Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00407-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00407-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2012-00407-02
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
26 de septiembre de 2024
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de Seguros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tesis: No es nulo por falta de competencia y falsa motivación el
fallo que declaró fiscalmente responsable al gerente y a
la subgerente comercial y de mercadeo de la Industria de
Licores del Valle por su gestión antieconómica y causar
detrimento al patrimonio público, cuyos cargos fueron
asegurados por una póliza de responsabilidad civil –
servidores públicos contratada con La Previsora S.A.
compañía de seguros, la cual fue vinculada al proceso con
ocasión de dichos amparos.
Hay lugar a revocar parcialmente el fallo con
responsabilidad fiscal proferido en contra de La Previsora
S.A. compañía de seguros, en cuanto vinculó al proceso
de responsabilidad fiscal la póliza de Responsabilidad
Civil Servidores Públicos nro. 1003720 que superó el
término de vigencia y de extensión para su reclamación,
teniendo en cuenta que el evento que configuró el riesgo
asegurado fue la notificación del auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 23 de febrero de 2017 por la Sección
Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
denegó las pretensiones de la demanda.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La Previsora S.A. compañía de Seguros, actuando por conducto de
apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA,
presentó demanda en contra de la Contraloría General de la República y
solicitó fueran vinculados como litisconsortes los señores Doney Ospina
Medina y Paula Andrea Martínez Vélez, cuyos cargos, según afirmó, fueron
asegurados en la vigencia correspondiente del seguro contenido
solamente en la póliza de responsabilidad civil – servidores públicos nro.
1006587.
Las pretensiones formuladas fueron las siguientes1:
“[…] A. PRETENSIONES PRINCIPALES
PRIMERA: Que se declare la nulidad del Fallo de Responsabilidad Fiscal
No. 001 del 20 de febrero de 2012, proferido dentro del proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 6-007-11 por la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la
República, mediante el cual se resolvió, para, entre otros investigados, lo
siguiente:
(…)
“ARTÍCULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL,
conforme lo previene el artículo 53 de la ley 610 de 2000, en
contra de DONEY OSPINA MEDINA, identificado (…), Gerente
General de la Industria de Licores del Valle, para la época de los
hechos en cuantía de $6.879.876.162.
(...)
CUARTO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, conforme lo
previene el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en contra de PAULA
ANDREA MARTÍNEZ VELEZ identificado (sic) con (…), en su
calidad de SubGerente Comercial y de Mercadeo de la Industria
de Licores del Valle, para la época de los hechos en cuantía de
$6.879.876.162.
(...)
1
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
DIECINUEVE: Mantener vinculados como Terceros Civilmente
Responsable a Aseguradora la Previsora S.A. compañía de
Seguros y Segurexpo seguros de crédito y cumplimiento
Bancoldex - Grupo Cesce”.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad del Fallo de Segunda Instancia
proferido dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 6-007-11, de
fecha 23 de marzo de 2012, emitido por la Contralora General de la
República, Doctora Sandra Morelli Rico, que dispuso entre otros, lo
siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de la presente providencia, modificar
parcialmente el fallo con responsabilidad fiscal emitido el día 20
de febrero de 2012, por la Contralora Delegada Intersectorial de
la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, en
el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria y a título
de culpa grave y por una cuantía de [$]40.767.369.586 indexado
(sic) febrero de 2012 contra las siguientes personas:
(...) MARTÍNEZ VÉLEZ PAULA ANDREA identificada con cédula;
(...) OSPINA MEDINA DONEY, identificado con cédula de
ciudadanía (...).
Y en su calidad de tercero civilmente responsable a la compañía
aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,
identificada con NIT: 8600024002.”
TERCERA: Que como consecuencia, de las declaraciones Primera y
Segunda, se declare que los declarados fiscalmente responsables, así
como el tercero civilmente responsable, LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA
DE SEGUROS, no estaban ni están obligados a efectuar pago alguno
derivado de los fallos con responsabilidad fiscal demandados.
CUARTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se
ordene la devolución de los dineros que haya pagado o llegare a pagar La
Previsora S.A. Compañía de Seguros, con ocasión del fallo de
Responsabilidad Fiscal No. 001 del 20 de febrero de 2012 y el Fallo de
Segunda Instancia, de fecha 23 de marzo de 2012, proferidos por la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Contralora
General de la Contraloría General de la República, respectivamente.
QUINTA: Que se condene al pago de las expensas y costas a la Contraloría
General de la República, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
SEXTA: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos
previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
En subsidio de las pretensiones principales primera a cuarta, me permito
formular las siguientes:
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
PRIMERA: Que se declare la nulidad del artículo Diecinueve del Fallo de
Responsabilidad Fiscal No. 001 del 20 de febrero de 2012, proferido dentro
del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 6-007-11 por la Contralora
Delegada Intersectorial de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría
General de la República, mediante el cual se resolvió:
“DIECINUEVE: Mantener vinculados como Terceros Civilmente
Responsable a Aseguradora la Previsora S.A. compañía de
Seguros y Segurexpo seguros de crédito y cumplimiento
Bancoldex - Grupo Cesce.”
SEGUNDA: Que se declare la nulidad parcial del artículo primero del Fallo
de Segunda Instancia proferido dentro del proceso de responsabilidad
fiscal No. 6-007-11, de fecha 23 de marzo de 2012, suscrito por la
Contralora General de la República, Doctora Sandra Morelli Rico, que
dispuso en la parte pertinente, lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de la presente providencia, modificar
parcialmente el fallo con responsabilidad fiscal emitido el día 20
de febrero de 2012, por la Contralora Delegada Intersectorial de
la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, en
el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria y a título
de culpa grave y por una cuantía de [$]40.767.369.586 indexado
febrero de 2012 contra las siguientes personas:
(...)
Y en su calidad de tercero civilmente responsable a la compañía
aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,
identificada con NIT: 8600024002.”
TERCERA: Que como consecuencia, de las declaraciones Primera y
Segunda, se declare que el Tercero Civilmente Responsable LA
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, no estaba ni está obligada a
efectuar pago alguno derivado del fallo con responsabilidad fiscal de
primera y segunda instancia, al cual se vincularon las pólizas de
Responsabilidad Civil Servidores Públicos Nros. 1003720, 1005140,
1006587 y 1005750, expedidas bajo la modalidad de Claims Made y no
de ocurrencia”.
CUARTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se
ordene la devolución de los dineros que haya llegado o llegare a pagar La
Previsora S.A. Compañía de Seguros, con ocasión del fallo de
Responsabilidad Fiscal No. 001 del 20 de febrero de 2012 y el Fallo de
Segunda Instancia, de fecha 23 de marzo de 2012, proferidos por la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Contralora
General de la Contraloría General de la República, respectivamente.
QUINTA: Que se condene al pago de las expensas y costas a la Contraloría
General de la República, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
SEXTA: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos
previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA.
PRIMERA: Que se declare la nulidad del artículo Diecinueve del Fallo de
Responsabilidad Fiscal No. 001 del 20 de febrero de 2012, proferido dentro
del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 6-007-11 por la Contralora
Delegada Intersectorial de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría
General de la República, mediante el cual se resolvió:
“DIECINUEVE: Mantener vinculados como Terceros Civilmente
Responsable a Aseguradora la Previsora S.A. compañía de
Seguros y Segurexpo seguros de crédito y cumplimiento
Bancoldex - Grupo Cesce”.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad parcial del artículo primero del Fallo
de Segunda Instancia proferido dentro del proceso de responsabilidad
fiscal No. 6-007-11, de fecha 23 de marzo de 2012, suscrito por la
Contralora General de la República, Doctora Sandra Morelli Rico, que
dispuso en la parte pertinente, lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de la presente providencia, modificar
parcialmente el fallo con responsabilidad fiscal emitido ei día 20
de febrero de 2012, por la Contralora Delegada Intersectorial de
la Unidad de investigaciones Especiales contra la Corrupción, en
el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria y a título
de culpa grave y por una cuantía de 40.767.369.586 indexado
febrero de 2012 contra las siguientes personas:
(...)
Y en su calidad de tercero civilmente responsable a la compañía
aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS,
identificada con NIT: 8600024002.”
TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones Primera y
Segunda, se declare que LA PREVISORA S.A, COMPAÑÍA DE SEGUROS,
sólo está obligada a afectar la póliza de Responsabilidad Civil - Servidores
Públicos Nos. 1006587, por tratarse de un seguro de Responsabilidad Civil
• Servidores Públicos, expedida bajo la modalidad de reclamación (claims
made) y por ende a pagar el valor asegurado vigente para la fecha en que
se realice el pago de la prestación asegurada.
CUARTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se
declare que LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, no está
obligada a afectar y por tanto a pagar la prestación asegurada derivada
de las Pólizas de Responsabilidad Civil - Servidores Públicos Nos.
1003720, 1005140 y 1005750, expedidas bajo la modalidad Claims made
y no de ocurrencia.
QUINTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se
ordene la devolución de los dineros que haya pagado o llegare a pagar La
Previsora S.A. Compañía de Seguros, con ocasión del fallo de
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Responsabilidad Fiscal No. 001 del 20 de febrero de 2012 proferido por la
Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad Anticorrupción de la
Contraloría General de la República y el Fallo de Segunda Instancia, de
fecha 23 de marzo de 2012, proferido por la señora Contralora General de
la República y que se relacionan con las Pólizas de Responsabilidad Civil -
Servidores Públicos Nos. 1003720, 1005140 y 1005750, expedidas bajo
la modalidad Claims made y no de ocurrencia.
SEXTA: Que se condene al pago de las expensas y costas a la Contraloría
General de la República, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
SÉPTIMA: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos
previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo […]” (mayúsculas originales).
Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
La parte actora afirmó que con la expedición de los actos acusados se
vulneraron los siguientes artículos: 6, 121, 122, 267 y 286 de la
Constitución Política; 35 del Código Contencioso Administrativo; 26 de la
Ley 42 de 1993; 4, 5, 6, 44 y 63 de la Ley 610 de 2000; 99 y 137 del
CPACA; 81 de la Ley 617 de 2000; 1077 y 1079 del Código de Comercio;
488 del Código de Procedimiento Civil; 4 de la Ley 389 de 1997; 128 de
la Ley 1474 de 2011; condiciones generales del contrato de seguro:
condición primera y décima tercera, y condiciones particulares del
contrato de seguro: póliza nro. 1003720, numeral 4.24; póliza nro.
1005140, numeral 8.8.2.7., pólizas números 1005750 y 1006587, aparte
denominado “cláusula de descubrimiento”.
Como cargos de violación se invocaron los siguientes:
A. En relación con las pretensiones principales:
Primero. “Nulidad del fallo de responsabilidad fiscal no. 001 del 20 de
febrero de 2012 y del fallo de segunda instancia de fecha 23 de marzo de
2012 por falta de competencia de la Contraloría General de la República,
en tanto y en cuanto, la misma no podía ejercer control posterior
excepcional sobre la Industria de Licores del Valle por no ser ésta una
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
entidad territorial. Violación de los artículos 267 y 286 de la constitución
política, artículo 26 de la ley 42 de 1993 y artículo 63 de la ley 610 de
2000”.
Alegó que, atendiendo lo previsto por el artículo 267 de la Constitución
Política, el control posterior excepcional únicamente se podía ejercer
sobre las entidades del territoriales y no sobre cualquier otro tipo de
entidad, ello en consonancia con el artículo 26 de la Ley 42 de 1993 y el
artículo 63 de la Ley 610 de 2000.
Expuso que la Industria de Licores del Valle fue objeto de control posterior
excepcional por parte de la Contraloría General de la República con
fundamento en el artículo 63 de la Ley 610 de 2000, tratándose de una
empresa industrial y comercial del Estado, y que, como lo ha sostenido la
jurisprudencia del Consejo de Estado2, el control posterior excepcional es
solo para entidades territoriales y no para las entidades descentralizadas.
Segundo. “Nulidad del fallo de responsabilidad fiscal nro. 001 del 20 de
febrero de 2012 y del fallo de segunda instancia de fecha 23 de marzo de
2012, por falsa motivación, en tanto y en cuanto, en el presente asunto,
no se configuran los elementos de la responsabilidad fiscal”.
Afirmó que, en el presente asunto, no se configura ninguno de los
elementos que estructuran la responsabilidad fiscal en relación con las
conductas desplegadas por los señores Doney Ospina Medina y Paula
Andrea Martínez Vélez, gerente general y subgerente comercial y de
mercadeo de la Industria de Licores del Valle, respectivamente, cuyos
cargos gozaban de cobertura en las pólizas expedidas por La Previsora
S.A., compañía de seguros.
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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 27 de mayo de 2010 C.P. María Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación nro.
11001 03 24 000 2003 00053 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Agregó que solamente respondería la aseguradora por la Póliza de
Responsabilidad Civil - Servidores Públicos nro. 1006587, por lo que no
había lugar a mantener vinculadas las pólizas de Responsabilidad Civil -
Servidores Públicos números 1003720, 1005140, 1005750, y que los
actos administrativos demandados están viciados de nulidad por falsa
motivación porque las razones que conllevaron a expedir el fallo no se
ajustan a derecho.
Señaló que, en el caso, el daño se centró, según el fallo de segunda
instancia, en la cantidad de unidades dispuestas para el plan comercial,
“pues tales productos eran entregados al distribuidor dejando de percibir
ingresos por dichos bienes, así como los correspondientes valores por
impuestos en el evento en que hubieren sido comercializados”.
Aseguró que la Industria de Licores del Valle, para el año 2007, se
encontraba en una delicada situación financiera, al punto de verse
avocada a un inminente proceso de liquidación por tener pérdidas por dos
años consecutivos, 2005 y 2006, por valor de $4.932.000.000 y
$13.831.000.000 respectivamente, por lo que el gobernador de entonces
decidió nombrar en el cargo de gerente general de la Industria de Licores
del Valle al señor Doney Ospina Medina, quien asumió la dirección de la
empresa con el fin de salvarla del proceso liquidatorio, razón por la cual
se hicieron campañas agresivas de mercadeo, promocionando fiestas,
patrocinando festivales y grandes eventos, con el fin de retomar el
liderazgo de sus productos, en especial, del aguardiente blanco del Valle,
y posicionar nuevamente la marca en el departamento.
Informó que para el año 2008 fue necesario contratar una única firma
especializada que se encargara de la distribución y comercialización, por
lo que se contrató la UT Comercializadora Integral S.A., con la que
conjuntamente se adelantó el plan comercial.
Expuso que, para establecer la viabilidad y los beneficios que trajo consigo
el plan promocional adoptado por la Industria de Licores del Valle, el señor
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Doney Ospina Medina, en la diligencia de versión libre, presentó la
documentación que permitía probar que dicho plan no solo sirvió para la
estabilización económica y financiera de la empresa, sino también para
posicionar en el mercado el aguardiente blanco del Valle.
Alegó también que, mediante la ordenanza nro. 131 del 3 de septiembre
de 2001, la asamblea departamental del Valle del Cauca exoneró a los
productos promocionales de la Industria de Licores del Valle de ser
gravados, ordenanza que estuvo vigente sin modificaciones durante los
años 2008, 2009 y 2010, por lo que gozaba de presunción de legalidad.
Concluyó que el gerente de la Industria de Licores del Valle Doney Ospina
Medina y la subgerente comercial y de mercadeo Paula Andrea Martínez
Vélez no realizaron gestión fiscal irregular, sino que su gestión tuvo
enormes beneficios; por ende, al no existir daño fiscal, no se configuró
una conducta gravemente culposa de tales funcionarios hallados
fiscalmente responsables.
Tercero. “nulidad del fallo de responsabilidad fiscal no. 001 del 20 de
febrero de 2012 y del fallo de segunda instancia de fecha 23 de marzo de
2012, por falsa motivación, en tanto y en cuanto, las decisiones
adoptadas en el mismo se tomaron sin fundamentos de hecho y de
derecho”.
Este cargo lo sustentó en que la Contraloría General de la República debió
señalar claramente los fundamentos de hecho y de derecho para llegar a
las conclusiones esbozadas en el fallo de segunda instancia que culminó
con la declaratoria de responsabilidad fiscal de los investigados, en
especial de los señores Doney Ospina Medina y Paula Andrea Martínez
Vélez.
Aseveró que, tras la investigación, el fallo de segunda instancia concluyó
que el supuesto daño fiscal sufrido por la Industria de Licores del Valle se
concretó en el plan promocional, esto es, por la entrega de producto por
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
parte de la Industria de Licores del Valle al distribuidor en una cantidad
desproporcionada; no obstante, la Contraloría no presentó prueba alguna
que la llevara a señalar que la entrega de producto promocional no era el
adecuado.
Acotó que “el único argumento utilizado por la Contraloría General de la
República para configurar un daño patrimonial es que, a su juicio, la
cantidad de unidades promocionales otorgadas por la ILV, eran
exageradas, teniendo en cuenta el otrosí no. 7, que fijó un porcentaje del
6.4%, pero, para llegar a esa conclusión, no se soportó en un estudio de
mercado, que le permitiera tener certeza que para los años 2008, 2009 y
2010, también podría haber sido válido fijar un plan promocional en ese
porcentaje y ni siquiera tuvo en cuenta los estudios de mercado que para
esa época se realizaron, es más, no los desvirtuó con análisis similares
que dejaran sin piso jurídico, técnico, económico y financiero los
elaborados por la ILV que sirvieron de base para el desarrollo y ejecución
del Plan Promocional de marras”.
Agregó que la Contraloría no indicó por qué ese porcentaje era un límite
razonable, por lo que la decisión no contó con sustento alguno, lo que
conllevaba a que los actos acusados debían ser declarados nulos por falsa
motivación.
B. En relación con las pretensiones subsidiarias
Solicitó que en el evento de no prosperar las pretensiones principales se
diera prosperidad a las pretensiones subsidiarias.
Primera. “Nulidad del artículo diecinueve del fallo no. 001 del 20 de
febrero de 2012, y del artículo primero del fallo de segunda instancia del
23 de marzo de 2012, por falsa motivación, en tanto y en cuanto, respecto
de la vinculación de La Previsora S.A. como tercero civilmente
responsable, no se exponen las razones de hecho y de derecho, para
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
determinar su responsabilidad; y por violación directa de la ley, artículos
1077 y 1079 del código de comercio y 44 de la ley 610 de 2000”.
Manifestó que la motivación de los actos administrativos es un requisito
de su esencia, y que la no exposición de motivos de hecho y de derecho
que llevan a dictar el auto conllevan indiscutiblemente a viciarlo de
nulidad; que en el caso concreto “el fallo de segunda instancia en su
artículo primero atribuye una responsabilidad fiscal al asegurador, en este
caso La Previsora S.A. Compañía de Seguros, al manifestar “en el sentido
de fallar con responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave y por
una cuantía de 40.767.369.586 indexado febrero de 2012 contra las
siguientes personas: (…) Y en su calidad de tercero civilmente
responsable a la Compañía Aseguradora La Previsora S.A. Compañía de
Seguros (…)”.
Expuso que la aseguradora no puede ser sujeto de responsabilidad fiscal
y mucho menos ser condenada solidariamente, lo que es violatorio del
artículo 1079 del Código de Comercio, o por lo menos, le falta claridad y
precisión a la decisión.
Consideró que, ni en el fallo de primera instancia, ni en segunda instancia,
obran los fundamentos de hecho y de derecho, ni mucho menos se
estableció obligación alguna a cargo de La Previsora S.A. compañía de
seguros, pues no se declaró la ocurrencia del siniestro, no se hicieron
efectivas las pólizas vinculadas al proceso, ni se ordenó a la aseguradora
efectuar pago alguno con ocasión de las pólizas involucradas, lo que vicia
de nulidad el acto y viola los artículos 1077 del Código de Comercio, 44
de la Ley 610 de 2000 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
Argumentó que no es técnicamente posible desarrollar un proceso de
responsabilidad fiscal que culmine con un fallo de responsabilidad fiscal
dentro del mismo término que tiene la entidad pública para proferir un
acto administrativo de declaratoria de siniestro, puesto que el proceso de
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
responsabilidad fiscal y el contrato de seguros son dos entes jurídicos
diferentes.
Aseguró que la contraloría debió precisar en el fallo el alcance de la
responsabilidad de la aseguradora, teniendo en cuenta el contenido de las
pólizas vinculadas, los amparos otorgados y la cuantía.
Indicó que, como ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, la obligación de
indemnizar por el asegurador cuando el beneficiario del contrato de
seguros es la administración se hace exigible solo cuando el acto
administrativo constitutivo reconozca la existencia del siniestro y señale
la cuantía de la indemnización según lo dispuesto por el artículo 1077 del
Código de Comercio, lo que no ocurrió en este asunto, pues no se declaró
la ocurrencia del siniestro, ni se identificaron las pólizas a afectar.
Recordó que el fallo de responsabilidad fiscal expedido con los
requerimientos legales presta mérito ejecutivo contra la aseguradora,
situación que no se presenta en este caso, y que la consecuencia de esa
omisión es que el fallo de responsabilidad fiscal no produce efectos legales
contra la aseguradora, y por tanto no presta mérito ejecutivo, acorde con
el artículo 99 del CPACA, en concordancia con el artículo 488 del Código
de Procedimiento Civil.
Segunda pretensión subsidiaria. “Nulidad del artículo diecinueve del fallo
no. 001 del 20 de febrero de 2012, y del artículo primero (parcial) del
fallo de segunda instancia del 23 de marzo de 2012, por falsa motivación
y violación directa de la ley, en tanto y en cuanto, se desconoció el
contenido y alcance de las condiciones generales y particulares del
contrato de seguro y el artículo 4 de la Ley 389 de 1997”.
Alegó que “la Contraloría General de la República con la expedición del
Fallo No. 001 del 20 de febrero de 2012 y el Fallo de Segunda Instancia
del 23 de marzo de 2012, y en relación con la responsabilidad de La
Previsora S.A. Compañía de Seguros, en su calidad de tercero civilmente
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
responsable, al mantenerla vinculada por cuatro pólizas de
Responsabilidad Civil - Servidores Públicos nros. 1003720, 1005140,
1005750 y 1006587, desconoció que dichos contratos de seguro estaban
pactados bajo la modalidad de seguro por reclamación (claims made), y
que, por tanto, solo podía haberse afectado, aquella póliza que se
encontrara vigente al momento de la reclamación (1006587), reclamación
que en últimas constituye el siniestro en este tipo de seguro”, de
conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Ley 389 de 1997.
Adujo que lo anterior implica que solo se podía afectar la que se
encontrara vigente para el momento de la reclamación, la cual se surtió
con el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, notificación
que se hizo al señor Doney Ospina Medina el 20 de mayo de 2011; por lo
tanto, solo podía afectarse la póliza nro. 1006587 y no las demás, como
erróneamente se consideró en el fallo de responsabilidad fiscal, así:
1. La póliza nro. 1003720. Con vigencia del 30 de junio de 2007 al 30 de
junio de 2008. Condiciones particulares: cláusula de descubrimiento,
forma claims made, según clausulado RCP 013. El siniestro se daría con
la reclamación presentada durante la vigencia del contrato, por un
tercero, en este caso, la Contraloría General de la República, que se
concreta en la notificación del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal a los funcionarios asegurados; y que, como la
reclamación se hizo con posterioridad a la vigencia del contrato de seguro,
no podía ser vinculada al proceso de responsabilidad fiscal. Agregó que
tampoco le es aplicable el período de extensión, por cuanto éste no se
contrató con la compañía de seguros sino con un nuevo seguro.
2. Póliza nro. 1005140. Con vigencia del 30 de junio de 2008 al 31 de
mayo de 2009. Las condiciones generales del contrato de seguro son las
mismas que la póliza nro. 1003720 y, por ende, las consideraciones
expuestas aplican a esta póliza en lo relacionado con la ocurrencia del
siniestro, la reclamación y los funcionarios asegurados. Agregó que, como
la reclamación y ocurrencia del siniestro no se hizo durante su vigencia
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
sino el 20 de mayo de 2011, fecha en que se notificó el auto de apertura
del proceso de responsabilidad fiscal al señor Ospina Medina, y la
vinculación de la señora Paula Andrea Martínez se produjo el 15 de
noviembre de 2011, al tratarse de fechas posteriores a la vigencia del
seguro esta póliza, tampoco se podía afectar. Igualmente señaló que no
le era aplicable el período de extensión, por cuanto éste no se contrató
con la compañía de seguros, sino con un nuevo seguro.
3. Póliza nro. 1005750. Con vigencia del 31 de mayo de 2009 al 31 de
mayo de 2010. Indicó que las condiciones generales del contrato de
seguro respecto de las definiciones y período de extensión son las mismas
que la póliza nro. 1003720, por lo que las consideraciones expuestas en
el numeral 1 aplican a la presente póliza; vale decir, lo relacionado con la
ocurrencia del siniestro, la reclamación y los funcionarios asegurados.
Aseveró que tampoco le era aplicable el período de extensión, por cuanto
éste no se contrató con la compañía de seguros sino con un nuevo seguro.
4. Póliza nro. 1006587. Con vigencia del 31 de mayo de 2010 al 31 de
mayo de 2011. Afirmó que igualmente se trató de una póliza expedida
bajo la modalidad de seguro por reclamación, la cual se surte con la
notificación escrita a los funcionarios asegurados del auto de apertura de
investigación fiscal en su contra. Por lo tanto, se trata de la única póliza
que cubre los hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal.
Concluyó que “el fallo de responsabilidad fiscal demandado resulta nulo
parcialmente, por falsa motivación, en tanto y en cuanto, la Contraloría
General de la República pretende el pago de la prestación asegurada sin
tener derecho alguno (…) toda vez que, el siniestro (reclamación, que se
entiende como la notificación del auto de apertura a los funcionarios
asegurados, la cual respecto a Doney Ospina Medina, se dio con la
notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal el
20 de mayo de 2011), y respecto de Paula Andrea Martínez Vélez (13-12-
11), reclamaciones que deben tenerse como una sola, no se presentó en
vigencia de ninguna de las pólizas Nos. 1003720, 1005140 y 1005750,
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como quedó visto, la única póliza que debió afectarse fue la No. 1006587.
en cuya vigencia ocurrió el siniestro, estructurado con la reclamación”.
Por lo expuesto, solicitó que en el evento de que las pretensiones
principales no prosperaran, ni tampoco la primera pretensión subsidiaria,
se accediera a la segunda pretensión subsidiaria y se declare que La
Previsora S.A. compañía de seguros solo está obligada a efectuar el pago
afectando la póliza nro. 1006587, teniendo en cuenta el límite del valor
asegurado vigente para la fecha en la que se pague la prestación.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Contraloría General de la República3
La Contraloría General de la República, actuando por conducto de
apoderado, contestó la demanda, en la que se refirió a cada uno de los
hechos expuestos, y específicamente frente a los cargos invocados,
señaló:
A. En relación con las pretensiones principales
1. Sobre el primer cargo: Nulidad de los fallos de responsabilidad fiscal
por falta de competencia de la Contraloría General de la República para
ejercer el control excepcional.
Manifestó que el argumento de la sociedad demandante es equivocado,
pues olvida que, a la luz de la Constitución y la ley, dentro de la
organización territorial existen organismos que pertenecen a la
administración central y entidades que forman parte de la administración
descentralizada por servicios, respecto de las cuales la administración
central ejerce el control de tutela.
3
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
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Anotó que las entidades descentralizadas del nivel territorial son gestores
y titulares de recursos de las entidades territoriales a las que pertenecen,
y que las autoridades de la administración central y de las entidades
descentralizadas las dirige la cabeza del órgano central, los gobernadores
y alcaldes (artículos 303, 305, 314 y 315), lo que se complementa con lo
establecido en la Ley 489 de 1998, artículos 68 a 102, y que ni la
Constitución ni la ley restringieron el control fiscal excepcional.
Recordó que el Consejo de Estado, en providencia del 18 de noviembre
de 20114, al desatar un conflicto de competencias entre la Contraloría de
Antioquia y la Contraloría General de la República, adoptó una clara
posición en torno al ejercicio del control excepcional sobre entidades
descentralizadas por servicios del orden departamental y atribuyó el
conocimiento del asunto a la Contraloría General, y que la sentencia que
citó la parte actora, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, para respaldar su argumentación, no resultaba idónea por
tratarse de un pronunciamiento completamente equivocado que no
constituye precedente judicial.
2. Sobre el segundo cargo. Nulidad de los fallos de responsabilidad fiscal
por falsa motivación al no configurarse los elementos de la
responsabilidad fiscal y por haberse adoptado las decisiones sin
fundamentos de hecho y de derecho.
Aseveró que la parte actora pretende desvirtuar la ocurrencia del daño
patrimonial establecido en los fallos censurados alegando que, a partir del
nombramiento del señor Doney Ospina Medina y de la celebración del
contrato de distribución con la UT Comercializadora Integral S.A., se
corrigió la situación anómala de orden económico y financiero de la
empresa, se superó la crisis y se recuperó su estabilidad, a tal punto que
empezó a generar ganancias.
4
Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente radicación nro. 11 001 03 06 0002011
0005300.
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Manifestó que la Contraloría no cuestionó de manera general la gestión
administrativa del gerente de la empresa, no puso en tela de juicio la
recuperación y estabilidad económica de la misma, ni tampoco cuestionó
la necesidad de adoptar planes promocionales, sino el exceso de dichos
planes, que sobrepasaron los límites razonables para negocios de esa
naturaleza, según las reglas generales de la experiencia.
Expuso que, como se acredita con la abundante prueba documental
incorporada a los autos y los dictámenes técnicos rendidos por
funcionarios de la entidad, la Contraloría valoró objetiva y
razonablemente la cantidad del producto entregado al distribuidor para
promoción y el monto de los recursos que se dejaron de percibir con
ocasión de tal actividad por la misma licorera y por el departamento del
Valle.
Acotó que “persistentemente la actora alegó que los fallos impugnados
carecen de sustento fáctico y jurídico, en la medida en que no se
incorporaron al expediente estudios que señalen que el porcentaje del
6.4% de las unidades de producto destinadas al plan promocional, era
desproporcionado; sin embargo, se le replica a la actora que examinados
los numerosos documentos que los implicados arrimaron al proceso no se
evidencia la existencia de elementos de juicio idóneos y suficientes que
puedan llevar a la convicción de que el órgano de control erró en la
estimación que realizó al señalar como porcentaje razonable el 6.4%”.
Igualmente replicó que no es cierto que la Licorera hiciera estudios a
través de los cuales se estableció que las cantidades de productos
promocionales entregadas al contratista fueran las necesarias y las
adecuadas para lograr el propósito buscado, cual era incrementar las
ventas y la consiguiente estabilidad económica de la empresa, y que los
estudios que, asevera la parte actora, hizo la empresa directamente, y los
de terceros acogidos por ésta para fundamentar su defensa, no contienen
elementos de juicio ciertos, objetivos y puntuales que permitan
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desvanecer las conclusiones a que arribó la Contraloría en los fallos de
responsabilidad fiscal.
En relación con las pretensiones subsidiarias:
1. Acerca de la primera pretensión subsidiaria. “Nulidad del artículo
diecinueve del fallo de primera instancia y primero del fallo de segunda
instancia, por cuanto para la vinculación de La Previsora como tercero
civilmente responsable, no se expusieron las razones de hecho y de
derecho para determinar su responsabilidad; y por violación directa de los
artículos 1077 y 1079 del C. de Co. y 44 de la ley 610 de 2010”.
Arguyó que la competencia de la Contraloría únicamente se contrae al
trámite del proceso de responsabilidad fiscal y precisó lo siguiente
alrededor de la facultad que tiene dicho órgano de vincular a quienes se
han constituido como garantes en virtud de contratos de seguros:
a) En los términos del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando se
tramita el proceso de responsabilidad fiscal y los implicados están
amparados por pólizas de seguro es necesario vincular a las
correspondientes aseguradoras al proceso en calidad de tercero
civilmente responsable.
b) Con la vinculación del garante se busca que éste responda por el daño
causado a los intereses patrimoniales del Estado, pero únicamente hasta
el monto del valor asegurado. En consecuencia, no es cierto que en el
proceso de responsabilidad fiscal exista obligación de declarar expresa e
individualmente la responsabilidad del garante, pues basta declarar la
responsabilidad del sujeto amparado con el seguro para que se produzca
la consecuencia jurídica consistente en la obligación a cargo de la
aseguradora de resarcir el detrimento patrimonial ocasionado por el
amparado hasta el monto del valor asegurado.
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c) La Contraloría no ocupa la posición del asegurado – beneficiario del
seguro, como erróneamente lo asevera la parte actora, pues las
competencias del órgano de control no provienen de una cesión de la
posición contractual en los términos del artículo 887 del Código de
Comercio, sino que derivan de la Constitución Política y de la ley.
Aseguró que, “al no ocupar la Contraloría la posición del asegurado, no
les son aplicables las normas legales que rigen las relaciones jurídicas
entre las partes del contrato de seguro, ni mucho menos las cláusulas
pactadas entre dichas partes, porque en su condición de tercero titular de
la acción fiscal, dichas normas les son inoponibles, con la única limitante
de que el perjuicio se debe resarcir hasta el monto asegurado”.
Añadió que “en modo alguno opera la cláusula establecida en la póliza
respecto de la modalidad Claims Made, pues según la Constitución y la
ley, lo que hace exigible la garantía es el fallo de responsabilidad fiscal
debidamente ejecutoriado”, por lo que jamás la Contraloría puede ocupar
la posición de la entidad asegurada en los términos de la póliza de
seguros, y que la titularidad de la acción fiscal le ha sido asignada de
manera privativa a la Contraloría por la Constitución y la ley.
d) Como la Contraloría no es parte contractual en el contrato de seguro,
no está obligada a declarar concreta y formalmente mediante acto
administrativo la ocurrencia del siniestro, como sí lo está la administración
asegurada dentro del contrato. Advirtió que “el fallo de responsabilidad
fiscal producido, luego de agotado el procedimiento establecido en la ley,
equivale a la declaración del siniestro, pues es en ese momento cuando
se concreta la ocurrencia del siniestro asegurado y surge, en
consecuencia, para el garante, la obligación de pagar el monto
asegurado”.
e) Los fallos de la Contraloría no adolecen de los vicios que le endilga la
parte actora por cuanto: i) dichos fallos son producto de una competencia
reglada; ii) contienen una motivación fáctica y jurídica suficiente respecto
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de la configuración de los elementos de la responsabilidad fiscal de los
amparados; iii) contienen una motivación fáctica y jurídica adecuada a la
posición procesal, que según el artículo 44 de la ley 610 de 2000, ocupa
el garante; iv) las pólizas en virtud de las cuales se vinculó a la
aseguradora están debidamente determinadas dentro del proceso; v) la
cuantía por la que debe responder la aseguradora es la determinada por
el fallo de responsabilidad fiscal hasta el monto del valor asegurado.
f) Las normas que regulan el proceso de responsabilidad fiscal son de
orden público porque buscan la protección del interés público o social
mediante la preservación y defensa del patrimonio público; por lo que no
pueden derogarse por los convenios particulares de las pólizas. El único
límite temporal impuesto es el fijado por el artículo 9 de la ley 610 de
2002, en relación con la caducidad de la acción fiscal y la prescripción de
la responsabilidad fiscal, allí regulada.
2. En relación con la segunda pretensión subsidiaria. “Nulidad del artículo
diecinueve del fallo de primera instancia y primero (parcial) del fallo de
segunda instancia, por cuanto se desconoció el contenido y alcance de las
condiciones generales y particulares del contrato de seguro y el artículo
4° de la ley 389 de 1997”.
Argumentó que la Contraloría no es parte del contrato de seguro y no
ocupa la posición del asegurado – beneficiario del seguro, como
erróneamente parece entenderlo la parte actora, pues las competencias
del órgano de control fiscal no provienen de una cesión de la posición
contractual sino de la Constitución y la ley.
Por lo anotado, manifestó que no le asistía razón a la parte actora y debían
despacharse desfavorablemente las pretensiones, dado que los actos
acusados no adolecían de los vicios o irregularidades endilgados.
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Contestación de los vinculados
1.2.2. Doney Ospina Medina5
El señor Doney Ospina Medina, actuando por conducto de apoderado
judicial, sostuvo que se adhería y allanaba totalmente a las pretensiones
de la demanda, dado que se pretende la declaratoria de nulidad y
restablecimiento del derecho de los actos administrativos contenidos en
el fallo con responsabilidad fiscal de primera y segunda instancia
mediante los cuales se le declaró fiscalmente responsable, e informó que
también había promovido una demanda de nulidad y restablecimiento por
los mismos hechos.
Se refirió a los hechos que se le imputan y manifestó que hacía “por entero
suyos los argumentos consignados en el apartado del concepto de
violación de la demanda, con relación a las pretensiones “principales” “,
y que la Contralora intersectorial de la unidad de investigaciones especial
contra la corrupción y la contralora general de la República habían violado
múltiples normas superiores en que debían fundarse.
Manifestó que su vinculación a este proceso “constituye una irregularidad
procesal, alegada como excepción previa en escrito separado y radicado
al tiempo que esta contestación. No sólo porque las resultas favorables
de este proceso le benefician, al igual que a LA PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS, sino porque la pluralidad de relaciones jurídico-
sustanciales entre él y aquella constituyen tan sólo un litisconsorcio
necesario, que no lo obliga a comparecer al presente trámite. Ello, aunado
a que en las Pólizas de Responsabilidad Civil Nos. 1003720,1005140,
1005750 y 1006587 se establece que la compañía aseguradora no puede
repetir contra los funcionarios asegurados a menos que hayan actuado
con dolo”.
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Señaló que el despacho de la contralora intersectorial no tenía
competencia para adelantar al mismo tiempo la investigación formal y el
trámite de las audiencias de descargos en el proceso de responsabilidad
fiscal.
Argumentó que en el fallo de primera instancia se introdujeron
modificaciones a varias de las imputaciones efectuadas en el auto del 14
de diciembre de 2011 que no fueron comunicadas a lo largo de la
audiencia de descargos y de decisión, ni objeto de prueba en la etapa de
juzgamiento, y que en el fallo de segunda instancia del 23 de marzo de
2012 lo que procedía era proferir un fallo sin responsabilidad fiscal, ante
la comprobación de la ausencia de dolo en su conducta.
También afirmó que con las decisiones demandadas se violaron los
artículos 6 y 23 de la Ley 610 de 2000, puesto que se demostró en el
curso de la primera instancia que el presunto daño fiscal era inferior al
beneficio producido con la gestión fiscal.
Aludió que igualmente se presentó un desconocimiento del artículo 90 de
la Constitución Política porque tanto en primera como en segunda
instancia se aplicó una responsabilidad fiscal solidaria y que, tratándose
de varios presuntos responsables, la obligación es conjunta.
Por último, sostuvo que, pese a que en el proceso de responsabilidad fiscal
existían un sinnúmero de medios de convicción documentales y
testimoniales que daban cuenta de su gestión fiscal eficiente, tanto en
primera como en segunda instancia se omitieron considerarlos para
efectos de fundamentar la respectiva decisión. Agregó que “(…) entre
otros factores, fue gracias a la corrección, a la entrega y a la honestidad
con la que el señor OSPINA MEDINA se desempeñó como gerente general
de la ILV, entre 2007 y 2010, que éste logró el apoyo popular de los
floridanos y quedó elegido en los pasados comicios, Alcalde Municipal de
esa localidad, para el período constitucional 2012-2015 (…)”.
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1.2.3. Paula Andrea Martínez Vélez6
Paula Andrea Martínez Vélez, actuando por apoderado, manifestó que se
adhería y allanaba totalmente al petitum de la demanda y que estaba de
acuerdo con lo pretendido por la parte actora.
Se refirió a los hechos y señaló que los actos cuestionados incurrieron en
falsa motivación.
Aseguró que la Contraloría ignoró sin justificación alguna las circunstancias
de tiempo, modo y lugar como desarrolló sus funciones de interventora en
la ejecución del contrato de distribución y comercialización nro. 20080035
que no le permitían tomar decisiones distintas a las establecidas en el
contrato autorizado por la junta directiva y suscrito por el representante
legal.
Adujo que no se le podía imputar responsabilidad por no revisar la
conveniencia y oportunidad del contrato y los efectos económicos de la
implementación y puesta en marcha del plan promocional en cada una de
las vigencias del contrato.
Añadió que el cargo en la Industria de Licores del Valle estaba relacionado
con su profesión de mercadotecnia y publicidad, por lo que su deber
funcional estaba enmarcado en las directrices y decisiones de los
administradores de la entidad, la junta directiva y la gerencia.
Alegó que la Contraloría incurrió en falsa motivación al calificar su
conducta de dolosa y que tal calificación no es fruto de una valoración
probatoria, ni existe en el expediente un análisis de las circunstancias de
tiempo y modo de su conducta antijurídica, sino solo apreciaciones
subjetivas de su actuación dolosa, ni prueba directa o indirecta que soporte
su imputación.
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En lo que tiene que ver con el nexo causal, alegó que el acto administrativo
demandado deja en evidencia la falta de motivación sobre la
responsabilidad fiscal que se le endilgó, puesto no hizo parte de la junta
directiva de la Industria Licorera del Valle, ni las funciones allí resaltadas
tienen relación con el cargo que desempeñó. Añadió que el fallo de
segunda instancia modificó la modalidad de la conducta a gravemente
culposa “atribuyéndola de manera extraña a la valoración probatoria del
expediente” resaltando la suscripción de las actas de la junta directiva,
hecho que es falso, puesto que ella no suscribió las aludidas actas, ni los
respectivos acuerdos.
Por último, luego de referirse a la figura del litisconsorte manifestó que
tiene un interés en el resultado del proceso que aquí se adelanta, toda vez
que lo pretendido es la declaratoria de nulidad y restablecimiento del
derecho de los actos administrativos demandados en los que fue declarada
fiscalmente responsable y, por lo tanto, de forma solidaria persigue las
mismas pretensiones aquí entabladas por la parte actora. Precisó que por
los mismos hechos había promovido una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 23 de febrero de 2017, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente7:
En cuanto al primer cargo de falta de competencia de la
Contraloría General de la República
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El tribunal manifestó que reiteraba los criterios ya expuestos en anteriores
decisiones8, en el sentido que no era de recibo este cargo, dado que el
inciso tercero del artículo 267 de la Constitución Política prevé que la
vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales, y que, en
los casos excepcionales previstos por la ley, la Contraloría General de la
República podía ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier
entidad territorial.
Añadió que el artículo 26 de la Ley 42 de 1993 dispuso que la Contraloría
General de la República podrá ejercer control posterior en forma
excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio
del control que le corresponde a las contralorías departamentales,
distritales y municipales: a) por solicitud del gobierno departamental,
distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de
la República o de la mitad más uno de las corporaciones públicas
territoriales, y b) por solicitud de la ciudadanía a través de los
mecanismos de participación que establece la ley.
Indicó que el artículo 49 ibidem preceptuó que la Contraloría General de
la República, excepcionalmente y acorde con lo previsto por el artículo 26,
podría ejercer control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad
territorial. Ello en concordancia con el artículo 63 de la Ley 610 de 2000,
que dispuso que tiene competencia prevalente para adelantar hasta su
culminación los procesos de responsabilidad fiscal que se originen como
consecuencia del ejercicio de la facultad excepcional.
Que, en el caso concreto, como se desprende del proceso de
responsabilidad fiscal y lo manifiesta la parte actora en la demanda, la
Industria de Licores del Valle es una empresa industrial y comercial del
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Sentencia del 28 de mayo de 2015. Expediente radicación nro. 25000 23 41 000 2012
00652; sentencia del 26 de agosto de 2015. Expediente radicación nro. 25000 23 41
000 2012 00425 00 y sentencia del 3 de septiembre de 2015. Expediente radicación nro.
25000 23 41 000 2012 00508.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
orden departamental, por lo que hace parte de la estructura
administrativa del departamento del Valle del Cauca.
En cuanto a los cargos segundo y tercero de falsa motivación
Manifestó que los resolvería de manera conjunta puesto que ambos
buscaban desvirtuar la responsabilidad fiscal de los señores Doney Ospina
Medina y Paula Andrea Martínez Vélez, funcionarios de la Industria de
Licores del Valle, cuyos cargos gozaban de cobertura en las pólizas
expedida por la Previsora S.A.
Recordó que lo indicado en dichos cargos es que se configura la falsa
motivación por no estar configurados los elementos de la responsabilidad
fiscal y porque las decisiones adoptadas se tomaron sin fundamentos de
hecho y de derecho.
a) Frente a estos reproches afirmó que no estaban llamados a prosperar
pues los actos acusados establecieron de manera clara y concreta la
conducta censurada, el daño al patrimonio público y su cuantificación, así
como la calificación de la conducta.
Analizó que “la conducta censurada por parte de la Contraloría General
de la República al gerente general y a la subgerente comercial y de
mercadeo consistió en que, junto con los miembros de la junta directiva,
todos administradores de la empresa licorera, que participaron y tomaron
decisiones durante el tiempo de celebración y ejecución de los otrosíes
Números 01, 02, 03, 04 y 05 del Contrato de Distribución No. 2008, no
revisaron la conveniencia, oportunidad y los efectos económicos que
rodeaban la implementación y puesta en marcha del plan promocional en
las vigencias de los años 2008 a 2010 omitiendo los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad y desconociendo los principios de la
función administrativa y la contratación estatal”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
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Anotó que se precisó la conducta censurada, el daño al patrimonio y su
cuantificación, y en segunda instancia se calificó la conducta y las
disposiciones violadas, lo que permitió determinar que estaba probada la
existencia de un daño patrimonial para el Estado, consistente en los
ingresos dejados de percibir por parte de la Industria de Licores del Valle
y del departamento.
Arguyó que no era atendible el argumento de la parte demandante
referente a que en los actos acusados no existen fundamentos o soporte
alguno que sustente el 6,4% que afirmó se superaron con la política
promocional adoptada, en tanto que las situaciones fácticas y jurídicas
por la cuales se profirió el fallo con responsabilidad fiscal sí fueron
descritas y analizadas en los actos administrativos demandados, las
cuales no fueron desvirtuadas por la parte actora.
Respecto de la cuantía del daño al patrimonio público y su cuantificación,
aseguró que se encontró probada la existencia de un daño patrimonial
para el Estado, consistente en los ingresos dejados de percibir por la
Industria de Licores del Valle y el departamento del Valle del Cauca, por
concepto del plan de degustaciones que aprobó la junta directiva, que
además, se vieron material y fiscalmente representados en la disminución
de los tributos generados por la distribución del producto elaborado por
la licorera del departamento.
Manifestó que la valoración que hizo el órgano de control fiscal resultaba
razonable y soportada probatoriamente, en la medida en que los
márgenes o porcentajes del programa de degustación de los productos
que adoptó la junta directiva de la empresa no fueron adecuados ni
proporcionales a la relación costo beneficio de los objetivos buscados, al
punto que los índices o niveles de ventas ni siquiera incrementaron, y,
por el contrario, en los últimos dos años del plan casi que permanecieron
iguales a los registrados a los años anteriores en los que los márgenes de
degustación eran notoriamente inferiores.
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b) En lo que concierne a la inconformidad de la parte actora consistente
en que las pruebas que demostraban los beneficios del plan promocional
no fueron valoradas por la Contraloría General de la República al señalar
que existió un detrimento patrimonial sin detenerse a analizar si dicho
plan contribuyó a su recuperación económica y financiera, advirtió que
este motivo tampoco estaba llamado a prosperar por lo siguiente:
Que la Contraloría sí analizó el perjuicio causado a la entidad y encontró
probada la existencia del daño patrimonial consistente en los ingresos
dejados de percibir por parte de la Industria de Licores y el departamento
del Valle del Cauca.
Señaló que “si bien la implementación del plan por parte de la Licorera
pudo haber contribuido a su Recuperación económica y financiera, así
como a mejorar sus niveles de eficiencia y rentabilidad, para constituirla
en una empresa innovadora, competitiva y sostenible financieramente,
ello no desvirtúa la conducta censurada por la Contraloría en el caso bajo
estudio consistente en que no se revisaron la conveniencia, oportunidad
y los efectos económicos que rodeaban la implementación y puesta en
marcha del plan promocional en las vigencias de los años 2008 a 2010
omitiendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad y
desconociendo los principios de la función administrativa y la contratación
estatal (…), aspectos sobre los cuales la parte actora no dijo
absolutamente nada ni mucho menos los desvirtuó”.
c) Frente a la inconformidad de la sociedad demandante consistente en
que fue la ordenanza nro. 131 de 2001 expedida por la asamblea
departamental del Valle del Cauca la que exoneró los productos
promocionales de la Industria de Licores del Valle de ser gravados,
advirtió que no le asistía razón en pretender justificar la conducta
funcional del gerente y la subgerente comercial en la aplicación de la
ordenanza, ya que ésta se limitó a autorizar la exención del pago de
tributos a los licores destinados directamente por la empresa para fines
de publicidad y promoción, pero ni dicha ordenanza ni ninguna otra norma
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
determinó los porcentajes o número de unidades de los productos que
podían ser destinados a esas específicas finalidades y, por lo tanto, la
determinación de ese quantum le correspondía hacerla a la junta
directiva, bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y eficacia.
d) Acerca de la manifestación de la sociedad demandante consistente en
que no se generó daño alguno para el departamento del Valle del Cauca
por los ingresos dejados de percibir por el producto promocional, puesto
que, durante los años 2008, 2009 y 2010, se generaron una serie de
recursos que fortalecieron las finanzas de la Industria de Licores del Valle
en favor del departamento con ocasión de las ventas efectivas llevadas a
cabo por el comercializador, advirtió que el hecho de que hubiesen
ingresado unos recursos no desvirtuaba la conducta censurada por la
Contraloría, puesto que no se revisó la conveniencia, oportunidad y los
efectos económicos que rodeaban la implementación y puesta en marcha
del plan promocional para las vigencias 2008 a 2010.
e) Respecto del argumento de que el plan promocional no causó ningún
daño, que se mejoraron los ingresos de la empresa, que el plan
promocional sirvió para su estabilización económica y financiera, acotó
que se remitía a lo analizado en los literales anteriores.
f) Frente a la inconformidad de la sociedad actora consistente en que en
la decisión adoptada por la Contraloría no existía prueba que demostrara
que los funcionarios investigados, Doney Ospina Medina y Paula Andrea
Martínez Vélez, no hubieran actuado con el cuidado de una persona
diligente y prudente, advirtió que la Contraloría encontró que los
investigados no cumplieron sus deberes y elaboraron e implementaron un
plan promocional para el período 2008 a 2010 que resultó nocivo para los
intereses del departamento y de la misma Industria de Licores del Valle,
por lo que concluyó que no se desvirtuó la acusación que hizo la
contraloría a los citados funcionarios.
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g) También concluyó que se acreditó el nexo de causalidad entre la
conducta de los señores Doney Ospina Medina y Paula Andrea Martínez
Vélez en su condición de gerente y subgerente de comercial y de
mercadeo de la Industria de Licores del Valle y el daño patrimonial
cuestionado.
Con fundamento en lo anterior concluyó que, contrario a lo manifestado
por la parte actora, estaban estructurados los elementos de la
responsabilidad fiscal, por lo que los cargos segundo y tercero no
prosperaban.
2.3. En relación con el cuarto cargo. “Falsa motivación respecto de la
vinculación de la Previsora S.A. como tercero civilmente responsable en
cuanto no se exponen las razones de hecho y de derecho para determinar
su responsabilidad y por violación directa de la ley, artículos 1077 y 1079
del Código de Comercio y 44 de la Ley 610 de 2000".
a) Precisó que, según el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando el
presunto responsable sobre el cual recaiga el proceso de responsabilidad
fiscal esté amparado por una póliza de seguros, la Contraloría está
facultada para vincularla al proceso.
b) Que por auto del 22 de noviembre de 2011 se dispuso la vinculación
de los terceros civilmente responsables al proceso de responsabilidad
fiscal; que en el auto del 14 de diciembre de 2011, mediante el cual se
imputó responsabilidad fiscal, se precisó respecto de los garantes que se
vinculaban al proceso en calidad de tercero civilmente responsable; que
el fallo de primera instancia se pronunció frente al garante e igual
situación ocurrió en el fallo de segunda instancia.
c) Aseveró que la vinculación de la sociedad demandante al proceso se
hizo, no como responsable fiscal, sino como garante de la gestión de los
presuntos responsables fiscales con el fin de asegurar el cumplimiento de
las obligaciones asumidas por los tomadores, por lo que no era de recibo
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lo manifestado por la parte actora en el sentido que se le atribuyó
responsabilidad fiscal y se le condenó de manera solidaria.
d) Sobre la inconformidad consistente en que no se señalaron las razones
de hecho y de derecho por las cuales debía responder la compañía
aseguradora en calidad de tercero civilmente responsable, precisó que la
vinculación del garante al proceso de responsabilidad fiscal opera siempre
que el presunto responsable esté amparado por la póliza de seguros.
Conforme con ello, consideró que la Contraloría sí señaló las razones de
hecho y de derecho por las cuales debía responder la compañía
aseguradora.
Anotó que no era cierto que no se hubieran precisado las pólizas que se
han de hacer efectivas, como lo aduce la demandante, pues, al revisarse
de manera conjunta toda la actuación de la entidad demandada, en
especial los apartes de los actos administrativos transcritos en el literal
b) precedente, se evidencia que las Pólizas de Manejo de Servidores
Públicos expedidas por la Previsora S.A. Compañía de Seguros que se
afectaron al proceso de responsabilidad fiscal son las números 1003720,
1005140, 1005750 y 1006587.
e) Sobre la inconformidad de la demandante consistente en la violación
del artículo 1077 del Código de Comercio al no fijarse alcance de la
responsabilidad de La Previsora S.A. por no declararse la ocurrencia del
siniestro, no hacerse efectivas las pólizas dentro del proceso de
responsabilidad fiscal, no habérsele ordenado a la compañía aseguradora
efectuar el pago con ocasión a las pólizas involucradas, manifestó que el
papel que juega el asegurador en el proceso de responsabilidad fiscal es
el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se
ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la
gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza. Por
ende, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado,
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
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en este caso, la afectación de patrimonio público por la conducta de los
servidores públicos, por lo que este reproche tampoco prosperaba.
2.4. Frente al quinto cargo. “Falsa motivación y violación directa de la ley,
en cuanto se desconoció el contenido y alcance de las condiciones
generales y particulares del contrato de seguro y el artículo 4 de la Ley
389 de 1997”.
a) Respecto a la inconformidad de la sociedad demandante consistente
en que solo podía afectar la póliza cuya reclamación hubiera sido
presentada durante la vigencia del contrato de seguro, advirtió que no le
asistía razón, pues, atendiendo el artículo 4 de la Ley 389 de 1997, la
póliza cubre las reclamaciones presentadas durante la vigencia del
contrato, como también aquellos hechos que acaezcan durante la vigencia
del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación al asegurador
se presente dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será
inferior a dos años, lo que quiere decir que la norma otorga un término
de extensión para la reclamación.
b) Acotó que, si bien el artículo 120 de la Ley 1474 de 2011 estableció
que las pólizas de seguros por las cuales se vincule al proceso de
responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero civilmente
responsable prescribirán en los plazos previstos en el artículo 9 de la Ley
610 de 2000, dicha ley entró en vigor el 12 de julio de 2011 y previó en
el artículo 135 que tendría vigencia a partir de su promulgación y, en este
caso, la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ocurrió con
anterioridad a su expedición, no era aplicable el artículo 120 al presente
asunto.
c) Precisado el término que tenía el asegurado para presentar la
reclamación al asegurador, respecto de las pólizas números 1003720,
1005140, 1005750 y 1006587, que no podía ser inferior a dos años,
concluyó:
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• Frente a la póliza nro. 1003720. Fecha de expedición: 20 de junio de
2007. Tomador: Industria de Licores del Valle. Asegurado. Industria de
Licores del Valle. Vigencia: del 30 de junio de 2007 al 30 de junio de 2008.
Valor asegurado: $ 3.000.000.000. Analizó que su cobertura se extiende
a las reclamaciones presentadas ante la sociedad asegurada hasta el 30
de junio de 2010.
Respecto a la póliza nro. 1005140. Póliza de seguro de responsabilidad
para miembros. Fecha de expedición: 10 de junio de 2008. Tomador:
Industria de Licores del Valle. Asegurado: Industria de Licores del Valle.
Vigencia: desde el 30 de junio de 2008 hasta el 31 de mayo de 2009.
Valor asegurado: $3.000.000.000. Acotó que, teniendo en cuenta que el
término de extensión estipulado en el contrato, el cual no es inferior al
mínimo permitido por el artículo 4 de la Ley 389 de 1997, su cobertura se
extiende a las reclamaciones presentadas ante la sociedad asegurada
hasta el 31 de mayo de 2011.
• Acerca de la póliza nro. 1005750. Póliza de responsabilidad civil para
servidores públicos. Fecha de expedición: 29 de mayo de 2009. Tomador:
Industria de Licores del Valle. Asegurado: Industria de Licores del Valle.
Vigencia: desde el 31 de mayo de 2009 hasta el 31 de mayo de 2010.
Valor asegurado: $3.000.000.000. Analizó que, teniendo en cuenta que
el término de extensión estipulado en el contrato, el cual no es inferior al
mínimo permitido por el artículo 4 de la Ley 389 de 1997, su cobertura se
extiende a las reclamaciones presentadas ante la sociedad asegurada
hasta el 31 de mayo de 2012.
• Respecto de la póliza nro. 1006587. Póliza de responsabilidad civil para
servidores públicos. Fecha de expedición: 28 de mayo de 2010. Tomador:
Industria de Licores del Valle. Asegurado: Industria de Licores del Valle.
Vigencia: desde el 31 de mayo de 2010 hasta el 31 de mayo de 2011.
Valor asegurado: $3.000.000.000. Analizó que, teniendo en cuenta que
el término de extensión estipulado en el contrato, el cual no es inferior al
mínimo permitido por el artículo 4 de la Ley 389 de 1997, su cobertura se
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
extiende a las reclamaciones presentadas ante la sociedad asegurada
hasta el 31 de mayo de 2013.
c) Expuso que, en aplicación al término de extensión estipulado, tanto en
los contratos de seguro, como en el artículo 4 de la Ley 389 de 1997, solo
frente a la póliza nro. 1003720 se pudo evidenciar que el término de
extensión para que el asegurado presentara la reclamación había fenecido
para la fecha en que se efectuó la notificación del auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal al señor Doney Ospina, sin embargo, la
notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal se
produjo el 20 de mayo de 2011. Por lo que no le asistía razón a la parte
actora cuando afirmó que la Póliza nro. 1003720 no debía ser vinculada
al proceso de responsabilidad fiscal, como tampoco las pólizas nros.
1005140 y 1005750.
También hizo alusión al artículo 1081 del Código de Comercio y su
aplicación al proceso de responsabilidad fiscal ante la vinculación de la
sociedad garante como tercero civilmente responsable y citó varias
sentencias proferidas por el Consejo de Estado9, para concluir que en el
caso no había operado la prescripción.
Finalmente expuso que, como quiera que la Contraloría General de la
República vinculó a la compañía aseguradora en calidad de tercero
civilmente responsable afectando las pólizas números 1003720, 1005140,
1005750 y 1006587, como consecuencia de una acción derivada del
contrato de seguro, resultaba evidente que la respectiva decisión se había
adoptado dentro del término legal y sin que ocurriera la prescripción de
la acción derivada de los respectivos contratos de seguros; razón por la
cual, no había lugar a acceder a la declaratoria de nulidad parcial de los
actos administrativos acusados, y denegó las pretensiones de la
demanda.
9
Entre otras. Sentencia del 17 de junio de 2010. Expediente radicación nro. 68001 23
15 000 2004 00654 01 y sentencia del 20 de noviembre de 2014. Expediente radicación
nro. 25 000 23 24 000 2006 00428 01.
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, la parte actora y el señor Doney
Ospina Medina interpusieron recurso de apelación y en sustento
aseguraron lo siguiente10:
4.1. La Previsora S.A. compañía de seguros
En relación con las pretensiones principales
1. Sobre la falta de competencia de la Contraloría para ejercer el control
posterior excepcional respecto de la Industria de Licores del Valle por no
tratarse de una entidad territorial.
Resumió lo que dijo en la demanda y lo que consideró el a quo y como
reparos expuso:
Que si bien la Sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia de la
misma Consejera María Claudia Rojas, modificó en sentencia del 5 de
marzo de 2015 su postura fijada en la sentencia relacionada en la
demanda, de fecha 27 de mayo de 2010, en el sentido que la Contraloría
General de la República sí podía ejercer control fiscal excepcional sobre
las entidades que conforman una entidad territorial, para este caso, la
Industria de Licores del Valle, “en esta última sentencia no se desvirtuó
lo dicho en la sentencia referida en la demanda (Sentencia del 27 de mayo
de 2010 (…), en la que se afirmó que a las entidades descentralizadas
que cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio no les es aplicable el control excepcional posterior
referido en el artículo 26 de la Ley 42 de 1993.
Alegó que lo anterior significaba que, no obstante que la Industria de
Licores del Valle pertenece al sector descentralizado del departamento del
Valle y, por tanto, integra una sola unidad jurídica con el sector central
10
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
del departamento, en todo caso, ostenta personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, por la que no le era aplicable el control
posterior excepcional, y no se podía desconocer que la tesis
jurisprudencial vigente al momento de presentar la demanda (28 de
septiembre de 2012) era la reseñada en la sentencia del 27 de mayo de
2010, según la cual la Contraloría General de la República no podía ejercer
el aludido control posterior excepcional sobre entidades que integraban el
sector descentralizado de un ente territorial.
2. En relación con el segundo cargo de falsa motivación porque en el
presente asunto no se configuraban los elementos de la responsabilidad
fiscal.
Reiteró lo señalado en la demanda acerca de que los planes
promocionales no causaron ningún detrimento patrimonial y que, por el
contrario, con las pruebas existentes en el proceso quedó demostrado que
propendió por las ventas de los productos de la Industria de Licores del
Valle, mejorando los ingresos de la empresa y las transferencias
correspondientes al departamento.
Se refirió a los balances de la Industria de Licores del Valle durante los
años 2005 a 2010 e insistió que para el año 2008 se hizo necesario contar
con una empresa especializada para la comercialización de los productos,
y que el fallo de segunda instancia circunscribió el daño patrimonial a la
mayor cantidad del producto entregado, que solo debió ser hasta en un
6.4%, pero que desbordó ese límite, reiterando que no existía un soporte
que permitiera llegar a dicha conclusión.
Aseguró que los porcentajes de botellas a promocionar en cada una de
las vigencias fiscales cuestionadas no los definía el gerente de la Industria
de Licores del Valle, esto es, el señor Doney Ospina, sino la junta
directiva, pues, si bien tenía voz, no contaba con derecho a voto.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Manifestó que, con el estudio adelantado por la veeduría ciudadana sobre
la contratación estatal, con las declaraciones de testimonio recibidas en
el proceso, con las versiones libres de los implicados y con las calificación
dada por la firma Fitch Ratings del 15 de diciembre de 2009, que cambió
la calificación de la Industria de Licores del Valle de BBB a BB+, se
demostraba que no hubo detrimento patrimonial, pruebas que consideró
no fueron valoradas por la Contraloría en sus fallos de primera y de
segunda instancia.
Acerca del supuesto daño patrimonial derivado de los dineros dejados de
percibir por el departamento del Valle, reiteró que la ordenanza nro. 131
de 2001 exoneró a los productos promocionales de la Industria de Licores
del Valle de ser gravados, la cual estuvo vigente sin modificaciones
durante los años 2008 a 2010 y, por lo tanto, se trató de un acto
administrativo con presunción de legalidad, por lo que, “al existir una
norma que soporte esta exoneración, mal puede considerarse que hay un
daño patrimonial, pues este último queda sin fundamento alguno”.
Insistió en que se demostró en el proceso que con el grado de eficiencia
y rentabilidad operativa alcanzado por la empresa y los niveles del
crecimiento de las ventas no existió una conducta negligente o
imprudente por parte de los funcionarios aquí vinculados tendiente a
producir daño, ni era posible concluir que hubo una conducta gravemente
culposa o un daño patrimonial al Estado, por lo que no existía nexo causal
entre el uno y el otro.
3. En relación con el tercer cargo de nulidad de los actos cuestionados por
falsa motivación porque las decisiones adoptadas se tomaron sin
fundamentos de hecho y de derecho.
Reiteró que la Contraloría no tenía prueba alguna que la llevara a señalar
que la entrega del producto promocional no era el adecuado y que el único
argumento que utilizó para configurar el daño patrimonial fue que la
cantidad de unidades promocionales otorgadas eran exageradas “pero,
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para llegar a esa conclusión, no se soportó en un estudio de mercado, que
le permitiera tener certeza que para los años 2008, 2009 y 2010, también
podría haber sido válido fijar un plan promocional en ese porcentaje y ni
siquiera tuvo en cuenta los estudios de mercado que para esa época se
realizaron, es más, no los desvirtuó con análisis similares que dejaran sin
piso jurídico, técnico, económico y financiero los elaborados por la ILV
que sirvieron de base para el desarrollo y ejecución del Plan Promocional
de marras”.
Dijo que, por lo tanto, la decisión adoptada por la Contraloría en los actos
administrativos cuestionados no tenían soporte jurídico ni fáctico alguno,
pues no estaba apoyada en un estudio de mercado que permitiera concluir
que era suficiente con la implementación de un plan promocional para los
años 2008 a 2020 del 6,4% y que la comparación efectuada con el otrosí
nro. 7 “resulta salida de contexto y no consulta con la realidad que se
estaba viviendo en los años 2008 a 2010, frente a la vivida en el 2011,
fecha en la que se implementó dicho porcentaje del 6.4%”.
Citó las razones por las cuales el tribunal consideró que el cargo no estaba
llamado a prosperar, y manifestó como reparos y sustento “del recurso
para las causales de nulidad 2 y 3”:
(i) Que no era cierto que el gerente y el subgerente de mercadeo no
hubieran revisado la conveniencia, oportunidad y efectos económicos del
plan promocional, reiterando que, como se mencionó en la demanda, el
plan estratégico implementado tuvo como fundamento los estudios y
proyecciones elaborados por la firma Publitech, en los que se previeron
varias estrategias de mercado.
Agregó que “fue la propia Fiscalía No. 24 Delegada ante el Tribunal
Superior de Bogotá, quien a propósito de la investigación que adelantó
contra el entonces Gerente General de la ILV, señor Doney Ospina
Medina, por los delitos de peculado por apropiación y celebración de
contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, en providencia del 1
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de diciembre de 2015, señaló: “...la Junta Directiva de la Industria de
Licores del Valle estaba facultada para autorizar dentro del plan
promocional dispuesto en el texto del contrato 20080035, acorde con el
plan estratégico de marketing 2008- 2011 (…)”.
(ii) Sobre la no configuración de los elementos de la responsabilidad fiscal,
manifestó lo siguiente:
“En cuanto a la prueba del daño patrimonial sufrido presuntamente por la
ILV, como ya se advirtió, el Honorable Tribunal se remitió a lo dicho por
la Contraloría General de la República en su fallo de segunda instancia,
transcribiendo para el efecto extensos apartes de ese fallo, sin hacer
pronunciamiento alguno sobre el cuestionamiento hecho en la demanda
y en los alegatos de conclusión presentados por la Previsora S.A.
Compañía de Seguros, al cual nos remitimos y que en este aparte
precisamos, en cuanto cuál era la razón por la que el Ente de Control
Fiscal había considerado que el daño patrimonial se circunscribía
únicamente a haber entregado en promoción, un porcentaje de botellas
de licor superior al 6,4% del plan de ventas fijado para el año 2011,
cuando en primer lugar, debe recordarse que el Plan Promocional objeto
de censura fue el fijado para los años 2008 a 2010 y en segundo lugar,
nunca demostró el Ente de Control Fiscal y tampoco el Tribunal,
Corporación que solamente se limitó, en este tema, a acogerse en un todo
a lo dicho en el fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia, que
el supuesto límite proporcional del 6,4% era un límite razonable para
efectos de las botellas de licor a promocionar”.
Reiteró que el plan promocional no causó ningún daño a la Industria de
Licores del Valle y, por el contrario, propendió por las ventas de sus
productos.
(iii) En cuanto a la exoneración en favor de la Industria de Licores del
Valle de gravar los productos entregados a título de promoción al
comercializador, manifestó que el tribunal consideró que dicha
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exoneración no determinaba los porcentajes o número de unidades que
podían ser exonerados del pago de regalías, por lo que ese quantum le
correspondía hacerlo a la junta directiva, bajo los principios de
razonabilidad, proporcionalidad y eficacia, principios que fueron tenidos
en cuenta por los directivos de la empresa.
Señaló que, aunque el parágrafo segundo del artículo cuarto de la
ordenanza 131 de 2001, vigente para 2008, 2009 y 2010, no definía el
número o porcentaje de licores destinados a promoción frente a los cuales
se podía predicar la exoneración, la Contraloría General no podía
modificar o adicionar lo dispuesto en la norma departamental.
Recordó que la fiscalía consideró que la Industria de Licores del Valle no
tenía obligación legal alguna de gravar los productos que entregaba en
promoción y que no se había generado un detrimento patrimonial, por lo
que solicitó se revocara la sentencia de primera instancia.
En relación con las pretensiones subsidiarias
1. Acerca de la primera pretensión subsidiaria
Insistió en lo manifestado en la demanda y lo señalado por el tribunal de
instancia y los reparos que formuló fueron los siguientes:
(i) Que no se podía desconocer que el fallo de segunda instancia en el
artículo primero atribuyó responsabilidad fiscal al asegurador, al
manifestar “en el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria y a
título de culpa grave y por una cuantía de 40.767.369.586 indexado
febrero de 2012 contra las siguientes personas: (…) Y en su calidad de
tercero civilmente responsable a la Compañía Aseguradora La Previsora
S.A. Compañía de Seguros (…)”.
Sostuvo que dicha declaración “(…) denota falta de claridad, imprecisión
y oscuridad en la decisión (…) máxime cuando (…) el acto administrativo
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acusado, en su parte resolutiva nada dijo sobre la cuantía por la cual debía
responder la aseguradora, pues, recuérdese que en la parte resolutiva del
fallo de primera instancia en su artículo Diecinueve se dispuso mantener
vinculados como terceros civilmente responsables, entre otros, a la
Previsora S.A.”.
Agregó que el artículo primero del fallo con responsabilidad fiscal, además
de fallar con responsabilidad fiscal solidaria contra la aseguradora,
cuantificó el valor de la condena en $40.767.369.586, desconociendo lo
dispuesto por el artículo 1079 del Código de Comercio, según el cual, el
asegurador solamente responderá hasta el monto del valor asegurado.
(ii) Argumentó que no podía aceptarse la tesis esgrimida por el tribunal
para concluir que el ente de control fiscal en sus fallos de primera y
segunda instancia sí había señalado las razones de hecho y de derecho
por las cuales debía responder la compañía de seguros, esto es, como
razón de derecho el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, y como razón de
hecho invocar desde el auto de vinculación la existencia de pólizas
globales de manejo.
Insistió que las pólizas allegadas al proceso de responsabilidad fiscal eran
de Responsabilidad Civil Servidores Públicos expedidas bajo la modalidad
de Claims Made, y que en los fallos no se declaró la ocurrencia del
siniestro, ni se ordenó hacer efectivas las pólizas vinculadas al proceso de
responsabilidad fiscal en uno de sus amparos otorgados, ni mucho menos
se ordenó a la compañía aseguradora efectuar pago alguno con ocasión
de las pólizas involucradas.
En cuanto a la individualización de las pólizas, manifestó que tampoco es
cierto que los fallos de primera y segunda instancia proferidos por la
Contraloría General de la República hubieran individualizado las pólizas y
su cuantía, ni se cumplió lo exigido por el artículo 1077 del Código de
Comercio, puesto que no se dispuso expresamente cuáles pólizas se
estaban afectando, en qué amparos, sobre qué monto o cuantía, sino que
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simplemente se mantuvo vinculada a la aseguradora, sin fundamento o
motivación alguna.
Aseguró que no era de recibo la tesis del fallador de instancia consistente
en que, como el artículo 44 de la ley 610 de 2000 no señala trámite alguno
para hacer efectivas las pólizas, no se requiere la declaratoria del
siniestro, demostrando la ocurrencia de este y la cuantía de la pérdida,
según el artículo 1077 del Código de Comercio y la jurisprudencia, por lo
que no se señalaron las razones de hecho y de derecho por las que debía
responder la compañía aseguradora como tercero civilmente responsable,
ni cuáles pólizas eran efectivas.
Aseveró que el fallo de responsabilidad fiscal, expedido con los
requerimientos legales, podía prestar mérito ejecutivo contra la
aseguradora, situación que no se presenta en el caso, y que la
consecuencia de esa omisión es que dicho fallo de responsabilidad fiscal
no produce efectos legales contra la aseguradora ni presta mérito
ejecutivo, de acuerdo con el artículo 99 del CPACA, en concordancia con
el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.
2. En relación con la segunda pretensión subsidiaria
Igualmente repitió el cargo que se formuló en la demanda y lo señalado
por el a quo, para formular los siguientes reparos:
(i) Consideró que el fallador de instancia dijo erróneamente que en el caso
de las pólizas de Responsabilidad Civil - Servidores Públicos nro. 1003720,
1005140, 1005750 y 1006587 era aplicable lo establecido por el inciso
segundo del artículo 4 de la Ley 389 de 1997, cuando estaba demostrado
en el proceso que dichas pólizas se expidieron con cláusula de
descubrimiento, Claims made, y bajo la modalidad de seguro por
reclamación, conforme al inciso primero del artículo 4 de la citada Ley 389
de 1997.
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Expuso que, “al analizar el planteamiento del fallador de instancia para
negar la prosperidad de esta pretensión, resulta fácil concluir que
consideró erróneamente, que en el caso de las pólizas de Responsabilidad
Civil - Servidores Públicos No. 1003720, 1005140, 1005750 y 1006587,
le era aplicable el referido inciso segundo del mencionado artículo 4°, de
tal suerte que demostrado como se halla que las mencionadas pólizas se
expidieron conforme al inciso primero del artículo 4°, en cita, BAJO LA
MODALIDAD DE RECLAMACIÓN, todo su análisis errado queda sin soporte
técnico y jurídico, lo que conlleva a que deba revocarse el fallo apelado”.
(ii) “El fallador de instancia consideró erróneamente que en el caso de las
pólizas de Responsabilidad Civil - Servidores Públicos No. 1003720,
1005140, 1005750 y 1006587, operaba el término de extensión,
desconociendo que este período de extensión, que fue plasmado en las
condiciones de los clausulados de cada una de las pólizas no tenía
aplicación, en tanto y en cuanto, éste solo podía ser contratado cuando la
póliza de seguro fuera revocada o no renovada, previo pago de prima por
el periodo de extensión, y como se sabe, el tomador del seguro, ILV,
contrató nuevo seguro una vez expirada cada vigencia”.
Finalmente, aseguró, en cuanto al fenómeno de la prescripción derivada
del contrato de seguro, planteado por el fallador de instancia, que “las
pretensiones y causales de nulidad formuladas en la demanda no
consagran la discusión de la operancia de tal fenómeno”, pues, como se
dijo a lo largo de todas las consideraciones de la demanda, de los alegatos
de conclusión y del recurso de apelación, el seguro de responsabilidad
civil - servidores públicos, instrumentado en las Pólizas No. 1003720,
1005140, 1005750 y 1006587, fueron contratados con cláusula de
descubrimiento, forma Claims Made, expedidas bajo la modalidad de
seguro por reclamación, conforme al inciso primero del artículo 4 de la
Ley 389 de 1997, lo que implica que la póliza cubre solamente las
reclamaciones formuladas durante la vigencia de la misma o del período
de extensión de ésta, y en este caso, la reclamación se configuró con la
notificación del auto de apertura de responsabilidad fiscal (siniestro) al
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señor Doney Ospina Medina (20 de mayo de 2011), en vigencia de la
Póliza RC Servidores Públicos nro. 1006587 (cuya vigencia era del 31 de
mayo de 2010 a 31 de mayo de 2011), póliza que consideró fue la que
debió afectarse.
Con fundamento en estos reparos solicitó se revoque la decisión de
primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda.
4.2. El señor Doney Ospina Medina11
En el recurso de apelación manifestó lo siguiente:
(i) No existe detrimento patrimonial
Aseveró que la sentencia de primera instancia mantuvo firme de tesis
consistente en que se debía endilgar responsabilidad fiscal a aquellas
personas que impulsaron y ejecutaron planes promocionales por encima
del 6,4%, con lo cual se transgredieron los principios de buena fe, lealtad
y diligencia consagrados en la Ley 22 de 1995 y los que gobiernan la
función administrativa y la contratación estatal.
Aseguró que, “al resolver la segunda instancia, la entidad accionada dejó
incluido en las 4'347.394 botellas entregadas al comercializador el citado
estímulo de 1'303.575 botellas. Sin embargo, tal incentivo fue excluido
de las variables empleadas para construir la referencia de promoción
presuntamente válida del 6,4% a partir del Otrosí No. 07, que la
Contraloría General de la República no hizo, fue haber restado la cifra de
1/303.575 botellas (monto correspondiente al aliciente) de las 4'347.394
definidas como producto promocional según su propio informe técnico del
mismo ente. Al no hacerlo, el supuesto daño fiscal entraba en evidente
contradicción lógica con la regla que la misma entidad demandada se
11
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
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inventó para definir la referencia del 6,4% de botellas de aguardiente de
750 ce para promoción y publicidad, extraída del Otrosí No. 07 (…)”.
Añadió que, dentro del cálculo realizado por la Contraloría General de la
República, tal entidad incluyó una partida de $19.507'365.504 por
concepto de impuestos dejados de percibir por efecto del producto
promocional (participaciones), desconociendo lo establecido en la
Ordenanza No. 131 de 3 de septiembre de 2001, y posteriormente por el
artículo 40 de la Ordenanza nro. 309 de 2009 de la asamblea
departamental del Valle, corporación que, mediante dichas ordenanzas,
determinó que todos los productos de la ILV que se destinaron a
actividades de publicidad, promoción, donación, comisión o autoconsumo
estaban exentos de cancelarle al departamento su participación como
ejercicio del monopolio.
Alegó que no existió daño fiscal alguno ocasionado por una supuesta
"sobre promoción" de los productos de la Industria de Licores del Valle
durante la administración del señor Doney Ospina Medina, puesto que,
analizadas las cifras de productos destinados a la promoción y publicidad,
ni siquiera se utilizaron cantidades por encima de los estándares
irrazonables cuya violación se echó de menos en los actos enjuiciados.
Reiteró que es incontrovertible que el supuesto daño fiscal por ingresos
dejados de percibir por la Industria de Licores del Valle frente a las
participaciones no causadas por cuenta de las "degustaciones" aprobadas
por la junta directiva, que superan el supuesto estándar razonable del
6.4% establecido por el fallo de segunda instancia del 23 de marzo de
2012, jamás tuvo existencia cierta, actual, directa y anormal alguna.
Que, por el contrario, según se demostró gracias a los planes
promocionales aprobados por el aquí actor se logró, con tan sólo un
porcentaje del 6,1%, inferior al exigido como ideal por el ente de control
fiscal, impulsar las ventas de la licorera en las proporciones y durante las
vigencias fiscales que señaló.
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(ii) La definición de gestión fiscal del artículo 3 de la Ley 610 de 2000
debe armonizarse, en este caso, con la naturaleza de las empresas
industriales y comerciales del Estado del orden departamental como la
Industria Licorera del Valle.
Adujo que, con la definición prevista por el citado artículo, se excluyó de
la posibilidad de responsabilizar a un gestor fiscal únicamente fijando la
atención en una de sus conductas, máxime cuando ésta, comparada con
el resto de sus actuaciones, pierde relevancia, debido a la eficacia de las
demás; y que en el caso no es posible centrar la atención en que el señor
Ospina en calidad de gerente implementó un plan promocional causando
un aparente detrimento patrimonial materializado en la disminución de
los tributos generados por la distribución del producto elaborado por la
empresa, sino que tal conducta debe analizarse de forma integral y
armónica.
Resaltó que “gracias al crecimiento en las ventas y la facturación entre
2007 y 2.010, la mejora en todos los indicadores operacionales significó
un avance importante en la generación de utilidades operacionales/
pasando de $ó.263'000.000 en el 2007, a $27.991'000.000/ en 2010,
mejorándose con ello el valor de la empresa (EVA). Ese indicador pasó de
ser negativo en el 2007 (- $1.341'000.0Ü0) a positivo, en el 2010,
anualidad en la que se generó un valor por $4.233'000.000. Asimismo,
se logró el crecimiento del patrimonio de la ILV pasando de
$29.820'000.000, en el 2007, a $36.025'000.000, en el 2010”, entre
otros puntos, por lo que consideró que ello permitía que el ente de control
fiscal diera aplicación a lo establecido en las sentencias SU-620 del 13 de
noviembre de 1996 y C-840 del 9 de agosto de 2001, en las que la Corte
Constitucional determinó que "En el proceso de determinación del monto
del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de
éste, sino que debe examinarse también si eventualmente a pesar de la
gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio".
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Por estas razones solicitó la revocación de decisión de primera instancia.
El recurso de apelación de la parte actora fue concedido por auto del 4 de
mayo de 201712, y por auto del 2 de junio de 2017 se aclaró dicho auto,
en el sentido que también había interpuesto en oportunidad recurso de
apelación el señor Doney Ospina Medina13
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Los recursos de apelación fueron asignados mediante acta individual
de reparto del 14 de septiembre de 201714 y admitidos en proveído del 2
de abril de 201815.
5.2. Por auto del 30 de abril de 2018 el despacho de conocimiento corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al señor Agente del
Ministerio Público para rendir concepto16.
5.2.1. El apoderado de la parte actora reiteró lo manifestado en el recurso
de apelación frente a las pretensiones principales y subsidiarias, y para
ello recordó lo dicho en la demanda, lo analizado por el a quo, e insistió
en los mismos reparos formulados en el recurso17.
5.2.2. El apoderado de la Contraloría General de la República solicitó que
se confirme la sentencia de primera instancia y que se denieguen las
pretensiones. Para ello reiteró lo manifestado al contestar la demanda
frente a cada una de las pretensiones principales y subsidiarias18.
12
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
13
Ibidem. Auto resuelve solicitud, proferido por el magistrado ponente Oscar Armando
Dimaté Cárdenas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
14
Visto en el índice 001 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
15
Visto en el índice 008 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
5.2.3. El señor Doney Ospina Medina no alegó de conclusión, ni el señor
Agente del Ministerio Público rindió concepto.
5.3. El expediente ingresó para fallo el 12 de junio de 201819.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201920 expedido por la Sala Plena de la
Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.
6.2. Los actos acusados
Corresponden a los siguientes:
6.2.1. El Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 001 del 20 de febrero de
2012, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General
de la República, que dispuso21:
“[…] DIECINUEVE: Mantener vinculados como Terceros Civilmente
Responsable a Aseguradora La Previsora S.A. compañía de seguros y
Seguroexpo seguros de crédito y cumplimiento Bancoldex- Grupo Cesce
[…].”
6.2.2. El fallo de segunda instancia emitido el 23 de marzo de 2012 por
la Contralora General de la República que modificó parcialmente el fallo
de primera instancia y ordenó22:
19
Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
20
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
21 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
Testigodocumental.pdf.
22
Ibidem.
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48
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
“[…] ARTICULO PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, modificar parcialmente el fallo
con responsabilidad fiscal emitido el día 20 de febrero de 2012, por la
Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, en el sentido de fallar con
responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía
de $ 40.767.369.586 indexado a febrero de 2012 contra las siguientes
personas (…).
Y en su calidad de tercero civilmente responsable a la compañía
aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
identificada con NIT 8600024002 […]”.
6.2.3. El auto que dispuso corregir el fallo de segunda instancia, en el
sentido de precisar que la cuantía del detrimento era por la suma de $
39.643.607.486,00, indexado a febrero de 201223.
6.3. Hechos probados
6.3.1. En relación con las pólizas
En el proceso obran las siguientes pólizas de las que se extrae lo
siguiente:
6.3.1.1. Póliza nro. 1003720. Seguro de responsabilidad civil. Póliza
Responsabilidad Civil. Certificado de renovación.
Fecha de expedición: 20 de junio de 2007.
Tomador: Industria de Licores del Valle.
Asegurado: Industria de Licores del Valle.
Vigencia: desde el 30 de junio de 2007 hasta el 30 de junio de 2008.
Categoría: 1- R.C. Servidores públicos.
Amparos contratados: cobertura R.C. Servidores públicos.
No. Amparo
5. Cobertura R.C. Servidores públicos. Valor asegurado $3.000.000.000
6. Gastos y costos judiciales. Valor asegurado $400.000.000.
23 Proferido el 19 de abril de 2012 por la Contralora General de la República.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
1.Objeto del seguro: “Amparar bajo las condiciones de la póliza de
servidores públicos Previsora RCP -013-2, los perjuicios causados a
terceros y/o INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE a consecuencia de
acciones o actos imputables a uno o varios funcionarios que desempeñen
los cargos asegurados, así como por los perjuicios por responsabilidad
fiscal y gastos de defensa en que incurran los directivos para su defensa”.
2. (…) Cargos asegurados Número
1. Gerente 1
(…)
7. Gerente Comercial y de Mercadeo 1
(…)
3. Coberturas: “Responsabilidad por Detrimentos Patrimoniales sufridos
por el Estado o por Terceros. Detrimentos patrimoniales sufridos por el
Estado o por Terceros, siempre que sean consecuencias de los actos
incorrectos cometidos por los funcionarios Asegurados en el desempeño
de las funciones propias de su cargo, cuando fueren declarados civil o
administrativamente responsables del respectivo detrimento
patrimonial”.
Dentro de las condiciones de la póliza se destaca:
9. Condiciones
“(…)
a. Fecha de retroactividad al inicio de vigencia de la primera póliza
expedida por La Previsora sin que se hubiesen presentado períodos de
interrupción 30/06/2002.
(…)
i. La extensión de la cobertura de 24 meses solo opera cuando la póliza
es cancelada, o no renovada por la Previsora, se otorga cobertura con el
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
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pago del 100% de la prima anual y deberá ser solicitada antes del
vencimiento de la póliza, sin esto requisitos La Previsora no otorgará la
extensión.
(…)
k. Se entenderá por evento una sola reclamación por una misma causa,
en donde pueden estar comprometidos varios empleados del asegurado.
La cuantía se refiere al presunto detrimento fiscal causado por los
servidores públicos.
(…)
1- Para procesos de responsabilidad fiscal cuando se notifique la apertura
del proceso de responsabilidad fiscal, contra cualquiera de los funcionarios
asegurados.
2. En los procesos penales con la notificación de citación a indagatoria.
3. En los procesos civiles con la notificación de la demanda.
(…)
4.24. Cláusula de descubrimiento (Forma Claims Made según el
clausulado RSP -013)”.
6.3.1.2. Póliza nro. 1005140. Seguro de responsabilidad civil. Póliza
Responsabilidad Civil. Certificado de expedición.
Fecha de expedición: 10 de junio de 2008.
Tomador: Industria de Licores del Valle.
Asegurado: Industria de Licores del Valle.
Vigencia: desde el 30 de junio de 2008 hasta el 31 de mayo de 2009.
Categoría: 1- R.C. Servidores públicos.
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Amparos contratados: cobertura R.C. Servidores públicos.
No. Amparo
5. Cobertura R.C. Servidores públicos. Valor asegurado $3.000.000.000
1.Objeto del seguro: “Amparar bajo las condiciones de la póliza de
servidores públicos Previsora RCP -013-2, los perjuicios causados a
terceros y/o INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE a consecuencia de
acciones o actos imputables a uno o varios funcionarios que desempeñen
los cargos asegurados, así como por los perjuicios por responsabilidad
fiscal y gastos de defensa en que incurran los directivos para su defensa”.
2. (…) Cargos asegurados Número
1. Gerente 1
(…)
4. Subgerente Comercial y de Mercadeo 1
(…).
3.Coberturas: “Responsabilidad por Detrimentos Patrimoniales sufridos
por el Estado o por Terceros. Detrimentos patrimoniales sufridos por el
Estado o por Terceros, siempre que sean consecuencias de los actos
incorrectos cometidos por los funcionarios Asegurados en el desempeño
de las funciones propias de su cargo, cuando fueren declarados civil o
administrativamente responsables del respectivo detrimento
patrimonial”.
Dentro de las condiciones de la póliza se destaca:
7. Condiciones
“(…)
a. Fecha de retroactividad al inicio de vigencia de la primera póliza
expedida por La Previsora sin que se hubiesen presentado períodos de
interrupción 30/06/2002.
(…)
i. La extensión de la cobertura de 24 meses solo opera cuando la póliza
es cancelada, o no renovada por la Previsora, se otorga cobertura con el
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pago del 100% de la prima anual y deberá ser solicitada antes del
vencimiento de la póliza, sin esto requisitos La Previsora no otorgará la
extensión.
(…)
k. Se entenderá por evento una sola reclamación por una misma causa,
en donde pueden estar comprometidos varios empleados del asegurado.
La cuantía se refiere al presunto detrimento fiscal causado por los
servidores públicos.
(…)
1- Para procesos de responsabilidad fiscal cuando se notifique la apertura
del proceso de responsabilidad fiscal, contra cualquiera de los funcionarios
asegurados.
2. En los procesos penales con la notificación de citación a indagatoria.
3. En los procesos civiles con la notificación de la demanda.
(…)
8.8.2.7. Cláusula de descubrimiento
“No obstante cualquier estipulación en contrario en las condiciones
generales y particulares de la póliza, se conviene que las pérdidas
provenientes de los amparos del presente seguro se regirán por el término
de descubrimiento (forma claims made) y no de ocurrencia, y por lo tanto
quedan debidamente amparadas todas las pérdidas que se descubran
durante la vigencia de la misma”.
6.3.1.3. Póliza nro. 1005750. Seguro de responsabilidad civil. Póliza
Responsabilidad Civil. Certificado de expedición.
Fecha de expedición: 29 de mayo de 2009.
Tomador: Industria de Licores del Valle.
Asegurado: Industria de Licores del Valle.
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Vigencia: desde el 31 de mayo de 2009 hasta el 31 de mayo de 2010.
Categoría: 1- R.C. Servidores públicos.
Amparos contratados: cobertura R.C. Servidores públicos.
No. Amparo
5. Cobertura R.C. Servidores públicos. Valor asegurado $3.000.000.000
Como cláusulas particulares obligatorias se destacan:
6.8.1. Cláusulas particulares obligatorias cobertura básica obligatoria.
“Detrimentos patrimoniales que se deriven de actos incorrectos no
dolosos generadores de imputación de Responsabilidad Civil, Fiscal o
Penal contra los servidores públicos expresamente asegurados por la
póliza y en el desempeño del cargo asegurado”.
Designación de cargos
Gerente General
(…)
Subgerente Comercial y de Mercadeo
(…)
En la póliza también constan las siguientes cláusulas:
“AMPARO RETROACTIVO
Se cubren las reclamaciones que provengan de hechos o circunstancias
ocurridas a partir de junio 30 de 2002, fecha desde la cual LA INDUSTRIA
DE LICORES DEL VALLE tiene amparo bajo la Póliza suscrita con la
Previsora de Seguros S.A.
CLÁUSULA DE DESCUBRIMIENTO
No obstante, cualquier estipulación en contrario en las condiciones
generales y particulares de la póliza, se conviene que las pérdidas
provenientes de los amparos del presente seguro se regirán por el término
de descubrimiento (claims made) y no ocurrencia, y por lo tanto quedan
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debidamente amparadas todas las pérdidas que se descubren durante la
vigencia de la misma”.
6.3.1.4. Póliza nro. 1006587. Seguro de responsabilidad civil. Póliza
Responsabilidad Civil. Certificado de expedición.
Fecha de expedición: 28 de mayo de 2010.
Tomador: Industria de Licores del Valle.
Asegurado: Industria de Licores del Valle.
Vigencia: desde el 31 de mayo de 2010 hasta el 31 de mayo de 2011.
Categoría: 1- R.C. Servidores públicos.
Amparos contratados: cobertura R.C. Servidores públicos.
1. Actos incorrectos. Valor asegurado $3.000.000.000.
2. Actos que generen juicios de responsabilidad. Valor asegurado
$3.000.000.000.
3. Honorarios profesionales. Valor asegurado $3.000.000.000
4. Cauciones judiciales. Valor asegurado $3.000.000.000
Bienes asegurados: “Perjuicios a terceros y/o a la Industria de Licores del
Valle a consecuencia de Acciones o Actos Imputables a uno o varios
funcionarios que desempeñen los cargos asegurados, así como por los
perjuicios por responsabilidad fiscal y gastos de defensa en que incurran
los directivos para su defensa”.
Amparos Valor asegurado
Cobertura para directores y administradores $ 3.000.000.000
Reembolso a la sociedad
Costos y honorarios de abogado
Cauciones judiciales
Gastos de defensa sublímite
Investigaciones preliminares
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En las cláusulas particulares obligatorias de cobertura básica obligatoria,
se destaca: “detrimentos patrimoniales que se deriven de actos
incorrectos no dolosos generadores de imputación de Responsabilidad
Civil, Fiscal o Pena contra los servidores públicos expresamente
asegurados por la póliza y en el desempeño del cargo asegurado”.
En cuanto a los cargos asegurados consta:
“En adición a los términos y condiciones contenidas en la póliza y sus
anexos, la Aseguradora acepta el título, nombre, denominación,
nomenclatura con que el Asegurado identifica o describe los cargos
asegurados.
Gerente General
Secretario general y jurídico
Subgerente financiero y administrativo
Subgerente Comercial y de Mercadeo
(…)” se destaca
En la póliza también constan las siguientes cláusulas:
“AMPARO RETROACTIVO
Se cubren las reclamaciones que provengan de hechos o circunstancias
ocurridas a partir de junio 30 de 2002, fecha desde la cual LA INDUSTRIA
DE LICORES DEL VALLE tiene amparo bajo la Póliza suscrita con la
Previsora de Seguros S.A.
CLÁUSULA DE DESCUBRIMIENTO
No obstante, cualquier estipulación en contrario en las condiciones
generales y particulares de la póliza, se conviene que las pérdidas
provenientes de los amparos del presente seguro se regirán por el término
de descubrimiento (claims made) y no ocurrencia, y por lo tanto quedan
debidamente amparadas todas las pérdidas que se descubren durante la
vigencia de la misma”.
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6.3.2. En relación con el contrato de comercialización y la
aprobación de los planes promocionales
6.3.2.1. Entre el gerente de la Industria de Licores del Valle, señor Doney
Ospina Medina, y el representante legal de la Unión Temporal
Comercializadora Logística Integral S.A., se celebró el 7 de abril de 2008
el contrato nro. 20080035, con el objeto de realizar “(…) la distribución y
comercialización de productos de consumo masivo, que garantice la
distribución y venta de los productos que fabrique, comercialice y/o
distribuya LA INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE, referidos en todo caso a
la categoría de licores en el Departamento del Valle del Cauca” (cláusula
primera del contrato), con un término de duración de tres años,
prorrogables (cláusula décimo séptima, plazo del contrato)24.
6.3.2.2. La junta directiva de la Industria de Licores del Valle expidió los
siguientes actos25:
(i) El Acuerdo 05 del 27 de marzo de 2008, “por medio del cual se aprueba
un plan promocional con producto, se otorga una herramienta
promocional para el impulso de los productos de la industria y se autoriza
una delegación para contratar”.
(ii) El Acuerdo nro. 10 del 5 de agosto de 2008, “por medio del cual se
modifica el Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008” y se autoriza ampliar
el plan promocional aprobado mediante el acuerdo nro. 5 de 2008.
(iii) El Acuerdo nro. 3 del 5 de marzo de 2009, “por medio del cual se
aprueba un plan promocional para el impulso de los productos de la
Industria de Licores del Valle”.
24 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
Testigodocumental.pdf.
25
Ibidem.
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(iv) Por Acta nro. 003 del 1 de marzo de 2010 se aprobó el plan
promocional para el impulso de los productos.
6.3.2.3. En desarrollo de las anteriores determinaciones, entre el gerente
y representante legal de la Industria de Licores del Valle, señor Doney
Ospina Medina, y el representante legal de la unión temporal
Comercializadora Logística Integral S.A., se suscribieron las siguientes
actas de acuerdo dentro del contrato de distribución nro. 2008003526:
(i) Nro. 1 del 7 de agosto de 2008, por medio de la cual la Industria
Licorera reconoce un estímulo en producto equivalente hasta el 4% del
total del producto comprado y comercializado por la Unión Temporal
Comercializadora Logística Integral S.A. durante la vigencia 2008.
(ii) Nro. 2 del 5 de mayo de 2009, por medio de la cual se definen las
políticas para el plan publicitario comercial 2009-2011, entre otras
disposiciones.
(iii) Nro. 3 del 3 marzo de 2010, por medio de la cual se ratifican como
políticas del plan publicitario y comercial para el período 2009-2011, las
contenidas en el acta del 5 de mayo de 2009, entre otras disposiciones.
6.3.2.4. Con fundamento en lo aprobado por la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle, se adicionaron al contrato de distribución
nro. 20080035 los otrosíes nro. 01 del 10 de diciembre de 2008, donde
se cambió la forma de pago al contratista27; el número 02 del 13 de abril
de 200928, allí también se cambió la forma de pago de manera temporal
26
Ibidem.
27 En el sentido que el valor del producto, el impuesto al consumo, el IVA y demás cargos
debían ser pagados por el contratista en las cuentas que la Industria designara en
efectivo, transferencia electrónica o cheque de gerencia dentro de los 8 días siguientes
a la facturación.
28
En el sentido que el valor del producto, la participación al departamento, y demás
cargos, debían ser cancelados por el contratista en las cuentas que la Industria
designara, en efectivo, transferencia electrónica o cheque de gerencia dentro de los 30
días siguientes a la facturación.
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hasta el 31 de diciembre de 200929; nro.3 del 6 de marzo de 2009,
mediante el cual se modificó la cláusula novena del contrato y se adicionó
un parágrafo30; nro. 4 del 29 de enero de 2010, que amplió el objeto del
contrato a la distribución y venta de los productos que fabrique,
comercialice y/o distribuya la Industria, referidos a la categoría de licores,
toda clase de bebidas destiladas o fermentadas, las no destiladas, las
espirituosas, esencias y demás componentes y subproductos de licores;
nro. 05 del 8 de marzo de 201031 y 6 del 23 de julio de 201032, por medio
de los cuales nuevamente se modificó la cláusula 9 del contrato 20080035
de 2008.
6.3.2.5. El 3 de junio de 2009 se aprobó la cesión del contrato nro.
20080035 suscrito entre la Industria de Licores del Valle y la Unión
Temporal Comercializadora Logística S.A., a la sociedad por acciones
simplificada UT Comercializadora Integral SAS33.
6.3.3. En relación con el proceso de responsabilidad fiscal y la
vinculación a La Previsora compañía de seguros S.A.
6.3.3.1. La directora de vigilancia fiscal de la Contraloría Delegada Sector
Infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo
regional de la Contraloría General de la República, abrió la indagación
preliminar nro. 6-007-11 del 18 de enero de 2011, lo que sustentó así34:
29
En el sentido que la ejecución del plan estratégico de promoción y publicidad de
mercadeo correspondía a las partes de forma conjunta.
30
La modificación de la cláusula novena consistió en que correspondía a la Industria de
Licores del Valle fijar y desarrollar las políticas de promoción y publicidad de mercadeo
y que la ejecución del plan estratégico de promoción y publicidad de mercadeo
correspondía a las partes en forma conjunta, para lo cual se debían adelantar comités
mensuales de mercadeo, previa convocatoria realizada por el Subgerente Comercial y
de Mercadeo. Así como un parágrafo según el cual el contratista se comprometía a
ejecutar el plan comercial y publicitario 2009 entregado por la Industria de Licores del
Valle, el cual comprendía las ferias en los diferentes municipios, estímulos a canales de
distribución, conciertos, material publicitario y eventos que promocionaran el consumo
de licores.
31
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
Testigodocumental.pdf.
32
Ibidem.
33 Ibidem.
34
Ibidem.
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“[…] La presente indagación preliminar tiene como fundamento la
solicitud de control excepcional tramitada ante la Contraloría General de
la República por el señor Gobernador del Departamento del Valle del
Cauca, en el que solicita un control fiscal excepcional al contrato
20080035 suscrito en la Industria Licorera del Valle y la Unión Temporal
“Comercializadora Logística Integral S.A”.
Dicha solicitud fue estudiada por la Contraloría Delegada de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República quien, en tal virtud, expide el auto No. 000914
del 20 de diciembre de 2010, mediante el cual se admite y comisiona un
control excepcional a la Industria Licorera del Valle.
Los hechos brevemente narrados por el señor Gobernador del
Departamento del Valle del Cauca en su solicitud de control excepcional,
son descritos a continuación:
"El día 7 de abril de 2008 se suscribió contrato por parte de I.L.C con la
U.T. Comercializadora Integral, con un plazo inicial de 3 años habiéndose
efectuado a la fecha varios "Otro Si” modificatorios, incrementando los
ingresos del comercializador.
El último otro sí de prorroga se reduce a un 8% el precio de venta al
distribuidor afectándose de esta manera el Margen de utilidad del mismo.
Por último, se ha fijado en la L.V, una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca, según la
ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3.000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($ 25.000.000.000)
aproximadamente”.
Que en virtud del control fiscal excepcional aprobado según lo dispuesto
en el auto 000914 del 20 de diciembre de 2010, el Contralor Delegado
de Infraestructura, se dirigió a la ciudad de Cali donde fue enterado
personalmente por el Gobernador de los hechos materias de
investigación en la Industria Licorera del Valle, y recibió de manos de
éste los documentos pertinentes de la subdirección de rentas del
Departamento según el cual se practicó diligencia de Inspección ocular a
un local ubicado en la zona industrial las DELICIAS bodega 23 ubicada
en la carrera 7 #34-341 de Cali encontrando que en dicho lugar se
encontraban guardadas una cantidad de 56 cajas que según factura No.
VD 04652 de la Industria de licores del valle, exhibida por el depositario
del licor adquirida a un precio de costo, con la finalidad de ser
exportadas; no obstante, el licor no fue sacado del país y al parecer fue
comercializado al interior del Departamento, con las consecuentes
repercusiones a nivel de ingresos tributarios para el departamento y de
ventas para la Fábrica de Licores del Valle del Cauca.
Fundamentos de Derecho
Constituye fundamento jurídico de la presente actuación preliminar, los
siguientes:
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Artículos 267, y 268 numeral 5 y artículo 271 de la Constitución Política
de Colombia, los cuales preceptúan que la vigilancia de la Gestión Fiscal
de la Administración corresponde a la Contraloría General de la
República.
Artículo 26 de la Ley 42 de 1993, que establece el mecanismo del control
fiscal excepcional y quienes se encuentran legitimados para su solicitud.
Sentencia C-403 de 1999 por la cual la Honorable Corte Constitucional
establece las facultades que encarna el ejercicio del control fiscal
excepcional por parte de la Contraloría General de la República, la cual
incluye el ejercicio de la facultad de iniciar procesos de responsabilidad
fiscal e indagaciones preliminares.
[…]”. (subrayas originales)
La referida indagación preliminar fue cerrada por auto del 22 de marzo de
2011, en donde se determinó que existía mérito para iniciar proceso de
responsabilidad fiscal en contra del gerente general y los miembros de la
junta directiva de la Industria de Licores del Valle, y la cuantía se
estableció en la suma de ciento siete mil doscientos treinta y un millones
($107.231.000.000)35.
6.3.3.2. Por auto nro. 00302 del 7 de abril de 2011, proferido por el
director de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República, se ordenó abrir el proceso de responsabilidad
fiscal nro. 6-007-11. Entidad afectada: Industria de Licores del Valle.
Presuntos responsables fiscales: Doney Ospina; Ruth Sofía Triviño; Juan
Pablo Muñoz, Raimundo Tello Benítez, Roberto Villamizar; Juan Carlos
Rizzeto; Luis Telmo Rojas Perea; Luis Alfredo García; Héctor Fabio Useche
de la Cruz; Ezequiel Lenis Ramírez; Luis Humberto Castrillón; Edgar
Salazar Rivera; Edgar Doronsoro Tenorio; Empresa Agropecuaria Los
Robles S.A.; Empresa Encargo Logística Integral; Empresa Salazar
Transportes Unidos; Empresa Comercializadora Logística Integral S.A; UT
Comercializadora Integral SAS Sociedad por acciones simplificada;
Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora
35 Ibidem.
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Logística Integral S.A. La cuantía inicial del daño se estimó en la suma de
sesenta mil trescientos cincuenta y seis millones de pesos36.
En cuanto a la vinculación a los garantes en dicho auto se dijo:
“[…]
VINCULACIÓN AL GARANTE
El artículo 44 de la Ley 610 de 2000, señala:
“ARTÍCULO 44. VINCULACIÓN DEL GARANTE. Cuando el presunto
responsable o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del
proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al
proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente
responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del
principal implicado.
La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura
del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste,
con la indicación del motivo de procedencia de aquella.
Cabe señalar que conforme a la previsión contenida en la normativa
transcrita, una vez se identifique a las compañías aseguradoras que
expidieron las pólizas globales de manejo que amparan la gestión de los
presuntos responsables fiscales, así como la póliza única de
cumplimiento de blinda el Contrato de Distribución nro. 20080035
suscrito por la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (…) y la UNIÓN
TEMPORAL COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. (…)
se procederá a ordenar su vinculación en calidad de terceros civilmente
responsables a fin de que respondan por el daño causado a los intereses
patrimoniales del Estado hasta el monto del valor asegurado, si así se
determinare en el Fallo con Responsabilidad Fiscal, para lo cual en aras
de garantizarles el debido proceso, especialmente el derecho de defensa,
se les comunicará la presente providencia […]”. (mayúsculas y negrillas
originales)
6.3.3.3. Por auto del 22 de noviembre de 2011, expedido por la Contralora
Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra
la corrupción de la Contraloría General de la República, dispuso37:
“[…] PRIMERO. VINCULAR, en calidad de tercero civilmente
responsable, al Proceso de Responsabilidad Fiscal nro. 6-007, que se
viene adelantando en razón del daño ocasionado a los intereses
patrimoniales de la INDUSTRIA LICORERA DEL VALLE DEL CAUCA -
-DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA a:
1. Aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS NIT
No. 860.002.400-2, en virtud de las pólizas globales manejo sector oficial
36 Ibidem.
37
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
Testigodocumental.pdf.
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
y de cumplimiento citadas en el presente auto, con las cuales se
encuentra amparada la gestión de los presuntos responsables vinculados
para los hechos materia de investigación a la Industria de Licores del
valle del cauca, y del Contrato de distribución No. 20080035.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
Dicha decisión estuvo precedida de las siguientes consideraciones:
“[…] la Dirección de Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva, profirió el Auto 00302 del 07 de abril de 2011,
mediante el cual ordenó abrir el presente proceso de Responsabilidad
Fiscal, y proceder a identificar a las compañías aseguradoras que
expidieron las pólizas globales de manejo que amparan la gestión de los
presuntos responsables fiscales, así como la póliza de cumplimiento del
contrato de Distribución No. 20080035 (…).
Es así, como en la visita especial realizada a la Industria de Licores del
Valle el 20 de junio de 2011(folio 1077), donde la Doctora Lucy Yanira
Huertas Moreno hizo entrega de fotocopia con nota de autenticidad de la
Póliza Global de Manejo de servidores públicos expedido por la Previsora
S.A. Compañía de seguros discriminada así:
No. Fecha de Vigencia Vigencia No. de
Póliza expedición desde hasta folio del
expediente
1006587 28-5-2010 31-5-2010 31-5-2011 1380-1383
1003720 20-6-2007 30-6-2007 30-6-2008 1384-1389
1005140 10-6-2008 30-6- 2008 31-5-2009 1390-1395
1005750 29-5-2009 31-5-2009 31-5-2010 1396-1399
(…)
En virtud del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando el presunto
responsable sobre el cual recaiga el objeto del proceso de
responsabilidad fiscal se encuentre amparado por una póliza, deberá
vincularse al proceso a la compañía de seguros en calidad de tercero
civilmente responsable, a fin de que responda por el daño causado a los
intereses patrimoniales el (sic) Estado hasta el monto del valor
asegurado si así se determinare en el fallo con Responsabilidad Fiscal.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
6.3.3.4. Por auto del 14 de diciembre de 2011, la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República imputó
responsabilidad fiscal, entre otros, a los señores Doney Ospina Medina y
Paula Andrea Martínez Vélez, y adicionalmente frente a los terceros
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63
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
civilmente responsables, específicamente, en relación con la aseguradora
La Previsora S.A. compañía de seguros, se expuso lo siguiente38:
“[…]
DE LOS GARANTES
De acuerdo al “ARTÍCULO 44. VINCULACIÓN DEL GARANTE. Cuando el
presunto responsable o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto
del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al
proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente
responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del
principal implicado.
La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura
del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste,
con la indicación del motivo de procedencia de aquella.
Relacionamos las pólizas que amparan diferentes riesgos dentro del
contrato [de] Distribución:
No. Fecha de Vigencia Vigencia No. de
Póliza expedición desde hasta folio del
expediente
1006587 28-5-2010 31-5-2010 31-5-2011 1380-1383
1003720 20-6-2007 30-6-2007 30-6-2008 1384-1389
1005140 10-6-2008 30-6- 2008 31-5-2009 1390-1395
1005750 29-5-2009 31-5-2009 31-5-2010 1396-1399
(…)
En virtud del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando el presunto
responsable sobre el cual recaiga el objeto del proceso de
responsabilidad fiscal se encuentre amparado por una póliza, deberá
vincularse al proceso a la compañía de seguros en calidad de tercero
civilmente responsable, a fin de que responda por el daño causado a los
intereses patrimoniales el (sic) Estado hasta el monto del valor
asegurado si así se determinare en el fallo con Responsabilidad Fiscal.
Conforme a las anteriores consideraciones y cumpliendo los requisitos
establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000 y de acuerdo
a los artículos 97 y 98 de la Ley 1474 de 2011, la Contraloría Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales para la de (sic)
la Contraloría General de la República,
RESUELVE
PRIMERO: Imputar responsabilidad fiscal a los señores (…) DONEY
OSPINA MEDINA identificado (…), PAULA ANDREA MARTÍNEZ VÉLEZ
identificada con (…).
SEGUNDO: Mantener como Garantes vinculados al presente proceso a
la Aseguradoras a (sic) LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
38
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
NIT. No. 860.002.400-2, en virtud de las pólizas globales de manejo
sector oficial y de cumplimiento citadas en el presente (…), con las cuales
se encuentra amparada la gestión de los presuntos responsables
vinculados para los hechos materia de investigación a la Industria de
Licores del Valle del Cauca (…).
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
6.3.3.5. En el Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 0001 del 20 de febrero
de 2012, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad
de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría
General de la República, consta lo siguiente39:
“[…] Apodera (sic) de La Aseguradora La Previsora
En primer término, hace relación a las pólizas de responsabilidad civil
vigentes desde el 30 de junio de 2007 al 31 de mayo de 2011, cuyo valor
asegurado es la suma de 3.000 mil millones de pesos, las que cubren
cargos como el del Gerente General y la Subgerente comercial, en estas
pólizas se deben tener en cuenta una cláusula clains made, que son los
amparos se dan para juicios de responsabilidad fiscal. La contraloría
podría hacer efectiva esta póliza, las cuales solo excluyen todos los actos
dolosos, igualmente aclara que no estaban amparados los miembros de
la junta directiva. Con respecto a la póliza nro. 300182, manifiesta que
existen límites al valor asegurado y con respecto a la vigencia de las
pólizas esta van desde el 7 de abril de 2011 al 7 de abril de 2015, ya se
encuentran fuera del cubrimiento porque ya se habían generados los
hechos. Estas pólizas no tienen retroactividad alguna, y su valor
asegurado es por la suma de 87.000 millones de pesos. Con respecto a
la reclamación, esta se presenta en la póliza 1006587 vigente del 31 de
mayo de 2010 al 31 de mayo de 2011, auto de apertura 7 de abril de
2011. Dos años más para reclamaciones. Cláusulas clain made: pólizas
excluyen todos los actos dolosos de los funcionarios que se encuentren
gerente general, subgerente comercial y mercadeo.
(…)
DEL GARANTE
En el auto de imputación de cargos se consignó lo siguiente:
De acuerdo al “ARTÍCULO 44. VINCULACIÓN DEL GARANTE. Cuando el
presunto responsable o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto
del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al
proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente
responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del
principal implicado.
La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura
del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste,
con la indicación del motivo de procedencia de aquella.
Relacionamos las pólizas que amparan diferentes riesgos dentro del
contrato [de] Distribución:
39 Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
No. Fecha de Vigencia Vigencia No. de
Póliza expedición desde hasta folio del
expediente
1006587 28-5-2010 31-5-2010 31-5-2011 1380-1383
1003720 20-6-2007 30-6-2007 30-6-2008 1384-1389
1005140 10-6-2008 30-6- 2008 31-5-2009 1390-1395
1005750 29-5-2009 31-5-2009 31-5-2010 1396-1399
(…)
En virtud del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando el presunto
responsable sobre el cual recaiga el objeto del proceso de
responsabilidad fiscal se encuentre amparado por una póliza, deberá
vincularse al proceso a la compañía de seguros en calidad de tercero
civilmente responsable, a fin de que responda por el daño causado a los
intereses patrimoniales el (sic) Estado hasta el monto del valor
asegurado si así se determinare en el fallo con Responsabilidad Fiscal.
(…)
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL,
conforme lo previene el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en contra de
DONEY OSPINA MEDINA, (…) Gerente General de la Industria de
Licores del Valle, para la época de los hechos en cuantía de
$6.879.876.162.
(…)
ARTÍCULO CUARTO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL,
conforme lo previene el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en contra de
PAULA ANDREA MARTÍNEZ VÉLEZ, (…) en su calidad de Sub-Gerente
Comercial y de Mercadeo de la Industria de Licores del Valle, para la
época de los hechos en cuantía de $6.879.876.162.
(…)
DIECINUEVE: Mantener vinculados como Terceros Civilmente
Responsable a Aseguradora La Previsora S.A. compañía de seguros y
Seguroexpo seguros de crédito y cumplimiento Bancoldex- Grupo Cesce
[…].” (mayúsculas y negrillas originales)
6.3.3.6. Mediante fallo del 23 de marzo de 2012, expedido por la
Contralora General de la República, se resolvieron los recursos de
apelación interpuestos por los implicados Doney Ospina Medina, Paula
Andrea Martínez Vélez, Roberto Villamizar Angulo, Ezequiel Lenis
Ramírez, Ruth Sofía Triviño, Edgar Salazar Rivera, Edgar Doronsoro
Tenorio y por las sociedades Agropecuaria Los Robles S.A, Encargo
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Logística Integral S.A., Salazar Transportes Unidos S.A., Comercializadora
Logística Integral CLI S.A. transformada en SAS con nombre
Comercializadora Logística Integral SAS y sociedad UT Comercializadora
Integral SAS – UT CLI SAS, en el sentido de modificar el fallo de primera
instancia imponiendo la responsabilidad de manera solidaria y a título de
culpa grave, por una cuantía de 40.767.369.586 indexada.
En el artículo primero de la decisión de segunda instancia se precisó en
cuanto a la Previsora S.A. compañía de seguros que obraba en calidad de
tercero civilmente responsable40.
6.3.3.7. La Contralora General de la República corrigió el fallo de segunda
instancia en el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria, en
cuantía de $39.643.607.48641.
6.4. Análisis de la Sala
La Sala, para resolver, examinará, en primer término, los reproches
formulados en el recurso de apelación por La Previsora S.A. compañía de
seguros, y, en segundo lugar, la apelación interpuesta por el señor Doney
Ospina Medina.
6.4.1. La Previsora S.A. compañía de seguros
6.4.1.1. Frente a las pretensiones principales
6.4.1.1.1. Cargo de falta de competencia
La parte recurrente reiteró que la Contraloría General de la República no
tenía competencia para ejercer el control posterior excepcional respecto
de la Industria de Licores del Valle por no ser una entidad territorial y que
debía aplicarse lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del
40 Ibidem.
41 Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
27 de mayo de 2010, porque, si bien esa postura se modificó en
providencia del 5 de marzo de 2015, era la tesis vigente para cuando se
presentó la demanda.
En relación con este reproche, la Sala comparte lo señalado por el a quo y
el cargo no está llamado a prosperar, por cuanto la providencia que cita la
parte actora proferida el 27 de mayo de 2010 por esta Sección42, en la que
se sostuvo que no podía ejercerse el control fiscal excepcional para las
entidades descentralizadas, se trata de un criterio que fue rectificado en
sentencia del 5 de marzo de 2015, en la que se explicó que el control fiscal
excepcional procedía no solo respecto de las cuentas de las entidades
territoriales, sino también de las entidades que lo conforman, incluyendo
las del sector descentralizado.
En efecto, en la sentencia del 5 de marzo de 2015 la Sección Primera de
esta Corporación expuso lo siguiente43:
“[…] En vista de que el artículo 267 superior es explícito en señalar, que
el control excepcional recae sobre las cuentas de las entidades
territoriales y que existe un precedente jurisprudencial que con
fundamento en esta directriz, descartó la procedencia del control
excepcional para una entidad descentralizada del orden territorial,
considera la Sala necesario rectificar esta postura, en el sentido de que
el control excepcional no se puede limitar únicamente a la vigilancia de
las cuentas de las entidades territoriales sino que también debe
comprender a las de las entidades que la conforman (…).
(…)
Teniendo de presente que el inciso 6º del artículo 272 de la Constitución
Política, dispone que “los contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones
atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268”, la Sala
encuentra válido afirmar que los sujetos de vigilancia y control por parte
de la Contraloría General de la República a nivel nacional que señala el
artículo 4º del Decreto 267 de 2000, resultan ser los mismos que a nivel
territorial o de su jurisdicción le corresponderá entonces vigilar a las
contralorías departamentales, distritales y municipales.
Dejando en claro lo anterior, se rectificará la postura de esta Sala
sentada en la sentencia del 27 de mayo de 2010, en el sentido de que
el control fiscal excepcional lo podrá avocar la Contraloría
Expediente con radicación nro. 11001 03 24 000 2003 00053 01.
42
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
43
del 5 de marzo de 2015. C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación nro.
11001 03 24 000 2004 00288 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
General de la República respecto no sólo de las cuentas de las
entidades territoriales sino también de las entidades que las
conforman, incluyendo las del sector descentralizado por
servicios, cuyo control fiscal de manera ordinaria o regular le
corresponde adelantar a las contralorías territoriales según su
jurisdicción. Para los efectos anteriores, se tendrá en cuenta lo previsto
en el artículo 68 de la Ley 498 de 1998.[…]”. (negrillas originales)
En ese contexto, resulta ajustado al ordenamiento jurídico que la
Contraloría General de la República ejerciera el control fiscal excepcional
para verificar la gestión fiscal de una empresa industrial y comercial del
Estado del orden departamental, como lo es la Industria de Licores del
Valle, por tratarse de un ente descentralizado que hace parte de la entidad
territorial departamento del Valle del Cauca.
En lo referente al argumento que, cuando se presentó la demanda la tesis
vigente era la contenida en la sentencia del 27 de mayo de 201044, la Sala
destaca que, además de que no se trató de una línea jurisprudencial
reiterada, precisamente fue rectificada en la sentencia del 5 de marzo de
2015, pues no se ajustaba al criterio de interpretación adecuado del
ordenamiento jurídico vigente en la fecha en que se expidió la primera
sentencia señalada. Entonces, si la Corporación ha reconocido el error en
que incurrió al emitirla, no puede pretender el apelante que en su caso se
respalde el mismo error, pues su representado está en la obligación de
cumplir la fuente formal vigente al momento de los hechos.
Aunado a lo dicho, no sobra mencionar que el control excepcional ejercido
en este caso por la Contraloría General de la República respecto de la
Industria de Licores del Valle cumplió con el procedimiento exigido por las
disposiciones vigentes para ese momento.
Al efecto, para la época en que sucedieron los hechos del presente asunto,
años 2008 a 2010, el texto original del artículo 267 de la Constitución
44
Expediente con radicación nro. 11001 03 24 000 2003 00053 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Política45 facultaba a la Contraloría General de la República para ejercer el
control fiscal posterior excepcional46.
Así mismo, la Ley 42 del 26 de enero de 199347, en el artículo 26, dispuso
que la Contraloría General de la República podía ejercer control posterior,
en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial,
sin perjuicio del control que les correspondía a las contralorías
departamentales, distritales y municipales: a) por solicitud del gobierno
departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente
del Congreso de la República o de la mitad más uno de las corporaciones
públicas territoriales, y b) por solicitud de la ciudadanía a través de los
mecanismos de participación establecidos en la ley.
A su vez, el artículo 49 ibidem preceptuó que la Contraloría General de la
República “excepcionalmente y de acuerdo con lo previsto en el artículo
26 de la presente ley ejercerá control posterior sobre las cuentas de
cualquier entidad territorial”.
Por su parte, el artículo 6348 de la Ley 610 del 15 de agosto de 200049
dispuso la competencia prevalente de la Contraloría General de la
República para adelantar hasta su culminación los procesos de
responsabilidad fiscal que se originaran como consecuencia del ejercicio
de la facultad excepcional de control establecida por el artículo 267
superior.
45
Dicho artículo fue modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 04 de 2019.
46
El inciso tercero del artículo 267 preveía “La vigilancia de la gestión fiscal del Estado
incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos
excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre
cuentas de cualquier entidad territorial”.
47
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen”.
48
El artículo 63 de la Ley 610 de 2000 fue derogado por el artículo 166 del Decreto Ley
403 de 2020 “por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.
49
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías”
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
Con fundamento en dichas normas, el Contralor General de la República
expidió la Resolución Orgánica nro. 6069 del 26 de agosto 200950, que
estableció el procedimiento para el desarrollo del control fiscal posterior
que podía ejercer la Contraloría General de la República en forma
excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, y
específicamente, en el artículo cuarto dispuso que los requisitos que
debían cumplirse eran los siguientes: 1) ser requerido por las autoridades
legalmente autorizadas; 2) la solicitud debía precisar el asunto objeto de
control, y 3) incluir la motivación o eventos en que se presumía la duda
de la imparcialidad o falta de idoneidad de la contraloría territorial.
Acorde con el marco legal aplicable, en el caso concreto, se observa que
el control excepcional tuvo el siguiente trámite:
-) Por oficio DG- 0456 del 17 de diciembre de 2010, el gobernador del
Valle del Cauca solicitó a la Contralora General de la República ejercer el
control excepcional a la Industria de Licores del Valle y a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca y para ello expuso51:
“[…] 1. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (I.L.V.)
1.1. El día siete (7) de abril de dos mil ocho (2008), se suscribió por
parte de la I.L.V. un contrato con la U.T. COMERCIALIZADORA
INTEGRAL, con plazo inicial de tres (3) años, habiéndose efectuado a la
fecha varios 'Otro Sí" modificatorios, incrementando los ingresos del
comercializador.
1.2. El día veintitrés (23) de julio de 2010, esto es, faltando aún nueve
(9) meses para la terminación del contrato según el plazo inicial pactado
(abril de 2011), el mismo es prorrogado por tres (3) años más, es decir,
hasta el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014).
1.3. En el último Otro Sí de prórroga, se reduce en un 8% el precio de
venta al distribuidor, afectándose de esta manera el margen de utilidad
del mismo.
50
“Por la cual se deroga la Resolución 5588 del 8 de junio de 2004, que establece la
competencia para el conocimiento, admisión y trámite para el ejercicio del control fiscal
posterior excepcional en la Contraloría General de la República, y se implementan
acciones de mejora continua”. Resolución que fue derogada por la Resolución nro. 6506
de 2012 de la Contraloría General de la República.
51
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
Testigodocumental.pdf.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
1.4. Por último, se ha fijado en la I.L.V. una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca según la
Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3´000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000.00)
aproximadamente.
(…)
Por último, la Contraloría Departamental no ha emitido pronunciamiento
alguno.
Con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 610 de 2000, solicito
se releve temporalmente de su competencia a la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca respecto de la ejecución de su control
en el caso expuesto y se abrogue dicha competencia a la Contraloría
General de la República.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)
-) Por auto nro. 000914 del 20 de diciembre de 2010, el contralor
delegado para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la
Contraloría General de la República admitió y autorizó el control
excepcional solicitado por el gobernador del Valle del Cauca, se comisionó
a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física,
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la
Contraloría General de la República para que adelantara el proceso auditor
“con estricto apego al debido proceso y el respeto al ejercicio del derecho
de defensa”, y se ordenó comunicarle al Contralor departamental del Valle
del Cauca la decisión. Allí se expuso52:
“[…] El suscrito Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva, con fundamento en el artículo 267 de la
Constitución Política, desarrollado por el artículo 26 de la ley 42 de 1993,
numeral 7 del artículo 24 y artículo 81 de la ley 617 de 2000, y la
Resolución Orgánica 6069 de 2009, procede a proferir el presente auto
con base en las siguientes consideraciones:
1. Que mediante oficio SP 80.111.6483 del 17 de diciembre de 2010 la
secretaria Privada remitió la solicitud de control excepcional
presentada por el Gobernador del Valle del Cauca Doctor Francisco
José Lourido Muñoz sobre: "... La Industria Licorera del Valle y
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca”.
52
Ibidem.
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
2. Que el Gobernador del Valle del Cauca indicó dentro de su motivación:
“...1. El día 7 de abril de 2008 se suscribió contrato por parte de la I.L.C.
con la U.T. Comercializadora Integral, con un plazo inicial de 3 años
habiéndose efectuado a la fecha varios "Otro Si" modificatorios,
incrementando los ingresos del comercializador.
13. En el último otro sí de prórroga, se reduce en un 8% el precio de
venta al distribuidor, afectándose de esta manera el margen de utilidad
del mismo.
14. Por último, se ha fijado en la L.V. una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca según la
Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3.000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000) aproximadamente”.
[…]”.
Conforme con lo anterior, la solicitud se hizo por la autoridad legalmente
autorizada, esto es, por el gobernador del Valle del Cauca, se precisó el
objeto de control, que era la Industria de Licores del Valle, y se incluyó la
motivación consistente en los ingresos dejados de recaudar por concepto
de impuestos para el departamento del Valle del Cauca, de manera que
la petición se justificó y razonó en debida forma.
De otro lado, en el expediente está acreditado que, previo a la solicitud
hecha el 17 de diciembre de 2010 por el gobernador del Valle del Cauca
Francisco José Lourido, el Contralor Auxiliar para el control fiscal de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca había remitido el 22 de
noviembre de 2010 a la gerente de la Industria de Licores del Valle el
informe de la visita fiscal allí practicada, en el que afirmó que se verificó
la ejecución del plan comercial vigencia 2009 - 2010 suscrito entre la
Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora
Integral S.A.S., y constató que no se evidenciaba un procedimiento
implementado ni documentado para ejecución y seguimiento de entrega
del Plan Comercial, así53:
53 Ibidem.
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“[…] Revisada la información suministrada por la Industria de Licores del
Valle se concluye:
1. El Plan Promocional es un mecanismo comercial utilizado por la
Industria desde vigencias anteriores a la suscripción del contrato de
distribución en el año 2008.
2. El Plan Promocional fue autorizado por la Junta Directiva de la
Industria para cada vigencia fiscal.
3. La Industria determinó las políticas promocionales a aplicar con el
citado plan, de - acuerdo con lo definido en el contrato de distribución
suscrito entre las parles.
4. El contratista ha entregado la información solicitada por la Industria
correspondiente al citado plan promocional.
5. La Industria ha actuado en materia de impuesto conforme a las
disposiciones ordenanzales que regulan el tratamiento del producto
promocional de la Industria.
4. OBSERVACIONES
No se evidencia un procedimiento implementado ni documentado para
ejecución y seguimiento de entrega del Plan Comercial con los soportes
correspondientes, donde se indique de acuerdo a lo pactado a que
herramienta va dirigido, no se hace el cierre del Plan comercial en
comento por cada vigencia o por mes, donde se justifiquen los saldos
adeudados en cuanto a las cantidades aprobadas por la ILV.
Se observa deficiencia en los mecanismos de control o interventoría al
Plan comercial que en este tema impide visualizar la gestión o claridad
en las entregas del Comercializador a través de cada herramienta, por
cuanto no queda evidencia física completa de la ejecución del objeto del
plan, impidiendo establecer las obligaciones que de él se derive.
Preocupa a este Organismo de Control, las posibles consecuencias que
pueda generar el incumplimiento de los compromisos suscritos entre la
IILV y la UT Comercializadora integral S.A.S., con las entregas del Plan
Comercial por parte de la Industria de Licores, la cual podría llevar a la
Comercializadora a no cumplir las metas de ventas presupuestadas para
la vigencia 2010, que se traduce en un alto riesgo financiero para las
partes y las transferencias para el Departamento, afectando
significativamente la inversión en la salud de los vallecaucanos. […]”
Por lo tanto, este primer reproche no tiene prosperidad.
6.4.1.1.2. El cargo de falsa motivación por no estar configurados los
elementos de la responsabilidad fiscal
La parte recurrente reiteró el segundo cargo de falsa motivación por
considerar que en el asunto no estaban configurados los elementos de la
responsabilidad fiscal, porque, según afirma:
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(i) Los planes promocionales no causaron un detrimento patrimonial, sino
que mejoraron los ingresos de la Industria de Licores del Valle y las
transferencias que correspondían al departamento; (ii) el señor Doney
Ospina en calidad de gerente de la empresa no definió los planes
promocionales sino que lo hizo la junta directiva; (iii) no se tuvieron en
cuenta las pruebas que daban cuenta de la gestión calificada del gerente
y del cambio de calificación de la Industria de Licores del Valle de BBB a
BB+, por lo que se demostró la eficiencia y rentabilidad alcanzados por la
empresa; (iv) no existió nexo causal entre la conducta endilgada al
gerente general Doney Ospina Medina y a la subgerente comercial y de
mercadeo Paula Andrea Martínez Vélez y el daño patrimonial, y (v) la
ordenanza nro. 131 de 2001 exoneró a los productos promocionales de la
Industria de Licores del Valle de ser gravados, ordenanza que estuvo
vigente entre los años 2008 a 2010.
La Sala estima que no le asiste razón al recurrente y comparte los
argumentos del a quo para señalar que este cargo tampoco puede
prosperar.
En relación con la falsa motivación como vicio de nulidad, esta Sección ha
explicado que debe ser entendido desde tres enfoques distintos, a saber:
la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el
contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance
interno, lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el
acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva54.
El primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento sobre
ciertos hechos que se esgrimen como fundamento para expedir la decisión
cuestionada. Así, de advertir que son falsos, el juez no tiene opción
diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
54
del 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 47 001
23 31 000 2012 00414 01.
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mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión
que el acto toma.
Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado
a atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la administración no tiene el alcance para definir
la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad
será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.
Finalmente, la indebida motivación emerge del análisis del acto y su
congruencia entre la parte motiva y la resolutiva, entendiéndose por tal
que esta última debe ser la consecuencia lógica de lo expuesto en aquélla.
En el caso concreto, ninguno de los argumentos aducidos por el recurrente
configura la causal de nulidad por falsa motivación, según pasa a verse:
(i) Respecto del argumento consistente en que los planes promocionales
no causaron un detrimento patrimonial, sino que mejoraron los ingresos
de la Industria de Licores del Valle y las transferencias que correspondían
al departamento:
-) Lo primero que cabe destacar es que, en el fallo con responsabilidad
fiscal nro. 001 del 20 de febrero de 2012, se explicó lo siguiente frente al
plan promocional55:
“[…] D- PLAN PROMOCIONAL
Este despacho en el auto de Imputación relacionó frente al plan
promocional las siguientes consideraciones que en el transcurso de la
audiencia de imputación de cargos no fueron desvirtuadas, por lo tanto,
este despacho se ratifica en las siguientes irregularidades:
I. Los considerandos del Otrosí N° 007: de Fecha 8 de Julio de 2011
(Anexo 5 carpeta 1 fls. 108 -135 397-413), la U comercializadora
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
55
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
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SAS fundamento qué (…) aunque en los años 2008, 2009 y 2010,
la facturación de la ILV hacia el distribuidor ha superado esta cifra.
es debido a que la venta del producto que realiza la ILV difiere del
consumo real del mercado, es decir, que el Contratista y los canales
de distribución han venido soportando unos inventarios de una
vigencia a otra.
II. Mediante comunicación CM EXT (…) de diciembre 30 de 2010,
en donde solicita "revisar la meta contractual de 2011 por cuanto
está en 12.000.000 unidades. 750 cc”, argumentando que su stock
es de 3.000.000 de unidades de 750 cc, lo cual le genera la
obligación de comercializar en el 2011 la cantidad de 15.000.000
de unidades de 750 cc, siéndole imposible físicamente cumplir dicho
objetivo.
III. Complementando este tema en la declaración de Paula Andrea
Martínez Vélez Subgerente comercial y de mercadeo en el momento
en que ocurrieron los hechos, (…) (cuaderno 7 Fls 1249-1255) le
preguntan, qué beneficios tiene la aplicación de un plan
promocional entregando en el mismo aguardiente sin marcar
(prohibida su venta). Dice que como por el tema de impuestos, y
sobre los impuestos no se puede hacer descuentos, implica que
para hacerlo más atractivo se entrega un producto a manera de
incentivo, implica que el distribuidor lo meta en sus inventarios y
así no compre a la competencia. Si lo marcaran (prohibida su venta)
quien organiza el evento no lo percibirá como patrocinio ya que no
lo podría comercializar, desde el 2004 que yo ingresé a la ILV nunca
el aguardiente de promoción se ha marcado.
IV. La UT continúa diciendo (…) la obligación de la inversión
publicitaria quedó estipulada como financiación a cargo del
contratista, y no como pago de la misma, generando libertad
interpretativa sobre la parte obligada al pago efectivo de ésta, tal
como se desprende de la estipulación contractual de la financiación
del plan Comercial Publicitario de Mercadeo, presente en la cláusula
novena del contrato de distribución N° 20080035, modificada por
el otrosí N° 006 de 2010.
V. Durante la entrevista realizada al gerente de la comercializadora,
Dr. José Henry Pereira se recibieron los listados del producto
entregado a cada cliente de enero a agosto de 2010, pero no se
pudo evidenciar cuáles son los clientes y la cantidad de producto
pendiente por entregarles como parte de pago de los acuerdos
firmados ya que el gerente manifestó que no tiene un listado de
pendientes, el control que ellos manejan es la no entrega del
producto a los clientes que les deben facturación y este control se
lleva en el sistema de información de la comercializadora.
Este despacho, igualmente en el auto de imputación enunció los
acuerdos comerciales de la vigencia 2008, que oscilaban entre el 7% al
700 % de plan promocional en los diferentes eventos, y que de acuerdo
a las versiones y testimonios dentro de la audiencia de imputación de
cargos, ratifica que existieron irregularidades al aprobar las
herramientas que entre otros contempla el plan promocional que es
aprobado posterior a la suscripción del Contrato de distribución,
convirtiéndose en una modificación al pliego de condiciones que hace
parte de la minuta del Contrato de distribución.
De otra parte, se desnaturaliza la herramienta promocional al entregar
el producto que hace parte del plan promocional después de realizarse
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los eventos que eran la esencia misma del acuerdo comercial y del pian
promocional, que debían satisfacer plenamente al consumidor final.
Este despacho de otra parte encuentra que el plan promocional se
convierte en una ineficacia económica al presentar el Distribuidor un
stock de 3.000.000 de botellas entre venta y plan promocional, logradas
por la compra o entrega del plan promocional por parte de la ILV con el
fin de cumplir metas de ventas al final de cada Vigencia.
Y aún más grave cuando el producto del plan promocional no llevaba la
etiqueta “prohibida su venta o degustación”.
El daño patrimonial fue cuantificado en la etapa de la indagación
preliminar y ratificada en el Auto de imputación de la siguiente manera:
Impacto de acuerdos, actas de acuerdo y $ 59.828.000.000
Otrosí N° 3
Impacto de las cláusulas tercera y cuarta del $ 47.403.000.000
Otrosí N° 6
Posibles deficiencias y regular gestión con $528.000.000.000
línea de exportación
Efectos Otrosí N° 2 $83.751.000
Pago de intereses del crédito con
Infivalle $40%
TOTAL $107.842.751.000
Este despacho a aplicar el IPC en los impacto (sic) de acuerdos, actas de
acuerdo y Otrosí N° 3, Impacto de las cláusulas tercera y cuarta del
Otrosí N° 6 Posibles deficiencias y regular gestión con línea de
exportación totalizando el detrimento patrimonial en la suma de
$112.018.600
Se acepta certificación presentada por el contador del ILV respecto a
Infivalle la suma de $ 83.000.000, por lo tanto, se dedujo la suma.
Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 222 de 1995 y la Ley 489 de
1998 en lo relacionado con la responsabilidad solidaria, en este caso
frente a los miembros de la Junta Directiva el valor anteriormente
expuesto será distribuido en partes iguales. entre quienes intervinieron
en la toma de decisiones. Gerente, Junta Directiva y los distribuidores.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)
-) Acorde con las pruebas obrantes en el expediente, el plan promocional
aprobado en marzo de 2008 en la Industria de Licores del Valle fue de
quinientas mil unidades de botellas de 750 cc; en agosto del mismo año
se amplió a un millón de unidades de botellas; en marzo del año 2009 a
dos millones quinientas mil unidades de botellas, y en marzo del año 2010
se amplió a tres millones de unidades de botellas; sin embargo, el mayor
valor asumido por la Industria de Licores del Valle derivado del plan
comercial ejecutado entre los años 2008 y 2010 no se vio reflejado ni en
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las cifras de ventas ni en los resultados esperados, ni ello fue desvirtuado
por la parte recurrente.
-) Está acreditado que la junta directiva de la Industria de Licores del Valle
aprobó los respectivos acuerdos para ampliar el plan promocional56, y que
los soportes que figuran como sustento de ello fueron:
El primero se trata de un documento denominado “análisis de mercado
para la implementación de actividades promocionales por medio de un
producto en promoción”, firmado por la subgerente comercial de la
Industria de Licores del Valle, Paula Andrea Martínez Vélez, del que se
extrae57:
“[…]
V. ACTIVIDADES PROMOCIONALES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2008
PARA EL PRODUCTO
De acuerdo al análisis anterior, se propone para la Industria de Licores
del Valle aprovechar el recurso de producto para vincularse de la
siguiente forma a los canales de distribución y eventos:
Bonificación al canal mayorista: (…)
Vinculación a supermercados: (…)
Acuerdos con puntos de consumo: (…)
Vinculación a eventos de gran magnitud: (…)
Degustaciones: (…).
VI. VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL
. Llena los inventarios de los clientes obligándolos a comercializar las
marcas de la industria.
. Para la Empresa Estatal resulta más económico el pago en producto ya
que en el momento de realizar el pago se liquida al precio de canal
. Permite dar a conocer los nuevos productos del portafolio de la ILV por
medio de los canales de distribución
. Fideliza los canales de distribución construyendo relaciones comerciales
a largo plazo
. Ofrece la oportunidad de dar promoción y publicidad en los diferentes
eventos en que se genere consumo y se promuevan las marcas de la
Industria.
. Apoya la labor comercial del distribuidor. […]”
56
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
Testigodocumental.pdf.
57 Ibidem.
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El segundo, de donde se deriva la continuación de los planes
promocionales en el año 2009, es el documento en donde se informó58:
“[…] PRODUCTO EN PROMOCIÓN COMO ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE
MERCADEO PARA EL AÑO 2009
Teniendo en cuenta que la Industria de Licores del Valle debe seguir los
parámetros establecidos en el Plan Estratégico del Cuatrienio 2008-
2011, en donde se estipulan para el área de mercadeo es el aumento de
las ventas del 21%.
La Gerencia General y la Subgerencia Comercial y de Mercadeo
establecen un plan comercial para el año 2009 con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos planteados basado en la situación actual
del mercado, la competencia y los canales de distribución.
1. Resultados vigencia 2008:
Para el año 2008 la Industria de Licores del Valle aprobó 1.000.000
unidades de 750 cm3 entre aguardiente y ron, obteniendo resultados que
impactaron las ventas departamentales y construcción y desarrollo
canales de distribución de la siguiente manera:
1.1. Ventas departamentales
Durante el año 2008 la Industria de Licores del Valle recuperó parte del
mercado perdido en especial en la zona norte del Valle , igualmente logró
una mayor cobertura del mercado lo que se tradujo en cifras en una
variación positiva del 21% frente al año 2007.
(…)
1.2. Participación por canal de distribución en ventas Valle 2008:
Teniendo en cuenta que la distribución numérica se fortaleció durante el
año 2008, es posible decir que la presencia del producto es total a nivel
departamental incluyendo el Norte del Valle. (…)
a. ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2009
Teniendo en cuenta el panorama anterior, la INDUSTRIA DE LICORES DEL
VALLE para el año 2009 debe desarrollar diferentes actividades tanto a
nivel departamental como nacional a fin de obtener las ventas y
penetración del mercado esperadas.
1. Vinculación a productos de consumo (…)
2. Bonificaciones al distribuidor (…)
58 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
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3. Codificación de producto (…)
4. Vinculación a eventos (…)
5. Exclusividad en ferias (…)
6. Degustaciones (…)
Para el año 2009 la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE debe contar con
2.500.000 unidades de 750 cm3 para cumplir con este fin. Es importante
tener en cuenta que se deben adicionar 556.267 unidades de 750 cm3
que se encuentran pendientes del año 2008.
Para dar cumplimiento al plan anteriormente estipulado es de vital
importancia el compromiso del Distribuidor Comercializadora Logística
Integral como actor estratégico quien debe cumplir con los objetivos de
venta y distribución estipulados aprovechando el poder de negociación
con los canales de distribución, para lo cual se firma el presente plan con
vigencia al 31 de diciembre de 2009 […].”
Sin embargo, en el concepto técnico financiero dirigido el 31 de enero de
2011 por el asesor de gestión de la Contraloría Delegada Sector
Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y
Desarrollo Regional a la Contraloría Delegada para Infraestructura Física
y Telecomunicaciones Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la
Contraloría General de la República, se determinó frente al impacto que
tuvieron dichos acuerdos59:
“[…] 1. Impacto de Los Acuerdos60, Actas de Acuerdo y el Otrosí
No. 361, Firmados entre los años 2008 y 2010.
A través de Acuerdos, Actas de Acuerdo y Otrosíes posiblemente se
cambiaron las condiciones inicialmente establecidas en el Contrato y en
los Pliegos de Condiciones en relación con el Plan Publicitario y Comercial,
generando el 20% de descuento en términos de unidades de producto con
respecto a la meta de ventas para el periodo comprendido entre los años
2008 y 2010.
(…)
En efecto, la incidencia del Otrosí 3 de marzo 6 de 2009 en conjunto con
los Acuerdos de la Junta Directiva genera mayores valores de recursos a
asumir por dicha Entidad, así:
El Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008 autoriza la aprobación de un plan
promocional de 500.000 unidades de botellas de 750 cc, para el período
de mayo a diciembre de 2008. Posteriormente con el Acuerdo No. 10 de
59
Ibidem.
60
Nro.03 del 5 de marzo de 2008 (sic), nro.10 del 5 de agosto de 2008, nro. 03 del 5
de marzo de 2009, acuerdo nro. 5 del 1 de marzo de 2010.
61
Realmente se trata del otrosí nro. 2 del 6 de marzo de 2009.
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agosto 5 de 2008, se amplía el plan promocional a 1.000.000 (un millón)
de unidades de botellas de 750 cc, del cual, de conformidad con el
Considerando del Acuerdo No. 03 de marzo 5 de 2009, sólo se utilizaron
686.779 unidades. En consecuencia, el valor adicional para el año 2008,
derivado de los Acuerdos 5 y 10 de 2008, sería de $10.741 millones.
Es importante anotar que la lLV, con comunicación 1400.1020 de
noviembre 25 de 2010, reporta 621.191 unidades de producto dentro del
plan comercial ejecutado en el año 2008, por lo que el valor adicional
ascendería a $9.715 millones.
El acuerdo No. 003 de marzo 5 de 2009 autoriza la aprobación de un plan
comercial para la vigencia del año 2009 3.056.267 unidades de 750 cc.,
mientras que con el Otrosí No. 3 del 6 de marzo de 2009 se genera un
plan de estímulos y herramientas promocionales, que a través del Acta de
Ejecución del Plan Comercial y Publicitario de la Vigencia 2009 de mayo 5
de 2009 se acuerda entre las partes del Contrato. La incidencia, como
valor adicional para el año 2009, derivado del Otrosí No. 3, del Acuerdo
No. 03 y del Acta de Ejecución del Plan Comercial del año 2009, sería de
$47.800 millones.
Es pertinente precisar que La lLV, con comunicación 1400.1020 de
noviembre 25 de 2010, reporta 1.903.675 unidades de producto dentro
del plan comercial ejecutado en el año 2009, por lo que el valor adicional
ascendería a $29.773 millones.
Mediante el Acuerdo No. 03 de marzo 1 de 2010 se aprobó un plan
promocional de tres millones de unidades de botellas de 750 cc para la
vigencia del año 2010. Como resultado, el valor adicional para el año
2010, derivado del Otrosí No. 3 de 2009, del Acuerdo No. 03 y del Acta
de Acuerdo No. 03 de 2010, sería de $46.920 millones.
Cabe resaltar que la ILV, con comunicación 1400.1020 de noviembre 25
de 2010, reporta 1.958.289 unidades de producto dentro del plan
comercial ejecutado en el año 2010, por lo que el valor adicional
ascendería a $30.628 millones.
Es decir, el mayor valor asumido por la ILV derivado del plan comercial
ejecutado entre los años 2008 y 2010, ascendería a $70.117 millones,
correspondientes a 4.483.155 unidades de producto de 750 cc, tal como
lo reporta la Entidad mediante comunicado 1400.1020 de noviembre 25
2010.
Cabe anotar que para el año 2008 las ventas reales fueron de 10.500.000
unidades, superior en 2.9% a la meta contractual de 10.200.575
unidades, es decir, con respecto a la meta contractual se vendieron
299.425 unidades adicionales. Dado que, como se mencionó
anteriormente, el plan comercial ejecutado para ese año fue de 621.191
unidades, un análisis costo-beneficio arroja que por cada unidad adicional
vendida por encima de la meta contractual se emplearon 2 unidades para
promoción comercial.
Para el año 2009 las ventas reales fueron de 11.491.015 unidades,
superior en 2,6% a la meta contractual de 11.200.000 unidades. Es decir,
con respecto a la meta contractual se vendieron 291.015 unidades
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adicionales. Dado que, como se mencionó anteriormente, el plan
comercial ejecutado para ese año fue de 1.903.675 unidades, el análisis
costo-beneficio da como resultado que por cada unidad adicional vendida
por encima de la meta contractual, se utilizaron 7 unidades para
promoción comercial.
Es importante recordar la cláusula cuarta del contrato sobre la
remuneración del contratista que en el parágrafo establece:
“… La remuneración incorpora el costo total por la ejecución plena y
completa del objeto del contrato, incluyendo todos aquellos gastos que se
requieran para el desarrollo idóneo y calificado de la labor de
intermediación que sea necesario para la venta del volumen de productos
y para el nivel de penetración de mercado que establece el presente
contrato, durante la vigencia del mismo.
Por lo tanto, LA INDUSTRIA no estará en obligación de pagar al
CONTRATISTA ninguna otra suma adicional a la establecida”.
Se observa también que, que en el numeral cinco de la cláusula décima
tercera del contrato se estipuló que la ILV “… reconocerá al CONTRATISTA,
la suma de doscientos pesos ($200) por cada unidad de 750 cc, vendida
por encima de la meta anual.
Por consiguiente, las unidades adicionales vendidas, por encima de la
meta de ventas, tiene un reconocimiento dentro del contrato, por lo que
los estímulos y herramientas promocionales adicionales, podrían estar por
fuera del mismo, y representarían una posible asignación ineficiente de
recursos.
En efecto, al valorar económicamente las incidencias de los Acuerdos para
los planes de promoción, mercadeo y publicidad, con base en el reporte
de noviembre 25 de 2010 de la ILV se encuentra que ascendería a $70.117
millones entre los años 2008 y 2010, como se anotó anteriormente.
Si se descuenta el valor de promoción de referencia para esta industria,
no obstante, este aspecto no estar explícito en el contrato inicial, estaría
causándose un posible impacto económico neto de $47.603 millones.
[…]”.
-) También está probado que el señor Doney Ospina Medina, en calidad
de gerente de la Industria de Licores del Valle, celebró el contrato de
distribución nro. 200800305 con la Unión Temporal Comercializadora
Logística Integral S.A. con el objeto de realizar “(…) la distribución y
comercialización de productos de consumo masivo (…)”.
Así mismo que, en calidad de gerente, planteó ante la junta “la necesidad
de acometer acciones en materia de promoción y mercadeo con la
utilización del producto” que adujo se traducía en un beneficio económico
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para la entidad (Acta nro. 02 del 27 de marzo de 2008 de la reunión
ordinaria de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle).
Por último, suscribió con el contratista los otrosíes números 1, 2, 3, 4, 5
y 6. Específicamente, el nro. 3 del 6 de marzo de 2009, mediante el cual
se modificó la cláusula novena del contrato en el sentido que la Industria
de Licores del Valle fijaba y desarrollaba las políticas de promoción y que
la ejecución del plan estratégico de promoción correspondía a ambas
partes de manera conjunta62, y los otrosíes números 05 del 8 de marzo
de 201063 y 6 del 23 de julio de 201064, que modificaron nuevamente la
cláusula novena del contrato nro. 20080035 de 2008.
No es de recibo el argumento de la parte recurrente de que Ospina Medina
no tuvo injerencia en el asunto, pues precisamente se le imputó
responsabilidad fiscal porque, como gerente de la Industria de Licores del
Valle, debía velar por la conveniencia, oportunidad y los efectos
económicos de la implementación y puesta en marcha del plan
promocional en cada vigencia que estuvo al frente de la entidad entre
2008 y 2010.
Así mismo, se observa que, en el fallo de primera instancia nro. 001 del
20 de febrero de 2012, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial
de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción, luego de
referirse al contrato de distribución, a su cesión, a las modificaciones del
62
La modificación de la cláusula novena consistió en que correspondía a la Industria de
Licores del Valle fijar y desarrollar las políticas de promoción y publicidad de mercadeo
y que la ejecución del plan estratégico de promoción y publicidad de mercadeo
correspondía a las partes en forma conjunta, para lo cual se debían adelantar comités
mensuales de mercadeo, previa convocatoria realizada por el Subgerente Comercial y
de Mercadeo. Así como un parágrafo según el cual el contratista se comprometía a
ejecutar el plan comercial y publicitario 2009 entregado por la Industria de Licores del
Valle, el cual comprendía las ferias en los diferentes municipios, estímulos a canales de
distribución, conciertos, material publicitario y eventos que promocionaran el consumo
de licores.
63
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
Testigodocumental.pdf
64
Ibidem.
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contrato, a los planes promocionales, a las obligaciones y prohibiciones
del administrador, se señaló lo siguiente respecto de su gestión fiscal65:
“[…] DONEY OSPINA MEDINA, identificado con cédula (…), Gerente
General de la Industria de Licores del Valle, para la época de los hechos,
es decir el representante legal de la entidad y como tal obligado a cumplir
con las funciones relacionadas con su organización y funcionamiento,
estando en cumplimiento de sus funciones se celebró el contrato de
distribución, cesión, prórroga y otrosí, y debió velar por la debida
celebración y ejecución lo que lo hace gestor fiscal “[…].
En lo que concierne a la señora Paula Andrea se le atribuyó lo siguiente
en el fallo con responsabilidad fiscal nro. 001 del 20 de febrero de 201266:
“[…] PAULA ANDREA MARTÍNEZ VÉLEZ, identificado (…), en su calidad
de Sub-Gerente Comercial y de Mercadeo de la Industria de Licores del
Valle, para la época de los hechos es decir obligada a cumplir con las
funciones relacionadas con el funcionamiento, estando en cumplimiento
de sus funciones, se celebró la cesión, prórroga, Otrosí y debió velar por
la debida celebración y ejecución del Contrato de distribución, lo que la
hace gestor fiscal […]”.
Acorde con lo anotado, contrario a lo afirmado por la parte actora frente
a este cargo de falsa motivación, se tiene que lo que la Contraloría le
endilgó a los señores Doney Ospina Medina y Paula Andrea Martínez
Vélez, es que, en su calidad de gerente general y subgerente comercial y
de mercadeo de la Industria de Licores del Valle, respectivamente,
debieron velar por la debida celebración y ejecución del contrato de
distribución y de los planes promocionales que condujeron a una gestión
antieconómica que condujo a un detrimento patrimonial, resultados que
la parte recurrente no desvirtuó.
ii) En cuanto al segundo argumento, esto es, que el señor Doney Ospina
en calidad de gerente de la empresa no definió los planes promocionales,
sino que lo hizo la junta directiva, se observa que, dentro de sus
funciones, tenía las siguientes, según el manual específico de funciones
(anexo 23 folio 13) 67:
65
Ibidem.
66
Ibidem
67
Ibidem
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“[…]
2. Establecer las políticas y metas institucionales que permitan una
efectiva gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos.
3. Controlar la ejecución de los planes, programas de la institución para
garantizar su normal desarrollo.
4. Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable en la
entidad para asegurar que se proceda dentro del marco legal pertinente.
6. Rinde al Gobernador los informes generales y periódicos o particulares
que le soliciten sobre las actividades desarrolladas, la situación general de
la entidad y las medidas adoptadas que le puedan afectar el curso de la
política de la administración departamental.
10. Someter a consideración de la junta los proyectos que estime
necesario para el buen funcionamiento de la ILV y presentar a la misma
los balances e informes en los cuales se registre el estado general de la
entidad […]”.
Como ya se dijo, en el proceso está acreditado que el señor Doney Ospina
Medina en calidad de gerente de la Industria de Licores del Valle celebró
el contrato de distribución nro. 200800305 con la Unión Temporal
Comercializadora Logística Integral S.A. con el objeto de realizar “(…) la
distribución y comercialización de productos de consumo masivo (…)”,
que planteó ante la junta “la necesidad de acometer acciones en materia
de promoción y mercadeo con la utilización del producto” que adujo se
traducía en un beneficio económico para la entidad (Acta nro. 02 del 27
de marzo de 2008 de la reunión ordinaria de la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle), y suscribió con el contratista los otrosíes
ya referidos en el punto anterior; por lo tanto, mal puede concluirse que
no tuvo injerencia alguna en el detrimento patrimonial por la gestión
antieconómica establecida en el proceso de responsabilidad y que no fue
desvirtuada.
(iii) Respecto del tercer reproche, en el sentido que no se tuvieron en
cuenta las pruebas que daban cuenta de la gestión calificada del gerente
y del cambio de calificación de la Industria de Licores del Valle de BBB a
BB+, por lo que se demostró la eficiencia y rentabilidad alcanzados por la
empresa, la Sala estima que la gestión positiva que afirma la parte
recurrente se acreditó durante los años 2008 a 2010 era una tarea propia
de la función misional del gerente general y de la subgerente comercial y
de mercadeo de la Industria de Licores del Valle, que también debió verse
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reflejada en la implementación de los planes promocionales y en los
ingresos generados para la empresa y para el departamento.
No obstante, lo que determinó la Contraloría General de la República fue
que se produjo un detrimento al patrimonio público con ocasión de los
referidos planes promocionales, por lo que no es de recibo que el
recurrente insista en que la gestión desarrollada en tales planes
promocionales, para los efectos del análisis que ocupa a la sala, no puede
desprenderse de los resultados totales, pues ellos no justifican por sí
mismos la conducta aquí atribuida.
Y ello es así, pues se trata de ejercer control sobre el recurso público, en
donde cada acción aislada puede ser constitutiva de detrimento.
Entonces, no puede una persona justificar la pérdida del recurso en un
plan promocional, aduciendo que la gestión en su conjunto fue exitosa;
pues lo cierto es que, para los efectos de la defensa del recurso público,
lo que se observa es que las arcas del departamento dejaron de percibir
los ingresos derivados de los tributos que no se produjeron, lo mismo que
dejó de percibir ingresos la empresa, que se hubiesen percibido si dicho
plan promocional, reiterado en años y en crecimiento, no se hubiera
realizado, o se hubiera suspendido oportunamente.
(iv) Acerca del argumento de que no existió nexo causal entre la conducta
endilgada al gerente general Doney Ospina Medina y a la subgerente
comercial y de mercadeo Paula Andrea Martínez Vélez y el daño
patrimonial, se tiene que el recurrente se limitó a cuestionar el detrimento
patrimonial que se estableció en el proceso de responsabilidad fiscal con
ocasión de los planes promocionales, sin presentar ningún soporte para
desvirtuarlo; carga que tenía en los términos del artículo 167 del Código
General del Proceso, según el cual, “incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”. Ni tampoco probó que la cuantificación del daño
patrimonial no correspondiera a la suma establecida en el fallo con
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responsabilidad fiscal; por lo tanto, este motivo de disenso tampoco
prospera.
(v) En cuanto al reproche del recurrente en el que reitera que la
ordenanza nro. 131 de 2001 exoneró a los productos promocionales de la
Industria de Licores del Valle de ser gravados, la cual estuvo vigente entre
los años 2008 a 2010, la Sala estima que lo señalado no desvirtúa las
razones por las cuales los señores Doney Ospina Medina y Paula Andrea
Martínez Vélez fueron declarados fiscalmente responsables, de tal modo
que la existencia de ordenanzas departamentales que exoneraban el pago
de tributos no guarda consonancia con el detrimento patrimonial que se
demostró en el proceso de responsabilidad fiscal. Ello, teniendo en cuenta
que no es la exención del impuesto la que produce el detrimento, sino el
uso que se hace de ella.
6.4.1.1.3. El tercer cargo de nulidad de los actos cuestionados por falsa
motivación, porque las decisiones se adoptaron sin fundamentos de hecho
y de derecho. En este punto el recurrente insiste en que:
(i) No es cierto que el gerente y el subgerente de mercadeo no hubieran
revisado la conveniencia, oportunidad y efectos económicos del plan
promocional, ya que se sustentó en los estudios y proyecciones
elaborados por la firma Publitech en los que se previeron varias
estrategias de mercado, y que “fue la propia Fiscalía No. 24 Delegada
ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien a propósito de la investigación
que adelantó contra el entonces Gerente General de la ILV, señor Doney
Ospina Medina, por los delitos de peculado por apropiación y celebración
de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, en providencia del
1 de diciembre de 2015, señaló: “...la Junta Directiva de la Industria de
Licores del Valle estaba facultada para autorizar dentro del plan
promocional dispuesto en el texto del contrato 20080035, acorde con el
plan estratégico de marketing 2008- 2011 (…)”.
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Al respecto, la Sala advierte que, más allá de la manifestación consistente
en que el gerente y el subgerente de mercadeo revisaron la conveniencia,
oportunidad y efectos económicos del plan promocional, y que tuvieron
como fundamento los estudios y proyecciones elaborados por la firma
Publitech, dicha manifestación no está acompañada de ningún elemento
probatorio que permita desvirtuar lo establecido por la Contraloría en los
fallos de responsabilidad o que sustente que los actos acusados están
falsamente motivados de hecho o de derecho.
Aunado a lo anterior, el hecho de que la Fiscalía General de la Nación
hubiera adoptado una conclusión diferente en materia penal no incide en
modo algún en el proceso de responsabilidad fiscal, puesto que, como lo
ha señalado en varias oportunidades esta Sección, el proceso de
responsabilidad fiscal es independiente de la responsabilidad penal y
disciplinaria, puesto que, acorde con el artículo 4 de la Ley 610 de 2000,
éste no tiene un carácter sancionatorio, ni penal, sino una finalidad
meramente resarcitoria, y por lo tanto, es independiente y autónoma,
teniendo cada una de dichas acciones consecuencias distintas68.
(ii) Reitera que no se configuraron los elementos de la responsabilidad
fiscal y que el a quo se remitió a lo dicho por la Contraloría General de la
República en el fallo de segunda instancia, pero que no se pronunció sobre
el cuestionamiento que hizo en la demanda y en los alegatos de conclusión
en cuanto a que “la razón por la que el Ente de Control Fiscal había
considerado que el daño patrimonial se circunscribía únicamente a haber
entregado en promoción, un porcentaje de botellas de licor superior al
6,4% del plan de ventas fijado para el año 2011, cuando en primer lugar,
debe recordarse que el Plan Promocional objeto de censura fue el fijado
para los años 2008 a 2010”, y que el plan promocional no causó ningún
daño a la Industria de Licores del Valle, sino que, por el contrario,
68
Ver entre otras. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia del 16 de marzo de 2017. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicación nro. 68001 23 31 000 2010 00706 01.
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propendió por las ventas de sus productos, ni los servidores aquí
vinculados realizaron gestión fiscal irregular.
La Sala observa que el recurrente controvierte la legalidad de los actos
que declararon fiscalmente responsable a los señores Doney Ospina
Medina y Paula Andrea Martínez Vélez por su gestión fiscal irregular en
calidad de gerente y subgerente comercial y de mercadeo,
respectivamente, de la Industria de Licores del Valle, a partir de unos
cuestionamientos que hace frente a los porcentajes tenidos en cuenta por
el órgano de control para calificar como negativo el impacto de la
implementación de una política de promociones que condujeron a un
detrimento patrimonial en la misma Industria de Licores del Valle y en las
rentas del departamento del Valle del Cauca por los ingresos dejados de
percibir, y que permitió establecer que no fue el resultado de una eficaz
y eficiente planeación y estrategia comercial.
No obstante, dejó huérfano el proceso de prueba alguna que respalde su
descalificación o que permita controvertir el informe técnico con
fundamento en el cual la Contraloría General de la República llegó a dicha
conclusión.
A lo dicho se agrega que los planes promocionales no tuvieron una
incidencia en el aumento de las ventas e implicaron una gestión
antieconómica que condujo a un detrimento patrimonial, como quiera que
se distribuyeron gratuitamente unidades que, sin sellos que acreditaran
que eran promocionales, no representaron ingresos para la Industria de
Licores del Valle, ni ingresos por concepto de impuestos, a la vez que no
hay prueba alguna que acredite la eficiencia en el incremento en las
ventas y las utilidades que habrían de percibirse; por lo tanto, este reparo
tampoco prospera.
(iii) Insiste igualmente que se exoneró a la Industria de Licores del Valle
de gravar los productos entregados a título de promoción al
comercializador según la ordenanza nro. 131 de 2001, vigente para los
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años 2008, 2009 y 2010, que no definió el número o porcentaje de licores
destinados a promoción y que la fiscalía consideró que la Industria de
Licores del Valle no tenía obligación legal alguna de gravar los productos
que entregaba en promoción, y que no se había generado un detrimento
patrimonial.
En relación con este punto, la Sala considera que dicho cuestionamiento
tampoco desvirtúa la declaratoria de responsabilidad fiscal que le hizo la
Contraloría a los señores Doney Ospina Medina y Paula Andrea Martínez
Vélez, dado que, como quedó visto en precedencia, la conducta que se
les reprochó es que el señor Ospina, en calidad de representante legal de
la Industria de Licores del Valle, estaba “(…) obligado a cumplir con las
funciones relacionadas con su organización y funcionamiento, estando en
cumplimiento de sus funciones se celebró el contrato de distribución,
cesión, prórroga y otrosís, y debió velar por la debida celebración y
ejecución (…)”, mientras que, la señora Paula Andrea, “(…) en su calidad
de Sub-Gerente Comercial y de Mercadeo de la Industria de Licores del
Valle, para la época de los hechos estaba obligada a cumplir con las
funciones relacionadas con el funcionamiento, estando en cumplimiento
de sus funciones, se celebró la cesión, prórroga, Otrosí y debió velar por
la debida celebración y ejecución del Contrato de distribución”.
En consecuencia, pese a que los planes promocionales no estaban dando
los resultados económicos que se perseguían y, por el contrario,
produjeron un detrimento patrimonial por cuanto iban en aumento las
unidades promocionales, que además de todo, en su presentación no
advertían tener tal carácter, tal detrimento, no le es atribuible a la
ordenanza, pues es evidente que ella por sí misma no tiene tal alcance.
De contera, los citados funcionarios tenían el deber de velar porque los
intereses del ente territorial no se vieran afectados con unos planes
promocionales que iban en desmedro de los ingresos que debía recibir,
incluso, el departamento por concepto de impuestos, y tales reproches no
pueden ser atribuidas a la ordenanza ni a las presunciones de que goza.
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6.4.1.2. Frente a las pretensiones subsidiarias
6.4.1.2.1. Acerca de la primera pretensión subsidiaria
(i) El recurrente reprocha que se haya atribuido responsabilidad fiscal al
asegurador al indicar el fallo de segunda instancia: “fallar con
responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía
de 40.767.369.586 indexado febrero de 2012 contra las siguientes
personas: (…). Y en su calidad de tercero civilmente responsable a la
Compañía Aseguradora La Previsora S.A. Compañía de Seguros (…)”.
La Sala estima que no le asiste razón en dicho cuestionamiento, dado que,
como lo señaló el a quo, al examinarse de manera integral toda la
actuación administrativa adelantada por la entidad demandada en el
proceso de responsabilidad fiscal, se observa que La Previsora compañía
de seguros fue vinculada como tercero civilmente responsable, no como
responsable fiscal. Así, además, lo dice el fallo en el aparte transcrito.
En efecto, está acreditado que desde el auto del 7 de abril de 2011
proferido por el director de Investigaciones Fiscales de la Contraloría
Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de
la Contraloría General de la República, que ordenó abrir el proceso de
responsabilidad fiscal, se dispuso que, con fundamento en el artículo 44
de la Ley 610 de 2000, procedía la vinculación de la compañía de seguros
en calidad de tercero civilmente responsable.
En el aludido auto se expuso que69 “(…) se procederá a ordenar su
vinculación en calidad de terceros civilmente responsables a fin de que
respondan por el daño causado a los intereses patrimoniales del Estado
hasta el monto del valor asegurado”.
69
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2014 00287 04. Expediente digital.
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También se comprueba que por auto del 22 de noviembre de 2011 se
vinculó a la aseguradora La Previsora S.A. compañía de seguros en calidad
de tercero civilmente responsable con ocasión de las pólizas con las cuales
estaban amparadas las gestiones de los presuntos responsables fiscales,
en este caso, de los señores Doney Ospina Medina y Paula Andrea
Martínez Vélez, en calidad de gerente general y de subgerente comercial
y de mercadeo, respectivamente, de la Industria de Licores del Valle.
En ese sentido, contrario a lo afirmado por el recurrente, el fallo de
segunda instancia, emitido el 23 de marzo de 2012 por la Contralora
General de la República, falló con responsabilidad fiscal solidaria y a título
de culpa grave contra las personas naturales y jurídicas allí determinadas,
entre otros, los señores Doney Ospina Medina y Paula Andrea Martínez
Vélez, y precisó que, en el caso de la compañía de seguros, lo era en su
calidad de tercero civilmente responsable, así70:
“[…] ARTICULO PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, modificar parcialmente el fallo
con responsabilidad fiscal emitido el día 20 de febrero de 2012, por la
Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, en el sentido de fallar con
responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía
de $ 40.767.369.586 indexado a febrero de 2012 contra las siguientes
personas (…).
Y en su calidad de tercero civilmente responsable a la compañía
aseguradora LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
identificada con NIT 8600024002 […]”.
Así las cosas, la vinculación del garante se sustentó en el contrato de
seguro y en el amparo contratado por el tomador Industria de Licores del
Valle para cubrir los perjuicios por responsabilidad fiscal en que pudieran
incurrir los cargos asegurados, en este evento, el gerente y la subgerente
comercial y de mercadeo, de tal manera que garantizara la restitución de
los dineros por lo que se vio afectado el Estado.
Lo anterior, atendiendo lo previsto por el artículo 44 de la Ley 610 de
2000 que dispone:
70
Ibidem.
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“[…] Articulo 44. Vinculación del garante. Cuando el presunto
responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del
proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al
proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente
responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del
principal implicado.
La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura
del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste,
con la indicación del motivo de procedencia de aquella.
[…]” (Se destaca).
La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad de dicha
norma, en sentencia C- 648 de 2002 explicó lo siguiente71:
“[…] Lo que examinan las contralorías es la responsabilidad fiscal y es
en relación con ella que éstas son competentes para asegurar el
resarcimiento oportuno del Estado a través del mecanismo establecido
en la norma acusada que permite, por economía procesal, vincular como
tercero civilmente responsable a la compañía de seguros cuando el
presunto responsable o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto
del proceso se encuentren amparados por una póliza, asegurando así el
pago inmediato de la indemnización a que tiene derecho el Estado.
No sobra recordar al respecto que del carácter bilateral y oneroso del
contrato de seguros surge la obligación para el asegurador de pagar
oportunamente la indemnización cuando a ello haya lugar, “pues ella
hace parte de los compromisos que la empresa aseguradora adquiere en
ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual y de la aceptación
de los riesgos que ampara y en desarrollo de un objeto lícito que es
propio del giro de sus negocios”. Y que en todo caso como también ya
se señaló por la Corte “la vinculación de la Compañía de seguros está
determinada por el riesgo amparado, pues de lo contrario la norma
acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las
compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas”72
[…]”.
Esta Corporación también ha señalado que73 “(…) la vinculación que tiene
la Compañía de Seguros a través del acto impugnado se hace con base
en una Responsabilidad Civil y no en una Responsabilidad Fiscal y, el
grado de aquella, está dado por los límites a los términos del
aseguramiento, ya que su vinculación se deriva únicamente del Contrato
71
Corte Constitucional. Sentencia C-648 del 13 de agosto de 2002. M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
72 Corte Constitucional. Sentencia C-648 del 13 de agosto de 2002. M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
73
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 15 de agosto de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente radicación nro.
50001 23 31 000 2003 00085 02.
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
de Seguro, y tal vinculo merece una forma de acción especial para hacer
efectivo el amparo de la garantía (…)”. (subrayas originales de la
providencia).
Bajo dicho contexto, cuando se tramita el proceso de responsabilidad
fiscal y los implicados están amparados por pólizas de seguro la
vinculación de la respectiva aseguradora opera en calidad de tercero
civilmente responsable; por lo tanto, este reproche no prospera.
(ii) El recurrente también afirma que “el acto administrativo acusado, en
su parte resolutiva nada dijo sobre la cuantía por la cual debía responder
la aseguradora” y que se cuantificó el valor de la “condena” en
$40.767.369.586, desconociendo lo dispuesto por el artículo 1079 del
Código de Comercio, según el cual, el asegurador solamente responderá
hasta el monto del valor asegurado.
La Sala advierte que lo decidido por la Contraloría General de la República
en el fallo de responsabilidad fiscal no transgrede la disposición en
comento, si se tiene en cuenta lo siguiente:
-) El artículo 1079 del Código de Comercio establece que “el asegurador
no estará obligado a responder si no hasta la concurrencia de la suma
asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
107474”.
-) De la citada norma se desprende que el asegurador solamente debe
responder por el resarcimiento de perjuicios hasta el monto del valor
asegurado. Dicho de otra forma, la vinculación del garante pretende que
responda por el daño causado a los intereses patrimoniales del Estado,
pero solo hasta el valor asegurado.
74
El artículo 1074 del Código de Comercio preceptúa” ocurrido el siniestro, el asegurado
estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer al salvamento de las
cosas aseguradas. //El asegurador se hará cargo, dentro de las normas que regulan el
importe de la indemnización, de los gastos razonables en que incurra el asegurado en
cumplimiento de tales obligaciones”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
-) En el caso concreto, está acreditado que, desde el auto del 7 de abril
de 2011, que dispuso abrir el proceso de responsabilidad fiscal, se precisó
que se procedería a la vinculación al proceso de las respectivas compañías
de seguros en calidad de terceros civilmente responsables “(…) a fin de
que respondan por el daño causado a los intereses patrimoniales del
Estado hasta el monto del valor asegurado, si así se determinare en el
Fallo con Responsabilidad Fiscal (…) ”.
-) Así mismo, en el auto del 22 de noviembre de 2011, que vinculó a la
aseguradora La Previsora S.A. compañía de seguros en calidad de tercero
civilmente responsable con ocasión de las pólizas con las cuales estaban
amparadas las gestiones de los presuntos responsables fiscales, en este
caso, los señores Doney Ospina Medina y Paula Andrea Martínez Vélez,
en calidad de gerente general y de subgerente comercial y de mercadeo,
respectivamente, de la Industria de Licores del Valle, reiteró que, “en
virtud del artículo 44 de la Ley 610 de 2000, cuando el presunto
responsable sobre el cual recaiga el objeto del proceso de responsabilidad
fiscal se encuentre amparado por una póliza, deberá vincularse al proceso
a la compañía de seguros en calidad de tercero civilmente responsable, a
fin de que responda por el daño causado a los intereses patrimoniales el
(sic) Estado hasta el monto del valor asegurado si así se determinare en
el fallo con Responsabilidad Fiscal”. (subrayas ajenas).
-) Por último, en el Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 001 del 20 de
febrero de 2012, que dispuso “(…) mantener vinculados como Terceros
Civilmente Responsable a Aseguradora La Previsora S.A. compañía de
seguros (…)”, en la parte considerativa recordó que la vinculación del
garante se hacía con el propósito de que “(…) responda por el daño
causado a los intereses patrimoniales el (sic) Estado hasta el monto del
valor asegurado si así se determinare en el fallo con Responsabilidad
Fiscal”, y en el fallo de segunda instancia del 23 de marzo de 2012,
expedido por la Contralora General de la República, igualmente se precisó
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
que La Previsora S.A. compañía de seguros obraba en calidad de tercero
civilmente responsable75.
Así las cosas, de lo señalado en el fallo de segunda instancia no puede
desprenderse que, por el hecho de que se haya cuantificado el valor del
detrimento en la suma de $39.643.607.48676, sea dable concluir que la
compañía de seguros deba responder por toda la suma, sino por el monto
del valor asegurado. Por lo anotado, este reproche tampoco prospera.
(iii) En cuanto a la censura de que no es cierto, como lo dijo el a quo: -)
que el ente de control fiscal en sus fallos de primera y segunda instancia
haya señalado las razones de hecho y de derecho por las cuales debía
responder la compañía de seguros; -) que las pólizas no eran globales de
manejo sino de Responsabilidad Civil Servidores Públicos expedidas bajo
la modalidad de Claims Made, y -) que no declaró la ocurrencia del
siniestro, no ordenó hacer efectivas las pólizas vinculadas al proceso de
responsabilidad fiscal en uno de sus amparos otorgados, ni ordenó a la
compañía aseguradora efectuar pago alguno con ocasión de las pólizas
involucradas, se tiene lo siguiente:
En lo atinente a que los fallos de responsabilidad no señalaron las razones
de hecho o de derecho por los que debía comparecer La Previsora S.A.
compañía de seguros, la Sala destaca que:
-) El Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 0001 del 20 de febrero de 2012,
proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General
de la República77, reiteró lo señalado en el auto de imputación de cargos,
en el que se relacionaron las pólizas números 1006587, 1003720,
75Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
Testigodocumental.pdf.
76 Según se desprende del auto nro. 0193 del 4 de diciembre de 2012 expedido por la
contralora General de la República que corrigió el fallo de segunda instancia.
77 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00407 02. Expediente digitalizado.
Testigodocumental.pdf
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
1005140 y 1005750 que amparaban los cargos, entre otros, del gerente
general y de la subgerente comercial y de mercadeo, y se citó el artículo
44 de la Ley 610 de 2000 como sustento de la vinculación del garante.
Mientras que, en el fallo con responsabilidad fiscal de segunda instancia,
al resolver los recursos de apelación interpuestos, entre otros, por La
Previsora S.A. compañía de seguros, al analizar las razones por las que
no eran de recibo los argumentos por dicha compañía expuestos,
precisó78:
“[…] la constitución de las garantías son un medio de protección de los
intereses patrimoniales del Estado, más aún cuando en virtud de la Ley
610 de 2000 se puede vincular al Proceso de Responsabilidad Fiscal al
garante, ya que constituyen un instrumento adecuado y efectivo
tendiente a asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
los tomadores de los seguros, frente a las entidades estatales, y en el
caso específico del Proceso de Responsabilidad Fiscal frente a la
Contraloría General de la República, como representante de los intereses
del Estado, tal como lo expresa la Corte Constitucional en la sentencia
C-648 de 2002 (…).
Por tanto, no es técnicamente posible desarrollar un proceso de
responsabilidad fiscal que culmine con un fallo con responsabilidad fiscal
dentro del mismo término que tiene la entidad pública para proferir un
acto administrativo de declaratoria de siniestro, argumento este que
refuerza aún más la posición de este ente de control sobre la primacía
de la aplicación de la ley especial como lo es la Ley 610 de 2000, sobre
las normas comerciales.
Como se pudo observar de las cuestiones previas antes sentadas, el
Proceso de Responsabilidad Fiscal y el contrato de seguros son dos entes
jurídicos diferentes.
(…)
En consecuencia, y ante el argumento de que la reclamación se hizo
cuando se profirió el auto de apertura, esto es el 07 de abril de 2011,
razón por la cual solo puede ser llamada a responder la póliza de
responsabilidad civil No. 1006587, atendiendo a lo expuesto
anteriormente, esta instancia considera no viable tal afirmación y por
tanto, deberá responder en relación con las pólizas No. 1003720,
1005140, 1005750 y 1006587.
La responsabilidad, para los asegurados conforme a las consideraciones
tenidas y a las pruebas allegadas oportunamente al expediente, esta
instancia la graduará a culpa grave.
Ahora bien, es importante para este fallo manifestar, que lo afirmado por
el apelante, en cuanto a que la reclamación se efectuó el 07 de abril de
2011, ello es equivocado, por cuanto se trató de la vinculación como
78
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00407 02
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tercero civilmente responsable y el presente fallo lo declarará
responsable en la calidad líneas arriba citada […]”.
-) A su turno, revisadas las pólizas números 1003720, 1005140, 1005750
y 1006587, se observa que se trata amparos de responsabilidad civil
servidores públicos y dentro de su objeto se estableció que tenían como
propósito amparar los perjuicios causados, entre otros, a la Industria de
Licores del Valle como consecuencia de las acciones o actos imputables a
los funcionarios que desempeñaran los cargos asegurados, así como los
perjuicios por responsabilidad fiscal en que incurrieran los directivos de la
empresa.
-) Entre los cargos asegurados están, entre otros, el gerente general y al
subgerente comercial y de mercadeo.
-) En cuanto al amparo contratado, se advierte que en todas ellas se
incluyó una cobertura de responsabilidad civil de servidores públicos y el
valor asegurado por este concepto fue de la suma de $3.000.000.000.
Por lo tanto, sí se determinaron las razones de hecho y de derecho de la
vinculación de las pólizas de responsabilidad civil números 1003720,
1005140, 1005750 y 1006587 de La Previsora S.A. compañía de seguros,
cuyo tomador fue la Industria de Licores del Valle y el asegurado la misma
Industria de Licores del Valle.
• Acerca del reproche de que las pólizas no eran globales de manejo sino
de Responsabilidad Civil Servidores Públicos, le asiste razón al recurrente
en que ello es así, pero tal imprecisión del órgano de control no modifica
la clase de póliza que contrató la Industria de Licores del Valle y las
condiciones generales y particulares de estas.
• En lo concerniente a que las pólizas fueron expedidas bajo la modalidad
de Claims Made, se observa que, efectivamente, dentro de las condiciones
de las pólizas números 1003720, 1005140, 1005750 y 1006587 se pactó
la cláusula de descubrimiento; no obstante, la Sala advierte que el hecho
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de que se hayan estipulado como condiciones particulares que las
pérdidas provenientes de los amparos del respectivo seguro se regirían
por el término de descubrimiento y no de ocurrencia, no conlleva a que
no puedan afectarse tales pólizas en el proceso de responsabilidad fiscal,
si se tiene en cuenta lo siguiente:
-) La cláusula de descubrimiento se rige por el artículo 4 de la Ley 389
del 18 de julio de 1997 que dispone79:
“[…] Artículo 4. En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de
responsabilidad la cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de
pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones
formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la
vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con anterioridad
a su iniciación.
Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan
durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la
reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe
dentro del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a
dos años.
[…]”. (se destaca)
-) El alcance de la obligación de la aseguradora está delimitado por el
riesgo amparado, por lo que su vinculación al proceso de responsabilidad
fiscal es inherente al contrato de seguro celebrado.
-) En el caso concreto, como lo expuso el tribunal de instancia, las pólizas
vinculadas al proceso de responsabilidad fiscal tuvieron extensión de las
coberturas, además, expresamente pactadas. Y si bien el recurrente
argumenta que no se renovaron las pólizas porque la ILV contrató otros
seguros al expirar, lo cierto es que no acredita que las nuevas pólizas
extinguieran las originales, pues no hay mención de ello en los seguros
que sucesivamente fueron contratados con la misma empresa
aseguradora. Y esta anotación es relevante si se tiene en cuenta el monto
asegurado, como quiera que el conjunto de las pólizas contratadas no
cubre el daño a pagar; lo que permitiría afirmar que concurren en el pago
79
“Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio”.
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del siniestro, como quiera que no fueran renovadas ni canceladas y, por
tanto, se extendieron.
Bajo los presupuestos indicados, y teniendo en cuenta las condiciones de
las pólizas, operaron las siguientes vigencias y un término de extensión
de dos años para su reclamación por parte del asegurado, así:
• Póliza nro. 1003720, expedida el 20 de junio de 2007, con vigencia
desde el 30 de junio de 2007 al 30 de junio de 2008 y su cobertura
se extendía a las reclamaciones presentadas ante la sociedad
asegurada hasta el 30 de junio de 2010.
• Póliza nro. 1005140, expedida el 10 de junio de 2008, con vigencia
desde el 30 de junio de 2008 hasta el 31 de mayo de 2009 y su
cobertura se extendía a las reclamaciones presentadas ante la
sociedad asegurada hasta el 31 de mayo de 2011.
• Póliza nro. 1005750, expedida el 29 de mayo de 2009, con vigencia
desde el 31 de mayo de 2009 hasta el 31 de mayo de 2010.
Igualmente, su cobertura se extendía a las reclamaciones
presentadas ante la sociedad asegurada hasta el 31 de mayo de
2012.
• Póliza nro. 1006587, expedida el 28 de mayo de 2010, con vigencia
desde el 31 de mayo de 2010 hasta el 31 de mayo de 2011 y su
cobertura se extendía a las reclamaciones presentadas ante la
sociedad asegurada hasta el 31 de mayo de 2013.
Entonces, teniendo en cuenta que las pólizas establecieron como evento
que configura el riesgo asegurado la notificación del auto de apertura, se
observa que las pólizas que le amparaban estaban vigentes, con
excepción de la póliza 1003720, que perdió vigencia el 30 de junio de
2010, y sobre la cual, en consecuencia, no podrá aplicarse el pago.
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Por consiguiente, sin necesidad de descender en otras consideraciones
frente al alcance de la cláusula así pactada, se concluye que este reproche
no tiene prosperidad, con excepción de lo indicado sobre la póliza
1003720.
(iv) En cuanto a la individualización de las pólizas a afectar, tampoco es
cierto que los fallos de primera y segunda instancia, proferidos por la
Contraloría General de la República, no hubieran individualizado las
pólizas a afectar y su cuantía, pues se enlistaron en cada caso que las
pólizas que debían hacerse efectivas eran las de manejo de servidores
públicos expedidas por la Previsora S.A. Compañía de Seguros, números
1003720, 1005140, 1005750 y 1006587, en los respectivos amparos
cubiertos por las mismas durante su vigencia.
(v) El recurrente también insiste en que la obligación del asegurador nace
cuando se expide el acto administrativo que declara la ocurrencia del
siniestro y señala la cuantía de la indemnización, con la identificación de
la póliza a afectar en sus amparos respectivos en un todo acorde con lo
dispuesto por el artículo 1077 del Código de Comercio, y que en este caso
no se declaró la ocurrencia del siniestro, ni se identificaron las pólizas a
afectar, ni se señaló la cuantía de la pérdida.
La Sala estima que este reproche tampoco puede prosperar y para el caso
cabe anotar lo dicho en líneas precedentes, dado que estaban
expresamente pactadas las condiciones de la ocurrencia del siniestro, que
se dieron, y, como se demostró, sí se identificaron las pólizas a afectar y
la cuantía hasta el monto del valor asegurado.
(vi) Señala el recurrente que el acto administrativo que falló con
responsabilidad fiscal, expedido con los requerimientos legales, podía
prestar mérito ejecutivo contra la aseguradora, situación que no se
presenta en el caso y que la consecuencia de esa clara omisión, es que el
fallo de responsabilidad fiscal no produce efectos legales contra la
aseguradora ni presta mérito ejecutivo contra la misma, de acuerdo con
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el artículo 99 del CPACA en concordancia con el artículo 488 del Código
de Procedimiento Civil.
La Sala advierte que en este proceso se controvierte la legalidad de los
actos administrativos que contienen las decisiones que culminaron con el
fallo con responsabilidad fiscal y mientras no se desvirtúe la presunción
de legalidad que los cobija produce efectos para todas las partes
involucradas, sin que este sea el escenario para cuestionar si, según se
profirió la decisión, presta mérito ejecutivo.
6.4.1.2.2. En relación con la segunda pretensión subsidiaria
La parte recurrente repitió el cargo que se formuló en la demanda y lo
señalado por el a quo, para formular los siguientes reparos:
(i) Consideró que el fallador de instancia dijo erróneamente que en el caso
de las pólizas de Responsabilidad Civil - Servidores Públicos nro. 1003720,
1005140, 1005750 y 1006587 era aplicable lo establecido en el inciso
segundo del artículo 4 de la Ley 389 de 1997, cuando estaba demostrado
que dichas pólizas se expidieron con cláusula de descubrimiento, Claims
made, y bajo la modalidad de seguro por reclamación, conforme al inciso
primero del artículo 4 de la citada Ley 389 de 1997. Al respecto, la Sala
se remite a lo analizado en líneas precedentes.
(ii) El recurrente también afirma que los seguros de Responsabilidad Civil
• Servidores Públicos instrumentados en las pólizas nros. 1003720,
1005140, 1005750 y 1006587, según las condiciones particulares y
Generales, fueron contratados con cláusula de descubrimiento, forma
Claims Made, pólizas expedidas bajo la modalidad de seguro por
reclamación, conforme al inciso primero del artículo 4 de la Ley 389 de
1997, como se explicó en la demanda y en los alegatos de conclusión.
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En este punto, la Sala precisa nuevamente que el hecho que las pólizas
hayan sido contratadas bajo la forma Claims Made, no impide su
vinculación al proceso de responsabilidad fiscal.
(ii) Afirma también el recurrente que el fallador de instancia consideró
erróneamente que en el caso de las pólizas de Responsabilidad Civil -
Servidores Públicos nros. 1003720, 1005140, 1005750 y 1006587,
operaba el término de extensión, con lo cual desconoció que este período,
que fue plasmado en las condiciones de los clausulados de cada una de
las pólizas, no tenía aplicación, pues éste solo podía ser aplicado cuando
la póliza de seguro fuera revocada o no renovada, previo pago de prima
por el período de extensión; y que el tomador del seguro, Industria de
Licores del Valle, contrató un nuevo seguro una vez expirada cada
vigencia. A este respecto, insiste la Sala en que, lo que está acreditado
dentro del proceso, es que tales pólizas no fueron renovadas, que es el
supuesto de hecho previsto en el contrato. Ahora, que se hayan celebrado
nuevos contratos de seguro con la misma empresa aseguradora al expirar
el término inicial pactado, no acredita que no se den los supuestos de las
pólizas anteriores para la extensión, si se tiene en cuenta que las nuevas
pólizas nada pactaron sobre la vigencia de las anteriores y, además, el
monto asegurado por la totalidad de ellas no supera el daño a cubrir.
Bajo los supuestos indicados cabe reiterar que las pólizas vinculadas al
proceso de responsabilidad fiscal del asegurador La Previsora S.A.
compañía de seguros, fueron contratadas con vigencia del 30 de junio de
2007 al 30 de junio de 2008 y su cobertura se extendía a las
reclamaciones presentadas ante la sociedad asegurada hasta el 30 de
junio de 2010 (póliza nro. 1003720); desde el 30 de junio de 2008 hasta
el 31 de mayo de 2009 y su cobertura se extendía a las reclamaciones
presentadas ante la sociedad asegurada hasta el 31 de mayo de 2011
(póliza nro. 1005140); desde el 31 de mayo de 2009 hasta el 31 de mayo
de 2010, con cobertura a las reclamaciones presentadas hasta el 31 de
mayo de 2012 (póliza nro. 1005750) y con vigencia desde el 31 de mayo
de 2010 hasta el 31 de mayo de 2011 y su cobertura se extendía a las
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reclamaciones presentadas ante la sociedad asegurada hasta el 31 de
mayo de 2013 (póliza nro. 1006587); por lo tanto, no se trata de un
reproche que tenga la virtualidad de afectar la legalidad de los actos
acusados, salvo lo dicho sobre la póliza 1003720 que, en efecto, había
expirado.
Corolario de lo señalado frente al reproche formulado por La Previsora
S.A. compañía de seguros, la Sala revocará parcialmente el fallo con
responsabilidad fiscal, en cuanto vinculó al proceso de responsabilidad
fiscal la póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos nro. 1003720
que superó el término de vigencia y de extensión para su reclamación,
teniendo en cuenta que allí se estableció como evento que configuraba el
riesgo asegurado la notificación del auto de apertura, y ésta perdió
vigencia el 30 de junio de 2010.
En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se dispondrá
la devolución de las sumas de dinero que haya pagado o llegare a pagar
La Previsora S.A. compañía de seguros por el riesgo amparado en la póliza
de Responsabilidad Civil Servidores Públicos nro. 1003720, con ocasión
del fallo de Responsabilidad Fiscal nro. 001 del 20 de febrero de 2012 y
el fallo de segunda instancia, de fecha 23 de marzo de 2012, proferidos
por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la
Contralora General de la Contraloría General de la República,
respectivamente.
6.4.2. Los reproches formulados por el señor Doney Ospina Medina
6.4.2.1. En cuanto a que no existe detrimento patrimonial
Manifestó el recurrente que la sentencia de primera instancia mantuvo
firme la tesis consistente en que se debía endilgar responsabilidad fiscal
a aquellas personas que impulsaron y ejecutaron planes promocionales
por encima del 6,4%, con lo cual consideró se transgredieron los
principios de buena fe, lealtad y diligencia consagrados en la Ley 22 de
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1995 y los que gobiernan la función administrativa y la contratación
estatal.
Al respecto, la Sala reitera que, acorde con el artículo 167 del Código
General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por
lo que el recurrente tenía la carga de demostrar, con cualquiera de los
medios probatorios previstos en la ley, que no se configuró el daño
patrimonial como elemento fundamental para que se genere la
responsabilidad fiscal.
En el recurso de apelación el recurrente insiste en cuestionar los
resultados que arrojó el informe técnico de la Contraloría para establecer
el detrimento patrimonial en el proceso de responsabilidad fiscal con
ocasión de los planes promocionales, pero no probó que la cuantificación
del daño no corresponda a la suma allí determinada o que los actos
acusados estén falsamente motivados.
6.4.2.2. El recurrente alega que la definición de gestión fiscal del artículo
3 de la Ley 610 de 2000 debe armonizarse, en este caso, con la naturaleza
de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden
departamental como la Industria Licorera del Valle.
Resaltó que “gracias al crecimiento en las ventas y la facturación entre
2007 y 2.010, la mejora en todos los indicadores operacionales significó
un avance importante en la generación de utilidades operacionales/
pasando de $ó.263'000.000 en el 2007, a $27.991'000.000/ en 2010,
mejorándose con ello el valor de la empresa (EVA). Ese indicador pasó de
ser negativo en el 2007 (- $1.341'000.0Ü0) a positivo, en el 2010,
anualidad en la que se generó un valor por $4.233'000.000. Asimismo,
se logró el crecimiento del patrimonio de la ILV pasando de
$29.820'000.000, en el 2007, a $36.025'000.000, en el 2010”, entre
otros puntos, por lo que consideró que ello permitía que el ente de control
fiscal diera aplicación a lo establecido en las sentencias SU-620 del 13 de
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noviembre de 1996 y C-840 del 9 de agosto de 2001, en las que la Corte
Constitucional determinó que "En el proceso de determinación del monto
del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de
éste, sino que debe examinarse también si eventualmente a pesar de la
gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio".
Acerca de las sentencias que citó el recurrente proferidas por la Corte
Constitucional, y que manifiesta debieron aplicarse, la Sala destaca que,
lo que dijo la Corte en la sentencia SU – 620 de 1996, es que (i)
constituye un presupuesto indispensable para la eficacia y validez del
proceso de responsabilidad fiscal garantizar el derecho de defensa de los
implicados en cada una de las etapas, tanto en la investigación como en
el juicio fiscal, y (ii) que la defensa debe ser unitaria, continua y
permanente; los cuales, en el caso concreto, no está demostrado que
fueran inobservados.
Mientras que, en la sentencia C- 840 de 2001, al declarar exequible el
aparte demandado del artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que establece
que los daños causados al erario deben repararse mediante el pago de
una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la
respectiva entidad estatal, la Corte precisó que, para la estimación del
daño, “debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse,
debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y
cuantificable con arreglo a su real magnitud” y que “ha de establecerse
no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si
eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración
obtuvo o no algún beneficio”, entendimiento que no puede traducirse en
pretender desconocer que, una vez determinado un detrimento
patrimonial en un proceso de responsabilidad fiscal, no deba ser
resarcido.
Por lo demás, la Sala considera necesario remitirse a lo analizado cuando
se examinaron los argumentos de la Previsora S.A. compañía de Seguros
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y se despachó desfavorablemente lo expuesto en similar sentido, por
cuanto quedó probado el daño ocasionado al patrimonio público y la parte
recurrente no lo desvirtuó.
Cabe agregar que el recurrente no desvirtúa las razones por las cuales
fue declarado fiscalmente responsable, puesto que se le endilgó que en
calidad de gerente de la Industria de Licores del Valle del Cauca y gestor
fiscal contribuyó al detrimento patrimonial por la ejecución de unos planes
promocionales que condujeron a una gestión antieconómica, ya que iban
en aumento las unidades promocionales, de tal modo que la existencia de
ordenanzas departamentales que exoneraban el pago de tributos no
guarda consonancia con el detrimento patrimonial que se demostró en el
proceso de responsabilidad fiscal.
En conclusión, la Sala no dará prosperidad a los reproches formulados por
el señor Doney Ospina Medina.
6.5. Costas procesales en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas y para su liquidación se tendrán en cuenta las normas del Código
General del Proceso.
A su turno el artículo 365 del Código General del Proceso previó que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso, las cuales proceden cuando
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
En el caso concreto, se condenará en costas en esta instancia a la parte
vencida, esto es, a la Contraloría General de la República, como quiera
que el recurso prosperó parcialmente, en lo que se relaciona con la póliza
1003720, como se explicó atrás.
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
En este punto, dado que no está acreditada la causación de gastos
procesales, esta Sala no condenará en costas por dicho concepto.
En cuanto a las agencias en derecho, se comprueba que La Previsora S.A.
compañía de seguros acudió a este proceso por conducto de apoderado.
En consecuencia, se dará aplicación a lo previsto por el Acuerdo nro. 1887
del 27 de agosto de 200380, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, que estableció las tarifas de las agencias en derecho para los
procesos Contencioso Administrativos, en el capítulo tercero del artículo
sexto, y se impondrá por este concepto a favor de La Previsora S.A.
compañía de seguros y a cargo de la Contraloría General de la República
el pago de la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal
vigente81.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 23 de
febrero de 2017 por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, atendiendo las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR PARCIALMENTE NULO el fallo con
Responsabilidad Fiscal nro. 001 del 20 de febrero de 2012 y el fallo de
segunda instancia de fecha 23 de marzo de 2012, proferidos por la Unidad
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Contralora General
de la Contraloría General de la República, respectivamente, únicamente
80
Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co.
81
Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con
cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
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Demandante: La Previsora S.A. compañía de seguros
en cuanto vinculó al proceso de responsabilidad fiscal la póliza de
Responsabilidad Civil Servidores Públicos nro. 1003720 que superó el
término de vigencia y de extensión para su reclamación.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, disponer la
devolución de las sumas de dinero que haya pagado La Previsora S.A.
compañía de seguros por el riesgo amparado en la póliza de
Responsabilidad Civil Servidores Públicos nro. 1003720, con ocasión del
fallo de Responsabilidad Fiscal nro. 001 del 20 de febrero de 2012 y el
fallo de segunda instancia, de fecha 23 de marzo de 2012, proferidos por
la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la
Contralora General de la Contraloría General de la República,
respectivamente.
CUARTO: Condenar a la Contraloría General de la República a pagar a
favor de La Previsora S.A. compañía de seguros por concepto de agencias
en derecho la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclaro voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclaro voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
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consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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