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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00409-01

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00409-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”. SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte demandante y en favor de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $4.076.737 (equivalente al 0,01% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte demandante. CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen, previo las anotaciones de rigor. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 79 Número único de radicación: 2500023410020120040901 Actor: LUIS ALFREDO GARCÍA MORENO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2012-00409-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

15 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000234100020120040901
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: LUIS ALFREDO GARCÍA MORENO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA EN CUANTO CONSIDERÓ QUE
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL EXPEDIR LOS ACTOS
ACUSADOS QUE DECLARARON FISCALMENTE RESPONSABLE AL
DEMANDANTE, DE MANERA SOLIDARIA, JUNTO CON OTROS IMPUTADOS, AL
ENCONTRAR ACREDITADOS LOS PRESUPUESTOS QUE AL EFECTO SE EXIGEN
EN LA LEY 610 DE 2000, NO VIOLÓ EL DERECHO DE DEFENSA NI LAS
NORMAS SUPERIORES A QUE ESTABA SUJETA LA RESPECTIVA ACTUACIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos

por el demandante, por La Previsora S.A. Compañía de Seguros y el

señor Doney Ospina Medina y la UT Comercializadora Logística

S.A.S., a través de apoderado, terceros con interés directo en las

resultas del proceso, contra la sentencia de 10 de noviembre de

2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

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Actor: LUIS ALFREDO GARCÍA MORENO

I.- ANTECEDENTES

I.1- Pretensiones

El actor solicitó que previo el adelantamiento del trámite a que haya

lugar, esta jurisdicción proceda a:

1. Declarar la nulidad del acto administrativo definitivo, emitido

dentro del proceso núm. 6-007-11, de 23 de marzo de 2012, “Por

medio del cual se falla, en segunda instancia, un proceso de

responsabilidad fiscal”, expedido por la Contraloría General de la

República (en adelante CGR), en lo que a él respecta.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, y a título de

restablecimiento del derecho, se disponga:

2.1. Que Luis Alfredo García Moreno, no está obligado a reconocer

suma alguna al tesoro público, en virtud del fallo con

responsabilidad fiscal solidaria que expidió en su contra la CGR.

2.2. Se ordene el reintegro de las sumas que llegase a pagar en

cumplimiento de dicho fallo.

2.3. Que se ordene a la Subdirección Ejecutiva de Cobro Coactivo

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de la CGR, que cese el cobro de la condena que le fue impuesta en

el fallo demandado y que se levanten las medidas cautelares que se

hayan decretado tendientes a su cumplimiento.

2.4. Que se ordene a la CGR excluir su nombre del boletín de

responsables fiscales.

3. Que se condene a la CGR al pago de las costas del juicio,

expensas y agencias en derecho, en la cantidad que se determine,

siguiendo los lineamientos de artículo 171 de CCA, en concordancia

del C de PC.

I.2.- HECHOS

Como supuestos fácticos de las pretensiones, la parte actora

expuso, en síntesis, los siguientes:

1. Que ingresó a la Gobernación del Valle del Cauca como director

técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cargo en el

que se desempeñó hasta el 30 de julio de 2010 y en virtud del cual

aceptó la designación ofrecida por el entonces Gobernador del Valle

del Cauca, como miembro de la Junta Directiva de la Industria de

Licores del Valle (en adelante ILV), a partir del 31 de diciembre de

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2009 y hasta el 15 de julio de 2010, período en el cual asistió a dos

reuniones los días 1o. de marzo y 15 de julio de 2010.

2. El 1o. de marzo de 2010, el gerente de la ILV, presentó a la

Junta Directiva para su aprobación, acompañando para ello la

respectiva justificación, los planes promocionales que se aplicarían

en la vigencia respectiva.

3. Mediante oficio de 17 de diciembre de 2010, el Gobernador del

Valle del Cauca solicitó control excepcional a la CGR, en relación con

la gestión fiscal desplegada respecto de los recursos públicos

manejados por la ILV.

4. A través de auto de 18 de enero de 2011, la Delegada para el

Sector de Infraestructura Física, Telecomunicaciones, Comercio

Exterior y Desarrollo Regional de la CGR, declaró abierta la

indagación preliminar, ordenando la elaboración de un concepto

técnico-financiero en relación con la ejecución del contrato

20080035, celebrado entre la ILV y la UT Comercializadora Logística

Integral.

5. El 31 de enero de 2011, el funcionario delegado presentó el

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concepto técnico que le fue encargado, titulado “EVALUACIÓN DEL

CONTRATO 20080035 ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL

VALLE Y LA UT COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA INTEGRAL SAS”.

6. Posteriormente, y como resultado del informe rendido por el

asesor de gestión DANIEL MOLINA, en el que solo se aludió a la

configuración de un posible detrimento patrimonial, la Contraloría

formuló cargos en su contra y en contra de otras personas,

teniendo en cuenta su calidad de miembros de la Junta Directiva de

la ILV, para la época de los hechos.

7. La CGR esgrimió como soporte del pliego de cargos, para

graduar la conducta, las decisiones tomadas y plasmadas en las

actas y acuerdos de Junta Directiva, acuerdos comerciales y

otrosíes, que supuestamente implicaron una ejecución desbordada

de lo primigeniamente pactado en el contrato de distribución y

comercialización.

8. Al cuantificar el presunto detrimento, la CGR puso de presente

que este sobrevino como consecuencia de los tributos dejados de

percibir por el Departamento del Valle, que ascienden a la suma de

$19.507.365.504, sin tener en cuenta lo previsto en el otrosí No. 6.

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9. El día 30 de junio de 2011, se recepcionó el testimonio de la

señora PAULA ANDREA MARTÍNEZ VÉLEZ, quien explicó

detalladamente en qué consistía el plan de mercadeo y los alcances

y beneficios que le traía a las finanzas de la ILV y, por consiguiente,

a las arcas del Departamento del Valle del Cauca.

10. Concluyó afirmando que, como resultado del fallo fiscal

cuestionado, todos sus bienes y cuentas bancarias fueron objeto de

embargo; y que por aparecer incluido en el reporte fiscal está

imposibilitado para realizar cualquier actividad laboral, lo que le ha

causado graves perjuicios.

I.3.- Normas violadas y concepto de violación

A juicio de la parte actora, la CGR y la Gerencia Departamental de

Antioquia, con la expedición de los actos acusados, infringieron

normas de orden constitucional, como los artículos 6°, 29, 90, y

121; y de rango legal, como los artículos 84 y 85 del CCA; 1°, 2°,

4°, 5°, 6°, 23 y 53 de la Ley 610 de 2000, violación que, en su

concepto, se dio de la manera como a continuación, en síntesis, se

explica:

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I.3.1.- Infracción de las normas superiores en que debía

fundarse el acto administrativo

Adujo al respecto que el desconocimiento de las normas en que

debió fundarse el fallo con responsabilidad fiscal solidaria, o la

violación de la norma superior, como vicio de nulidad, ocurrió por: i)

infracción deliberada de los elementos de la responsabilidad fiscal;

ii) desconocimiento de la buena fe, al no tenerse en cuenta que su

actuación siempre estuvo gobernada por dicho principio, la cual

posiblemente fue abusada pero por quien elaboró el proyecto y lo

presentó como benéfico; y iii) violación del derecho al debido

proceso.

Seguidamente, manifestó que la CGR incurrió en violación de

normas superiores en la medida en que si bien es cierto que,

aparentemente, fundamentó su decisión en la configuración de los

elementos de la responsabilidad fiscal, también lo es que, en

realidad, él nunca infringió ningún deber legal ni actuó con la mala

intención de ocasionar daño patrimonial al tesoro público y tampoco

procedió con culpa grave.

Precisó que la CGR quedó incursa en la mencionada causal de

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nulidad de los actos administrativos, esto es, en la violación de

normas superiores, tanto por interpretación errónea de la ley como

por aplicación indebida de la misma, teniendo en cuenta que su

decisión de encontrar estructurados los elementos de la

responsabilidad, lo que provocó en realidad fue el quebrantamiento

de la Ley 610 de 2000, al interpretar de manera equivocada su

texto, con el único afán de sancionarlo, sin considerar que la ILV es

una empresa con autonomía administrativa y comercial, cuyos

órganos de dirección pueden tomar decisiones que representen

beneficio para la misma, basadas en la necesidad y oportunidad,

con fundamento en estudios técnicos de mercadeo.

Concretamente, a juicio del demandante, la violación de normas

superiores ocurrió por lo siguiente:

I.3.1.1.- Ausencia de culpa grave

Sobre el punto manifestó que en el fallo administrativo acusado la

CGR consideró que se configuraron los elementos de la

responsabilidad fiscal, interpretando amañadamente las diferentes

normas que regulan el procedimiento para la calificación y

graduación de la conducta a fin de concluir que él había actuado de

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manera dolosa o gravemente culposa, siendo que en todo momento

su actuación estuvo conforme con los estándares normalmente

aceptados y ceñida a los mandatos de las normas que reglamentan

la forma en que debía procederse.

I.3.1.2.- Desconocimiento del principio de buena fe

Adujo, al respecto, que es claro que su accionar fue transparente,

pues su decisión de apoyar la propuesta presentada corresponde a

la aplicación del principio de planeación, con fundamento en

estudios técnicos realizados y presentados por personas y entes

idóneos en los que se abordaban temas de viabilidad, beneficios y

seguridad contractual, estudios que al ser sustentados por tales

personas y entidades ofrecían plena confiabilidad, por eso su

actuación estuvo siempre inspirada en la buena fe, en tanto que el

ente de control no logró demostrar que la misma hubiese estado

motivada por razones de mala fe o por intenciones oscuras.

Agregó que la Contraloría no tuvo en cuenta que él no era el

responsable de solicitar los estudios comerciales, ni de mercadeo, ni

de elaborar o presentar proyectos, así como tampoco de

ejecutarlos; y que tan solo tenía la potestad de darles el visto bueno

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o no, según su apreciación, la cual, en este caso, fue inducida por

un estudio comercial y de mercadeo razonable, viable y dirigido al

progreso económico de la entidad, lo que muestra que su actuación

resultó totalmente ajustada al procedimiento y que siguió paso a

paso las recomendaciones de los expertos.

I.3.1.3.- Violación del derecho fundamental al debido proceso

Sobre el particular, indicó que no se sabe por qué, en los

pronunciamientos del ente de control, no se controvirtieron los

planteamientos defensivos ni se refutaron las explicaciones y

argumentos jurídicos que al efecto se expusieron, como

corresponde a la naturaleza adversarial del proceso, pues, en este

caso, aquél los ignoró, optando por limitarse a resumir el escrito

defensivo, pero sin darle respuesta concreta.

I.4.- Contestación de la demanda

La Contraloría General de la República contestó la demanda 1, a

través de apoderado, oponiéndose a las pretensiones en ella

1
Folio 223 a 259 del cuaderno núm. 3.

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formuladas, con fundamento en diversas consideraciones, las

cuales bien pueden sintetizarse, así:

Inicialmente, planteó que el demandante no formuló, de manera

técnica, los cargos contra el acto acusado, pues no realizó la

necesaria explicación de cómo se configuraron las causales de

anulación alegadas.

Seguidamente, la CGR se pronunció, de manera puntual, en torno a

los siguientes argumentos de la demanda:

a) El informe técnico rendido por el Asesor de Gestión

Daniel Molina, solo alude a “un posible impacto económico”,

de manera que no estableció la ocurrencia de un detrimento.

Sobre el particular manifestó que ninguna irregularidad entraña el

hecho de que el concepto técnico se refiera a la existencia de

“posibles impactos económicos”, y no se afirme, de manera

categórica y definitiva, la existencia de un detrimento patrimonial al

Estado, pues, de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de

la Ley 610 de 2000, el detrimento patrimonial es uno de los

elementos de la responsabilidad fiscal que, precisamente, debe

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establecerse a través del proceso respectivo, como lo prevé el

artículo 1° de la referida ley; y que, por el contrario, puso de

presente que el concepto técnico en comento se encuentra ajustado

a las disposiciones que regulan la manera en que deben efectuarse

los análisis que les corresponde realizar a los funcionarios de la

Contraloría, conforme con los artículos 27 de la Ley 610 de 2000 y

117 de la Ley 1474 de 2011, por lo tanto, tal estudio de carácter

técnico cumplió a cabalidad la función de ilustrar y describir los

hechos sobre los cuales se fundó el daño y la causación misma de

este, dentro del proceso de responsabilidad fiscal.

b) Los miembros de la Junta Directiva dieron aplicación al

principio de planeación, pues su actuación se fundamentó en

los conceptos técnicos presentados por la Gerencia a la

Junta Directiva.

En relación con el punto, señaló que el argumento central del

demandante es que los miembros de la Junta Directiva adoptaron

las decisiones referidas a los planes promocionales con fundamento

en los conceptos presentados por el Gerente de la entidad; pero

que examinada la prueba que obra en el expediente, contentivo del

proceso de responsabilidad fiscal, lo que se desprende de ella es

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que esos conceptos aluden a temas diferentes, esto es, a la

conveniencia de la prórroga del contrato y a la necesidad general

de implementar estrategias promocionales y de mercadeo,

cuestiones respecto de las cuales no se dedujo ningún fundamento

de responsabilidad en el acto acusado.

c) Violación de la norma superior, por interpretación

errónea y por aplicación indebida, pues en el caso del actor

no se configuraron los elementos de la responsabilidad

fiscal.

Sobre el particular, advirtió que el hecho de que la ILV, de acuerdo

con su objeto social, desarrolle actividades comerciales, no significa

que no tenga la obligación de observar los principios de la función

administrativa, entre ellos, los de eficacia y economía, en virtud de

los cuales los recursos públicos deben ser manejados con prudencia

y racionalidad. Y concluyó en que, en el presente caso, es evidente

que los miembros de la Junta Directiva de la empresa actuaron de

manera abiertamente imprudente e irreflexiva, autorizando unos

planes promocionales excesivos, sin contar con los necesarios

estudios técnicos que los justificaran, razón por la cual incurrieron

en culpa grave, tal como lo estimó el acto acusado.

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d) Desconocimiento del principio de la buena fe

Adujo que la presunción de buena fe debe fundarse en hechos,

circunstancias y conductas reales y pertinentes a la cuestión

debatida, pero que en este caso el actor incurrió en conductas

abiertamente negligentes en el cumplimiento de sus funciones, al

basarse en la existencia de unos supuestos estudios que solamente

sustentaban, de manera general, la necesidad de implementar

estrategias de mercadeo y publicidad, razón por la cual mal puede

alegarse el desconocimiento del aludido principio, pues, reiteró, en

ninguno de los estudios que cita el demandante se analizó y, mucho

menos, se sustentó la racionalidad del incremento desmesurado del

porcentaje de producto para promoción durante los años 2008,

2009 y 2010.

e) Violación del derecho fundamental al debido proceso

En torno a este cargo la CGR señaló que no le asiste la razón al

demandante, pues el fallo impugnado contiene una motivación

suficiente que no solamente contrarresta lo que este y demás

imputados arguyeron, sino que expone, con suficiencia, los

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argumentos necesarios que demuestran cada uno de los elementos

de responsabilidad fiscal, y agregó que no es necesario que el acto

que deduce la responsabilidad fiscal analice frase por frase cada

uno de los aspectos planteados, sino que es suficiente que la

materia haya sido examinada en el correspondiente fallo; y que,

además, en ninguna parte de su escrito de demanda el libelista

puntualiza cuáles fueron los argumentos que, en concreto, no

fueron objeto de pronunciamiento por parte de la Contraloría.

Finalizó la demandada proponiendo la excepción de inepta

demanda, por el incumplimiento de los requisitos previstos en el

artículo 162 del CPACA, que exige que en el libelo introductorio

deben indicarse las normas violadas y su concepto de violación, ello

por cuanto considera que el capítulo correspondiente a las normas

violadas y al concepto de violación, se halla completamente

huérfano de la sustentación necesaria de las causales de anulación

invocadas.

I.5.- Trámite procesal

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Durante el trámite de la audiencia inicial2, de 25 de octubre de

2013, la cual se desarrolló con sujeción a lo previsto en el artículo

1803 de la Ley 1437 de 2011, se declaró la nulidad procesal, a

partir de las diligencias de notificación personal del auto admisorio

de la demanda, emitido el 3 de diciembre de 2012, para efectos de

vincular al proceso y conformar un litisconsorcio necesario, en

calidad de parte demandante, con las siguientes personas naturales

y jurídicas: 1) JUAN CARLOS ABADÍA CAMPO, 2) LUIS HUMBERTO

CASTRILLON, 3) PAULA ANDREA MARTÍNEZ VÉLEZ, 4) JUAN PABLO

MUÑOZ TOBAR, 5) DONEY OSPINA MEDINA, 6) EZEQUIEL LENIS

RAMÍREZ, 7) LUIS TELMO ROJAS PEREA, 8) RAIMUNDO BENÍTEZ

TELLO, 9) HÉCTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ, 10) EDGAR

DORRONSORO TENORIO, 11) EDGAR SALAZAR RIVERA, 12)

EMPRESA AGROPECUARIA LOS ROBLES S.A., 13) UNIÓN TEMPORAL

COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA INTEGRAL S.A., 14) EMPRESA

ENCARGO LOGÍSTICA INTEGRAL S.A., 15) EMPRESA

COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. CLI S.A., 16)

UNIÓN TEMPORAL COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA INTEGRAL

S.A.S. Y 17) LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. Con el

mencionado propósito se dispuso la suspensión del trámite hasta

2
Folios 311 a 319 del cuaderno principal núm. 1 .
3
ARTÍCULO 180. AUDIENCIA INICIAL. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de
reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las
siguientes reglas:
[…].

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tanto las personas cuya vinculación fue ordenada concurrieran

válidamente al proceso.

Mediante auto de 21 de abril de 2014, el Tribunal a quo dispuso

tener como conformado el litisconsorcio necesario por activa con las

personas naturales y jurídicas relacionadas anteriormente, de las

cuales, una vez notificadas, solo concurrieron Luis Telmo Rojas

Perea, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Doney Ospina

Medina y los integrantes de la U.T. Comercializadora Logística SAS

en Liquidación, representada por Edgar Dorronsoro Tenorio, dentro

de los procesos 2012-424 y 2012-534, y ordenó continuar en un

único trámite procesal, los expedientes con referencia

250002341000201200409-00, 250002341000201200424-00 y

250002341000201200409-00, considerándose que el último

relacionado era el proceso principal4.

Posteriormente, el Tribunal, mediante auto de 27 de marzo de

2015, ordenó tramitar, de forma separada, las demandas de

nulidad y restablecimiento del derecho que, de manera individual,

fueron oportunamente presentadas como consecuencia del

litisconsorcio ordenado, al igual que las que fueron acumuladas al

4
Ver folio 508 a 516 dl cuaderno principal núm. 2.

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proceso de la referencia, aclarándose que los mencionados

expedientes conservarían el número de radicación y reparto

original, y se tramitarían junto con sus respectivos anexos.

Además, dispuso que a las personas que concurrieron al presente

proceso a presentar demandas en forma directa en virtud del

mencionado litisconsorcio se les tendría como terceros con interés

directo5 en las resueltas del proceso, no obstante que sus

demandas se tramitarían de forma separada, e igualmente se

ordenó la reanudación del trámite suspendido6.

La diligencia inicial7 se reanudó el 4 de mayo de 2015, en la cual el

Tribunal se pronunció sobre las excepciones propuestas de inepta

demanda y la denominada “existencia del daño fiscal”, las cuales no

prosperaron; se efectuó la fijación del litigio y se decretaron las

pruebas útiles y pertinentes solicitadas por las partes, así como por

la Previsora S.A. Compañía de Seguros, en calidad de tercero

vinculado.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

5
De acuerdo con el art. 224, inciso segundo, del CPACA el coadyuvante que actúa como litis consorte facultativo
“…podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los
de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio…”
6
Ver folio 641 a 654 de cuaderno principal núm. 2.
7
Ver folio 662 a 676 del cuaderno principal núm. 2..

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección “A”, mediante sentencia de 10 de noviembre de 20168,

denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las

consideraciones que, en síntesis, a continuación, se reseñan:

Ante todo, y en lo que toca con la intervención de terceros con

interés directo reconocida en la audiencia inicial, en relación con:

Luis Telmo Rojas Perea, La Previsora S.A. Compañía de Seguros,

Doney Ospina Medina, UT Comercializadora Logística S.A.S. en

Liquidación, Edgar Dorronsoro Tenorio y otros, indicó el a quo que

estos intervinientes concurrieron al proceso, en defensa de sus

propios intereses y no para coadyuvar al demandante.

Ahora, para el Tribunal el problema jurídico a dilucidar consistió en

definir si eran nulos los actos administrativos acusados, esto es, los

fallos con responsabilidad fiscal emitidos dentro del proceso núm.

6-007-11, en primera instancia, el 20 de febrero de 2012, por la

Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones

Especiales contra la Corrupción, por medio del cual se resolvió

atribuir responsabilidad en contra de los actores, entre ellos el aquí

demandante; y, en segunda instancia, el 23 de marzo de 2012, por

8
Folio 632 a 696 del cuaderno núm. 2.

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la Contralora General de la República, por medio del cual se

modificó parcialmente el pronunciamiento objeto de apelación, en el

sentido de fallar con responsabilidad solidaria y a título de culpa

grave, en contra del señor Luis Alfredo García Moreno, y otros, por

infracción de las normas en que debía fundarse el acto, violación al

debido proceso y desconocimiento del derecho defensa.

En respuesta al problema jurídico así planteado, consideró el a quo

que los cargos endilgados en contra de los actos demandados no

tenían vocación de prosperidad y que, en consecuencia, lo que

procedía era denegar las suplicas de la demanda.

El estudio puntual de los cargos formulados lo efectuó el Tribunal,

así:

II.1.- Violación directa de la Constitución y la ley

Dicha Corporación inició el análisis de este cuestionamiento

haciendo referencia a los elementos de la responsabilidad fiscal,

regulados en el artículo 59 de la Ley 610 de 2000, y cuya

9
ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. <Artículo modificado por el
artículo 125 del Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> La responsabilidad fiscal estará
integrada por los siguientes elementos:
• Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien
participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado.

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concurrencia se requiere para poder declarar configurado el daño

patrimonial definido en el artículo 6°10 subsiguiente. Del mismo

modo, abordó el análisis de cuándo resultaba procedente proferir

un fallo con responsabilidad fiscal, de conformidad con el artículo

5311 de la ley mencionada.

Seguidamente, al amparo de las normas referidas, el a quo se

detuvo a examinar si correspondía o no a la Contraloría proferir

fallo con responsabilidad fiscal en contra de los demandantes,

teniendo en cuenta que mientras que en el fallo de primera

instancia se concluyó que la conducta endilgada lo era a título de

dolo, en el de segunda se dijo que la misma lo era a título de culpa

grave, por lo que procedió a analizar los elementos de la

responsabilidad fiscal a partir de lo dispuesto en este último

• Un daño patrimonial al Estado.
• Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.
10
ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO.<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de
esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional,
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica
de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al
patrimonio público.

11
ARTICULO 53. FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El funcionario
competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre
prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la
individualización y actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el
comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de
pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable.
Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a
valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE
para los períodos correspondientes.

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22

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pronunciamiento, para lo cual transcribió, in extenso, lo señalado

sobre la responsabilidad fiscal de los contratistas por el Consejo de

Estado, Sección Primera, en sentencia de 12 de noviembre de 2015

(Expediente núm. 05001-23-31-000-200401667-01, Consejera

Ponente, María Claudia Rojas Lasso).

Continuó con la valoración de los elementos de la responsabilidad

fiscal frente al contratista, tomando como referencia el acto

acusado, así:

a. El daño fiscal

Sobre el punto indicó que, de acuerdo con el contenido del fallo

administrativo de segunda instancia, se tiene que la responsabilidad

fiscal se originó con ocasión de la suscripción, prórroga y

elaboración de un otrosí del Contrato núm. 2008003512, celebrado

entre la Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal

Comercializadora Logística Integral S.A., cuyo objeto consistió en la

distribución y comercialización de productos de consumo masivo

que garantizara la venta de productos que fabrique, comercialice

y/o distribuya la Industria de Licores del Valle, referidos, en todo

12
Folio 105 a 116 del cuaderno principal núm. 1.

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caso, a la categoría de licores, en el Departamento del Valle del

Cauca.

Señaló que del análisis de mercado para la implementación de

actividades promocionales del producto respectivo, adelantado por

la Subgerente Comercial y de Mercadeo de la ILV, para la vigencia

2008, tomando en consideración la situación de la empresa en ese

momento del mercado, y las actividades promocionales de la

competencia, se tiene que se propusieron diversas actividades

promocionales para el Aguardiente, determinándose que, desde el

mes de mayo al 31 de diciembre de 2008, se distribuirían 500.000

unidades de 750 cm3, de acuerdo con la negociación previa que

realizara la ILV.

Destacó el hecho de que dicho plan promocional inicial de 500.000

unidades de 750 cm3, aprobado mediante Acuerdo núm. 5 de 27 de

marzo de 2008, por la Junta Directiva, fue ampliado por diferentes

acuerdos y otrosíes, a 1.500.000 y posteriormente a 3.000.000 de

unidades de 750 cm3, para el año 2010.

Observó el a quo que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo

segundo del artículo 4° de la Ordenanza núm. 131 de 2001, “por

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medio de la cual se modifican las regalías de alcohol potable e

impotable, la participación porcentual de licores y se ordenan otras

disposiciones sobre monopolio de alcoholes y licores”, “…[en]los

licores destinados por la Industria de Licores del Valle a publicidad,

donación, comisión o autoconsumo, no se causará la participación.”

Igualmente, trajo a colación lo señalado en el artículo 40 de la

Ordenanza núm. 301 de 2009, “por la cual se estable el Estatuto

Tributario Departamental”, en el sentido de que los licores

destinados directamente por la Industria de Licores del Valle para

degustación y publicidad no generan participación.

Consideró el Tribunal que, para efectos de la determinación del

daño patrimonial, la Contraloría tuvo en consideración lo señalado

en el otrosí núm. 007 del Contrato de Distribución, de cuyo

contenido se desprende que fue, precisamente, durante la

ejecución del contrato que la UT Comercializadora Integral S.A.S

presentó informe del comportamiento del licor en el Valle del

Cauca, realizado por la Firma Nielsen, como parte de su obligación

contractual de seguimiento a la distribución y mercadeo,

determinando, con fundamento en el estudio Retail13, vigencia

13
Portal generador de estudios online relativos a la implantación comercial, sociodemográfica y económica del
sector retail, con información en tiempo real. Contiene informes dinámicos, de municipios, de operadores,

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2010, que el consumo real del Aguardiente en el Valle del Cauca

correspondía a 8.470.000 millones de unidades en presentación de

750 cc; y que para los años 2008, 2009 y 2010, si bien la

facturación de la ILV hacia el distribuidor superó dicha cifra, la

venta del producto que este último realizaba resultaba inferior.

De ahí que, según el a quo, fue necesario reformular el contrato,

motivo por el cual, con fundamento en estudios de mercado, se

acordó la suscripción del otrosí núm. 007, mediante el cual se

dispuso modificar el plan promocional de 1.500.000 botellas, que

representaba un 12.5% sobre la meta de 12.000.000 de unidades a

vender, para establecer una meta real, acorde con las condiciones

del mercado, para señalar que los planes promocionales

debían representar el 6.4%, esto es, 700.000 unidades de una

meta de 11.000.000, prevista para el año 2011.

Resaltó y transcribió apartes del fallo fiscal, de segunda instancia,

en el que la CGR determinó y cuantificó el daño patrimonial, al

considerar lo siguiente:

geolocalizados, estudios de mercado y tendencias, así como artículos con análisis sobre la distribución de gran
consumo, plataformas logísticas, category killers y centros comerciales.
El sector retail, o comercio minorista, es un sector económico en la economía de un territorio que hace referencia
al sector encargado de proveer de bienes y servicios al consumidor final, dado que integra al grueso de
comerciantes de un determinado lugar. Fuente: economipedia.com/definiciones/sector-retail.html

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“[…] Según reporte de la Gerencia Comercial de la
Comercializadora Integral S.A.S., en el otrosí N° 7, mientras
que para el año 2008 se utilizaron 348.295 unidades de
promoción se obtuvo una venta de 10.185.451 unidades, para
el año 2009 se incrementa el número de unidades de
promoción a 1.724.083 generando como consecuencia un
nivel de ventas de 11.491.007 unidades de producto. Sin
embargo, para el año 2010, el plan promocional aumenta a
2.379.714 unidades de producto.

Es decir que con respecto al año 2009, en el año 2010 se
incrementó la promoción en 655.631 unidades, pero las
ventas efectivas disminuyeron con relación al año anterior en
159.222 unidades de producto. Como se observa, el aumento
en las unidades de promoción, no lograron generar ventas
efectivas superiores a 11.500.000 unidades de producto, e
incluso el aumento excesivo de unidades de promoción que se
evidencia en el año 2010, no generó absolutamente nada, al
punto que las ventas efectivas disminuyeron en más de
1.000.000 de unidades.

Cabe anotar, que de conformidad con los considerandos del
otrosí N° 7 obrante al interior del expediente, según diferentes
estudios, el mercado del aguardiente blanco del valle,
tomando como referencia el año 2010, se encuentra en un
rango entre 11.502.874 unidades y 11.736.762 unidades.

En efecto, según la firma Nielsen, este mercado es de
11.502.874 unidades; para el ACIL es de 11.641.24. Por su
parte, para la subsecretaría de rentas del Departamento del
Valle es de 11.633.922 unidades, mientras que el distribuidor
Comercializadora Integral SAS, es de 11.736.762 unidades.

Con menos del 4% de promoción, se logró vender
efectivamente el 88% del mercado de aguardiente blanco del
Valle del Cauca, lo que conlleva a (sic) afirmar, que para
obtener el 12% faltante del mercado de aguardiente blanco
del Valle del Cauca, la promoción se elevó en más del 300%,
situación esta que riñe con los principios rectores de la gestión
administrativa, más aún, si para lograr el 88% del mercado, la
ILV, invirtió en promoción un 4% y ahora pretenden
argumentar que es eficiente una inversión del 11% para cubrir
el 12% restante del mercado establecido por las firmas
expertas mencionadas.

El otrosí N° 7 plantea un plan promocional de 700.000
unidades de producto que equivale al 6.4% del plan de ventas
para el año 2011. Igualmente, esta promoción sería del 5.7%

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para el 2012 y del 5.6% para el 2013, es decir, la
reformulación planteada en el otrosí N° 7 indica la existencia
de una promoción de referencia que no supera el 6.4% del
plan de ventas, que con base a lo arriba anotado, para la CGR,
es un porcentaje de promoción razonable que representa un
límite, para lograr el nivel de ventas calculado por las firmas
expertas para el mercado de aguardiente blanco del valle, en
el Valle del Cauca.

Con base en lo anterior, tomando el límite superior de
promoción del 6.4% se encuentra que para el período 2008 a
2010, la promoción de referencia debió ser dos millones ciento
dieciséis mil 2.116.440 unidades de producto que comparadas
con las unidades de promoción ejecutadas por 4.452.092,
arroja un exceso real de promoción de 2.335.652 unidades. El
impacto económico en pesos constantes de 2010, para la ILV,
asciende a 17.022.231.176 pesos.

Los tributos dejados de percibir por el Departamento del Valle,
ascienden a la suma de 19.507.365.504 pesos, todo lo
anterior sin entrar a cuantificar el otrosí N° 6, pues este no
causó efectos patrimoniales a causa de lo contenido en el
otrosí N° 7, es decir, el daño patrimonial para el
Departamento del Valle para la vigencia 2008, 2009 y 2010,
es la suma de 36.529.597280 TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS de acuerdo al
análisis antes efectuado, que indexada al mes de febrero de
2012 arroja una suma de 39.643.607.486 TREINTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS y será el valor que deben cancelar los responsables de
dicho detrimento […]”.

A partir de los señalamientos transcritos el Tribunal dedujo la

existencia de un daño al patrimonio del Estado, representado en los

recursos dejados de percibir por parte del Departamento y de la

Industria de Licores del Valle, por concepto del plan promocional,

ello, en tanto que no se encontró prueba alguna que determinara

que los productos destinados a planes promocionales estuvieran

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precedidos de un estudio previo que identificara cuántos de

aquellos resultaban necesarios para incrementar las ventas, lo que

constituía el objetivo de dicho plan, y teniendo en cuenta,

igualmente, que no se demostró por parte del demandante la

relación costo – beneficio que determinara la necesidad de producir

el número de botellas promocionales aprobadas finalmente por la

Junta Directiva.

Para el a quo, debió tenerse en cuenta que dichos productos

destinados a planes promocionales, además de tener un costo, se

encontraban exentos de impuestos, por lo cual al no estar

comprobada la necesidad de su producción, en la medida fijada por

la Junta Directiva, se causó un detrimento al patrimonio público al

verse disminuidos los tributos generados por la distribución del

producto elaborado por la ILV y dejados de percibir por el

Departamento del Valle del Cauca.

b. La conducta dolosa y culposa en cabeza el gestor fiscal

Para efectos de dilucidar el alcance de la gestión fiscal y su

finalidad, al igual que el fundamento de la imputación en el proceso

de responsabilidad fiscal, el Tribunal citó el Acuerdo núm. 26 de 3

de octubre de 1994, “por el cual se dicta el Estatuto de la Industria

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de Licores del Valle”, que en su artículo 1714 establece las funciones

de la Junta Directiva, entre las que se incluye la de impartir

aprobación a los planes promocionales.

Anotó que, según lo establece el Acuerdo núm. 15, del 18 de julio

de 1995, “por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Orgánico

de la ILV15”, modificatorio del artículo 8° del Acuerdo núm. 26 de

1994, literal d), integran la Junta Directiva “tres representantes

personales del Gobernador o sus respectivos suplentes personales”;

que según el artículo 14, “los miembros principales de la Junta

Directiva asistirán por derecho propio a las sesiones de la Junta,

con voz y voto”; y que el hoy actor hizo parte de la Junta Directiva,

en calidad de representante principal, con voz y voto, en las

decisiones que se tomaron en dicha sesiones.

14
“[…] ARTÍCULO 17: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la Junta Directiva: a)
Formular la política general de la empresa y fijar los programas de la misma en armonía con los planes generales
de desarrollo del Departamento del Valle del Cauca; b) adoptar los Estatutos de la empresa y reformarlos
cuando sea conveniente con la aprobación del Gobierno Departamental; c) determinar la organización interna de
la empresa mediante la creación de dependencias o unidades administrativas a que haya lugar, y el
señalamiento de sus funciones; d) Aprobar el Presupuesto anual de la empresa de acuerdo con las normas
vigentes establecidas; e) Controlar el funcionamiento de la empresa y verificar su conformación con la política
adoptada; f) aprobar las inversiones y operaciones que debe realizar la empresa; g) expedir el estatuto de
personal de la empresa; h) Determinar con aprobación del Gobierno Departamental la planta de personal de la
empresa; i) aprobar los Estatutos Financieros de la Industria de Licores del Valle; j) delegar en el Gerente el
cumplimiento de ciertas funciones o la celebración de determinados actos, cuando lo considere conveniente o
necesario; k) aprobar los acuerdos, traslado, adiciones que se originen con cargo a los recursos propios de la
industria, de conformidad con las disposiciones legales emitidas por a Secretaría de Hacienda; l) señalar los
casos en que el gerente puede delegar funciones en otros funcionarios de la empresa; Ll) determinar la calidad
de los empleados públicos para aquellas personas que desempeñen funciones de Dirección y confianza; m) fijar
el valor de los viáticos que devenguen los miembros de la Junta Directiva, el Gerente y el personal administrativo
de la empresa, en razón de viajes que deban realizar; n) fijar los normas sobre funciones, nomenclaturas,
categorías y escalas de remuneración. El régimen de prestaciones sociales será el que señale la ley; o) autorizar
al Gerente para delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la
realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo de la
empresa; p) las demás atribuciones que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, correspondan a las
juntas Directivas de las Empresas Comerciales e Industriales del Estado.[…]”. (Cuaderno N y R SN-2012-409
páginas 98 y 99).
15
Folio 130 y 131 del cuaderno principal núm. 1.

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Advirtió que, de acuerdo con el contenido de la cláusula novena del

contrato núm. 20080035, le correspondía a la ILV fijar y desanotar

las políticas de promoción y publicidad, así como la ejecución

presupuestal del plan estratégico de promoción y publicidad de

mercadeo, además de que allí se indica que la ejecución de dicho

plan correspondía a las partes de forma conjunta.

Destacó el hecho de que el actor adujo que para aprobar el plan

promocional tuvo en consideración los informes presentados por la

Firma Fitch Rating16, de cuyo contenido y análisis se advierte que,

en realidad, hacen referencia a la calificación del riesgo emisor de la

ILV, lo cual no contribuye a exculpar la falta imputada consistente

en que no se efectuaron los debidos estudios previos con el fin de

determinar la cantidad necesaria de los productos que requerían los

planes promocionales para posicionar el aguardiente blanco en el

mercado.

En complemento de lo anterior, trajo a colación el pronunciamiento

sobre la gestión antieconómica e ineficiente efectuado por la CGR

en el fallo de segunda instancia.

16
Folio 145 a 157 del cuaderno principal núm. 1.

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Agregó que, según el mencionado fallo administrativo, la conducta

del actor se encuadraba dentro de la culpa grave, teniendo en

cuenta su activa participación en la suscripción y/o ejecución de las

actas núms. 01, 02, 03, 04, 05 y en los Acuerdos de la Junta

Directiva de 3 de marzo de 2009 y 3 de marzo de 2010, ya que las

decisiones allí adoptadas desbordaron el porcentaje del plan

promocional del 6.4% sobre el plan de ventas que ha debido

tenerse en cuenta por los administradores y el contratista para el

mercadeo del aguardiente blanco del Valle, lo que contravino, no

solo los principios de la función administrativa y la contratación

estatal sino, igualmente, las funciones propias de la Junta Directiva;

y que la actuación del demandante no solo debió consistir en

realizar el análisis del contrato sino, también, en manifestarse

sobre el mismo y advertir las consecuencias del comportamiento

que se iba a asumir y los efectos para el patrimonio público.

Concluyó en que de las pruebas allegadas al proceso no se

desprende que la conducta del actor haya estado desprovista de

culpa grave, en tanto, no se evidencia en las actas de la Junta

Directiva ni en los acuerdos allí aprobados, que este hubiese

preguntado o advertido sobre la necesidad de expedir la cantidad

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de botellas aceptadas como planes promocionales; y que tampoco

se advierte que su decisión se haya soportado en estudios de

mercado serios, que identificaran el volumen de botellas aprobadas

en cada reunión, ni se demostró en el presente asunto la necesidad

de aumentar, en la forma en que se hizo, los productos destinados

a planes promocionales, sino que, por el contrario, lo que se

evidencia es una sobreproducción del producto promocional,

generadora del detrimento al patrimonio determinado por la

Contraloría.

c. Nexo de causalidad

A juicio del Tribunal, se encuentra demostrado en el sub lite que la

conducta del actor contribuyó al detrimento del patrimonio público,

en tanto se implementó un plan promocional desproporcionado y

carente de objetividad y sustento técnico, siendo que aquel

participó en dicha decisión como integrante de la Junta Directiva

que aprobó el aludido plan promocional para la vigencia 2010 y sin

que se haya comprobado que su conducta realmente se soportó en

estudios de mercadeo adecuados para determinar el volumen de

producto que debía entregarse como incentivo.

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Por último, desestimó el argumento del actor, según el cual su

actuación estuvo signada por la buena fe, al apoyar la propuesta

presentada, pues consideró que no era posible inferir de las actas ni

de los documentos que aquel dijo tener en cuenta para haber

tomado su decisión, que esta se hubiese apoyado en los estudios de

mercadeo correspondientes.

II.2.- Segundo cargo: Violación al derecho fundamental al

debido proceso

Sobre el punto, el Tribunal consideró que, contrario lo afirmado por

el demandante, en el fallo administrativo de segunda instancia la

CGR sí tuvo en cuenta los argumentos aducidos en el recurso de

apelación. Cuestión diferente es que este último no se encuentre de

acuerdo con las apreciaciones esbozadas por dicha entidad.

Adicionalmente, el a quo puso de presente el carácter rogado de la

jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que, según advirtió,

ha sido objeto de reiterado reconocimiento por parte de esta

Corporación. De ahí que haya considerado que no basta, como lo

hizo el actor, argumentar, de modo general, que se ha vulnerado el

debido proceso pues, con independencia del deber de interpretar

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los cargos que le asiste al juez, aquel no indicó con qué

pronunciamientos, emitidos por el ente de control demandado, se le

vulneró el debido proceso ni en qué forma, a su juicio, ocurrió tal

vulneración.

Concluyó el Tribunal en que los cargos de nulidad invocados contra

los actos administrativos demandados no tenían vocación de

prosperidad, motivo por el cual denegó las súplicas de la demanda.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- La parte demandante, mediante escrito de 9 de diciembre

de 201617, impugnó la sentencia de primera instancia tendiente a

que se revoque, para lo cual alegó, en síntesis, lo siguiente:

Inició sus réplicas poniendo de presente que actuaba dentro de los

parámetros del artículo 137 de la Ley 1437 de 201118, que trata

sobre la acción de simple nulidad, pero en el que se alude, de

17
Folio 993 a 997 del cuaderno principal núm. 3..
18
ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
[…].

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manera especial, a las causales de nulidad de los actos

administrativos.

Recordó que el 3 de marzo de 2009, ingresó a la Gobernación del

Valle del Cauca, como director técnico de la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, cargo que desempeñó hasta el 30 de julio de

2010; y que en virtud de dicha vinculación aceptó la designación

que le hizo el entonces Gobernador, como miembro de la Junta

Directiva de la ILV, a partir de 31 de diciembre de 2009 y hasta el

15 de julio de 2010, período en el que asistió a dos reuniones, la

del 1o. de marzo y la del 15 de julio de 2010.

Insistió en que, el 1o. de marzo de 2010, el Gerente de la ILV

presentó a la Junta Directiva, para su aprobación, los planes

promocionales a aplicar en la vigencia respectiva, acompañados de

su debida justificación.

Reiteró que, en ejercicio del control excepcional, el 31 de enero de

2011, el funcionario comisionado por la CGR, presentó el concepto

técnico que le fue encargado, titulado “EVALUACIÓN DEL

CONTRATO 20080035 ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL

VALLE Y LA UT COMERCIALIZADORA INTEGRAL S.A.S.”.

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Sostuvo, una vez más, que como resultado del mencionado

informe, la CGR formuló cargos en su contra, y en contra de otras

personas que, al igual que él, tuvieron la condición de miembros de

la Junta Directiva de la ILV, para la época de los hechos,

atribuyéndoles una conducta gravemente culposa, por su activa

participación en la suscripción y/o ejecución de las actas de Junta

Directiva núm. 01, 02, 03, 04, 05 y en los acuerdos de Junta

Directiva de 3 y 5 de marzo de 2009 y de 3 y 5 de marzo de 2010,

entre otros.

Señaló que como soporte del pliego de cargos, y para graduar la

conducta, la CGR adujo que el nexo de causalidad devino de las

decisiones tomadas y plasmadas en las actas, acuerdos de Junta

Directiva, acuerdos comerciales y otrosíes, que condujeron a la

ejecución desbordada de lo primigeniamente pactado en el contrato

de distribución y comercialización, en virtud de que los

administradores de la ILV (Junta Directiva y Gerente), autorizaron

planes promocionales sin razonabilidad ni estudios objetivos de

mercado que respaldaran dichas decisiones, superando el

porcentaje previsto del 6.4%.

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También recordó que la CGR al cuantificar el presunto detrimento

patrimonial, puso de presente que este sobrevino como

consecuencia de los tributos dejados de percibir por el

Departamento del Valle, impacto económico que estimó en la suma

de $19.507.365.504.

Asimismo, insistió en que en el curso del presente proceso se

recepcionó el testimonio de la señora PAULA ANDREA MARTÍNEZ

VÉLEZ, quien era la subgerente comercial y de mercadeo e,

igualmente, interventora de dicho contrato, para la fecha de los

hechos, como también fue autora de las estrategias de

comercialización, y el del señor MOISES BANGUERA, contador de la

ILV, quienes dieron fe de que, en realidad, nunca existió detrimento

patrimonial; que, por el contrario, la gestión de promoción realizada

trajo beneficios para las finanzas de la empresa y del

Departamento, por lo que, en su condición de apelante, considera

que no existió fundamento para configurar la responsabilidad fiscal,

debido a que los actos controvertidos se basaron en una falsa

motivación, razón por la cual debe declararse su nulidad.

Adicionalmente, criticó la decisión de primera instancia con el

argumento de que el Tribunal ni siquiera se pronunció sobre el

tema precedentemente planteado.

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Cuestionó el hecho de que se hubiese pasado por alto el

antecedente de la fiscalía general de la Nación (FGN), que

desestimó la configuración de una conducta delictiva en este caso,

argumentándose para ello la independencia supuestamente

existente entre la responsabilidad penal y la fiscal; que no puede

desconocerse que la FGN es el ente investigador por excelencia en

Colombia; y que de haber existido el detrimento patrimonial en los

términos que manifiesta la CGR, sin duda alguna, los funcionarios

implicados hubiesen incurrido en una conducta punible, conducta

que, según la Fiscalía, no existió y, por lo tanto, no puede

generarse responsabilidad sancionatoria alguna.

III.2.- Terceros con interés

III.2.1.- La Previsora S.A. Compañía de Seguros, mediante

escrito de 24 de enero de 201719, impugnó la sentencia de primera

instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, denegatoria de las pretensiones de la demanda,

alegando, en síntesis, lo siguiente:

19 Folio 1003 a 1007 del cuaderno principal núm. 3..

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Inicialmente, manifestó que los actos acusados violaron los

artículos 267 de la Constitución Política y 5° de la Ley 42 de 1993,

teniendo en cuenta que el contrato 20080035 se encontraba

vigente y en ejecución para el momento de la apertura del proceso

de responsabilidad fiscal, lo cual evidencia, de pleno derecho, la

falta de competencia de la Contraloría, pues no se había culminado

la ejecución de dicho contrato, luego, la competencia del ente de

control respecto de este se limitaba al proceso de selección del

contratista y no a la etapa de ejecución, lo cual vicia el proceso de

responsabilidad fiscal 6-007-11, por falta de competencia.

Planteó que la sentencia de 2(sic) de diciembre, que se cuestiona,

no se detuvo en el análisis de la naturaleza jurídica comercial ni en

la composición de la ILV; y que, además, omitió tener en cuenta

que resultaba procedente ofrecer estímulos a los distribuidores para

poder, con ello, incrementar las ventas, lo que efectivamente

ocurrió, toda vez que la implementación de planes promocionales y

publicitarios permitió, en la práctica, que se incrementaran las

ventas y, en consecuencia, mejoraran las utilidades de la ILV, y

que, tanto la CGR como la sentencia de primera instancia, pasaron

por alto la valoración del impacto positivo que arrojaron dichos

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programas promocionales, y simplemente se limitaron a tomar las

botellas dadas en promoción y traduciéndolas en un presunto daño.

Indicó que el control fiscal no recae sobre la totalidad de una

empresa Industrial y Comercial del Estado, sino que se limita a los

resultados obtenidos en los aportes, de modo que no incluye el

desarrollo de una actividad propia del giro ordinario en la cual esta

compite, en igualdad de condiciones, con los particulares, como es

el caso del objeto del contrato 20080035, que buscaba actividades

de promoción y mercadeo, lo cual es ajeno al ejercicio de la gestión

fiscal.

Finalizó con el argumento según el cual la CGR y la providencia de

primera instancia impugnada, también desconocieron lo establecido

en las Ordenanzas 131 de 2001 y 309 de 2009, en el sentido de

que los productos entregados para la actividad promocional están

exentos de pagar tributos al Departamento, regulación que no

tuvieron en cuenta, lo cual también desdibuja la cuantificación del

daño efectuado por la Contraloría.

III.2.2.- El señor DONEY OSPINA MEDINA y la UT

COMERCIALIZADORA LOGISTICA S.A.S., a través de

apoderado, mediante memorial presentado el 6 de febrero de

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201720, interpusieron recurso de apelación en contra de la

sentencia de primera instancia, argumentando, en síntesis, lo

siguiente:

a. Hay falsa motivación en los dos fallos controvertidos al

predicarse gestión fiscal de la UT Comercializadora Integral

S.A.S.

Sobre el particular adujeron que las argumentaciones esgrimidas

por ambos despachos en sede administrativa, no se corresponden

con las funciones de la UT COMERCIALIZADORA INTEGRAL S.A.S.,

ya que la gestión fiscal le concede al servidor público, -o

excepcionalmente, al particular-, por vía funcional o contractual, no

solo una disponibilidad material sobre el patrimonio público, sino,

esencialmente, la enunciada disponibilidad jurídica sobre el mismo,

es decir, que la facultad surge de la vinculación entre el gestor

fiscal y los bienes o fondos estatales, en la que la gestión fiscal es

una obligación de aquel.

Que, por lo tanto, no fueron ciertas las razones de la CGR al

sostener que eran gestores fiscales, porque su deber funcional solo

20
Folio 1008 a 1022 del cuaderno principal núm. 3..

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estaba enmarcado en las directrices y decisiones determinadas por

los administradores naturales de dicha entidad, la Junta Directiva y

la Gerencia, resultando excesivo exigirles juicios de legalidad sobre

la celebración y ejecución del contrato, el cual no fue objeto de

controversia por parte del ente demandado, lo que indudablemente

los ubica por fuera del escenario de los gestores.

b. No existió detrimento patrimonial

Al respecto, sostuvieron que la CGR, en el punto relacionado con la

determinación objetiva del detrimento patrimonial, simplemente se

limitó a sustentarlo en la implementación de planes promocionales

y publicitarios en empresas como la ILV, aun a sabiendas de que

estos no solo son legales sino deseables, contradiciendo así lo que

aquella misma afirmó en la contestación de la demanda.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- La parte demandante, mediante escrito de 1o. de

septiembre de 201721, presentó alegatos de conclusión que, en

21
Folio 47 a 50 del cuaderno núm. 5.

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síntesis, replican los argumentos expuestos en los escritos de

demanda y apelación.

IV.2.- A su turno, la parte demandada, a través de memorial de 29

de agosto de 201722, presentó alegatos de conclusión que,

esencialmente, reproducen los mismos argumentos esbozados en el

escrito de contestación de la demanda.

IV.3.- Los terceros con interés, Doney Ospina Medina, Ezequiel

Lenis Ramírez, UT Comercializadora Logística S.A.S., La Previsora

S.A. Compañía de Seguros y Luis Telmo Rojas, mediante

memoriales presentados el 1123, 1324 y 1525 de septiembre de

2017, respectivamente, presentaron alegatos de conclusión que,

sustancialmente, reproducen los argumentos expuestos en sus

escritos de apelación.

IV.4.- El Ministerio Público en esta oportunidad guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES

22
Folio 51 a 63 del cuaderno núm. 5.
23
Folio 64 a 108 del cuaderno núm. 5.
24
Folio 109 a 113 del cuaderno núm. 5.
25
Folio 114 a 196 del cuaderno núm. 5.

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V.1.- Los actos administrativos demandados

Los actos administrativos cuya nulidad se pretende, a través del

medio de control examinado, son:

El Fallo con Responsabilidad Fiscal núm. 001 de 20 de

febrero de 2012 emitido dentro del Proceso de

Responsabilidad Fiscal núm. 6-007-11,26 por parte de la Unidad

de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría

General de la República, en cuanto declara la responsabilidad fiscal,

de conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, a título de

dolo, en contra de los demandantes en este proceso LUIS

ALFREDO GARCÍA MORENO, y otros, por el daño patrimonial

producido al erario con ocasión de la ejecución del Contrato de

Comercialización núm. 20080035, celebrado con la Industria de

Licores del Valle.

Fallo de segunda instancia de 23 de marzo de 201227,

proferido por la Contralora General de la República, por medio del

cual se modifica parcialmente el fallo de responsabilidad fiscal de 20

de febrero de 2012, en el sentido de declarar la responsabilidad

26
Folio 162 a226 del cuaderno principal núm. 1.
27
Folio 28 a 69 del cuaderno principal núm. 1.

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Actor: LUIS ALFREDO GARCÍA MORENO

solidaria, pero a título de culpa grave, y en cuantía equivalente a

$40.767.369.586, en contra del demandante en este proceso y

otros.

V.2.- El problema jurídico

Considera la Sala que el problema jurídico a dilucidar en esta

instancia gira en torno a la verificación de si resulta procedente

negar, como lo decidió el a quo, las pretensiones de la demanda, en

cuyo caso, se confirmará la sentencia apelada; o, de encontrarse

que dichas pretensiones deben prosperar, revocarla para emitir el

pronunciamiento que en derecho corresponda.

V.3.- Sea lo primero advertir que para que se configure la

responsabilidad fiscal es necesario que se compruebe la existencia

de una conducta que por acción u omisión del agente que ejerza

gestión fiscal, en los términos señalados en la ley, en forma dolosa

o culposa, produzca directamente o contribuya al daño patrimonial

del Estado. En síntesis, se requiere una relación de causalidad entre

la conducta y el daño en el que concurran las circunstancias

adicionales descritas.

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Por lo anterior, el artículo 5º, expresa que la responsabilidad fiscal

estará integrada por los siguientes elementos:

• Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que

realiza gestión fiscal.

• Un daño patrimonial al Estado.

• Y un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

Además, el artículo 53 de la referida norma, de manera puntual,

precisa que resulta procedente proferir fallo con responsabilidad

fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza

de la existencia del daño al patrimonio público y de su

cuantificación; de la individualización del gestor fiscal y de su

actuación, cuando menos con culpa; de la relación de causalidad

entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario;

y que, como consecuencia, se establezca la obligación de pagar una

suma líquida de dinero a cargo del responsable.

En lo que toca con el primer elemento de la responsabilidad fiscal,

relativo al daño fiscal, que el demandante cuestiona, en cuanto

considera que este no se configuró y que, por lo mismo, no se

demostró, la Sala considera que no le asiste la razón si se tiene en

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cuenta lo considerado válidamente por la CGR en los actos

acusados, en el sentido de que dado que las botellas de promoción:

en el año 2008 fueron 348.295 y las vendidas ascendieron a

10.185.451; y que en el año 2009 se destinaron 1.724.083

unidades de promoción y se vendieron 11.491.007: y, por último,

en el año 2010 se destinaron 2.379.714 unidades para promoción,

mientras que las unidades vendidas fueron 10.351.785, esto

equivale a que entre los años 2008 y 2009, la promoción se

incrementó en 1.375.788 unidades de producto (diferencia entre

1.724.083 menos 348.295); es decir, en un 395%, arrojando un

incremento en las ventas de 1.305.556, que corresponde a un

porcentaje del 13%, inferior a las unidades destinadas a la

promoción; y entre los años 2009 y 2010 la promoción se

incrementó en 655.631 unidades, esto es, el 38%, pero las ventas

efectivas disminuyeron en relación con el año 2009 en 1.159.222

unidades de producto, esto es un 10%.

Tuvo en cuenta igualmente la CGR el hecho de que, para entonces,

según los diferentes estudios de mercado, las ventas del

Aguardiente Blanco del Valle se encontraban en un pico entre

11’502.874 unidades y 11´736, es así que, con menos del 4% de

promoción (348.295 unidades de promoción), se logró vender el

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88%, lo que lleva a concluir que para alcanzar el 12% restante del

mercado del Aguardiente Blanco del Valle, no se justificaba que la

promoción se aumentara en más del 300%, por cuanto ello

denotaba ausencia o falta de aplicación de los principios rectores de

la gestión administrativa, como el de planeación, entre otros, por lo

que pretender argüir la necesidad de aumentar a un 11% las

unidades de promoción para cubrir el 12% restante del mercado,

resultaba totalmente excesivo y desproporcionado.

Ahora bien, adicionalmente, consideró el ente de control fiscal, de

conformidad con el Otrosí núm. 728, en el que se determinó un plan

promocional de 700.000 unidades de producto, equivalente al 6.4%

del proyecto de ventas para el año 2011, que este porcentaje de

promoción límite resultaba razonable para lograr el nivel de ventas

calculado por las firmas expertas en el mercado de Aguardiente

Blanco del Valle, en el Valle del Cauca.

Así lo concluyó la entidad demandada en los actos acusados, de

acuerdo con lo que seguidamente se trae a colación:

“[…] Con base en lo anterior, tomando el límite superior de
promoción del 6.4% se encuentra que para el periodo 2008
a 2010, la promoción de referencia debió ser dos millones

28
Anexo 5 Carpeta 1. Archivo 142876. Pag. 108 a 135.

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ciento dieciséis mil 2.116.440 unidades de producto que
comparadas con las unidades de promoción ejecutadas por
4.452.092, arroja un exceso real de promoción de
2.335.652 unidades. El impacto económico en pesos
constantes de 2010, para ILV, asciende a 17.022.231.176
pesos.

Los tributos dejados de percibir por el Departamento del Valle,
[por] este impacto asciende a la suma de 19.507.365.504 pesos,
todo lo anterior sin entrar a cuantificar el otrosí N° 6, pues este no
causó efectos patrimoniales a causa de lo contenido en el otrosí N°
7, es decir, el daño patrimonial para el Departamento del Valle
para la vigencia 2008, 2009 y 2010, es la suma de
36.529.597.280, TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS
OCHENTA PESOS de acuerdo al análisis antes efectuado que
indexada al mes de febrero de 2012 arroja la suma de
39.643.607.486 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS y será el valor que deben cancelar los
responsables de dicho detrimento” […]29.

El a quo frente a este punto, acertadamente, discurrió, así:

“[…] Si bien es cierto, la determinación de dicha cifra no tiene
soporte legal, es lo cierto entonces que los planes promocionales
que tuvieron soporte en decisiones de Junta Directiva, al no tener
límites máximos o mínimos, conlleva a(sic) determinar que el
manejo de los recursos públicos no se hizo en forma adecuada,
generando grave daño patrimonial a las arcas del Estado, pues no
se probó que el plan promocional hubiese generado mayores
ventas, y, por el contrario, se ha probado que la entrega de la
promoción impidió que se generara el impuesto correspondiente,
siendo razón suficiente para soportar la decisión fiscal, ya que no
se probó que el número de botellas estuviera precedido de
estudios previos que soportaran su necesidad en la cantidad
aprobada, de tal forma que, en realidad lo observado es que las
botellas del plan promocional excedieron la necesidad del
mercado, lo que finalmente se advirtió en el Otro Sí Nro. 7 […]”.

29
Folios 59, fallo de segunda instancia, cuaderno principal núm. 1..

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Actor: LUIS ALFREDO GARCÍA MORENO

Esta Sala no puede menos que compartir las consideraciones

transcritas en la medida en que se ajustan a la realidad de los

hechos y están puestas en razón, pues, sin duda, el excesivo

número de botellas destinado para el plan promocional durante los

citados años, no solo no estuvo precedido de los debidos estudios,

sino que, además, no generó mayores ventas ni permitió al

Departamento del Valle del Cauca acceder a los tributos que

correspondía, teniendo en cuenta que, como quedó demostrado, el

producto de promoción no era objeto de los mismos, de acuerdo

con lo dispuesto por las ordenanzas atrás citadas.

Por lo demás, la Sala advierte que el recurrente se limitó a

cuestionar el referido detrimento sin presentar los soportes

necesarios para efectos de concluir que el mismo no existió o que la

cuantificación del daño no correspondía al valor que el ente de

control dedujo, carga procesal que le incumbía y que tenía el deber

de cumplir, para así poder desvirtuar las presunciones de legalidad

y veracidad del acto, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 167

del Código General del Proceso, norma según la cual: “incumbe a

las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”; en ese sentido,

partiendo de la presunción de legalidad que revisten los actos

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Número único de radicación: 2500023410020120040901
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acusados, debe concluirse que esta conservó su vigor, en la

medida en que no se desvirtuó, teniendo en cuenta que el

demandante no demostró la razón de su dicho.

Respecto al otro elemento de la responsabilidad fiscal, como lo es la

graduación de la conducta, la Sala considera pertinente precisar

que la responsabilidad fiscal es de carácter subjetivo, ya que, para

deducirla, es necesario determinar si los sujetos actuaron con dolo

o con culpa, pues en esta materia esta proscrita toda forma de

responsabilidad objetiva y, por tanto, esta última debe

individualizarse y valorarse a partir de la conducta del agente.

Es en ese sentido que el artículo 63 del Código Civil prevé, que: la

culpa grave consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel

cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia

suelen emplear en sus negocios propios.

En relación con la conducta negligente del hoy apelante, y la de los

restantes miembros de la Junta Directiva de la ELV, el fallo

administrativo de segunda instancia, proferido por la CGR, se

pronunció, en el siguiente sentido:

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Número único de radicación: 2500023410020120040901
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“[…] todos actuando en su calidad de miembros de la junta
directiva de la ILV, para la época de los hechos, se les evidencia
una conducta gravemente culposa atribuible de conformidad a la
valoración probatoria que obra en el expediente por su conducta
activa en la suscripción y/o ejecución de las actas de junta directiva
N° 01, 02, 03, 04 05 y los acuerdos de junta directiva 03 de marzo
5 de 2009 y el 3 de marzo de 2010 entre otros, pues estas
decisiones desbordaron el porcentaje del plan promocional de
6.4% sobre el plan de ventas que ha debido tenerse en cuenta por
los administradores y el contratista para el mercado del
aguardiente blanco del Valle, en el Valle del cauca, actuación por
parte de los citados señores que va en contra vía de los principios
descritos en la Ley 222 de 1995 en su artículo 23, como los que
gobiernan la función administrativa y los propios de la contratación
estatal, así como las funciones propias de la junta directiva
establecidas en el Acuerdo 026 de octubre 3 de 1994, expedido por
la Junta Directiva de la ILV mediante el cual se crean los estatuto
de la industria, que en su artículo 10 define las atribuciones de la
Junta Directiva dentro de las cuales resaltan: a)formular la política
general de la Empresa y los planes y programas que deba
desarrollar; b) aprobar la inversiones u operaciones comerciales e
industriales que ha de realizar directamente la Entidad con miras al
mejor rendimiento de sus ingresos. ii) reglamentar la promoción y
venta de los productos de la empresa, y de la obligación
contemplada en el artículo 6 en donde claramente indica que “la
dirección y administración de la ILV estará a cargo de una junta
Directiva, de un Gerente y los demás funcionarios que se
determine en consonancia con lo dispuesto en el presente Estatuto
Orgánico.” Es importante reiterar que tuvieron el deber de hacer un
análisis integral a los negocios desarrollados por la empresa y
especialmente al comportamiento del contrato más importante de
la Empresa, como es el de distribución de aguardiente en el
Departamento que ostenta el monopolio del negocio ya que es en
su mercado natural donde se generan los mayores ingresos, luego
lo mínimo que debe hacer un miembro de junta directiva es
analizar integralmente el contrato, por lo tanto la acción de
suscripción de otrosíes en los que se hubiesen participado no es la
única conducta desplegada, también lo es la omisión del deber de
revisar todo el comportamiento contractual, manifestarse sobre el
mismo y de manera profesional como el deber se los impone,
advertir las consecuencias del comportamiento contractual y los
efectos para el patrimonio público, tanto los que se habían
ocasionado hasta su participación, como los que se presentarían o
podrían presentarse de no tomarse los correctivos necesarios. En
consecuencia, del análisis probatorio del presente proceso no se
infiere actuación en ese sentido desplegada por ningún miembro de
la junta directiva antes mencionados, lo cual implica la
responsabilidad solidaria en el detrimento ocasionado al erario

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público. Su conducta no fue diligente, fue antieconómica, ineficaz,
ineficiente y contraria al interés general y causante del daño
patrimonial al Estado”30.

La Sala considera, contra lo que sostiene la parte demandante, que

la valoración que en este caso hizo la CGR, de las pruebas

documentales y demás elementos de juicio que sustentaron su

decisión, realmente quedó enmarcada dentro del contexto que el

caso examinado amerita, teniendo en cuenta, desde luego, el

sentido de la decisión que finalmente se adoptó. Ello es así por

cuanto, tanto el contrato núm. 20080035, como los otrosíes, actas

y acuerdos pertinentes, sí fueron citados y analizados para

fundamentar la consideración según la cual tales elementos de

convicción tenían la entidad o el alcance suficiente para demostrar

que el demandante, al aprobar, como miembro de la Junta

Directiva, el plan promocional, contribuyó con la generación de un

evidente daño al patrimonio del Estado, como consecuencia directa

de una conducta que en últimas se consideró gravemente culposa y

no dolosa como inicialmente se había calificado.

Fue así como, en el fallo fiscal de segunda instancia, la CGR

determinó que la conducta del demandante, entre otros, se

enmarcaba dentro de la culpa grave, en consideración a su

30
Fallo de responsabilidad fiscal de segunda instancia. Folio 66 del cuaderno principal núm. 1.

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participación en la suscripción y/o ejecución de las actas de la junta

directiva núm. 01, 02, 03, 04 y 05 y en los Acuerdos de Junta

Directiva de 3 de marzo de 2009 y 3 de marzo de 2010, cuyas

decisiones sobrepasaron el porcentaje del plan promocional del

6.4% el cual ha debido respetarse por parte de los administradores

de la ILV y el contratista.

Cabe recordar que el actor soportaba la carga probatoria tendiente

a desvirtuar la imputación que, a título de culpa grave, le fue

atribuida por la CGR en el acto acusado, lo cual definitivamente no

se logró.

Extraña el recurrente que no se haya tenido en cuenta, de manera

integral, la declaración rendida, el 30 de junio de 2011, en el

proceso de responsabilidad fiscal, por la señora Paula Andrea

Martínez Vélez, quien informó que fue subgerente comercial y de

mercadeo de la Industria de Licores del Valle desde febrero de 2008

a julio de 2010, y para la fecha en que hizo su exposición, era la

gerente de mercadeo de la UT Comercializadora Integral S.A.S., [el

contratista], quien explicó lo siguiente frente a la aprobación del

plan promocional y los beneficios obtenidos31:

31
Folio 154 a 161 del cuaderno principal núm. 1.

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“[…] todo empieza con un plan estratégico institucional responde a
los requerimientos del gobierno del cuatrienio 2008- 2011, este
estratégico tiene diferentes metas y objetivos a nivel de empresa
yo me centraré en objetivos y metas referentes al área comercial y
de mercadeo, como ustedes saben ventas son la razón de ser de
cualquier compañía y las que permiten que esta sostenga en el
tiempo, de esta forma el plan estratégico institucional plantea dos
objetivos claros, recuperar la participación del mercado del Valle de
Cauca, con el fin de alcanzar una meta acumulada del 20% al final
de la vigencia 2011, y aumentar el nivel de satisfacción del cliente,
con base en estas directrices surge la necesidad de desarrollar un
plan estratégico institucional 2008 a 2011, el cual aportó en (25) el
plan estratégico de marketing recurre al análisis de unos
antecedentes: 1. La ILV es una EICE, esto hace que compita en el
mercado real es decir que su competencia está compuesta por
otros licores que pertenecen tanto a la empresa privada como a
otras empresas estatales […], 2) la pérdida de participación en el
mercado del Valle del Cauca, es importante hacer énfasis que las
mayores ventas de la ILV se realizan en el Valle del Cauca […] 6) la
falta de capital de trabajo que poseía la ILV, pues la empresa
estaba tratando de superar una crisis muy reciente y la
oportunidad que se encontraba con la ordenanza de la exoneración
del pago de la participación, esos son los antecedentes, fue así
como el plan estratégico de marketing que también lo aportó en
(70), se enfoca en la teoría básica del mercadeo conocida como las
4 Ps, la cual hace referencia a estrategias de Producto, Precio,
plaza y promoción, quiero destacar que al estudiar el plan
estratégico de marketing este recomienda la utilización de producto
como una estrategia de precio que permite promocionar el
portafolio sin tocar el valor nominal del producto, de esta manera
nace el plan comercial y promocional, estipulando 6 herramientas,
como prueba de esto hago entrega del acta de acuerdo No. 2
firmada el 5 de mayo de 2009 la cual evidencia primero los
resultados obtenidos por la vigencia 2008 al aplicar la estrategia ya
mencionada y hace énfasis nuevamente en las 6 herramientas
sobre las que se va a aplicar el plan promocional, la aportó en 8
folios, dichas herramienta son: 1) ferias y festivales esta hace
referencia a la importancia de vinculación y patrocinio a las ferias
de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca las
cuales representan una oportunidad para realizar una venta de
producto y promocionar la marca, […].

PREGUNTADO: “conforme al auto 00302 del 7 de abril de
2011 en el análisis costo beneficio del plan promocional el
cual pongo a su conocimiento se establece como análisis la
utilización del número de botellas usadas por plan

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promocional frente al mayor número de unidades vendidas
por encima de la meta de cada vigencia, estableciéndose
que para el año 2008, fueron 2 botellas, 2009 7 botellas y
para el año 2010 9 botellas, cual es desde el punto de vista
técnico de mercadeo su explicación”, CONTESTO:

“[…] para empezar los resultados de una estrategia
promocional en un producto de consumo masivo no puede
limitarse a una compra en relación a una meta contractual ya que
el crecimiento, desarrollo y posicionamiento de un producto de
consumo masivo se mide también teniendo en cuenta elemento
como la distribución numérica (número de establecimientos que
poseen el producto en un mercado) de la cual hable anteriormente,
este elemento determina la recuperación de un mercado la cual se
da por medio de estrategias promocionales que se dirigen al
consumidor final y a los canales de distribución lo que permite la
disponibilidad del producto en el mercado, quien hizo este análisis
lo hizo con fundamento en la facturación a un distribuidor y la
participación del mercado no se mide de esa manera, ya que esta
debe tener en cuenta como dije anteriormente la venta hacia los
canales y el consumo real, ACIL solamente registra la facturación al
primer distribuidor, Nilsen es una multinacional experta en
investigación de mercado y en indicador más importante para ellos
es la distribución numérica lo que te indica el éxito o el fracaso y
las oportunidades que encuentra una marca en el mercado, al
mismo tiempo si nos remitimos al cuadro comparativo que analiza
el analista de la CGR no tiene en cuenta la variación en unidades
de 750 c.c. que existe entre el año 2007 a 2008 que como dije
anteriormente representa el 21% de variación positiva, esto indica
que a partir de la vigencia de 2008 la Industria empezó a recuperar
su distribución numérica ya que el comercializador haciendo
trabajo de distribución requirió de un mayor número de botellas
para suplir la demanda del mercado. Si hacemos una proyección
en el tiempo de las ventas a la industria unidades teniendo como
punto de partida el año 2007 encontraremos como con crecimiento
de esta facturación aumento el valor de la marca blanco del Valle
ya que las estrategias implementadas y con una política continua
de mercadeo y ventas tendríamos un comportamiento ascendente
comparado con la vigencia del 2007, de esta manera no podríamos
hablar de una sobre producción ya que una vez que se recupera un
mercado en el cual se continua invirtiendo como dije anteriormente
el valor de la marca aumenta […]”. (Resaltado de la Sala)

La Sala observa que lo que se infiere de dicha declaración es que

los miembros de la junta directiva de la Industria de Licores del

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Valle, con base en unas estrategias de mercado que no fueron

suficientemente analizadas, en particular sobre los resultados que

arrojaban año a año, aprobaron unos planes promocionales que

afectaron las finanzas públicas, pues la respuesta que da la

subgerente de mercadeo a la relación costo – beneficio no explica

suficientemente la persistencia en una estrategia que arroja un

balance negativo, ni hay observación alguna de la Junta Directiva

sobre el particular.

Por el contrario, y así lo considero también el a quo, el

entendimiento que debe prevalecer en este proceso, es

precisamente el de que: “se encuentra probado que con ocasión del

Otrosí núm. 7, tal y como lo indica la Contraloría, se generó un

daño patrimonial imputable a los demandantes a título de culpa

grave, [pues] no tuvieron la prudencia necesaria a la hora de

autorizar con su firma, su celebración y menos aún permitir su

ejecución cuando era perfectamente previsible que su ejecución

generaría, como efectivamente sucedió, la producción de un daño

patrimonial para el Departamento del Valle”.

Ahora, se demostró, como se analizó líneas atrás, que la causa

eficiente o el nexo causal del detrimento patrimonial establecido por

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la Contraloría General de la República tuvo su origen en los planes

promocionales aprobados por la Junta Directiva de la Industria de

Licores del Valle para los años 2008, 2009 y 2010, así como los

otrosíes agregados al contrato de comercialización núm. 20080035,

decisiones estas que impactaron negativamente las finanzas

públicas, de la forma en que reiteradamente se ha indicado.

Al respecto, en la segunda instancia del fallo de responsabilidad

fiscal, se llegó a las siguientes conclusiones32:

“[…] 1. La I.L.V., a su equivocada estrategia denominó Plan
Promocional; estrategia que en absoluto constituyó un verdadero
Plan Promocional, pues de lo probado en el proceso se tiene que
en su diseño no se analizó ni identificó el mercado efectivamente,
no fue producto de necesidades verdaderas ni de requerimientos
propiamente dichos, lo cual se verifica de la valoración efectuada
por este Despacho en cada uno de los documentos como son las
Actas de Junta Directiva, Acuerdos comerciales y otrosíes suscritos
al Contrato 20080035, pues los mismos no son fundamentados en
un informe de mercado.

2. La ILV con su proceder en temas promocionales durante los
años 2008 a 2010, no aplicó el principio de planeación, se apartó
de emplear estrategias eficientes y diseñar cuidadosamente las
ofertas promocionales, pues no tuvo unos objetivos previamente
definidos y concertados, sino que por el contrario, improvisó y
permitió activamente que con las decisiones de la Junta Directiva,
los Acuerdos Comerciales y los Otrosíes se configurara el daño
patrimonial ocasionado al Estado, pues el tratamiento fue dado a
la medida del contratista, fue en función de él y para el que se
implementaron las herramientas promocionales.

3. Durante la puesta en marcha del Plan Promocional de la ILV,
2008 a 2010, fue constante la falta de control y supervisión por
parte de cada uno de los miembros de la Junta Directiva, pues su
asistencia a las reuniones ordinarias, aprobación de actas,

32
Folio 32 del fallo de segunda instancia.

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implicaba su conocimiento y por ende el cumplimiento de deberes
y cuidado especial del patrimonio público […]”.

En consecuencia, para la Sala es claro que los elementos de la

responsabilidad fiscal se probaron en el caso bajo examen, lo que

descarta la prosperidad del cargo en estudio,

V.4.- Adujo también el apelante que los actos administrativos

acusados fueron proferidos mediante falsa motivación. Siendo ello

así, es del caso precisar previamente en qué consiste y cómo debe

alegarse y demostrarse dicha causal de nulidad para que la misma

prospere. Sobre el particular, esta Corporación ha expresado:

“[…] La falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho
que sirve de fundamento al acto administrativo se revela inexistente,
o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados
erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en la
primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de
derecho, como modalidades diferentes de la falsa motivación […]”33.

En lo que atañe a las reglas de la carga probatoria que deben

aplicarse cuando se invoca dicha causal de anulación, esta

Corporación ha señalado:

“La falsa motivación: quien la aduce tiene la carga de la prueba, es
decir, debe demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que
explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo

33 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 17 de febrero de 2000, expediente 5501, consejero
Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola.

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respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se
hallan revestidos los actos administrativos”34.

De los apartes jurisprudenciales reseñados, bien puede inferirse lo

siguiente:

a) La falsa motivación, como vicio de ilegalidad del acto

administrativo, puede estructurarse cuando en las consideraciones

de hecho o de derecho que contiene el acto, se incurre en un error,

ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o

cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto

de vista jurídico. En el primer caso, se genera el error de hecho y,

en el segundo, el error de derecho.

b) Quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de

encontrarse falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus

probandi) de demostrar la realidad de lo que afirma, dado que

sobre los actos de la administración gravita una presunción de

legalidad que debe ser desvirtuada por quien pretenda que se

declare su ineficacia.

34 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3443, consejero
ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa.

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En este orden de ideas, una vez identificados los argumentos que

sustentan el motivo de impugnación bajo estudio, la Sala procederá

a resolver lo que corresponde, de acuerdo con los elementos de

juicio allegados al expediente.

Como ha quedado explicado, la falsa motivación, como vicio del

acto administrativo, trae como consecuencia la anulación de este,

ya sea en sus consideraciones de hecho o de derecho, siempre y

cuando quien la invoca pruebe la existencia de los supuestos que

dan lugar a su estructuración.

En el caso bajo examen, la parte demandante, en su escrito de

apelación, insiste en que los actos administrativos acusados fueron

falsamente motivados, lo cual, a su juicio, quedó demostrado

dentro del proceso teniendo en cuenta las declaraciones que dan

cuenta de que la estrategia de promoción adoptada por la ILV no

generó detrimento, sino grandes utilidades, a las finanzas del

Departamento del Valle del Cauca; y que en el fallo cuestionado el

a quo ni siquiera se pronunció sobre el tema. Sin embargo, la Sala

considera que la alegada causal de ilegalidad no está llamada a

prosperar, teniendo en cuenta que, sin duda, a dicha parte le

correspondía la carga procesal de demostrar la real configuración

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de la aludida causal de nulidad y, en esa medida, era de su resorte

allegar al expediente suficientes elementos de convicción

indicativos de que las motivaciones contenidas en el fallo con

responsabilidad fiscal núm. 001 de 20 de febrero de 2017,

resultaban erróneas o contrarias a la realidad, bien porque no se

acreditaron los presupuestos indispensables para establecer la

condición de gestor fiscal, o para deducir el detrimento patrimonial

sufrido por la Industria de Licores del Valle y el Departamento del

Valle del Cauca, o para evidenciar el nexo causal o el grado de

culpabilidad, ora porque los hechos aducidos fueron calificados

equivocadamente, desde el punto de vista jurídico. Ocurre empero

que ninguno de esos extremos demostró en el proceso la parte

demandante.

V.4.- También reprocha el actor que se haya desestimado, por

parte del Tribunal, la validez del antecedente consistente en que la

fiscalía general de la Nación archivó, por atipicidad, una

investigación por los mismos hechos, argumentando dicha

Corporación la independencia entre la responsabilidad fiscal y la

penal.

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Ahora bien, el tema relacionado con la autonomía e independencia

de la responsabilidad fiscal frente a las demás existentes, como la

penal o la disciplinaria, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo

1°35 del artículo 4° de la Ley 610 de 2000, ha sido objeto de

diversos pronunciamientos emitidos tanto por la Corte

Constitucional como por esta Corporación. Tal es el caso, por

ejemplo, de la sentencia C-832 de 2002, en la cual la Corte

Constitucional, expresó lo siguiente:

“[…] Dicho proceso [el de Responsabilidad fiscal] se fundamenta en
el numeral 5 del artículo 268 de la Constitución, según el cual el
Contralor General de la República tiene la atribución de establecer
la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y
ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la
misma, facultades que a su vez tienen asiento en la función pública
de vigilancia y control sobre la gestión fiscal que realicen los
servidores públicos o los particulares en relación con los bienes y
recursos estatales puestos a su cargo. Funciones éstas que por
igual se predican de las Contralorías Territoriales.
[…]

Necesariamente se deriva del ejercicio de una gestión fiscal. La
responsabilidad fiscal de acuerdo con el numeral 5° del artículo 268
constitucional únicamente se puede predicar respecto de los
servidores públicos y particulares que estén jurídicamente
habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder
decisorio sobre bienes o fondos del Estado puestos a su
disposición. No sobra recordar que la Corte declaró la exequibilidad
de la expresión "con ocasión de ésta", contenida en el artículo 1°
de la Ley 610 de 2000, norma que regula actualmente la materia,
bajo el entendido de que los actos que materialicen la
responsabilidad fiscal comporten una relación de conexidad
próxima y necesaria con el desarrollo de la gestión fiscal.
[…]

35
PARÁGRAFO. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier
otra clase de responsabilidad.

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Para deducirla es necesario en efecto determinar si el imputado
obró con dolo o con culpa. En este sentido cabe recordar que como
lo señalan los artículos 4° y 5° de la ley 610 de 2000, que
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal y
que para que ella se configure debe existir un nexo causal entre
dicha conducta dolosa o culposa y el daño patrimonial al Estado.
De lo cual se colige que en materia de responsabilidad fiscal está
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.
[…]

La declaración de responsabilidad tiene una finalidad
meramente resarcitoria, pues busca obtener la
indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a
la entidad estatal. En este sentido como lo explicó esta
Corporación al declarar la exequibilidad de la expresión “mediante
el pago de una indemnización pecuniaria que compense el
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal” contenida en el
artículo 4° de la Ley 610 de 2000, el perjuicio material se repara
mediante indemnización, que puede comprender tanto el daño
emergente, como el lucro cesante, de modo que el afectado, es
decir, el Estado, quede indemne, esto es, como si el perjuicio
nunca hubiera ocurrido. Cabe precisar sin embargo que “el
resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa
con la magnitud del daño causado más no puede superar ese
límite.". Y no podría ser de otro modo, pues de indemnizarse por
encima del monto se produciría un enriquecimiento sin causa. Por
lo mismo, la indemnización por los daños materiales sufridos debe
ser integral, de tal forma que incluya el valor del bien perdido o
lesionado (daño emergente), y el monto de lo que se ha dejado de
percibir en virtud de tal lesión (lucro cesante), a lo cual se suma la
indexación correspondiente, que para el caso de la responsabilidad
fiscal, se halla prevista en el inciso segundo del artículo 53 de la ley
610 de 2000.
[…]

La responsabilidad fiscal es distinta de la responsabilidad
disciplinaria o de la responsabilidad penal que pueda
generarse por la comisión de los mismos hechos que se
encuentran en el origen del daño causado al patrimonio del
Estado, que debe ser resarcido por quien en ejercicio de gestión
fiscal actúa con dolo o culpa. En tal virtud, puede existir una
acumulación de responsabilidades, con las disciplinarias y penales,
aunque la Corte ha advertido que si se percibe la indemnización de
perjuicios dentro del proceso penal, no es procedente al mismo
tiempo obtener un nuevo reconocimiento de ellos a través de un
proceso fiscal. Cabe hacer énfasis de manera particular en que los
bienes jurídicos protegidos por cada tipo de responsabilidad son

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diferentes y que los objetivos perseguidos en cada caso son
igualmente diversos”36.(La Sala destaca y subraya).

Con anterioridad, la misma Corte Constitucional, en sentencia SU-

620 de 1996 (Magistrado Ponente, doctor Antonio Barrera

Carbonell), había sentado las siguientes directrices sobre el tema:

“[…] El proceso de responsabilidad fiscal, atendiendo su naturaleza
jurídica y los objetivos que persigue, presenta las siguientes
características:
[…]
c) Dicha responsabilidad no tiene un carácter sancionatorio, ni penal
ni administrativo (parágrafo art. 81, ley 42 de 1993). En efecto, la
declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente
resarcitoria, pues busca obtener la indemnización por el detrimento
patrimonial ocasionado a la entidad estatal. Es, por lo tanto, una
responsabilidad independiente y autónoma, distinta de la
disciplinaria o de la penal que pueda corresponder por la
comisión de los mismos hechos. En tal virtud, puede existir una
acumulación de responsabilidades, con las disciplinarias y penales,
aunque se advierte que si se percibe la indemnización de perjuicios
dentro del proceso penal, no es procedente al mismo tiempo obtener
un nuevo reconocimiento de ellos a través de dicho proceso, como lo
sostuvo la Corte en la sentencia C-046/94 […]”. (la Sala destaca y
subraya).

Al respecto, esta Corporación mediante sentencia de 30 de agosto

de 2012 (Expediente 2010-00706.01, Cp. María Elizabeth García

González), señaló:

“A la altura de lo enunciado, es necesario señalar, que la
responsabilidad fiscal es independiente y autónoma, y se

36
Corte Constitucional. Sentencia C-832 de 8 de octubre de 2002. Magistrado Ponente, doctor Álvaro Tafur
Galvis.

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distingue de las demás responsabilidades, entre ellas, la
disciplinaria y la penal, independientemente de que puedan
derivarse como consecuencia de los mismos hechos.”37 (la
Sala destaca).

En virtud de lo que se deja reseñado, debe concluirse que no son

acertadas las afirmaciones del actor en cuanto señalan que, como

la Fiscalía General de la Nación decidió que no existió una conducta

delictual en relación con los mismos hechos de que aquí se trata, a

él no puede atribuírsele responsabilidad fiscal, ya que, se reitera,

esta última tiene autonomía e independencia frente a otras

modalidades de responsabilidad conocidas, teniendo en cuenta que

la prevista en la Ley 610 de 2000, persigue el resarcimiento de los

daños ocasionados al patrimonio público, por parte de quienes se

consideran gestores fiscales, mediante el pago de una

indemnización pecuniaria, como consecuencia de la conducta dolosa

o culposa en la que hayan incurrido. De ahí que la responsabilidad

fiscal tenga una finalidad meramente resarcitoria, y que sea

claramente distinta de la disciplinaria o de la penal que pueda

generarse como consecuencia de la comisión de los mismos hechos.

De modo que si bien la Fiscalía General de la Nación archivó la

investigación penal relacionada con este mismo asunto, por

37
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 30 de agosto de 2012. Radicación núm. 11001-03-25-
000-2011-00136-00(0434-11). Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado.

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considerar que la conducta predicable de los miembros de la Junta

Directiva de la ILV, resultó atípica, ello, en modo alguno, implica o

supone que el proceso de responsabilidad fiscal deba dejar de

cumplir el propósito que legalmente le corresponde, menos aún, si

se tiene en cuenta que en esta oportunidad efectivamente se

demostró la causación de un daño patrimonial al erario de la ILV,

ya que el actor, en su calidad de miembro de la Junta Directiva,

para la época de los hechos, incurrió en una conducta gravemente

culposa, de conformidad con la valoración probatoria que obra en el

expediente, la cual da cuenta de su activa participación, junto con

otras personas, en la suscripción y/o ejecución de las Actas de

Junta Directiva N° 01, 02, 03, 04 05 y los Acuerdos de Junta

Directiva 03 de marzo 5 de 2009 y el 3 de marzo de 2010.

Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que las decisiones allí

tomadas desbordaron el porcentaje del plan promocional del 6.4%,

que razonablemente venía previsto, y que han debido ejecutar los

administradores y el contratista para el manejo del mercado del

aguardiente blanco del Valle, en el Valle del Cauca. En fin, son

estas las diversas razones por las cuales la Sala no puede menos

que concluir que el cargo en estudio no está llamado a prosperar.

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V.5.- Por lo demás, la Sala reitera que le correspondía al

demandante desvirtuar, en sede judicial, lo valorado y considerado

por la CGR como fundamento del fallo de responsabilidad fiscal aquí

cuestionado, en la medida en que este último, como bien se sabe,

se encuentra revestido de la presunción de legalidad. Sin embargo,

se observa que aquel no desplegó en este proceso las actuaciones

necesarias para el logro efectivo de dicho cometido.

Vistas así las cosas, debe la Sala estimar que la decisión adoptada

por la demandada, en relación con la responsabilidad fiscal

atribuida al demandante, como consecuencia del perjuicio

patrimonial en controversia, en el sentido de que esta última no se

imputaba a título de dolo sino de culpa grave, con fundamento en

las razones argüidas, que tuvieron en cuenta la realización de unos

estudios previos que, posteriormente, se desbordaron, debe

estimarse ajustada a la ley, por ser propia del ejercicio de las

competencias atribuibles a quien revisa, en segunda instancia, las

decisiones adoptadas en la primera.

Cabe advertir que ya esta Sección Primera, mediante sentencia de

20 de febrero de 2020 (Expediente núm. 25000-23-41-000-2013-

01700-01, C.P. Oswaldo Giraldo López), en situación similar a la

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estudiada en el presente caso, por cuanto versa sobre los mismos

actos administrativos aquí cuestionados, analizó lo referente a

imputación a título de culpa grave realizada a uno de los miembros

de la Junta Directiva de la ILV, cuya situación, por lo mismo, era

equivalente a la del hoy demandante, y en dicha ocasión sobre el

punto se dijo, lo siguiente:

“[…] Al respecto, la Sala observa:

(i) El plan promocional aprobado en marzo de 2008 fue de
quinientas mil unidades de botellas de 750 cc; en agosto del
mismo año se amplió a un millón de unidades de botellas; en
marzo del año 2009 a dos millones quinientas unidades de botellas
y en marzo del año 2010 se amplió a tres millones de unidades de
botellas; sin embargo, el mayor valor asumido por la Industria de
Licores del Valle derivado del plan comercial ejecutado entre los
años 2008 y 2010 no se vio reflejado ni en las cifras de ventas ni
en los resultados esperados.

(ii) Ahora bien, comprende la Sala que los resultados de los planes
promocionales no fueran conocidos de antemano por los miembros
de la junta directiva durante el año 2008, pues hay un riesgo
implícito en ello; pero sí tenían el deber y la responsabilidad de
hacer el correspondiente seguimiento durante los años
subsiguientes, es decir, 2009 y 2010, en aras de determinar si era
procedente desde el punto de vista del costo beneficio
mantenerlos, o cuál era su incidencia en las cifras de la entidad y
del departamento. Es decir, si bien no puede atribuirse negligencia
por la aprobación de un plan promocional que, en el primer año,
tiene un resultado incierto, sí es atribuible tal conducta si se insiste
en el mismo plan sin revisar las cifras de lo acontecido, para
determinar las bondades o los problemas que él presenta.
[…]
Conforme con lo anterior, la Sala observa que tales documentos
no contenían cifras ni estudios que permitieran determinar cuáles
fueron las incidencias económicas de los planes promocionales, ni
hay prueba alguna del análisis que realizó el demandante sobre
ellas, en especial para aprobar los planes promocionales que
siguieron al primero.
[…]

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De tal manera que tenían a su cargo formular la política general de
la empresa y fijar los programas de la misma en armonía con los
planes generales del departamento del Valle del Cauca; por
consiguiente, para la Sala no era suficiente que, como miembro de
la junta directiva de la Industria de Licores del Valle que era el
recurrente, se apoyara como parece, “en un plan estratégico de
marketing” sin hacer análisis alguno a las cifras que se le estaban
presentando, pues era necesario que constatara su impacto en
aras de determinar, luego de aprobado y ejecutado en el año
2008, si había lugar a ampliar los planes en los años
subsiguientes.

Conforme con lo anterior, la Sala deduce que la junta directiva de
la Industria de Licores del Valle no solo tenía la competencia para
formular la política general de la empresa, así como fijar los planes
y programas a desarrollar con miras al rendimiento de sus
ingresos y reglamentar la promoción y venta de los productos,
sino que era su deber para la aprobación de los acuerdos y los
otrosíes al Contrato de Comercialización nro. 20080035 comprobar
si éstos beneficiaban a la Industria de Licores del Valle […]”.

Ahora bien, en relación con el nexo causal entre la falta imputada y

la configuración del daño patrimonial ocasionado, en la misma

sentencia, se expresó:

“[…] En el caso concreto, como se analizó líneas atrás, es
incuestionable que la causa eficiente del detrimento patrimonial
establecido por la Contraloría General de la República tuvo su
origen en los planes promocionales aprobados por la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle para los años 2008,
2009 y 2010, así como los otrosíes al contrato de comercialización
nro. 20080035, los cuales impactaron las finanzas públicas […]”.

V.6.- En lo concerniente a lo argumentado por el demandante en

cuanto a que actuó de buena fe al avalar los cuestionados planes

promocionales en vista de que carecía de los conocimientos

técnicos que los mismos implicaban y que, por ende, se desconoció

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lo que supone la consagración constitucional de dicho principio,

cabe señalar que la Sala comparte lo manifestado en este aspecto

por el Tribunal a quo, para desestimar dicha censura, en el sentido

de que los servidores públicos se presumen conocedores de la Ley y

de las responsabilidades inherentes al desempeño de sus funciones

y que si esa regla no prevaleciera sería fácil evadir los compromisos

y las consecuencias derivadas de la adopción de decisiones

administrativas ligeras o carentes del debido estudio o

fundamentación.

V.7.- Ahora bien, en lo que guarda relación con los motivos de

apelación aducidos por los terceros intervinientes es preciso señalar

lo siguiente:

V.7.1.- La Previsora S.A. Compañía de Seguros insistió en la

violación del artículo 267 de la Constitución Política de 1991, en

cuanto dicha norma estableció que la CGR solo podía ejercer el

control fiscal de forma posterior y selectiva; y que en este caso,

según esta apelante, ello no ocurrió así por cuanto el contrato

20080035, sobre distribución y comercialización de que en este

asunto se trata, aún estaba ejecutándose cuando el ente de control

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intervino, motivo por el cual carecía de competencia para actuar

como lo hizo.

Para la Sala dicho motivo de impugnación debe desestimarse,

teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 42 de

1993, que al definir el denominado control previo dispuso: “Para

efecto del artículo 267 de la Constitución Nacional se entiende por

control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y

procesos ejecutados por los sujetos de control y de los resultados

obtenidos por los mismos…”38. Y en este caso resulta indudable que

la intervención del ente de control resultó posterior a los precisos

hechos generadores del daño patrimonial en cuestión,

independientemente de que para entonces el mencionado contrato

todavía estuviese vigente, pues lo que importa considerar es

precisamente que se observó la regla constitucional sobre la

necesidad de que el control fiscal se realice con posterioridad a la

actuación o ejecución de la gestión fiscal que a la larga se

cuestiona.

En efecto, en este caso se cuestionó la suscripción y ejecución de

las Actas de Junta Directiva de la ILV núms. 01,02,03,04 y 05 y los

38
Destacado por la Sala.

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Acuerdos de esa misma Junta de 3 de marzo de 2009 y de 3 de

marzo de 2010, en tanto que el Gobernador del Valle del Cauca, de

acuerdo con el hecho tercero de la demanda, solo solicitó el control

excepcional de la CGR a partir del 17 de diciembre de 2010.

Ahora, el argumento relacionado con el hecho de que en este caso

no hubo detrimento patrimonial sino incremento de las ventas del

producto a partir de la efectiva implementación de los cuestionados

planes promocionales, también debe desestimarse por cuanto,

como quedó demostrado, ese impacto positivo a que alude la

recurrente en realidad no se verificó, como sí quedó demostrada la

ocurrencia del deterioro del erario de que dan cuenta los actos

acusados, cuya presunción de legalidad no se desvirtuó.

Ahora bien, el cuestionamiento según el cual el control fiscal en

este caso no tenía cabida teniendo en cuenta que la actividad

comercial de la ILV se desarrolla en condiciones de igualdad con los

particulares y que, por ende, se justificaban e, inclusive resultaban

indispensables las medidas de promoción y mercadeo adoptadas,

tampoco esta llamado a prosperar, por cuanto, como es sabido, tal

y como se advirtió expresamente en los actos acusados, aun las

empresas industriales y comerciales del estado, cuyo giro ordinario

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se asimila al de los particulares, están sujetas al mencionado

control fiscal cuando manejan dineros públicos.

Por último, el argumento según el cual los actos acusados no

tuvieron en cuenta lo establecido en las Ordenanzas 131 de 2001 y

309 de 2009, en el sentido de que los productos entregados para la

actividad promocional estaban exentos de pagar tributos al

Departamento, igualmente debe desestimarse en la medida en que,

en realidad, dichas ordenanzas sí fueron consideradas para efectos

de deducir la configuración del daño patrimonial, al punto de que lo

que en ellas se establecía fue lo que permitió tasar el volumen de

impuestos que el Departamento dejó de percibir por cuanto, a

mayor cantidad de producto promocional, en este caso sin

fundamento, menor era el porcentaje de percepción de aquellos.

V.7.2.- En lo concerniente a los motivos de impugnación aducidos

por el señor Doney Ospina Medina y la UT Comercializadora

Logística SAS, en el sentido de que la entidad contratista en este

caso no tenía manejo directo de recursos y que, por ende, esta

última no podía ser considerada como sujeto de control fiscal, la

Sala considera que los mismos deben desestimarse teniendo en

cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico los contratista del

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Estado, aun cuando se le reconozca la condición de particulares, no

están exentos de dicha responsabilidad, de acuerdo con lo que

reiteradamente ha considerado la jurisprudencia sobre el punto,

cuando con sus acciones u omisiones propician o contribuyen al

detrimento del patrimonio público, siempre y cuando tengan

capacidad decisoria frente fondos o bienes del erario público39.

Debe igualmente desestimarse el fundamento de la apelación

relacionado con la supuesta falta de prueba del detrimento

patrimonial producto de las medidas promocionales adoptadas, y

que a juicio de estos recurrentes resultaban indispensables, por

cuanto, según quedó visto, al estudiarse previamente este mismo

aspecto, el deterioro al erario de que dan cuenta los actos acusados

sí se produjo y no se desvirtuó lo que estos señalaron al respecto.

En este orden de ideas, ninguno de los cargos planteados por la

parte demandante tiene la entidad suficiente para desvirtuar la

presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos

acusados, razón por la cual la Sala confirmará la decisión de

primera instancia, prohijando sus acertadas motivaciones, como en

efecto lo hará en la parte resolutiva de esta providencia.

39
Ver Sección Primera. sentencia de 26 de agosto de 2004. Expediente núm. 0500123310001997209301.
Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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V.8.- Ahora, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con

lo previsto en el artículo 18840 del CPACA en armonía con el

numeral 8 del artículo 365 del CGP41i, esto es, en aplicación de un

criterio objetivo valorativo42, la Sala condenará a la parte apelante,

LUIS ALFREDO GARCÍA MORENO, en los términos del numeral 3

del artículo 36543 ibidem, al pago de las costas en esta instancia.

Las costas según el artículo 361 del CGP se componen por “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso44 y por las agencias en derecho45”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el
40
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En
todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
41
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “[…] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.
42
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe que en
toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo, en cuanto se
requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto indica que el juez
contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo al resultado de la actuación
procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera total o parcial, o incluso abstenerse
de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen comprobadas.
43
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…].
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.
44
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como el valor
de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros, pólizas, etc. […]”.
Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
45
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del
proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios
sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben corresponder a los
honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.

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componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la entidad demandada a través de apoderado

judicial. Frente a las expensas y los gastos del proceso, su fijación

se sujetará a la liquidación46 que realice el secretario del Tribunal a

quo y según la comprobación de que se incurrieron en estos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP47, se fijan como agencias en derecho, la suma

de $4.076.737 (equivalente al 0,01% del valor de las

pretensiones48) a favor de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA. Lo anterior, de conformidad con las tarifas

establecidas en el artículo 6°49 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de

junio de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,

según la naturaleza del proceso, la calidad y duración de la gestión

realizada por la parte vencedora.

46
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
47
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además,
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
[…]”.
48
De conformidad con el folio 22 del C. Principal, el valor de las pretensiones corresponde a $40.767.369.586.
49
“[…] ARTÍCULO 6º. Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3. Segunda
instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco
por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia […]”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de noviembre de

2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Primera, Subsección “A”.

SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte

demandante y en favor de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $4.076.737

(equivalente al 0,01% del valor de las pretensiones), la cual deberá

incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte

demandante.

CUARTO: En firme esta providencia, remítase el expediente al

Tribunal de origen, previo las anotaciones de rigor.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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