de los materiales allí previstos sobre zonas de reserva vial. En
consecuencia, resultaba aplicable toda la reglamentación de asignación de usos
contemplada tanto en el POT como en las disposiciones que lo desarrollaban.

Lo anterior se reafirma, toda vez que el artículo 179 concluye con la siguiente expresión:
«Para el efecto, se deberá obtener la correspondiente licencia ante una curaduría
urbana». En consecuencia, resultaba aplicable el artículo 7 del Decreto 1469 de 2010, el
cual señala que, para el otorgamiento de licencias de construcción, se debe estar de
conformidad con lo previsto en los planes de ordenamiento territorial y en los instrumentos
que los desarrollen y complementen:

Artículo 7°. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa para
desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios,

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de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los
instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y
Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En
las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad,
volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva
edificación. […].

Pues bien, teniendo claro que el alcance del artículo 179 no consistía en permitir al
solicitante de la licencia obviar las normas del POT ni los actos que lo desarrollaran o
complementaran, dentro de los cuales se encuentran las disposiciones acerca del uso
del suelo, corresponde analizar qué disponía el Plan de Ordenamiento Territorial del
Distrito Capital vigente al momento de la solicitud de la licencia de construcción sobre el
uso del suelo.

Lo referente a los usos del suelo para el distrito capital estaba contemplado en el capítulo
primero del Decreto 190 de 2004. En ese capítulo se destaca el parágrafo del artículo
337 el cual señalaba lo siguiente:

Artículo 337. Condiciones generales para la asignación de usos urbanos.

La asignación de usos al suelo urbano debe ajustarse a las siguientes condiciones
generales:

1. Sólo se adquiere el derecho a desarrollar un uso permitido una vez cumplidas
integralmente las obligaciones normativas generales y específicas, y previa obtención de
la correspondiente licencia.
[…]
Parágrafo 1º. Los usos que no se encuentren asignados en cada sector, están prohibidos,
con excepción del desarrollo de nuevos usos dotacionales, los cuales deberán acogerse
para su implantación, a las disposiciones señaladas en el presente capítulo. [Destaca la
Sala]

El parágrafo transcrito señala que todo uso que no esté permitido para un sector estará
prohibido. Sobre esta norma, el apelante sostuvo que la misma se refiere únicamente a
usos permanentes y no temporales. Respecto de esta interpretación, la Sala expone tres
consideraciones.

La primera es que el apelante no señala en qué sustenta dicha afirmación, pues en su
recurso se limitó a formularla sin ofrecer un soporte argumentativo que la respalde.

La segunda consiste en recordar que, cuando el artículo 179 se refiere a usos temporales
comerciales o de servicios, lo hace bajo la lógica de que el uso final del predio, al
encontrarse ubicado en una zona de reserva vial, es precisamente su destinación a la
malla vial de la ciudad; por ello, cualquier uso distinto tiene carácter temporal.

La tercera es que, en este caso, debe acudirse al principio general de interpretación
jurídica según el cual «donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al
intérprete (ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus)»14. En efecto, el legislador

14 Este principio de interpretación ha sido ampliamente aplicado en nuestro ordenamiento jurídico, por

ejemplo, en: Corte Constitucional, Sentencia C-127 del 22 de abril de 2020, MP. CRISTINA PARDO
SCHLESINGER.

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se refirió de manera general a los usos y no diferenció entre usos permanentes y
temporales. Tan es así que, cuando quiso establecer una salvedad respecto de las
actividades o usos dotacionales, dispuso expresamente que, para su desarrollo, no
debían estar asignados de manera expresa al sector.

Visto lo anterior, y siguiendo lo establecido en el parágrafo del artículo 337 del Decreto
190 de 2004 para conceder una licencia de construcción era necesario establecer si el
uso al que iba a estar destinada la infraestructura que se planeaba realizar estaba
expresamente autorizado para ese determinado sector.

Para realizar ese análisis, se debe acudir a los actos administrativos que desarrollan el
POT de Bogotá, puntualmente los que determinaban las Unidades de Planeamiento
Zonal -UPZ- y sus correspondientes fichas normativas, así lo establecía el del Decreto
190 de 2004:

Artículo 49. Unidades de Planeamiento Zonal - UPZ.

La Unidad de Planeamiento Zonal -UPZ-, tiene como propósito definir y precisar el
planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a
su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición
de aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal.

Los procesos pedagógicos y de presentación en las diferentes Unidades de Planeamiento
Zonal (UPZ), referidos al diseño de políticas y estrategias, contenidos normativos y diseño
de instrumentos de gestión, buscarán cualificar la participación ciudadana, de tal manera
que les permita a las comunidades involucradas discernir y valorar las diferentes opciones
que se propongan.

Se promueven las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) como unidades de análisis,
planeamiento y gestión para comprender el tejido social y urbano, con el propósito de
plantear su estructura, orientar sus dinámicas y sus relaciones para mejorar las
condiciones de vida de la población.

Las Unidades de Planeamiento Zonal deben determinar como mínimo, los siguientes
aspectos:
1. Los lineamientos de estructura urbana básica de cada unidad, que permitan articular la
norma urbanística con el planeamiento zonal.
2. La regulación de la intensidad y mezcla de usos.
3. Las condiciones de edificabilidad.
4. Lineamientos sobre el manejo de ruido acorde con la política ambiental que sobre el
tema expida el DAMA con base en el Decreto Nacional 948 de 1995.

Parágrafo. La delimitación y señalamiento de las unidades de planeamiento zonal del
Distrito capital, se encuentran consignadas en el plano denominado "unidades de
planeamiento zonal (UPZs) [Destaca la Sala]

Artículo 299. Instrumentos normativos.

Las zonas urbanas en las cuales se aplica el Subprograma de Mejoramiento Integral se
regirán por el Tratamiento de Mejoramiento Integral descrito en el presente Plan. Los
usos y normativa urbana particular para cada Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ)
se desarrollarán en las fichas normativas reglamentarias o en los procedimientos
de regularización y legalización que se describen en el presente Plan. [Destaca la
Sala]

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Artículo 334. Procedimiento para la expedición de la norma específica de los
sectores normativos.

La normativa específica se elabora en dos etapas sucesivas, a saber:

1. El Plan de Ordenamiento Territorial establece las normas urbanísticas generales
aplicables a todo el suelo urbano y de expansión, mediante la delimitación y
reglamentación de las áreas de actividad y los tratamientos.

2. La norma específica se precisará mediante fichas reglamentarias en el marco de
las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), […] de la siguiente manera:

a. Fichas reglamentarias: El Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD),
elaborará fichas reglamentarias para cada sector normativo así:[…]

b. La ficha reglamentaria contendrá como mínimo, los siguientes aspectos:

1) Regulación de la intensidad y mezcla de usos.
2) Condiciones físicas de edificabilidad.
3) Elementos relacionados con el espacio público. […] [Destaca la Sala]

Siguiendo lo hasta aquí expuesto, se tiene que la correcta interpretación del artículo 179
del Decreto 190 de 2004, contrario a lo señalado por el apelante, no consistía en permitir
que ni el solicitante ni la autoridad encargada de otorgar la licencia de construcción
obviaran las normas sobre usos del suelo bajo supuesto alguno. Por el contrario, lo que
la norma pretendía era establecer un requisito especial para el caso de que el proyecto
de construcción estuviera destinado a la prestación de servicios o al comercio. En ese
sentido, el artículo nunca planteó la posibilidad de desatender las normas del POT o
aquellas que lo desarrollan, dentro de las cuales se incluyen los actos administrativos que
regulan el uso del suelo, esto es, los actos mediante los cuales se adoptaban las
Unidades de Planeamiento Zonal.

Para el caso concreto, el demandante, ahora apelante, enfocó sus reparos contra el acto
administrativo y la sentencia de primera instancia en el alcance interpretativo de la norma.
Sin embargo, no controvirtió que el predio identificado con matrícula inmobiliaria núm.
50N-301002 se encontraba ubicado en un área de reserva vial, ni que el uso
correspondiente a actividades de comercio pesado, específicamente la venta de
automóviles no estaba permitida en el sector donde se localizaba el inmueble.

En ese sentido, al concluir que la hipótesis interpretativa propuesta por el apelante es
incorrecta y que la Secretaría Distrital de Planeación actuó acertadamente al analizar si
el uso al que se destinaría el predio estaba permitido, pese a que la construcción
propuesta correspondía a una estructura metálica desmontable, la Sala encuentra que el
tribunal acertó al considerar ajustada a derecho la aplicación del artículo 179 del Decreto
190 de 2004. Por tanto, el presente cargo no está llamado a prosperar.

5.4.2. Respecto del análisis efectuado por el a quo sobre las prohibiciones
existentes en las áreas de control ambiental

En la sentencia apelada se señaló lo siguiente en torno a la posibilidad de construir en
áreas de control ambiental:

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Ahora bien, sobre la posibilidad de construir en áreas de control ambiental, otra de las
irregularidades evidenciadas por la entidad ahora demandada, que es avalada por esta
Corporación, en la medida en que los artículos 181 y 411 del POT, trascritos en el acápite
de marco jurídico, son claros en establecer que en esas áreas no se permite el desarrollo,
al propio tiempo que la modificación de la zona de reserva es una mera eventualidad que
puede o no suceder, hasta tanto no sea modificada la misma no puede hablarse de
permisión en el desarrollo de estas zonas como si fueran zonas de reserva. [Destaca la
Sala]

El apelante sostiene que la sentencia interpretó erróneamente los artículos 181 y 411 del
POT al concluir que en las áreas de control ambiental asociadas a reservas viales está
prohibido construir. Afirma que, conforme a los artículos 178, 179 y 445 del Decreto 190
de 2004, las reservas viales tienen un carácter meramente informativo y no constituyen
afectaciones ni impiden la obtención de licencias urbanísticas, razón por la cual los
predios ubicados en dichas zonas continúan siendo urbanizables y construibles. En ese
sentido, argumenta que las áreas de control ambiental solo surgen cuando la vía arterial
existe o cuando su ejecución se materializa mediante la imposición de afectaciones, la
adquisición de los predios o el inicio de procesos de expropiación. Por ello, mientras la
construcción de la vía sea apenas una posibilidad futura, no existe fundamento jurídico
para exigir la cesión gratuita ni la preservación de áreas de control ambiental, de modo
que la revocatoria de la licencia urbanística carecía de sustento legal.

La Sala se aparta de los argumentos del apelante por las razones que se pasan a
exponer.

En primer lugar, se resalta que el demandante señala en el sustento de este cargo que
las zonas de reserva tienen «meros efectos informativos para la ciudadanía y las
entidades públicas», argumentación que resulta abiertamente contradictoria con la
sostenida por el apelante en el cargo anterior. En efecto, en dicho reparo afirmó que el
hecho de que un predio fuera catalogado como zona de reserva vial sí producía efectos
jurídicos, al punto de considerar que tales zonas no estaban sometidas a la asignación
de usos del suelo prevista por el POT del Distrito Capital. Razonamiento que, como se
expuso en el acápite anterior, resulta equivocado.

Ahora bien, el argumento central del demandante en este punto es que el área de control
ambiental está asociada a la zona de reserva vial, lo cual encuentra la Sala que no tiene
fundamento en el acervo probatorio ni tampoco legal.

Por un lado, se tiene que las normas que regulaban la materia de áreas de control
ambiental en el Decreto 190 de 2004, y que el tribunal acertó en estudiar, son las
siguientes:

Artículo 181. Áreas de control ambiental o de aislamiento.

Son franjas de cesión gratuita y no edificables que se extienden a lado y lado de las vías
arterias con el objeto de aislar el entorno del impacto generado por estas y para mejorar
paisajística y ambientalmente su condición y del entorno inmediato. Son de uso público y
deberán tener, como mínimo, 10 metros de ancho a cada lado de las vías.

Parágrafo 1. Los predios que sean urbanizados en sectores ya desarrollados, donde no
se exigió la franja de control ambiental, se deberá ceder una franja de terreno para control

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ambiental de 5 metros de ancho como mínimo, buscando empatar con el paramento de
construcción definido en licencias de urbanización y construcción expedidas y
desarrolladas de conformidad con las normas originales de la urbanización.

Parágrafo 2. Las áreas de control ambiental o aislamiento en predios que adelanten
proceso de urbanización mediante plan parcial o que realicen cesiones al espacio público
por estar sometidos al tratamiento de desarrollo no se contabilizarán como parte de las
cesiones obligatorias gratuitas para parques y equipamientos.

Parágrafo 3. El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente con el Jardín
Botánico producirá una guía para la arborización y manejo de las áreas de control
ambiental o de aislamiento con el fin de potenciar sus cualidades como aislamiento
paisajístico, de aislamiento acústico, absorción de contaminantes en el aire, y conectividad
ecológica. Esta guía consultará los requerimientos urbanos y será adoptada mediante
decreto.

Artículo 411. Áreas de control ambiental para los corredores viales.

Para todos los predios por desarrollar con frente a las vías sobre las cuales se han definido
corredores en este Plan, se establecerán franjas de control ambiental de 15 metros de
ancho, que hacen parte de la sección de la vía, y se mantendrán como zonas verdes de
uso público, de los cuales se arborizará como mínimo una franja de 10 metros de ancho.

Para los predios ubicados sobre las intersecciones viales, en los corredores de que trata
el presente Artículo, el área de control ambiental en ambas vías será de 15 metros de
ancho, tratada como zona verde, y no requerirá ser arborizado en los primeros 50 metros,
desde la intersección en ambos sentidos.

De las normas transcritas se desprende, tal como lo señaló el tribunal, que las áreas de
control ambiental no son edificables. En ese sentido, si una porción del predio estaba
definida como «área de control ambiental para los corredores viales», no podía edificarse
sobre ella. El legislador no contempla excepciones a dicha prohibición. Asimismo, se
desprende que las áreas de control ambiental estaban previstas para existir a lado y lado
de las vías arteriales, y no como consecuencia de la existencia de zonas de reserva vial.

Ahora bien, el apelante sostiene que, en el presente caso, el área destinada a las áreas
de control ambiental para los corredores viales estaba asociada a la reserva vial, es decir,
a una zona donde se espera que exista una vía, pero que aún no existe, por lo que no
puede dársele validez al área de control ambiental de un corredor vial inexistente.

Esta argumentación es equivocada por varias razones. La primera, porque en el proceso
no quedó demostrado que el área de control ambiental estuviera asociada a la zona de
reserva vial. De hecho, la Sala encuentra que dicha área de control ambiental estaba
prevista no por la existencia de la reserva vial, sino porque el predio es colindante con la
Avenida Boyacá y, dadas las características de esa vía, conforme al POT del Distrito
Capital vigente al momento de la solicitud de la licencia de construcción, era necesario
dejar un área de control ambiental o de aislamiento.

En efecto, esta circunstancia era de conocimiento de la sociedad demandante, pues
consta en el expediente digital una solicitud dirigida por dicha sociedad a la Alcaldía de
Bogotá, mediante la cual pidió que se redujera el área de control ambiental asociada a la
avenida Boyacá que gravaba su predio:

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Demandante: CARMAX HARIZA Y CÍA S. EN C.S.
Demandado: Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Planeación

En atención a las solicitudes del asunto, mediante las cuales se presenta una serie
de argumentos para sustentar un estudio por parte de esta Secretaría de una posible
reducción de la zona de control ambiental de 10.0 metros exigida sobre la avenida
Boyacá, a un antejardín o control ambiental de 5.0 metros para el predio ubicado en
la avenida Boyacá (AK 72) N° 128A – 13/19, y también se solicita la respuesta a una
serie de preguntas relacionadas con dicho tema y con la zona de reserva vial del citado
predio, se informa lo siguiente: Consultada la plancha F-61 a escala 1:2000 del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, el plano topográfico S 247/1-02 perteneciente al predio de la
solicitud denominado "El Prado San Gregorio Lote 2A", y los planos de las urbanizaciones
vecinas como son, el del proyecto general S 247/4-3 del Conjunto "Torres del Camino"; el
plano del proyecto general S 124/4-2 de la Agrupación de Vivienda "Calatrava II Sector";
así como, el plano de proyecto: general S 247/4-2 de la Agrupación de Vivienda "El Tirol",
y de conformidad con la normatividad del Decreto 190 del 22 de junio de 2004 "Por medio
del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000
y 469 de 2003" y del Decreto 327: del Decreto 327 del 11 de octubre de 2004 mediante el
cual se reglamentó el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital, se
determinó:

En lo que corresponde a la zona de control ambiental exigida en el plano S 247/1-02 se
informa que el frente del predio sobres la avenida Boyacá, localizado entre los mojones
19-54-55-59-60-61-48 señalados en este plano, cuenta con una longitud de 130.15
metros, y en consecuencia, dado que dicha longitud es mayor a 100 metros no es viable
reducir el ancho de esta zona a 5.0 metros ni su cambio por antejardín.

Lo anterior. En aplicación de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 17 del Decreto 327
de 2004; en el cual se estipula textualmente que "Cuando sobre las vías de la malla vial
arterial sea imposible, individualmente en-conjunto con predios vecinos, producir franjas
de control ambiental de longitud igual o superior a 100 metros lineales, las mismas podrán
reducirse hasta cinco (5) metros de ancho.". para el caso, no es plicable la norma citada,
y por consiguiente, se mantiene inmodificable el ancho de 10.0 metros para la zona de
control exigida contra la avenida Boyacá sobre el predio15. [Destaca la Sala]

En el mismo sentido, de los múltiples planos que obran en el proceso se observa que,
para el momento de la solicitud de la licencia de construcción, el predio sí colindaba con
la avenida Boyacá, y que las áreas de control ambiental eran las colindantes y
correspondían a dicha avenida.

16

15 SAMAI, Índice 38, documento «2_EXPEDIENTEDIGI_CUADERNOANEXOII_1_20240827104803419».

FL. 224.
16 SAMAI, Índice 38, documento «CUADERNO TRIBUNAL». FL. 175.

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Entonces, es equivocado el presupuesto del apelante según el cual no existía una vía
que impusiera la obligación de prever áreas de control ambiental para los corredores
viales. Ello es así porque, para el momento de la solicitud de la licencia de construcción,
la Avenida Boyacá colindaba con el predio y, por tanto, existía la obligación de acatar lo
dispuesto en los artículos 181 y 411 del Decreto 190 de 2004, los cuales prohibían edificar
en dichas áreas de control ambiental o de aislamiento. En consecuencia, en el acto
administrativo demandado se acertó al afirmar lo siguiente:

Adicionalmente, la licencia impugnada tampoco cumple lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., por cuanto, la franja de control ambiental
demarcada en el plano 1/7 de la LC 11-2-1026 del 25 de noviembre de 2011 no se
encuentra libre y, el artículo 179 del Decreto Distrital 190 de 2004 autoriza la expedición
de licencias urbanísticas respecto de predios en los que se hayan demarcado zonas de
reserva vial, pero dichas licencias no se pueden otorgar respecto de áreas destinadas a
la conformación de corredores ecológicos viales.

Acorde con lo antes señalado y, de conformidad con lo determinado por las Direcciones
de Planeación. Territorial y. de Vías, Transporte y Servicios. Públicos, la Licencia de
Construcción LC 11-2-1061 del 25 de noviembre de 2011, expedida por el Curador Urbano
2 de Bogotá D.C., debe ser revocada.

Dilucidado que el supuesto expuesto por el demandante no corresponde con la realidad
probatoria y que, de conformidad con el artículo 181 del Decreto 190 de 2004, la
Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá acertó en sus consideraciones respecto de
la prohibición de construir en las áreas de control ambiental o de aislamiento, al igual que
el tribunal al respaldar ese análisis, la Sala encuentra que este cargo no tiene vocación
de prosperidad.

5.4.3. Sobre la pertinencia de la invocación de la Circular 008 de 2005 en el acto
administrativo

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En la sentencia apelada se indicó lo siguiente acerca de la aplicación de la Circular 0008 de
2005 en la Resolución núm. 0294 del 1 de marzo de 2012:

Finalmente, sobre la expedición y aplicación de la Circular 008 de 2005, esta Corporación
encuentra que tenerla como un argumento o criterio para desarrollar y sustentar el acto
administrativo ahora demandado no constituye de ninguna forma una causal de nulidad,
al propio tiempo que se trata de un fundamento de censura carente de soporte factico y
jurídico, pues tal acto administrativo contine unos parámetros de interpretación por parte
de la autoridad administrativa que tiene a su cargo definir los temas de urbanismo del a
ciudad (sic), en ejercicio de todas sus atribuciones administrativas, como lo es la facultad
de instrucción.

El demandante, en su recurso de apelación, manifestó su desacuerdo con que el acto
demandado hubiera tenido dentro de sus fundamentos de derecho la Circular 008 de
2005 y reiteró la argumentación expuesta en la demanda.

La Sala no profundizará en el presente cargo. En primer lugar, porque la demandante no
desarrolló un reparo concreto frente a lo expuesto por el tribunal. La Sala encuentra que
la parte recurrente no formuló ningún motivo de inconformidad respecto de los
fundamentos de la providencia impugnada y se limitó a reiterar los argumentos expuestos
en la demanda. Por lo tanto, considera que no se cumplió con la carga de sustentación
del recurso de apelación.

En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación:

En este sentido, es menester señalar que, la carga de sustentación que corresponde
cumplir a la parte recurrente, como bien se sabe, no se satisface con la simple
manifestación de disenso frente a la providencia recurrida, tampoco con la sola solicitud
de que se revoque para que, en su lugar, se acceda al reconocimiento de los intereses de
la parte inconforme o con la mera reiteración de las razones expuestas en el curso de la
primera instancia, bien sea en la demanda o en la contestación, pues, lo que la ley impone
es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a
la providencia confutada en aquello que se considere desfavorable, no solo porque la
decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino, porque exista en realidad,
a su juicio, una o varias razones por la que piense que lo resuelto en primera instancia no
corresponde, en derecho, a una decisión acertada17.

En otra oportunidad también se señaló:

A tono con las razones hasta aquí expuestas, no siendo posible extractar del escrito del
recurso de apelación una razón o motivo de inconformidad con la sentencia recurrida, que
no constituyan nuevas imputaciones que desborden la causa petendi, y dado que la Sala
no está llamada a suplir esta carga que corresponde de manera exclusiva al recurrente,
forzoso resulta concluir que los fundamentos de la sentencia impugnada respecto de la
imputación realizada a la pasiva quedaron incólumes, libres de cualquier censura o
confrontación y, por tanto, se impone confirmar la providencia recurrida por carencia de
objeto de la alzada18.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 5 de marzo

de 2026, Radicación núm.: 5000232400020110046303. MP: Nubia Margoth Peña Garzón.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de

noviembre de 2021, Radicación núm.: 25000-23-26-000-2011-00924-01. MP: José Roberto Sáchica
Méndez.

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Ahora bien, aun si, en gracia de discusión, se estudiara el presente reparo, del análisis
del acto administrativo demandado se desprende que no es cierto, como lo sostiene la
demandante, que dicho acto hubiera estado fundamentado exclusivamente en la Circular
008 de 2005. Por el contrario, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá sustentó su
decisión en múltiples disposiciones del POT vigente para ese momento, así como en la
información solicitada a distintas dependencias respecto del inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria núm. 50N-301002, en especial en lo relacionado con la
determinación de si este se encontraba o no en un área de reserva vial. Además, la Sala
encuentra que, como se puso de presente al resolver los dos primeros cargos, el análisis
efectuado por la dependencia distrital fue correcto.

Por todo lo anterior, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

5.4.4. Sobre el análisis del a quo en relación con la relevancia jurídica de la
expedición de una nueva licencia de construcción.

En su recurso de apelación el demandante sostuvo lo siguiente: «En conclusión, es
totalmente desenfocado pensar, como lo hizo el a quo, que la obtención de la nueva
licencia de construcción es un elemento que corrobora la legalidad del acto acusado y
que desvirtúa los perjuicios irrogados a la sociedad actora.». De la anterior transcripción
se extrae que el apelante no se encuentra conforme con que en la sentencia se hubiere
analizado que por el hecho de recibir la sociedad demandante una licencia de
construcción nueva, luego de iniciado el proceso contencioso, esa mera situación diera
lugar a soportar la legalidad del acto demandado.

La Sala encuentra que el reparo de la demandante carece de fundamento, pues del
análisis de la sentencia de primera instancia no se advierte que el a quo hubiera atribuido
ese alcance al otorgamiento de una nueva licencia de construcción a favor de la sociedad
demandante respecto del predio identificado con matrícula inmobiliaria núm. 50N-
301002. En la sentencia recurrida se señaló lo siguiente sobre ese hecho:

Sea del caso advertir que respecto del inmueble ubicado en la Avenida Carrera 72 No.
128 A - 19 de la ciudad de Bogotá, y habiendo sido revocada la Licencia de Construcción
LC 11-2-1061 de 25 de noviembre de 2011, la sociedad CARMAX H ARIZA Y CÍA S. EN
C.S., demandante, a través de radicación 12-2-0501 de 26 de abril de 2012, y habiéndose
ajustado a las normas jurídicas que regulan la materia, elevó una nueva solicitud de
licencia de construcción en la modalidad de obra nueva ante el mismo Curador Urbano 2
de Bogotá, solicitud que fue concedida y está contenida en la Licencia de Construcción
LC 12-2-0430 de 31 de mayo de 2012. Esta decisión fue igualmente recurrida por el
representante legal de la Agrupación Antigua Helvética Propiedad Horizontal, y
confirmada en reposición a través de la Resolución RES-12-2-0236 de 27 de junio de
2012, y en apelación, mediante la Resolución 1342 de 9 de noviembre de 2012,
expedidas, en su orden, por el referido Curador y por la SECRETARÍA DISTRITAL DE
PLANEACIÓN, obrando este último acto administrativo a folios 142 a 151 del cuaderno
principal del expediente. En el presente, la licencia concedida y que se encuentra vigente
otorga autorización para una "obra nueva para 1 edificación proyectada en altura total de
2 pisos con destino al uso temporal de comercio zonal en estructura desmontable de
madera”.

Del texto transcrito no se desprende ningún juicio de valor por parte del a quo respecto
del hecho de que al demandante le hubiera sido otorgada una licencia de construcción
con posterioridad. En ningún apartado señaló el tribunal, como lo afirma el apelante, que

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esa circunstancia ratificara la legalidad de la Resolución núm. 0294 del 1.º de marzo de
2012.

Por el contrario, la sentencia apelada únicamente se refiere a la concesión de la nueva
licencia en el apartado denominado «Situaciones fácticas y jurídicas que llevaron a la
expedición de la Resolución 0294 de 1.º de marzo de 2012», lo que evidencia que dicha
circunstancia fue expuesta como un antecedente fáctico, mas no que hubiera constituido
un fundamento para negar la nulidad del acto demandado.

En consideración de lo anterior, el reparo no prospera.

5.4.5. Del reparo en contra de condena en costas en primera instancia

La parte demandante en su escrito de apelación presentó reparo en contra de la condena
de costas en primera instancia. El tribunal resolvió lo siguiente sobre las costas
procesales:

CONDENA EN COSTAS.

En atención a lo previsto en el artículo 1887 de la ley 1437 de 2011, se condenará
en costas a la parte demandante, en tal sentido, se ordenará que por Secretaría
de la Sección Primera de esta Corporación se efectúe la respectiva liquidación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil.

Acerca de este aspecto, se observa que en al haber sido proferida la sentencia en primera
instancia el 22 de noviembre de 2013, le eran aplicables los artículos 188 del CPACA y
392 del Código de procedimiento Civil (CPC)19, en especial de su numeral 9º, numeral
que tiene idéntica redacción en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del
Proceso (CGP), respecto de la condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por
esta corporación, la Sala advierte que esa clase de condenas atiende a un criterio objetivo
valorativo. Dicho criterio: (i) es objetivo porque no resulta de un obrar temerario o de mala
fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que ha interpuesto, y (ii) es valorativo, porque se requiere en el
expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
que efectivamente realiza dentro de este.

En este asunto, pese a que la parte demandante resultó vencida en primera instancia, se
advierte que el tribunal no realizó un estudio para determinar si en el expediente procesal
estaba acreditada la causación de expensas, gastos procesales o agencias en derecho.
Por lo tanto, la Sala revocará la condena que por tal concepto impuso el a quo en el
numeral cuarto de la parte resolutiva.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena. Auto del 25 de junio de 2014,

Radicación núm.: 25000-23-36-000-2012-00395-01. MP: Erique Gil Botero. «En consecuencia, la Sala
unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012, para señalar que
su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral
relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen
por la norma de transición que se explicará en el acápite a continuación, las cuales se resolverán con la
norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite».

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Así las cosas, la Sala estima que, salvo lo relativo a la condena en costas, ninguno de
los cargos planteados por la parte demandante en el recurso de apelación tiene vocación
de prosperidad. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada, a excepción
del ordinal cuarto de la parte resolutiva, que impuso condena en costas a la parte
demandante, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

5.5. Condena en costas en segunda instancia

La Sala no condenará en costas en la presente instancia comoquiera que las mismas no
aparecen causadas ni probadas, lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo
188 del CPACA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso
por la remisión del artículo 306 de la mencionada ley.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de noviembre de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a excepción del ordinal cuarto de la parte
resolutiva, el cual se REVOCA, para, en su lugar, NEGAR la condena en costas de
primera instancia, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 10 de
septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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