Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00654-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2012-00654-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2012-00654-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2012-00654-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
19 de julio de 2018
ACCIÓN POPULAR - Ampara los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes / RONDA HIDRÁULICA - Concepto / DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS - No puede ampararse mediante acción popular si el derecho tiene un carácter eminentemente individual / DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS - Procede la acción popular cuando, como consecuencia de su afectación, se produzca un riesgo o amenaza de vulneración de un derecho colectivo / MORALIDAD ADMINISTRATIVA - Elementos para su configuración / DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, A LA SALUBRIDAD PÚBLICA Y A LA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS QUE RESPETEN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS DANDO PREVALENCIA A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES - Se vulneran en el conjunto residencial Bosques del Centenario al no contar con algunas obras de urbanismo, estar parcialmente construido en zona de alto riesgo y afectar la zona de ronda hidráulica de la quebrada El Coyal con la construcción de un muro de contención sin la debida autorización
[L]a Sala advierte que el conjunto residencial Bosques del Centenario, no cuenta con algunas obras de urbanismo, como lo son las instalaciones de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los baños de las zonas sociales, y las estructuras ya construidas, presentan deficiencias, lo cual ha generado la afectación de algunos derechos colectivos de los propietarios de las unidades habitacionales. (…). [P]ara la Sala es claro que los cargos de la demanda se encaminaron a argumentar y demostrar la vulneración de las disposiciones legales en materia urbanística y usos del suelo, por cuanto se probó que la Oficina de Planeación del Municipio de Girardot aprobó la licencia de construcción (…), aunque el terreno se encuentra en una zona de alto riesgo, y pese a que colinda con la zona de ronda hidráulica de la microcuenca El Coyal, área especialmente protegida. (…). [P]ese a que la CAR así lo había recomendado, el Municipio incumplió su obligación de solicitar al titular de la licencia de construcción, el estudio hidrológico e hidráulico de la microcuenca El Coyal, con el fin de evaluar el caudal máximo y la eficiencia de las estructuras de evacuación construidas para las aguas generadas en esta microcuenca. (…). Asimismo, el Municipio de Girardot, luego de aprobar la licencia de construcción referida, se abstuvo de ejecutar labores de vigilancia y control sobre las obras iniciadas, de tal manera que no tuvo la diligencia de constatar si la edificación autorizada estaba afectando la zona de ronda hidráulica de la quebrada El Coyal (…). Respecto al Municipio de Girardot se concluye que su obligación no se extinguía con el otorgamiento de la licencia de construcción (…) sino que se extendía hasta la labor de verificación de la adecuación de las obras desarrolladas por el constructor. (…). En igual sentido, en su calidad de máxima autoridad urbanística en su jurisdicción, la Administración Municipal debió velar por la protección del espacio público y la restitución del mismo, al constatar que estaba siendo invadido. Asimismo, se demostró que el constructor transgredió el derecho enunciado, al desarrollar la obra civil desatendiendo las determinantes ambientales. (…). [S]e encuentra acreditado que el derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico se encuentra vulnerado, fundamentalmente por la actuación del constructor, por haber levantado un muro de contención no solamente en el interior de la zona de ronda hidráulica del arroyo El Coyal, sino invadiendo el mismo cauce de la quebrada. Además, según el Oficio N.º 3122101241 emitido por la CAR el 30 de abril de 2012, presuntamente, parte del mismo conjunto residencial Bosques del Centenario, estaría invadiendo la zona de la ronda del cuerpo de agua mencionado, obviando así que se trata de una área de especial importancia ecológica destinada para el uso de todos los habitantes.
De igual forma, el Municipio de Girardot, al aprobar la licencia de construcción sin tener en cuenta las determinantes ambientales aplicables al caso e ignorando que la CAR ya había advertido que el constructor no había allegado los estudios hidrológicos e hidráulicos de la microcuenca, autorizó la invasión del área protegida mencionada, vulnerando el derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. (…). [L]a empresa AGUAGYR manifiesta que se encuentran sin servicio de acueducto y alcantarillado: un sanitario y un lavamanos en la portería del conjunto, y una ducha, un grifo, una piscina, un sanitario y un lavamanos en las zonas comunes, porque el constructor no orientó la red hasta estos puntos, lo cual es necesario para la colocación de los micromedidores en dichos sectores. (…). [L]a afectación de este derecho colectivo [de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública] es atribuible al constructor, quien no realizó las conexiones solicitadas por la empresa AGUAGYR para la prestación del servicio en los baños de las zonas comunes del conjunto residencial.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 63 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 82 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 311 / LEY 472 DE 1998 / DECRETO 1504 DE 1998 / LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 5 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 3 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 103 / LEY 1551 DE 2012 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 1469 DE 2010 - ARTÍCULO 7 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 5 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 31 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 65 NUMERAL 10 / DECRETO DISTRITAL 190 DE 1994 / DECRETO LEY 2811 DE 1974 - ARTÍCULO 83 / DECRETO 302 DE 2000 - ARTÍCULO 8
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la naturaleza y características de la acción popular, ver: Corte Constitucional, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. T-443, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y sentencia de 23 de abril de 2014, exp. T-254, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En Relación con el carácter preventivo de las acciones populares, ver: Corte Constitucional, sentencia de 14 de abril de 1999, exp. C-215, M.P. Martha Victoria Sáchica De Moncaleano (E). Sobre el mismo tema, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de septiembre de 2004, exp. 2002-02693-01, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En cuanto a los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, exp. 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Frente al concepto de derecho colectivo, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005, exp. 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP), C.P. María Elena Giraldo Gómez y Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC), C.P. María Claudia Rojas Lasso (E). En cuanto al concepto de moralidad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 1 de diciembre de 2015, exp. 11001-33-31-035-2007-00033-01, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Con respecto al espacio público y su destinación, ver: Corte Constitucional, sentencia de 19 de mayo de 1999, exp. SU-360, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Acerca del concepto de bienes públicos, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009, exp. 2004-00955, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. En cuanto al concepto de patrimonio público, consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 31 de mayo de 2002, exp. 25000-23-24-000-1999-09001-01(AP 300), C.P. Ligia López Díaz. Con respecto a la relación entre el derecho al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y la seguridad y salubridad públicas, consultar: Consejo de Estado, Sección primera, sentencia de 8 de junio de 2017, exp. 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sobre la relación de la salubridad pública con la infraestructura que debe garantizarse a la comunidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre de 2002, exp. AP- 533, C.P. Ligia López Díaz. En cuanto al derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Respecto del alcance del derecho colectivo en mención, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 7 de abril de 2011, exp. 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. En cuanto al derecho de los consumidores y usuarios, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010, exp. 19001-23-31-000-2005-01737-01(AP). C.P. María Claudia Rojas Lasso. Sobre el mismo derecho, ver: Corte Constitucional, sentencia de 27 de agosto de 2009, exp. T-587, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En cuanto al derecho colectivo a la moralidad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2017, exp. 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Respecto del concepto de patrimonio público, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de noviembre de 2009, exp. 50001-23-31-000-2005-00213-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-41-000-2012-00654-01(AP)
Actor: CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DEL CENTENARIO
Demandado: HENRY YEPES SANDOVAL; MUNICIPIO DE GIRARDOT; CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA; EMPRESA AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN -ACUAGYR S.A. E.S.P.; Y EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Conjunto Residencial Bosques del Centenario, por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- y por el Municipio de Girardot, en contra de la sentencia de 29 de octubre de 2014, proferida por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SOLICITUD
El señor Mario Efrén Sarmiento Riveros, apoderado judicial del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de agosto 5 de 1998, presentó demanda en contra del señor Henry Yepes Sandoval, en su calidad de constructor del mencionado Conjunto Residencial; del Municipio de Girardot; de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –en adelante CAR-; de la empresa Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P. –en adelante ACUAGYR-, y de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. –hoy absorbida por CODENSA S.A. E.S.P.-, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollo urbano respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público; y los derechos de los consumidores y usuarios, los cuales consideró vulnerados en virtud de que al interior del Conjunto Residencial Bosques del Centenario no se han terminado de ejecutar las obras necesarias para la prestación de los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado en las zonas comunes y, además, la construcción del conjunto residencial, en general, y de un muro de contención que separa a la urbanización de un arroyo, presentan falencias que han provocado el agrietamiento de las unidades habitacionales.
LOS HECHOS
Los hechos que fundamentaron la demanda de acción popular fueron los siguientes:
II. 1. El proyecto inmobiliario denominado “Conjunto Residencial Bosques del Centenario” –en lo sucesivo, el conjunto residencial-, fue construido por el señor Henry Yepes Sandoval, sobre un inmueble de su propiedad ubicado en la calle 13 N.º 20 – 26 en el Municipio de Girardot – Cundinamarca, y está sometido al régimen de propiedad horizontal.
II. 2. Para la ejecución del proyecto mencionado, la Oficina Asesora de Planeación Municipal de Girardot, en mayo de 2008, otorgó licencia de construcción N.° 25307-0-08-0165 y de urbanismo N.° 25307-0-08-0142.
II. 3. El 27 de mayo de 2008, la Empresa de Energía de Cundinamarca aprobó el diseño eléctrico de las redes del conjunto residencial accionante; sin embargo, mediante Oficio N.° 0000201895 de 25 de junio de 2012, dicha entidad comunicó que:
“[…] el constructor presentó el proyecto eléctrico para su revisión y aprobación pero no continuó con el proceso de revisión y certificación de RETIE para posterior energización (…) no se ha realizado el procedimiento correspondiente exigido por la ley ni se ha dado cumplimiento a todos los requisitos solicitados por la empresa”.
II. 4. El 11 de marzo de 2010, ACUAGYR aprobó los diseños hidráulicos y sanitarios del conjunto residencial demandante; sin embargo, mediante Oficio N.° GC-2012-0444 de 23 de febrero de 2012, dicha entidad evidenció la ausencia de medidores en las zonas comunes del conjunto. Además, ACUAGYR también encontró que el constructor no finalizó la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, toda vez que, mediante Oficio N.° GC-2012-0511 de 13 de marzo de 2011, indicó que:
“[…] para aprobar la disponibilidad de servicio de acueducto y alcantarillado para los micro medidores en las zonas comunes deberán proyectar la red hasta los puntos comunes”.
II. 5. El conjunto residencial fue construido invadiendo la zona de ronda hidráulica de la microcuenca “El Coyal”, con la cual colinda sobre el sector nororiental del predio del conjunto. Este hecho ha ocasionado que el muro que separa el conjunto residencial de la cuenca, el cual no cumple con las especificaciones técnicas, se haya derrumbado. Por estas razones, la CAR, mediante auto N.° 0924 del 1° de diciembre de 2009, inició trámite sancionatorio ambiental en contra el señor Henry Yepes Sandoval.
II. 6. La Dirección Técnica de Planeación Municipal de Girardot, mediante Oficio N.° OAP.200.13.02 de abril de 2012, advirtió que:
“[…]. Según el plan F19 del plan de ordenamiento territorial la urbanización Bosques del Centenario se encuentra parcialmente en zona de alto riesgo.
[…]. Se verificó en el archivo de planeación y no se encontró el expediente de aprobación de dicho conjunto residencial. Es de aclarar que no significa de este no haya sido aprobado si no que el expediente en físico no se encuentra por que en el año 2008 parte de lo expedientes se quemaron en un accidente que ocurrió en la oficina de planeación. […]”.
II. 7. Pese a todas las irregularidades e incumplimientos atribuibles al urbanizador, la Alcaldía Municipal de Girardot expidió Licencia Urbanística Nº. 25307-0-012-0207 de 20 de agosto de 2012, mediante la cual aprobó la construcción de cuatro viviendas más dentro del Conjunto Residencial Bosques del Centenario.
II. 8. En razón a las deficiencias presentadas en la construcción adelantada por el señor Henry Yepes Sandoval, tanto en las obras civiles que conforman el conjunto y demás zonas comunes, como en el muro de contención paralelo a la quebrada El Coyal, varias de las unidades habitacionales han venido presentando agrietamientos en sus estructuras, las cuales, de continuar avanzando, podrían desencadenar en una tragedia.
II. 9. Finalmente, la parte actora afirmó que, tanto el constructor, como las entidades públicas demandadas, han sido requeridos a efectos de solucionar los problemas urbanísticos y ambientales del conjunto residencial demandante, sin obtener resultado alguno.
PRETENSIONES
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“1.- Se declare que el señor HENRY YEPES SANDOVAL, en su condición de constructor encargado del desarrollo urbanístico del Conjunto Residencial BOSQUES DEL CENTENARIO, la Alcaldía Municipal de Girardot, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, Oficina Provincial Alto Magdalena, AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGION – ACUAGYR S.A.- E.S.P.; y la EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA, son responsables de la violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa; al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico; la defensa del patrimonio público; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; los derechos de los consumidores y usuarios; y los demás derechos que se consideren vulnerados por los demandados.
2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se ordenen al señor HENRY YEPES SANDOVAL:
2.1. Terminar la construcción de las redes de acueducto, hasta los puntos comunes y proceder a la instalación de los micromedidores, de conformidad con los numerales sexto y séptimo del acápite de hechos, en un lapso de tiempo prudencial, fijado por el despacho.
2.2. Legalizar el proyecto eléctrico ante la EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA, dando cumplimiento a los requisitos de la Empresa, de conformidad con los hechos narrados en los numerales noveno y décimo, en un lapso de tiempo prudencial, fijado por el despacho.
2.3. Construir el muro que separará el Conjunto de la Quebrada El Coyal, cumpliendo con las especificaciones técnicas, de calidad y de seguridad que sean requeridas, de conformidad con las recomendaciones y exigencias hechas por la autoridad ambiental, en un lapso de tiempo prudencial fijado por el despacho.
2.4. Terminar las obras indispensables para dar solución a la deficiencias presentadas en la piscina, sardineles, vías internas, cancha de tenis, portería, instalaciones eléctricas, kiosco, ronda de quebrada, cuarto de recolección de basuras, así como las redes de citofonía, dando cumplimiento a la normatividad vigente, de conformidad con lo narrado en los hechos décimo cuarto, décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno de la demanda, en un lapso de tiempo prudencial, fijado por el Despacho.
2.5. Legalizar, en general, todas las redes, obras pendientes, servicios públicos y demás aspectos relacionados con el desarrollo urbanístico del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, entregando a paz y salvo por todo concepto las zonas comunes a la copropiedad, para su administración, en un lapso de tiempo prudencial, fijado por el despacho.
3.- Igualmente y como consecuencia de la declaración solicitada en el numeral 1 de las pretensiones, se ordene a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT, adelantar todas las acciones correspondientes a efectos de lograr:
3.1. La reconstrucción del expediente correspondiente al Conjunto Residencial Bosques del Centenario, incluyendo estudios y diseños urbanísticos, topografía, localización, redes hidráulicas y sanitarias, memorias descriptivas, presupuestos, pólizas de cumplimiento, estabilidad y demás requisitos que se deben cumplir por parte de las personas que adelantan actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
3.2. Ejercer la inspección, control y vigilancia de manera real y efectiva sobre el señor HENRY YEPES SANDOVAL, en su condición de constructor responsable del desarrollo urbanístico Conjunto Residencial Bosques del Centenario, concretamente sobre las actividades y órdenes impartidas de conformidad con el numeral 2 de las pretensiones.
3.3. Conceder un término prudencial a la ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT, a efectos de dar cumplimiento a las pretensiones de la presente acción, o en su defecto, ordenar que se adelanten las obras pendientes de ejecución en el Conjunto, por su cuenta y riesgo, en virtud de la conducta omisiva desplegada frente al Constructor incumplido.
3.4. Abstenerse de otorgar nuevas licencias de construcción al señor HENRY YEPES SANDOVAL para desarrollar nuevos proyectos urbanísticos, hasta tanto no se dé cumplimiento a las pretensiones de la presente acción.
4. Ordenar a las demandadas CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, Oficina Provincial Alto Magdalena, AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGION –ACUAGYR S.A. – E.S.P.; y EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA, ejercer, en lo de su competencia, el control correspondiente sobre las obras pendientes de ejecución, estableciendo criterios de calidad, requisitos legales y técnicos, así como de seguridad para los habitantes del Conjunto demandante, en un término prudencial de tiempo señalado por el despacho, obteniendo finalmente la total legalización del Conjunto.
[…]”.
ACTUACIÓN PROCESAL
IV. 1. El Juzgado Administrativo del Circuito de Girardot, mediante auto de 29 de noviembre de 2012, advirtió que carecía de competencia para conocer de la controversia y, en consecuencia, ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
IV. 2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, mediante auto de 15 de enero de 2013, decidió admitir la demanda y negar la medida cautelar de embargo y secuestro de dos inmuebles de propiedad del señor Henry Yepes Sandoval, por cuanto el actor popular no acreditó que dicha medida fuera idónea para proteger o evitar que se siguieran vulnerando los derechos colectivos invocados.
IV. 3. El mismo Tribunal, mediante auto de 17 de octubre de 2013, aceptó la solicitud de coadyuvancia presentada por la Defensoría del Pueblo – Regional Cundinamarca y la integró al proceso como coadyuvante de la parte demandante.
V. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA
V. 1. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, mediante escrito aportado el 30 de abril de 2013, solicitó que se exonerara de cualquier responsabilidad a la entidad que representa, al igual que opuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con base en las siguientes consideraciones.
Adujo que, de conformidad con las competencias que le fueron asignadas, no cuenta con funciones relativas a la expedición de licencias de construcción de viviendas urbanas o a la prestación de servicios públicos; en esa medida, no pudo haber puesto en peligro, amenazado o vulnerado, alguno de los derechos colectivos alegados por la parte accionante.
También informó que su única intervención consistió en iniciar un proceso ambiental de carácter sancionatorio en contra del constructor, por haber levantado un muro de contención en límites de la ronda hidráulica de la quebrada El Coyal, sin autorización del Municipio de Girardot.
V. 2. El apoderado judicial del Municipio de Girardot, mediante escrito allegado el 2 de septiembre de 2013, solicitó que se denegaran las súplicas de la demanda, con fundamento en las siguientes excepciones:
Falta de legitimación en la causa por pasiva, en virtud de que la función del municipio, como entidad competente para la planeación urbanística, radica en el estudio y aprobación de los proyectos urbanísticos presentados. Luego entonces, “[…] no puede estimarse que por virtud del desarrollo de esas competencias, tenga la obligación de responder por las deficiencias que pueda presentar el desarrollo de esas obras, dado que la responsabilidad en la ejecución de las (…) [mismas] está en cabeza del constructor”.
Asimismo, agregó que no se le puede endilgar al municipio haber omitido el ejercicio de sus competencias de vigilancia y control del desarrollo de la actividad urbanística, por cuanto expidió las licencias de urbanismo a favor del señor Henry Yepes Sandoval por cumplir con los requisitos exigidos en la ley para aprobar la ejecución del proyecto.
Incumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en el inciso 3º del artículo 144 del CPACA, toda vez que, aunque el demandante presentó ante la Oficina de Planeación escritos relativos a las deficiencias de la obra, “tales peticiones no cumplen con los requisitos señalados en la norma citada, ya que no señalan los derechos amenazados o vulnerados, ni solicita que la entidad tome las medidas necesarias para su protección”.
Agregó que la acción popular no es la vía idónea para pretender el cumplimiento de obras aprobadas en proyectos urbanísticos, toda vez que, ante la existencia de una relación negocial de compraventa, se debe acudir ante la Jurisdicción Ordinaria - Civil para hacer cumplir las prestaciones que se deriven del acuerdo contractual.
Inexistencia de violación de derechos colectivos, porque es evidente que con la acción de la referencia se pretende compeler al constructor al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin demostrar de qué manera se logra la protección de los derechos e intereses colectivos invocados.
V. 3. El apoderado judicial de la Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P. –ACUAGYR-, mediante escrito aportado el 3 de septiembre de 2013, se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en que dicha empresa obró de conformidad con los planos que le fueron suministrados por el constructor del Conjunto Residencial Bosques del Centenario. Además, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que no ha dado lugar a los presuntos daños que afectan al conjunto residencial Bosques del Centenario.
V. 4. El apoderado judicial de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P., mediante escrito allegado el 1° de noviembre de 2013, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas, exponiendo las siguientes excepciones:
En primer lugar, adujo la inexistencia de la vulneración de los derechos colectivos, en vista de que la empresa nunca se ha negado a prestar el servicio de energía eléctrica al conjunto residencial Bosques del Centenario, de que expidió la factibilidad del servicio y aprobó el proyecto eléctrico presentado por el constructor. También aclaró que a la fecha, el conjunto cuenta con las redes de media y baja tensión construidas en su totalidad y los propietarios de los bienes inmuebles están matriculados en la empresa como usuarios de servicio de energía eléctrica.
En segundo lugar, propuso la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, por cuanto “si lo que se pretende reclamar es la dotación del servicio público de energía eléctrica, se debió invocar el derecho descrito en el literal j del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, porque los derechos invocados por el actor no han sido vulnerados”.
En tercer lugar, planteó la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de acción, ya que la acción judicial pertinente para dirimir el conflicto planteado es la acción de responsabilidad civil contractual y/o la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento del vendedor. Es evidente que, aunque la acción popular es de carácter principal, esta fue interpuesta en vista de que fenecieron los términos para interponer las acciones judiciales referidas.
En cuarto lugar, formuló el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad, puesto que el mismo actor popular mencionó que el responsable del incumplimiento de la ejecución del proyecto urbanístico conforme a las especificaciones técnicas requeridas, es el señor Henry Yepes Sandoval en su condición de constructor y vendedor del mismo.
Finalmente, expuso la excepción que denominó culpa de la comunidad, señalando que los propietarios de los bienes inmuebles son los responsables de que el proyecto urbanístico no se haya terminado a cabalidad, toda vez que no reclamaron el debido cumplimiento mediante el ejercicio de las acciones administrativas y/o judiciales conducentes, sino luego de transcurrido un período de 5 años desde el inicio desde la construcción del proyecto, vía acción popular.
V. 5. El señor Henry Yepes Sandoval, constructor del proyecto Conjunto Residencial Bosques del Centenario, aun cuando fue debidamente notificado de la acción de la referencia, optó por guardar silencio.
AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO
Mediante providencia de 21 de enero de 2014, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, debido a que no se formuló proyecto de pacto de cumplimiento.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA
VII. 1. El apoderado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, mediante escrito allegado el 30 de mayo de 2014, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción, reiterando los mismos argumentos expresados en la contestación de la demanda.
VII. 2. El apoderado de la Empresa de Aguas de Girardot, Ricaurte y la Región S.A. E.S.P. –ACUAGYR-, mediante escrito aportado el 30 de mayo de 2014, solicitó que se desestimen las pretensiones de la acción de la referencia, en virtud de que: i) carece de legitimación en la causa por pasiva por cuanto quien construyó las redes hidráulicas y sanitarias del conjunto residencial fue Henry Yepes Sandoval; ii) obró de conformidad con los planos que le suministró el constructor del conjunto residencial; y iii) la aprobación y verificación técnica de las redes construidas por parte de ACUAGYR está condicionada a la idoneidad de la construcción y a los lineamientos de la municipalidad.
VII. 3. La delegada de la Defensoría del Pueblo – Regional Cundinamarca, en su calidad de coadyuvante de la parte actora, mediante escrito allegado el 3 de junio de 2014, destacó que le preocupa el hecho de que la documentación que sirve de soporte de las licencias de construcción conferidas, haya desaparecido sin haber intentado reconstruirla, así como que se hayan expedido tres licencias de construcción pese a que la misma Oficina de Planeación Municipal haya certificado que el proyecto inmobiliario se encuentra parcialmente en zona de alto riesgo. Por último, advirtió que es deber de las autoridades, en particular de la Alcaldía, garantizar a los habitantes de su jurisdicción el goce de un ambiente sano y la prestación de los servicios públicos domiciliarios, “[…] y al no hacerlo de una manera eficiente, oportuna y saludable, se puede haber puesto en peligro la seguridad y salubridad pública de la comunidad”.
VII. 4. El apoderado judicial de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P., mediante escrito allegado el 3 de junio de 2014, solicitó denegar las pretensiones de la demanda y, en su defecto, exonerar a la empresa de las denuncias endilgadas por el actor popular, replicando los argumentos y las excepciones manifestadas en la contestación de la demanda.
VII. 5. En esta etapa procesal, el constructor Henry Yepes Sandoval, el Municipio de Girardot y la parte demandante guardaron silencio.
VII. 6. El delegado de la Procuraduría 135 Judicial II Administrativa, presentó concepto en el sentido de que el simple retardo o incumplimiento de las obligaciones del contratista-constructor no puede implicar, per se, la trasgresión del derecho a la construcción de edificaciones conforme a las disposiciones jurídicas; sin embrago, las falencias del conjunto residencial sí constituyen una vulneración de los derechos de los consumidores y a la salubridad pública; hecho que sin duda afecta a los copropietarios. Por último, concluyó que la vulneración de los derechos fue generada por el señor Henry Yepes Sandoval, al no terminar las obras en el conjunto residencial.
LA PROVIDENCIA APELADA
Mediante sentencia de 29 de octubre de 2014, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en observancia del material probatorio obrante en el proceso, procedió a amparar los siguientes derechos colectivos, atribuyendo su vulneración al constructor y al Municipio de Girardot, según el caso:
Derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. Al efecto, el Tribunal manifestó que “la ronda hidráulica es una zona de reserva ecológica no edificable de uso público, sobre la cual existe una invasión por parte del conjunto residencial Bosques del Centenario, que se construyó sobre la zona de la microcuenca, atribuible en primer lugar, al constructor, quien elevó el muro sin atender la normatividad propia del caso”.
Sobre el particular, agregó que “si bien no existe el expediente de la licencia otorgada, debe inferirse que la construcción material del conjunto residencial se desarrolló conforme a lo autorizado por el Municipio de Girardot, lo que se traduce en que dicha entidad territorial permitió la invasión de la zona de reserva ecológica no edificable de uso público, lo que significa que el Municipio al aprobar el proyecto por fuera de los lineamientos normativos correspondientes e ignorando además que la CAR había advertido a la entidad territorial la ausencia de estudio hidrológico e hidráulico de la microcuenca, vulneró el derecho colectivo de que se trata”.
Derecho de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. Sobre este derecho colectivo el Tribunal advirtió que las zonas comunes del conjunto no cuentan con servicio de agua ni alcantarillado, de lo que se desprende que ello genera un impacto a la salud pública. Agregó que dichas circunstancias son atribuibles al constructor, quien no realizó las conexiones adecuadas, ignorando los requerimientos hechos por la empresa AGUAGYR.
Derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. El Tribunal expresó que este derecho fue vulnerado, en primer lugar, por el constructor, al desarrollar la obra civil en zona de alto riesgo, desatendiendo los reglamentos respecto a la ronda de la microcuenca El Coyal; y en segundo lugar, por el Municipio de Girardot, al aprobar la licencia de construcción en dicho sector.
Con base en dichas consideraciones, el Tribunal emitió las siguientes órdenes:
“[…] 1º. Al municipio de Girardot y al constructor, señor Henry Yepes Sandoval, realizar a través de un estudio técnico la evaluación del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, con relación al alto riesgo determinado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.
Para la realización de dicho estudio no podrá excederse el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
2º. De acuerdo a las conclusiones que el mismo arroje, y si resulta necesario, el municipio de Girardot y al constructor, señor Henry Yepes Sandoval deberán disponer la reubicación del conjunto residencial, procurando mitigar al máximo cualquier tipo de detrimento de las condiciones de vida actuales de sus habitantes.
Para el trámite de reubicación, no podrá excederse el término de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
3º. Con la colaboración activa de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, el municipio de Girardot y al constructor, señor Henry Yepes Sandoval deberán solucionar la situación respecto a la invasión de la zona de ronda de la microcuenca “El Coyal”.
Para lo anterior, cuentan con tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
4º. El constructor, señor Henry Yepes Sandoval deberá adelantar todo los trámites requeridos para que la empresa AGUAGYR S.A. ESP provea el servicio de acueducto y alcantarillado a los baños de las zonas comunes [el de portería del conjunto y aquel aledaño a la piscina] y garantizar dicha prestación.
Para tal efecto, se otorgará un término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoría de la presente providencia.
Vencido el término, y no hubiese logrado la efectiva prestación del servicio de agua y alcantarillado en los baños de las zonas comunes, se deberá clausurar inmediatamente dichos puntos, para evitar riesgos de salubridad.
[…]”.
FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
IX. 1. El apoderado del actor popular, Conjunto Residencial Bosques del Centenario, mediante escrito allegado el 15 de enero de 2015, interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, aduciendo los siguientes argumentos:
Manifestó que lo pretendido y lo resuelto por el a quo no tiene consonancia alguna; ello por cuanto el Tribunal en la parte resolutiva no protegió el derecho colectivo a la moralidad pública, a pesar de que en la parte considerativa optó por hacerlo. Además, afirmó que ese derecho fue vulnerado por los funcionarios del Municipio de Girardot, en tanto que, con una conducta dolosa o gravemente culposa, omitieron requerir al constructor para que terminara las obras en el conjunto afectado.
Sostuvo que sus pretensiones no estaban encaminadas a la reubicación, por cuanto ésta se haría en terrenos de bajo costo, pese a que el valor comercial de una vivienda en el conjunto residencial afectado es de $240.000.000. Recalcó que lo pretendido consiste en que las entidades demandadas procedan a reparar lo que ha quedado mal construido.
En igual sentido, consideró que es errado ordenar el estudio técnico al constructor y al municipio, pues ellos mismos fueron los causantes de los daños alegados; el primero, por la construcción irresponsable, y el segundo, por omitir su función de inspección, control y vigilancia. Por esta razón, solicitó que el estudio sea realizado por un tercero que ordene las reparaciones respetivas.
Con base en lo anterior, solicitó que: (i) se proteja el derecho colectivo a la moralidad administrativa; (ii) se compulsen copias a la Procuraduría y a la Fiscalía respecto de los funcionarios que incurrieron en la conducta omisiva reprochada; (iii) se modifique la sentencia de primera instancia en el sentido de dejar sin efecto la reubicación del conjunto residencial y ordenar al constructor y municipio reparar los defectos constructivos; (iv) se designe en cabeza de un tercero o una entidad del orden departamental, la realización del estudio técnico que determine las deficiencias técnicas constructivas señaladas en la demanda, y proceda a emitir las órdenes de reparación; y (v) se impartan órdenes a todas las entidades en procura de lograr el cumplimiento de lo señalado.
IX. 2. El apoderado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, mediante escrito aportado el 15 de enero de 2015, interpuso recurso de apelación solicitando que se le absuelva de la obligación consistente en colaborar para la reubicación de las familias que están en riesgo por estar ubicadas la zona de ronda, dado que “la CAR, en su calidad de autoridad ambiental, no está facultada para reubicar a las personas, pues esa competencia le corresponde es al municipio”.
IX. 3. El apoderado del Municipio de Girardot, mediante escrito allegado de manera extemporánea, esto es, el 26 de enero de 2015, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia; no obstante, el a quo decidió darle alcance de apelación adhesiva, la cual fue sustentada de la siguiente forma:
En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, el Municipio informó que la vulneración de los derechos colectivos se presentó con ocasión de las obras civiles ejecutadas en el conjunto Bosques del Centenario, frente a lo cual no tiene responsabilidad. Sobre el particular, indicó que si lo reprochado es su falta de vigilancia de la ejecución de las obras, la orden judicial debería ir encaminada a ordenar a la Administración hacer uso de sus facultades sancionatorias, atendiendo a la conducta continuada de invasión del espacio de la zanja El Coyal, tal como lo preceptúa el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.
En cuanto al derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, expresó que no puede predicarse su vulneración bajo el supuesto de la expedición de licencia de construcción en zona de alto riesgo, pues el Decreto 564 de 24 de febrero de 2006 permite la aprobación de este tipo de licencias, siempre que exista espacio para obras de mitigación.
Agregó que la licencia de construcción del conjunto residencial conserva validez y eficacia, por cuanto “hoy se encuentra dentro del ordenamiento jurídico, ya que su legalidad no ha sido objeto de nulidad”.
Respecto al derecho colectivo al goce y defensa de los bienes de uso público, estima que “no se encuentra probado que el municipio haya aprobado la invasión al espacio público de la zanja El Coyal, dicho acto acaeció como acto deliberado del constructor, reiterándose la legalidad del acto administrativo que expidió la licencia de construcción”.
Respecto al numeral 1º de la orden judicial, expresó que “el estudio técnico de evaluación del conjunto residencial debe ser asumido por el constructor, pues fue quien percibió ánimo de lucro con la construcción”.
Por último, en relación con el numeral 2º de la sentencia de primera instancia, informó que es “incierta, por cuanto no impone con claridad los mecanismos necesarios para la defensa de derechos colectivos”. De igual forma, respecto a la reubicación, indica que “el municipio no puede gestionar reubicaciones a título gratuito por expresa prohibición de artículo 355 de la constitución”.
IX. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA
X. 1. El apoderado del Municipio de Girardot, recalcando los mismos fundamentos expresados en el escrito de apelación, solicitó que la entidad que representa sea exonerada de responsabilidad.
X. 2. El apoderado judicial de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P., solicitó que, en lo que atañe a la empresa que representa, se confirme la sentencia de primera instancia, debido a que no vulneró los derechos colectivos invocados por el actor popular. Además reiteró que a la fecha el conjunto residencial Bosques del Centenario cuenta con las redes de media y baja tensión construidas en su totalidad.
X. 3. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR-, solicitó que se absuelva de cualquier responsabilidad a la entidad que representa, frente a los derechos colectivos amparados, por cuanto la trasgresión funcional en la expedición de licencias urbanísticas, la construcción de las obras de urbanismo, el control al cumplimiento de las licencias y la instalación de los servicios públicos, no son asuntos que le correspondan, no existiendo así alguna omisión en el cumplimiento de sus funciones y deberes legales.
Agregó que “en caso de ser necesaria la reubicación de las familias que están en riesgo en la zona de ronda, no puede atribuírsele responsabilidad a la CAR, pues lo único que puede ordenársele es asesoría técnica en el marco de la Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones””.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, mediante escrito aportado el 6 de abril de 2016, conceptuó en el sentido de que “la decisión de primera instancia debe ser revocada en su numeral segundo y adicionarlo en cuanto que el amparo de los derechos colectivos comprende también el de la moralidad pública”, por cuanto el municipio autorizó la construcción del proyecto inmobiliario en zona de alto riesgo, lo que demuestra la conducta al menos culposa del funcionario que expidió la licencia de construcción.
Respecto al derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, sostuvo que la zona de reserva debe ser preservada, demoliendo las obras que allí se encuentren, volviendo así a la situación anterior a la expedición de la licencia de construcción respectiva y, con la colaboración de la CAR, realizar las obras civiles e hidráulicas necesarias para adecuar la quebrada El Coyal.
En relación con el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, adujo que fue desconocido por el constructor del conjunto residencial, por cuanto “construyó baños que no tienen el servicio de agua y alcantarillado en las zonas comunes, siendo su obligación entregar estas obras debidamente terminadas y en forma tal que permitan su uso natural”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
XII. 1. LAS ACCIONES POPULARES Y SU PROCEDENCIA
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro, agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la naturaleza de la acción popular, y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:
“[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]”.
En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.
Según lo ha señalado el Consejo de Estado en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.
XII. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
XII.2.1. El señor Mario Efrén Sarmiento Riveros, apoderado judicial del conjunto residencial Bosques del Centenario, atribuye al constructor del mismo, señor Henry Yepes Sandoval; a la CAR, al Municipio de Girardot, a la empresa ACUAGYR y a la Empresa de Energía de Cundinamarca, la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; la moralidad administrativa; la defensa del patrimonio público; y los derechos de los consumidores y usuarios.
XII.2.2. Según la parte actora, la vulneración de los derechos colectivos mencionados tiene su origen en que: (i) no se han terminado de ejecutar las obras necesarias para la prestación de los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado en las zonas comunes del Conjunto Residencial Bosques del Centenario; y (ii) la construcción del conjunto residencial, tanto en las obras civiles que lo conforman y demás zonas comunes, y del muro de contención que separa a la urbanización del arroyo “El Coyal”, presentan fallas en sus estructuras, las cuales han provocado el agrietamiento de las unidades habitacionales.
Además de lo anterior, la Sala también observa que determinados derechos colectivos podrían verse, de alguna forma, perturbados, con ocasión de los siguientes hechos narrados por la parte actora: (iii) el Conjunto Residencial Bosques del Centenario está invadiendo la zona de ronda hidráulica del arroyo “El Coyal”; (iv) entre la urbanización construida y la afluente “El Coyal” se construyó un muro de contención que actualmente se encuentra colapsado; y (v) de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, el Conjunto Residencial Bosques del Centenario se encuentra ubicado parcialmente en zona de alto riesgo.
XII.2.3. El actor popular asegura que el hecho generador del daño de los derechos colectivos le es atribuible al constructor del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, por no entregar el proyecto urbanístico totalmente finalizado; y a las entidades públicas demandadas, por no cumplir con sus funciones legales en temas urbanísticos y ambientales.
XII.2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, mediante sentencia de 29 de octubre de 2014, amparó los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por cuanto encontró probado que:
“(i) no existe la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado en las zonas comunes del conjunto; (ii) existe informe técnico que demuestra que la Oficina de Planeación Municipal debería solicitar al titular de la licencia de construcción, el estudio hidrológico e hidráulico de la microcuenca El Coyal, lo cual no se hizo, razón por la que hoy día existe una actuación administrativa sancionatoria en contra del constructor por el manejo dado a dicha microcuenca; (iii) el escrito 2012-02-E-1612 de la Dirección Técnica de la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía Municipal de Girardot, da cuenta que la urbanización Bosques de Centenario se encuentra parcialmente en zona de alto riesgo; (iv) del acta de inspección ocular de 8 de junio de 2012, se puede concluir que existen varias falencias en zonas comunes, de las que se debe resaltar las de la piscina y los sardineles, que se encuentran prácticamente en el mismo nivel de la vía, lo que no permite diferenciar entre los andenes y las vías de tránsito vehicular; y (v) los registros fotográficos muestran que existe un muro que amenaza a ruina, y que al parecer colinda directamente con la microcuenca El Coyal”.
XII.2.5. Con base en lo anterior, el Tribunal de instancia ordenó al Municipio de Girardot y al constructor, señor Henry Yepes Sandoval, realizar a través de un estudio técnico, la evaluación del conjunto residencial, con miras a determinar la necesidad de reubicar las unidades habitacionales; asimismo, les ordenó que, con la colaboración de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, “den solución a la situación respecto a la invasión de la zona de ronda de la microcuenca El Coyal”. Finalmente, se le ordenó al señor Henry Yepes Sandoval, adelantar los trámites requeridos para que la empresa AGUAGYR S.A. E.S.P. provea el servicio de acueducto y alcantarillado a los baños de las zonas comunes, so pena de clausurar dichos puntos.
XII.2.6. Inconformes con la anterior decisión, la CAR, el Municipio de Girardot, y la parte actora, interpusieron sendos recursos de apelación.
XII.2.6.1. La CAR manifestó no estar de acuerdo con la orden proferida en su contra, en el sentido de tener que colaborar en la reubicación de las familias que están en la zona de alto riesgo, pues ello es competencia del municipio.
XII.2.6.2. El Municipio de Girardot expresó que: (i) la vulneración de los derechos colectivos se presenta con ocasión de las obras civiles ejecutadas en el conjunto Bosques del Centenario, lo cual no es su responsabilidad; (ii) el Decreto 564 de 2006 permite la expedición de licencias de construcción en zonas de alto riesgo, siempre que exista espacio para la mitigación de los daños que se puedan producir; (iii) no está probado que el municipio haya aprobado la invasión de la zanja El Coyal; dicha invasión se debe a un acto deliberado del constructor; y (iv) en cuanto a los costos del estudio técnico y de las labores de reubicación, sostiene que deben ser asumidas por el constructor, pues fue quien se lucró de la construcción.
XII.2.6.3. El actor popular alego que: (i) el derecho colectivo a la moralidad administrativa fue vulnerado por los funcionarios públicos del municipio por cuanto actuaron de manera dolosa o gravemente culposa al omitir requerir al constructor para que terminara las obras del conjunto afectado; (ii) las pretensiones no van encaminadas a la reubicación del conjunto residencial, sino a que se proceda a reparar lo que ha quedado mal construido; y (iii) el estudio técnico no le debe ser ordenado a los causantes de los daños al conjunto, sino a un tercero que ordene las reparaciones respetivas.
XII.2.7. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si ¿hubo vulneración de los derechos colectivos invocados, con ocasión de que el constructor del Conjunto Residencial Bosques del Centenario no entregó el proyecto urbanístico totalmente finalizado y a las entidades públicas demandadas no dieron cabal cumplimiento con sus funciones legales en temas urbanísticos y ambientales?
Antes de entrar a resolver el caso concreto, la Sala considera necesario abordar el núcleo esencial y alcance de los derechos colectivos alegados como vulnerados.
XII.3. NÚCLEO ESENCIAL Y ALCANCE DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ALEGADOS COMO VULNERADOS
XII.3.1. Respecto del concepto de derecho colectivo, el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:
“[…] El derecho colectivo, ha dicho la Sala, no se deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos, ni porque se sumen; el derecho colectivo es aquel que recae sobre una comunidad entera a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada. Por lo tanto, la prosperidad de las pretensiones en la acción popular está ligada con la existencia real de los siguientes elementos, que para el momento de fallar deben estar establecidos: La acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares y la amenaza o la violación a derechos e intereses colectivos […]”.
En la misma línea conceptual, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:
“[…] Esta Corporación, en reiteradas ocasiones, ha explicado el concepto y alcance de los derechos colectivos y ha señalado que: “Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley” […]”.
XII.3.2.1. La moralidad administrativa
Sobre este derecho, la Sala Plena del Consejo de Estado, en un caso de revisión eventual de una acción popular, desarrolló el concepto de moralidad administrativa de la siguiente forma:
“[…] En efecto, sobre el papel del juez al analizar el concepto de moralidad administrativa, es importante que la determinación de su vulneración, o no, no dependa de la concepción subjetiva de quien deba decidir, sino que debe estar relacionada con la intención o propósito que influye el acto frente a la finalidad de la ley. En esa dirección y para la comprensión del motivo del actuar del funcionario, sirven como parámetros la desviación de poder; el favorecimiento de intereses particulares alejados de los principios que fundamentan la función administrativa; la inobservancia grosera, arbitraria y alejada de todo sustento legal; la conducta antijurídica o dolosa, en el entendido de que el servidor tiene la intención manifiesta y deliberada de vulnerar el mandato legal que rige su función. Se trata entonces de una concepción finalista de la función administrativa, siempre reglada y de la que siempre se espera esté al servicio del interés general y para el cumplimiento de los fines del Estado.
Tales temas son:
2.1. La moralidad administrativa está ligada al ejercicio de la función administrativa, la cual debe cumplirse conforme al ordenamiento jurídico y de acuerdo con las finalidades propias de la función pública, está determinada por la satisfacción del interés general. Ese interés general puede tener por derrotero lo que la Constitución Política enseña como fines esenciales del Estado, es decir, cuando quien cumple una función administrativa no tiene por finalidad servir a la comunidad o promover la prosperidad general o asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo, sino que su actuar está dirigido por intereses privados y particulares y guiado por conductas inapropiadas, antijurídicas, corruptas o deshonestas, se puede señalar tal comportamiento como transgresor del derecho colectivo a la moralidad pública. Y es colectivo, porque en un Estado Social de Derecho administración y administrados, es decir, la comunidad en general tiene derecho a que los servidores que cumplen la función administrativa realmente lo hagan guiados por el principio de moralidad, que se repite, es conforme al ordenamiento jurídico y a las finalidades propias del cumplimiento de las funciones públicas, con total honestidad y transparencia. Así las cosas, el bien jurídico tutelado por la acción popular es la moralidad administrativa o, lo que es lo mismo, la lealtad del funcionario con los fines de la función administrativa mediante el actuar recto y honesto en el desarrollo de sus actuaciones.
2.2. Constituyen elementos esenciales para la configuración de la moralidad administrativa, desde el punto de vista de derecho colectivo amparable a través de la acción popular:
2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Este elemento puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el principio de legalidad y (ii) violación de los principios generales del derecho.
(i) El primero corresponde a la violación del contenido de una norma jurídica por la acción (acto o contrato) u omisión de una entidad estatal o de un particular en ejercicio de una función pública. El acatamiento del servidor público o del particular que ejerce una función pública a la ley caracteriza el recto ejercicio de la función pública.
Esta conexión “moralidad - legalidad” no ha tenido divergencia jurisprudencial al interior del Consejo de Estado. Pero también ha sido uniforme la jurisprudencia en señalar que no toda ilegalidad constituye vulneración a la moralidad administrativa; que el incumplimiento per se no implica la violación al derecho colectivo: en palabras de la misma Corporación “no se puede colectivizar toda transgresión a la ley”. Esto quiere decir, que si bien el principio de legalidad es un elemento fundante de la moralidad administrativa y, por ende, un campo donde se materializa en primer término la violación del derecho colectivo, éste no es el único, pues debe concurrir un elemento subjetivo para que se configure tal transgresión. Por ello, ha sido enfática la jurisprudencia en cuestionar y rechazar aquellas acciones populares erigidas únicamente sobre una argumentación pura de ilegalidad, en las que so pretexto de proteger un derecho colectivo ponen a consideración del juez constitucional un litigio particular, cuyo debate y decisión debiera hacerse mediante el ejercicio de otro instrumento judicial, como los ahora denominados medios de control contenciosos, entre ellos el de nulidad o el de nulidad y restablecimiento del derecho, o la acción de cumplimiento si lo que se pretende es el acatamiento de una norma con fuerza de ley o acto administrativo. Son esos escenarios los propios para ejercer el control jurisdiccional de la legalidad administrativa.
(ii) Pero también forman parte del ordenamiento jurídico Colombiano aquellos principios generales del derecho consagrados en la Constitución y la ley, como los concretos de una materia. En este contexto y para efectos del derecho colectivo, la acción u omisión reputada de inmoral en el ejercicio de una función administrativa debe transgredir un principio del derecho, ya sea de carácter general o que se aplique a un tema determinado, de manera que éste se convierte, al lado de la regla, en otro criterio de control para la protección de la moralidad administrativa.
[…]
La Sala Plena no desconoce que existen otros espacios donde tiene manifestación la moralidad, pero tratándose de la moralidad administrativa, la discusión surge al precisar en qué campo se expresa su violación, si es en el ámbito meramente personal del servidor como miembro de una sociedad o en el ámbito de la función administrativa, que es reglada. Si es en el primero, sería complejo determinar si puede darse la violación del derecho colectivo, en la medida en que éste está íntimamente ligado al ejercicio de la función pública, pero que, sin embargo, existe una regulación normativa que sigue al servidor aún por fuera del ejercicio de sus funciones administrativas. Si es en el segundo campo, se piensa que podría darse la violación del derecho colectivo teniendo una fuente extranormativa, en la medida, a título de ejemplo, en que no exista una regulación sobre alguna materia y el funcionario amparado y aprovechándose de ese “vacío normativo” actúe de manera desviada o deshonesta, con el convencimiento de que no se le podrá imputar violación a la ley.
[…]
2.2.2. Elemento subjetivo: No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad pública sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si incurrió en conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta función pública.
Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que esa acción u omisión del funcionario en el desempeño de las funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral; debe evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento o del de un tercero.
Este presupuesto está representado en factores de carácter subjetivo opuestos a los fines y principios de la administración, traducidos en comportamientos deshonestos, corruptos, o cualquier denominación que se les dé; en todo caso, conductas alejadas del interés general y de los principios de una recta administración de la cosa pública, en provecho particular.
2.2.3. Imputación y carga probatoria: Ya se vio cómo para disponer la protección del derecho colectivo pretendido por el juez popular deben tener presencia tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo y su debida correlación. Para ello se requiere de una carga argumentativa por el actor popular en la que se efectúe una imputación directa, seria y real de la violación del ordenamiento jurídico y de la realización de las conductas atentatorias de la moralidad administrativa. […]”.
XII.3.2.2. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico
En primer lugar, es de anotar que la Constitución Política, en su artículo 63, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. (Subrayado fuera de texto).
Por su parte, el artículo 82, ibídem, establece:
“ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.
En concordancia con lo anterior, el Decreto 1504 de agosto 4 de 1998, sobre el espacio público y su destinación señala en su artículo primero que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”.
Sobre el particular la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:
“La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre las cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos” .
Con respecto al concepto de espacio público el artículo 5 de la Ley 9ª de 1989, prevé:
“Artículo 5° Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
“Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.” (Negrillas fuera del texto original).
Por su parte, la Sección Primea del Consejo de Estado ha puntualizado el concepto de bienes públicos así:
“De los artículos 63, 72, 82, 102 y 332 de la Constitución Política se deduce que se consideran bienes de dominio público los destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas del Estado o los que están afectados al uso común. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 674 del Código Civil se llaman “Bienes de la Unión” aquellos cuyo dominio pertenece a la República y se clasifican en bienes patrimoniales o fiscales y en bienes de uso público. (…) Y los bienes de uso público universal, igualmente conocidos como bienes públicos del territorio, son aquellos cuyo dominio resulta también del Estado pero su uso pertenece a todos los habitantes del territorio y están a su servicio permanente. Como ejemplo de ello se relacionan las calles, plazas, parques, puentes, caminos, ejidos, etc. A partir de tales características se impone que ninguna entidad estatal tiene sobre ellos la titularidad de dominio equivalente a la de un particular, por estar destinados al servicio de todos los habitantes. Sobre ellos el Estado ejerce básicamente derechos de administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés general”. (Subrayado fuera de texto).
Así, entonces, tenemos que dentro de los bienes de dominio público están los afectados al uso común, los cuales, constitucional y legalmente, tienen como elemento distintivo, su destinación colectiva, o lo que es igual, al uso por todos los miembros de la comunidad.
De igual manera, debe destacarse la obligación a cargo del Estado de proteger los bienes de dominio público y garantizar a todas las personas la utilización y disfrute de ellos, en prevalencia del interés general (Artículo 1º de la Constitución Política).
XII.3.2.3. Derecho a la defensa del patrimonio público
La Sección Cuarta del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el concepto de patrimonio público de la siguiente forma:
“[…] Por patrimonio público debe entenderse la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación positiva; su protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales. La regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista que asegura la protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular. La protección del Patrimonio Público busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas presupuestales. Para la Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio de moralidad administrativa, ámbito dentro del cual se debe estudiar el caso concreto. […]”
En cuanto al concepto de patrimonio público, esta Sección con ocasión de una sentencia de acción popular señaló lo siguiente:
“[…] Por patrimonio público se entiende la totalidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes o propiedad del Estado, que le sirven para el cabal cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto para ello en la legislación positiva […]”.
XII.3.2.4. El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
Sobre este derecho cabe resaltar lo señalado por esta Sección, en cuanto a la relación entre el derecho al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y la seguridad y salubridad públicas, temas relacionados con la presente acción popular:
“La salubridad pública.
Sobre el concepto de “salubridad pública” ha sostenido esta Sección, de manera coincidente con la Corte Constitucional:
“En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad.” “…Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados”.
De manera específica, sobre la relación de la salubridad pública con la infraestructura que debe garantizarse a la comunidad, ha sostenido esta Corporación:
“El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública […].
Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés colectivo se obtendrá a través de órdenes orientadas a garantizar el acceso a infraestructuras de servicios […]”.
XII.3.2.5. La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
El artículo 2º Constitucional, consagra como fines esenciales del Estado, el de “[…] servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el ordenamiento jurídico”. Con base en ello, “[…] Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes […], y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
El artículo 311 de la Carta Política, preceptúa que: “Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. (Negrilla de la Sala).
En desarrollo de los mandatos constitucionales antes nombrados, el literal m) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, dispone como derecho colectivo la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Sobre el particular, dicho artículo señala que:
“Artículo 4º: Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”.
Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado:
“Es un derecho colectivo que comporta la obligación impuesta por el legislador tanto a las autoridades públicas como a los particulares, en general, de observar plenamente la normativa jurídica que rige la materia urbanística, es decir la forma como progresa materialmente y se desarrolla una determinada población, asentada en una entidad territorial, bien sea en sus zonas urbanas o rurales, con miras a satisfacer plenamente las necesidades de sus habitantes, dando preponderancia al propósito de mejorar su calidad de vida”.
El Consejo de Estado, en sentencia de 7 de abril de 2011, al fijar el alcance de este derecho, precisó lo siguiente:
“[…] Por urbanismo debe entenderse, según el diccionario de la real academia de la lengua española, lo siguiente: El conjunto de conocimientos relativos a la creación, desarrollo, reforma y progreso de las poblaciones según conviene a las necesidades de la vida humana.
Por consiguiente, el núcleo esencial del derecho colectivo comprende los siguientes aspectos: Respeto y acatamiento del principio de función social y ecológica de la propiedad (inciso segundo artículo 58 C.P.). Protección del espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes. Respetar los derechos ajenos y no abusar del derecho propio (art. 95 numeral 1 C.P.). Atender los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible (art. 3º ley 388 de 1997).
El acatamiento a los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las disposiciones político - administrativas - de organización física- contenidas en los mismos (art. 5º ley 388 de 1997). Cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo; especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los servicios públicos domiciliarios, entre otros.
Entonces, para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una determinada entidad territorial - bien sea en sus zonas urbanas o rurales- con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población…”
Así las cosas, se tiene que dicho derecho abarca el respeto del principio de la función social y ecológica de la propiedad, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la calidad de vida de los habitantes, de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política. También, el respeto de los derechos ajenos, el acatamiento a la ley de ordenamiento territorial, a los planes de ordenamiento territorial y a las demás disposiciones normativas en materia de uso del suelo; así como los límites que determinan las autoridades para construir.
De esta manera, el derecho colectivo consagrado en el literal m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, tiene como finalidad imponerle la obligación a las autoridades públicas y particulares, de acatar los preceptos jurídicos que regulan la materia urbanística, es decir, todo lo relacionado con la forma como progresa y se desarrolla una determinada población -asentada en una determinada entidad territorial-, en términos de progreso físico y material.
XII.3.2.6. Los derechos de los consumidores y usuarios
Pese a que el artículo 88 de la Constitución no alude expresamente a los derechos de los consumidores como susceptibles de protección por vía de las acciones populares, el Consejo de Estado ha reconocido y amparado tal derecho con base en “el desarrollo de la habilitación al legislador para reconocer otros derechos de esta índole contenida en esta disposición, el literal n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998”. Al respecto, este Tribunal ha sostenido que:
“[…] Se trata, con todo, de una decisión legal que tiene un firme sustento constitucional. El reconocimiento que hacen los artículos 78 y 369 de la Constitución, de los consumidores y usuarios como un segmento específico de la población, al cual se reconoce un conjunto de derechos y en relación con el cual se encomienda al Estado y a los productores y distribuidores de bienes y servicios una serie de responsabilidades y deberes, envuelve una decisión del constituyente estructurante del orden constitucional económico, a la par que ofrece cobertura suficiente y explica esta determinación del legislador. Su finalidad, en últimas, es hacer de la acción popular un canal más para la protección de los intereses de un colectivo tan significativo dentro del funcionamiento del sistema económico social de mercado instaurado por la Constitución como los consumidores y usuarios, caracterizado por su vulnerabilidad y posición de desigualdad en las relaciones de consumo. De aquí que como ha sido señalado por la jurisprudencia de esta Sala de Decisión “los instrumentos que el ordenamiento jurídico contempla para la protección de los derechos de los consumidores, pueden ser individuales o colectivos”.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 78 Superior:
“Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.”
En este orden de ideas, se tiene que el reconocimiento de este derecho colectivo busca establecer una suerte de contrapeso a la libertad de empresa proclamada por la Carta como uno de los pilares del sistema económico, en tanto que apunta a focalizar la atención de las autoridades no solo en la promoción de la libre competencia y el eficiente funcionamiento del mercado, sino también en este segmento de la población que por sus características (lega, y por lo tanto, desprovisto de información y conocimiento profundo del bien o servicio que se adquiere) y la posición que ocupa (carente de un poder de negociación significativo en el mercado) tiende a ser la parte débil de las transacciones que tienen lugar con productores, comercializadores y distribuidores de bienes y servicios. La proclamación del Estado social y democrático de Derecho resulta incompatible con una visión del sistema económico que centre la protección constitucional de las relaciones económicas solo en dirección de amparar la libertad de emprender, de contratar y la libre competencia. A causa de la desigualdad propia de las relaciones de consumo, la consideración de la comunidad de personas a quienes se dirige la actividad desarrollada por los sujetos que actúan en ejercicio de las libertades que proclama el artículo 333 de la Constitución y de sus particularidades resulta imperativa.
Dada su posición de inferioridad y necesidad de protección el artículo 78 Superior es explícito en señalar ámbitos que involucran a consumidores y usuarios en los cuales el Estado debe centrar su atención. Es el caso de la regulación del control de calidad de bienes y servicios ofrecidos a la comunidad y de la información que se debe suministrar al público en su comercialización, así como del régimen de responsabilidad imputable a quienes atenten contra la salud, la seguridad o el adecuado abastecimiento de los consumidores y usuarios en la producción y comercialización de bienes y servicios. De aquí el carácter tuitivo del Derecho del Consumo y su preocupación por modular principios clásicos del Derecho Privado como la igualdad y la autonomía de la voluntad, que aun cuando aplicables, son permeados y atemperados por las normas constitucionales que sustentan esta materia.
La protección de los consumidores no es, pues, un asunto que constitucionalmente pueda resultar indiferente para las autoridades. En desarrollo de esta responsabilidad se han expedido normas como el Decreto 3466 de 1982 o, recientemente, la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), en virtud de las cuales se establece que los consumidores y usuarios tienen, entre otros, derecho a: (i) que los productos no causen daño en condiciones normales de uso y a la protección contra las consecuencias nocivas para la salud, la vida o la integridad de los consumidores; (ii) a obtener información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación; o (iii) a recibir protección contra la publicidad engañosa. Igualmente, y en paralelo con este último derecho, se ha establecido la prohibición de publicidad engañosa, entendida como “[a]quella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”; y se ha impuesto una especial carga de advertencia en cabeza de los productores y distribuidores de bienes nocivos para la salud de las personas. El desconocimiento de estas reglas y de todas aquellas estatuidas en aras de proteger a este grupo conlleva una afectación del derecho colectivo proclamado por el literal n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 susceptible de ser amparado en sede de acción popular”.
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO
En el caso sub examine, la Sala advierte que la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo proferido el 29 de octubre de 2014, encontró probado que el Municipio de Girardot y el constructor del conjunto residencial Bosques del Centenario, señor Henry Yepes Sandoval incurrieron en la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Lo anterior por cuanto consideró que está probado: “(i) que existe un muro que invade la zona de ronda de la microcuenca El Coyal, el cual fue elevado por el constructor y aprobado por el Municipio de Girardot; (ii) el constructor del conjunto construyó baños en las zonas comunes, los cuales no cuentan con el servicio público de agua y alcantarillado; (iii) el constructor desarrolló una obra civil en zona de alto riesgo, y desatendiendo los reglamentos respecto a las zonas de ronda de la microcuenca El Coyal; y (iv) el Municipio aprobó licencias de construcción de un proyecto de obra civil en zona de alto riesgo, y que no respetaba la zona de la microcuenca”.
Con base en lo expuesto, la Sala procederá a analizar si, en efecto, se produjo la vulneración de los derechos colectivos a los que anteriormente se hizo referencia:
XIII.1. De la vulneración de algunos derechos colectivos
XIII.1.1. La amenaza, vulnerabilidad y riesgo
Con base en las pruebas obrantes en el expediente, la Sala advierte que el conjunto residencial Bosques del Centenario, no cuenta con algunas obras de urbanismo, como lo son las instalaciones de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en los baños de las zonas sociales, y las estructuras ya construidas, presentan deficiencias, lo cual ha generado la afectación de algunos derechos colectivos de los propietarios de las unidades habitacionales.
Esta situación se advierte de los siguientes informes y conceptos:
Respuesta al derecho de petición elevado por el Conjunto ante la empresa AGUAGYR, con fecha 13 de marzo de 2011, mediante el cual manifiesta que “[…] para aprobar los micromedidores en las zonas comunes, se deberá orientar la red hasta los puntos comunes. En tal sentido, el Decreto 302 de 2000, en su artículo 8, menciona que la conexión de uno o varios inmuebles al sistema de acueducto o alcantarillado, es responsabilidad del urbanizador más no de la empresa”.
Informe de visita técnica de 23 de febrero de 2012, realizada por AGUAGYR al conjunto residencial Bosques del Centenario, mediante el cual dio a conocer que “[…] se encuentran sin medidor: un sanitario y un lavamanos en la portería del conjunto; una ducha, un grifo, una piscina, un sanitario y un lavamanos en las zonas comunes; y medidores ilegibles y/o parados, en la manzana A casa 1 y casa 2, y en la manzana B casa 14”. En el mismo informe se lee que la empresa manifiesta que “como las instalaciones no habían sido autorizadas, se procedió a suspender el servicio”.
Oficio N.° 03122101241 de 30 de abril de 2012, mediante el cual la CAR relató la situación del proceso sancionatorio que se está adelantando en contra de Henry Yepes Sandoval. Del mismo se destacan las siguientes consideraciones:
• La parte baja de la construcción del conjunto residencial Bosques del Centenario colinda con la zona de ronda.
• “[…] [M]ediante Informe Técnico N.º 043 de 30 de junio de 2010, recomienda: - solicitar a la Oficina de Planeación e Infraestructura del Municipio de Girardot o ACUAGYR S.A. ESP., tomar medidas correctivas en relación con el box coulvert, para evitar que se repita en el futuro situaciones similares, ya que la baja capacidad de evacuación se convirtió en la principal causa de las inundaciones de abril de 2010. – El muro actual debe ser demolido por el constructor, ya que este no cumple con las especificaciones técnicas ni cuenta con el permiso de ocupación de cauce por la autoridad competente”. [Resalta la Sala].
• “[…] [M]ediante Informe Técnico N.º 113 de 30 de marzo de 2011, dentro de las recomendaciones y obligaciones determina que la Oficina Asesora de Planeación Municipal debe solicitar al titular de la licencia de construcción, el estudio hidrológico e hidráulico de la micro cuenca El Coyal, con el fin de evaluar el caudal máximo y la eficiencia de las estructuras de evacuación construidas para las aguas generadas en esta micro cuenca, documento exigido por los Decretos 1469 de 2010 y 564 de 2006, artículo 22, y que forman parte de la licencia de construcción [Dicha recomendación ya había sido manifestada mediante Informe Técnico N.º 312 de 28 de abril de 2010], y realizar las acciones necesarias con el fin de recuperar la zona del cauce y la zona de ronda de la extensión determinada en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Girardot […]”.[Resalta la Sala].
Visto lo anterior, la Sala observa que, aunque las afirmaciones de la CAR no permiten asegurar que el conjunto residencial efectivamente se encuentra invadiendo la zona de ronda hidráulica del arroyo El Coyal, no hay duda de que el muro de contención sí se encuentra en el interior de dicha área protegida; a tal punto que la recomendación fue expresa: “El muro debe ser demolido”; aspecto que a la fecha no se ha cumplido.
Oficio con radicado OAP 2012-02-E-1612, proferido por la Dirección Técnica de la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía Municipal de Girardot, mediante el cual precisa que “según el plan F-19 del Plan de Ordenamiento Territorial, la urbanización Bosques de Centenario se encuentra parcialmente en zona de alto riesgo”. Además, expresa que “en el 2008, parte de los expedientes se quemaron en un accidente que ocurrió en la Oficina de Planeación, y hoy día solo se cuenta con un plano de terrazas y muros de contención de la licencia de urbanismo 25307-0-08-142. Se aprobaron 45 viviendas unifamiliares según se observa en el plano de terrazas y muros de contención”. [Resalta la Sala].
Acta de Inspección Ocular de 8 de junio de 2012, proferida por la Alcaldía Municipal de Girardot, mediante la cual señala que “existen falencias en la piscina, deterioro en los sardineles y en las vías internas, problema con el pozo recolector de agua en la cancha de tenis y deficiencia en las instalaciones eléctricas”.
Registro fotográfico que muestra que el muro colindante con la microcuenca El Coyal, se derrumbó, poniendo en evidencia la posibilidad de desborde de la cuenca hacia el conjunto residencial.
Informe de Inspección Técnica a las Zonas Comunes del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, emitido por el ingeniero civil Arturo Garzón Sánchez, mediante el cual sostiene que “no existe vía interior, puesto que en este lugar corre una acequia o drenaje natural que sirve de lindero al predio. En cuanto a los sardineles, presentan deterioro prematuro especialmente en las zonas de alto flujo, y en algunos sitios no cumplen con la altura mínima requerida, creando así una zona superficie con la calzada vehicular. Existe montaje deficiente de las estructuras de drenaje”.
Como conclusiones y recomendaciones señala: “(i) los acabados de dichas zonas son deficientes; (ii) existen incoherencias en los documentos legales, los cuales deben subsanarse por parte del constructor antes de realizar la entrega de los bienes comunes; (iii) existen algunas falencias que deben ser concertadas con el constructor, toda vez que presenta ambigüedad”.
Informe de Auditoría de la empresa Piscinas Seguras y Saludables, de 20 de marzo de 2012, en el que se expresa que “existen dos vasos, los cuales conforman el área de la piscina, el vaso número 2 no cumple con la normatividad para ser determinada como piscina de niños”.
Informe de factibilidad de servicio de energía eléctrica, proferido por la Empresa de Energía de Cundinamarca, mediante el cual indica que “[...] a la fecha el conjunto cuenta con las redes de media y baja tensión construidas en su totalidad; incluso el conjunto cuenta con alumbrado público, y los propietarios de los bienes inmuebles están matriculados en la empresa como usuarios de servicio de energía eléctrica”.
En efecto, probada la existencia de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el conjunto residencial Bosques del Centenario, entra la Sala a determinar las obligaciones y responsabilidades de la parte accionada, en cuanto a la supuesta afectación de los derechos colectivos de los habitantes de dicho conjunto.
XIII. 1.2. De las obligaciones y responsabilidad de la parte demandada
XIII.1.2.1. La Constitución Política le atribuye al Estado la protección de los derechos de los ciudadanos, por lo tanto, desde el punto de vista constitucional, corresponde a las entidades estatales, de acuerdo con sus competencias, el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la garantía del acceso a los servicios públicos y la acción preventiva; todo ello para salvaguardar la calidad de vida de los seres humanos.
La misma Carta Política en su artículo 311, señala como competencia de los Municipios, “[…] la prestación de los servicios públicos que determine la ley, la construcción de obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes […]”. (Subraya el Despacho).
XIII.1.2.2. El anterior mandato constitucional tuvo su desarrollo normativo en la Ley 388 de 1997, que expresamente, en cuanto al ordenamiento del desarrollo territorial, consagra:
“Artículo 3º. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural.
4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.
[…].
Artículo 5º. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.
Artículo 6º. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante:
1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y ambientales […].
[…].
Artículo 99. Licencias. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2181 de 2006. Se introducen las siguientes modificaciones y adiciones a las normas contenidas en la Ley 9 de 1989 y en el Decreto-Ley 2150 de 1995 en materia de licencias urbanísticas:
1. Modificado por el art. 182, Decreto Nacional 019 de 2012. Modificado por el art. 35, Ley 1796 de 2016. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos, de expansión urbana y rurales, se requiere licencia expedida por los municipios, los distritos especiales, el Distrito Capital, el departamento especial de San Andrés y Providencia o los curadores urbanos, según sea del caso.
Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento.
2. Dichas licencias se otorgarán con sujeción al Plan de Ordenamiento Territorial, planes parciales y a las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en su reglamento, no se requerirá licencia o plan de manejo ambiental, cuando el plan haya sido expedido de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
[…].
5. El urbanizador, el constructor, los arquitectos que firman los planos urbanísticos y arquitectónicos y los ingenieros que suscriban los planos técnicos y memorias son responsables de cualquier contravención y violación a las normas urbanísticas, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que se deriven para los funcionarios y curadores urbanos que expidan las licencias sin concordancia o en contravención o violación de las normas correspondientes”. [Resalta la Sala].
XIII.1.2.3. El artículo 103 de la citada ley determina como infracciones urbanísticas “toda actuación de parcelación, urbanización, construcción, reforma o demolición que contravenga los planes de ordenamiento territorial o sus normas urbanísticas”, las cuales darán lugar a la aplicación de sanciones urbanísticas, incluyendo la demolición de las obras, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que haya lugar.
Entonces, se tiene que, por mandato legal, el control del desarrollo urbanístico corresponde a la administración municipal, que además de estar obligada a proferir los actos generales relacionados con el ordenamiento territorial, cuenta con los poderes suficientes para impedir que se desarrolle un proyecto de urbanización que no cumpla con las disposiciones legales.
XIII.1.2.4. La Ley 1551 de 2012, en su artículo 3º determina que:
“[…] Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional.
[…].
9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años.
[…].
Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios”. (Subraya la Sala).
XIII.1.2.5. El Decreto 1469 de 2010, “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”, en su artículo 7º, consagra que la licencia de construcción es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación.
En el mismo decreto, se prevé que “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, las autorizaciones deben obedecer a un estudio de factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como de la coherencia de las obras con los Planes de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que los desarrollen o complementen”.
XIII.1.2.6. Lay Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 5º señala que:
“Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio […]”.
XIII.1.2.7. En cuanto a la gestión y conservación del medio ambiente, la Ley 99 de 1993, dispone en su artículo 31, que:
“[…] Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:
[…].
1. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que se adopten;
[…].
18. Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales.
19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes”.
XIII.1.2.8. El artículo 65, numeral 10, de dicha ley precisa que le corresponde a los municipios en materia ambiental […]“promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas”.
XIII.1.2.9. Con base en el marco normativo expuesto en precedencia, se pasará a determinar cuáles de los derechos colectivos alegados como vulnerados por al actor popular, y cuáles de los amparados por el Tribunal de instancia, se encuentran efectivamente conculcados.
XIII.1.3. Sobre el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
Con base en lo dicho en precedencia, el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, se vulnera cuando las autoridades públicas y/o los particulares desconocen la normativa en materia urbanística y usos del suelo.
En el presente asunto, para la Sala es claro que los cargos de la demanda se encaminaron a argumentar y demostrar la vulneración de las disposiciones legales en materia urbanística y usos del suelo, por cuanto se probó que la Oficina de Planeación del Municipio de Girardot aprobó la licencia de construcción a favor del señor Henry Yepes Sandoval, aunque el terreno se encuentra en una zona de alto riesgo, y pese a que colinda con la zona de ronda hidráulica de la microcuenca El Coyal, área especialmente protegida.
Así las cosas, se advierte que, pese a que la CAR así lo había recomendado, el Municipio incumplió su obligación de solicitar al titular de la licencia de construcción, el estudio hidrológico e hidráulico de la microcuenca El Coyal, con el fin de evaluar el caudal máximo y la eficiencia de las estructuras de evacuación construidas para las aguas generadas en esta microcuenca, documento que forma parte de la licencia de construcción y que es exigido por el Decreto 1469 de 2010.
Asimismo, el Municipio de Girardot, luego de aprobar la licencia de construcción referida, se abstuvo de ejecutar labores de vigilancia y control sobre las obras iniciadas, de tal manera que no tuvo la diligencia de constatar si la edificación autorizada estaba afectando la zona de ronda hidráulica de la quebrada El Coyal, pese a que dichas áreas constituyen parte del espacio público de los municipios y son zonas especialmente protegidas por su importancia ambiental.
Respecto al Municipio de Girardot se concluye que su obligación no se extinguía con el otorgamiento de la licencia de construcción de conformidad con los parámetros legales establecidos, sino que se extendía hasta la labor de verificación de la adecuación de las obras desarrolladas por el constructor Henry Yepes Sandoval, las cuales debían estar acordes con lo contenido en dichos actos administrativos. En igual sentido, en su calidad de máxima autoridad urbanística en su jurisdicción, la Administración Municipal debió velar por la protección del espacio público y la restitución del mismo, al constatar que estaba siendo invadido.
Asimismo, se demostró que el constructor transgredió el derecho enunciado, al desarrollar la obra civil desatendiendo las determinantes ambientales. En efecto, se trae a colación que la CAR inició proceso ambiental sancionatorio en contra del constructor por haber levantado, sin autorización, un muro de contención, no sólo al interior de la zona de ronda hidráulica de la quebrada El Coyal, sino invadiendo su propio cauce; muro que actualmente se encuentra en estado de ruina, amenazando así con alterar el equilibrio y preservación del ecosistema del sector involucrado, conduciendo a un uso inadecuado e irracional del recurso hídrico proveído por el riachuelo El Coyal, así como poniendo en riesgo la vida e integridad de los seres humanos que habitan en dicha zona.
XIII.1.4. Del derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico
La ronda hidráulica es un área de especial importancia ecológica de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable, que desde el punto de vista ambiental juega un papel fundamental, el cual no es otro que permitir el normal funcionamiento de los ecosistemas de dichos cuerpos de agua.
A modo de referencia, el Decreto Distrital 190 de 1994, indicó que la ronda hidráulica “es una zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de uso público, constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua, medida a partir de la línea de mareas máxima, de hasta 30 metro de ancho, destinada principalmente al manejo hidráulico y a la restauración ecológica”.
Según el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, dicha zona de reserva ecológica, la cual alcanza hasta 30 metros de ancho desde el borde del cauce de canales de agua como las quebradas, no puede ser en ningún caso destinada para uso diferente a la función de amortiguar y proteger el equilibrio ecológico. En tal sentido, la citada disposición señala que:
“Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho […]”. (Subrayas por la Sala).
Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente, se encuentra acreditado que el derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico se encuentra vulnerado, fundamentalmente por la actuación del constructor, por haber levantado un muro de contención no solamente en el interior de la zona de ronda hidráulica del arroyo El Coyal, sino invadiendo el mismo cauce de la quebrada. Además, según el Oficio N.º 3122101241 emitido por la CAR el 30 de abril de 2012, presuntamente, parte del mismo conjunto residencial Bosques del Centenario, estaría invadiendo la zona de la ronda del cuerpo de agua mencionado, obviando así que se trata de una área de especial importancia ecológica destinada para el uso de todos los habitantes.
De igual forma, el Municipio de Girardot, al aprobar la licencia de construcción sin tener en cuenta las determinantes ambientales aplicables al caso e ignorando que la CAR ya había advertido que el constructor no había allegado los estudios hidrológicos e hidráulicos de la microcuenca, autorizó la invasión del área protegida mencionada, vulnerando el derecho al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
Ahora bien, si en gracia de discusión se asumiera que el constructor, en un acto abiertamente arbitrario -sin contar con la autorización de la Alcaldía Municipal de Girardot- procedió a construir el muro de contención mencionado, sin tener en cuenta los lineamientos establecidos en las disposiciones que regulan la materia, de igual forma le es reprochable a la entidad territorial su falta de vigilancia y control, por cuanto su deber no se extingue en el estudio de los documentos presentados para obtener la respectiva licencia de construcción, sino que se extiende a la obligación de verificar y constatar que lo autorizado sea lo que efectivamente se ejecute.
XIII.1.5. Derecho de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
Sea lo primero indiciar que el actor popular señaló que este derecho fue vulnerado por el constructor Henry Yepes Sandoval, por cuanto las zonas comunes del conjunto no cuentan con servicio de agua y alcantarillado.
En el caso concreto, debe indicarse que el uso de los baños que no cuentan con el servicio de acueducto y alcantarillado, genera un impacto en la salud pública, por lo que se resalta que el acceso a dichos servicios públicos, aseguran un mínimo nivel de vida digno, como condición indispensable para evitar el riesgo de enfermedades y para satisfacer las necesidades biológicas del ser humano.
En el caso sub examine, se observa que la empresa AGUAGYR manifiesta que se encuentran sin servicio de acueducto y alcantarillado: un sanitario y un lavamanos en la portería del conjunto, y una ducha, un grifo, una piscina, un sanitario y un lavamanos en las zonas comunes, porque el constructor no orientó la red hasta estos puntos, lo cual es necesario para la colocación de los micromedidores en dichos sectores.
En tal sentido, el Decreto 302 de 2000, “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, en su artículo 8º, establece que la construcción de las redes locales y demás obras necesarias para conectar uno o varios inmuebles al sistema de acueducto o de alcantarillado será responsabilidad de los urbanizadores y/o constructores.
Con base en las consideraciones anteriores, la Sala advierte que la afectación de este derecho colectivo es atribuible al constructor, quien no realizó las conexiones solicitadas por la empresa AGUAGYR para la prestación del servicio en los baños de las zonas comunes del conjunto residencial.
XIII.1.6. Derechos de los consumidores y usuarios
El actor popular sostiene que los derechos colectivos de los habitantes del conjunto, en su condición de consumidores, fueron vulnerados comoquiera que, previamente a la compra de las unidades habitacionales del conjunto residencial Bosques del Centenario, se difundió que la urbanización contaba con los servicios de citófono y portería, lo cual no corresponde con la realidad. De igual forma, actor popular manifestó que “las falencias del conjunto residencial constituyen una vulneración de los derechos de los consumidores”.
La Sala considera que este derecho no se encuentra vulnerado en consideración a que, bajo las circunstancias que rodean el caso que se estudia, el derecho que le asiste a los compradores del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, de recibir dicha obra de conformidad con las especificaciones a las que se comprometió el vendedor, no es un derecho colectivo y, por ende, no es susceptible de ser amparado por conducto del medio de control popular.
Es de precisar que los derechos de los consumidores y usuarios a los que se refiere la Ley 472, deben cumplir con la connotación de colectivos, es decir que los mismos han pertenecerle a la comunidad, a la colectividad, a la generalidad de los asociados y no, exclusivamente, a un individuo o a grupo determinado de personas. En efecto, mediante sentencia T-587 de 27 de agosto de 2009 (M. P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), la Corte Constitucional reiteró:
“En particular, el artículo 4º, literales j y n, de la Ley 472 de 1998, dispusieron que son derechos colectivos susceptibles de protección por vía de acción popular “el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna” y “los derechos de los consumidores y usuarios”. Así, de acuerdo con la jurisprudencia[], esos derechos pueden protegerse en la medida en que no se confundan con derechos individuales comunes a grupos concretos de personas, pues “la distinción entre intereses subjetivos y colectivos de un grupo depende de la posibilidad de apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o inmateriales involucrados en la relación jurídica. Así, de los derechos colectivos puede afirmarse que a pesar de pertenecer a todos los miembros de una comunidad ninguno puede apropiarse de ellos con exclusión de los demás; en tanto que en relación con los derechos individuales, cada uno de los sujetos que pertenecen al grupo puede obtener la satisfacción de su derecho de forma individual y en momento diferente o puede ejercerlo con exclusión de los demás, y sólo por razones de orden práctico pueden reclamar conjuntamente la indemnización cuando han sufrido un daño por una causa común”[].”. [Resalta la Sala].
Visto lo anterior, la Sala destaca que el derecho a que “se terminen las obras indispensables para dar solución a la deficiencias presentadas en la piscina, sardineles, vías internas, cancha de tenis, portería, (…) kiosco, (…) cuarto de recolección de basuras, así como las redes de citofonía”, es un derecho de índole subjetivo, es decir, radicado en cabeza de un grupo de personas que, en virtud de una relación negocial, se hicieron acreedoras de la prestación de recibir una edificación en las condiciones que fueron pactadas con el vendedor; se trata de un derecho que se suscita en el marco de una relación contractual – bilateral y, por lo mismo, la facultad de ejercerlo o de exigir el subrogado pecuniario y/o la indemnización de perjuicios correspondiente, recae única y exclusivamente sobre la parte cumplida de la relación jurídica.
En otras palabras, en la medida en que el derecho de dominio respecto del Conjunto Residencial Bosques del Centenario recae sobre sus propietarios y, en consecuencia, sólo éstos están legitimados para ejercer los atributos y potestades derivadas de ese derecho, la Sala concluye que se está en presencia de un derecho de carácter eminentemente individual. Por esta razón, la solicitud de amparo desborda el propósito mismo de la acción popular.
Sin embargo, la Sala también debe aclarar que la postura asumida no significa que los derechos de los consumidores y usuarios bajo ninguna circunstancia serán objeto de amparo del medio de control popular. En efecto, la acción popular será procedente cuando: i) se constate la afectación de aquellos derechos que se proyectan sobre la colectividad (valga la redundancia), genéricamente considerada, de consumidores y usuarios; es decir, se trate propiamente de un derecho colectivo; o ii) con ocasión de la afectación individual de los derechos de determinados consumidores y usuarios, por lo menos, exista un riesgo o amenaza sobre un derecho colectivo.
En el primer evento, la Sala advierte que los derechos de los consumidores y usuarios serán de naturaleza colectiva y, por ende, susceptibles de amparo vía acción popular, cuando se trate de bienes y servicios defectuosos que tan sólo han sido ofrecidos en el mercado; o sea, antes de que se perfeccione el negocio jurídico respectivo.
En efecto, puede observarse con claridad que los derechos colectivos de los administrados, en su condición de consumidores y usuarios, están siendo vulnerados con el mero hecho de que el producto deficiente se encuentre en el mercado; sin embargo, de manera singular, la acción popular se torna improcedente cuando el consumidor o usuario adquiere el producto, toda vez que a partir de allí, ese producto, por virtud de una relación negocial, sale del mercado y del alcance del conglomerado, para ser objeto del uso, goce o disposición exclusiva de una o más personas determinadas; es decir, que el interés se tornó individual y divisible.
Valga anotar que ante la vulneración de los derechos colectivos de los consumidores y usuarios es factible que se genere un peligro o amenaza para otros derechos o intereses colectivos, tales como la salud pública, la vida o la integridad personal de la comunidad. En ese sentido, naturalmente, la acción popular procede con todo rigor hasta la etapa previa al consumo del producto, y como mecanismo preventivo frente a otros derechos colectivos que podrían llegar a verse afectados como consecuencia de la vulneración de los derechos colectivos de los consumidores y usuarios.
Ahora bien, la acción popular también procede ante la afectación individual de los derechos de determinados consumidores y usuarios, siempre y cuando, como consecuencia de esa afectación, se produzca, siquiera, un riesgo o amenaza de vulneración de un derecho colectivo.
Esta hipótesis se presentó en el caso de autos en tanto que, como pudo observarse en el acápite anterior, no obstante se demostró que los baños ubicados en las zonas comunes del Conjunto Residencial Bosques del Centenario no cuentan con el servicio de acueducto y alcantarillado, la Sala, al igual que el a quo, consideró necesaria la intervención del juez popular, comoquiera que la falta de dichos servicios, podría generar una perturbación sobre el derecho colectivo a la salud pública.
XIII.1.7. Del derecho a la moralidad administrativa
Respecto a este derecho, se tiene que el Tribunal de instancia expresa que el mismo no ha sido vulnerado por el constructor, señor Henry Yepes Sandoval, por cuanto éste no ostenta la calidad de servidor público; así como tampoco por las entidades y empresas demandadas, ya que no existe material probatorio que así lo demuestre.
Por su parte, el conjunto residencial Bosques del Centenario, alega que incurrieron en la violación de este derecho los funcionarios de la Oficina de Planeacion del Municipio de Girardot, que con una conducta dolosa o gravemente culposa, omitieron requerir al constructor para que terminara las obras en el conjunto afectado.
Para determinar la transgresión de este derecho, es pertinente traer a colación la lo manifestado por esta Sección respecto a que, si bien no existe una definición constitucional o legal que permita la determinación normativa del derecho a la moralidad administrativa, éste debe entenderse, en su dimensión de derecho colectivo, como una concepción finalista de la conducta del servidor público, en el sentido de que se debe evaluar su actuar desde la perspectiva del debido desempeño de la función administrativa, -esto es, respetando los fines que persigue la norma-, y no desde la actuación de un funcionario en una determinada situación; porque ello dejaría demasiados elementos subjetivos de quien califica la actuación del funcionario público.
En ese sentido, se indicaron unos parámetros de las posibles conductas que podrían ser determinantes para considerar que el desconocimiento de las finalidades de la norma transgredida, puede tenerse como vulneración del derecho colectivo; a saber:
“En esa dirección y para la comprensión del motivo del actuar del funcionario, sirven como parámetros: la desviación de poder; el favorecimiento de intereses particulares alejados de los principios que fundamentan la función administrativa; la inobservancia grosera, arbitraria y alejada de todo sustento legal; la conducta antijurídica o dolosa, en el entendido de que el servidor tiene la intención manifiesta y deliberada de vulnerar el mandato legal que rige su función. Se trata entonces de una concepción finalista de la función administrativa, siempre reglada y de la que siempre se espera esté al servicio del interés general y para el cumplimiento de los fines del Estado.”
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, para la configuración de la moralidad administrativa, desde el punto de vista de derecho colectivo amparable a través de la acción popular, se ha establecido que constituyen elementos esenciales: i) el elemento objetivo: un quebrantamiento del ordenamiento jurídico, desde sus manifestaciones, de desconocimiento del principio de legalidad y, de violación de los principios generales del derecho; y ii) el elemento subjetivo: que la actuación del funcionario pueda calificarse como inmoral, esto es, que se evidencie que el propósito particular del servidor se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento o del de un tercero.
Por consiguiente, no toda ilegalidad constituye vulneración a la moralidad administrativa. Esto quiere decir, que si bien el principio de legalidad es un elemento fundante de la moralidad administrativa y, por ende, un campo donde se materializa en primer término la violación del derecho colectivo, éste no es el único, pues debe concurrir un elemento subjetivo para que se configure tal transgresión.
De otro lado, la jurisprudencia advirtió que, además de tener que configurarse los dos elementos referidos, se requiere una carga argumentativa por el actor popular en la que se efectúe una imputación directa, seria y real de la violación del ordenamiento jurídico y de la realización de las conductas atentatorias de la moralidad administrativa.
Así las cosas, en el sub lite, la Sala encuentra configurado el elemento objetivo -que se predica cuando se ha presentado un quebrantamiento del ordenamiento jurídico-, derivado de la inobservancia de las disposiciones legales en materia urbanística y usos del suelo, por cuanto se probó que la Oficina de Planeación del Municipio de Girardot aprobó la licencia de construcción a favor del señor Henry Yepes Sandoval, pese a que el conjunto se encuentra sobre un terreno considerado como de alto riesgo de desastres, y colinda con la ronda de la microcuenca El Coyal, área especialmente protegida.
Sin embargo, respecto del elemento subjetivo, se tiene que no existe prueba de que hubiere algún acto del que se pueda predicar que funcionarios de la Oficina de Planeación o de la Alcaldía de Girardot favorecieron intereses particulares o de terceros.
Asimismo, se observa que el actor popular no cumplió con la carga argumentativa en relación con el elemento subjetivo del derecho colectivo, toda vez que se echa de menos la existencia de una imputación directa, seria y real sobre la violación de las normas o la ocurrencia de conductas atentatorias de la moralidad administrativa.
En atención a lo expuesto, la Sala concluye que la presunta vulneración del derecho de la moralidad administrativa, por la expedición de la licencia de construcción del conjunto residencial Bosques del Centenario, no se configura.
XIII.1.8. Del derecho a la defensa del patrimonio público
Según la jurisprudencia establecida por esta Sección, por patrimonio público se entiende […] la totalidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes o propiedad del Estado, que le sirven para el cabal cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto para ello en la legislación positiva […].
Por tanto, la defensa del patrimonio público estudia dos elementos, i) la existencia de un bien o conjunto de bienes de propiedad del Estado, y, ii) el análisis de la gestión de ese patrimonio, de forma tal que si ésta se hace de forma irresponsable o negligente, se pone en peligro el interés colectivo.
Respecto a la supuesta afectación de este derecho, la Sala concuerda con lo manifestado por el Tribunal de instancia, en cuanto a que, en este caso, no existe ninguna actuación que ponga en peligro el patrimonio público, por cuanto ha quedado claro que la obra civil objeto de debate no le pertenece al Estado y, en consecuencia, frente a la misma no se puede predicar una administración o gestión ineficiente.
XIII.1.9. La decisión y órdenes impartidas en primera instancia
XIII.1.9.1. En primer lugar, la Sala concluye que no hay lugar a proferir alguna orden de amparo en relación con la Empresa de Energía de Cundinamarca ni a ACUAGYR, por cuanto, frente a la primera entidad, se evidenció que el conjunto residencial Bosques del Centenario cuenta con las redes de media y baja tensión construidas en su totalidad, así como con el servicio de alumbrado público; y, frente a la segunda entidad, se encuentra que la falta de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en las zonas comunes de la urbanización demandante, se debe a que el constructor incumplió su deber legal de extender la construcción de las redes correspondientes hasta los puntos en que se requiere el servicio.
XIII.1.9.2. En segundo lugar, la Sala confirmará el amparo de los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso púbico; de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por las razones expuestas en los acápites respectivos.
XIII.1.9.3. En tercer lugar, la Sala procederá a modificar la parte resolutiva de la sentencia de 29 de octubre de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las siguientes consideraciones:
La Sala dispondrá que la Administración Municipal de Girardot reconstruya integralmente los expedientes administrativos correspondientes a todas las solicitudes de licencias urbanísticas elevadas en favor del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, en atención a que, mediante Oficio N.° OAP 2012-02-E-1612, la Dirección Técnica de la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía Municipal de Girardot, manifestó que “[…] en el archivo de planeación (…) no se encontró el expediente de aprobación de dicho conjunto residencial [Bosques del Centenario] (…) [debido a que] en el año 2008, parte de los expedientes se quemaron en un accidente que ocurrió en la Oficina de Planeación”.
En vista de que el a quo no tuvo en cuenta que, mediante Oficio N.° 03122101241 de 30 de abril de 2012, la CAR advirtió expresamente que el muro de contención levantado por el constructor se encuentra invadiendo la zona de ronda hidráulica del riachuelo El Coyal, y que por esa razón debe ser demolido, la Sala concretará la orden contenida en el numeral 3° de la sentencia recurrida, en el sentido de ordenarle a la Administración del Municipio de Girardot que se encargue de gestionar:
La demolición del muro de contención existente entre el cauce “El Coyal” y el Conjunto Residencial Bosques del Centenario, sirviéndose para el efecto de las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y de las específicas determinantes ambientales que de conformidad con la ley, deben ser acatadas.
La realización de las obras y conductas necesarias para la recuperación y el restablecimiento de las condiciones de las Áreas Protegidas que se vieron afectadas con ocasión de la construcción del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, de conformidad con recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y las específicas determinantes ambientales que de conformidad con la ley, deben ser acatadas.
En atención a que el a quo no tuvo en cuenta que, mediante Oficio N.° OAP 2012-02-E-1612, la Dirección Técnica de la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía Municipal de Girardot, manifestó que de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, el Conjunto Residencial Bosques del Centenario se encuentra ubicado parcialmente en una zona de alto riesgo de desastres, la Sala observa que el estudio ordenado en el numeral 1° de la parte resolutiva de la sentencia apelada, mediante el cual se pretende “evaluar el riesgo del Conjunto Residencial Bosques del Centenario de conformidad con el POT”, es totalmente innecesario. En tal virtud, la Sala dispondrá que:
La Administración del Municipio de Girardot, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y la Ley 1523 de 2012, delimite el área del Conjunto Residencial Bosques del Centenario que actualmente se encuentra en zona de alto riesgo de desastres.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, si no lo ha hecho, de conformidad con la Ley 388 de 1997, la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 2245 de 2017, proceda a realizar el estudio requerido para el acotamiento de aquella zona de la ronda hídrica del arroyo “El Coyal” que podría estar siendo invadida por el Conjunto Residencial Bosques del Centenario.
En caso de contar con los estudios referidos y la delimitación específica de la zona de la ronda hídrica del arroyo “El Coyal”, que presuntamente colinda con el Conjunto Residencial Bosques del Centenario, la CAR deberá informar al Municipio de Girardot, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, si aquella urbanización se encuentra invadiendo o no el Área Protegida indicada. De arribar a una respuesta de carácter afirmativo, la CAR deberá informarle a la Administración Municipal, con precisión, qué parte del conjunto residencial irrumpe en la zona de ronda del arroyo “El Coyal”.
Teniendo plena certeza de cuáles son las áreas del Conjunto Residencial Bosques del Centenario que se encuentran, bien en zona de alto riesgo de desastres y/o en la zona de ronda hídrica del cuerpo de agua “El Coyal”, la Administración Municipal deberá gestionar la realización de los trámites y las obras necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del espacio público invadido, bien sean Áreas Protegidas o zonas de alto riesgo de desastre y, en consecuencia, deberá realinderar el predio sobre el que se ubica el Conjunto Residencial Bosques del Centenario.
De igual forma, para efectos del cumplimiento de la orden precedente, la Administración deberá valerse de las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y las específicas determinantes ambientales que de conformidad con la ley, deben ser acatadas.
En caso de que, con ocasión del nuevo señalamiento del límite del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, se torne necesario reubicar a los propietarios de una, varias o la totalidad de las unidades habitacionales del conjunto residencial, la Administración Municipal, en concertación con el constructor y los responsables de la edificación, deberá poner en conocimiento de los propietarios una propuesta de reubicación, teniendo en consideración el valor comercial de las viviendas afectadas.
Sobre el particular, merece la pena resaltarse que el Consejo de Estado, en múltiples casos, ha utilizado la fórmula de reubicación de la población a efectos de salvaguardar derechos colectivos, tal y como ocurrió en los siguientes asuntos:
En sentencia de 18 de septiembre de 2014, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia en el cual se ordenó la reubicación de las familias que residían sobre la margen derecha de la vía que del Municipio de Manizales conduce al Municipio de Arauca.
En Sentencia de 16 de junio de 2011, la Sección Primera del Consejo de Estado exhortó al Municipio de Valledupar para que iniciara y llevara a cabo la reubicación de la totalidad de las familias que se encontraban asentadas en la margen derecha del río Guatapurí.
En sentencia de 31 de marzo del 2011, la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó la reubicación de los asentamientos ilegales de la laguna “El Pondaje”.
En sentencia de 20 de enero de 2011, la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó al municipio de Neiva reubicar la totalidad de asentamientos poblacionales de la quebrada “La Toma”.
En sentencia de 15 de junio de 2006, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera estancia en el cual se ordenó la reubicación de las familias que residían sobre la ronda del río Bogotá.
En sentencia de 30 de enero de 2004, la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó al Municipio de Bello (Antioquia) y a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., efectuar la reubicación definitiva de los actores populares por encontrarse en riesgo su vida.
En sentencia de 25 de enero de 2001, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia en el cual se ordenó la reubicación de las familias asentadas en el barrio José María Córdoba de Bucaramanga.
Resulta evidente que ordenar la reubicación de viviendas no resulta ser un asunto ajeno a las competencias del juez de la acción popular, antes bien, por el contrario, se ha consolidado como una de las formas de materialización del Estado Social de Derecho y del principio de solidaridad.
Con base en lo anterior, la Sala considera que la decisión de reubicar a las familias que pueden resultar afectadas por el mal estado de las construcciones, como consecuencia de situarse sobre una zona de alto riesgo, y porque están invadiendo un Área Protegida, resulta ser una consecuencia lógica, obligatoria e ineludible de cara a los hechos probados, en virtud del propósito de garantizar el ejercicio adecuado y pacífico de derechos colectivos relacionados con la vida y la integridad personal de los seres humanos, el equilibrio y preservación del ecosistema y el aprovechamiento racional de los recursos naturales del sector involucrado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales 1º., 2º. y 3º. del ordinal SEGUNDO de la sentencia de 29 de octubre de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán así:
“1. La Administración del Municipio de Girardot, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y la Ley 1523 de 2012, dentro del término de quince (15) días hábiles, deberá delimitar el área del Conjunto Residencial Bosques del Centenario que actualmente se encuentra en zona de alto riesgo de desastres.
2. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, si no lo ha hecho, de conformidad con la Ley 388 de 1997, la Ley 1450 de 201 y el Decreto 2245 de 2017, deberá proceder a realizar el estudio requerido para el acotamiento de aquella zona de la ronda hídrica del arroyo “El Coyal” que podría estar siendo invadida por el Conjunto Residencial Bosques del Centenario. Para el cumplimiento de esta orden la CAR contará con un plazo de tres (3) meses.
En caso de contar con los estudios referidos y la delimitación específica de la zona de la ronda hídrica del arroyo “El Coyal”, que presuntamente colinda con el Conjunto Residencial Bosques del Centenario, la CAR deberá informar al Municipio de Girardot, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, si aquella urbanización se encuentra invadiendo o no el Área Protegida indicada. De arribar a una respuesta de carácter afirmativo, la CAR deberá informarle a la Administración Municipal, con precisión, qué parte del conjunto residencial irrumpe en la zona de ronda del arroyo “El Coyal”.
3. Teniendo plena certeza de cuáles son las áreas del Conjunto Residencial Bosques del Centenario que se encuentran, bien en zona de alto riesgo de desastres y/o en la zona de ronda hídrica del cuerpo de agua “El Coyal”, la Administración Municipal deberá gestionar la realización de los trámites y las obras necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del espacio público invadido, bien sean Áreas Protegidas o zonas de alto riesgo de desastre y, en consecuencia, deberá re-alinderar el predio sobre el que se ubica el Conjunto Residencial Bosques del Centenario. Para el cumplimiento de esta orden la Administración contará con un plazo de seis (6) meses.
De igual forma, para efectos del cumplimiento de la orden precedente, la Administración deberá valerse de las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y las específicas determinantes ambientales que de conformidad con la ley, deben ser acatadas.
3.1. En caso de que, con ocasión del nuevo señalamiento del límite del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, se torne necesario reubicar a los propietarios de una, varias o la totalidad de las unidades habitacionales del conjunto residencial, la Administración Municipal, en concertación con el constructor y los responsables de la edificación, deberá poner en conocimiento de los propietarios una propuesta de reubicación, teniendo en consideración el valor comercial de las viviendas afectadas. Para el cumplimiento de esta orden la Administración contará con un plazo de seis (6) meses, contados a partir de que se tenga conocimiento de que se debe proceder a reubicar a las familias afectadas”.
SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia de 29 de octubre de 2014, de la siguiente forma:
“5. La Administración Municipal de Girardot deberá reconstruir integralmente los expedientes administrativos correspondientes a todas las solicitudes de licencias urbanísticas elevadas en favor del Conjunto Residencial Bosques del Centenario. Para el cumplimiento de esta orden la Administración contará con un plazo de seis (6) meses.
6. La Administración del Municipio de Girardot deberá encargarse de gestionar:
6.1. La demolición del muro de contención existente entre el cauce “El Coyal” y el Conjunto Residencial Bosques del Centenario, sirviéndose para el efecto de las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y las específicas determinantes ambientales que de conformidad con la ley, deben ser acatadas.
6.2. La realización de las obras y conductas necesarias para la recuperación y el restablecimiento de las condiciones de las Áreas Protegidas que se vieron afectadas con ocasión de la construcción del Conjunto Residencial Bosques del Centenario, de conformidad con recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y las específicas determinantes ambientales que de conformidad con la ley, deben ser acatadas”.
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara Voto
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. Folios 144 y ss. del cuaderno N.º 1 del expediente de la referencia. Ibíd., Cuaderno N.° 2, folios 738 y ss. Predio identificado con matrícula inmobiliaria N.º 307-24806 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot. Folio 63 del cuaderno N.º 1 del expediente de la referencia. Ibíd., folio 491 del Cuaderno N.° 2. Ibíd., folios 73 y 74 del Cuaderno N.° 1. Ibíd., folios 65 y 66. Ibíd., folio 67. Ibíd., folio 75. (se hace referencia al inicio del trámite sancionatorio ambiental). Ibíd., folio 79. Ibíd., folio 96. Ibíd., folios 193 y ss. Ibíd., folio 202 y ss. Ibíd., folio 156. Ibíd., folios 331 y ss. Ibíd., folios 227 y 228. Ibíd., folios 229 y ss. Ibíd., folios 276 y ss. Ibíd., folios 291 y ss. Ibíd., folios 338 y ss. del cuaderno N.° 2. Ibíd., folios 218, 220, 252, 256, 317 y 319 del cuaderno N.° 1. Ibíd., folio 461 y 462. del cuaderno N.° 2. Ibíd., folios 503 y ss. Ibíd., folios 511 y 512. Ibíd., folio 513 y ss. Ibíd., folios 516 y ss. Ibíd., folios 522 y ss. Ibíd., folios 567 y ss. Ibíd., folios 623 y ss. Ibíd., folios 633 y ss. Ibíd., folios 673 y ss. Ibíd., folios 681 y ss. Auto de 21 de mayo de 2015.
“Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. (…). Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. (…)”.
“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras disposiciones”. Folios 699 y ss. del cuaderno N.º 2 del expediente de la referencia. Ibíd., folios 702 y ss. Ibíd., folios 707 y ss. Ibíd., folios 717 y ss. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). Folio 145 del cuaderno 1 del expediente de la acción popular. Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Bogotá D. C., 10 de febrero de 2005. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP). Referencia: Acción Popular.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros. Consejo de Estado, Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Bogotá D.C., 1º de diciembre de 2015. EXP. No. 11001-33-31-035-2007-00033-01. Acción Popular – Revisión Eventual. Actor: Fernando Torres y Otro.
“Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”. Corte Constitucional. Sentencia SU-360 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. Sentencia de 19 de noviembre de 2009, Radicación 2004–00955, Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno. Ver también la sentencia del Consejo de Estado, Sección primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP). Actor: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejera ponente: Ligia López Díaz. Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dos (2002). Radicación número: 25000 23 24 000 1999 9001 01 (AP 300). Actor: Contraloría General de la República. Demandado: La Nación - Ministerio de Transporte y la Sociedad Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. DRAGACOL S.A. Referencia: Apelación Sentencia (Acción Popular). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C. doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009). Radicación número: 50001-23-31-000-2005-00213-01(AP)
Consejo de Estado, Sección primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP). Actor: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros. Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2004. AP 1834. C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de 14 de noviembre de 2002. AP- 533. Consejera Ponente: Ligia López Díaz. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios. Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. demandado: Municipio de Maicao y Otros. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de febrero de 2010, Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Radicación número: 76001233100020040021201(AP)
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 22 de enero de 2009. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla, Rad: 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP).
Sentencia de 3 de junio de 2010, Rad. No. 19001-23-31-000-2005-01737-01(AP). C.P.: María Claudia Rojas Lasso. Respecto de la legítima coexistencia de mecanismos de amparo de derechos individuales con acciones populares, véase la sentencia del 23 de mayo de 2013, Rad. No. 15001 23 31 000 2010 01166 01. C.P.: Guillermo Vargas Ayala. Consejo de Estado, Sección Primera. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Rad. No. 25000-23-24-000-2010-00617-01(AP). También, de esta misma Sala de Decisión, ver la sentencia de 20 de junio de 2013. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Rad. 25000-23-24-000-2010-00618-01. Artículo 3.1.2 del Estatuto del Consumidor. Artículo 3.1.3 ídem. Artículo 3.1.4 ibídem. ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad engañosa. // El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En los casos en que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y perjuicios causados. (El apartado subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-592 de 2012)
Artículo 5.13 del Estatuto del Consumidor. ARTÍCULO 31. PUBLICIDAD DE PRODUCTOS NOCIVOS. En la publicidad de productos que por su naturaleza o componentes sean nocivos para la salud, se advertirá claramente al público acerca de su nocividad y de la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para su uso correcto, así como las contraindicaciones del caso. El Gobierno podrá regular la publicidad de todos o algunos de los productos de que trata el presente artículo. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo, no podrá ir en contravía de leyes específicas que prohíban la publicidad para productos que afectan la salud. Folios 67 y ss. del cuaderno 1 del expediente de la referencia. Ibíd., folios 65-66. Ibíd., folios 75-76. Ibíd., folio 79. Ibíd., folios 80 y ss. Ibíd., folios 85-91. Ibíd., folios 98-118. Ibíd., folios 122-139. Ibíd., folios 348 y ss. Corporación Autónoma Regional del Tolima, ¿Qué es una ronda hidráulica? Disponible en: https://www.cortolima.gov.co/boletines-prensa/qu-ronda-h-drica
Folios 83 y 84 del cuaderno N.° del expediente de la referencia.
“En ese sentido, pueden verse, entre muchas otras, las sentencias del Consejo de estado del 16 de enero de 2001, expediente AP-144, M.P. María Helena Giraldo Gómez, del 17 de abril de 2007, AP-266-01. M.P. Alier Hernández Enríquez y del 15 de agosto de 2007, AP- 004-01, M.P. Ruth Stella Correa Palacio”.
“Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia del 20 de enero de 2005, expediente AP-2261-01, M.P. Camilo Arciniegas”. Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP). Accionante: Actor: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 1º de diciembre de 2015. Expediente: 2007-00033-01. Actor: Fernando Torres y otro. C.P.: Luis Rafael Vergara Quintero. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Bogotá D.C., 1º de diciembre de 2015. EXP. No. 11001-33-31-035-2007-00033-01. Acción Popular – Revisión Eventual. Actor: Fernando Torres y Otro. Consejo de Estado, Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP). Accionante: Actor: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Demandado:
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C. doce (12) de noviembre de dos mil nueve (2009). Radicación número: 50001-23-31-000-2005-00213-01(AP). Ibídem. Ibíd., folio 79. Ibíd., folios 75-76. Ibíd., folio 79.
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. (…). Artículo 10º.- Reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003. Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes (…)”.
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. (…). Artículo 206. Rondas hídricas. Reglamentado por el Decreto Nacional 2245 de 2017. Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional”.
“Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas”. Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 13001-23-31-000-2011-00315-01(AC), Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 17001-23-31-000-2011-00620-01(AP), Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 2003-02268-01, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 76001-23-31-000-2004-01624-01(AP), Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso. Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 2002-00334-02, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 25000-23-25-000-2002-00152-01(AP), Consejera Ponente: Martha Sofía Sanz Tobón. Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 05001-23-31-000-2001-2598-01(AP-2598), Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade. Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. AP-073, Consejero Ponente: Manuel Santiago Urueta Ayola.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.