Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00508-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00508-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2012-00508-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
19 de septiembre de 2024
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: RAIMUNDO ANTONIO TELLO BENÍTEZ
Demandado: NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Y
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tesis: No es nulo por falta de competencia, falsa motivación y
violación del derecho de defensa y contradicción el fallo
que declaró fiscalmente responsable al demandante por
aprobar en calidad de miembro de la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle unos planes promocionales
que dieron lugar a un detrimento patrimonial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2015 por la Sección
Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
denegó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Raimundo Antonio Tello Benítez, actuando por conducto de
apoderada judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA,
presentó demanda en contra de los Ministerios del Interior y de Justicia y
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
de la Contraloría General de la República, para lo cual formuló las
siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMER[O]: Declárese nulo el acto administrativo contenido en el
Fallo de Responsabilidad Fiscal de Primera Instancia No. 001, calendado
el 20 de febrero de 2012, proferido por la Dra. Luz Ángela Martínez Bravo,
Contralora Delegada Intersectorial, dentro del proceso de responsabilidad
fiscal conocido bajo el radicado No. 6- 007-11.
SEGUNDO: Declárese nulo el acto administrativo contenido en el fallo de
Segunda Instancia calendado el 23 de marzo de 2012 proferido por la
Contraloría General de la República dentro del proceso de Responsabilidad
Fiscal No. 6-007-11.
TERCERO: Declárase nulo el acto administrativo contenido en el Auto No.
19 de abril de 2012 por medio de la cual se decide una solicitud de
corrección aritmética de la decisión de segunda instancia proferida dentro
del proceso de responsabilidad fiscal No. 6-007-11.
CUARTO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, en calidad
de restablecimiento del derecho, ordénese a la NACIÓN - MINISTERIO
DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA dejar sin efectos los actos administrativos anteriormente
mencionados.
QUINTO: Como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos
mencionados, ordenar a la NACIÓN - MINISTERIO DE INTERIOR Y DE
JUSTICIA- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA restablezca
el derecho de mi poderdante en el sentido de que se cancelen, las
siguientes sumas de dinero:
POR PERJUICIOS MORALES
1) El Dr. RAIMUNDO ANTONIO TELLO BENÍTEZ, tiene una amplia
trayectoria política y dicha actividad se constituye en su labor principal.
Ha ejercido diferentes cargos públicos, por lo que su nombre se ve
afectado material, profesional y moralmente por la sanción que se impuso
con violación de los derechos fundamentales y con desconocimiento de la
norma vigente.
(…) solicito que se paguen los perjuicios morales sufridos por el Dr.
RAIMUNDO ANTONIO TELLO BENITEZ, la suma de CIEN (100)
S.M.L.M.V., el cual asciende a cincuenta y seis millones seiscientos
setenta mil pesos ($ 56.670.000).
(…)
POR PERJUICIOS MATERIALES
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
2) Que se cancele por parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, los costos del proceso de responsabilidad fiscal No. 6-007-11
y honorarios del abogado los cuales ascienden a la suma de CIENTO DIEZ
MILLONES DE PESOS M/CTE ($114.000.000) (sic) y comprenden:
A) Los desplazamientos realizados por el abogado a cada una de las
audiencias realizadas en la Procuraduría General de la República (sic)
ubicada en la ciudad de Bogotá los cuales ascienden a la suma de
CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000) y,
B) Los honorarios pactados por su representación en el proceso de
responsabilidad Fiscal No. 06-007-11, que ascienden a la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000).
PARA UN TOTAL DE CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
MIL DE (sic) PESOS M/CTE ($170.670.000).
[…]” (mayúsculas y negrillas originales).
Normas invocadas como infringidas y concepto de violación
La parte actora afirmó que, con la expedición de los actos acusados, se
vulneraron los siguientes artículos: 6, 29, 93, 209, 272 y 286 de la
Constitución Política; 2, 5, 6, 41, 48, 53, 55 y 66 de la Ley 610 de 2000;
8, 83, 84, 93, 97, 98, 104, 112 y 113 de la Ley 1474 de 2011; artículos
36 y 84 del Código Contencioso Administrativo; 68 y 85 de la Ley 489 de
1998; 26 y 49 de la Ley 24 de 1993; 4 de la Resolución no. 6069 de 26
de agosto de 2009 y la Resolución orgánica no. 05062 de 24 de abril de
2000, así como también invocó los principios de congruencia procesal,
debido proceso y legalidad.
Hizo una extensa exposición en el acápite de hechos sobre las
irregularidades en que consideró se incurrió en el proceso de
responsabilidad fiscal relacionados con: -) la carencia de requisitos
formales y sustanciales del control excepcional; -) la aplicación irregular
del trámite verbal; -) la falta de fenecimiento de las cuentas de la
Industria de Licores del Valle; -) la falta de demostración de la calidad de
gestor fiscal del implicado; -) la falta de demostración del daño
patrimonial; -) la falta de demostración del nexo causal porque la
irregularidad advertida no tiene relación alguna con las actuaciones de la
junta directiva de la Industria de Licores del Valle; -) la falta de
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determinación de la cuantía; -) las nulidades procesales presentadas en
la audiencia de descargos, -) la pérdida de competencia funcional al
momento de realizar la imputación de cargos; -) las irregularidades
presentadas en el fallo de primera instancia, -) las vías de hecho en el
fallo de primera instancia; -) la omisión de valoración de las pruebas
defensivas en el fallo de primera instancia; -) que no se le dio la
oportunidad de sustentar la apelación contra el fallo de primera instancia;
-) que el fallo de segunda instancia carecía de congruencia; -) hechos
irregulares relacionados con la recusación a la contralora general de la
República y su apresurada forma de resolverse; -) hechos irregulares
relacionados con el auto por medio del cual se resolvió la situación fiscal
del señor Juan Carlos Rizzeto Luces en el proceso de responsabilidad
fiscal, y -) hechos irregulares relacionados con la notificación y ejecutoria
de los actos administrativos demandados.
Como cargos de violación invocó los siguientes:
Primer cargo: Vicio de nulidad por falta de competencia de la
Contraloría General de la República
Alegó que, atendiendo lo previsto por los artículos 267 de la Constitución
Política, 24 y 26 de la “Ley 24 de 1993” (sic) y la Resolución orgánica nro.
6069 del 26 de agosto de 2009 expedida por la Contraloría General de la
República, son sujetos de control fiscal excepcional únicamente las
entidades del orden territorial.
Sostuvo que el Consejo de Estado, en sentencia del 27 de mayo de 2010,
expuso que no es posible hacer un control excepcional sobre un ente
diferente a la entidad territorial, por lo que, en este caso, dicho control
excepcional no procedía.
Señaló que, en el caso concreto, se admitió y comisionó mediante Auto
nro. 00914 del 20 de diciembre de 2010 el control excepcional sobre la
Industria de Licores del Valle. Hizo un recuento sobre las normas
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constitucionales y legales en relación con el llamado control excepcional,
para concluir que, acorde con la Ley 489 de 1993, la Industria de Licores
del Valle no es un ente territorial, sino una empresa industrial y comercial
del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, bajo la dirección y administración de una junta
directiva y de un gerente quien tiene la representación legal, razón por la
cual no está sujeta al control fiscal excepcional de la Contraloría General
de la República.
Segundo cargo: Vicio de nulidad por falsa motivación de los actos
administrativos cuestionados.
Luego de explicar en qué consiste la falsa motivación, invocó los
siguientes:
(i) La falsa motivación por indebida notificación de cada uno de los autos
proferidos dentro del proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11:
Alegó que, con fundamento en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, se
notificaron por estado todos los autos expedidos en el proceso, pero que
dicha disposición se aplica para los procesos ordinarios, no para los
verbales.
Afirmó que, en este caso, la Contraloría decidió darle al proceso de
responsabilidad fiscal el trámite verbal y que debió unificar el proceso, y
no como erradamente lo hizo, aplicando una mixtura.
Adujo que es palmaria la violación al debido proceso porque los autos
fueron notificados por estado cuando la forma que regula el procedimiento
verbal son la notificación personal, por aviso, en estrados o por conducta
concluyente, mas no por estado.
(ii) Falsa motivación en el fallo de segunda instancia por la carencia de
fundamento legal de los estándares internacionales:
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Aseveró que las supuestas irregularidades del contrato y sus
modificaciones tienen que ver, entre otras, con la fijación de una política
de promociones obsequiando unidades de degustación, las cuales están
exentas del pago de impuestos al departamento del Valle del Cauca,
según la ordenanza nro. 301 de 2009.
Expuso que, teniendo como antecedente el control de advertencia dirigido
a los gobernadores y miembros de las juntas directivas de las industrias
de licores por presuntas irregularidades consistentes en que se habían
superado los estándares de degustación que tradicionalmente a nivel
nacional e internacional se manejaban, el apoderado del señor Juan
Carlos Abadía elevó un derecho de petición a la Contraloría General de la
República en el que solicitó se indicaran cuáles eran esos estándares, la
entidad encargada de llevar la estadística, y cómo se regulaba; no
obstante, en la respuesta, la entidad demandada manifestó que no era
posible emitir la información requerida, dado que los estándares los
señala directamente el mercado, y que, además, no existe una entidad
encargada de fijarlos.
Indicó que no obra dentro del proceso de responsabilidad fiscal prueba o
actuación procesal que demuestre que hubo una gestión antieconómica o
una superación de los estándares de degustación por parte de la Industria
de Licores del Valle y que los supuestos estándares internacionales de los
que habla la Contraloría no existen. Agregó que, de existir, no es posible
que unos parámetros internacionales de degustación sirvan de
fundamento para emitir un fallo de responsabilidad fiscal, con
desconocimiento de la Ordenanza no. 301 de 2009 expedida por la
asamblea departamental, que estaba vigente y gozaba de presunción de
legalidad.
(iii) Señaló que, ni los delegados del gobernador, ni los representantes
personales, ocasionaron con su conducta daño patrimonial alguno, toda
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vez que su actuar estuvo ajustado a los preceptos normativos de la Ley
489 de 1998, y en ese sentido, no está configurado el nexo de causalidad.
En relación con las juntas directivas de las empresas industriales y
comerciales del Estado, manifestó que, si bien los actos que expidan para
el desarrollo de su actividad industrial o comercial o de gestión económica
se sujetan a las disposiciones de derecho privado, lo que podría llevar a
concluir que la norma que las cobija es el código de comercio, no lo es
menos que las EICE están especialmente reguladas por la Ley 489 de
1998, y en razón al principio de prevalencia de la ley, dicha norma era la
aplicable.
Manifestó que, partiendo de la base que los presuntos responsables
fiscales actuaron en los procesos contractuales no como ente corporativo
y miembros de la junta directiva sino como personas individuales, podría
endilgarse sobre su actuar algún tipo de responsabilidad, siempre y
cuando estuviera demostrado en el proceso que hubo una participación
en el proceso contractual; hecho que no ocurrió, toda vez que en el
expediente no reposa prueba alguna que amerite establecer el nexo
causal entre las conductas desplegadas por la junta directiva y sus
miembros y la materialización del daño a través del contrato nro.
20080035.
Argumentó que, de conformidad con las funciones que están a cargo de
las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del
Estado, y concretamente aquellas que corresponden a la junta de la
Industria de Licores del Valle, la Contraloría parte de una premisa errada,
dado que las funciones relacionadas con la ejecución contractual no están
dentro del manejo ejercido por las juntas.
Indicó que, “si se parte del convencimiento de que los actos y los
contratos celebrados por los establecimientos públicos y las empresas
industriales y comerciales del Estado son el resultado de la función de
Dirección que desarrolla la junta directiva de dicha entidad, se está
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partiendo de una premisa errada que inevitablemente la lleva a una
conclusión errada como es la imputación que se hizo en el presente caso”.
Consideró que, “discrepando sobre la aplicabilidad de la Ley 80 de 1993
en el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado, la cual
se rige por el derecho privado, el numeral quinto del artículo 26 de la Ley
80 de 1993, deja muy claro que la responsabilidad de la dirección y
manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección no
puede ser trasladada a las juntas o consejos directivos de la
entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités
asesores, ni a los organismo de control y vigilancia de la misma”.
(negrillas originales del escrito).
Aseveró que, del estudio realizado al auto de cargos, se puede establecer
que la contralora delegada está confundiendo la dirección y manejo de la
actividad contractual con la función de dirección social y administrativa
que tiene la junta directiva, y que no existe prueba alguna en el proceso
que demuestre lo contrario.
(iv) La condición de gestor fiscal es un requisito de procedibilidad en los
procesos de responsabilidad fiscal.
Luego de hacer referencia al concepto de gestión fiscal, manifestó que la
unidad de investigaciones especiales contra la corrupción de la Contraloría
General de la República, al momento de proferir el auto de imputación de
cargos y el fallo de responsabilidad fiscal en contra de los miembros de la
junta directiva de la Industria de Licores del Valle, hizo una inadecuada
tipificación de la conducta en razón a que ninguno de los investigados
tenía a su cargo la gestión fiscal de las finanzas de la Industria de Licores
del Valle.
Señaló que la junta directiva no interviene dentro del presupuesto de la
entidad ni nada tiene que ver con los aspectos contractuales; para ello
hizo alusión al Decreto 111 de 1996, a la Ley 115 de 1996, e indicó que,
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en las empresas industriales y comerciales, como es el caso de la
Industria de Licores del Valle, la aprobación y modificación mediante
resolución de los presupuestos de ingresos y gastos corresponde al
Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS.
Tercer cargo: Vulneración del debido proceso y del derecho de
contradicción y de defensa
Se refirió a la jurisprudencia que ha desarrollado el debido proceso2, al
artículo 29 constitucional y los antecedentes jurisprudenciales del derecho
de defensa, a la Ley 16 de 1972 que ratificó la Convención Americana
sobre Derechos Humanos por Colombia, a la Ley 174 de 1968 y al pacto
de Ginebra, así como al artículo 90 de la Constitución Política para
referirse a la falla del servicio.
A partir de lo anterior, manifestó que, “como se puede observar con el
análisis realizado de lo que significa el debido proceso y la falla en el
servicio, queda demostrado que la Contraloría General de la República,
con la conducta desarrollada en el precitado proceso, el cual se desarrolló
sin el lleno de los requisitos legales y al margen de los principios del
debido proceso y del derecho a la defensa, tal como se evidenció con el
auto de apertura de investigación, el de imputación de cargos del 14 de
diciembre de 2011 y el fallo de primera y segunda instancia en los cuales
NO SE ESTIMÓ LA CUANTÍA DE LA ENTIDAD AFECTADA, vulneraron las
normas constitucionales y legales descritas, además de los convenios
internacionales citados, con la interposición de recursos contra el fallo de
primera instancia, que por supuesto debía estar precedido de la
cuantificación del presupuesto anual de la entidad”.
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Para ello citó, entre otras, la sentencia T-521 de 1992.
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La demanda fue adicionada para añadir nuevos hechos y cargos, así como
para solicitar la práctica de pruebas testimoniales y aportar pruebas
documentales. De lo allí señalado se destaca3:
(i) “La Contraloría Delegada Intersectorial era incompetente para
adelantar el proceso verbal de responsabilidad fiscal en contra de mi
poderdante”
Adujo que la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción
de la Contraloría General de la República no era competente para
adelantar al mismo tiempo la investigación formal y el trámite de las
audiencias de descargos; no obstante, no solo decretó las pruebas
solicitadas, sino que resolvió las distintas solicitudes de los distintos
sujetos procesales.
(ii) “Irretroactividad del Estatuto Anticorrupción para efectos de aplicar la
solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal”
Argumentó que en el fallo de segunda instancia se aplicó la
responsabilidad solidaria y que “(…) si la situación jurídica estaba
consolidada antes de la expedición de la Ley 1474 de 2011, es decir, si el
auto de apertura fue dictado antes de la vigencia de dicha ley, es decir,
antes del 12 de julio de 2011, la nueva modalidad de responsabilidad que
creó el artículo 19 referido no puede ser aplicada en el proceso de
responsabilidad fiscal controvertido so pena de violentar el principio de
irretroactividad”.
(iii) “Un ejemplo palpable a la violación del debido proceso, resulta la
decisión de dejar sin efectos los escritos de objeción y error grave del
dictamen pericial, presentados por el señor Doney Ospina”.
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Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
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Alegó que era tal la arbitrariedad y la violación del debido proceso por
parte de la Contraloría que el apoderado del señor Doney Ospina Medina
interpuso incidente de nulidad porque le fue negada la objeción por error
grave al informe técnico rendido y que el incidente de nulidad fue negado
bajo argumentos vacíos e inconclusos.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Contraloría General de la República4
Dicho ente, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda,
en la que se refirió a cada uno de los hechos expuestos, “no obstante el
confuso relato de los hechos por su mezcla con apreciaciones subjetivas”,
y específicamente frente a los cargos invocados, señaló:
1.2.1.1. En cuanto a la alegada incompetencia de la Contraloría
para conocer del proceso de responsabilidad fiscal por
supuestamente ejercer ilegalmente la facultad de control
excepcional
Manifestó que la entidad territorial, desde el punto de vista de su
estructura como entidad político-administrativa, está integrada por una
administración central y una administración descentralizada por servicios,
respecto de la cual aquella ejerce el llamado control administrativo o de
tutela.
Que, a su vez, las entidades descentralizadas del nivel territorial son
gestores y titulares de recursos de las entidades territoriales a las cuales
pertenecen, y tanto las autoridades de la administración central como las
de las entidades descentralizadas son dirigidas por la cabeza del órgano
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central, tal como lo determina la Constitución, lo que se complementa con
lo establecido en la Ley 489 de 1998.
Señaló que son varias las oportunidades en que la Corte Constitucional se
ha pronunciado sobre los alcances del control excepcional de la
Contraloría sobre los recursos propios de las entidades territoriales5 y que
ni la Constitución ni la ley restringen el control excepcional a determinado
tipo de entidades, sino que, por el contrario, la misma jurisprudencia se
encarga de hacerlo comprensivo de todas las actividades de control
ordinario. Que para la Corte Constitucional el criterio de procedencia de
control excepcional no depende del órgano de la entidad territorial que
administre los recursos, sino el origen de éstos.
Expuso que el control excepcional se solicitó, tramitó y asumió atendiendo
lo previsto por el artículo 26 literal a) de la Ley 42 de 1993, por lo que
era posible ejercerlo por la Contraloría General de la República a solicitud
del gobierno departamental.
-) Sobre la supuesta irregularidad de no levantarse de manera formal y
previamente a la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal el
fenecimiento otorgado por la contraloría departamental del Valle a las
cuentas de la licorera correspondientes al período 2008-2009:
Manifestó que, en estricto sentido, el fenecimiento de cuenta no crea
condiciones intangibles en favor de sujeto alguno y, como se deriva de su
propia naturaleza, no crea en favor del funcionario una situación concreta
y particular, por lo que, el artículo 17 de la Ley 42 de 1993 en modo
alguno ampara irregularidades cuyas consecuencias se conozcan con
posterioridad y, por tanto, no comporta ningún grado de firmeza derivado
de fenecimiento de las cuentas cuando se configuren los elementos de la
responsabilidad fiscal.
5
Para ello hizo alusión a las sentencias C- 374 de 1998; C- 1191 de 2000; C- 364 de
2001; C-1105 de 2001; C- 127 de 2002 entre otras.
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1.2.1.2. En relación con los cargos de falsa motivación y de violación del
derecho de defensa y contradicción.
(i) “Las (sic) supuesta indebida notificación de algunos autos proferidos
dentro del proceso de responsabilidad fiscal”:
Consideró que no le asiste razón a la parte actora sobre las formas de
notificación surtidas y que la regulación del proceso de responsabilidad
verbal contenido en la Ley 1474 de 2011 no determina la forma de
notificación de todos los autos que eventualmente pueden proferirse
dentro del proceso verbal de responsabilidad fiscal, incluidos los de
trámite, por lo que en esta materia, atendiendo lo dispuesto por el artículo
106 ibidem, debe acudirse a la regulación establecida en el proceso
ordinario, que prescribe la notificación por estado de las providencias
diferentes al auto de apertura del proceso, al auto de imputación de
responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia, que deben
notificarse personalmente, y que por ello no se configuró ninguna
irregularidad al haberse notificado algunos autos por estado.
Afirmó que revisado el proceso se observa que el demandante ejerció a
lo largo del mismo su derecho de defensa e interpuso los recursos que
estimó procedentes, por lo que no se advertía violación al debido proceso.
(ii) En cuanto a la falsa motivación del fallo de segunda instancia por la
carencia de fundamento legal de los estándares internacionales:
Manifestó que, como se acredita con la abundante prueba documental
incorporada a los autos y a los dictámenes rendidos por funcionarios de
la entidad, la Contraloría valoró objetiva y razonablemente la cantidad de
producto entregado al distribuidor para promoción y el monto de los
recursos que dejó de percibir la misma licorera y el departamento del
Valle, y que un porcentaje superior al 6.4.% en la actividad promocional
resultaba excesivo, constituía un verdadero despropósito y generaba un
detrimento patrimonial.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Transcribió apartes de la decisión y concluyó que carecían de razón los
argumentos planteados en la demanda para justificar la pretensión de
nulidad del acto acusado “por cuanto es más que evidente que incurre en
culpa grave el miembro de una junta directiva que en un asunto de
importancia económica como es la política de promoción de la empresa,
que implica la distribución gratuita de una gran cantidad de unidades de
producto y, de contera, el no pago de impuestos sobre ésta, no examine
en concreto y de manera juiciosa el proyecto que se esté sometiendo a
su consideración por parte del gerente, sino que se limite de manera
mecánica a refrendarlo. En indiscutible, entonces, la responsabilidad fiscal
de quien, si actuó, en este caso por el daño patrimonial que se causó a la
ILV y al Departamento del Valle”.
(iii) Sobre las supuestas irregularidades frente a la conducta reprochada
al demandante:
Argumentó que la Industria de Licores del Valle es una empresa industrial
y comercial del Estado y le son aplicables las normas de la Ley 489 de
1998; que, de conformidad con lo previsto por los artículos 88 y 90 de
dicha ley, la dirección y administración está a cargo de una junta directiva
y de un gerente o presidente. A su vez, que el artículo 17 del acuerdo nro.
026 de 1994 estableció las funciones de la junta directiva, por lo que, a
la luz de dicha normatividad, no admitía discusión que sus miembros
tienen el deber funcional de dirigir y administrar la empresa.
Indicó que lo anterior significa que, si bien a los miembros de las juntas
directivas no les corresponde ejercer un control puntual de la actividad
contractual, tienen el deber funcional de ejercer un control general sobre
las diferentes actividades de la empresa en aras de garantizar el buen
funcionamiento y la preservación del patrimonio público.
Anotó que, como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C- 840
de 2001, la noción de gestión fiscal no se reduce al simple ejercicio de la
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salvaguarda de la integridad del patrimonio público, sino también al
ámbito de la gestión y de los resultados.
Arguyó que no tenía sustento el argumento según el cual el demandante
en su condición de miembro de la junta directiva de la Industria de Licores
del Valle no era sujeto de responsabilidad fiscal y que, de las pruebas
practicadas y valoradas en el proceso, se pudo establecer que los
miembros de la junta directiva aprobaron, modificaron y ampliaron los
planes promocionales y, consecuentemente, con fundamento en una
autorización dada por la junta, el gerente ejecutó un plan o programa que
causó lesión al patrimonio público, por lo que resultaba evidente que dicho
daño guardaba relación de causalidad con los miembros de la junta
directiva.
En cuanto a lo esgrimido por el actor en el sentido que el órgano de control
confundió en el auto de imputación la dirección y manejo de la actividad
contractual con la función de dirección social y administrativa a cargo de
la junta directiva, manifestó que la confusión la tenía era el demandante
porque en los actos acusados, y concretamente en el fallo de segunda
instancia que fue el que determinó de manera definitiva la
responsabilidad, no se dedujo responsabilidad fiscal al actor por omitir la
realización de actos de supervisión de las actividades de ejecución del
contrato de distribución de licores, sino por adoptar como miembro de la
junta directiva una serie de decisiones que condujeron al daño
patrimonial.
Aludió que, si bien es cierto el jefe o representante legal de la entidad
tiene la dirección y manejo de la actividad contractual y dicha
responsabilidad, de conformidad con lo establecido por el artículo 26 de
la Ley 80 de 1993, no puede trasladarse a las juntas o consejos directivos,
ello no significa que los miembros de estos órganos no incurran en
responsabilidad cuando omitan desempeñar sus funciones de control del
funcionamiento de la entidad y aprueben actos que le causen lesión.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
(iv) Acerca de las supuestas irregularidades contenidas en el auto de
imputación de responsabilidad fiscal que, a juicio del actor, fue expedido
en cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 48 de la Ley
610 de 2000:
Consideró que, tal como se demostró en el cargo anterior, no existen
dudas de que los miembros de la junta directiva desplegaron actos que
implicaban ejercicio de gestión fiscal, pues adoptaron decisiones que
incidieron en el manejo y determinación del gasto, inversión y disposición
de cuantiosos recursos públicos, por lo que se remitía a lo expuesto en
precedencia.
Manifestó que igualmente se demostró la culpa grave por su actuación
imprudente al aprobar de manera mecánica y sin que mediara el más
elemental estudio técnico financiero que justificara la medida unos planes
promocionales desproporcionados, por lo que también se encontraba
demostrado el daño patrimonial al Estado.
En lo concerniente a la cuantía, manifestó que en el auto de imputación
se estableció y que no está referida a la cuantía de la contratación, como
lo estima el demandante, sino al daño al patrimonio público.
(v) Sobre la supuesta irregularidad consistente en la aplicación del
procedimiento verbal al proceso de responsabilidad fiscal adelantado en
contra del demandante y los demás implicados:
Afirmó que, cuando el proceso de responsabilidad fiscal se tramita por el
procedimiento verbal, permite mayor celeridad, inmediación y
concentración de la prueba, mientras que el procedimiento escrito tiende
a ser conocido únicamente por las partes.
Analizó que claramente la Ley 1474 de 2011, en el artículo 97, señaló las
condiciones para que el proceso de responsabilidad fiscal se tramitara por
el procedimiento verbal creado en dicha ley, y en el parágrafo tercero
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dispuso el régimen de transición, por lo que “rechaza de manera
contundente este órgano de control los argumentos aducidos por el
demandante respecto a una supuesta interpretación errónea del
parágrafo 3 del artículo 97 de la Ley 1474 de 2011”.
(vi) Acerca de la supuesta incompetencia de la contralora delegada
intersectorial para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal:
Recordó que el 12 de julio de 2011 fue promulgada la Ley 1474 de 2011
y en el artículo 128 se creó la Unidad de Investigaciones Especiales,
encargada de adelantar auditorías especiales o investigaciones
relacionadas con hechos de impacto nacional, y que, a través de la
Resolución orgánica nro. 6397 de 2011, el contralor general de la
República determinó el funcionamiento interno de dicha unidad.
Agregó que “el demandante, con el fin de inducir en error al Tribunal,
transcribió únicamente el aparte del artículo 6 de la resolución (…) que
regula una situación diferente a la aquí presentada, mientras que omitió
referirse al aparte de la norma según el cual “si ya se encuentra en curso
un proceso auditor, de indagación preliminar o de responsabilidad fiscal,
el contralor delegado intersectorial a quien corresponde el asunto
desplazará al contralor delegado (…) que venía conociendo del caso”.
-) Sobre las supuestas irregularidades ocurridas en el trámite de la
solicitud de aplazamiento de la audiencia de descargos:
Alegó que esta situación alude a cuestiones ajenas al presente proceso,
puesto que refieren a otro implicado, el señor Juan Carlos Abadía, dado
que no fue formulada por el actor la solicitud de aplazamiento de la
audiencia, por lo que ningún perjuicio pudo haberse generado en su
contra, y en el expediente está acreditado que los presuntos responsables
ejercieron ampliamente su derecho de defensa.
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-) Sobre la supuesta irregularidad consistente en que se concedió en el
efecto diferido el recurso de apelación interpuesto contra el auto que
resolvió las solicitudes de nulidad:
Manifestó que reiteraba lo señalado al contestar los hechos, “respecto de
que la situación relatada por el demandante, según su propio dicho, atañe
a situaciones que no le conciernen a él, pues supuestamente ocurrieron
respecto de otro implicado representado por el doctor Jairo Enrique Bulla
Romero”.
Advirtió que el inciso final del artículo 102 de la Ley 1474 de 2011 no
establece el efecto en que debe concederse el recurso de apelación en
contra del auto que resuelve las solicitudes de nulidades, pues
únicamente lo hace en relación con el auto que decrete medidas
cautelares, que no es el caso.
-) Sobre las supuestas irregularidades en que, afirma la parte actora,
incurrió el fallo de responsabilidad de primera instancia porque:
• Fue expedido sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 48 de la Ley 610 de 2000 porque no se encontraban acreditados
los elementos de la responsabilidad fiscal y no se estableció la cuantía del
proceso, como lo exige la Ley 1474 de 2011, expuso que, “sobre este
punto y con el fin de no hacer demasiado repetitivo este escrito, me
remito a lo expuesto en capítulos anteriores respecto de la acreditación
respecto del actor de los elementos de la responsabilidad fiscal (…)”.
• En cuanto al reproche consistente en no establecer de manera expresa
la cuantía, consideró que dicha circunstancia carece de relevancia jurídica
por cuanto el órgano de control imprimió al trámite la garantía de la doble
instancia y otorgó a los sujetos procesales el recurso de apelación contra
el fallo de responsabilidad fiscal. Agregó que por tales razones “no se
configura el vicio de falsa motivación que, de manera confusa y
antitécnica, invoca el actor en el capítulo de los hechos de la demanda”.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
-Sobre la falta de valoración de las pruebas defensivas aportadas por el
demandante, manifestó que, de la argumentación expuesta en la
demanda, no es posible establecer de manera concreta cuáles fueron las
pruebas determinantes que no tuvo en cuenta en su valoración la
contralora delegada intersectorial y que hayan incidido en el sentido del
fallo, por lo que resultaba evidente que en este caso no se configuraba
una vía de hecho, ni ninguna causal de anulación.
Agregó que “la argumentación del libelista que pretende equiparar la
valoración probatoria que debe darse en los procesos penales a aquella
que debe darse en el proceso de responsabilidad fiscal, so pretexto de la
aplicación del principio de investigación integral no resulta compatible”,
por cuanto los bienes jurídicos enfrentados en uno y otro proceso no son
equivalentes.
-) Sobre las supuestas irregularidades relacionadas con el recurso de
apelación interpuesto contra el fallo de responsabilidad fiscal de primera
instancia:
Explicó que, “en la audiencia de decisión, la señora Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción, al finalizar la lectura el fallo de primera instancia emitido el
20 de febrero de 2012, concedió el uso de la palabra a los apoderados y
una vez interpuestos los recursos de apelación, informó oralmente a los
asistentes a la audiencia pública, conforme a la normatividad procesal que
ritualiza el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal (…) el lugar,
fecha y hora fijada para la celebración de la audiencia pública para
sustentar, ante la Contralora General de la República, los recursos de
apelación interpuestos con anterioridad, la cual se señaló para el día lunes
5 de marzo a las 8:00 de la mañana”.
Agregó que existió providencia proferida de manera oral en la audiencia
de decisión y notificada en estrados, a través de la cual se citó
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oportunamente a audiencia para sustentar los recursos interpuestos, por
lo que la aseveración que hace el demandante es completamente falsa.
En este punto señaló que “la determinación adoptada por el apoderado
del actor de no asistir a la audiencia programada para sustentar el recurso
de apelación, y en cambio, presentar por escrito la sustentación, generó
como es obvio, las consecuencias previstas en el artículo 98 de la Ley
1474 de 2011 que ordena que “… en caso de inasistencia a la sesión en
la que deba sustentarse un recurso, éste se declarará desierto”-
-) Sobre las supuestas irregularidades en el trámite de la recusación
formulada contra la Contralora General de la República:
Explicó que, por auto del 16 de marzo de 2012, la Contralora General de
la República negó la recusación formulada en su contra por algunos de los
sujetos vinculados al proceso, y que para ello se siguió el procedimiento
establecido por el artículo 30 del Decreto 01 de 1984, vigente para la
época de los hechos; y, dentro de la oportunidad prevista en la ley, la
citada funcionaria manifestó en escrito motivado la no aceptación de la
recusación y remitió el expediente al Procurador General de la Nación.
Agregó que, atendiendo los principios de eficacia, celeridad y economía
que hacen parte de la función administrativa, la Procuraduría el mismo
día de su remisión (22 de marzo de 2012), decidió sobre la recusación
confirmando su no procedencia. Destacó que dicha actuación no puede
considerarse per se cómo sospechosa, sino que con ella se realizan los
principios de la actuación administrativa de celeridad y eficacia.
-) Sobre la supuesta ruptura del principio de congruencia entre el auto de
imputación y el fallo de segunda instancia:
Manifestó que, no es cierto que en este caso se haya desconocido el
principio de congruencia, pues tanto en el auto de imputación, como en
los fallos de primera y segunda instancia, se expuso la debida
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argumentación con la cual se demostró que se causó un detrimento
patrimonial a la Industria de Licores del Valle, que el actor era gestor
fiscal y que existía un nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la
conducta por él desplegada.
-) Sobre las supuestas irregularidades en la notificación y ejecutoria del
fallo de segunda instancia:
Advirtió que los supuestos errores sobre el trámite de las notificaciones
del fallo de segunda instancia o sobre la determinación de la fecha de
ejecutoria de dicho acto, aparte de no constituir causal de anulación de
los actos administrativos acusados por ser posteriores al acto, y, por
tanto, no susceptibles de viciarlo de nulidad, no ocurrieron respecto del
actor, sino de los señores Juan Carlos Abadía y Luis Telmo Rojas.
-) Sobre la supuesta irregularidad consistente en haber cesado la acción
fiscal adelantada contra el señor Juan Carlos Rizzeto Luces debido a su
fallecimiento:
Alegó que no es cierto que la decisión de cesar la acción fiscal respecto
del señor Rizzeto haya violado el derecho al debido proceso del
demandante; luego de hacer alusión a lo previsto por el artículo 19 de la
Ley 610 de 2000 y el trámite que debe seguirse en caso de fallecimiento
de un inculpado, precisó que el asunto acá planteado escapa al objeto de
la presente controversia, en la que se debe discutir lo atinente a la validez
de los actos administrativos acusados en cuanto dedujeron
responsabilidad fiscal para el señor Raimundo Tello Benítez, más aún
cuando la responsabilidad fiscal es de carácter personal y cada uno
responde por sus propias conductas.
1.2.1.3. En relación con el cargo de violación del derecho al debido
proceso y del derecho de defensa y contradicción, así como la falla en el
servicio:
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Consideró que carece de fundamento, pues, como quedó demostrado en
el escrito de contestación de la demanda, la Contraloría General de la
República observó durante el trámite de la actuación administrativa las
reglas procesales y extremó las garantías que otorga el ordenamiento
jurídico para el ejercicio del derecho de defensa de los sujetos procesales,
entre ellos, el actor, y que tampoco se advertía la ocurrencia de la alegada
falla en el servicio donde se alegó que incurrió la parte demandada.
Propuso como excepciones la de inepta demanda y falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad previsto por el numeral 2 del artículo 161
del CPACA.
En escrito posterior se refirió a los nuevos cargos invocados en la reforma
de la demanda y, al efecto, expuso:
(i) En cuanto a que la contralora delegada intersectorial era incompetente
para adelantar el proceso verbal de responsabilidad en contra del
demandante:
Señaló que, acorde con el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, en
consonancia con la Resolución orgánica nro. 6397 de 2011 expedida por
el Contralor General de la República, y lo dispuesto en la resolución
reglamentaria nro. 135 de 2011 expedida también por el contralor, los
contralores delegados intersectoriales están facultados para adelantar
integralmente las indagaciones preliminares y los procesos de
responsabilidad fiscal declarados como de impacto nacional, por lo que no
le asistía razón a la parte actora en querer fraccionar la competencia
asignada a los citados funcionarios.
(ii) Irretroactividad del Estatuto Anticorrupción para efectos de aplicar la
solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal:
Argumentó que el actor construyó el cargo sobre el supuesto errado de
que la figura de la responsabilidad solidaria no estaba consagrada en las
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normas vigentes para la fecha en que se inició la investigación fiscal y que
no le asistía razón, dado que el ordenamiento jurídico recogió en el
artículo 2341 del código civil el principio según el cual quien causa daño
a otro debe repararlo.
Insistió en que en varias ocasiones el Consejo de Estado ha utilizado como
criterio de interpretación de la responsabilidad fiscal el desarrollo
normativo y la jurisprudencia6 sobre responsabilidad civil extracontractual
ya que ambos tienen una finalidad resarcitoria.
(iii) Sobre la supuesta irregularidad de “dejar sin efectos los escritos de
objeción y error grave del dictamen pericial presentados por el señor
Doney Ospina”:
Advirtió que dicho asunto escapaba del objeto de la presente controversia,
en la cual se debe discutir lo atinente a la validez de los actos
administrativos acusados en cuanto dedujeron responsabilidad fiscal al
señor Tello Benítez y la irregularidad que aduce el demandante
supuestamente se configuró respecto del implicado Doney Ospina.
Anotó que si, en gracia de discusión, las actuaciones procesales surtidas
en relación con un implicado pudieran extrapolarse para aplicar sus
consecuencias jurídicas a los demás sujetos procesales, los hechos y
circunstancias relatados por el demandante no configuran violación al
debido proceso, pues éste quedó garantizado por las actuaciones que
aparecen documentadas en el expediente, que dan cuenta que el mal
llamado dictamen pericial, que realmente es un informe técnico producido
por un funcionario administrativo en ejercicio de sus competencias, fue
objeto de suficiente contradicción.
6
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación nro. 846 del 29 de julio
de 1996.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
1.2.2. Nación - Ministerio del Interior7
Dicho ente se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como
medio exceptivo la falta de legitimación material en la causa por pasiva,
argumentando que no tenía la representación judicial de la Contraloría
General de la República, ni intervino en el proceso de responsabilidad
fiscal que dio lugar a la expedición de los actos demandados, ni en el fallo
de responsabilidad fiscal objeto de la presente actuación, excepción que
se declaró fundada en la audiencia inicial.
1.2.3. Nación - Ministerio de Justicia8
Igualmente manifestó que se oponía a las pretensiones y formuló como
excepción la falta de legitimación material en la causa por pasiva,
excepción a la que le dio prosperidad en la audiencia inicial y se excluyó
como parte demandada.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 3 de septiembre de 2015, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente9:
3.1. En cuanto al primer cargo de falta de competencia de la
Contraloría General de la República
Consideró que dicho motivo de censura no era de recibo, dado que el
inciso tercero del artículo 267 de la Constitución Política prevé que la
vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control
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Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado
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Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
financiero, de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la
economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.
Añadió que el artículo 26 de la Ley 42 de 1993 dispuso que la Contraloría
General de la República podrá ejercer control posterior en forma
excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio
del control que le corresponde a las contralorías departamentales,
distritales y municipales: a) por solicitud del gobierno departamental,
distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de
la República o de la mitad más uno de las corporaciones públicas
territoriales, y b) por solicitud de la ciudadanía a través de los
mecanismos de participación que establece la ley.
Indicó que el artículo 49 ibidem preceptuó que la Contraloría General de
la República, excepcionalmente y acorde con lo previsto por el artículo 26,
podría ejercer control posterior sobre las cuentas de cualquier entidad
territorial, en concordancia con el artículo 63 de la Ley 610 de 2000, que
dispuso que la Contraloría General de la República tiene competencia
prevalente para adelantar hasta su culminación los procesos de
responsabilidad fiscal que se originen como consecuencia del ejercicio de
la facultad excepcional.
A su vez, que, en la estructura organizacional del Estado Colombiano,
desde el punto de vista del ejercicio de la función administrativa, el
constituyente adoptó un esquema que conjuga tres grandes formas de
organización: de descentralización territorial, de descentralización técnica
funcional o por servicios y la descentralización por colaboración, todos
ellos concebidos bajo un solo sistema de organización política del Estado
de centralización política bajo la forma de República unitaria.
Que, en el caso concreto, como se desprende del proceso de
responsabilidad fiscal y lo manifiesta la parte actora en la demanda, la
Industria de Licores del Valle es una empresa industrial y comercial del
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orden departamental, por lo que hace parte de la estructura
administrativa del departamento del Valle del Cauca.
Concluyó que este cargo de nulidad no estaba llamado a prosperar, ya
que la Contraloría General de la República tenía competencia para ejercer
el control fiscal excepcional sobre la Industria de Licores del Valle, y la
solicitud de control cumplió con el requisito del numeral 3 del artículo 4
de la Resolución nro. 6069 de 2009, ya que se expresó la debida
motivación para sustentar la petición de ejercicio del control fiscal
excepcional por parte de la Contraloría General de la República.
3.2. El segundo cargo de falsa motivación
3.2.1. Respecto de la indebida notificación de los autos dictados dentro
del proceso de responsabilidad fiscal por cuanto se efectuó en la forma
prevista por el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 y no como lo indica el
artículo 104 ibidem.
Después de hacer una relación de cada uno de los autos expedidos
concluyó que la notificación por estado se llevó a cabo en debida forma y
como no se logró la notificación personal se procedió a la notificación por
edicto, en los términos de los artículos 44 y 45 del entonces Código
Contencioso Administrativo.
Añadió que, “(…) en cuanto tiene que ver con los autos relacionados en
los índices viii) a xi) descritos en el literal a) de estas consideraciones, los
que fueron expedidos luego de que se adecuara el proceso de
responsabilidad fiscal al trámite verbal, la Sala observa que el reproche
de la parte actora frente aquellos se centra únicamente en la falencia
formal consistente en que fueron notificados por estado, es decir en parte
alguna del cargo se menciona que esos precisos autos no hayan sido
conocidos por los sujetos procesales, lo que permite inferir que se
notificaron por conducta concluyente, medio de notificación éste último
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completamente válido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104
de la Ley 1474 de 2011”.
Por lo anotado, consideró que la notificación de los autos citados por la
parte actora se efectuó con observancia del trámite de notificación
previsto en la ley.
3.2.2. Acerca del reproche de nulidad referente a que no existe dentro del
proceso de responsabilidad fiscal prueba que demuestre que hubo una
gestión antieconómica o una superación de los estándares de degustación
por parte de la Industria de Licores del Valle, explicó que, como se
desprendía de los actos acusados, los mismos sí establecieron de manera
clara y concreta la conducta censurada y el daño causado al patrimonio
público. Para el efecto citó algunos apartes de lo que se expuso en los
fallos con responsabilidad fiscal de primera y de segunda instancia.
Razonó que lo expuesto permitía asegurar que se encontró probada la
existencia de un daño patrimonial para el Estado, consistente en los
ingresos dejados de percibir por parte de la Industria de Licores del Valle
y por el departamento del Valle del Cauca por concepto del plan de
degustaciones aprobado por su junta directiva que, además, se vieron
material y fiscalmente representados en la disminución de los tributos
generados por la distribución del producto elaborado por la licorera del
departamento.
Adicionalmente, advirtió que, para el análisis y juzgamiento, debía
tenerse en cuenta el artículo 36 del Decreto 01 de 1984, aplicable al
asunto por la fecha de ocurrencia de los hechos y del momento en que se
dio inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad fiscal, que
culminó con los actos cuya legalidad se discute, y que así se trate de
decisiones de carácter discrecional, como lo es la concepción y aprobación
de un plan promocional de ventas y/o de márgenes de degustación de
productos exentos de tributación elaborados por una empresa industrial
y comercial del Estado, debían ser adecuadas a los fines de las normas
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que las autorizan y proporcionales a los hechos que les sirven de
fundamento, por lo que el ejercicio de una competencia discrecional nunca
podía ser, en la concepción del Estado de derecho, arbitraria o caprichosa,
ni tampoco ajena o exenta de control por parte de las respectivas
autoridades estatales.
Anotó que la valoración que hizo el órgano de control fiscal resultaba
razonable y soportada probatoriamente, en la medida en que los
márgenes o porcentajes del programa de degustación de los productos
adoptados por la junta directiva de la empresa no fueron adecuados, ni
mucho menos proporcionales a la relación costo beneficio de los objetivos
buscados, al punto que los índices o niveles de ventas ni siquiera
incrementaron y, por el contrario, en los últimos dos años del plan casi
que permanecieron iguales a los registrados a los años anteriores en los
que los márgenes de degustación eran notoriamente inferiores, cuyas
cifras y ponderación analizó adecuadamente la contraloría en el curso de
la investigación y en los actos administrativos que la concluyeron.
3.2.3. De otro lado, consideró que tampoco le asistía razón al demandante
cuando pretendía justificar su conducta funcional en la aplicación de la
ordenanza departamental nro. 301 de 2009, pues si bien estaba vigente
para la época de los hechos, lo cierto es que tal acto se limitó a autorizar
la exención tributaria, pero que ni dicha norma ni ninguna otra fijó o
determinó los porcentajes o número de unidades de los productos que
podían ser destinados para esas específicas finalidades; por lo tanto, la
determinación de ese quantum le correspondía a la junta directiva, bajo
los principios de razonabilidad, proporcionalidad y eficacia.
3.2.4. En cuanto a lo argumentado por la parte actora en el sentido que:
(i) los delegados del gobernador no ocasionaron con su conducta daño
patrimonial alguno, y que su actuar se sujetó a los preceptos de la Ley
489 de 1998, (ii) no existía un nexo de causalidad con el daño patrimonial
predicado en los actos cuya legalidad se discute, (iii) ninguno de los
miembros de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle tenía a
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su cargo la gestión fiscal de las finanzas de la empresa por lo que se
confundió la dirección y manejo de la actividad contractual con la función
de dirección social y administrativa que tenía a cargo la junta directiva, y
(iv) en el caso de la Industria de Licores del Valle la aprobación y
modificación mediante resolución de los presupuestos de ingresos y
gastos corresponde al CONFIS, manifestó que estos reproches tampoco
prosperaban, por lo siguiente:
-) Lo discutido es la legalidad de un fallo con responsabilidad fiscal
proferido por la Contraloría General de la República en contra del
demandante, por lo que lo que debía verificarse era que estuvieran
reunidos los elementos de la responsabilidad; y estaban demostrados,
pues se acreditaron los hechos, el daño patrimonial y el nexo causal.
-) Dentro de las funciones asignadas al demandante en calidad de
miembro de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, según
el Decreto 1041 de 1982, estatuto orgánico de la entidad y el acuerdo
026 de 1994, a la junta directiva, órgano al que pertenecía el
demandante, le correspondía aprobar los planes y programas para el
desarrollo de la Industria de Licores del Valle, por lo que debió emplear
toda su diligencia para verificar que se ajustaran a las políticas de la
entidad; no obstante, la contraloría encontró que el demandante no
cumplió dichos deberes.
Consideró que no era de recibo el argumento de la parte actora al afirmar
que los miembros de la junta directiva no ejercen gestión fiscal, ya que,
como se dijo, debían aprobar los planes y programas para el desarrollo
de la empresa.
Agregó que, si bien el numeral 5 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993
establece que la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad
contractual y de los procesos de selección será del jefe o representante
legal de la entidad, ello no significa que los miembros de estos órganos
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no incurran en responsabilidad cuando omitan desempeñar sus funciones
relacionadas con el funcionamiento de la entidad.
-) Adujo que tampoco era acertado el argumento del actor según el cual
las juntas directivas de las empresas industriales y comerciales del Estado
no intervienen en la elaboración y ejecución de su presupuesto, toda vez
que el literal K) del artículo 17 del acuerdo nro. 026 de 1994, expedido
por la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, estableció como
una de sus funciones la de “aprobar los acuerdos, traslados, adiciones que
se originen con cargo a los recursos propios de la industria de conformidad
con las disposiciones legales emitidas por la secretaría de hacienda”.
-) También indicó que, como se desprendía del fallo con responsabilidad
fiscal, estaba probado que el demandante asistió a las respectivas juntas
directivas, lo que lo hacía responsable fiscalmente, pues sí participó en la
fijación y aprobación de las decisiones que dieron lugar al detrimento
patrimonial de la Industria de Licores del Valle y del departamento.
Resaltó que la conducta censurada al actor es que, en calidad de miembro
de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, consintió en la
aprobación, modificación y ampliación de los planes promocionales de las
vigencias 2008, 2009 y 2010 en función del contrato de distribución y
comercialización celebrado con la unión temporal comercializadora
logística integral S.A.
-) En este cargo mencionó que, con las pruebas allegadas, se acreditaba
su actuación con culpa grave como gestor fiscal, lo que no fue
desvirtuado.
3.3. Frente al tercer cargo de violación del debido proceso y del
derecho de defensa y contradicción
Recordó que la parte actora manifestó que el proceso de responsabilidad
fiscal se desarrolló sin el lleno de los requisitos legales, al margen de los
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principios del debido proceso y del derecho de defensa; no se estimó la
cuantía de la entidad afectada con lo cual se vulneraron normas
constitucionales, legales y convenios internacionales, toda vez que el ente
de control debía advertir a los implicados acerca de cada uno de los
elementos procesales y sustanciales para el ejercicio pleno de su defensa,
como de aquellos relacionados con la interposición de recursos.
El tribunal de instancia explicó que, como lo había señalado en el cargo
anterior, de la lectura de los actos acusados se extraía que el ente de
control sí tuvo en cuenta todos los elementos de la responsabilidad fiscal
para establecer la conducta de la parte actora.
En lo referente a la determinación de la cuantía, estimó que, tanto en los
autos de apertura e imputación como en los fallos de primera y segunda
instancia, contrario a lo manifestado por la parte actora, la entidad
demandada sí estableció la cuantía del daño patrimonial al Estado.
Razonó que, desde el principio, en el proceso de responsabilidad fiscal se
fijó la cuantía del daño patrimonial en aplicación del artículo 110 de la Ley
1474 de 2011 para determinar que era un asunto de doble instancia,
reflejado en el fallo con responsabilidad fiscal.
3.4. Lo que denominó “otras consideraciones jurídicas y reproches
expuestos en los hechos de la demanda relativos a la violación del
debido proceso”
Aseguró que la parte actora en los hechos de la demanda había expuesto
otros motivos de censura contra los actos acusados que analizó así:
3.4.1. En cuanto a que, previo al inicio del proceso de responsabilidad
fiscal, se debía levantar el fenecimiento de las cuentas correspondientes
a las vigencias fiscales de los años 2008 y 2009 hecho por la contraloría
departamental del Valle, es decir, debieron revocarse tales fenecimientos,
consideró que este argumento no era de recibo, ya que el artículo 17 de
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la Ley 42 de 1993 en parte alguna estableció que el fenecimiento deba
ser revocado como requisito de procedibilidad para iniciar el proceso de
responsabilidad fiscal, pues es la misma ley la que autoriza que, ante
nuevas pruebas, se proceda a su levantamiento sin necesidad de
revocatoria.
3.4.2. Argumentó que tampoco resultaba válido lo manifestado por el
demandante acerca de que la contraloría debía seguir el proceso de
responsabilidad fiscal regulado por la Ley 610 de 2000 y no adecuar el
trámite al procedimiento verbal, puesto que el parágrafo 3 del artículo 97
estableció un régimen de transición para aquellas situaciones y procesos
iniciados con anterioridad a su vigencia, parágrafo que fue declarado
exequible por la Corte Constitucional en sentencia C- 512 de 2013.
3.4.3. Que el actor también argumentó que el auto de imputación de
cargos no cumplía con los requisitos establecidos en el numeral 3 del
artículo 48 de la Ley 610 de 2000, en tanto no se acreditaron los
elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal.
Sobre el particular advirtió que, como se desprende de la simple lectura
del auto de imputación de cargos, sí se acreditaron los elementos
constitutivos de la responsabilidad fiscal referentes al daño patrimonial
del Estado, la conducta dolosa o gravemente culposa de los gestores
fiscales y el nexo de causalidad entre la conducta y el daño, y que,
contrario a lo sostenido por la parte actora, sí se determinó la cuantía del
daño al patrimonio del Estado.
3.4.4. Que el actor insistía en que no asistió a las juntas en las cuales
supuestamente se concretó el daño patrimonial. En este punto, reiteraba
lo expuesto en el análisis del segundo cargo, puesto que estaba
demostrado que el demandante sí participó en la suscripción y ejecución
de las actas de la junta directiva que dieron origen al detrimento.
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Que era claro que los miembros de la junta directiva de la que hizo parte
el actor como representante personal sí realizaron gestión fiscal, y que se
evidenció una conducta gravemente culposa en la aprobación de un plan
promocional dañino para el patrimonio de la Industria de Licores del Valle
y del departamento del Valle del Cauca.
3.4.5. En cuanto a la negativa de aplazamiento de la diligencia de
descargos del gobernador, manifestó que dicho cargo no prosperaba
porque el proceso de responsabilidad fiscal se adecuó al trámite de
proceso verbal, según lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley 1474 de
2011, y en el auto de imputación se fijó fecha para la audiencia verbal de
descargos, auto contra el cual no procedía recurso alguno, por lo que, por
sustracción de materia, el auto que niega una solicitud de aplazamiento
era de trámite y contra el mismo no procedía recurso alguno.
3.4.6. Anotó que tampoco tenía prosperidad el cuestionamiento del
demandante según el cual el auto de imputación de cargos proferido en
la audiencia celebrada el 26 de enero de 2012 estaba viciado de nulidad
por ausencia de competencia funcional de la contralora para seguir
adelantando el trámite, y para ello precisó que la audiencia celebrada en
dicha fecha no tuvo como finalidad imputar cargos sino realizar la
audiencia de descargos, por lo que la parte partía de un razonamiento
errado, en tanto consideraba que estaba pendiente por resolver una
solicitud de nulidad.
3.4.7. Que la parte actora reclamó que en el fallo con responsabilidad
fiscal de primera instancia no hubo pronunciamiento respecto de las
pruebas relacionadas con los fenecimientos de las cuentas de la Industria
de Licores del Valle y que era necesario su levantamiento para iniciar el
proceso de responsabilidad fiscal.
Puso de presente que, en los actos acusados, sí se valoraron todas las
pruebas allegadas al proceso de responsabilidad fiscal, como se
desprende del análisis efectuado al resolver el segundo cargo de la
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demanda; y, en lo que tiene que ver con el fenecimiento de las cuentas,
reiteró que el artículo 17 de la Ley 42 de 1993 permite ante nuevas
pruebas proceder al levantamiento el fenecimiento sin necesidad de un
acto de revocatoria.
3.4.8. En cuanto al cuestionamiento de la parte actora en que el 5 de
marzo de 2012, sin mediar auto que concediera los recursos y sin
providencia que citara a las partes, se instaló la audiencia de sustentación
de los recursos, advirtió que, frente al trámite de los recursos, el artículo
101 de la Ley 1474 de 2011 no estableció que la sustentación sea escrita,
por lo que, atendiendo a la naturaleza del proceso verbal de
responsabilidad fiscal, era claro que el recurso debía sustentarse
verbalmente en la audiencia convocada para ello.
3.4.9. Acerca del reproche consistente en que, con ocasión del recurso de
apelación interpuesto por varios investigados contra el fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia, se recusó a la Contralora
General de la República por prejuzgar y conceptuar sobre el asunto, pero
el auto que resolvió la recusación no surtió el trámite legal, dado que, sin
estar ejecutoriado, se remitió el expediente al Procurador General de la
Nación para que se pronunciara, que tampoco se percató de lo sucedido,
consideró que, si hubo alguna irregularidad, no tenía el alcance de viciar
la actuación.
3.4.10. En cuanto a lo dicho por la parte actora en el sentido que no se
citó y emplazó a los herederos y a los terceros interesados por la muerte
de uno de los investigados, que este cargo tampoco estaba llamado a
prosperar, atendiendo lo previsto por el artículo 19 de la Ley 610 de 2000.
Agregó que, en gracia de discusión, de presentarse dentro del proceso de
responsabilidad fiscal la irregularidad anotada, nada tenía que ver ni
comprendía los derechos del aquí demandante y la supuesta nulidad debía
ser alegada por los propios afectados.
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3.4.11. Respecto del argumento de que la unidad de investigaciones
especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República
no tenía competencia para adelantar la investigación fiscal en contra del
demandante atendiendo lo establecido por el artículo 128 de la Ley 1474
de 2011 y que la unidad lo adelantó al mismo tiempo:
Analizó que, partiendo de lo expuesto precisamente en dicho artículo, así
como de la Resolución orgánica nro. 6397 de 2011 y la Resolución
reglamentaria nro. 135 de 2011 expedida por la Contralora General de la
República, los contralores delegados sí estaban facultados para adelantar
integralmente las indagaciones preliminares y los procesos de
responsabilidad fiscal en primera y única instancia que fueran declarados
de impacto nacional.
Agregó que tampoco era de recibo el argumento consistente en que el
contralor intersectorial no tenía competencia para practicar pruebas y
presidir la audiencia de descargos.
3.4.12. Entre los reproches analizados también expuso que la parte actora
adujo que no había lugar a fallar con responsabilidad solidaria como lo
hizo la segunda instancia, ni a aplicar de manera retroactiva la Ley 1474
de 2011 que la reguló.
Al respecto afirmó que no se advertía que se hubiera aplicado de manera
retroactiva la Ley 1474 de 2011, ya que el artículo 97 de la misma ley
estableció un régimen de transición para aquellas actuaciones y procesos
iniciados con anterioridad a su vigencia.
Que, en ese marco, en el asunto objeto de juzgamiento, la contralora
delegada intersectorial adecuó el trámite del proceso de responsabilidad
fiscal al procedimiento verbal regulado en el estatuto anticorrupción, que
reguló, entre otros aspectos, la responsabilidad solidaria. Aunado a que,
en el fallo de segunda instancia, se dio aplicación a la responsabilidad
solidaria con fundamento en el artículo 2344 del código civil.
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IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, la parte actora interpuso recurso
de apelación y, en sustento de ello, luego de citar algunos apartes de la
decisión de primera instancia, aseguró lo siguiente10:
4.1. En relación con el cargo de nulidad por falta de competencia
de la Contraloría General de la República
-) “La Industria de Licores del Valle es un ente descentralizado del orden
territorial al cual no le aplica el control excepcional de la Contraloría
General tal como lo sostuvo el Consejo de Estado”
Arguyó que, atendiendo lo previsto por los artículos 68, 69 y 85 de la Ley
489 de 1998, la Ley 42 de 1993 y la Resolución orgánica nro. 6069 de
2009 y 05068 de 2000, así como lo señalado por el Consejo de Estado en
sentencia del 27 de mayo de 201011, son sujetos de control fiscal
excepcional únicamente las entidades de orden territorial; por lo tanto, la
Industria de Licores del Valle no era sujeto para el ejercicio de control
fiscal excepcional por parte de la Contraloría General de la República.
-) “No se cumplieron los requisitos de ley en la solicitud de control
excepcional elevada por la Gobernación del Valle”
Expuso que los requisitos para elevar una solicitud de control excepcional
están previstos en el artículo 4 numeral 3 de la Resolución Orgánica nro.
6069 de 2009 y que la petición del señor Francisco José Lourido Muñoz
en calidad de gobernador el Valle del Cauca, en el que solicitó el control
excepcional no atendió lo señalado en dicha disposición.
10
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
11
Expediente radicación nro. 11001 03 24 000 2003 00053 01.
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Que también se desconocieron los postulados contenidos en la citada
resolución al admitirse la solicitud y los presupuestos legales establecidos
en la Ley 42 de 1993, al darle la connotación de entidad territorial a una
empresa industrial y comercial del Estado.
Alegó que la Contraloría, al expedir los actos mediante los cuales admitió
el control excepcional que no cumplía los requisitos de orden legal y
jurisprudencial, violó el derecho fundamental al debido proceso y el
principio de legalidad frente al juez natural, así como también se produjo
el vicio de nulidad por el factor subjetivo de competencia. Insistió en que,
ni el oficio del despacho del gobernador, ni el auto por medio del cual se
admitió y comisionó el control excepcional a la Industria de Licores del
Valle, estuvieron debidamente motivados.
4.2. Respecto del segundo cargo de vicio de nulidad por falsa
motivación de los actos acusados – trámite irregular del proceso
de responsabilidad fiscal
-) Reiteró que del acervo probatorio obrante en el expediente se
desprende que se dio una aplicación irregular del trámite verbal en el
proceso de responsabilidad fiscal al expedirse el auto nro. 00032 el 18 de
enero de 2011, en el que se solicitó dar inicio a la diligencia de indagación
preliminar.
Que se probó que la Contraloría General de la República, sin ser juez
natural del asunto, en particular debido a la carencia de competencia para
avocar la facultad de control excepcional sobre la Industria de Licores,
que es una EICE y no una entidad territorial, profirió el auto que aceptó
el control excepcional, el auto que ordenó el inicio de la indagación
preliminar, el auto que ordenó abrir el proceso de responsabilidad fiscal,
el auto que imputó responsabilidad fiscal, el auto que declaró el proceso
de impacto nacional y el fallo de segunda instancia del proceso de
responsabilidad fiscal.
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-) También adujo que, por auto nro. 006-2011 del 21 de octubre de 2011,
la Contralora General de la República declaró de impacto nacional los
hechos relacionados con las presuntas irregularidades en el Contrato nro.
2008 0035 suscrito entre la Licorera del Valle y la Unión Temporal
Comercializadora Logística Integral S.A., con base en el artículo 128 de la
Ley 1474 de 2011; y a su vez, determinó que el procedimiento a seguir
en el proceso de responsabilidad fiscal era el verbal, en razón a lo
mencionado en la Resolución Orgánica nro. 6397 de octubre 12 de 2011,
sin tener en cuenta que, cuando se declararon de impacto Nacional los
hechos irregulares, el proceso de responsabilidad fiscal nro. 6-007-11 ya
se encontraba abierto.
Con base en lo anterior consideró que la Contraloría debía seguir con el
trámite ordinario de responsabilidad fiscal regulado por la Ley 610 de
2000 “(…) y no como caprichosamente lo hizo, que adecuó los trámites al
procedimiento verbal regulado por el artículo 97 y siguientes de la Ley
1474 de 2011, pues no se cumplían con los presupuestos necesarios para
darle aplicación a este artículo”.
Alegó que, estando el proceso abierto, el 12 de julio de 2011 se promulgó
y publicó en el diario oficial la Ley 1474 de 2011, ley que, además de
hacer una serie de modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal,
creó dentro de la estructura orgánica de la Contraloría General de la
República la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción,
adscrita al despacho del Contralor General de la República, cuya función
especial es adelantar auditorías especiales o investigaciones relacionadas
con hechos de impacto nacional.
Expuso que la Resolución orgánica nro. 6397 de 2011 determinó el
funcionamiento interno de la Unidad de Investigaciones Especiales contra
la Corrupción y reguló la competencia para conocer de los hechos
declarados como de impacto nacional, estableciendo en el artículo 6: “(…)
cuando sobre un hecho determinado como de impacto nacional no se haya
adelantado ningún proceso auditor, indagación preliminar o proceso de
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responsabilidad fiscal, el Contralor Delegado Intersectorial a quien
corresponda el conocimiento del asunto podrá dar inicio de inmediato a
un proceso auditor, a una indagación preliminar o a la apertura de un
proceso de responsabilidad fiscal”. Y que en el artículo 8 dispuso que “(…)
en los casos asignados a la Unidad de Investigaciones Especiales contra
la Corrupción, en los que se encuentren los elementos constitutivos de
responsabilidad fiscal en los cuales exista mérito, se procederá de
inmediato a proferir auto de apertura e imputación y el proceso de
responsabilidad fiscal se tramitará por el procedimiento verbal, conforme
con lo previsto en los artículos 97 a 105 de la Ley 1474 de 2011”.
Que, según los artículos transcritos, a pesar de haberse declarado de
impacto nacional un hecho sobre el cual ya se había adelantado un
proceso auditor o una indagación preliminar, éste no podía adelantarlo la
Contraloría General.
-) “Irretroactividad del estatuto anticorrupción para efectos de aplicar la
solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal”
Adujo que la Ley 1474 de 2011 entró en vigor el 12 de julio de 2012, de
conformidad con lo establecido por el artículo 135, y el 7 de abril de 2011
se profirió el auto por medio del cual se dio apertura al proceso, motivo
por el que la Contraloría General de la República no podía aplicar de
manera retroactiva dicha disposición.
Que el artículo 135 de la Ley 1474 de 2011 dispuso que ésta regía a partir
de su expedición, por lo que, si el auto de apertura se dictó antes de la
vigencia de dicha ley, es decir, antes del 12 de julio de 2011, la nueva
modalidad de responsabilidad que creó el artículo 19 referido no podía ser
aplicada en el proceso de responsabilidad fiscal controvertido, so pena de
violentar el principio de irretroactividad de la ley.
-) “Consideraciones del despacho frente a los estándares de degustación”
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Aseguró que el tribunal de instancia se limitó a repetir los argumentos
expuestos por la Contraloría sin hacer intervención propia y que éstos
carecían de sustento legal y probatorio.
Insistió en que, si la Contraloría emitió un control de advertencia
partiendo de la base de que se habían superado los estándares de
degustación que tradicionalmente a nivel nacional e internacional se
manejaban, es porque efectuó un estudio previo mínimo que le permitiera
llegar a dicha conclusión.
Alegó que en el fallo con responsabilidad fiscal o en el auto de imputación
no hay un estudio de mercado que sustente la superación de los
estándares de degustación por parte de la Industria de Licores del Valle y
que no existe dentro del proceso de responsabilidad fiscal ninguna prueba
o actuación procesal que demuestre que efectivamente existió una
gestión antieconómica o una superación de los estándares de degustación
por parte de esta.
Añadió que, si bien es cierto, la Contraloría no tiene a su cargo el
establecimiento de estándares de cantidades para la degustación de
productos relacionados con el licor, también lo es que, para efectos de
asumir una postura frente al tema de la superación de los estándares
nacionales e internacionales, debió tener algún referente.
Expuso que, si la Contraloría emitió un control de advertencia partiendo
de la base de que se superaron los estándares de degustación que
tradicionalmente a nivel nacional e internacional se manejan, es porque
efectuó un estudio previo mínimo que le permitiera llegar a dicha
conclusión; sin embargo, mediante respuesta a un derecho de petición,
la Contralora arguyó que no le era posible emitir la información requerida
por cuanto dichos estándares los señala directamente el mercado y que
además no existe una entidad encargada de fijarlos.
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-) “Consideraciones del despacho frente a la presunción de legalidad de
la Ordenanza 301 de 2009”
Adujo que “la Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental se
encontraba vigente para la época de los hechos y por lo tanto gozaba de
presunción de legalidad. Las supuestas irregularidades del contrato y sus
modificaciones tienen que ver entre otras con la fijación de una política
de promociones obsequiando unidades de degustación, las cuales se
encontrabas exentas del pago de impuestos al Departamento del Valle del
Cauca, según la mentada Ordenanza, que como se probó en el proceso,
está aún vigente, pero según la Contralora, basa sus fallos en que se
superan estos estándares internacionales”.
Añadió que “los supuestos estándares internacionales en los que
supuestamente se basó la señora Contralora General de la República
Sandra Morelli para sancionar a mi cliente, solo existen en la mente de la
funcionaria, porque nadie los conoce y en el fallo ni siquiera los desarrolla.
Entonces ¿Cómo es posible que unos parámetros internacionales de
degustación sirvan de base para producir un fallo de responsabilidad
fiscal, desconociendo un acto administrativo, como lo es la Ordenanza
301 de 2009 de la Asamblea Departamental, que como se probó en el
proceso se encontraba vigente y gozaba de la presunción de legalidad,
según nuestro ordenamiento jurídico?”.
-) “Consideraciones del despacho frente a la asistencia a juntas directivas
– gestor fiscal – elementos de la responsabilidad fiscal”
Señaló que, contrario a lo argüido en la providencia cuestionada, los
miembros de junta no son gestores fiscales.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Alegó que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado12, el gestor
fiscal comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas
como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o
capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico
económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines
esenciales del Estado, escenario dentro del cual discurren, entre otros, el
ordenador del gasto, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista,
el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja
menor, y los particulares que tengan capacidad decisoria frente a los
fondos o bienes del erario público puestos a su cargo.
Que, en el caso concreto, el señor Raimundo Antonio Tello B. actuaba
para la época de los hechos como delegado del gobernador, más no como
ordenador del gasto o gestor fiscal, y que en el proceso se logró demostrar
que éste no asistió a las juntas en las cuales supuestamente se concretó
el daño patrimonial a la empresa, por lo que, ni el gobernador, ni mucho
menos sus delegados, actuaban en la junta como ordenadores del gasto.
En cuanto al nexo causal, aseveró que en el presente proceso no existe
un nexo entre los miembros de la junta directiva y el daño, ni con su
proceder ocasionaron un detrimento patrimonial a la Industria de Licores
del Valle, por lo que el mismo no se configura.
Alegó que “no se logró establecer en el auto de imputación de cargos cual
fue la conducta por medio de la cual se ocasionó el daño patrimonial a la
Industria de Licores del Valle, omitió la contralora especificar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló dicha
conducta en cada una de las reuniones en las que supuestamente se
concretó el daño”.
12
Para el efecto hizo la siguiente cita: “Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera Consejera Ponente: Dra. María Claudia Rojas Lasso,
Sentencia 2002-00444 de abril 29 de 2010, Expedientes acumulados: 11001-03-24-
000-2002-00444-01 y 11001-03-24-000-2004-00192-01”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Anotó que el señor Tello ni siquiera asistió a las juntas directivas de la
Industria de Licores del Valle, por lo que no se estableció cuál fue la
conducta que ocasionó el daño patrimonial a la Industria de Licores del
Valle.
4.3. En relación con el tercer cargo, vulneración del debido
proceso, del derecho de defensa y contradicción y la falla del
servicio
Luego de mencionar cómo ha sido entendido el principio de contradicción
y el derecho de defensa, así como aludir a la falla en el servicio que tiene
su fundamento en el artículo 90 constitucional, manifestó que “están
probados los perjuicios causados a mi poderdante y su familia, que han
sido y siguen siendo afectados por la situación acontecida con la
investigación fiscal, habiendo sido objeto de señalamientos sociales,
además de todos los perjuicios económicos causados”.
Agregó que, “(…) como se puede observar con el análisis realizado de lo
que significa el debido proceso y la falla en el servicio, queda demostrado
que la Contraloría General de la República, con la conducta desarrollada
en el precitado proceso, el cual se desarrolló sin el lleno de los requisitos
legales y al margen de los principios del debido proceso y derecho a la
defensa, tal como se evidenció en el auto de apertura de investigación, el
de imputación de cargos del 14 de diciembre de 2011 y el fallo de primera
y segunda instancia en los cuales no se estimó la cuantía de la entidad
afectada, vulneraron las normas constitucionales y legales descritas,
además de los convenios internacionales citados, puesto que el ente de
control debía advertir a los implicados acerca de cada uno de los
elementos procesales y sustanciales para el ejercicio pleno de su defensa
como de aquellos relacionados con la interposición de recursos contra el
fallo de primera instancia, que por supuesto debía estar precedido de la
cuantificación del presupuesto anual de la entidad (…)”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Relató nuevamente las irregularidades en que consideró se incurrieron
durante el proceso de responsabilidad fiscal que dieron como resultado la
expedición de los actos administrativos acusados:
(i) En relación con el fallo de primera instancia
Manifestó que dicho fallo no cumple con los requisitos formales o
elementos mínimos constitutivos de la responsabilidad fiscal, referido a
aspectos como la cuantía, elemento que constituye el sustento para la
procedencia de los recursos conforme al inciso 4 del artículo 102 de la Ley
1474 de 2011, que se desconocieron las formas de propias de cada juicio
y se violó el debido proceso, que no se valoraron las pruebas aportadas
al proceso de responsabilidad fiscal, como los fenecimientos de las
cuentas, que se desconoció la apreciación de las pruebas en conjunto, la
argumentación jurídica relacionada con que la Industria de Licores del
Valle no está adscrita al despacho del gobernador y el principio de
investigación integral.
Alegó que se probó que, luego de interpuesto el recurso de apelación
contra el fallo de responsabilidad fiscal de primera instancia, no se tuvo
en cuenta que el mismo podía ser sustentado dentro de los 10 días
siguientes, conforme con el artículo 101 de la Ley 1474 de 2011; que la
audiencia de sustentación fue instalada de manera irregular el 5 de marzo
de 2012.
Reiteró, las vías de hecho del fallo de primera instancia; la omisión de
valoración de las pruebas defensivas; el desconocimiento del principio de
investigación integral, que no se levantó el fenecimiento de las cuentas
como lo ordena el artículo 17 de la Ley 42 de 1993; el acto administrativo
de fenecimiento que gozaba de presunción de legalidad.
(ii) Hechos irregulares relacionados con el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Manifestó que el 20 de febrero de 2012, en la audiencia de lectura de fallo
de primera instancia, el apoderado del señor Raimundo Antonio Tello
Benítez interpuso oralmente recurso de apelación el cual debía ser
sustentado dentro de los 10 días siguientes, conforme lo establece el
artículo 101 de la Ley 1474 de 2011; no obstante, el 5 de marzo de 2012,
sin mediar auto por medio del cual la contralora intersectorial concediera
los recursos y sin proferirse una providencia que citara a las partes y sus
defensores, la contralora instaló la audiencia de sustentación de recursos.
Advirtió que “es importante reiterar que esa sustentación oral además de
improcedente no fue informada en el proceso oral, ni en estados o
cualquier otra forma procesal de notificar a los sujetos procesales como
así lo exige el artículo 112 de la Ley 1474 de 2011”.
Aseguró que, el 5 de marzo de 2012, el apoderado del señor Raimundo
Antonio Tello Benítez, encontrándose dentro del término legal, presentó
recurso de apelación, y para su sorpresa, mediante fallo de segunda
instancia, proferido el 23 de marzo de 2012, la Contralora General de la
República lo tuvo por no presentado, con lo cual no estaría agotando la
vía gubernativa, ni podría acceder a la justicia contenciosa administrativa.
Señaló que, “(…) en gracia de discusión, si existiera la obligación de
sustentar oralmente el recurso de apelación, es la señora contralora quien
estaba en la obligación de proferir auto por medio del cual se disponía a
fijar fecha (sic) hora de la diligencia con el fin de citar a todos los sujetos
procesales, evento que a todas luces no se dio, impidiendo con esto el
ejercicio efectivo del derecho de contradicción de las partes interesadas”.
(iii) Frente al fallo de segunda instancia, manifestó que en el mismo se
presentaron las siguientes irregularidades:
• Reiteró que en el fallo proferido por la Contralora General de la República
no se tuvo en cuenta el recurso de apelación que interpuso en oportunidad
conforme a lo previsto por los artículos 101 y 102 de la Ley 1474 de 2011.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Añadió que, “si se revisa detenidamente la Ley 1474 de 2011, tal vez por
vacío del legislador, nada se dijo sobre el trámite de la sustentación del
recurso de apelación interpuesto contra el fallo de responsabilidad fiscal
proferido en la audiencia de decisión sin embargo, de la interpretación
realizada al literal D del artículo 101 del mencionado estatuto se puede
establecer, sin necesidad de elucubración alguna, que la sustentación a la
que se refiere el legislador, es una sustentación cuya exigencia no es
oral”.
Dentro de lo señalado también se destaca el argumento según el cual, la
Ley 610, en el artículo 55, indica que la providencia que decida el proceso
de responsabilidad fiscal se notificará en la forma y términos que
establece el código contencioso administrativo y contra ella proceden los
recursos allí señalados, interpuestos y debidamente sustentados por
quienes tengan interés jurídico ante los funcionarios competentes, por lo
que, ante la carencia de normas especiales y por expresa remisión del
artículo 66 de la Ley 610 de 2000, se debe dar aplicación en lo no regulado
al trámite previsto por el código contencioso administrativo para la
apelación de sentencias; y que, según el artículo 67 de la Ley 1395 de
2010, era ante la contralora delegada intersectorial ante quien se debía
sustentar el recurso de apelación de forma escrita y dentro de los 10 días
siguientes al fallo de responsabilidad fiscal.
No obstante, “como todas las demás actuaciones irregulares acometidas
en el proceso de responsabilidad fiscal, con el afán de dejar ejecutoriada
la decisión que pone fin al proceso, el 5 de marzo de 2012, la contralora
Sandra Morelli fue quien presidió la audiencia pública a través de la cual
pretendió conocer de manera directa de las sustentaciones a los recursos
presentados por los apoderados de los sujetos procesales desconociendo
con esto nuevamente el debido proceso por la falta de competencia
funcional y el desconocimiento de las formas propias de cada juicio,
reiterando su conducta lesiva con el fallo de segunda instancia a través
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
del cual se resuelve no tener en cuenta las apelaciones presentadas por
apoderados de varios sujetos procesales incluyendo la de mi poderdante”.
-También manifestó que el fallo de segunda instancia carece de
congruencia pues no existe armonía entre el auto de imputación de cargos
y la sanción finalmente impuesta:
En este punto aseguró que, en el caso concreto, no se cumplen los
requisitos del examen de tipicidad subjetiva y objetiva para establecer la
existencia de responsabilidad fiscal por parte de la junta directiva.
Se preguntó, ¿cómo la contralora puede en sus fallos, responsabilizar
fiscalmente a los delegados del gobernador del Valle en la junta directiva
de la Industria de Licores del Valle, cuando el núcleo básico de la conducta
imputada, que comprende todos los elementos constitutivos del auto de
imputación y la responsabilidad fiscal no se encuentran acreditados?
Aseguró que en el presente caso tanto el juicio imperativo, como el juicio
atributivo, fueron indebidamente manejados en el auto de imputación de
cargos, pues los hechos expuestos por el ente de control no asignan una
consecuencia jurídica a los miembros delegados de la junta directiva de
la Industria de Licores del Valle, toda vez que la misma norma establece
las funciones de la junta directiva y los límites de la delegación del
gobernador en una empresa industrial y comercial del Estado que por no
encontrarse adscrita al despacho del gobernador tiene su propia
autonomía administrativa y sus propios estatutos.
-Ruptura del principio de congruencia ante la ausencia de los requisitos
del auto de imputación de cargos:
Manifestó que el ente de control, al proferir el auto de imputación de
cargos, relacionó de manera general una serie de irregularidades “con
ocasión del proceso de contratación de distribución no. 2008-0035
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
celebrado entre la industria de licores del Valle y la unión temporal
Comercializadora Logística Integral S.A.”.
Pero que, sin embargo, las juntas directivas no tienen dentro de sus
funciones aquellas relacionadas con aspectos contractuales, por lo que “el
nexo causal como elemento de la responsabilidad fiscal se desvanecería,
para el caso de los miembros de la junta y por tanto el auto de imputación
quedaría desvalido de uno de los requisitos del mismo, cual es la
acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal”.
Insistió en que el ente de control, en el auto de imputación de cargos,
omitió indicar de manera detallada cuáles fueron las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las cuáles se ejerció una supuesta gestión fiscal
“por parte de mi poderdante o sus delgados y que generó el daño
patrimonial”, y que la calificación de la conducta parte de premisas
erradas e infundadas relacionadas con una serie de funciones que no son
atribuibles al señor Raimundo Tello.
• “De las pruebas obrantes en el proceso, mismas que no fueron tenidas
en cuenta por el despacho al momento de emitir la sentencia que hoy se
recurre”:
En este punto sostuvo que, “(…) surtido en debida y legal forma todas las
etapas procesales contenidas en la Ley 1437 de 2011, aplicable a este
asunto particular, fueron decretadas las pruebas solicitadas por la parte
demandante, atinentes a las documentales solicitadas, las cuales sirven
de soporte a los argumentos de defensa de mi mandante, sin embargo,
el despacho no les dio la validez y la importancia que les amerita”. Agregó
que “constan en el expediente las pruebas documentales solicitadas y que
son las correspondientes a la copia de todo el expediente de
responsabilidad fiscal con radicación número 6-007-11, las grabaciones
magnetofónicas en las cuales constan el procedimiento verbal surtido, así
como los estados y edictos respectivos por medio de los cuales fueron
realizadas las diferentes notificaciones de dicho proceso verbal”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Por último, a manera de síntesis del recurso, insistió nuevamente de
manera amplia en la existencia de las ordenanzas que permitían la
exención tributaria; en que la contraloría determinó el exceso de los
planes promocionales porque superaron el 6.4% de las ventas y cuestionó
el detrimento establecido por el órgano de control; en las facultades que
tenían los miembros de la junta directiva de la Industria de Licores del
Valle, mientras el señor Doney Ospina en calidad de gerente estuvo al
frente de la entidad; cuestionó la solidaridad impuesta en el fallo de
responsabilidad fiscal, así como la valoración de las pruebas que, según
afirmó, desconocieron y transgredieron el debido proceso de la parte
actora.
El recurso fue concedido por auto del 8 de octubre de 201513.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 14 de diciembre de 201514 y por auto del 16 de agosto de
2016 se decretó la suspensión provisional de los actos acusados15.
5.2. Con ocasión del recurso de súplica interpuesto por la parte
demandada contra la anterior decisión, el expediente pasó al despacho
del consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés, quien, por auto
del 27 de julio de 2017 y ante la falta de quórum en orden a resolver el
recurso de súplica, dispuso el sorteo de conjuez16; cumplido lo anterior,
el expediente ingresó de nuevo a despacho el 1 de agosto de 201717.
5.3. Por escrito del 1 de diciembre de 2017 el consejero de Estado Roberto
Augusto Serrato Valdés manifestó impedimento para conocer del asunto
13
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
14
Ibidem
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
debido a que su cuñado ocupaba un cargo directivo en la entidad
demandada18, el cual fue aceptado por la Sala por auto del 1 de febrero
de 2018 y, en consecuencia, separado del conocimiento del asunto.
5.4. Por auto del 10 de mayo de 2018 la Sala decidió el recurso de súplica
interpuesto por la parte demandada y revocó el auto suplicado. En
consecuencia, denegó la suspensión provisional de urgencia solicitada por
la parte actora19.
5.5. Por auto del 30 de julio de 2018, el consejero de Estado Hernando
Sánchez Sánchez ordenó remitir el expediente al despacho del consejero
de Estado Oswaldo Giraldo López, en cumplimiento de la medida de
compensación aprobada por la sala plena del Consejo de Estado20.
5.6. En cumplimiento de lo anterior, el expediente pasó al despacho del
consejero de Estado Oswaldo Giraldo López el 13 de agosto de 2018,
quien, por auto del 19 de noviembre de 2018, avocó el conocimiento del
asunto21.
5.7. El expediente ingresó de nuevo a despacho el 10 de diciembre de
2018 y por auto del 4 de febrero de 2019, y por no considerarse necesaria
la audiencia de alegaciones y juzgamiento, se corrió traslado a las partes
para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
rendir concepto22.
5.7.1. La apoderada de la parte actora, al descorrer el traslado, reafirmó
los argumentos expuestos al interponer el recurso de apelación 23, frente
a la carencia de requisitos para el control excepcional; la falta de
competencia de la Contraloría para proferir los actos administrativos
18
Ibidem.
19
Ibidem
20
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
21
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
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50
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
cuestionados; la aplicación irregular del trámite verbal del proceso de
responsabilidad fiscal; que cuando el proceso fue declarado de impacto
nacional ya estaba abierto, y los hechos que calificó de irregulares frente
al auto de imputación; así mismo, reiteró las irregularidades que
consideró tiene el fallo de primera instancia; la falta de levantamiento de
fenecimiento de las cuentas; hechos irregulares relacionados con el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia
y la falta de congruencia entre el auto de imputación y la sanción
impuesta; la falsa motivación de los actos acusados; el cuestionamiento
de los estándares de degustación, y la violación de los derechos de
defensa y contradicción.
5.7.2. El apoderado de la Contraloría General de la República solicitó que
se confirme la sentencia de primera instancia24. Para ello, consideró que
está demostrado en el plenario que los actos acusados no tienen ningún
vicio de nulidad, puesto que fueron expedidos en el marco de
competencias y atribuciones de la Contraloría General de la República,
respetando en todas las instancias el debido proceso y el derecho de
defensa y contradicción.
Acotó que se demostró en el proceso que los planes promocionales
implementados en la Industria de Licores del Valle no obedecieron a una
estrategia promocional cuidadosamente diseñada, con lo cual se produjo
un detrimento al erario.
5.7.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
5.8. El expediente ingresó para fallo el 18 de marzo de 201925.
24
Ibidem.
25
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
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51
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
Atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201926, expedido por la Sala Plena de la
Corporación, esta Sección es competente para conocer del presente
asunto en segunda instancia.
6.2. Los actos acusados
Corresponden a los siguientes:
6.2.1. El Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 0001 del 20 de febrero de
2012, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General
de la República, que dispuso27:
“[…] SEXTO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, conforme lo
previene el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 en contra de RAIMUNDO
TELLO BENÍTEZ identificado con cédula de ciudadanía (…) en su calidad
de representante en la junta directiva de la Industria de Licores del Valle,
para la época de los hechos en cuantía de $6.879.876.162. […]”
(mayúsculas y negrillas originales)
6.2.2. El fallo de segunda instancia emitido el 23 de marzo de 2012 por
la Contralora General de la República que modificó parcialmente el fallo
de primera instancia y ordenó28:
“[…] ARTICULO PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, modificar parcialmente el fallo
con responsabilidad fiscal emitido el día 20 de febrero de 2012, por la
Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, en el sentido de fallar con
responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía
26
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
27 Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
28 Ibidem.
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52
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
de $ 40.767.369.586 indexado a febrero de 2012 contra las siguientes
personas (…).
(…) TELLO BENÍTEZ RAIMUNDO, identificado con cédula de
ciudadanía […]”. (mayúsculas y negrillas originales)
6.2.3. El auto que dispuso corregir el fallo de segunda instancia, en el
sentido de precisar que la cuantía del detrimento era por la suma de $
39.643.607.486,00, indexado a febrero de 201229.
6.3. Hechos probados
En el proceso se encuentra acreditado lo siguiente:
6.3.1. Mediante el Decreto nro. 0159 del 11 de febrero de 2008 expedido
por el gobernador del departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos
Abadía Campo, se dispuso30:
“[…] ARTICULO PRIMERO: Designase como Delegado y
Representantes Personales del Gobernador ante la Junta Directiva de la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, así31:
Delegado del señor Gobernador, doctor JUAN PABLO MUÑOZ TOBAR,
asesor de mi Despacho.
SUPLENTES
SECRETARIO DE HACIENDA CLARA INES PEREZ VELA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN JAIRO EDUARDO MIRANDA MURILLO
REPRESENTANTES PERSONALES
RAYMUNDO ANTONIO TELLO BENITEZ HERIBERTO ARRECHEA B.
ROBERTO VILLAMIZAR
HECTOR FABIO USECHE DE LA CRUZ
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
6.3.2. Acorde con el acta nro. 01 del 14 de febrero de 2008 de la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle, el gerente general, como
invitado permanente, hizo “una presentación general por ser la primera
junta de esta nueva administración”.
29 Proferido el 19 de abril de 2012 por la Contralora General de la República.
30
Visto en el índice 68 para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25 000 23
41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
31
Ibidem.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
En el punto 4., Invitación para distribución de Licores en el Valle, consta
que, “luego de que el Gerente General hiciera un recuento de la
experiencia de la distribución de licores que ejecutó la licorera desde el
año 2006, la Junta Directiva recomienda lo siguiente: 1. Para la
contratación de la distribución en 2008 se hace necesario que la ILV
expida su Manual de Contratación Directa acorde con la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 066 de 2008; 2. Hacer una invitación para seleccionar un
distribuidor que atienda el Valle en 2008. 3. Antes de suscribirse el
Contrato de Distribución se debe convocar a reunión a la Junta Directiva
para conocer en detalle los términos del proceso de selección y
contratación” (…) 6. Plan de Mercadeo. La junta analizará este tema una
vez se tenga definido el nuevo distribuidor (…)”32.
En el punto siete, de proposiciones y varios, el aquí demandante dejó la
siguiente constancia: “El Dr. RAIMUNDO TELLO BENÍTEZ considera que el
consumo de aguardiente no ha disminuido, pues es notorio el alto
consumo de este licor en la población. Opina que la disminución en las
ventas no puede deberse a la producción ilegal de este producto, frente a
lo cual recomienda se deben tomar medidas”.
6.3.3. En el Acta nro. 02 del 27 de marzo de 2008 de la reunión ordinaria
de la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, en la que se
consta estuvo presente el señor Raimundo Tello Benítez en calidad de
representante personal del gobernador del Valle del Cauca, se consignó
que el gerente general de la Industria de Licores del Valle informó cuál
era la firma idónea para suscribir el contrato de distribución, y que la junta
directiva autorizó al gerente general acometer acciones en materia de
promoción y mercadeo con la utilización del producto, así33:
“[…] 3. Contrato de Distribución de Licores:
32
Ibidem.
33
Ibidem.
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El Gerente General, manifiesta que, en acatamiento y cumplimiento de
las directrices trazadas en la reunión anterior por la junta directiva, que
permitiera contratar de manera adecuada y ajustada a derecho la
distribución para el departamento del Valle, la Gerencia General procedió
a expedir el Manual de Contratación por medio de la Resolución No. (sic)
de 5 de marzo de 2008 de conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 06 de 2008, el cual contempla entre las modalidades de
selección la invitación abierta, la invitación cerrada y la contratación
directa.
En desarrollo de ese marco jurídico, y dada la magnitud de la
contratación, de 10 de marzo a 3 de abril de 2008 se procedió a efectuar
una invitación abierta a través de la página web www.ilvalle.com a todas
aquellas empresas que reunieran los requisitos requeridos para la
distribución.
(…)
Cumplidos todos los procedimientos y habiéndose efectuado las
evaluaciones previstas en el Manual de Contratación y en la ley se
consideró que la firma idónea para realizar la distribución es la Unión
Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. y teniendo en cuenta
que la junta había pedido que antes de suscribirse el Contrato de
Distribución se convocara a reunión de Junta Directiva, el Gerente
General expone algunos aspectos en la contratación que considera
relevantes.
(…)
5. Proposiciones y varios
(…)
Otras autorizaciones
(…)
5. Por último el Gerente plantea la necesidad de acometer acciones en
materia de Promoción y Mercadeo con la utilización de producto que
permite en algunos casos permite (sic) negociar eventos con producto
que tiene un beneficio económico para la industria en el costo y permite
la rotación de producto por los diferentes canales.
La junta aprueba el Plan Promocional adjunto […]”. (negrillas originales)
6.3.4. Entre el gerente de la Industria de Licores del Valle y el
representante legal de la Unión Temporal Comercializadora Logística
Integral S.A. se celebró el 7 de abril de 2008 el contrato nro. 20080035,
con el objeto de realizar “(…) la distribución y comercialización de
productos de consumo masivo, que garantice la distribución y venta de
los productos que fabrique, comercialice y/o distribuya LA INDUSTRIA
LICORERA DEL VALLE, referidos en todo caso a la categoría de licores en
el Departamento del Valle del Cauca” (cláusula primera del contrato), con
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un término de duración de tres (3) años, prorrogables (cláusula décimo
séptima, plazo del contrato)34.
En la cláusula novena del citado contrato se estableció en relación con la
promoción y publicidad de los productos de la Industria Licorera35:
“[…] Corresponde a la INDUSTRIA fijar y desarrollar las políticas de
promoción y publicidad, así como la ejecución presupuestal del Plan
Estratégico de Promoción y Publicidad de Mercadeo.
La ejecución del Plan Estratégico de Promoción y Publicidad de
mercadeo, corresponde a las partes en forma conjunta, para lo cual se
adelantarán Comités semanales de Mercadeo, previa convocatoria
realizada por el Subgerente Comercial y de Mercadeo de la empresa
estatal, entre funcionarios y asesores externos de la Subgerencia
Comercial y de Mercadeo de LA INDUSTRIA y los Jefes Comerciales y de
Mercadeo del CONTRATISTA […]”.
[…]”. (mayúsculas originales)
6.3.5. La Junta Directiva de la Industria de Licores del Valle expidió los
siguientes actos36:
(i) El Acuerdo 05 del 27 de marzo de 2008, “por medio del cual se aprueba
un plan promocional con producto, se otorga una herramienta
promocional para el impulso de los productos de la industria y se autoriza
una delegación para contratar”.
(ii) El Acuerdo nro. 10 del 5 de agosto de 2008, “por medio del cual se
modifica el Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008” y se autoriza ampliar
el plan promocional aprobado mediante el acuerdo nro. 5 de 2008.
(iii) El Acuerdo nro. 3 del 5 de marzo de 2009, “por medio del cual se
aprueba un plan promocional para el impulso de los productos de la
Industria de Licores del Valle”.
34 Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
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56
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(iv) Por Acta nro. 003 del 1 de marzo de 2010 se aprobó el plan
promocional para el impulso de los productos.
6.3.6. En desarrollo de las anteriores determinaciones, entre el gerente y
representante legal de la Industria de Licores del Valle y el representante
legal de la unión temporal Comercializadora Logística Integral S.A.
suscribieron las siguientes actas de acuerdo dentro del contrato de
distribución nro. 2008003537:
(i) Nro. 1 del 7 de agosto de 2008, por medio de la cual la Industria
Licorera reconoce un estímulo en producto equivalente hasta el 4% del
total del producto comprado y comercializado por la Unión Temporal
Comercializadora Logística Integral S.A. durante la vigencia 2008.
(ii) Nro. 2 del 5 de mayo de 2009, por medio de la cual se definen las
políticas para el plan publicitario comercial 2009-2011, entre otras
disposiciones.
iii) Nro. 3 del 3 marzo de 2010, por medio de la cual se ratifican como
políticas del plan publicitario y comercial para el período 2009-2011, las
contenidas en el acta del 5 de mayo de 2009, entre otras disposiciones.
6.3.7. Con fundamento en lo aprobado por la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle, se suscribieron al contrato de distribución
nro. 20080035 los otrosíes nro. 01 del 10 de diciembre de 2008 donde se
cambió la forma de pago al contratista38; el número 02 del 13 de abril de
200939, allí también se cambió la forma de pago de manera temporal
37
Ibidem.
38 En el sentido que el valor del producto, el impuesto al consumo, el IVA y demás cargos
debían ser pagados por el contratista en las cuentas que la Industria designara en
efectivo, transferencia electrónica o cheque de gerencia dentro de los 8 días siguientes
a la facturación.
39
En el sentido que el valor del producto, la participación al departamento, y demás
cargos, debían ser cancelados por el contratista en las cuentas que la Industria
designara, en efectivo, transferencia electrónica o cheque de gerencia dentro de los 30
días siguientes a la facturación.
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hasta el 31 de diciembre de 200940; nro.3 del 6 de marzo de 2009,
mediante el cual se modificó la cláusula novena del contrato y se adicionó
un parágrafo41; nro. 4 del 29 de enero de 2010 que amplió el objeto del
contrato a la distribución y venta de los productos que fabrique,
comercialice y/o distribuya la Industria, referidos a la categoría de licores,
toda clase de bebidas destiladas o fermentadas, las no destiladas, las
espirituosas, esencias y demás componentes y subproductos de licores;
nro. 05 del 8 de marzo de 201042 y 6 del 23 de julio de 201043, por medio
de los cuales nuevamente se modificó la cláusula 9 del contrato 20080035
de 2008.
6.3.8. El 3 de junio de 2009 se aprobó la cesión del contrato nro.
20080035 suscrito entre la Industria de Licores del Valle y la Unión
Temporal Comercializadora Logística S.A., a la sociedad por acciones
simplificada UT Comercializadora Integral SAS44.
6.3.9. La directora de vigilancia fiscal de la Contraloría Delegada Sector
Infraestructura física y telecomunicaciones, comercio exterior y desarrollo
regional de la Contraloría General de la República abrió la indagación
preliminar nro. 6-007-11 del 18 de enero de 2011, lo que sustentó así45:
“[…] La presente indagación preliminar tiene como fundamento la
solicitud de control excepcional tramitada ante la Contraloría General de
la República por el señor Gobernador del Departamento del Valle del
Cauca, en el que solicita un control fiscal excepcional al contrato
40
En el sentido que la ejecución del plan estratégico de promoción y publicidad de
mercadeo correspondía a las partes de forma conjunta.
41
La modificación de la cláusula novena consistió en que correspondía a la Industria de
Licores del Valle fijar y desarrollar las políticas de promoción y publicidad de mercadeo
y que la ejecución del plan estratégico de promoción y publicidad de mercadeo
correspondía a las partes en forma conjunta, para lo cual se debían adelantar comités
mensuales de mercadeo, previa convocatoria realizada por el Subgerente Comercial y
de Mercadeo. Así como un parágrafo según el cual el contratista se comprometía a
ejecutar el plan comercial y publicitario 2009 entregado por la Industria de Licores del
Valle, el cual comprendía las ferias en los diferentes municipios, estímulos a canales de
distribución, conciertos, material publicitario y eventos que promocionaran el consumo
de licores.
42
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digital
43
Ibidem.
44 Ibidem.
45
Ibidem.
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20080035 suscrito en la Industria Licorera del Valle y la Unión Temporal
“Comercializadora Logística Integral S.A”.
Dicha solicitud fue estudiada por la Contraloría Delegada de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República quien, en tal virtud, expide el auto No. 000914
del 20 de diciembre de 2010, mediante el cual se admite y comisiona un
control excepcional a la Industria Licorera del Valle.
Los hechos brevemente narrados por el señor Gobernador del
Departamento del Valle del Cauca en su solicitud de control excepcional,
son descritos a continuación:
"El día 7 de abril de 2008 se suscribió contrato por parte de I.L.C con la
U.T. Comercializadora Integral, con un plazo inicial de 3 años habiéndose
efectuado a la fecha varios "Otro Si” modificatorios, incrementando los
ingresos del comercializador.
El último otro sí de prorroga se reduce a un 8% el precio de venta al
distribuidor afectándose de esta manera el Margen de utilidad del mismo.
Por último, se ha fijado en la L.V, una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca, según la
ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3.000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($ 25.000.000.000)
aproximadamente”.
Que en virtud del control fiscal excepcional aprobado según lo dispuesto
en el auto 000914 del 20 de diciembre de 2010, el Contralor Delegado
de Infraestructura, se dirigió a la ciudad de Cali donde fue enterado
personalmente por el Gobernador de los hechos materias de
investigación en la Industria Licorera del Valle, y recibió de manos de
éste los documentos pertinentes de la subdirección de rentas del
Departamento según el cual se practicó diligencia de Inspección ocular a
un local ubicado en la zona industrial las DELICIAS bodega 23 ubicada
en la carrera 7 #34-341 de Cali encontrando que en dicho lugar se
encontraban guardadas una cantidad de 56 cajas que según factura No.
VD 04652 de la Industria de licores del valle, exhibida por el depositario
del licor adquirida a un precio de costo, con la finalidad de ser
exportadas; no obstante, el licor no fue sacado del país y al parecer fue
comercializado al interior del Departamento, con las consecuentes
repercusiones a nivel de ingresos tributarios para el departamento y de
ventas para la Fábrica de Licores del Valle del Cauca.
Fundamentos de Derecho
Constituye fundamento jurídico de la presente actuación preliminar, los
siguientes:
Artículos 267, y 268 numeral 5 y artículo 271 de la Constitución Política
de Colombia, los cuales preceptúan que la vigilancia de la Gestión Fiscal
de la Administración corresponde a la Contraloría General de la
República.
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Artículo 26 de la Ley 42 de 1993, que establece el mecanismo del control
fiscal excepcional y quienes se encuentran legitimados para su solicitud.
Sentencia C-403 de 1999 por la cual la Honorable Corte Constitucional
establece las facultades que encarna el ejercicio del control fiscal
excepcional por parte de la Contraloría General de la República, la cual
incluye el ejercicio de la facultad de iniciar procesos de responsabilidad
fiscal e indagaciones preliminares.
[…]”. (subrayas originales)
La referida indagación preliminar fue cerrada por auto del 22 de marzo de
2011, en donde se determinó que existía mérito para iniciar proceso de
responsabilidad fiscal en contra del gerente general y los miembros de la
junta directiva de la Industria de Licores del Valle y la cuantía se
estableció en la suma de ciento siete mil doscientos treinta y un millones
($107.231.000.000)46.
6.3.10. Por auto nro. 00302 del 7 de abril de 2011 proferido por el director
de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República, se ordenó abrir el proceso de responsabilidad
fiscal nro. 6-007-11. Entidad afectada: Industria de Licores del Valle.
Presuntos responsables fiscales: Doney Ospina; Ruth Sofía Triviño; Juan
Pablo Muñoz, Raimundo Tello Benítez, Roberto Villamizar; Juan Carlos
Rizzeto; Luis Telmo Rojas Perea; Luis Alfredo García; Héctor Fabio Useche
de la Cruz; Ezequiel Lenis Ramírez; Luis Humberto Castrillón; Edgar
Salazar Rivera; Edgar Doronsoro Tenorio; Empresa Agropecuaria Los
Robles S.A.; Empresa Encargo Logística Integral; Empresa Salazar
Transportes Unidos; Empresa Comercializadora Logística Integral S.A; UT
Comercializadora Integral SAS Sociedad por acciones simplificada;
Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora
Logística Integral S.A. La cuantía inicial del daño se estimó en la suma de
sesenta mil trescientos cincuenta y seis millones de pesos47. (se destaca)
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
6.3.11. Por auto del 14 de diciembre de 2011, la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República le imputó
responsabilidad fiscal, entre otros, al señor Raimundo Tello Benítez, en
calidad de representante personal [del gobernador] en la junta directiva
de la Industria de Licores del Valle del Cauca, para la época de los
hechos48.
6.3.12. Mediante Fallo con Responsabilidad Fiscal nro. 0001 del 20 de
febrero de 2012 proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la
Contraloría General de la República, se falló con responsabilidad fiscal,
entre otros, en contra del señor Raimundo Tello Benítez49.
6.3.13. En el fallo del 23 de marzo de 2012 expedido por la Contralora
General de la República, se desató el recurso de apelación interpuesto
contra la precitada decisión, la cual fue modificada parcialmente, en el
sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria por una cuantía de
$40.767.369.586 indexada, en contra, entre otros, del señor Raimundo
Tello Benítez50.
6.3.14. La Contralora General de la República corrigió el fallo de segunda
instancia en el sentido de fallar con responsabilidad fiscal solidaria, entre
otros, en contra del señor Raimundo Tello Benítez, en cuantía de
$39.643.607.48651.
6.4. Análisis de la Sala
En el presente asunto, la parte actora interpuso recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia e insiste en que debe declararse
la nulidad de los actos acusados porque considera que incurrieron en los
48
Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
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vicios de falta de competencia, falsa motivación y violación del derecho
de defensa y contradicción.
La Sala, para resolver, se concretará a los puntos que fueron objeto de
reproche en la alzada, de manera que no hará un nuevo examen sobre
los aspectos no discutidos frente a lo decidido por el tribunal de instancia.
6.4.1. En cuanto al cargo de falta de competencia
El recurrente reitera, en síntesis, que la Industria de Licores del Valle es
un ente descentralizado del orden territorial al cual no podía aplicarse el
control excepcional, y también consideró que no se cumplieron los
requisitos legales para la solicitud de control excepcional que hizo el
gobernador del Valle del Cauca.
Al respecto, la Sala comparte lo señalado por el a quo, ya que el cargo no
está llamado a prosperar. Ello por cuanto la providencia que cita la parte
actora, proferida el 27 de mayo de 2010 por esta Sección 52, en la que se
sostuvo que no podía ejercerse el control fiscal excepcional para las
entidades descentralizadas, se trata de un criterio que fue rectificado en
sentencia del 5 de marzo de 2015, en la que se explicó que el control fiscal
excepcional procedía no solo respecto de las cuentas de las entidades
territoriales, sino también de las entidades que lo conforman, incluyendo
las del sector descentralizado. En dicha providencia la Sección Primera de
esta Corporación expuso53:
“[…] En vista de que el artículo 267 superior es explícito en señalar, que
el control excepcional recae sobre las cuentas de las entidades
territoriales y que existe un precedente jurisprudencial que con
fundamento en esta directriz, descartó la procedencia del control
excepcional para una entidad descentralizada del orden territorial,
considera la Sala necesario rectificar esta postura, en el sentido de que
el control excepcional no se puede limitar únicamente a la vigilancia de
Ibidem.
52
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
53
del 5 de marzo de 2015. C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación nro.
11001 03 24 000 2004 00288 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
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las cuentas de las entidades territoriales sino que también debe
comprender a las de las entidades que la conforman (…).
(…)
Teniendo de presente que el inciso 6º del artículo 272 de la Constitución
Política, dispone que “los contralores departamentales, distritales y
municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones
atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268”, la Sala
encuentra válido afirmar que los sujetos de vigilancia y control por parte
de la Contraloría General de la República a nivel nacional que señala el
artículo 4º del Decreto 267 de 2000, resultan ser los mismos que a nivel
territorial o de su jurisdicción le corresponderá entonces vigilar a las
contralorías departamentales, distritales y municipales.
Dejando en claro lo anterior, se rectificará la postura de esta Sala
sentada en la sentencia del 27 de mayo de 2010, en el sentido de que
el control fiscal excepcional lo podrá avocar la Contraloría
General de la República respecto no sólo de las cuentas de las
entidades territoriales sino también de las entidades que las
conforman, incluyendo las del sector descentralizado por
servicios, cuyo control fiscal de manera ordinaria o regular le
corresponde adelantar a las contralorías territoriales según su
jurisdicción. Para los efectos anteriores, se tendrá en cuenta lo previsto
en el artículo 68 de la Ley 498 de 1998.
[…]”. (negrillas originales)
En ese contexto, resulta ajustado al ordenamiento jurídico que la
Contraloría General de la República ejerciera el control fiscal excepcional
para verificar la gestión fiscal de una empresa industrial y comercial del
Estado del orden departamental, como lo es la Industria de Licores del
Valle, por tratarse de un ente descentralizado que hace parte de la entidad
territorial departamento del Valle del Cauca.
Ahora bien, precisado que no está llamado a prosperar el cargo por la
razón que invoca el recurrente, no sobra mencionar que el control
excepcional ejercido en este caso por la Contraloría General de la
República respecto de la Industria de Licores del Valle cumplió con el
procedimiento exigido por las disposiciones vigentes para ese momento.
Al efecto, para la época en que sucedieron los hechos del presente asunto,
años 2008 a 2010, el texto original del artículo 267 de la Constitución
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Política54 facultaba a la Contraloría General de la República para ejercer el
control fiscal posterior excepcional55.
Así mismo, la Ley 42 del 26 de enero de 199356, en el artículo 26, dispuso
que la Contraloría General de la República podía ejercer control posterior,
en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial,
sin perjuicio del control que les correspondía a las contralorías
departamentales, distritales y municipales: a) por solicitud del gobierno
departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente
del Congreso de la República o de la mitad más uno de las corporaciones
públicas territoriales, y b) por solicitud de la ciudadanía a través de los
mecanismos de participación establecidos en la ley.
A su vez, el artículo 49 ibidem preceptuó que la Contraloría General de la
República “excepcionalmente y de acuerdo con lo previsto en el artículo
26 de la presente ley ejercerá control posterior sobre las cuentas de
cualquier entidad territorial”.
Por su parte, el artículo 6357 de la Ley 610 del 15 de agosto de 200058
dispuso la competencia prevalente de la Contraloría General de la
República para adelantar hasta su culminación los procesos de
responsabilidad fiscal que se originaran como consecuencia del ejercicio
de la facultad excepcional de control establecida por el artículo 267
superior.
54
Dicho artículo fue modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 04 de 2019.
55
El inciso tercero del artículo 267 preveía “La vigilancia de la gestión fiscal del Estado
incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la
eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos
excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre
cuentas de cualquier entidad territorial”.
56
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen”.
57
El artículo 63 de la Ley 610 de 2000 fue derogado por el artículo 166 del Decreto Ley
403 de 2020 “por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.
58
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías”
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Con fundamento en dichas normas, el Contralor General de la República
expidió la Resolución Orgánica nro. 6069 del 26 de agosto 200959, que
estableció el procedimiento para el desarrollo del control fiscal posterior
que podía ejercer la Contraloría General de la República en forma
excepcional sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, y
específicamente, en el artículo cuarto dispuso que los requisitos que
debían cumplirse eran los siguientes: 1) ser requerido por las autoridades
legalmente autorizadas; 2) la solicitud debía precisar el asunto objeto de
control, y 3) incluir la motivación o eventos en que se presumía la duda
de la imparcialidad o falta de idoneidad de la contraloría territorial.
Teniendo en cuenta el marco legal aplicable, en el caso concreto, se
observa que el control excepcional tuvo el siguiente trámite:
-) Por oficio DG- 0456 del 17 de diciembre de 2010, el gobernador del
Valle del Cauca solicitó a la Contralora General de la República ejercer el
control excepcional a la Industria de Licores del Valle y a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, y para ello expuso60:
“[…] 1. INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE (I.L.V.)
1.1. El día siete (7) de abril de dos mil ocho (2008), se suscribió por
parte de la I.L.V. un contrato con la U.T. COMERCIALIZADORA
INTEGRAL, con plazo inicial de tres (3) años, habiéndose efectuado a la
fecha varios 'Otro Sí" modificatorios, incrementando los ingresos del
comercializador.
1.2. El día veintitrés (23) de julio de 2010, esto es, faltando aún nueve
(9) meses para la terminación del contrato según el plazo inicial pactado
(abril de 2011), el mismo es prorrogado por tres (3) años más, es decir,
hasta el siete (7) de abril de dos mil catorce (2014).
1.3. En el último Otro Sí de prórroga, se reduce en un 8% el precio de
venta al distribuidor, afectándose de esta manera el margen de utilidad
del mismo.
59
“Por la cual se deroga la Resolución 5588 del 8 de junio de 2004, que establece la
competencia para el conocimiento, admisión y trámite para el ejercicio del control fiscal
posterior excepcional en la Contraloría General de la República, y se implementan
acciones de mejora continua”. Resolución que fue derogada por la Resolución nro. 6506
de 2012 de la Contraloría General de la República.
60
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
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1.4. Por último, se ha fijado en la I.L.V. una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca según la
Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3´000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000.00)
aproximadamente.
(…)
Por último, la Contraloría Departamental no ha emitido pronunciamiento
alguno.
Con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 610 de 2000, solicito
se releve temporalmente de su competencia a la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca respecto de la ejecución de su control
en el caso expuesto y se abrogue dicha competencia a la Contraloría
General de la República.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)
-) Por auto nro. 000914 del 20 de diciembre de 2010, el contralor
delegado para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva de la
Contraloría General de la República admitió y autorizó el control
excepcional solicitado por el gobernador del Valle del Cauca, se comisionó
a la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física,
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la
Contraloría General de la República para que adelantara el proceso auditor
“con estricto apego al debido proceso y el respeto al ejercicio del derecho
de defensa”, y se ordenó comunicarle al Contralor departamental del Valle
del Cauca la decisión. Allí se expuso61:
“[…] El suscrito Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales
y Jurisdicción Coactiva, con fundamento en el artículo 267 de la
Constitución Política, desarrollado por el artículo 26 de la ley 42 de 1993,
numeral 7 del artículo 24 y artículo 81 de la ley 617 de 2000, y la
Resolución Orgánica 6069 de 2009, procede a proferir el presente auto
con base en las siguientes consideraciones:
1. Que mediante oficio SP 80.111.6483 del 17 de diciembre de 2010 la
secretaria Privada remitió la solicitud de control excepcional
presentada por el Gobernador del Valle del Cauca Doctor Francisco
José Lourido Muñoz sobre: "... La Industria Licorera del Valle y
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca”.
61
Ibidem.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
2. Que el Gobernador del Valle del Cauca indicó dentro de su motivación:
“...1. El día 7 de abril de 2008 se suscribió contrato por parte de la I.L.C.
con la U.T. Comercializadora Integral, con un plazo inicial de 3 años
habiéndose efectuado a la fecha varios "Otro Si" modificatorios,
incrementando los ingresos del comercializador.
13. En el último otro sí de prórroga, se reduce en un 8% el precio de
venta al distribuidor, afectándose de esta manera el margen de utilidad
del mismo.
14. Por último, se ha fijado en la L.V. una política de promociones
obsequiando unidades de degustación, las cuales se encuentran exentas
del pago de impuestos al Departamento del Valle del Cauca según la
Ordenanza 301 de 2009 de la Asamblea Departamental, rentas que son
cedidas para el sector salud del Departamento. Cabe agregar que dichas
unidades obsequiadas han ido incrementándose desde el año 2007 hasta
el 2010, siendo la cifra para esta última anualidad de tres millones
(3.000.000) de botellas, lo cual genera unos ingresos no recaudados por
concepto de impuestos para el Departamento del Valle del Cauca de
veinticinco mil millones de pesos ($25.000.000.000) aproximadamente”.
[…]”.
Conforme con lo anterior, se observa que la solicitud se hizo por la
autoridad legalmente autorizada, esto es, por el gobernador del Valle del
Cauca, se precisó el objeto de control, que era la Industria de Licores del
Valle, y se incluyó la motivación consistente en los ingresos dejados de
recaudar por concepto de impuestos para el departamento del Valle del
Cauca, de manera que la petición se justificó y razonó en debida forma.
De otro lado, en el expediente está acreditado que, previo a la solicitud
hecha el 17 de diciembre de 2010 por el gobernador del Valle del Cauca
Francisco José Lourido, el Contralor Auxiliar para el control fiscal de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca había remitido el 22 de
noviembre de 2010 a la gerente de la Industria de Licores del Valle el
informe de la visita fiscal allí practicada, en el que afirmó que se verificó
la ejecución del plan comercial vigencia 2009 - 2010 suscrito entre la
Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora
Integral S.A.S. y se constató que no se evidenciaba un procedimiento
implementado ni documentado para ejecución y seguimiento de entrega
del Plan Comercial, así62:
62 Ibidem.
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“[…] Revisada la información suministrada por la Industria de Licores del
Valle se concluye:
1. El Plan Promocional es un mecanismo comercial utilizado por la
Industria desde vigencias anteriores a la suscripción del contrato de
distribución en el año 2008.
2. El Plan Promocional fue autorizado por la Junta Directiva de la
Industria para cada vigencia fiscal.
3. La Industria determinó las políticas promocionales a aplicar con el
citado plan, de - acuerdo con lo definido en el contrato de distribución
suscrito entre las parles.
4. El contratista ha entregado la información solicitada por la Industria
correspondiente al citado plan promocional.
5. La Industria ha actuado en materia de impuesto conforme a las
disposiciones ordenanzales que regulan el tratamiento del producto
promocional de la Industria.
4. OBSERVACIONES
No se evidencia un procedimiento implementado ni documentado para
ejecución y seguimiento de entrega del Plan Comercial con los soportes
correspondientes, donde se indique de acuerdo a lo pactado a que
herramienta va dirigido, no se hace el cierre del Plan comercial en
comento por cada vigencia o por mes, donde se justifiquen los saldos
adeudados en cuanto a las cantidades aprobadas por la ILV.
Se observa deficiencia en los mecanismos de control o interventoría al
Plan comercial que en este tema impide visualizar la gestión o claridad
en las entregas del Comercializador a través de cada herramienta, por
cuanto no queda evidencia física completa de la ejecución del objeto del
plan, impidiendo establecer las obligaciones que de él se derive.
Preocupa a este Organismo de Control, las posibles consecuencias que
pueda generar el incumplimiento de los compromisos suscritos entre la
IILV y la UT Comercializadora integral S.A.S., con las entregas del Plan
Comercial por parte de la Industria de Licores, la cual podría llevar a la
Comercializadora a no cumplir las metas de ventas presupuestadas para
la vigencia 2010, que se traduce en un alto riesgo financiero para las
partes y las transferencias para el Departamento, afectando
significativamente la inversión en la salud de los vallecaucanos. […]”
6.4.2. En cuanto al cargo de falsa motivación
Esta Sección ha explicado que la falsa motivación como vicio de nulidad
debe ser entendido desde tres enfoques distintos, a saber: la falsa
motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el
contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance
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interno, lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el
acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva63.
El primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento sobre
ciertos hechos que se esgrimen como fundamento para expedir la decisión
cuestionada. Así, de advertir que son falsos, el juez no tiene opción
diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión
que el acto toma.
Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado
a atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la administración no tiene el alcance para definir
la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad
será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.
Finalmente, la indebida motivación surge del análisis del acto a partir de
la congruencia entre la motivación y la resolución, de modo que aquella
debe ser el fundamento lógico y consecuencial de esta.
A partir de las consideraciones precedentes, la Sala verificará si los
argumentos aludidos por el recurrente configuran el vicio de falsa
motivación.
6.4.2.1. Sobre la aplicación irregular del trámite verbal en el
proceso de responsabilidad fiscal
La parte actora fundamentó el cargo de falsa motivación en que la
Contraloría aplicó e interpretó de manera errada el parágrafo 3 del artículo
97 de la Ley 1474 de 2011, en la medida en que, “para la fecha en que
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
63
del 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 47 001
23 31 000 2012 00414 01.
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se declaró de impacto nacional los hechos irregulares de la Industria de
Licores del Valle y en que se profirió la resolución orgánica nro. 6397 de
octubre 12 de 2011, incluso para la fecha en que entró en vigencia la Ley
1474 de 2011, es decir para el 12 de Julio de 2011, en el proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 6-007-11 al cual fue vinculado mi cliente
posteriormente, ya se había proferido auto de cierre de Indagación
preliminar y se encontraba aperturado”. Bajo ese escenario, adujo que la
Contraloría debió seguir con el trámite previsto en la Ley 610 de 2000 y
no adecuar el trámite a la Ley 1474 de 2011.
La Sala considera que el cargo no está llamado a prosperar, teniendo en
cuenta lo siguiente:
-) Respecto del argumento de que no había lugar a la aplicación del
procedimiento verbal porque el auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal se profirió el 7 de abril de 2011, se advierte que,
atendiendo lo previsto por el artículo 9764 de la Ley 1474 del 12 de julio
de 201165, era posible continuar tramitando el proceso por el
procedimiento verbal creado en dicha ley.
En efecto, la citada disposición, en el parágrafo primero, dispuso un
régimen de transición e indicó que el procedimiento verbal se aplicaría al
nivel central de la Contraloría General de la República desde la entrada
en vigor de dicha ley, esto es, el 12 de julio de 2011.
Adicionalmente, en el parágrafo tercero precisó que “(…) en los procesos
de responsabilidad fiscal en los cuales no se haya proferido auto de
imputación a la entrada en vigencia de la presente ley, los órganos de
control fiscal competentes, de acuerdo con su capacidad operativa,
podrán adecuar su trámite al procedimiento verbal en el momento de la
formulación de la imputación (…)”.
64
Que reguló el procedimiento verbal de responsabilidad fiscal.
65
“Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión
pública”.
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De manera que, como para la fecha en que entró a regir la Ley 1474 de
2011, en el asunto bajo examen no se había proferido auto de imputación
-se dictó el 14 de diciembre de 2011-, contrario a lo señalado por el
recurrente, el régimen de transición sí posibilitó la aplicación del
procedimiento verbal.
-) En lo concerniente a la declaración de impacto nacional de los hechos
investigados y el cuestionamiento relacionado con que la Contralora
Intersectorial no tenía competencia para continuar conociendo del
proceso porque ya estaba abierto, tampoco le asiste razón al recurrente,
toda vez que, además de que ello no guarda relación con el cargo de falsa
motivación, dicha decisión tuvo como sustento lo siguiente:
La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, con el fin de fortalecer las acciones
en contra de la corrupción, dispuso en el artículo 128 la creación dentro
de la estructura de la Contraloría General de la República de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, encargándola de “(…)
adelantar auditorías especiales o investigaciones relacionadas con hechos
de impacto nacional que exijan la intervención inmediata de la entidad
por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida al patrimonio
público o para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de
responsabilidad fiscal y recaudar y asegurar las pruebas para el
adelantamiento de los procesos correspondientes”.
Mediante la Resolución orgánica nro. 6397 del 12 de octubre de 2011,
“por la cual se determina el funcionamiento interno de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción y se dictan otras
disposiciones”, expedida por la Contralora General de la República, se
determinó que el Contralor General de la República de oficio establecería
los hechos de impacto nacional que exigieran la intervención inmediata a
que se refería el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 (artículo 2).
En cuanto a la competencia para conocer de esa clase de asuntos, el
artículo tercero de la citada resolución dispuso:
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“[…] ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. La Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, tendrá autonomía funcional en lo de su
competencia y estará adscrita al Despacho del Contralor General de la
República para efectos administrativos y logísticos. A través de los
Contralores Delegados Intersectoriales, adelantará las auditorías, las
indagaciones preliminares a que haya lugar y conocerá en primera o
única instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que conforme al
artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 le sean asignados a dicha Unidad.
Dentro del marco de las reglas de competencia constitucionales y legales
asignadas a la Contraloría General de la República, la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, a través de los
Contralores Delegados Intersectoriales, avocará el conocimiento de los
asuntos determinados como de impacto nacional que exijan la
intervención inmediata de la Entidad, cualquiera que sea el tipo o
naturaleza de los entes o sujetos vigilados o implicados.
De estos procesos conocerá en segunda instancia el Despacho del
Contralor General de la República en los términos del artículo 4o de la
Resolución Orgánica 5500 de 2003 […]”.
(mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)
A su vez, el artículo sexto de la misma resolución estableció que, “(…) si
ya se encuentra en curso un proceso auditor, de indagación preliminar o
de responsabilidad fiscal, el Contralor Delegado Intersectorial a quien
corresponda el asunto desplazará al Contralor Delegado de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva o al Contralor
Delegado Sectorial que venía conociendo del caso”.
En el caso concreto, la Contralora General de la República, por auto del
21 de octubre de 2011, declaró “de impacto nacional los hechos”
relacionados con el Proceso de Responsabilidad Fiscal CD 6-0007-11,
Licorera del Valle y en consecuencia, solicito disponer todo lo necesario
para dar traslado de la totalidad del expediente al Jefe de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción dentro del término fijado
en el artículo 7 de la Resolución Orgánica 6397 del 12 de octubre de
201166.
66
Ibidem.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Por auto nro. 00996 del 25 de octubre 2011 la Dirección de
Investigaciones Fiscales de la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva cumplió la decisión de la Contralora
General de la República y dispuso la remisión del proceso a la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
Por oficio nro. 001 del 2011 se asignó el proceso a la Contralora Delegada
Intersectorial.
Por auto nro. 001 del 28 de octubre de 2011, la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupción avocó el conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal67.
De tal manera que no es cierto que la Contralora Delegada Intersectorial
no estuviere facultada para conocer del proceso de responsabilidad fiscal
porque ya estuviera abierto, puesto que la razón por la cual asumió su
conocimiento obedeció a que la Contralora General de la República declaró
los hechos como de impacto nacional y, como consecuencia de ello, fueron
remitidos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.
6.4.2.2. “Irretroactividad del estatuto anticorrupción para efectos
de aplicar la solidaridad en el proceso de responsabilidad fiscal”
El recurrente insiste en que se utilizó de manera retroactiva el estatuto
anticorrupción al aplicar la figura de la solidaridad en el proceso de
responsabilidad fiscal, dado que, la Ley 1474 de 2011 entró en vigor el
“12 de julio de 2012 (sic) de conformidad con lo establecido en el artículo
135”, mientras que el auto por el cual se dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal es del 7 de abril de 2011.
Sin embargo, lo que la Sala advierte es que el fundamento para declarar
la responsabilidad solidaria en el fallo con responsabilidad fiscal proferido
67
Ibidem.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
en el asunto no fue la Ley 1474 de 2011, sino el artículo 2344 del código
civil, en concordancia con la Ley 222 de 1995, que en el artículo 24 previó
que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los
perjuicios que por dolo o culpa causen a la sociedad.
Al efecto, el fallo de segunda instancia explicó:
“[…] con respecto al tema de la responsabilidad solidaria, por ser
pertinente, este despacho, trae como referente lo citado por el doctrinante
URIEL ALBERTO AMAYA OLAYA, en su libro Teoría de la Responsabilidad
Fiscal, en los siguientes términos: “No se debe olvidar que la concurrencia
de culpas (coautores) origina una responsabilidad civil solidaria, según se
estudiará, de acuerdo con el artículo 2344 del Código Civil, criterio que ha
sido acogido plenamente por la jurisprudencia administrativa: “cuando el
hecho perjudicial ha sido causado por dos o más personas (los sujetos son
su causa eficiente) no se produce una división de la responsabilidad, como
si cada una llevara apenas una parte de la culpa, sino que por mandato
legal surge una obligación solidaria de responder (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera- Sentencia 11 de abril
de 1994- C.P. CARLOS BETANCUR JARAMILLO).
(…)
Es importante acotar que el régimen que le es aplicable a las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, y por ende es elemento normativo
que regula la responsabilidad de los gerentes y miembros de la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle – en principio, encuentra su
desarrollo legal en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 222 de 1995 […].”
Por lo tanto, este argumento no tiene vocación de prosperidad, ya que
está fundamentado en un presupuesto que no corresponde con la
realidad.
6.4.2.3. “Frente a los estándares de degustación”
En lo referente a los estándares de degustación y la gestión
antieconómica, el recurrente alegó que no se probó que haya existido una
gestión antieconómica o una superación de los estándares de degustación
por parte de la Industria de Licores del Valle, puesto que, “si bien es
cierto, la Contraloría no tiene a su cargo el establecimiento de estándares
de cantidades para la degustación de productos relacionados con el licor,
también es cierto que para efectos de asumir una postura frente al tema
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de la superación de los estándares nacionales internacionales tuvo que
tener algún referente, pues no se explica cómo surgió el control de
advertencia”.
Para resolver este punto, la Sala estima pertinente determinar el alcance
de la conducta que el órgano de control reprochó al actor, y para ello, se
recuerda que:
(i) En el fallo con responsabilidad fiscal se determinó lo siguiente frente a
la responsabilidad fiscal del señor Raimundo Antonio Tello Benítez y la
calificación de su conducta68:
“[…] RAIMUNDO TELLO BENÍTEZ (…) en su calidad de representante
personal [del gobernador] en la junta directiva de la Industria de Licores
del Valle para la época de los hechos. Se verifica una conducta dolosa
atribuible de conformidad a la valoración probatoria que obra en el
expediente en congruencia con el Auto de imputación de cargos por su
conducta pasiva en el desarrollo del Contrato de Distribución nro.
200800035 en su suscripción, cesión, prórroga y otrosís. […]”.
Así mismo, al analizar el nexo de causalidad se expuso69:
“[…] RAIMUNDO TELLO BENÍTEZ, (…) en su calidad de representante
personal en la junta directiva de la Industria de Licores del Valle, para la
época de los hechos.
El Decreto 1041 de junio de 30 de 1982, expedido por el Gobernador del
Departamento del Valle del Cauca mediante el cual se dicta el Estatuto
Orgánico de la Industria de Licores del Valle (folio 1322) establece lo
siguiente:
Artículo 10
Son atribuciones de la Junta Directiva
m) formular la política general de la empresa y los planes y
programas que deba desarrollar
n) aprobar las inversiones u operaciones comerciales e
industriales que ha de realizar directamente la entidad con miras
al mejor rendimiento de sus ingresos.
vii)reglamentar la promoción y venta de los productos de la empresa.
68
Ibidem.
69
Ibidem.
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Artículo 6: la dirección y administración de la ILV estará a cargo de una
Junta Directiva, de un Gerente y los demás funcionarios que se
determinen en consonancia con lo dispuesto en el presente Estatuto
Orgánico.
Se verifica una conducta dolosa atribuible de conformidad a la valoración
probatoria que obra en el expediente en congruencia con el auto de
imputación de cargos por su conducta pasiva en el desarrollo del
Contrato de Distribución No. 20080035, en su suscripción, cesión,
prórroga y otrosí. Y con su conducta se generó detrimento patrimonial
por la suma de $6.879.876.1562.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
(ii) En el mismo fallo con responsabilidad fiscal nro. 001 del 20 de febrero
de 2012 se explicó lo siguiente frente al plan promocional70:
“[…] D- PLAN PROMOCIONAL
Este despacho en el auto de Imputación relacionó frente al plan
promocional las siguientes consideraciones que en el transcurso de la
audiencia de imputación de cargos no fueron desvirtuadas, por lo tanto,
este despacho se ratifica en las siguientes irregularidades:
I. Los considerandos del Otrosí N° 007: de Fecha 8 de Julio de 2011
(Anexo 5 carpeta 1 fls. 108 -135 397-413), la U comercializadora
SAS fundamento qué (…) aunque en los años 2008, 2009 y 2010,
la facturación de la ILV hacia el distribuidor ha superado esta cifra.
es debido a que la venta del producto que realiza la ILV difiere del
consumo real del mercado, es decir, que el Contratista y los canales
de distribución han venido soportando unos inventarios de una
vigencia a otra.
II. Mediante comunicación CM EXT (…) de diciembre 30 de 2010,
en donde solicita "revisar la meta contractual de 2011 por cuanto
está en 12.000.000 unidades. 750 cc”, argumentando que su stock
es de 3.000.000 de unidades de 750 cc, lo cual le genera la
obligación de comercializar en el 2011 la cantidad de 15.000.000
de unidades de 750 cc, siéndole imposible físicamente cumplir dicho
objetivo.
III. Complementando este tema en la declaración de Paula Andrea
Martínez Vélez Subgerente comercial y de mercadeo en el momento
en que ocurrieron los hechos, (…) (cuaderno 7 fls. 1249-1255) le
preguntan, qué beneficios tiene la aplicación de un plan
promocional entregando en el mismo aguardiente sin marcar
(prohibida su venta). Dice que como por el tema de impuestos, y
sobre los impuestos no se puede hacer descuentos, implica que
para hacerlo más atractivo se entrega un producto a manera de
incentivo, implica que el distribuidor lo meta en sus inventarios y
así no compre a la competencia. Si lo marcaran (prohibida su venta)
quien organiza el evento no lo percibirá como patrocinio ya que no
lo podría comercializar, desde el 2004 que yo ingresé a la ILV nunca
el aguardiente de promoción se ha marcado.
70
Ibidem.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
IV. La UT continúa diciendo (…) la obligación de la inversión
publicitaria quedó estipulada como financiación a cargo del
contratista, y no como pago de la misma, generando libertad
interpretativa sobre la parte obligada al pago efectivo de ésta, tal
como se desprende de la estipulación contractual de la financiación
del plan Comercial Publicitario de Mercadeo, presente en la cláusula
novena del contrato de distribución N° 20080035, modificada por
el otrosí N° 006 de 2010.
V. Durante la entrevista realizada al gerente de la comercializadora,
Dr. José Henry Pereira se recibieron los listados del producto
entregado a cada cliente de enero a agosto de 2010, pero no se
pudo evidenciar cuáles son los clientes y la cantidad de producto
pendiente por entregarles como parte de pago de los acuerdos
firmados ya que el gerente manifestó que no tiene un listado de
pendientes, el control que ellos manejan es la no entrega del
producto a los clientes que les deben facturación y este control se
lleva en el sistema de información de la comercializadora.
Este despacho, igualmente en el auto de imputación enunció los
acuerdos comerciales de la vigencia 2008, que oscilaban entre el 7% al
700 % de plan promocional en los diferentes eventos, y que de acuerdo
a las versiones y testimonios dentro de la audiencia de imputación de
cargos, ratifica que existieron irregularidades al aprobar las
herramientas que entre otros contempla el plan promocional que es
aprobado posterior a la suscripción del Contrato de distribución,
convirtiéndose en una modificación al pliego de condiciones que hace
parte de la minuta del Contrato de distribución.
De otra parte, se desnaturaliza la herramienta promocional al entregar
el producto que hace parte del plan promocional después de realizarse
los eventos que eran la esencia misma del acuerdo comercial y del pian
promocional, que debían satisfacer plenamente al consumidor final.
Este despacho de otra parte encuentra que el plan promocional se
convierte en una ineficacia económica al presentar el Distribuidor un
stock de 3.000.000 de botellas entre venta y plan promocional, logradas
por la compra o entrega del plan promocional por parte de la ILV con el
fin de cumplir metas de ventas al final de cada Vigencia.
Y aún más grave cuando el producto del plan promocional no llevaba la
etiqueta “prohibida su venta o degustación”.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)
(iii) Acorde con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que el
plan promocional aprobado en marzo de 2008 fue de quinientas mil
unidades de botellas de 750 cc; en agosto del mismo año se amplió a un
millón de unidades de botellas; en marzo del año 2009 a dos millones
quinientas mil unidades de botellas y en marzo del año 2010 se amplió a
tres millones de unidades de botellas; sin embargo, el mayor valor
asumido por la Industria de Licores del Valle derivado del plan comercial
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ejecutado entre los años 2008 y 2010 no se vio reflejado ni en las cifras
de ventas ni en los resultados esperados.
(iv) En consonancia con lo dicho, se acredita en el expediente que la junta
directiva de la Industria de Licores del Valle, de la que hacía parte el señor
Tello Benítez, aprobó los siguientes acuerdos71:
Mediante el Acuerdo nro. 05 del 27 de marzo de 200872, aprobó un plan
promocional de 500.000 unidades de botellas de 750 cc con productos de
la industria para el período mayo a diciembre de 200873, el cual, según se
lee en el mismo, lo expidió la junta “en uso de sus atribuciones legales,
en especial las contenidas en el artículo 17 del Acuerdo nro. 26 de octubre
03 de 1994 “Por el cual se dicta el Estatuto de la Industria de Licores del
Valle”74 y tuvo como propósito: “(…) una recuperación de mercado de sus
productos empezando por el Valle del Cauca (…) y “(…) crear mecanismos
de promoción a través de los diferentes canales (…) con la utilización de
500.000 unidades de producto en presentación de 750 c.c.(…)”.
A través del Acuerdo nro. 10 del 5 de agosto de 200875, la junta directiva
de la Industria de Licores del Valle amplió el plan promocional a un millón
(1.000.000) de unidades de botellas de 750 cc76; allí se lee: “(…) durante
el primer semestre de la vigencia 2008 se ha logrado una importante
recuperación del mercado de Aguardiente en el departamento Valle del
Cauca. // “(…) dicha recuperación es producto de las estrategias y planes
promocionales, como el aprobado mediante Acuerdo No.05 de marzo 27
de 2008 (…)”.
71
Ibidem.
72
“Por medio del cual se aprueba un plan promocional con producto, se otorga una
herramienta promocional para el impulso de los productos de la industria y se autoriza
una delegación para contratar”.
73
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
74
Ibidem.
75
“por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008”.
76
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
En el año 2009, la junta directiva de la Industria de Licores del Valle
expidió el Acuerdo nro. 3 del 5 de marzo77, que aprobó “(…) el Plan
Comercial para entregar en la vigencia 2009 hasta 2.500.000 unidades
de 750 cm3, adicionales al saldo de la vigencia del 2008 de 556.267
unidades de 750 cc3 (…)78; en igual sentido, dicho acuerdo fijó unos
planes promocionales motivado en un supuesto incremento de utilidades
y posicionamiento en el mercado; allí se indicó:
“[…] Que durante la vigencia 2008 se recuperó parte del mercado
perdido, especialmente en la zona norte del Valle del Cauca e igualmente
se logró una mayor cobertura, lo que se tradujo en cifras de variación
positiva en ventas con un aumento del 18% en el consolidado, pasando
de 9.191.240 unidades en el 2007 a 10.858.344 unidades en el 2007 a
10.858. 344 unidades en el 2008.
Que con las diferentes estrategias promocionales que se realizaron en el
durante la vigencia 2008, se logró el liderazgo con la marca Aguardiente
Blanco del Valle sin Azúcar, lo cual permitió el crecimiento en ventas a
nivel departamental en un 21% en el 2008, frente al 2007.
(…)
Que conforme con lo expresado por la Subgerencia Comercial y de
Mercadeo, para la vigencia 2009, se proyectan diferentes actividades
tanto a nivel Departamental como Nacional, a fin de obtener las ventas
y penetración de mercado esperado.
Que el costo beneficio de esta estrategia está representado en la
generación de $104.364 millones para el departamento y otras entidades
en la vigencia 2008, registrándose un incremento del 22% frente a los
recursos generados en el 2007, que fueron de 85.676 millones. […]”
(v) Los soportes que figuran como sustento para ampliar los planes
promocionales son los siguientes:
El primero se trata de un documento denominado “análisis de mercado
para la implementación de actividades promocionales por medio de un
producto en promoción” firmado por la subgerente comercial de la
Industria de Licores del Valle, Paula Andrea Martínez del que se extrae79:
“[…]
77 “por medio del cual se aprueba un plan promocional para el impulso de los productos
de la Industria de Licores del Valle”.
78
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
79 Antecedentes proceso de responsabilidad fiscal.
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V. ACTIVIDADES PROMOCIONALES PROPUESTAS PARA EL AÑO 2008
PARA EL PRODUCTO
De acuerdo al análisis anterior, se propone para la Industria de Licores
del Valle aprovechar el recurso de producto para vincularse de la
siguiente forma a los canales de distribución y eventos:
Bonificación al canal mayorista: (…)
Vinculación a supermercados: (…)
Acuerdos con puntos de consumo: (…)
Vinculación a eventos de gran magnitud: (…)
Degustaciones: (…).
VI. VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA PROMOCIONAL
. Llena los inventarios de los clientes obligándolos a comercializar las
marcas de la industria.
. Para la Empresa Estatal resulta más económico el pago en producto ya
que en el momento de realizar el pago se liquida al precio de canal
. Permite dar a conocer los nuevos productos del portafolio de la ILV por
medio de los canales de distribución
. Fideliza los canales de distribución construyendo relaciones comerciales
a largo plazo
. Ofrece la oportunidad de dar promoción y publicidad en los diferentes
eventos en que se genere consumo y se promuevan las marcas de la
Industria.
. Apoya la labor comercial del distribuidor. […]”
El segundo, de donde se deriva la continuación de los planes
promocionales en el año 2009, es el documento en donde se informó80:
“[…] PRODUCTO EN PROMOCIÓN COMO ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE
MERCADEO PARA EL AÑO 2009
Teniendo en cuenta que la Industria de Licores del Valle debe seguir los
parámetros establecidos en el Plan Estratégico del Cuatrienio 2008-
2011, en donde se estipulan para el área de mercadeo es el aumento de
las ventas del 21%.
La Gerencia General y la Subgerencia Comercial y de Mercadeo
establecen un plan comercial para el año 2009 con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos planteados basado en la situación actual
del mercado, la competencia y los canales de distribución.
80 Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
TESTIGODOCUMENTAC(PDF).ED.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
1. Resultados vigencia 2008:
Para el año 2008 la Industria de Licores del Valle aprobó 1.000.000
unidades de 750 cm3 entre aguardiente y ron, obteniendo resultados que
impactaron las ventas departamentales y construcción y desarrollo
canales de distribución de la siguiente manera:
1.1. Ventas departamentales
Durante el año 2008 la Industria de Licores del Valle recuperó parte del
mercado perdido en especial en la zona norte del Valle, igualmente logró
una mayor cobertura del mercado lo que se tradujo en cifras en una
variación positiva del 21% frente al año 2007.
(…)
1.2. Participación por canal de distribución en ventas Valle 2008:
Teniendo en cuenta que la distribución numérica se fortaleció durante el
año 2008, es posible decir que la presencia del producto es total a nivel
departamental incluyendo el Norte del Valle. (…)
a. ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2009
Teniendo en cuenta el panorama anterior, la INDUSTRIA DE LICORES DEL
VALLE para el año 2009 debe desarrollar diferentes actividades tanto a
nivel departamental como nacional a fin de obtener las ventas y
penetración del mercado esperadas.
1. Vinculación a productos de consumo (…)
2. Bonificaciones al distribuidor (…)
3. Codificación de producto (…)
4. Vinculación a eventos (…)
5. Exclusividad en ferias (…)
6. Degustaciones (…)
Para el año 2009 la INUSTRIA DE LICORES DEL VALLE debe contar con
2.500.000 unidades de 750 cm3 para cumplir con este fin. Es importante
tener en cuenta que se deben adicionar 556.267 unidades de 750 cm3
que se encuentran pendientes del año 2008.
Para dar cumplimiento al plan anteriormente estipulado es de vital
importancia el compromiso del Distribuidor Comercializadora Logística
Integral como actor estratégico quien debe cumplir con los objetivos de
venta y distribución estipulados aprovechando el poder de negociación
con los canales de distribución, para lo cual se firma el presente plan con
vigencia al 31 de diciembre de 2009 […].”
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Sin embargo, en el concepto técnico financiero dirigido el 31 de enero de
2011 por el asesor de gestión de la Contraloría Delegada Sector
Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y
Desarrollo Regional a la Contraloría Delegada para Infraestructura Física
y Telecomunicaciones Comercio Exterior y Desarrollo Regional de la
Contraloría General de la República, se determinó frente al impacto que
tuvieron dichos acuerdos, lo siguiente81:
“[…] 1. Impacto de Los Acuerdos82, Actas de Acuerdo y el Otrosí
No. 383, Firmados entre los años 2008 y 2010.
A través de Acuerdos, Actas de Acuerdo y Otrosíes posiblemente se
cambiaron las condiciones inicialmente establecidas en el Contrato y en
los Pliegos de Condiciones en relación con el Plan Publicitario y Comercial,
generando el 20% de descuento en términos de unidades de producto con
respecto a la meta de ventas para el periodo comprendido entre los años
2008 y 2010.
(…)
En efecto, la incidencia del Otrosí 3 de marzo 6 de 2009 en conjunto con
los Acuerdos de la Junta Directiva genera mayores valores de recursos a
asumir por dicha Entidad, así:
-El Acuerdo No. 05 de marzo 27 de 2008 autoriza la aprobación de un plan
promocional de 500.000 unidades de botellas de 750 cc, para el período
de mayo a diciembre de 2008. Posteriormente con el Acuerdo No. 10 de
agosto 5 de 2008, se amplía el plan promocional a 1.000.000 (un millón)
de unidades de botellas de 750 cc, del cual, de conformidad con el
Considerando del Acuerdo No. 03 de marzo 5 de 2009, sólo se utilizaron
686.779 unidades. En consecuencia, el valor adicional para el año 2008,
derivado de los Acuerdos 5 y 10 de 2008, sería de $10.741 millones.
Es importante anotar que la lLV, con comunicación 1400.1020 de
noviembre 25 de 2010, reporta 621.191 unidades de producto dentro del
plan comercial ejecutado en el año 2008, por lo que el valor adicional
ascendería a $9.715 millones.
-El acuerdo No. 03 de marzo 5 de 2009 autoriza la aprobación de un plan
comercial para la vigencia del año 2009 de 3.056.267 unidades de 750
cc., mientras que con el Otrosí No. 3 del 6 de marzo de 2009 se genera
un plan de estímulos y herramientas promocionales, que a través del Acta
de Ejecución del Plan Comercial y Publicitario de la Vigencia 2009 de mayo
81
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
ED_CUADERNO3NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_21MEMORIAL-
RESPUESTAOFICIO(.pdf).
82
Nro.03 del 5 de marzo de 2008 (sic), nro.10 del 5 de agosto de 2008, nro. 03 del 5
de marzo de 2009, acuerdo nro. 5 del 1 de marzo de 2010.
83
Realmente se trata del otrosí nro. 2 del 6 de marzo de 2009.
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5 de 2009 se acuerda entre las partes del Contrato. La incidencia, como
valor adicional para el año 2009, derivado del Otrosí No. 3, del Acuerdo
No. 03 y del Acta de Ejecución del Plan Comercial del año 2009, sería de
$47.800 millones.
Es pertinente precisar que La lLV, con comunicación 1400.1020 de
noviembre 25 de 2010, reporta 1.903.675 unidades de producto dentro
del plan comercial ejecutado en el año 2009, por lo que el valor adicional
ascendería a $29.773 millones.
-Mediante el Acuerdo No. 03 de marzo 1 de 2010 se aprobó un plan
promocional de tres millones de unidades de botellas de 750 cc para la
vigencia del año 2010. Como resultado, el valor adicional para el año
2010, derivado del Otrosí No. 3 de 2009, del Acuerdo No. 03 y del Acta
de Acuerdo No. 03 de 2010, sería de $46.920 millones.
Cabe resaltar que la ILV, con comunicación 1400.1020 de noviembre 25
de 2010, reporta 1.958.289 unidades de producto dentro del plan
comercial ejecutado en el año 2010, por lo que el valor adicional
ascendería a $30.628 millones.
Es decir, el mayor valor asumido por la ILV derivado del plan comercial
ejecutado entre los años 2008 y 2010, ascendería a $70.117 millones,
correspondientes a 4.483.155 unidades de producto de 750 cc, tal como
lo reporta la Entidad mediante comunicado 1400.1020 de noviembre 25
2010.
Cabe anotar que para el año 2008 las ventas reales fueron de 10.500.000
unidades, superior en 2.9% a la meta contractual de 10.200.575
unidades, es decir, con respecto a la meta contractual se vendieron
299.425 unidades adicionales. Dado que, como se mencionó
anteriormente, el plan comercial ejecutado para ese año fue de 621.191
unidades, un análisis costo-beneficio arroja que por cada unidad adicional
vendida por encima de la meta contractual se emplearon 2 unidades para
promoción comercial.
Para el año 2009 las ventas reales fueron de 11.491.015 unidades,
superior en 2,6% a la meta contractual de 11.200.000 unidades. Es decir,
con respecto a la meta contractual se vendieron 291.015 unidades
adicionales. Dado que, como se mencionó anteriormente, el plan
comercial ejecutado para ese año fue de 1.903.675 unidades, el análisis
costo-beneficio da como resultado que, por cada unidad adicional vendida
por encima de la meta contractual, se utilizaron 7 unidades para
promoción comercial.
Es importante recordar la cláusula cuarta del contrato sobre la
remuneración del contratista que en el parágrafo establece:
“… La remuneración incorpora el costo total por la ejecución plena y
completa del objeto del contrato, incluyendo todos aquellos gastos que se
requieran para el desarrollo idóneo y calificado de la labor de
intermediación que sea necesario para la venta del volumen de productos
y para el nivel de penetración de mercado que establece el presente
contrato, durante la vigencia del mismo.
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Por lo tanto, LA INDUSTRIA no estará en obligación de pagar al
CONTRATISTA ninguna otra suma adicional a la establecida”.
Se observa también que, que en el numeral cinco de la cláusula décima
tercera del contrato se estipuló que la ILV “… reconocerá al CONTRATISTA,
la suma de doscientos pesos ($200) por cada unidad de 750 cc, vendida
por encima de la meta anual.
Por consiguiente, las unidades adicionales vendidas, por encima de la
meta de ventas, tiene un reconocimiento dentro del contrato, por lo que
los estímulos y herramientas promocionales adicionales, podrían estar por
fuera del mismo, y representarían una posible asignación ineficiente de
recursos.
En efecto, al valorar económicamente las incidencias de los Acuerdos para
los planes de promoción, mercadeo y publicidad, con base en el reporte
de noviembre 25 de 2010 de la ILV se encuentra que ascendería a $70.117
millones entre los años 2008 y 2010, como se anotó anteriormente.
Si se descuenta el valor de promoción de referencia para esta industria,
no obstante, este aspecto no estar explícito en el contrato inicial, estaría
causándose un posible impacto económico neto de $47.603 millones.
[…]”.
Conforme con lo anotado, se recuerda que la parte actora reprocha que
está configurado el cargo de falsa motivación porque no existió prueba de
una gestión antieconómica o que se hayan superado los estándares de
degustación; sin embargo, lo que la Contraloría le endilgó es que, como
miembro de la junta directiva, aprobó los precitados acuerdos que dieron
lugar a la ejecución de un plan promocional para que se distribuyeran
unas unidades promocionales sobre las cuales no había la etiqueta de
“prohibida su venta” que indicara tal carácter, y respecto de las que
tampoco se pagaron impuestos.
A lo dicho se agrega que los planes promocionales no tuvieron una
incidencia en el aumento de las ventas, por lo que está acreditado que la
aprobación de los acuerdos en mención sí implicó una gestión
antieconómica que condujo a un detrimento patrimonial, que el actor no
desvirtuó, como quiera que se distribuyeron gratuitamente unidades que
no representaron ingresos para la entidad ni ingresos por concepto de
impuestos, a la vez que no hay prueba alguna que acredite la eficiencia
en el incremento en las ventas y las utilidades que habrían de percibirse.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
En este punto, es importante indicar que el recurrente se limitó a
cuestionar el detrimento patrimonial que se estableció en el proceso de
responsabilidad fiscal con ocasión de los planes promocionales aprobados
por la junta directiva de la Industria de Licores del Valle sin presentar
ningún soporte para desvirtuarlo y así concluir que la cuantificación del
daño no corresponde a la suma establecida, carga que tenía, en los
términos del artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”; por lo tanto, este cargo
tampoco prospera.
6.4.2.4. “Frente a la presunción de legalidad de la Ordenanza 301
de 2009”
El recurrente alegó que la Ordenanza nro. 301 de 2009 estaba vigente
para la época de los hechos y, por ende, gozaba de presunción de
legalidad. Que las supuestas irregularidades del contrato y sus
modificaciones tienen que ver con la fijación de una política de
promociones en la que se obsequiaron unidades de degustación, las
cuales se encontraban exentas del pago de impuestos al departamento
del Valle del Cauca según lo previsto por la mencionada ordenanza.
Respecto de este punto, la Sala considera que dicho cuestionamiento
tampoco tiene la virtualidad de desvirtuar la declaratoria de
responsabilidad fiscal que le hizo la Contraloría al actor, dado que, como
quedó visto en precedencia, la conducta que se le reprocha es que en
calidad de representante personal del gobernador en la junta directiva de
la Industria de Licores del Valle aprobó los acuerdos para la ejecución de
un plan promocional, pese a que el mismo no estaba dando los resultados
económicos que se perseguían y, por el contrario, produjeron un
detrimento patrimonial, por cuanto iban en aumento las unidades
promocionales; que, además de todo, en su presentación no advertían
tener tal carácter. Detrimento que no le es atribuible a la ordenanza, pues
es evidente que ella por sí misma no tiene tal alcance.
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6.4.2.5. En cuanto al argumento que el actor de que los miembros
de las juntas directivas no son gestores fiscales
El recurrente afirmó que no fungió como gestor fiscal en la Industria de
Licores del Valle, por cuanto “los miembros de junta no son gestores
fiscales”.
Añadió que actuaba para la época de los hechos como delegado del
gobernador, mas no como ordenador de gasto o gestor fiscal, en razón a
que “(…) la Industria de Licores del Valle es una empresa que tiene
autonomía administrativa y presupuestal”, y que no asistió a las juntas
en las cuales supuestamente se concretó el daño patrimonial a la
empresa.
Al respecto la Sala destaca que, acorde con lo previsto por el artículo 3
de la Ley 610 de 2000, se entiende por gestión fiscal “el conjunto de
actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realizan los
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos tendientes a la adecuada y
correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado,
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración
de los costos ambientales”. (se destaca)
En lo que tiene que ver con la dirección y administración de una empresa
industrial y comercial del Estado, como es la Industria de Licores del
Valle84, el artículo 88 de la Ley 489 de 1998 dispuso que la misma está a
cargo de la junta directiva y del gerente.
84
Consulta realizada el 29 de julio de 2024 en la página https://ilvalle.com.co. La
Industria de Licores del Valle es una empresa industrial y comercial del Estado del orden
departamental, creada mediante la ordenanza 025 de 1945 por la asamblea
departamental del Valle.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
En el asunto bajo examen, está demostrado que:
(i) Mediante el Decreto nro. 0159 del 11 de febrero de 2008, expedido
por el gobernador del departamento del Valle del Cauca, Juan Carlos
Abadía Campo85, el señor Raimundo Antonio Tello Benítez fue designado
como representante personal del gobernador ante la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle e hizo parte de la junta hasta su retiro según
el Decreto 1223 del 21 de septiembre de 201086.
(ii) Que en la sesión del 27 de marzo de 2008 la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle, en la que consta estuvo presente el señor
Tello Benítez se aprobó el plan promocional para la utilización del producto
en diferentes eventos y,
(iii) Que mediante el acuerdo número 05 del 27 de marzo de 2008, la
junta directiva aprobó un plan promocional con producto; por el acuerdo
número 10 del 5 de agosto de 2008 la junta directiva autorizó ampliar el
plan promocional aprobado mediante el acuerdo nro. 5 de 2008; por el
Acuerdo nro. 3 del 5 de marzo de 2009 se aprobó un plan promocional
para el impulso de los productos de la Industria de Licores del Valle,
acuerdos que condujeron a las firmas de los respectivos otrosíes en el
contrato de distribución nro. 20080035.
(iv) Así mismo, como lo señaló el a quo, según el Decreto 1041 de 1982,
estatuto orgánico de la Industria de Licores del Valle y el Acuerdo 026 de
1994 expedido por la junta directiva de la misma entidad, a la junta
directiva, órgano al que pertenecía el demandante, le correspondía
aprobar los planes y programas para el desarrollo de la Industria de
Licores del Valle, por lo que debía emplear toda su diligencia en verificar
que se ajustaran a las políticas de la entidad, no obstante, la contraloría
encontró que, el demandante no cumplió dichos deberes.
85
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
86
Según consta en el fallo con responsabilidad fiscal de segunda instancia. Página 29 del
fallo. Acápite “La responsabilidad fiscal”.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Adicionalmente, está acreditado que hizo parte de la junta hasta el año
2010 en calidad de representante personal del gobernador y participó en
la fijación y aprobación de las decisiones que dieron lugar al detrimento
patrimonial de la Industria de Licores del Valle y del departamento, puesto
que, como miembro de la junta directiva, aprobó los acuerdos a los que
se ha hecho mención que permitieron a través del distribuidor la ejecución
de un plan promocional para que se distribuyeran unas unidades
promocionales, los cuales se tradujeron en una gestión antieconómica y
en la disminución de los tributos del departamento, que conllevaron al
detrimento patrimonial establecido en el proceso de responsabilidad
fiscal, que no desvirtuó.
En este punto, es importante destacar que no se dedujo responsabilidad
fiscal al actor por omitir la realización de actos de supervisión de las
actividades de ejecución del contrato de distribución de licores nro.
20080035, ni en estricto rigor por la actividad contractual, sino por
adoptar como miembro de la junta directiva una serie de decisiones que
condujeron al daño patrimonial, puesto que, si bien es cierto, como lo
afirma, a los miembros de las juntas directivas no les corresponde ejercer
un control puntual de la actividad contractual, sí tienen el deber funcional
de formular la política general de la empresa y de los planes y programas
que debe desarrollar, en aras de garantizar el buen funcionamiento y la
preservación del patrimonio público.
Frente a la gestión de los miembros de la junta directiva de la Industria
de Licores del Valle, la Sala, en un asunto similar, en sentencia del 20 de
febrero de 202087, reiterada en sentencia del 21 de enero de 202188,
precisó que “(…) los miembros de la junta directiva de la Industria de
Licores del Valle basándose solamente en unas estrategias de mercado
que no fueron suficientemente analizadas, en particular sobre los
87
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de febrero de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25
000 23 41 000 2013 01700 01.
88
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 21 de enero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.
25000 23 41 000 2012 00534 01.
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88
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
resultados que arrojaban año a año, aprobaron unos planes
promocionales que afectaron las finanzas públicas, pues la respuesta que
da la subgerente de mercadeo a la relación costo - beneficio no explica
suficientemente la persistencia en una estrategia que arroja un balance
negativo, ni hay observación alguna de la junta sobre el particular”.
Por ende, “la junta directiva de la Industria de Licores del Valle no solo
tenía la competencia para formular la política general de la empresa, así
como fijar los planes y programas a desarrollar con miras al rendimiento
de sus ingresos y reglamentar la promoción y venta de los productos, sino
que era su deber para la aprobación de los acuerdos y otrosíes al Contrato
de Comercialización nro. 20080035 comprobar si éstos beneficiaban a la
Industria de Licores del Valle”89.
Vale la pena acotar que, en este punto, el fallo de responsabilidad fiscal
destacó90:
“[…] el Decreto 1041 de junio 30 de 1982, expedido por el gobernador del
Departamento del Valle del Cauca mediante el cual se dicta el Estatuto
Orgánico de la Industria de Licores del Valle (folio 1322) establece lo
siguiente:
Artículo 9: La Junta directiva estará integrada por
a) El gobernador del departamento o su suplente personal
Artículo 10:
Son atribuciones de la Junta directiva
a) Formular la política general de la Empresa y los planes y programas
que deba desarrollar
b) Aprobar las inversiones u operaciones comerciales e industriales que
ha de realizar directamente la Entidad con miras al mejor rendimiento de
sus ingresos.
(…)
i) Reglamentar la promoción y venta de productos de la empresa.
89
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 20 de febrero de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25
000 23 41 000 2013 01700 01.
90
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
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89
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Artículo 6: La dirección y administración de la ILV estará a cargo de un
Junta Directiva, de un Gerente y los demás funcionarios que se
determinen en consonancia con lo dispuesto en el presente Estatuto
Orgánico.
(…)
De otra parte, la Junta Directiva en cesión del 5 de agosto de 2008, según
consta en el acta o4, a la que asistió JUAN PABLO MUÑOZ TOVAR (sic)
como delegado del gobernador del departamento se aprobó ofrecer un
3% adicional a la Comercializadora Logística Integral modificando de esta
manera las condiciones iniciales del contrato de distribución en perjuicio
de los ingresos tributarios del departamento del Valle del Cauca.
[…]”.
De lo anterior se desprende que las funciones de la junta directiva
implicaban gestión fiscal, comoquiera que debían aprobar las inversiones
u operaciones comerciales e industriales que adelantaría directamente la
Industria de Licores del Valle para el mejoramiento de sus ingresos y, con
fundamento en dicha facultad, la junta directiva modificó las condiciones
iniciales del contrato de distribución.
Conforme a lo señalado por esta Sección en la sentencia del 20 de febrero
de 2020 ya citada91, “(…) comprende la Sala que los resultados de los
planes promocionales no fueran conocidos de antemano por los miembros
de la junta directiva durante el año 2008, pues hay un riesgo implícito en
ello; pero sí tenían el deber y la responsabilidad de hacer el
correspondiente seguimiento durante los años subsiguientes, es decir,
2009 y 2010, en aras de determinar si era procedente desde el punto de
vista del costo beneficio mantenerlos, o cuál era su incidencia en las cifras
de la entidad y del departamento. Es decir, si bien no puede atribuirse
negligencia por la aprobación de un plan promocional que, en el primer
año, tiene un resultado incierto, sí es atribuible tal conducta si se insiste
en el mismo plan sin revisar las cifras de lo acontecido, para determinar
las bondades o los problemas que él presenta”.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
91
del 20 de febrero de 2020. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25
000 23 41 000 2013 01700 01.
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90
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Por lo tanto, este motivo de disenso tampoco prospera.
6.4.3. En cuanto a la violación del debido proceso y del derecho de
defensa y contradicción
En este punto, el recurrente reiteró lo siguiente:
6.4.3.1. Frente al fallo de primera instancia
(i) Que el fallo de primera instancia no cumplió con los elementos mínimos
constitutivos de la responsabilidad fiscal porque no se precisó la cuantía
de la contratación de la entidad y también hizo alusión a la falla del
servicio:
Lo primero que la Sala advierte es que la responsabilidad fiscal busca el
resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público, “mediante
el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio
sufrido por la respectiva entidad” (artículo 4 de la Ley 610 de 2000), y lo
que se cuestiona a través del presente medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es la legalidad de los actos administrativos
que declararon fiscalmente responsable a la parte actora, lo que no tiene
relación alguna con la cláusula general de responsabilidad patrimonial del
Estado prevista en el artículo 90 Constitucional, según la cual, “el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”,
ni se trata de lo controvertido en este asunto.
Por otra parte, en cuanto al argumento de que no se tuvo en cuenta lo
previsto por el inciso cuarto del artículo 102 de la Ley 1474 de 201192, se
92
“ARTÍCULO 102. Recursos. Contra los actos que se profieran en el proceso verbal
de responsabilidad fiscal, proceden los siguientes recursos:
El recurso de reposición procede contra el rechazo a la petición de negar la acumulación
de actuaciones.
El recurso de reposición en subsidio el recurso de apelación procede contra la decisión
que resuelve las solicitudes de nulidad, la que deniegue la práctica de pruebas y contra
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91
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
advierte que, en el fallo con responsabilidad fiscal de primera instancia,
proferido el 20 de febrero de 2012 por la contralora delegada
intersectorial de la unidad de investigaciones especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República, se dispuso en el
numeral veintisiete, que contra dicha decisión procedía el recurso de
apelación; por lo tanto, al proceso se le impartió el trámite de doble
instancia.
Ahora bien, vale acotar por la Sala que, tanto en el auto de apertura e
imputación como en los fallos de primera y segunda instancia, la entidad
demandada estableció la cuantía del daño causado al patrimonio público,
así:
• En el auto nro. 00302 del 7 de abril de 2011 “por el cual se ordena abrir
proceso de responsabilidad fiscal no. 6-007-11”, expedido por el director
de investigaciones fiscales, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, se
expuso93:
“[…] DETERMINACIÓN DEL DAÑO FISCAL
El detrimento patrimonial que se predica afectaron los intereses de las
entidades del orden territorial, inicialmente se encuentra estimado en:
> CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE
PESOS ($59.828.000.000) derivado de la suscripción correspondiente
aplicación de los otrosíes No. 3 y 5 del Contrato de Distribución No.
20080035 suscrito por la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Empresa
Industria y Comercial del orden departamental y la UNIÓN TEMPORAL
COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA INTEGRAL S.A., en tanto se establece
una sobre promoción del producto, por encima de los niveles eficientes de
referencia para esta industria licorera y que se discrimina en impuestos y
tributos no recaudados a favor del Departamento del Valle del Cauca por
valor de treinta y un mil novecientos cuarenta y nueve millones de pesos
( $31.949.000.000) e ingresos dejados de percibir por parte de la ILV en
el auto que decrete medidas cautelares, en este último caso el recurso se otorgará en el
efecto devolutivo.
Contra el fallo con responsabilidad fiscal proferido en audiencia proceden los recursos de
reposición o apelación dependiendo de la cuantía determinada en el auto de apertura e
imputación.
El recurso de reposición procede cuando la cuantía del presunto daño patrimonial
estimado en el auto de apertura e imputación, sea igual o inferior a la menor cuantía
para contratación de la entidad afectada con los hechos y tendrá recurso de apelación
cuando supere la suma señalada”. (subrayas ajenas)
93
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
veintisiete mil ochocientos setenta y nueve millones de pesos
($27.879.000.000).
> QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($528.000.000)
aproximadamente, por las posibles deficiencias e irregular gestión que
trajeron consigo la afectación del patrimonio público en relación con la
línea de productos de exportación de la INDUSTRIA DE LICORES DEL
VALLE, reflejado en el resultado del operativo efectuado por la
Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del Departamento del Valle
del Cauca, conforme se desprende del análisis contenido en el documento
de evaluación del Contrato de Distribución N°20080035 suscrito por la
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Empresa Industrial y Comercial del
Orden Departamental y la UNION TEMPORAL COMERCIALIZADORA
LOGISTICA INTEGRAL S.A. realizada por el Asesor de Gestión de la
Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física y
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional.
> Lo anterior para un total inicialmente calculado, en la suma de SESENTA
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS
($60.356.000.000).
Pese a la cuantificación antes señalada es preciso indicar que como quiera
que de la evaluación del contrato de distribución N° 20080035 suscrito
por la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Empresa Industrial y
Comercial del Orden Departamental y la UNIÓN TEMPORAL
COMERCIALIZADORA LOGÍSTICA INTEGRAL S.A así como el análisis
realizado desde de la Contraloría Delegada para Infraestructura Física y
Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional en etapa de
indagación preliminar, se desprenden indicios sobre el posible detrimento
patrimonial causado con la suscripción del otro si No. 6, a través del cual
se prorrogó el contrato de distribución dicha cuantificación puede variar.
[…]”.
• En el auto proferido el 14 de diciembre de 2011, la Contralora Delegada
Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
corrupción de la Contraloría General de la República le imputó
responsabilidad fiscal, entre otros, al señor Raimundo Tello Benítez, en el
que cuantificó el daño patrimonial94.
• En el fallo con responsabilidad fiscal nro. 0001 del 20 de febrero de
2012, proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General
94
Ibidem.
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93
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
de la República, se señaló lo siguiente en relación con la determinación
de la cuantía95:
“[…] El daño patrimonial fue cuantificado en la etapa de la indagación
preliminar y ratificada en el Auto de imputación de la siguiente manera:
Impacto de acuerdos, actas de acuerdo y $ 59.828.000.000
Otrosí N° 3
Impacto de las cláusulas tercera y cuarta del $ 47.403.000.000
Otrosí N° 6
Posibles deficiencias y regular gestión con $528.000.000.000
línea de exportación
Efectos Otrosí N° 2 $83.751.000
Pago de intereses del crédito con
Infivalle $40%
TOTAL $107.842.751.000
Este despacho a aplicar el IPC en los impacto (sic) de acuerdos, actas de
acuerdo y Otrosí N° 3, Impacto de las cláusulas tercera y cuarta del
Otrosí N° 6 Posibles deficiencias y regular gestión con línea de
exportación totalizando el detrimento patrimonial en la suma de
$112.018.600.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)
Por último, en el fallo de segunda instancia proferido el 23 de marzo de
2012 por la Contralora General de la República se explicó96:
“[…] NEXO DE CAUSALIDAD
Con la implementación de un plan promocional desproporcionado y
carente de objetividad y sustento técnico, la suscripción ineficaz de los
otrosíes, modificatorios del contrato No. 20080035 y la expedición y
ejecución de los acuerdos a través de los cuales se aprobaron y
modificaron los planes promocionales con los productos de la Industria de
Licores del Valle durante los años 2008, 2009 y 2010, los que dieron
origen al detrimento patrimonial y que a pesar de los mismos no se
acreditó por parte de los distribuidores y comercializadores una debida
gestión que permitiera ejecutar el contrato suscrito con eficiencia,
oportunidad y eficacia a favor de los intereses patrimoniales del Estado y
surtidas las modificaciones se evidenció una importante pérdida de
utilidades y recursos a favor de la (sic) del ente territorial, por el actuar
negligente y en muchos casos omisivo de los responsables fiscales, se
genera un daño patrimonial de 39.643.607.486 TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.
95 Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado.
96
Ibidem
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94
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
El Gobernador del Valle del Cauca de la época Sr., JUAN CARLOS ABADIA,
sus Delegados Sres. JUAN PABLO MUÑOZ Y LUIS TELMO ROJAS, los demás
miembros de la Junta Directiva Sres., RAIMUNDO TELLO, LUIS ALFREDO
GARCIA, HECTOR FABIO USECHE, EZEQUIEL LENIS RAMIREZ, LUIS
HUMBERTO CASTRILLÓN, Gerente Sr. DONEY OSPINA MEDINA y
Subgerente Comercial y de Mercadeo Sra. PAULA ANDREA MARTINEZ, con
su conducta negligente abiertamente contraria a los principios que
informan el ejercicio de la función administrativa y la gestión fiscal, actuar
irregular del cual se derivó, como está debidamente probado, la afectación
al patrimonio público, objeto de reproche en el actual proceso de
responsabilidad fiscal y que constituye un nexo causal del daño.
[…]”.
Por lo demás, el recurrente no desvirtuó la cuantía del detrimento
patrimonial establecido en el proceso de responsabilidad fiscal, por lo que
la Sala se remite a lo señalado en líneas precedentes respecto del plan
promocional y las consecuencias en las arcas de la Industria de Licores
del Valle y en los dineros que dejó de percibir el departamento del Valle
del Cauca. En consecuencia, este punto de disentimiento tampoco tiene
vocación de prosperidad.
(ii) Que se desconocieron las formas propias de cada juicio, que se violó
el debido proceso, que no se valoraron las pruebas aportadas al proceso:
El debido proceso, como lo ha señalado la Corte Constitucional97,
constituye un conjunto de garantías destinadas a la protección de quien
ha sido vinculado a una actuación administrativa o judicial “(…) para que
durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio.
En consecuencia, implica para quien asume la dirección del procedimiento
la obligación de observar, en todos sus actos, la plenitud de las formas
previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos. Esto, con el fin
de preservar los derechos de quienes se encuentran incursos en una
relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación conduzca a
la creación, modificación o extinción de un derecho o una obligación o a
la imposición de una sanción98.
Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 2019.
97
Sentencias T-073 de 1997. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-980 de 2010. M.P. Gabriel
98
Eduardo Mendoza Martelo.
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95
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
En el asunto bajo examen, no está desvirtuado que el proceso de
responsabilidad fiscal se adelantó por las autoridades competentes, con
el respeto de las etapas procesales, que las partes no tuvieran la
oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción, o que no
se haya cumplido con el principio de publicidad y no fueran notificadas de
todas las actuaciones surtidas, o que no tuvieran la oportunidad de
interponer los recursos correspondientes y, por último, también se
salvaguardó el principio de la doble instancia, de manera que no se
demostró que las garantías que componen el núcleo esencial del derecho
fundamental al debido proceso fueran inobservadas.
Aunado a lo señalado, el recurrente tenía la carga de demostrar cuáles
pruebas no se tuvieron en cuenta y que condujeran a una decisión en un
sentido diferente a la adoptada por el órgano de control.
(iii) En relación con el reproche de que desconocieron los fenecimientos
de las cuentas y que se desconoció la apreciación de las pruebas en
conjunto:
La Sala observa que lo que dispone el artículo 17 de la Ley 42 de 1993 es
que: “si con posterioridad a la revisión de cuentas de los responsables del
erario aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares
relacionadas con ellas se levantará el fenecimiento y se iniciará el juicio
fiscal”.
Por tanto, como lo señaló el a quo, la norma no establece que, para
adelantar un proceso de responsabilidad fiscal, se deba levantar el
fenecimiento de la cuenta mediante un acto administrativo o proceder a
la revocatoria directa del acto que declaró el fenecimiento. En otras
palabras, el procedimiento que señala el actor debió seguirse con
fundamento en el artículo 17 ibidem, no está previsto expresamente en
dicha disposición.
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96
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
(iv) En cuanto al reproche de que se desconoció el principio de
investigación integral, más allá de afirmarse que dicho principio fue
desconocido, no se explicaron las razones de ello.
Al efecto, se trae a colación la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia sobre el principio de investigación integral al que alude el
recurrente aplicable en materia penal. En ella se ha precisado que el
mismo no implica que el funcionario se vea compelido a recaudar todas
las pruebas imaginables, sino solo aquellas necesarias para acreditar la
existencia del comportamiento reprochable o las que demuestren la
inocencia; además ha sostenido que, cuando se alega el incumplimiento
de dicho deber, al interesado no solo le corresponde relacionar las
pruebas que se dejaron de practicar, sino también especificar el poder
suasorio de las mismas y a demostrar de manera concreta la
trascendencia de las pruebas omitidas en la decisión99.
(v) Acerca de la falta de congruencia entre el auto de imputación de
cargos y la sanción finalmente impuesta, se hará referencia en el siguiente
punto.
(vi) Igualmente se examinará a continuación, el reproche consistente en
que, tras interponer el recurso de apelación contra el fallo de
responsabilidad fiscal de primera instancia, no se consideró que podía
sustentarse en los 10 días siguientes conforme con el artículo 101 de la
Ley 1474 de 2011.
6.4.3.2. Hechos irregulares relacionados con el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia:
El recurrente manifestó que el 20 de febrero de 2012 en la audiencia de
lectura de fallo de primera instancia el apoderado del señor Raimundo
Antonio Tello Benítez interpuso oralmente recurso de apelación, que debía
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 24 de julio de 2013.
99
Expediente radicado nro. 31244.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
ser sustentado dentro de los 10 días siguientes conforme lo establece el
artículo 101 de la Ley 1474 de 2011; no obstante, el 5 de marzo de 2012,
sin mediar auto por medio del cual la contralora intersectorial concediera
los recursos y sin proferirse una providencia que citara a cada una de las
partes y sus defensores, la contralora instaló la audiencia de sustentación
de recursos.
Aseguró que, pese a lo anterior, el 5 de marzo de 2012 el apoderado del
señor Raimundo Antonio Tello Benítez, encontrándose dentro del término
legal, presentó recurso de apelación, y para su sorpresa, mediante fallo
de segunda instancia proferido el 23 de marzo de 2012, la Contralora
General de la República lo tuvo por no presentado, con lo cual, no estaría
agotando la vía gubernativa, ni podría acceder a la justicia contenciosa
administrativa.
Para resolver, la Sala destaca lo siguiente:
(i) Está acreditado que el proceso de responsabilidad fiscal, luego de
admitido, fue adecuado al trámite verbal conforme a lo señalado por el
artículo 97 de la Ley 1474 de 2011, que entró a regir el 12 de julio de
2011100.
(ii) Como lo refiere el recurrente, en el procedimiento verbal de
responsabilidad fiscal, el trámite de la audiencia de decisión está previsto
en el artículo 101 de la Ley 1474 de 2011, que, en su texto original101,
que era el vigente para la fecha de los hechos, dispuso lo siguiente:
“[…] Artículo 101. Trámite de la audiencia de decisión. La audiencia
de decisión se tramitará conforme a las siguientes reglas:
100
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública”. Publicada en el Diario Oficial nro. 48.128 del 12 de julio de 2011.
101
Los literales a) y d) fueron modificados por el artículo 142 del Decreto 403 del 16 de
marzo de 2020 “por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto
Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
a) El funcionario competente para presidir la audiencia de decisión, la
declarará abierta con la presencia del funcionario investigador fiscal, los
profesionales técnicos de apoyo designados, el presunto responsable fiscal
o su apoderado, si lo tuviere, o el defensor de oficio y el garante o a quien
se haya designado para su representación.
b) Se concederá el uso de la palabra a los sujetos procesales para que
expongan sus alegatos de conclusión sobre los hechos que fueron objeto
de imputación;
c) El funcionario realizará una exposición amplia de los hechos, pruebas,
defensa, alegatos de conclusión, determinará si existen pruebas que
conduzcan a la certeza de la existencia o no del daño al patrimonio
público; de su cuantificación; de la individualización y actuación del gestor
fiscal a título de dolo o culpa grave; de la relación de causalidad entre la
conducta del presunto responsable fiscal y el daño ocasionado, y
determinará también si surge una obligación de pagar una suma líquida
de dinero por concepto de resarcimiento;
d) Terminadas las intervenciones el funcionario competente declarará que
el debate ha culminado, y proferirá en la misma audiencia de manera
motivada fallo con o sin responsabilidad fiscal. Para tal efecto, la audiencia
se podrá suspender por un término máximo de veinte (20) días, al cabo
de los cuales la reanudará y se procederá a dictar el fallo correspondiente,
el cual se notificará en estrados. El responsable fiscal, su defensor,
apoderado de oficio o el tercero declarado civilmente responsable,
deberán manifestar en la audiencia si interponen recurso de reposición o
apelación según fuere procedente, caso en el cual lo sustentará dentro de
los diez (10) días siguientes;
e) La cuantía del fallo con responsabilidad fiscal será indexada a la fecha
de la decisión. La providencia final se entenderá notificada en estrados en
la audiencia, con independencia de si el presunto responsable o su
apoderado asisten o no a la misma […]”. (subrayas ajenas)
Así mismo, el artículo 102 de la Ley 1474 de 2011 establece que, “contra
el fallo con responsabilidad fiscal proferido en audiencia proceden los
recursos de reposición o apelación dependiendo de la cuantía determinada
en el auto de apertura e imputación” y precisó que “estos recursos se
interpondrán en la audiencia de decisión y serán resueltos dentro de los
dos (2) meses siguientes, contados a partir del día siguiente a la
sustentación del mismo”. (Se destaca)
(iii) De las aludidas normas, se desprende que en la audiencia de decisión
la parte interesada interpondrá el recurso de apelación y la sustentación
tendrá lugar dentro de los diez días siguientes.
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99
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(iv) En el caso concreto, consultado el archivo de la grabación de la
audiencia de lectura de fallo con responsabilidad fiscal de primera
instancia llevada a cabo el 20 de febrero de 2012, que reposa en los
antecedentes administrativos de los actos acusados102, se verifica que a
dicha diligencia asistió el apoderado del señor Raimundo Tello, quien
luego de notificada la decisión manifestó: "(...) interpongo recurso de
apelación y sustentaré oportunamente (...)".
Así mismo, se constata que al finalizar la audiencia, la Contralora
Delegada informó y citó a las partes a la audiencia de sustentación de los
recursos de apelación en los siguientes términos: "(...) el día (...) lunes 5
de marzo, a las ocho de la mañana hay sustentación verbal con la señora
contralora, puede venir el imputado, puede venir el apoderado, pueden
venir los dos, se van a hacer las sustentaciones verbales ante la señora
Contralora el día 5 de marzo, lunes 5 de marzo, 8:00 am, en este mismo
sitio (...)". [Disco duro anexo al expediente físico del proceso].
(v) También está acreditado que en la audiencia de sustentación del
recurso que se celebró el 5 de marzo de 2012 no se hizo presente el
apoderado del señor Raimundo Antonio Tello Benítez, sino que presentó
el recurso de apelación por escrito.
(vi) Por ende, no es cierto que se haya sorprendido a las partes y que no
se citaron previamente a la audiencia de sustentación de los recursos, ya
que está probado que en la audiencia de decisión la funcionaria de
conocimiento profirió oralmente un auto que fue notificado en estrados,
en el que se citó a las partes para audiencia de sustentación de los
recursos.
Así las cosas, comoquiera que en el caso se siguió el procedimiento verbal
de responsabilidad fiscal contenido en la Ley 1474 de 2011, era dicho
procedimiento el que debía adelantarse, no el señalado por la Ley 610 de
102
Disco duro aportado como anexo al proceso.
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100
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2000 para el sistema escrito, de manera que no le asiste razón al
recurrente cuando afirma que debió seguirse el trámite señalado en la Ley
610 de 2000 y en el Código Contencioso Administrativo, pues, se reitera,
el proceso de responsabilidad fiscal se adecuó al procedimiento verbal.
En consecuencia, en la audiencia de sustentación de los recursos que se
fijó y llevó a cabo el 5 de marzo de 2012 era la oportunidad que tenía la
parte para sustentar de manera oral el recurso de apelación atendiendo a
la naturaleza del proceso verbal, y no por escrito como lo hizo.
Cabe resaltar que en el fallo de segunda instancia del proceso de
responsabilidad fiscal se indicó lo siguiente frente al recurso de
apelación103:
“[…] considera esta instancia que los recursos de apelación radicados
bajo los números (…) todos ellos del 5 de marzo de 2012, no fueron
sustentados de manera oral por parte de los apoderados de los
implicados en la audiencia de sustentación realizada el día 05 de marzo
de 2012, y por lo tanto, no se tendrán en cuenta los escritos presentados
como sustentación del recurso, pues el trámite del proceso de
responsabilidad fiscal regulado en la Ley 1474 de 2011 es verbal y en
este sentido la totalidad de las actuaciones procesales deberán ser orales
bajo el principio rector de oralidad aplicable a dicho proceso […]”.
Por lo anotado este reproche tampoco prospera.
6.4.3.3. En relación con el fallo de segunda instancia el recurrente insiste
en que en el mismo se presentaron las siguientes irregularidades:
(i) Reiteró que dicho fallo no tuvo en cuenta el recurso de apelación que
interpuso en oportunidad conforme a lo previsto por los artículos 101 y
102 de la Ley 1474 de 2011.
Al respecto se reitera lo señalado en líneas precedentes, en el sentido
que, en el caso concreto, el proceso de responsabilidad fiscal se adecuó
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
103
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado. carpeta principal.
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al trámite del proceso verbal, de modo que, en la audiencia de
sustentación de recursos, debía sustentarse el recurso de apelación.
(ii) En cuanto a la falta de congruencia entre el auto de imputación, la
decisión de primera instancia y la de segunda instancia:
La Sala estima que, contrario a lo manifestado por el recurrente, no se
evidencia la falta de congruencia entre el auto de imputación y los fallos
de primera y segunda instancia proferidos en el proceso de
responsabilidad fiscal, si se tiene en cuenta lo siguiente:
-) El artículo 48 de la Ley 610 de 2000104 exige que, para proferir auto de
imputación de responsabilidad fiscal, esté demostrado el daño o
detrimento al patrimonio económico del Estado y existan medios
probatorios que comprometan la responsabilidad fiscal de los implicados.
En consonancia con dicha disposición, el literal a) del artículo 98 de la Ley
1474 de 2011105 previó que hay lugar a proferir auto de apertura de
imputación de responsabilidad fiscal cuando se establezca la existencia
del daño patrimonial al Estado y haya prueba que comprometa la
responsabilidad del gestor fiscal.
-) Como lo ha señalado esta Corporación, la imputación tiene un carácter
provisional y está supeditada a la verificación de las pruebas que se
recauden en el proceso de responsabilidad fiscal106.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha dicho que “hay lugar a
proferir auto de imputación de responsabilidad fiscal si está demostrado
el daño al patrimonio del Estado y si existe prueba que comprometa la
104
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías”.
105
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública”.
106
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 15 de marzo de 2018. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 27001
23 331 000 2012 00030 01.
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102
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responsabilidad de los implicados. Con posterioridad corre el término para
presentar argumentos de defensa, solicitar y aportar pruebas. Agotada la
etapa, el funcionario profiere fallo con o sin responsabilidad fiscal” 107.
(iii) En el caso concreto se le endilgó lo siguiente al señor Raimundo
Antonio Tello Benítez:
• En el auto expedido el 14 de diciembre de 2011 por la Contralora
Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra
la corrupción de la Contraloría General de la República, mediante el cual
se le imputó responsabilidad fiscal, se señalaron como razones para
ello108:
“[…] RAIMUNDO TELLO BENÍTEZ, identificado con cédula (…) en su
calidad de representante de (sic) personal en la junta directiva de la
Industria de Licores del Valle, para la época de los hechos.
Qué con sus actuaciones en la suscripción del contrato de distribución,
ejecución, Otrosís, cesión, prórroga y cesión planes promocionales se
afectó el Patrimonio Público de la Industria de Licores del Valle del Cauca;
inobservando de manera grave la siguiente normatividad que corresponde
a los servidores públicos:
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN
Artículo 51. El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente
por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos
de la Constitución y la ley.
(…)
CIRCULAR EXTERNA 100-006 publicada en el diario oficial 46.941 del 26
de marzo de 2006 expedido por la Superintendencia de Sociedades.
Representantes legales, liquidadores y miembros de juntas directivas de
las sociedades comerciales régimen de administradores (código de
comercio y ley 222 de 1995) (apartes).
(…)
QUIENES SE CONSIDERAN ADMINISTRADORES
Según el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, además del representante
legal, el liquidador y los miembros de las juntas o consejos directivos son
administradores, el factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten
funciones administrativas (subrayas originales)
Corte Constitucional. Sentencia C- 382 de 2008.
107
Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
108
radicado nro. 25 000 23 41 000 2012 00508 01. Expediente digitalizado. carpeta principal.
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103
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(…)
La ley también confiere el carácter de administrador a aquellas personas
que si bien no actúan permanentemente como administradores del ente
societario, si tienen esa posibilidad, tal como acontece con los
representantes legales y con los miembros de la junta directiva, suplentes,
cuya actuación se encuentra supeditada a la ausencia temporal o
definitiva del principal (subrayas originales)
[…]”.
En dicho auto se indicó en la parte resolutiva:
“[…] PRIMERO: Imputar responsabilidad fiscal a los señores; (…)
RAIMUNDO TELLO BENÍTEZ, identificado con cédula (…) para que
respondan solidariamente por el daño patrimonial originado en el Contrato
nro. 20080035 como consecuencia de sus conductas dolosas, por la suma
de CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES,
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($107.842.751.000) […]”.
• En el fallo de primera instancia nro. 0001 del 20 de febrero de 2012,
proferido por la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la corrupción, luego de referirse en
general al contrato de distribución, a su cesión, a las modificaciones del
contrato, a los planes promocionales, a las obligaciones y prohibiciones
del administrador, se señaló lo siguiente respecto de la gestión fiscal del
señor Raimundo Tello Benítez109:
“[…] RAIMUNDO TELLO BENÍTEZ, identificado con cédula (…), en su
calidad de representante personal en la junta directiva de la Industria de
Licores del Valle, para la época de los hechos […].
En la calificación de la conducta se expresó110:
“[…] RAIMUNDO TELLO BENÍTEZ, identificado con cédula (…), en su
calidad de representante personal en la junta directiva de la Industria de
Licores del Valle, para la época de los hechos. Se verifica una conducta
dolosa atribuible de conformidad a la valoración probatoria que obran en
el expediente en congruencia con el Auto de imputación de cargos por su
conducta pasiva en el desarrollo del Contrato de Distribución No.
20080035 en su suscripción, prórroga y Otrosís […]”.
109
Ibidem.
110
Ibidem.
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104
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Mientras que, en la parte resolutiva se dispuso:
“[…] ARTÍCULO SEXTO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL,
conforme lo previene el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en contra de
RAIMUNDO TELLO BENÍTEZ, identificado (…) en su calidad de
representante personal en la junta directiva de la Industria de Licores
del Valle, para la época de los hechos en cuantía de $6.879.876.162
[…]”.
• A su vez, en el fallo de segunda instancia expedido el 23 de marzo de
2012 por la Contralora General de la República se explicó111:
“[…] en relación con el Contrato de Distribución y Comercialización
20080035 debe señalarse que se trató de un contrato de tracto sucesivo
cuya ejecución se prolongaba en el tiempo, años 2008, 2009 y 2010 y por
lo tanto los miembros de la junta directiva, el gerente y la subgerente
comercial y de mercadeo, todos administradores de la ILV que
participaron en cualquier momento y tomaron decisiones durante el
tiempo de celebración y ejecución de los otrosíes nro. 01, 02, 03, 04 y 05
debieron revisar su conveniencia y oportunidad y los efectos económicos
que rodeaban la implementación y puesta en marcha del plan promocional
en cada una de las vigencias ya referidas anteriormente.
(…)
Resulta necesario hacer primeramente un análisis sobre lo que constituye
verdaderamente un plan promocional habida cuenta del impacto
económico negativo en términos de recursos dejados de percibir por la
ILV y concluir que su implementación y modificación al vaivén de las
circunstancias y a la medida del contratista, no fue el resultado de una
eficaz y eficiente planeación y estrategia comercial […]”. (subrayas
ajenas)
Y en la parte resolutiva se decidió112:
“[…] ARTICULO PRIMERO: De conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de la presente providencia, modificar parcialmente el fallo
con responsabilidad fiscal emitido el día 20 de febrero de 2012, por la
Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, en el sentido de fallar con
responsabilidad fiscal solidaria y a título de culpa grave y por una cuantía
de $ 40.767.369.586 indexado a febrero de 2012 contra las siguientes
personas (…).
(…) TELLO BENÍTEZ RAIMUNDO, identificado con cédula de
ciudadanía […]”.
111
Ibidem.
112 Ibidem.
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105
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
-) Bajo el escenario descrito, se observa que se atendió lo ordenado por
los artículos 48 de la Ley 610 de 2000 y 98 de la Ley 1474 de 2011, toda
vez que se identificó al señor Tello Benítez como presunto responsable, la
entidad afectada y los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal,
y se determinó la cuantía del daño al patrimonio.
De igual manera, los cargos que se le endilgaron al señor Raimundo
Antonio Tello Benítez en el auto de imputación de responsabilidad fiscal
sí guardan relación con lo señalado en los fallos de primera y segunda
instancia dictados en sede administrativa, que se concretó en que: en
calidad de representante personal del gobernador hizo parte de la junta
directiva, por ende, las funciones de la junta directiva implicaban gestión
fiscal, comoquiera que debían aprobar las inversiones u operaciones
comerciales e industriales que adelantaría directamente la Industria de
Licores del Valle para el mejoramiento de sus ingresos y, con fundamento
en dicha facultad, la junta directiva modificó las condiciones iniciales del
contrato de distribución; de manera que no le asiste razón al recurrente.
-) Ruptura del principio de congruencia ante la ausencia de los
requisitos del auto de imputación de cargos
El recurrente manifestó que el ente de control, al proferir el auto de
imputación de cargos, relacionó de manera general una serie de
irregularidades “con ocasión del proceso de contratación de distribución
no. 2008-0035 celebrado entre la industria de licores del Valle y la unión
temporal Comercializadora Logística Integral S.A.”, pero que, sin
embargo, las juntas directivas no tienen dentro de sus funciones aquellas
relacionadas con aspectos contractuales, por lo que “el nexo causal como
elemento de la responsabilidad fiscal se desvanecería, para el caso de los
miembros de la junta y por tanto el auto de imputación quedaría desvalido
de uno de los requisitos del mismo, cual es la acreditación de los
elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal”.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
Insistió en que el ente de control en el auto de imputación de cargos
omitió indicar de manera detalladas cuáles fueron las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las cuáles se ejerció una supuesta gestión fiscal
“por parte de mi poderdante o sus delgados (sic) y que generó el daño
patrimonial” y que la calificación de la conducta parte de premisas erradas
e infundadas relacionadas con una serie de funciones que no son
atribuibles al señor Raimundo Tello.
Al respecto la Sala reitera que lo que se endilgó al señor Tello Benítez es
que, en calidad de miembro de la junta directiva de la Industria de Licores
del Valle, participó en la fijación y aprobación de las decisiones que dieron
lugar al detrimento patrimonial de la Industria de Licores del Valle y del
departamento, de manera que, en su calidad de representante personal
del gobernador, hizo parte de la adopción de decisiones para la
implementación de unos planes promocionales que permitieron la
distribución de unidades promocionales que se tradujeron en una gestión
antieconómica y en la disminución de los tributos departamentales que
conllevaron a un detrimento al patrimonio público que la parte actora no
desvirtuó; por lo tanto, su responsabilidad no tiene que ver en sí misma
con aspectos contractuales, sino con la aprobación de políticas de
promoción que causaron un detrimento patrimonial.
Por lo expuesto, este motivo de reproche no prospera.
(iv) “De las pruebas obrantes en el proceso, mismas que no fueron
tenidas en cuenta por el despacho al momento de emitir la
sentencia que hoy se recurre”
En este punto manifestó que, “(…) surtido en debida y legal forma todas
las etapas procesales contenidas en la Ley 1437 de 2011, aplicable a este
asunto particular, fueron decretadas las pruebas solicitadas por la parte
demandante, atinentes a las documentales solicitadas, las cuales sirven
de soporte a los argumentos de defensa de mi mandante, sin embargo,
el despacho no les dio la validez y la importancia que les amerita”. Agregó
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Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
que “constan en el expediente las pruebas documentales solicitadas y que
son las correspondientes a la copia de todo el expediente de
responsabilidad fiscal con radicación número 6-007-11, las grabaciones
magnetofónicas en las cuales constan el procedimiento verbal surtido, así
como los estados y edictos respectivos por medio de los cuales fueron
realizadas las diferentes notificaciones de dicho proceso verbal”.
Acorde con lo previsto por el artículo 167 del Código General del Proceso,
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, por lo que el recurrente
tenía la carga de demostrar cuáles pruebas no se tuvieron en cuenta y
que condujeran a una decisión en sentido diferente, por lo que las meras
manifestaciones que formula no tienen la virtualidad de afectar la
legalidad de los actos acusados.
Por último, en relación con los puntos expuestos por la parte recurrente
a manera de síntesis, se observa que solo tienen como propósito seguir
insistiendo en los cargos de nulidad de los actos acusados; sin embargo,
como se señaló en precedencia, ninguno de estos reproches tiene
vocación de prosperidad, dado que no se probó que se haya desconocido
el debido proceso o que no se haya dado la oportunidad a la parte actora
de ejercer el derecho de defensa y contradicción.
Corolario de lo explicado, será confirmada la decisión de primera
instancia, que denegó las pretensiones de la demanda, por no estar
desvirtuada la legalidad de los actos acusados en cuanto atribuyeron
responsabilidad fiscal a la parte actora.
6.5. Costas procesales en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA prevé que salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
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108
Radicación: 25 000 23 41 000 2012 00508 01
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costas y para su liquidación se tendrán en cuenta las normas del Código
General del Proceso.
A su turno el artículo 365 del Código General del Proceso previó que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso, las cuales proceden cuando
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
En el caso concreto, se condenará en costas en esta instancia, en la
modalidad de agencias en derecho, comoquiera que la Contraloría General
de la República actuó por conducto de apoderado debidamente
constituido; para este efecto, se dará aplicación a lo previsto por el
numeral primero del artículo quinto del Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del
5 de agosto de 2016113 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
que estableció las tarifas de las agencias en derecho para los procesos
declarativos en general, y se impondrá a su favor y a cargo de la parte
actora el pago de la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente. sobre los demás conceptos relacionados con gastos y expensas,
no se condenará, como quiera que no están acreditados dentro del
proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de septiembre de
2015 por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
113
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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Demandante: Raimundo Antonio Tello Benítez
SEGUNDO: ORDENAR a la parte actora a pagar por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente a favor de la Contraloría General de la República.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclaro voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaro voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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110
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