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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00189-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00189-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a excepción del ordinal cuarto de la parte resolutiva, el cual se REVOCA. En su lugar, NEGAR la condena en costas, por las razones expuestas en esta providencia. 7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. 19 Radicado: 25000-23-41-000-2013-00189-01 Demandante: Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1 Demandada: DIAN SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: RECONOCER personería al abogado Argemiro Arlley Saza Pineda para actuar en representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder a él otorgado. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-00189-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00189-01
Demandante: Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1
Demandada: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Favorabilidad en sanciones aduaneras (artículo 520 del Estatuto
Aduanero) / Vigencia certificados de origen. TLC Colombia - Chile.
Decisión: Confirmar la sentencia del 19 de junio de 2014 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, a
excepción del ordinal segundo de la parte resolutiva, relativo a la
condena en costas, el cual se revoca.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante
“DIAN” contra la sentencia dictada el 19 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por la
sociedad Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La sociedad Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1, por
intermedio de apoderado judicial, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
contra de la DIAN, en la cual formuló las siguientes pretensiones:

2.1. Se decrete la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones
(sic) No. 03-241-201-669-1-0749 de mayo 8 de 2012 de la División de Gestión de
Liquidación Aduanera y la Resolución No. 1-00-223-10135 de septiembre 4 de 2012 de
la División de Gestión Jurídica Aduanera, de la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá, U.A.E., Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN -adscrita al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

2.2. Se declare que la sociedad AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING
(COLOMBIA) S.A., no adeuda suma alguna a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN- por concepto de sanciones relativas a los Actos Administrativos a
declarar nulos, ni ha incumplido ninguna obligación legal.
1 La demanda fue radicada el 14 de febrero de 2013 y obra en el índice 37 Samai.
2 En adelante “CPACA”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 25000-23-41-000-2013-00189-01
Demandante: Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1
Demandada: DIAN

2.3. Como consecuencia de la primera declaración, y en caso de haberse pagado por mi
poderdante, la sanción impuesta con ocasión a un proceso coactivo o voluntariamente,
mientras se desarrolla el presente proceso contencioso administrativo, se condene a la
U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público al pago de las siguientes sumas:

Por daño emergente: La suma de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA MIL CIENTO TRECE PESOS M/L ($226,570,113,00), suma que consta dentro
del expediente administrativo aduanero o la suma que se pague a la DIAN con el
incremento de intereses y actualizaciones.

Por lucro cesante: la actualización de la suma anterior, según el índice de precios al
consumidor, más un 6% desde el momento en que se haga el pago a la DIAN hasta el día
en que se realice efectivamente el reintegro al demandante3 (mayúscula sostenida, negrita
y subrayado del original).

1.2. Hechos probados

De acuerdo con los planteamientos de las partes y las pruebas obrantes en el expediente,
la controversia tiene origen en los siguientes hechos:

1.2.1. La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá de la DIAN formuló el 28 de febrero de 2012 el requerimiento especial aduanero
03-238-420-454-0-000830 a la sociedad Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding
Colombia S.A. Nivel 1 por la presunta infracción establecida en el artículo 482 numeral
2.1 del Decreto 2685 de 1999, en adelante “Estatuto Aduanero”. Ello, por cuanto, en
criterio de la DIAN, los certificados de origen 513876 del 25 de agosto de 2008 y 514574
del 9 de diciembre de 2008, expedidos en el marco del Acuerdo de Complementación
Económica entre Chile y Colombia, en adelante “ACE-24” al importador British American
Tobocco South America Limited, se encontraban vencidos al momento de presentación
y aceptación de las declaraciones de importación 14036010503653 del 10 de marzo de
2009, 14036010539964 del 5 de agosto de 2009 y 14036010548321 del 8 de septiembre
de 2009.

1.2.2. A través de su representante legal, la sociedad Agencia de Aduanas DHL Global
Forwarding Colombia S.A. Nivel 1 respondió el requerimiento con el radicado 004576 del
20 de marzo de 2012, en el que expuso lo siguiente:

a. De conformidad con el TLC vigente entre Colombia y Chile, los certificados de origen
tienen una validez de un (1) año contado a partir de la fecha de su expedición. En
consecuencia, para la fecha en que se realizaron las tres (3) importaciones cuestionadas
—10 de marzo de 2009, 5 de agosto de 2009 y 8 de septiembre de 2009—, los
certificados expedidos el 25 de agosto de 2008 y el 9 de diciembre de 2008 se
encontraban vigentes.

b. Aun aplicando las normas de la Asociación Latinoamericana de Integración, en
adelante “ALADI”, debieron considerarse vigentes los certificados de origen. En efecto,
el artículo 10 de la Resolución de la ALADI/CR del 4 de agosto de 1999 establece que
dichos certificados tienen una validez de ciento ochenta (180) días, sin precisar si se trata
de días hábiles o calendario. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 62 de la
Ley 4 de 1913 —Código de Régimen Político y Municipal—, el plazo debía entenderse

3 Índice 37 Samai.

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Demandante: Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1
Demandada: DIAN

en días hábiles, criterio que ya había sido aceptado por la DIAN en casos con identidad
de partes, de importador y del origen de los productos.

c. Las mercancías objeto de importación ingresaron temporalmente a la Zona Franca y,
conforme a la interpretación de la DIAN, dicho ingreso suspendió la vigencia de los
Certificados de Origen durante el tiempo en que la autoridad competente autorizó las
operaciones.

1.2.3. La División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá de la DIAN, mediante la Resolución 03-241-201-669-1-0749 del 8 de mayo de
2012, adoptó las siguientes decisiones: (i) declaró a la Agencia de Aduanas DHL Global
Forwarding Colombia S.A. Nivel 1 responsable de la infracción investigada; (ii) impuso a
dicha agencia una sanción de multa por valor de doscientos veintiséis millones quinientos
setenta mil ciento trece pesos ($226.570.113); y (iii) ordenó hacer efectiva la póliza de
cumplimiento 01DL012725, expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., en
adelante “Confianza S.A.”, con fundamento en las siguientes consideraciones:

a. Las operaciones objeto de investigación fueron efectuadas bajo el marco del Convenio
Comercial de la ALADI y el ACE-24, normativa que, de conformidad con el artículo 10 de
la Resolución 252 de 1999, dispone que “Los certificados de origen expedidos para los
fines del régimen de desgravación tendrán plazo de validez de 180 días, a contar de la
fecha de certificación por el órgano o entidad competente del país exportador”.

b. El artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal regula el ejercicio de las
facultades constitucionales de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la organización general
de los departamentos, provincias y municipios, las atribuciones de los empleados y
corporaciones de dichas entidades, las funciones administrativas del Ministerio Público y
las reglas generales de la administración. En consecuencia, dicha disposición no resulta
aplicable a los convenios internacionales suscritos por Colombia.

c. El Concepto DIAN 005 del 11 de noviembre de 2005, en el cual se precisó que la
validez de los Certificados de Origen se exceptúa respecto de las mercancías ingresadas
a Zona Franca, se refiere a mercancías originarias de Brasil o Argentina, a las que se
aplica la normativa de origen del Acuerdo CAN–MERCOSUR. Por lo tanto, tal criterio no
resulta extensivo a las mercancías provenientes de Chile.

1.2.4. El 31 de mayo de 2012, la sociedad Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding
Colombia S.A. Nivel 1 interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 03-241-
201-659-1-0749 del 8 de mayo de 2012, en el cual reiteró los argumentos expuestos en
la contestación al requerimiento.

1.2.5. La Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión
Jurídica de la DIAN confirmó el acto administrativo impugnado a través de la Resolución
1-00-223-10135 de 4 de septiembre de 2012.

1.2.6. La Resolución 1-00-223-10135 del 4 de septiembre de 2012 fue notificada el 6 de
septiembre de 2012.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

1.3.1. La Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1 invocó como
violados los siguientes preceptos y normas: el artículo 29 de la Constitución Política; el
artículo 62 de la Ley 4 de 1913; las Leyes 45 de 1981 y 1189 de 2008; el Acuerdo de

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Demandante: Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1
Demandada: DIAN

Complementación Económica de Colombia y Chile (ACE-24); el artículo 482, numeral
2.1, del Decreto 2685 de 1999; los Decretos 2717 de 1993, 1741 de 1994, 2172 de 1995,
2181 de 1996, 2178 de 1997, 617 de 2002, 2759 de 2007 y 2160 de 2011; el artículo 10
de la Resolución 252 ALADI/CR de 1999; y el Concepto Jurídico DIAN 005 de 2005.

1.3.2. En el concepto de la violación la parte actora expuso los siguientes cargos:

1.3.2.1. “La vigencia de los certificados de origen a la luz de ACE-24 y el TLC con Chile”.

Señaló que, en el marco de las importaciones entre Colombia y Chile, la vigencia de los
Certificados de Origen se encuentra determinada por los acuerdos comerciales
celebrados por ambos países, entre los cuales se destaca el Acuerdo de
Complementación Económica ACE-24, suscrito el 6 de diciembre de 1993 y vigente a
partir del 1 de enero de 1994, conforme al Decreto 2717 de 1993.

Precisó que dicho Acuerdo fue modificado mediante los Decretos 1741 de 1994, 2172 de
1995, 2181 de 1996, 2178 de 1997, 617 de 2002, 2759 de 2007 y 2160 de 2011, los
cuales ajustaron los programas de desgravación arancelaria y otros aspectos técnicos
para fortalecer el comercio bilateral.

Indicó que el 27 de noviembre de 2006, Colombia y Chile suscribieron el Tratado de Libre
Comercio, en adelante “TLC”, aprobado por la Ley 1189 de 2008, cuya entrada en
vigencia se produjo el 8 de mayo de 2009, y destacó que el TLC constituye un protocolo
adicional al ACE-24, en el que se consolidaron y actualizaron las disposiciones
comerciales previamente existentes entre ambos países.

Así, en materia de validez de los Certificados de Origen, precisó que el artículo 4.14,
numeral 6, Sección B, Capítulo 4 del TLC establece que: “El certificado de origen tendrá
una validez de un año a partir de la fecha en la cual fue emitido”.

Con base en lo anterior, la demandante indicó que: (i) para la declaración de importación
con autoadhesivo 14036010503653 del 10 de marzo de 2009, se aportó el certificado de
origen 513876, expedido el 25 de agosto de 2008, con vigencia hasta el 25 de agosto de
2009; (ii) para la declaración de importación 14036010539964 del 5 de agosto de 2009,
se aportó el certificado de origen 514574, expedido el 9 de diciembre de 2008, con
vigencia hasta el 9 de diciembre de 2009; y (iii) para la declaración de importación
14036010548321 del 8 de septiembre de 2009, se aportó el certificado de origen 514574,
expedido el 9 de diciembre de 2008, con vigencia hasta el 9 de diciembre de 2009.

Por lo tanto, afirmó que, en virtud de la disposición relativa a la validez anual de los
Certificados de Origen, los documentos aportados por la demandante respecto de las
importaciones objeto de análisis se encontraban plenamente vigentes, de manera que la
operación fue válida y se ajustó a la normativa aplicable.

1.1.3.2. “Los términos de acuerdo con las normas aplicadas en la resolución
sancionatoria”.

Explicó que el TLC entre Colombia y Chile constituye un protocolo adicional al Acuerdo
de Complementación Económica ACE-24 y establece reglas especiales que, por su
especificidad, prevalecen sobre normas generales, incluyendo aquellas emitidas por la
ALADI.

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Radicado: 25000-23-41-000-2013-00189-01
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Demandada: DIAN

Expuso que, pese a lo anterior, la sanción impuesta por la autoridad aduanera se basó
en lo dispuesto por el artículo 10 de la Resolución 252 ALADI del 4 de agosto de 1999,
norma que, además de no resultar aplicable, no distingue si la validez de 180 días
otorgada a los Certificados de Origen corresponde a días hábiles o calendario. Por ello,
invocó el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal según el cual “En los
plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los
feriados y de vacantes, a menos que se exprese lo contrario”.

Recalcó que el propio ordenamiento jurídico colombiano reconoce la aplicación de las
reglas de cómputo de plazos del Código de Régimen Político y Municipal para las normas
internacionales, como el Tratado de Montevideo de 1980, que dio origen a la ALADI y fue
incorporado al sistema legal mediante la Ley 45 de 1981. En consecuencia, desconocer
esta forma de contabilizar los días equivale a inaplicar la ley y constituye una causal de
nulidad de los actos administrativos sancionatorios.

Señaló que la DIAN ha reconocido la vigencia de los Certificados de Origen bajo el
cómputo de días hábiles, tal como ocurrió en la Resolución 0804 del 18 de mayo de 2012,
que involucró a los mismos participantes y productos de origen chileno. En dicho caso, la
entidad aduanera aceptó la validez de los certificados considerando los 180 días como
hábiles y, aunque determinó una corrección arancelaria en cabeza del importador, no
impuso sanción alguna a la agencia aduanera por extemporaneidad en los Certificados
de Origen.

1.1.3.3. “La aplicación de los conceptos de la DIAN”.

Refirió que cuando las mercancías objeto de importación ingresaron a la Zona Franca
quedaron almacenadas bajo el control de la autoridad aduanera. Por ello, de acuerdo con
la interpretación reiterada por la DIAN, especialmente mediante el Concepto 005 de 2005
expedido por la Subdirección Técnica Aduanera, dicho ingreso suspendió el término de
vigencia de los Certificados de Origen durante todo el tiempo que la mercancía
permaneció bajo control aduanero.

El mencionado concepto establece que, mientras una mercancía esté admitida,
almacenada o sometida a cualquier operación bajo control aduanero (como ocurre en las
zonas francas), el plazo de validez del certificado de origen queda suspendido, siempre
que la mercancía salga en el mismo estado y condición en que ingresó, como ocurrió en
el presente caso.

La interpretación contenida en la resolución sancionatoria, según la cual este criterio no
resulta aplicable al Acuerdo de Complementación Económica ACE-24 entre Colombia y
Chile, es errónea. Esta conclusión se sustenta no solo en el propio Concepto de la DIAN,
sino también en los principios rectores de integración económica. En el marco de la
ALADI, de la que Colombia, Argentina, Brasil y Chile son miembros, opera el principio de
“la nación más favorecida”, también recogido por la OMC, según el cual cualquier
beneficio concedido a un país miembro en materia aduanera debe extenderse a los
demás miembros, salvo las excepciones expresamente previstas. La aplicación de este
principio está consagrada en el artículo 44 del Tratado de Montevideo de 1980 y su
interpretación ha sido ratificada por la Ley 316 de 1996 y el Protocolo Interpretativo
correspondiente.

Por lo anterior, no resulta jurídicamente válido discriminar entre países miembros de la
ALADI en cuanto a la suspensión del término de vigencia de los Certificados de Origen
cuando las mercancías se almacenan en zonas francas. En virtud de los compromisos

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multilaterales asumidos, si Colombia concede dicha suspensión a mercancías
provenientes de Argentina o Brasil bajo otros acuerdos, debe aplicar la misma
prerrogativa a las importaciones de origen chileno amparadas por el ACE-24 y el TLC.

Según la parte actora, lo procedente era reconocer que el término de vigencia del
certificado de origen se encontraba suspendido durante el almacenamiento en zona
franca y, por consiguiente, no existía fundamento para sancionar a la Agencia de
Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1 por la supuesta expiración de
dichos documentos. La sanción impuesta por la DIAN desconoce tanto el precedente
doctrinal y oficial de la propia entidad como los compromisos internacionales aplicables.

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

2.1. La demanda fue admitida mediante auto del 8 de abril de 2013, en el cual se ordenó
notificarla a la DIAN, a la Superintendencia de Sociedades, a “Confianza S.A.”, al agente
del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. Confianza S.A. contestó la demanda adhiriéndose a las pretensiones de esta y
solicitó que se declarara que no le adeudaba suma alguna a la DIAN por concepto de la
afectación de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 01DL012725,
con fundamento en los siguientes argumentos:

2.2.1. La póliza fue expedida el 15 de abril de 2011 y tuvo vigencia desde el 17 de julio
de 2011 hasta el 17 de octubre de 2012. Su objeto consistió en garantizar el pago de
tributos aduaneros y sanciones derivadas del agenciamiento aduanero realizado por la
sociedad Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1.

2.2.2. De conformidad con los artículos 1054 y 1057 del Código de Comercio, el contrato
de seguro únicamente ampara hechos futuros e inciertos ocurridos dentro del período de
vigencia de la póliza. En consecuencia, dado que los hechos que dieron lugar a la sanción
impuesta por la DIAN a la Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A.
Nivel 1 ocurrieron antes de la expedición y vigencia de la póliza, la aseguradora no puede
ser obligada a responder por los mismos.

2.2.3. Para sustentar su posición, la aseguradora citó jurisprudencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la cual se concluyó que, si los hechos que generaron
el siniestro ocurrieron antes de la expedición y vigencia de la póliza, la aseguradora no
tenía obligación de responder, dado que el seguro únicamente cubre hechos futuros e
inciertos. Según este criterio, la DIAN incurrió en error al intentar hacer efectiva la garantía
sobre hechos ajenos a la vigencia contractual.

2.2.4. Por lo anterior, Confianza S.A. solicitó que se declarara la improcedencia de las
pretensiones de la DIAN, afirmando que no existía cobertura y que la póliza únicamente
respaldaba eventos ocurridos dentro de su vigencia. Así, fundamentó la inexistencia de
deuda frente a la autoridad tributaria y aduanera, dado que el riesgo cubierto por la póliza
ya se había materializado antes de su expedición y, por tanto, resultaba ajeno al contrato
de seguro.

2.3. La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se desestimaran
las súplicas de esta, argumentando que la actuación de la administración se ajustó a
derecho y que los actos acusados estaban debidamente motivados, con base en los
siguientes puntos:

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Radicado: 25000-23-41-000-2013-00189-01
Demandante: Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1
Demandada: DIAN

2.3.1. La Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1 actuó como
declarante autorizado de British American Tobacco South America Limited en las
declaraciones de importación que dieron lugar a la sanción impuesta por la DIAN. En
calidad de auxiliar de la función pública aduanera, la agencia tenía la responsabilidad de
garantizar que los documentos soporte, incluidos los certificados de origen, fueran
obtenidos y se encontraran en regla antes de la presentación y aceptación de la
declaración, especialmente al solicitar un tratamiento arancelario preferencial.

2.3.2. Los certificados de origen utilizados para respaldar las declaraciones de
importación estaban regulados por el Acuerdo de Complementación Económica ACE-24
entre Colombia y Chile, el cual establece una vigencia de 180 días corridos desde la
certificación del documento, sin señalar excepciones, incluso cuando la mercancía
permanezca en zona franca. Asimismo, durante el trámite administrativo se corroboró
que, en las operaciones objeto de revisión, la mercancía había llegado al país desde
2008, pero se declaró en importación al año siguiente, superando el período de vigencia
permitido.

2.3.3. De otro lado, refirió que la demandante intentó defenderse alegando que debían
computarse los días como hábiles. Sin embargo, según los convenios internacionales
suscritos por Colombia y la consulta oficial a la Secretaría de la ALADI, el cómputo debía
realizarse en días calendario, sin excepción por estancia en zona franca. Esta
interpretación se respaldó en memorandos internos y doctrina administrativa que
reiteraban la imposibilidad de extender la vigencia del certificado más allá de lo fijado en
los acuerdos internacionales.

2.3.4. Dado que la Agencia de Aduanas no acreditó el derecho a la exención arancelaria
al presentar certificados de origen vencidos, infringió el numeral 2.1 del artículo 482 del
Decreto 2685 de 1999, por lo cual procedía imponerle una multa equivalente al 15% del
valor FOB de la mercancía.

2.3.5. Respecto a la coadyuvancia presentada por la aseguradora, la DIAN sostuvo que
el riesgo asegurado consistía en el pago de tributos y sanciones, el cual se materializó
con la expedición del requerimiento especial aduanero, momento en el cual la póliza se
encontraba vigente.

2.4. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B, celebró la audiencia inicial el 23 de abril de 20144, a la que asistieron los apoderados
de las partes demandante y demandada.

El despacho fijó el litigio de la siguiente manera:

(…) El problema jurídico se contrae a determinar si con la expedición de las Resoluciones
Nos. 03-241-201-669-1 de 8 de mayo de 2012, de la División de Gestión de Liquidación
de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, por medio de la cual se impone una
sanción a la sociedad demandante; y 1-00-223-10135 de 4 de septiembre de 2012, de la
Dirección de Gestión Jurídica UAE, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN, por medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra
la anterior resolución, la citada entidad incurrió en violación al debido proceso, inaplicación
de los principios emanados de los acuerdos internacionales e inaplicación de los
conceptos de la DIAN.

4 Expediente digitalizado visible en el índice 37 de Samai.

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Demandante: Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1
Demandada: DIAN

Seguidamente, se agotaron las etapas de conciliación, decreto de pruebas y se corrió
traslado para que las partes presentaran los alegatos de conclusión.

2.5. La demandante, Confianza S.A. y la DIAN presentaron escritos de alegatos de
conclusión5. El Ministerio Público no rindió concepto.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 19 de junio de 20146, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B resolvió lo siguiente:

Primero. Declárase la nulidad de las Resoluciones no. 03-241-201-669-1-0749 de mayo
8 de 2012 y la Resolución no. 1-00-223-10135 de septiembre 4 de 2012, expedidas por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, dispónese que la Agencia de
Aduanas DHL Global Forwarding (Colombia) S.A. Nivel 1, no está obligada a cancelar la
multa impuesta, o en caso de que se haya pagado la multa, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales-DIAN deberá devolver la suma cancelada en virtud de la sanción
impuesta por los actos administrativos demandados, la cual deberá será (sic) indexada
de conformidad con la fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia; así mismo
declárase que la Compania Aseguradora de Fianzas S.A., no está obligada a hacer
efectiva la póliza de cumplimiento No. 01DL012725 certificado No. 01DL021455 del 15 de
abril de 2011, o que en caso de que se haya hecho efectiva, se haga la devolución de los
dineros pagados por la Compania Aseguradora de Fianzas S.A Confianza S.A. a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Tercero. Niégase la solicitud de condenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, al reconocimiento y pago del lucro cesante y el daño emergente, por
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Condénase en costas a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

Quinto. Desvincúlase de este proceso a la Superintendencia de Sociedades de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia (resaltado del original).

El razonamiento del tribunal para acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda
obedeció a las siguientes consideraciones:

3.1. Al analizar el caso, el Tribunal precisó que el Estado colombiano aprobó mediante la
Ley 45 de 1980 el “Tratado de Montevideo”, en el cual las Repúblicas de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Colombia
firmaron un acuerdo de integración regional económica, con el objetivo de establecer
mecanismos que facilitaran el tránsito de mercancías en la región.

3.2. Dicho acuerdo dio origen a la Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI,
organismo multilateral encargado de regular la integración progresiva de los países
latinoamericanos en materia comercial. Por su parte, el Comité de Representantes de la
ALADI, mediante la Resolución 252 del 4 de agosto de 1999, aprobó el texto consolidado
y ordenado de la Resolución 8 que establece el Régimen General de Origen de la
Asociación, el cual contiene las disposiciones de las Resoluciones 227, 232 y de los
Acuerdos 25, 91 y 215 del Comité de Representantes, e indicó que:

5 Ibidem.
6 Ibidem.

8

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el precitado Régimen General de Origen, en su artículo 10, determina lo siguiente respecto
de los certificados de origen expedidos en torno a la mercancía exportable de una república
a otra perteneciente al tratado: ´Los certificados de origen expedidos para los fines del
régimen de desgravación tendrán plazo de validez de 180 días, a contar de la fecha de
certificación por el órgano o entidad competente del país exportador.

3.3. El Tribunal destacó que el Congreso de la República aprobó mediante la Ley 1189
de 2008 el TLC entre Colombia y Chile, protocolo adicional al ACE-24, el cual introdujo
modificaciones a los acuerdos comerciales previos. Entre estas, estableció que “el
certificado de origen tendrá una validez de un año a partir de la fecha en la cual fue
emitido”.

3.4. Asimismo, señaló que el artículo 520 del Estatuto Aduanero dispone que, si antes de
que la autoridad aduanera emita el acto administrativo definitivo se expide una norma
favorable al interesado, la autoridad debe aplicarla obligatoriamente, aun cuando no se
haya mencionado en la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero. De ello se infiere
el principio de favorabilidad, reconocido por la jurisprudencia constitucional y contenciosa,
que exige aplicar la disposición más benigna vigente al momento de decidir de fondo.

3.5. En consecuencia, determinó que la DIAN debió aplicar el TLC dado que: (i) teniendo
en cuenta que entró en vigencia el 8 de mayo de 2009, es claro que para ese entonces
no se habían expedido los actos sancionatorios, y (ii) la norma resulta más favorable al
interesado, al establecer un plazo de un año para la vigencia de los certificados de origen,
frente a los 180 días previstos en la Resolución ALADI.

3.6. En ese orden, el Tribunal constató que la Agencia de Aduanas presentó las
declaraciones de importación del 10 de marzo, 5 de agosto y 8 de septiembre de 2009, y
que los certificados de origen que las respaldaban tenían fecha de expedición del 25 de
agosto y 9 de diciembre de 2008, respectivamente. Por tanto, dichos documentos se
encontraban vigentes conforme al artículo 4.14 del TLC, que establece la validez de un
año desde la emisión del certificado.

3.7. Por lo anterior, concluyó que la sanción impuesta por la DIAN careció de fundamento
en derecho, ya que la administración aplicó la regulación de la ALADI cuando
correspondía aplicar lo dispuesto en el TLC, norma posterior y más favorable, vigente
antes de la expedición de los actos sancionatorios.

3.8. En consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad de las Resoluciones 03-241-201-
669-1-0749 del 8 de mayo de 2012 (sancionatoria) y 1-00-223-10135 del 4 de septiembre
de 2012 (confirmatoria). Además, como restablecimiento del derecho dispuso que la
Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1 no estaba obligada
a cancelar la multa y, en caso de haberla pagado, dicha suma debía restituirse indexada
con base en el índice de precios al consumidor.

3.9. De igual manera, determinó que la aseguradora no debía responder por la póliza
asociada a los actos anulados y que, en caso de haberse ejecutado el cobro, la DIAN
debía devolver los valores pagados.

3.10. Respecto del daño emergente y del lucro cesante solicitados en la demanda, los
negó, dado que la demandante no solicitó prueba ni aportó evidencia que acreditara su
ocurrencia.

9

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3.11. Por economía procesal, ante la prosperidad del primer cargo estudiado, se abstuvo
de pronunciarse sobre los cargos restantes.

3.12. Finalmente, condenó en costas a la DIAN como parte vencida en el proceso, con
fundamento en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

La DIAN solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, por los siguientes motivos7:

4.1. La Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1 presentó las
declaraciones de importación de cigarrillos 032009000187075, 032009000604738 y
032009000703756 con fechas de aceptación 10 de marzo, 5 de agosto y 8 de septiembre
de 2009, respectivamente, respaldando la solicitud de trato preferencial en virtud del
ACE-24. No obstante, los certificados de origen no estaban vigentes al momento de la
aceptación, pues superaron el plazo de 180 días para su utilización.

4.2. El declarante se acogió a la desgravación con fundamento en certificados de origen
correspondientes a operaciones realizadas al amparo del Acuerdo Bilateral de
Complementación Económica Colombia–Chile ACE-24, suscrito en el marco de la ALADI.
Sin embargo, omitió considerar que dicho convenio bilateral se rige por las normas
establecidas para ambos países y que, en los aspectos no regulados expresamente,
resulta aplicable lo dispuesto en el Acuerdo de la ALADI. Este último establece que el
certificado de origen tiene una vigencia de 180 días, sin prever excepciones a dicho plazo,
ni siquiera respecto de mercancías ingresadas a Zona Franca.

4.3. En el presente caso, la mercancía ingresó a la Zona Franca en 2008 y fue declarada
únicamente al año siguiente, cuando ya había vencido el término de seis meses (180
días) de vigencia de los certificados de origen. Por lo tanto, el importador carecía del
derecho a acceder al beneficio de desgravación.

4.4. En consecuencia, el declarante autorizado incurrió en la infracción prevista en el
numeral 2.1 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999, sanción equivalente al 15 % del
valor FOB de la mercancía, monto que fue debidamente tasado por la entidad.

4.5. Sostuvo que el Tribunal erró al aplicar el principio de favorabilidad a la sanción con
fundamento en el artículo 520 del Estatuto Aduanero, por las siguientes razones:

4.5.1. La favorabilidad en materia aduanera se limita a normas de carácter estrictamente
aduanero y de procedimiento aduanero, y no hay lugar a equiparar la expresión “norma”
del articulo 520 a la de “convenio internacional” y tampoco “puede valerse de la
favorabilidad de normas nacionales a otras que tienen un carácter superior”. En el
presente caso, la desgravación se sustenta en el Acuerdo de Complementación
Económica ACE-24, instrumento de carácter internacional.

4.5.2. La situación jurídica se encontraba consolidada, dado que la mercancía ingresó al
país a través de una Zona Franca, la cual, si bien cuenta con un régimen especial, se
ubica dentro del territorio colombiano y está sometida al control de la DIAN. Asimismo, la
nacionalización se efectuó al amparo de un convenio internacional que permitía la
exención arancelaria, sustentada en un certificado de origen cuya vigencia ya había
expirado.
7 Índice 37 Samai.

10

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Demandada: DIAN

4.5.3. Los principios que rigen la imposición de sanciones en materia aduanera difieren
de aquellos propios del derecho penal, en tanto que estos últimos sancionan
directamente la conducta humana, mientras que los primeros corresponden a un régimen
administrativo y procedimental.

4.6. En relación con el escrito de coadyuvancia presentado por Confianza S.A. sobre la
presunta inexistencia de cobertura de la póliza, afirmó que esta se encontraba vigente al
momento de presentarse el siniestro, es decir, cuando se expidió el Requerimiento
Especial Aduanero 03-238-420-454-0-0000830 de fecha 28 de febrero de 2012.

4.7. Por último, se opuso a la condena en costas, argumentando que los actos
administrativos demandados gozan de legalidad y fueron expedidos como medida de
protección del orden jurídico y del interés fiscal del Estado.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 11 de diciembre de
20148.

5.2. Luego, mediante auto de 8 de octubre de 20189, el magistrado sustanciador corrió
traslado a las partes por el término de diez días para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

5.2.1. La Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1 presentó
escrito de alegatos de conclusión10 en el que reiteró los argumentos de la demanda.

5.2.2. La DIAN presentó escrito de alegatos de conclusión11 en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda y la apelación.

5.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de
marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024, expedido
por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

6.2. Actos demandados

6.2.1. Resolución 03-241-201-669-1-0749 del 8 de mayo de 2012 mediante la cual la
División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de
la DIAN, con fundamento en el numeral 2.1 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999,
modificado por el artículo 38 del Decreto 1232 de 2001: (i) declaró responsable a la
Agencia de Aduanas DHL Global Forwarding Colombia S.A. Nivel 1, por la comisión de
la infracción aduanera considerada por el Estatuto Financiero como grave, consistente

8 Índice 4 Samai.
9 Índice 20 Samai.
10 Índice 26 Samai.
11 Índice 25 Samai.

11

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Demandada: DIAN

en la falta de los documentos soporte exigidos en el artículo 121 ibidem al momento de
la presentación y aceptación de la declaración de importación; (ii) sancionó a la Agencia
Aduanera con multa por valor de doscientos veintiséis millones quinientos setenta mil
ciento trece pesos ($226.570.113); y (iii) ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento
01DL012725, expedida por Confianza S.A.

6.2.2. Resolución 1-00-223-10135 del 4 de septiembre de 2012, a través de la cual la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
DIAN confirmó la Resolución 03-241-201-669-1-0749 del 8 de mayo de 2012.

6.3. Análisis del caso

La parte actora solicitó en la demanda que se declare la nulidad de las resoluciones
mediante las cuales la DIAN la sancionó por amparar las mercancías importadas con las
declaraciones de importación 14036010503653 del 10 de marzo de 2009,
14036010539964 del 5 de agosto de 2009 y 14036010548321 del 8 de septiembre de
2009, con los certificados de origen 513876 expedido el 25 de agosto de 2008 y 514574
expedido el 9 de diciembre de 2008, los cuales según la autoridad pública no estaban
vigentes al momento de la presentación y aceptación de las declaraciones, debido a que
su expedición superó el plazo de ciento ochenta (180) días que se establece para su
utilización12.

En la sentencia de primera instancia, el tribunal accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y declaró la nulidad de los actos cuestionados, al estimar que, en
aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 520 del Estatuto Aduanero
y atendidas las fechas de las declaraciones de importación del 10 de marzo, 5 de agosto
y 8 de septiembre de 2009, resultaba aplicable el Tratado de Libre Comercio suscrito
entre Colombia y Chile, el cual introdujo modificaciones al Acuerdo de Complementación
Económica ACE-24 y amplió el plazo de validez de los certificados de origen a 1 año
contado desde su expedición. En consecuencia, determinó que los certificados aportados
por la demandante para respaldar las declaraciones de importación se encontraban
vigentes.

En el recurso de apelación, la DIAN cuestionó: (i) la aplicación del principio de
favorabilidad efectuada por el Tribunal, al sostener que dicho principio no procede en el
caso concreto por cuanto solo opera frente a normas aduaneras internas y no respecto
de normas supranacionales, la situación jurídica se encontraba consolidada con el
ingreso de la mercancía a Zona Franca y que, además, los principios que rigen la sanción
aduanera difieren de aquellos propios del derecho penal; (ii) la conclusión relativa a la
póliza de cumplimiento No. 01DL012725, expedida por Confianza S.A., al afirmar que
esta se encontraba vigente al momento de la configuración del siniestro, esto es, cuando
se expidió el Requerimiento Especial Aduanero No. 03-238-420-454-0-0000830 del 28
de febrero de 2012; y (iii) la condena en costas impuesta en la sentencia de primera
instancia.

La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados, por cuanto la autoridad aduanera, al aplicar a los
certificados de origen la vigencia de 180 días prevista en el Convenio Comercial de la
ALADI, norma más desfavorable para el administrado, desconoció el debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, aplicable tanto a las actuaciones
judiciales como a las administrativas, así como el principio de favorabilidad previsto en el

12 La cual es ampliada en el acápite de hechos probados de esta providencia.

12

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artículo 520 del Estatuto Aduanero. De otra parte, revocará la condena en costas, dado
que en el expediente no se acreditó su causación.

6.3.1. Aplicación del principio de favorabilidad aduanera

6.3.1.1. La potestad sancionatoria de la administración no es ajena a las garantías del
debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, entre ellas, el
principio de legalidad, según el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se le imputa”.

Esta Corporación ha precisado sobre el principio de legalidad:

Históricamente el debido proceso fue considerado como una garantía cuyo ámbito de
aplicación se restringió al proceso judicial y no fue reconocido como una garantía aplicable
en las actuaciones de la administración. La Carta Política de 1991 consagró en el artículo
29 el debido proceso que aplica tanto para las actuaciones judiciales como administrativas.
Esta garantía tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en
el preámbulo de la Carta Fundamental y se convierte en una garantía que permite asegurar
la convivencia social de los integrantes de la comunidad.

Al respecto la Corte Constitucional ha sostenido:

“[…] Esta Corte se ha pronunciado sobre el ius punendi del Estado a fin de destacar que se
trata de un género que comprende el derecho penal y el derecho administrativo
sancionador, enmarcados en los dictados del ordenamiento constitucional, lo que hace que
las reglas del debido proceso se orienten en cada caso atendiendo a los fines de la
represión y el castigo, como quiera que mientras que con la potestad punitiva penal además
de cumplirse una función preventiva se protege “el orden social y colectivo y su aplicación
persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de otros fines difusos) un
retributivo abstracto expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador en la persona del
delincuente” 13, el mismo poder, en orden al cumplimiento de los fines del Estado y al
desarrollo de sus competencias administrativas, se orienta a hacer realidad los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad –artículo
209 C.P.-.

[…]

El mencionado principio de legalidad no es ajeno al derecho administrativo sancionador,
según el cual, toda infracción administrativa debe ser sancionada de conformidad con las
normas preexistentes al hecho que se atribuye al administrado. La aplicación de dicho
principio persigue las siguientes finalidades: i) otorgar certidumbre normativa sobre la
conducta y la sanción administrativa a imponer; ii) favorece la seguridad jurídica y las
libertades ciudadanas, y iii) protege a los administrados de las arbitrariedades de la
administración14.

En la misma jurisprudencia se dijo que el principio de legalidad “encuentra su límite en el
principio de favorabilidad, según el cual, una determinada situación de hecho ocurrida
bajo la vigencia de una ley puede resolverse al amparo de una ley posterior, siempre que
esta última nueva norma resulte más permisiva o favorable al presunto infractor de la ley”.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-181 de 2002, formuló las siguientes
consideraciones frente al carácter imperativo de la aplicación de la ley preexistente al

13 Sentencia C-616 de 2002 M.P. José Manuel Cepeda Espinosa.
14 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de octubre de 2019, rad. 13001-23-31-000-2002-

99016-02. CP Roberto Augusto Serrato Valdés.

13

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momento de la realización de la conducta en materia sancionatoria, salvo cuando la
nueva disposición resulte más favorable:

[…] En materia sancionatoria, el principio de que la ley rige las situaciones de hecho que
surgen durante su vigencia se traduce en la máxima jurídica nullum crimen, nulla poena
sine lege, cuya consagración constitucional se encuentra en el artículo 29 de la Carta que
dispone: “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto se le imputa”
(art. 29, C.P.). El claro mandato que se incluye en la carta señala que, por regla general, la
norma aplicable en un caso determinado es aquella que se encuentra vigente al momento
de la comisión del hecho imputado, lo que en otros términos significa que los efectos de la
norma jurídica no son retroactivos.

[…]

Ahora bien, el principio del que se viene hablando, aquél que prescribe que la ley aplicable
a una situación fáctica es la vigente al momento de su acaecimiento, tiene como fin
primordial la protección del principio de la seguridad jurídica, pilar fundamental del orden
público. No obstante, la tradición jurídica ha reconocido la posibilidad de establecer una
excepción a tal precepto para permitir que situaciones de hecho acaecidas bajo la vigencia
de una ley sean reguladas por otra.

La Corte se refiere en estos términos al principio de favorabilidad, según el cual, una
situación de hecho puede someterse a la regulación de disposiciones jurídicas no vigentes
al momento de su ocurrencia cuando, por razón de la benignidad de aquellas, su aplicación
se prefiere a las que en, estricto sentido, regularían los mismos hechos. El artículo 29 de la
Constitución Política ha consagrado dicho principio en los siguientes términos “en materia
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable”.

Para efectuar la aplicación favorable de la norma y dar entidad al principio mismo se recurre
generalmente a dos vías: la de la retroactividad de la ley, fenómeno en virtud del cual la
norma nacida con posterioridad a los hechos regula sus consecuencias jurídicas como si
hubiese existido en su momento; y la de la ultraactividad de la norma, que actúa cuando la
ley favorable es derogada por una más severa, pero la primera proyecta sus efectos con
posterioridad a su desaparición respecto de hechos acaecidos durante su vigencia.

Por su parte, la jurisprudencia de esta Sección en sentencia del 4 de agosto de 2016 15,
al unificar la jurisprudencia en relación con la aplicación del principio de favorabilidad en
las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar las infracciones al derecho
cambiario e, invocando la jurisprudencia de la Corte Constitucional en esta materia,
precisó que el principio de favorabilidad en materia aduanera es imperativo. Al respecto,
dijo:

“[…] a.- La Constitución Política en su artículo 29 consagra como derecho fundamental el
debido proceso y prevé que éste “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”, señalando, además, una serie de garantías y principios mediante los
cuales dicho derecho se materializa, entre los que se encuentran el principio de legalidad
de la falta y de la sanción, el principio de favorabilidad de la ley posterior, el principio de
publicidad, el derecho de defensa y especialmente el derecho de contradicción y de
controversia de la prueba, la presunción de inocencia, el principio de la doble instancia, el
principio de non bis in idem, y la prohibición de la reformatio in pejus.

[…]

15 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 5001-2333-000-2013-00701-02. CP Guillermo Vargas

Ayala.

14

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d.- Ahora bien, la Sala debe precisar que aunque en algunos casos el legislador ha ratificado
expresamente la procedencia de los principios y garantías del debido proceso en
actuaciones administrativas sancionatorias reconocidos por la Constitución Política (por
ejemplo en los regímenes aduanero16 y disciplinario17), el hecho de que en otras materias
no exista esa consagración expresa no significa que los distintos elementos que informan
el debido proceso no sean aplicables en otros asuntos, pues, como antes se dijo, éste es
un imperativo constitucional exigible en todas las actuaciones de las autoridades públicas
que puedan afectar los derechos de los particulares.

e.- Entre las citadas garantías mínimas que integran el debido proceso se encuentra el
principio de favorabilidad, en virtud del cual una situación de hecho puede someterse a la
regulación de disposiciones jurídicas no vigentes al momento de su ocurrencia cuando, por
razón de la benignidad de aquellas, su aplicación se prefiere a las que en, estricto sentido,
regularían los mismos hechos […]”.

6.3.1.2. En el contexto anotado, la Sala analizará si resulta procedente confirmar la
aplicación del principio de favorabilidad declarada por el Tribunal de primera instancia.
Para tal efecto, se tendrá en cuenta la norma especial contenida en el artículo 520 del
Estatuto Aduanero, disposición que ordena de manera expresa la aplicación del principio
de favorabilidad en materia sancionatoria aduanera, al imponer a la autoridad el deber de
aplicar las normas que resulten más favorables al interesado, siempre que estas se hayan
expedido antes de la emisión del acto que decida de fondo sobre la imposición de una
sanción, aun cuando no hubieren sido mencionadas por la autoridad en el requerimiento
especial aduanero.

De lo anterior se desprende que los presupuestos para la aplicación de la favorabilidad
en materia aduanera son los siguientes: (i) la existencia de dos normas que regulen una
misma materia, una de las cuales resulte más favorable al interesado; (ii) que la norma
favorable se haya expedido con anterioridad a la emisión del acto que decide de fondo la
imposición de la sanción; y (iii) que no se exige que dicha norma haya sido
necesariamente imputada como presuntamente vulnerada en el requerimiento especial
aduanero formulado por la autoridad.

En el caso que nos ocupa, la DIAN requirió y posteriormente sancionó a la parte actora
soportada en lo dispuesto por el numeral 2.1 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999,
que enlista las infracciones aduaneras en que pueden incurrir los declarantes del régimen
de importación y las sanciones asociadas a su comisión, así:

2. Graves:

2.1 No tener al momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación,
o respecto de las declaraciones anticipadas al momento de la inspección física o
documental o al momento de la determinación de levante automático de la mercancía, los
documentos soporte requeridos en el artículo 121 de este decreto para su despacho, o que
los documentos no reúnan los requisitos legales, o no se encuentren vigentes.

La sanción aplicable será de multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de
la mercancía.

16 Cita es original de la sentencia: Decreto 2685 de 1999: “Articulo 520. Disposición más favorable. Si antes

de que la autoridad aduanera emita el acto administrativo que decide de fondo, se expide una norma que
favorezca al interesado, la autoridad aduanera deberá aplicarla obligatoriamente, aunque no se haya
mencionado en la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero.”
17 Cita es original de la sentencia: Ley 734 de 2002 “Artículo 14. Favorabilidad. En materia disciplinaria la

ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable. Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la
Carta Política.”

15

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Por su parte, el artículo 121 ibidem al referirse a los documentos soporte de las
declaraciones de importación, señala:

Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y
aceptación de la Declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a
partir de dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a
disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera:

[…]

d) Certificado de origen, cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales;

Para determinar que los certificados de origen presentados por la actora se encontraban
vencidos, la DIAN se basó en lo dispuesto por el artículo 10 de Resolución 252 de la
ALADI del 4 de agosto de 1999, que al respecto prevé que “Los certificados de origen
expedidos para los fines del régimen de desgravación tendrán plazo de validez de 180
días, a contar de la fecha de certificación por el órgano o entidad competente del país
exportador”.

Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que existen dos normas supranacionales
que regulan la vigencia de los certificados de origen: (i) el Convenio Comercial de la
ALADI que soportó la decisión de la DIAN; y (ii) el artículo 4.14, numeral 6, Sección B,
Capítulo 4 del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Chile, el cual dispone
que “el certificado de origen tendrá una validez de un año a partir de la fecha en la cual
fue emitido”. De ello se colige que no resulta de recibo el primer planteamiento de la
apelación, que descarta la aplicabilidad del principio de favorabilidad bajo la tesis de que
el asunto involucra la observancia de normas de diferentes jerarquías, pues, como se
dijo, la diferencia en la consideración sobre el período de validez de los certificados de
origen se suscita a partir de la regulación establecida en dos disposiciones de carácter
supranacional.

Seguidamente se advierte que, si bien el término de validez de los certificados de origen
correspondía inicialmente al previsto en el Convenio Comercial de la ALADI, por tratarse
de la norma preexistente al hecho atribuido a la sociedad demandante, esto es, la
introducción de la mercancía al país, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
Chile, vigente desde el 8 de mayo de 2009, otorgó una vigencia más amplia a dichos
certificados, circunstancia que resultó favorable para la actora. En consecuencia, como
dicha disposición entró en vigor antes de la expedición de los actos administrativos
sancionatorios por parte de la DIAN, resulta aplicable en virtud del principio de
favorabilidad consagrado en el Estatuto Aduanero, según se ilustra a continuación:

Declaraciones de Certificados de Origen Entrada en Resolución
importación vigencia TLC sancionatoria
Colombia - Chile DIAN
i) 14036010503653 del 10 i) 513876 expedido el 25 de
de marzo de 2009. agosto de 2008.
ii) 14036010539964 del 5 ii) 514574 expedido el 9 de 8 de mayo de 2009 8 de mayo de 2012
de agosto de 2009. diciembre de 2008.
iii) 14036010548321 del 8 iii) 514574 expedido el 9 de
de septiembre de 2009. diciembre de 2008.

Fuerza concluir, entonces, que la autoridad aduanera, al aplicar la vigencia 180 días
prevista en el Convenio Comercial de la ALADI, norma más desfavorable para el
administrado, desconoció el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la

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Constitución Política, el cual, en su condición de derecho fundamental, resulta aplicable
tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas, así como el principio de
favorabilidad previsto en el artículo 520 del Estatuto Aduanero.

En el recurso de apelación se sostuvo que en el sub judice no procede aplicar el principio
de favorabilidad previsto en el artículo 520 del Estatuto Aduanero, por cuanto la situación
jurídica se habría consolidado con el ingreso de la mercancía a Zona Franca. Sin
embargo, dicho reparo no está llamado a prosperar, en la medida en que desconoce el
alcance de esta figura, según la cual, se permite que situaciones de hecho acaecidas
bajo la vigencia de una ley sean reguladas por otra. También pasa por alto que la
disposición aduanera exige únicamente que la norma más favorable se haya expedido
con anterioridad al acto que decide de fondo sobre la imposición de la sanción.

La apelante manifestó, además, que los principios que orientan la sanción aduanera
difieren de aquellos propios del derecho penal, en la medida en que estos últimos
sancionan directamente la conducta humana, mientras que los primeros corresponden al
ámbito administrativo y procedimental. Para la Sala, dicho argumento no resulta de
recibo, por cuanto la favorabilidad aplicada en el presente asunto no se deriva del derecho
penal, sino que se encuentra expresamente consagrada en el Estatuto Aduanero.

Al respecto, esta Sección en sentencia del 4 de agosto de 201618 señaló:

En efecto, el Constituyente hizo extensivo el debido proceso a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, de modo tal que las garantías mínimas del debido proceso
penal resultan aplicables a las actuaciones administrativas sancionatorias, aunque en
algunas situaciones particulares tal aplicación deba hacerse con ciertos matices, por
tratarse de la protección de bienes jurídicos diferentes, tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia de la Corte Constitucional19.

Ciertamente, aunque las dos son manifestaciones del ius puniendi del Estado, la potestad
sancionatoria penal del Estado es distinta a la potestad sancionatoria administrativa: La
potestad sancionatoria penal propende por la garantía del orden social en abstracto, tiene
una finalidad principalmente retributiva -eventualmente correctiva o resocializadora- y se
ocupa de manera prevalente de conductas que implican un alto grado de afectación de los
intereses jurídicamente protegidos, por lo que puede dar lugar a sanciones tan severas
como la privación de la libertad20. La potestad sancionatoria administrativa, por su parte,
busca garantizar primordialmente los principios constitucionales que gobiernan la función
pública y cumplir los cometidos estatales, y para ello emplea sanciones por el
incumplimiento de deberes, prohibiciones y mandatos preestablecidos, aunque no implica
sanciones tan severas como la privación de la libertad, siendo la multa la sanción prototípica
del derecho administrativo sancionatorio.

[…]

Sin embargo, tal realidad no implica en modo alguno que en las actuaciones administrativas
sancionatorias seguidas por la Administración no se apliquen las garantías mínimas del
debido proceso, pues éste es un imperativo constitucional exigible en todos aquellos
escenarios en que los ciudadanos puedan verse afectados por las actuaciones de las
autoridades públicas, sean éstas judiciales o administrativas21. Por lo tanto, por regla
general las garantías del debido proceso son aplicables en el derecho penal y en todas las

18 Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 5001-2333-000-2013-00701-02. CP Guillermo Vargas

Ayala.
19 Cita es original de la sentencia: Entre otras ver la Sentencias C-948 de 2002, C-769 de 2009, C-742 de

2010, C-713 de 2012, C-083 de 2015, C-699 de 2015 y C-135 de 2016.
20 Cita es original de la sentencia: Corte Constitucional, Sentencia C-742 de 2010.
21 Cita es original de la sentencia: Corte Constitucional, Sentencia C- 083 de 2015.

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demás manifestaciones del derecho sancionador, entre ellas, el derecho administrativo
sancionatorio, aunque con distinta intensidad, en consideración a la naturaleza, objeto y
fines de cada uno de tales regímenes, salvo en los casos en que el legislador haya
consagrado expresamente alguna excepción, como sería por ejemplo en tratándose del
derecho administrativo cambiario en el que se consagró un régimen de responsabilidad
objetiva22.

Por lo expuesto, la Sala considera que los argumentos formulados en el recurso de
apelación carecen de entidad suficiente para desvirtuar el fallo de primera instancia,
razón por la cual se confirmará la sentencia recurrida, salvo en lo concerniente a la
condena en costas impuesta a la demandante, aspecto que se examinará más adelante.

6.3.2. De la vigencia de la póliza de cumplimiento 01DL012725 expedida por
Confianza S.A.

Habida cuenta de que la Sala confirmará la decisión de declarar la nulidad de las
Resoluciones 03-241-201-669-1-0749 del 8 de mayo de 2012 y 1-00-223-10135 del 4 de
septiembre de 2012 y, en consecuencia, no se hará exigible la póliza de cumplimiento
01DL012725 expedida por Confianza S.A., no hay lugar a abordar el estudio del
argumento relativo a la vigencia y cobertura de dicha garantía.

6.3.3. De la condena en costas en primera instancia

La apelante se opuso a la condena en costas que le fue impuesta en primera instancia,
pues estima que los actos administrativos además de gozar de legalidad fueron
expedidos como medida de protección del orden jurídico y del interés fiscal del Estado.

En observancia de los artículos 18823 del CPACA y 36524 de la Ley 1564 de 2012, Código
General del Proceso, en adelante “CGP”, en especial de su numeral 8º, sobre condena

22 Cita es original de la sentencia: Los artículos 24y 30 del Decreto 1092 de 1996 “Por el cual se establece
el Régimen Sancionatorio y el procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN” prevén, respectivamente, que “las pruebas se valorarán en su conjunto
conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la infracción cambiaria,
la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los propósitos perseguidos por el Régimen de
Cambios”, y que “[e]n todos los casos la responsabilidad resultante de la violación al régimen de Cambios
es objetiva”.
23 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil.”
24 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que

haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción
a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales
entre ellos.

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en costas, y a lo expuesto sobre el punto por esta corporación, la Sala advierte que este
tipo de condenas responde a un criterio objetivo-valorativo, el cual es objetivo, en la
medida en que no deriva de una actuación temeraria, de mala fe o siquiera culposa de la
parte condenada, sino que obedece a su derrota en el proceso o en el recurso
interpuesto, y es valorativo, porque exige que en el expediente el juez verifique si tales
costas se causaron y, en caso afirmativo, determine su procedencia conforme a su
comprobación, esto es, al pago de los gastos ordinarios del proceso y a la actividad
procesal efectivamente desplegada.

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la totalidad
de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en derecho, y solo habrá
lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8º del artículo 365 ibidem, “cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En este asunto, pese a que la parte demandada resultó vencida en ambas instancias, se
advierte que no está acreditada la causación de expensas, gastos procesales o agencias
en derecho. Por lo tanto, la Sala revocará la condena que por tal concepto impuso el a
quo en el numeral 2º de la parte resolutiva, y se abstendrá de imponerla en esta instancia.

6.4. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, la DIAN debió aplicar el principio de favorabilidad
consagrado en el artículo 520 del Decreto 2685 de 1999, toda vez que el artículo 4.14,
numeral 6, Sección B, Capítulo 4 del Tratado de Libre Comercio dispone que “el
certificado de origen tendrá una validez de un año a partir de la fecha en la cual fue
emitido”, previsión que resulta más favorable para la actora al ampliar el término de
vigencia de los certificados de origen. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia
apelada, con excepción del ordinal cuarto de la parte resolutiva, mediante el cual se
impuso condena en costas a la demandada.

6.5. Reconocimiento de personería

Mediante memorial visible en el índice 40 se observa el poder conferido por la DIAN al
abogado Argemiro Arlley Saza Pineda. Por tanto, la Sala le reconocerá personería al
nuevo apoderado de la entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 ibidem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2014, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a excepción del ordinal
cuarto de la parte resolutiva, el cual se REVOCA. En su lugar, NEGAR la condena en
costas, por las razones expuestas en esta providencia.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

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SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: RECONOCER personería al abogado Argemiro Arlley Saza Pineda para
actuar en representación de la DIAN, en los términos y para los fines del poder a él
otorgado.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión del 12 de febrero de 2026

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salvamento parcial de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley.

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