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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00205-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00205-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de 8 de mayo de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-00205-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Núm. único de radicación: 250002341000201300205011
Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

Tema: Prácticas restrictivas de la competencia por colusión en licitación pública.
Reiteración jurisprudencial2.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Calixto de Jesús Vega Navarro3, en adelante la parte demandante,
presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante
la parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones5:

1 Demanda presentada el 19 de febrero de 2013, según obra a folio 334, en vigencia de la Ley 1437 de 18

de enero de 2011, por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
2 En el mismo sentido. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

sentencia de 5 de agosto de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
25000234100020130060901 […]”.
3 Por intermedio de apoderado.
4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

[…]”
5 Cfr. folio 334 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Núm. único de radicación: 25000234100020130020501
Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

“[…] 1. Se DECLARE LA NULIDAD de los numerales 1º y 4º de la Resolución
número 40901 del 28 de junio de 2012, por medio de los cuales la
Superintendencia de Industria y Comercio declaró que el señor CALIXTO DE
JESÙS VEGA NAVARRO contravino lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 47
del Decreto 2153 de 1992, imponiéndole una sanción pecuniaria por la suma de
dos mil setecientos cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y dos mil
ochocientos noventa y ocho pesos ($2.753.952.898).

2. Se DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. 53979 de 14 de septiembre
de 2012, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio
confirmó en todas sus partes la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012.

3. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se realicen las siguientes
declaraciones y condenas:

a) Se DECLARE que el señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO no está
obligado a pagar la multa irregularmente impuesta por la Superintendencia de
Industria y Comercio.

b) Se CONDENE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a
restituir a favor del señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO. el valor de las
sumas que tuviese que pagar a título de multa. como resultado de los actos
administrativos demandados más los intereses comerciales correspondientes a
las sumas pagadas por mi representado conforme a la tasa de interés bancario
corriente vigente para el periodo en que se pagó la condena hasta la fecha de
expedición de la sentencia.

c) Se ACTUALICE el valor que deba ser restituido al señor CALIXTO DE JESÚS
VEGA NAVARRO con ocasión de la multa irregularmente impuesta desde la lecha
del pago de la multa hasta la fecha de expedición de la sentencia, de acuerdo con
el Índice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento Nacional de
Estadística.

d) Se CONDENE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a
reparar los daños patrimoniales sufridos por el señor CALIXTO DE JESÚS VEGA
NAVARRO por concepto del detrimento al buen nombre y prestigio profesional o
good will, ocasionados por razón de la expedición de los actos administrativos
demandados en la cuantía que estimen los peritos en el curso del presente
proceso, a título de lucro cesante.

e) Se CONDENE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a
reparar la totalidad de los perjuicios por razón del daño moral ocasionado al señor
CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO, particularmente por la afectación
emocional, sufrimiento y angustia personal padecida por el agravio al buen
nombre que debió soportar como resultado de la expedición de los actos
administrativos demandados, en la cuantía que quede probada en el proceso de
acuerdo con la prueba pericial que se solicita en éste.

f) Se DISPONGA que las sumas líquidas de dinero contenidas en la condena
devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva
sentencia. de acuerdo con el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

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Núm. único de radicación: 25000234100020130020501
Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

4. Mediante la Resolución núm. 24536 del 2 de mayo de 2011, la
Superintendencia de Industria y Comercio ordenó abrir investigación para
determinar si los señores Jairo Maya Salazar, Calixto de Jesús Vega Navarro y
María Mercedes Bohórquez Bohórquez, actuaron en contravención de lo
dispuesto en el numeral 9.º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, por incurrir
en colusión en la licitación púbica núm. 001 de 2011 realizada por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

5. Mediante la Resolución núm. 40901 del 28 de junio de 20126, el
Superintendente de Industria y Comercio sancionó con una multa a los señores
Jairo Maya Salazar, Calixto de Jesús Vega Navarro y María Mercedes Bohórquez
Bohórquez por contravenir lo dispuesto en el numeral 9.º del artículo 47 del
Decreto núm. 2153 de 1992.

6. El 30 de julio de 2012, la parte demandante, a través de apoderado,
presentó recurso de reposición contra la Resolución núm. 40901 del 28 de junio
de 20127, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio.

7. El Superintendente de Industria y Comercio mediante Resolución núm.
53979 de 14 de septiembre de 20128, resolvió el recurso de reposición presentado
por el apoderado de la parte demandante contra la Resolución núm. 40901 del 28
de junio de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y la
confirmó en todas sus partes.

Normas violadas y concepto de violación9

8. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

 Artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 24 de julio de 200910.
 Artículos 74 y 633 del Código Civil
 Artículo 10 del Código de Comercio
 Artículos 4, 6 y 29 de la Constitución Política.
 Artículo 3 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201111.

6 “[…] Por la cual se imponen unas sanciones […]”
7 “[…] Por la cual se imponen unas sanciones […]”
8
“[…] Por la cual se resuelven unos recursos de reposición […]”
9 Cfr. folios 10 a 27 del cuaderno núm. 1 del expediente.
10 “[…] Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia […]”
11 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

Concepto de violación

9. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:

Primer cargo: Falsa motivación

10. La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad, con base en los
siguientes argumentos:

“[…] En el caso planteado se configuró la causal de nulidad por falsa motivación por
error de hecho, por cuanto la presunta conducta colusoria que fue endilgada a mi
representado, y por razón de la cual fue irregularmente sancionado, nunca fue
debidamente probada, ni las pruebas alegadas por el demandante fueron valoradas
por el funcionario administrativo para electos de proferir la decisión sancionatoria.
quebrantándose así el derecho fundamental al debido proceso de éste en el trámite
del procedimiento administrativo adelantado en su contra.

En electo, tal y corno se indicó en el recurso de reposición interpuesto por el
apoderado del señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO contra la Resolución
No. 40901 de lecha 28 de junio de 2012 de las pruebas de cargo que fueron
aportadas al proceso no se deriva que éste hubiese sido partícipe de la comisión de
una conducta colusoria […]”.

11. Adujo que: “[…] para efectos de probar la presunta conducta colusoria que
fue endilgada a mi representado, la Superintendencia de Industria y Comercio,
adujo que la similitud en las observaciones presentadas al pliego de condiciones
por parte del demandante y de los señores MARIA MERCEDES BOHÓRQUEZ
BOHÓRQUEZ y JAIRO MAYA SALAZAR. era indicativo claro de un pacto entre
los investigados, con el fin de afectar la libertad de competencia en el proceso
licitatorio. Sin embargo. no le asiste razón a la entidad demandada. por cuanto
quedó debidamente probado en el expediente, que existían diversas similitudes
en las observaciones realizadas al pliego de condiciones, no sólo entre los
investigados. sino con el resto de proponentes […]”.

12. Indicó que: “[…] no puede predicarse que la similitud en las observaciones
sea un indicio de la comisión de una conducta restrictiva de la libertad de
competencia, máxime cuando otros oferentes, que no fueron investigados,
realizaron observaciones en análogo sentido […]”.

13. Manifestó que: “[…] otro de los argumentos esbozados por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio para electos de establecer la

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

responsabilidad de mi representado, fue el hecho de que éste hubiese visitado los
centros carcelarios en los que fue contratista con anterioridad. Sin embargo, dicho
argumento constituye una mera suposición carente de sustento jurídico alguno. y
a su vez. Contraría el principio constitucional de buena le. por cuanto el pliego de
condiciones establecía que la visita a los centros penitenciarios era de carácter
facultativo, razón por la cual no puede asumirse que el cumplimiento de dicha
previsión por parte del contratista comporte un indicio sobre la comisión de una
presunta conducta colusoria […]”.

14. Sostuvo que: “[…] corno argumento para la demostración de la comisión de
la presunta conducta colusoria, se indicó que la totalidad de las pólizas de seriedad
de las ofertas presentadas por los investigados fueron expedidas en la misma oficina
y que había sido titulado un correo electrónico como "estrategias cárceles" por parte
del intermediario de seguros, en el cual figuraba el señor Calixto De Jesús Vega
Navarro como destinatario. Sin embargo, dichas razones no resultan en modo
alguno […] suficientes para demostrar la comisión de una conducta colusoria, al no
existir ni probarse nexo causal alguno entre el mencionado correo electrónico y la
conducta que se le imputa a mi representado […]”.

15. Indicó que: “[…] la coincidencia de los ítems investigados con el título del
correo electrónico enviado por el intermediario de seguros, no fue absoluta. En
efecto, de los once ítems objeto de investigación por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio sólo existía en tres de ellos coincidencia en el mencionado
correo electrónico con la propuesta de la señora María Mercedes Bohórquez, y en
cinco de ellos, con la propuesta del señor Jairo Maya Salazar, situación que
desvirtúa lo alegado por la demandada en la resolución sancionatoria. Y que
constituye un indicio favorable a mi representado que no fue tenido en cuenta
durante el trámite administrativo […]”.

16. Precisó que: “[…] con respecto a la aseveración de un presunto reparto
geográfico entre los investigados. por razón de que los mismos presentaron
propuestas en aquellos centros carcelarios en los que habían sido adjudicatarios en
anteriores procedimientos contractuales adelantados por el INPEC, es importante
resaltar que tal consideración, a la luz de un análisis de las reglas de la sana crítica,
no puede constituir un indicio en contra del señor CALIXTO DE JESÚS VEGA
NAVARRO, puesto que resulta completamente razonable que un oferente aspire a
ser adjudicatario en aquellos ítems sobre los cuales cuenta con un mayor
conocimiento y experiencia, pues ello es benéfico para su participación en la

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

licitación pública, aumentando su posibilidad de éxito, situación que en absoluto
resulta ilegitima o censurable. De esta forma, la conclusión a la que arribó la
demandada tiene por razón una errónea apreciación de la situación fáctica estudiada
[…]”.

17. Señaló que: “[…] la prueba aportada para acreditar tan débil premisa, estuvo
basada en una pesquisa en redes sociales que arrojó que los investigados eran
"amigos" de la página de facebook, lo que llevó a concluir a la demandada que el
señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO era responsable de la conducta que
se le imputaba […] Sin embargo, […] dicha situación en nada demuestra la comisión
de la conducta endilgada a mi representado, pues una interpretación razonada, a la
luz de la sana crítica, permite inferir que no todas aquellas personas que se
encuentran relacionadas virtualmente a través de Facebook cuentan con algún tipo
de relación personal o de carácter comercial, siendo esta la situación generalizada
en la mayoría de redes sociales […]”.

18. Concluyó que: “[…] por un lado, no fue probado en el proceso que la conducta
profesional de la señora Alida Esther Turbay hubiera supuesto una violación de sus
deberes éticos y profesionales, y por otro lado, el ejercicio de su profesión, se
encuentra constitucionalmente avalado en nuestro ordenamiento jurídico, sin que su
actuar mereciera reproche alguno […]”.

Segundo cargo: Infracción de las normas en que debería fundarse

19. Los fundamentos jurídicos de este cargo, son los siguientes:

20. Señaló que: “[…] el demandante. a pesar de haber participado en el
procedimiento de licitación No. LP -001-2011 en su calidad de persona natural, fue
sancionado por la comisión de prácticas restrictivas de la competencia como si fuese
una persona jurídica […] En electo, el Superintendente de Industria y Comercio, al
expedir los actos administrativos objeto de la presente acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pretermitió la disposición aplicable al caso concreto,
esto es, el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, norma que establece el monto de las
multas a personas naturales por razón de la comisión de prácticas restrictivas de
la competencia […]”.

21. Manifestó que: “[…] la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto,
vedando categóricamente cualquier tipo de interpretación extensiva o analógica

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frente a normas de carácter sancionatorio […] En el caso estudiado. fue vulnerado
el principio de legalidad, y en consecuencia, el derecho fundamental al debido
proceso del demandante, al realizarse una interpretación extensiva de la sanción
contenida en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. Así, el Superintendente de
Industria y Comercio resolvió condenar al señor CALIXTO DE JESÚS VEGA
NAVARRO al pago de una multa por la suma de dos mil setecientos cincuenta y tres
millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos noventa y ocho pesos
($2.753.952.898), dando una equivocada aplicación a lo consagrado en el artículo
25 de la Ley 134 0 de 2009, normatividad en la que se consagra exclusivamente el
monto de las multas como resultado de la práctica de conductas restrictivas de la
competencia por parte de personas jurídicas […]”.

22. Adujo que: “[…] las definiciones legales de "comerciante" y "persona jurídica”
son disimiles y no guardan correspondencia alguna, de esta forma, no es posible ·
argumentar que todo comerciante sea una persona jurídica, precisamente porque la
ley no ha establecido esta restricción. En efecto. según el artículo 30 del Código de
Comercio. toda persona que realice profesionalmente una actividad mercantil es
considerada comerciante. sin distinguir si ésta tiene el carácter de persona jurídica
o natural, pues la característica definitoria de este concepto es únicamente el
ejercicio profesional de la actividad mercantil […]”.

23. Precisó que: “[…] el concepto de "persona jurídica" está consagrado en el
artículo 633 del Código Civil, definiéndola como " una persona ficticia capaz de
ejercer derechos, contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente, haciendo referencia a una clase de sujeto jurídico sobre el cual
recaen los atributos de la personalidad, diferenciándolo claramente de las
personas naturales por tener un carácter ficticio y no físico […]”.

24. Sostuvo que: “[…] De las normas reseñadas es posible colegir que la calidad
de comerciante no hace referencia exclusivamente a las personas jurídicas, sino que
comprende también a aquellas personas naturales que ejercen profesionalmente
una actividad empresarial. Así, si bien el señor CALIXTO DE JESÚS VEGA
NAVARRO participó) en el procedimiento de selección en su calidad de
comerciante, ello no implica q u e su participación haya sido en calidad de persona
jurídica, pues no ostentaba dicha calidad de acuerdo con lo establecido en el artículo
633 del Código Civil, de ahí que la sanción aplicable era únicamente la consagrada
en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 […]”.

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25. Argumentó que: “[…] si bien es cierto que el ámbito de aplicación de la Ley
1340 de 2009 cobija a todas aquellas personas que realicen prácticas restrictivas de
la competencia independientemente de su calidad, ello no implica que las sanciones
consagradas para las personas jurídicas puedan ser susceptibles de aplicación a las
personas naturales, pues, en efecto, la mencionada normativa es clara al establecer
una diferenciación entre las multas aplicables, tanto a las personas naturales, como
a las personas jurídicas, y una conclusión contraria sería palmariamente atentatoria
del principio de interpretación restrictivas de las normas sancionatorias […]”.

26. Precisó que: “[…] atendiendo a que la descripción típica de las sanciones sólo
corresponde al legislador, y que no le está permitido a los funcionarios públicos
realizar analogías, suposiciones, inferencias, o agregar supuestos de hecho que no
se encuentren previstos en la norma jurídica para generar una situación
desfavorable al procesado, es posible concluir que las aseveraciones contenidas en
los actos administrativos demandados y que el monto de la multa impuesta, no se
ajustan a las previsiones legales y constitucionales que rigen la imposición de
sanciones en las actuaciones administrativas […]”.

27. Expuso que: “[…] si bien puede aseverarse que la intención del legislador con
la promulgación de la Ley 1340 de 2009 era aumentar las sanciones para las
conductas restrictivas de la competencia, ello de ninguna manera faculta a los
funcionarios administrativos a realizar interpretaciones extensivas y contrarias a la
descripción típica de los elementos de la sanción. En efecto. teniendo en cuenta que
el legislador, en ejercicio de la cláusula general de competencia, adoptó dos formas
sancionatorias, para personas jurídicas y naturales, respectivamente, el funcionario
administrativo debe dar aplicación estricta a la literalidad de la norma, respetando el
principio de taxatividad en materia sancionadora y las garantías fundamentales del
procesado […]”.

28. Indicó que: “[…] el Superintendente de Industria y Comercio erróneamente
afirmó que el parágrafo del artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 supone que la sanción
contemplada en el mencionado artículo sólo es aplicable cuando se ha establecido
la procedencia de las sanciones previstas en el artículo 25, para electos de justificar
la aplicación de las sanciones a personas jurídicas al demandante, situación que no
se desprende de la literalidad de los artículos estudiados, y que consiste en una
incuestionable violación del principio de interpretación restrictiva de las normas
sancionadoras […]”.

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29. Afirmó que: “[…] no le asiste razón al Superintendente de Industria y
Comercio al establecer erróneamente que "las denominaciones desafortunadas" de
los títulos de los artículos en las leyes carecen de relevancia, pues si bien éstos
resultan indicativos, son claramente vinculantes en el derecho sancionatorio, pues
establecen el margen de aplicación o las características definitorias y esenciales de
la conducta típica descrita en el artículo mencionado. Así, por ejemplo, en el Código
Penal. los delitos son identificados en los títulos de los artículos, y su descripción se
realiza en el contenido de los mismos, situación de evidente importancia para electos
de la imputación jurídica de la conducta y su posterior juzgamiento […]”.

30. Concluyó que: “[…] en caso de que exista algún tipo de conflicto entre dos o
más normas jurídicas, o en la interpretación de una norma de carácter restrictivo,
deberá preferirse aquella que resulte más favorable para los intereses del
procesado, para efectos de dar aplicación al artículo 29 de la Constitución Política
[…] debido a que las normas que imponen sanciones no pueden ser objeto de
interpretación extensiva por parte del juzgador, y que tampoco resulta plausible la
apelación a analogías para desfavorecer al procesado, se observa que los actos
administrativos proferidos por el demandado violaron ostensiblemente las garantías
legales y constitucionales que al señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO le
asistían en el procedimiento adelantado en su contra […]”.

Tercer cargo: Nulidad por desconocimiento del artículo 26 de la Ley 1340

31. Manifestó que: “[…] En el caso objeto de estudio, se evidencia la ocurrencia
de la causal de nulidad por desconocimiento de las normas en que debían fundarse
los actos administrativos demandados, al haberse impuesto la sanción excediendo
el límite máximo consagrado en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, el cual
corresponde a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así en
la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012, se estableció que " (…) Este
Despacho considero oportuno multar a los investigados con un monto igual al 300%
de los utilidades esperadas de lo ejecución de los contratos que tenían por objeto
ganar, hasta un máximo del 80% del patrimonio de los mismos", evidenciándose así
una aplicación de los criterios contenidos en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009
para sancionar este tipo de conductas en el caso de que haya sido una persona
jurídica quien la hubiese realizado, y por lo tanto, excediéndose el límite máximo de
dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, contenido en el artículo
26 de la Ley 1340 de 2009 […]”.

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32. Adujo que: “[…] habida cuenta de que la graduación de la sanción
correspondió a un 4.86% del máximo previsto en el artículo 25 de la Ley 1340 de
2009. y que la norma aplicable no era ésta, sino el artículo 26 de la referida
normativa, en virtud de los principios de coherencia y congruencia, deberá graduarse
la sanción impuesta de acuerdo con estas mismas consideraciones, pero atendiendo
al máximo previsto por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, es decir, a un máximo
de dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.

33. Señaló que: “[…] al no existir persistencia ni continuidad en el tiempo en la
ejecución de la presunta conducta atentatoria de la libre competencia imputable al
demandado, se concluye que dicho requisito no se perfecciona en el caso estudiado,
y que por lo tanto, la graduación de la sanción no debe corresponder al máximo
previsto por la ley, sino por el contrario, al mínimo […]”.

34. Expuso que: “[…] de la simple observación de la situación fáctica se advierte
que el número de ítems al que se presentaron los procesados resultaba ínfimo si se
comparaba con el total de ítems a adjudicar, que representaban el mercado para el
caso propuesto, y es a partir de esa situación que puede deducirse que no existió
una afectación importante del mercado. Una situación diversa sería el hecho de que
la presunta conducta colusoria se hubiese presentado en 73 ítems del total de 146,
afectando así en un 50%, el procedimiento adelantado por la entidad contratante
[…]”.

35. Indicó que: “[…] la reiteración de la conducta prohibida, tampoco tiene
asidero en el caso mencionado. por cuanto no existe en el expediente ninguna
prueba que indique que el demandante haya sido investigado o sancionado por la
realización ele otro tipo de actividades atentatorias contra la libertad de mercado
y la libre competencia en otra ocasión. Por lo tanto. Tampoco sería posible
argumentar que la sanción a imponer debería corresponder con el máximo legal
previsto si se atiende a la falta de concurrencia de este parámetro, y, en
consecuencia, deberá afirmarse que la multa debe corresponder a un grado
claramente inferior […]”.

36. Sostuvo que: “[…] Con respecto al último criterio, es decir, la conducta
procesal del investigado, debe subrayarse que el señor CALIXTO DE JESÚS VEGA
NAVARRO estuvo siempre dispuesto a colaborar en el procedimiento administrativo
iniciado por la Superintendencia de Industria y Comercio, situación que se evidencia

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

en la participación del investigado en cada una de las audiencias. en la presentación
de descargos, y en la aportación de la información necesaria desde el mismo
momento en que tuvo conocimiento de la queja realizada en su contra, como se
prueba en el documento de fecha 1 6 de marzo de 2011, mediante el cual presentó
observaciones a la queja presentada, estableciendo que las similitudes encontradas
entre las ofertas denunciadas podían deberse al azar, específicamente, a la
utilización del Método de Simulación de Montecarlo […]”.

37. Concluyó que: “[…] respecto al quinto criterio de graduación de la sanción, es
decir, el grado de participación del investigado, […] se advierte que éste nunca fue
probado en el curso del procedimiento administrativo, o adelantado por la
Superintendencia de Industria y Comercio en su contra, lo que indica que tampoco
se perfecciona el mencionado criterio en el caso objeto de estudio, por lo que la
graduación de la sanción deberá guardar consonancia con los actos administrativos
demandados, y modularse bajo los parámetros del artículo 26 de la Ley 1340 de
2009, en un grado evidentemente inferior al mínimo […]”.

Contestación de la demanda

38. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda12 y se
opuso a las pretensiones de formuladas, así:

39. Respecto a la falsa motivación alegada por la parte demandante, señaló:
que: “[…] la conducta colusiva ejecutada por el accionante se materializó en el marco
de la licitación pública No. 001 de 2011 abierta por el INPEC, cuyo objeto era
contratar la prestación del servicio de alimentación por el sistema de ración para la
atención de los internos en los centros de reclusión del orden nacional. La licitación
se dividió en seis grupos por regiones del país […] se encontraron numerosas
coincidencias entre las propuestas presentadas en el proceso contractual por los
sujetos sancionados […] que sirvieron de indicar de un acuerdo anticompetitivo,
entre ellos […]”.

40. Argumentó que: “[…] como se puede observar, los ítems que resultaron
adjudicados a los investigados fueron justamente aquellos para los cuales
solicitaron visita y no otros. Sin embargo, se probó que frente a los ítems no
visitados y no adjudicados fueron también aquellos en los que los investigados

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Por intermedio de apoderado

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

presentaron una oferta inusualmente baja, y los cuales fueron identificados en un
solo grupo para la expedición de las pólizas de seriedad de oferta, todo lo cual
llevó necesariamente a concluir la existencia de una estrategia por parte de los
señores Vega, Maya y Bohórquez para lograr la adjudicación de los ítems a uno
de los investigados previamente definido […]”.

41. Alegó que: “[…] teniendo en cuenta que las pruebas debían ser analizadas
en su conjunto, llamó la atención en que la forma en la que se hizo la división de
pólizas en los dos grupos (“Cárceles y Estrategia cárceles”) era indicativa de la
existencia de una estrategia de los investigados para resultar adjudicatarios de
unos ítems y no de otros. Al analizar el patrón de presentación de las ofertas
económicas de los investigadas para los ítems bajo investigación, […] para cada
ítem los sancionados presentaron una oferta económica alta, y otras (u otra)
significativamente más bajas e idénticas […]”.

42. Precisó que: “[…] los coludidos se repartieron los ítems bajo investigación
de forma que el ganador (es decir, el licitante coludido con la oferta más alta del
ítem) fuera el que ya estaba prestando el servicio en el ítem en cuestión. Esto, en
la medida que según se probó en el trámite administrativo, los sujetos colusores
sancionados tenían fuertes incentivos a seguir suministrando las raciones
alimenticias en las prisiones a las que ya las suministraban por el hecho de haber
invertido en infraestructura, haber establecido relaciones con el personal de la
prisión y con los proveedores de materia prima […]. La conducta de los tres
sancionados en los ítems13 analizados correspondían a la misma estructura:
mientras dos de los investigados presentaban las misma oferta, un tercero
presenta una oferta que en todos los casos es estrictamente mayor que las dos
coincidentes[…] la estructura coincidente en las ofertas, unidos a los demás
elementos a los que se hace referencia en el presente acto, conlleva a inferir la
existencia de un acuerdo entre los investigados para presentar sus ofertas
económicas para determinados ítems, de manera que las ofertas idénticas y con
precio bajo no fueran reales, sino complementarias para aumentar las
probabilidades de adjudicación de la tercera propuesta, aun en presencia de otros
oferentes […]”.

43. Concluyó que: “[…] la accionante y sus competidores actuaron de manera
colusoria -concertada para ofertar en los ítems investigados, con un

13 Hace referencia a los ítems 19, 20, 25, 42, 80, 81, 83, 100, 101, 114 y 125.

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

comportamiento que para cada ítem incluyó la presentación de una oferta alta que
buscaba resultar adjudicataria, y dos propuestas significativamente más bajas e
idénticas entre sí cuyo propósito no era competir con la propuesta alta o procurar
que resultaran adjudicatarias del contrato correspondiente, sino por el contrario
ser propuestas complementarias que, como parte de la estrategia colusoria,
sirvieran para afectar artificialmente el cálculo de la media aritmética y asegurar
así la adjudicación de la propuesta alta. Este comportamiento respondió además
a un reparto geográfico entre los investigados para que lograran continuar con los
contratos de los centros penitenciarios en los cuales habían sido contratistas
previamente […]”.

44. Sobre los principios de favorabilidad y pro homine manifestó que: “[…]
tampoco se incurrió en infracción alguna a dicho principio, habida cuenta de que
se aplicó la normatividad vigente sin que existiese, por virtud de tratados
internacionales, normas más favorables o menos restrictivas en materia de
protección de los derechos humanos en el curso de la investigación administrativa
adelantada por la presunta violación a las normas sobre protección a la
competencia […]”.

45. Indicó que: “[…] no es cierto la interpretación realizada por esta entidad de
los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, carezca de razonabildad como lo
aduce el accionante, en la medida que mientras esta entidad desarrolló y sustentó
en el acto administrativo que no se estaba ante personas naturales en el sentido
del Código Civil, ni de aquellas cuya responsabilidad se enmarca dentro de lo
dispuesto en el precitado artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, sino que el
accionante obró como un verdadero “agente del mercado”, como “empresa” y en
consecuencia obró igualmente como infractor directo y no mediato del acuerdo
anticompetitivo […] Así las cosas, atendiendo a que el numeral 15 del artículo 4
del Decreto 2153 de 1992, permite imponer sanciones a los infractores directos,
llámense personas naturales o personas jurídicas, que sean empresas y agentes
de un mercado determinado, la interpretación y aplicación de la ley efectuada por
esta Entidad al sancionar al aquí demandante se ajustó en su integridad al
ordenamiento […]”.

46. Frente a la inexistencia de nulidad por manifiesta contradicción a la Ley
propuesta por la parte demandante, señaló: “[…] debió sancionarse con base en el
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y no con fundamento en el artículo 25 de la
citada ley, comoquiera que esta fue investigada como una persona natural que

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ejerce una actividad comercial. Como se dijo anteriormente, el artículo 25 se aplica
a las personas jurídicas o naturales (agentes económicos del mercado) que
infringen o incurren en abuso de posición dominante, acuerdo anticompetitivos o
actos anticompetitivos y, por el contrario, a las personas naturales (no son agentes
económicos del mercado) se les aplica el artículo 26 por colaborar, tolerar,
aceptar, autorizar tales comportamientos anticompetitivos realizados por la
persona jurídica con la cual tienen un vínculo […]”.

Decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, en la audiencia inicial14

47. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, llevó a cabo la audiencia
inicial el 25 de febrero de 2014, en donde se surtieron las siguientes actuaciones.

48. Declaró saneado el proceso.

49. Declaró que la parte demandada no propuso excepciones previas en la
contestación de la demanda.

50. Fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda y la subsanación de la
misma.

51. Declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que no existía
ánimo conciliatorio entre las partes.

52. Resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.

Sentencia apelada15

53. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, mediante sentencia proferida el 8 de mayo de 2014, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. DECLÁRESE la NULIDAD del Artículo Cuarto de la Resolución
No. 40901 de 28 de junio de 2012, proferida por el Superintendente de Industria y
Comercio.

14
Cfr. folio 476 del cuaderno núm. 1 del expediente
15 Cfr. folios 238 a 246 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

SEGUNDO. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDÉNASE a la
Superintendencia de Industria y Comercio graduar nuevamente la sanción impuesta
a la señora María Mercedes Bohórquez Bohórquez aplicando los parámetros
previstos en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

TERCERO. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO. Sin condena en costas.

QUINTO. Por Secretaría efectúese la liquidación de los gastos del proceso y
devuélvanse los remanentes si a ello hay lugar.

SEXTO. En firme esta providencia archívese el expediente y devuélvanse los
anexos sin necesidad de desglose […]”.

Consideraciones del Tribunal

54. El a quo consideró que: “[…] el cargo endilgado no está llamado a
prosperar, toda vez que la demostración de la conducta colusoria endilgada al
demandante tuvo su fundamento, además de las relaciones y coincidencias
advertidas por el ente de control demandado, que por lo demás no se desvirtúan
por el actor, en el monto de la propuesta económica de cada investigado, en el
que se advierte una estrategia tendiente a favorecer a uno de los tres proponentes
para adjudicarse determinado ítem. Adicional a lo anterior, la parte demandante
no acreditó que las similitudes encontradas en las ofertas se deban al azar,
específicamente al uso del método de simulación de Montecarlo, pues no
demostró, teniendo la carga de hacerlo, que la aplicación de dicho método haya
sido la razón de las similitudes antes señaladas […]”.

55. Adujo que: “[…] al revisar el texto del citado recurso […] encuentra la Sala
que salvo la mención que hace el actor en el sentido de que otros proponentes
hicieron observaciones en similar sentido que los investigados, tal aseveración no
constituye prueba que desvirtúe el señalamiento del ente de control demandado,
según el cual las observaciones no solo coinciden en la temática del asunto sino
en la idéntica redacción del texto de cada observación, lo cual se advierte al
revisar el contenido del expediente administrativo en donde se aprecia que los
investigados Calixto de Jesús Vega Navarro y Jairo Maya Salazar hicieron
idénticas observaciones respecto del objeto del contrato (CD. Exp Administrativo.
Carpeta Pública Nº 28 FL. 7264).

56. Manifestó que: “[…] la Superintendencia demandada pudo establecer que
los investigados, pese a tener conocimiento de los ítems en los que venían siendo

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contratistas, visitaron los centros carcelarios de los ítems que ya conocían y
omitieron la visita de los que no conocían pero respecto de los cuales, en todo
caso, manifestaron su intención de ser adjudicatarios […] También se estableció
que en los ítems no conocidos los investigados presentaron ofertas económicas
menores al presupuesto oficial, mientras que en los ítems respecto de los cuales
venían siendo contratistas presentaron una oferta superior […] la parte
demandante no desvirtuó los hallazgos […]”

57. Indicó que: “[…] La Superintendencia de Industria y Comercio estableció
que entre el segundo grupo de pólizas de cada investigado y los ítems no
adjudicados existe una relación que no se debe a la coincidencia, toda vez que
los investigados dividieron sus propuestas en dos grupos, el primero de ellos
(Cárceles) para los ítems que serían adjudicados con alta probabilidad, y el
segundo (Estrategia Cárceles) para las ofertas que cada investigado presentaría
sin ánimo de ser adjudicatario […] la parte demandante no desvirtuó las
aseveraciones del ente demandado respecto del grupo de pólizas, los ítems
adjudicados y no adjudicados y los ítems con propuesta alta y baja […]”.

58. Señaló que: “[…] Respecto al método de simulación de Montecarlo, sobre
el cual reposa el argumento de la parte demandante para señalar que las
coincidencias presentadas en las propuestas se deben a su aplicación, la Sala
advierte que no se allegó al expediente prueba que demuestre tal circunstancia,
como tampoco fue solicitada su práctica, razón por la que el cargo no prospera
[…]”.

59. Respecto a la falsa motivación por desconocimiento del artículo 26 de la
Ley 1340 señaló: “[…] el señor Calixto de Jesús Vega Navarro fue vinculado a la
investigación administrativa que dio origen a la investigación como persona
natural, tal y como se advierte de los antecedentes expuestos por la entidad en la
Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012 (Fl.4) […] conforme a lo anterior la
Superintendencia de Industria y Comercio, al imponer la sanción al demandante
por infracción al régimen de competencia, debió aplicar el monto establecido por
el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por tratarse de una persona natural que
ejercer actividades mercantiles y de comercio en los términos del artículo 10º del
Código de Comercio, tal y como se adujo anteriormente no es una persona jurídica
conformada bajo el amparo del artículo 633 del Código Civil, es decir, la sanción
máxima no podía exceder de 2.000 SMLMV que en el año 2012 correspondían a
la suma de $1.133.400.000; empero, la sanción atacada se impuso por el valor de

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

$2.753.952.898, esto es, excediendo por más del doble el tope máximo permitido
[…]”.

60. Sostuvo que: “[…] lo anterior denota una infracción directa entre el artículo
cuarto de la parte resolutiva de la resolución […] y el artículo 26 de la Ley 1340 de
2009, que modificó el numeral 16 del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992, norma
aplicable para establecer el monto de las sanciones a las personas naturales […]
Considerando lo anterior, la Sala declarara la nulidad parcial de los actos
demandados en lo relacionado con el monto de la sanción impuesta […]”.

61. Respecto al tercer vicio de nulidad alegado indicó: “[…] teniendo en cuenta
la prosperidad del cargo anterior, la Sala, dispondrá, a título de restablecimiento
del derecho, que el ente de control demandado gradúe nuevamente la sanción
impuesta aplicando los parámetros previstos en el artículo 26 de la Ley 1340 de
2009. En esas condiciones, la Sala decretará la nulidad del artículo cuarto de la
Resolución 40901 de 28 de junio de 2012 y, como restablecimiento del derecho,
ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio graduar nuevamente la
sanción impuesta aplicando los parámetros previstos en el artículo 26 de la Ley
1340 de 2009. Se negarán las demás pretensiones de la demanda, concretamente
la solicitud de declaratoria de nulidad del artículo primero de la Resolución 40901
de 28 de junio de 2012, teniendo en cuenta que la parte demandante no desvirtuó
la comisión de la conducta colusoria […]”.

Recurso de Apelación16

Parte demandante

62. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia; reiterando algunos
de los argumentos expuestos en el escrito de demanda, y añade lo siguiente:

63. Adujo que: “[…] ninguno de los elementos de juicio analizados por la
Superintendencia constituyen prueba de la ocurrencia de los supuestos hechos
colusorios, sino que se trata de inferencias generadas a partir de situaciones
incidentales […]”.

16 Folios 650 a 664 del cuaderno núm. 1 del expediente

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64. Manifestó que: “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio adujo que
la similitud en las observaciones presentadas al pliego de condiciones por parte
del demandante y de los señores MARIA MERCEDES BOHÓRQUEZ
BOHÓRQUEZ y JAIRO MAYA SALAZAR, era indicativo claro de un pacto entre
los investigados, con el fin de afectar la libertad de competencia en el proceso
licitatorio. No le asiste razón a la entidad demandada, por cuanto quedó
debidamente probado en el expediente, que existían diversas similitudes en las
observaciones realizadas al pliego de condiciones, no sólo entre los investigados,
sino con el resto de proponentes, situación que fue indicada en el desarrollo de
la investigación que culminó con la Resolución […]”.

65. Indicó que: “[…] el pliego de condiciones establecía que la visita a los
centros penitenciarios era de carácter facultativo, razón por la cual no puede
asumirse que el cumplimiento de dicha previsión por parte del contratista
comporte un indicio sobre la comisión de una presunta conducta colusoria.
Además, contraria la lógica, por cuanto es apenas natural que quien está
interesado en ofertar realice las visitas autorizadas a los centros carcelarios […]”.

66. Señaló que: “[…] corno argumento para la demostración de la comisión de la
presunta conducta colusoria, se indicó que la totalidad de las pólizas de seriedad de
las ofertas presentadas por los investigados fueron expedidas en la misma oficina
y que había sido titulado un correo electrónico como "estrategias cárceles" por parte
del intermediario de seguros, en el cual figuraba el señor Calixto De Jesús Vega
Navarro como destinatario. Sin embargo, dichas razones no resultan en modo
alguno […] suficientes para demostrar la comisión de una conducta colusoria, al no
existir ni probarse nexo causal alguno entre el mencionado correo electrónico y la
conducta que se le imputa a mi representado […]”.

67. Sostuvo que: “[…] la coincidencia de los ítems investigados con el título del
correo electrónico enviado por el intermediario de seguros, no fue absoluta. En
efecto, de los once ítems objeto de investigación por parte de la Superintendencia
de Industria y Comercio sólo existía en tres de ellos coincidencia en el mencionado
correo electrónico con la propuesta de la señora María Mercedes Bohórquez, y en
cinco de ellos, con la propuesta del señor Jairo Maya Salazar, situación que
desvirtúa lo alegado por la demandada en la resolución sancionatoria. Y que
constituye un indicio favorable a mi representado que no fue tenido en cuenta
durante el trámite administrativo […]”.

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68. Argumentó que: “[…] con respecto a la aseveración de un presunto reparto
geográfico entre los investigados. por razón de que los mismos presentaron
propuestas en aquellos centros carcelarios en los que habían sido adjudicatarios en
anteriores procedimientos contractuales adelantados por el INPEC, es importante
resaltar que tal consideración, a la luz de un análisis de las reglas de la sana crítica,
no puede constituir un indicio en contra del señor CALIXTO DE JESÚS VEGA
NAVARRO, puesto que resulta completamente razonable que un oferente aspire a
ser adjudicatario en aquellos ítems sobre los cuales cuenta con un mayor
conocimiento y experiencia, pues ello es benéfico para su participación en la
licitación pública, aumentando su posibilidad de éxito, situación que en absoluto
resulta ilegitima o censurable. De esta forma, la conclusión a la que arribó la
demandada tiene por razón una errónea apreciación de la situación fáctica estudiada
[…]”.

69. Precisó que: “[…] la prueba aportada para acreditar tan débil premisa, estuvo
basada en una pesquisa en redes sociales que arrojó que los investigados eran
"amigos" de la página de facebook, lo que llevó a concluir a la demandada que el
señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO era responsable de la conducta que
se le imputaba […] Sin embargo, […] dicha situación en nada demuestra la comisión
de la conducta endilgada a mi representado, pues una interpretación razonada, a la
luz de la sana crítica, permite inferir que no todas aquellas personas que se
encuentran relacionadas virtualmente a través de Facebook cuentan con algún tipo
de relación personal o de carácter comercial, siendo esta la situación generalizada
en la mayoría de redes sociales […]”.

70. Concluyó que: “[…] por un lado, no fue probado en el proceso que la conducta
profesional de la señora Alida Esther Turbay hubiera supuesto una violación de sus
deberes éticos y profesionales, y por otro lado, el ejercicio de su profesión, se
encuentra constitucionalmente avalado en nuestro ordenamiento jurídico, sin que su
actuar mereciera reproche alguno […]”.

71. Respecto a la vulneración del principio de congruencia expuso que: “[…] el
Despacho se extralimitó en sus funciones, al considerar en el numeral segundo
de la parte resolutiva de la sentencia: “SEGUNDO. A título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDÉNASE a la Superintendencia de
Industria y Comercio graduar nuevamente la sanción impuesta aplicando los
parámetros previstos en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 […] por cuanto, el
restablecimiento del que se habla no tiene relación con lo pedido en la demanda,

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

en la contestación de la demanda y/o con los hechos, como tampoco se determina
que la parte demandada lo haya solicitado en alguna de sus intervenciones. Lo
cual nos pone frente a un fallo Ultra Petita. Basta para ello remitirse al contenido
de la demanda y la contestación de la demanda, que son limites puestos al
juzgador en un derecho rogado como es el derecho administrativo […]”.

72. Adujo que: “[…] la orden de imponer una sanción con base en una norma
distinta a la que fue invocada como fundamento de la sanción impuesta en el acto
demandado, en modo alguno constituye restablecimiento del derecho, por cuanto
no consulta el fin de la reparación integral previsto en la ley como consecuencia
de la declaración de nulidad de un acto administrativo. Por el contrario, aceptar
que se imponga una nueva sanción, con base en una norma legal distinta,
constituye manifiesta y evidente violación del derecho proceso en contra de mi
representado, y contrario de significar reparación integral, representa una
agravación de los perjuicios causados […]”.

Parte demandada

73. Adujo que: “[…] tal corporación interpretó de manera incorrecta los artículos
25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, y en concreto, omitió realizar el análisis respectivo
de lo consagrado en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, pues es infundado
considerar que la señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO debió
sancionarse con base en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y no con
fundamento en el artículo 25 de la citada ley, comoquiera que este fue investigado
como “infractor” y/o agente de mercado y no como una persona natural sometida
a subordinación como lo serían revisores, fiscales, administradores y
representantes legales entre otros […]”.

74. Manifestó que: “[…] en el fallo, tampoco se desvirtúa la postura de esta
entidad, al considerar al accionante como “empresa” de conformidad con lo
expuesto en el artículo 25 del Código de Comercio, noción que no hace referencia
a la naturaleza jurídica de quien realiza la actividad mercantil, no obstante,
limitarse, en perjuicio de esta entidad, y del interés jurídico tutelado en el artículo
333 constitucional, a la verificación de si era o no persona natural comerciante,
pasando por alto que tal calidad no la excluye de ser “empresa” conforme a la ley
mercantil, ni mucho menos de ser susceptible de investigación administrativa por
presuntas infracciones a las normas de la libre competencia, en calidad de agente
de mercado o agente infractor, tal y como sucedió en el caso concreto […]”.

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

75. Indicó que: “[…] el artículo 25 se aplica a las personas jurídicas o naturales
(agentes económicos del mercado) que infringen o incurren en abuso de la
posición dominante, acuerdos anticompetitivos o actos anticompetitivos, y, por el
contrario, a las personas naturales (no son agentes económicos del mercado), se
les aplica el artículo 26 por colaborar, tolerar, aceptar, autorizar tales
comportamientos anticompetitivos realizados por la persona jurídica con la cual
tienen un vínculo, es decir las personas naturales no realizan directamente
conductas anticompetitivas, razón por la cual las multa a imponer es muy inferior
en comparación con el monto de las multas a imponer a los agentes de mercado
(que bien pueden ser personas naturales o jurídica) […]”.

76. Señaló que: “[…] el juez en su sentencia no puede reconocer lo que no se
le ha pedido (extrapetita) ni más de lo pedido (ultrapetita); de no ser así, con su
actuación estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su
potestad. […] Del cotejo de lo efectivamente pedido en la demanda […] y los
dispuesto por a quo, se observa a simple vista que hay una ausencia absoluta y
protuberante de congruencia, entre lo pedido y lo efectivamente declarado en la
sentencia judicial, configurando con ello una vía de hecho en perjuicio de esta
Superintendencia, habida cuenta que los jueces contencioso administrativos no
están habilitados ni por el CPACA, no por la jurisprudencia, para expedir fallos
extra petitos, como el que aquí se impugna […]”.

Actuación en segunda instancia

77. El Despacho sustanciador, mediante providencia de 1 de junio de 201517
admitió los recursos de apelación indicados supra, y ordenó, asimismo, mediante
providencia proferida el 28 de junio de 201918, que en el término de diez (10) días
las partes presentaran los alegatos por escrito, y vencido dicho término se surtiera
el traslado al Ministerio Público, los cuales se presentaron de la siguiente manera:

78. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

79. La parte demandada reiteró las consideraciones expuestas en la
contestación de la demanda.

17
Cfr. folio 4 del cuaderno de apelación de sentencia.
18 Cfr. folio 9 del cuaderno de apelación de sentencia.

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22

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

Concepto del Ministerio Público

80. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

81. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo de la
sanción por colusión en las licitaciones; v) el marco normativo de las facultades
de la Superintendencia para sancionar las prácticas restrictivas de la competencia;
vi) el marco normativo del debido proceso; viii) el marco normativo de la falsa
motivación, y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

82. Vistos los artículos 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo19; y, el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo
de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda
instancia.

83. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes.

84. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201220, sobre
los fines de la apelación y la competencia del superior; la Sala procederá a
examinar únicamente las argumentaciones expuestas por las partes en los
recursos de apelación, interpuestos contra la sentencia proferida el 8 de mayo de
2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

19 “[…] Artículo 150 <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:>

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]
20 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

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23

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Actos administrativos acusados

85. Los actos administrativos acusados21 son los siguientes:

86. La Resolución núm. 40901 de 28 de junio de 201222, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, que en su parte motiva y resolutiva
señaló:

“[…] La Licitación se dividió en seis grupos, por regiones del país (central, occidente,
norte, oriente, noroeste y Viejo Caldas), cada uno conformado por un determinado
número de ítems correspondientes a cada uno de los centros penitenciarios y
carcelarios ubicados en dichas regiones, para a un total de 146 ítems.

Los hechos más relevantes de la Licitación para el caso que nos ocupa se resumen
en la siguiente tabla:

No. Fecha Hecho
1. 20/11/2010 INPEC publicó los estudios previos y el proyecto de pliegos de
Condiciones en el SECOP I.
2. 31/01/2011 Resolución No. 0311 de 2011, mediante la cual el INPEC
ordenó apertura a la licitación.
3. 15/02/2011 Fecha de cierre de la licitación. Límite para presentar ofertas
El señor Luis Yesid Villaraga presentó denuncia ante la
4. 23/02/2011
Procuraduría-General de la Nación por presunta colusión en la
licitación, denuncia posteriormente presentada ante el INPEC y
ante la Superintendencia.
5. Resolución No 879 de 2011 mediante la cual él INPEC:
a) suspendió la adjudicación de la Licitación para los, ítems 19,
20, 25, 30„ 35, 42, 80, 81; 83, 95; 98, 100, 101, 114 y 125
08/03/20 11 por un término. de hasta quince días.
b) Adjudicó la Licitación para, los ítems no suspendidos.
c) Declaró desiertos los ítems 8, 16, 24, 39, 41, 45, 50, 59, 61,
62, 74, 77, 78, 86, 99, 113, 122, 123, 128, 129, 130, 133,
135, 137, 139, 140, 143, 144 y 145.
Resolución No. 1104 de 2011, mediante la cual el INPEC
6.
adjudicó los ítems suspendidos, así:
25/03/20 11
-María Mercedes Bohórquez: 19, 20, 25, 81 y 100
-Jairo Maya Salazar: 101, 114 y 125
-Calixto de Jesús Vega Navarro: 30,35,42,80,83,95 y 98

De acuerdo con el acervo probatorio que se recogió en el curso de la presente
investigación y que obra en el expediente, es posible afirmar que existen
numerosas coincidencias entre las propuestas de los Investigados, que analizadas
en su conjunto constituyen hechos indicadores de un acuerdo competitivo entre
ellos. De tal suerte, este Despacho considera importante presentar aquí una
relación y análisis de las similitudes encontradas.

[…] 6.4.2. Particularidades de la licitación LP-001- 2011 frente a licitaciones
anteriores

21 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de

los cargos.
22 “[…] Por la cual se imponen unas sanciones […]”.

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[…] La Licitación LP-001-2011 introdujo algunos cambios en requisitos habilitantes
y de puntaje, que resultan de cardinal importancia para el caso que nos ocupa, y
que se señalan a continuación […].

6.4.2.01. Visita técnica a los establecimientos de reclusión

En las licitaciones anteriores a la de 2011, la visita a los establecimientos
penitenciarios era un requisito obligatorio para los proponentes, ÿ su omisión
constituía causal de rechazo de la propuesta.

En la licitación LP-001- 2011, […] Se evidencia que se produjeron cambios en
varios aspectos: de una parte, se eliminó la obligatoriedad de la visita, de manera
que era facultativo para cada proponente ir o no al centro o centros penitenciarios
sobre los que tenía interés en participar. Por lo anterior, también se eliminó la
omisión de la visita como causal de rechazo de la propuesta. […]

6.4.2.02 Indicadores financieros

Desde los procesos de selección que abrió el INPEC en 2010 se presentaron
cambios en los indicadores financieros, con una tendencia hacia la flexibilización
de los requisitos, de manera que redujera las barreras de entrada y así permitiera
la participación de más proponentes.

En síntesis, los cambios supusieron un aumento en el porcentaje de
endeudamiento que podían tener para estar habilitados para participar en los
procesos de selección, lo cual, para asegurar la sostenibilidad financiera de los
proponentes, se complementó con la exigencia de un patrimonio determinado en
proporción al presupuesto oficial, requisito que no existía antes de 2010.

6.4.2.03 Oferta económica

Mientras que en la mayoría de las licitaciones que se abrieron entre 2007 y 2010
el INPEC fijaba de manera unilateral el precio de las raciones por interno, a partir
de las licitaciones 14 a 19 de 2010, el INPEC incluyó la oferta económica de las
raciones de alimentación como factor de evaluación sujeto a puntaje […].

Una vez verificados los aspectos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes, se
otorgará puntaje a la oferta económica y al proponente que realice ofrecimientos
técnicos adicionales, según el siguiente cuadro:
FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE
EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA 50
MAYOR APORTE DE PROTEINA ADICIONAL 25
VINCULACIÓN DE INTERNOS U HORA S 25
ADICIONALES
PUNTAJE TOTAL 100

[…] Tabla No. 3
Valor de Nv en Función del resultado del sorteo y del valor de n.
OPCIÓN A:
No. de veces que se incluye el
Número de propuestas habilitadas (n)
presupuesto oficial (Nv)
De 1 a 3 1 vez
De 4 a 6 2 veces
Oe 7 a 9 3 veces
De 10 a 12 4 veces
... Asl sucesivamente ... Asf sucesivamente

OPCIÓN B:
No. de veces que se Incluye el
Número de propuestas habilitadas (n)
presupuesto oficial (Nv)
De 1 a 2 1 vez
De 3 a 4 2 veces

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De 5 a 6 3 veces
De 7 a 8 4veces
... Así sucesivamente .. Así sucesivamente
Fuente: Pliego de condiciones de la Licitación LP-001-2011,numeral
5.4.2.1
Así las cosas, por ejemplo, si a un ítem se presentasen 5 licitantes y ganara el
sorteo la opción A, se incluiría el monto del presupuesto 2 veces en el cálculo de
Ma. Si la opción B saliera favorecida en el sorteo, en cambio, se incluiría el
presupuesto 3 veces.
Una vez analizada la información que reposa en el expediente, este Despacho
consideró para efectos de su análisis centrarse en el comportamiento estratégico
de los licitantes que guarda relación con los 50 puntos asociados a la propuesta
económica (bajo la fórmula expuesta más arriba como E,) del total de los 100
puntos F, por los que cada licitante pugna.
La razón que justifica este argumento radica en que este Despacho ha podido
observar que en la gran mayoría de casos que se presentaron durante la Licitación
investigada, el licitante obtuvo la totalidad de los 50 puntos en juego bajo el
concepto de 7, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. […]
[…] un 92% de las propuestas habilitadas en la licitación (164 propuestas)
obtuvieron la totalidad de los 50 puntos técnicos que podían obtener. AI mismo
tiempo, sólo un 2%'de las propuestas obtuvieron 25 puntos, sólo un 1% de las
propuestas obtuvieron 2D puntos y un 5% no obtuvo puntaje por ofrecimientos
técnicos adicionales.
[…] Cálculos relativos a las propuestas habilitadas en los 11 ítems investigados. […]
el 95% del total de las propuestas habilitadas (37 propuestas) obtuvieron la totalidad
de los 50 puntos posibles bajo el concepto de puntaje técnico. El 5% restante de las
propuestas obtuvo 25 puntos […].
6.4.3. DE LA CONDUCTA DE LOS INVESTIGADOS DURANTE LA LICITACIÓN
LP-001-2011
[…] En consonancia con el Informe Motivado y con el acervo probatorio que reposa
en el expediente, se ha podido evidenciar que los investigados mostraron una
conducta particular y coincidente durante la fase pre-contractual de la Licitación LP-
001-2011 abierta por el INPEC, en especial respecto de los elementos que se
analizan a continuación:

6.4.3.01. Observaciones presentadas por los Investigados al proyecto de
pliegos de la Licitación LP-001-2011

[…] la Delegatura estudió estas observaciones y encontró coincidencias alarmantes
que permiten inferir que los Investigados no solo se comunicaron entre ellos y
compartieron información a lo largo del proceso de selección, sino que presentaron
observaciones coincidentes que conllevan a concluir la existencia de una estrategia
colusoria entre los Investigados […].

[…] Respecto al objeto del contrato, Calixto de Jesús Vega Navarro y Jairo Maya
Salazar presentaron la siguiente observación:

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[…]Como se puede apreciar fácilmente, las únicas diferencias que se encuentran
son ortográficas o de palabras en mayúsculas o minúsculas. No existe ninguna
diferencia sintáctica o gramatical, y mucho menos de fondo, entre las dos
observaciones, lo cual, por simple lógica, no puede ser fruto del azar. Es claro
entonces que las observaciones en comento fueron preparadas por una sola
persona, y tal vez surgieron errores o correcciones en el momento de su
transcripción por cada uno de los investigados […]

[…] Ahora bien, la Delegatura también encontró coincidencias en siete de las
observaciones presentadas por Calixto de Jesús Vega Navarro y María Mercedes
Bohórquez Bohórquez. A manera de ejemplo se presentan las siguientes
observaciones […]:

[…] El Despacho llama la atención frente al hecho de que se presentaron cerca
de 300 al proyecto de condiciones, y de esas, existen 9 observaciones
coincidentes, presentadas por dos interesados diferentes (es decir 18
observaciones, que corresponden al 6% del total de observaciones presentadas),
y que todas esas coincidencias se presenten justamente en las Observaciones de
los Investigados. […]

[…] Como se puede observar de la tabla anterior, los ítems que les resultaron
adjudicados a los Investigados fueron justamente aquellos para los cuales

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solicitaron visita y no otros. Una conclusión a la que se podría llegar al ver estos
resultados, es que la visita al centro penitenciario era de facto esencial para lograr
determinar la oferta económica y conseguir la adjudicación de los ítems de interés.
[…]

[…] Tal y como lo expuso de manera detallada la Delegatura en el lnforme
Motivado, existen diversos correos electrónicos que evidencian que las pólizas de
cada uno de los Investigados fueron divididas en dos grupos: el primer grupo de
pólizas, que se denominó "Cárceles María Mercedes”, "Cárceles Jairo” y "Cárceles
Calixto”, y el segundo grupo que se denominó “Estrategia Cárceles María
Mercedes”, "Estrategia Cárceles Jairo" y "Estrategia Cárceles Calixto”,
respectivamente. […]

[…] Despacho llama la atención en que la forma en la que se hizo la división de
las pólizas en los dos grupos (“Cárceles” y “Estrategia cárceles”) es indicativo de
la existencia de una estrategia de los investigados para resultar adjudicatarios de
unos ítems y no de otros. Veamos. […]

[…]Ahora bien, si se compara la tabla anterior con los grupos en los que se
dividieron las pólizas de seriedad de las ofertas de los Investigados, es fácil
comprobar que el segundo grupo de pólizas coincide con aquellos ítems que no
fueron adjudicados a los Investigados tal y como se muestra a continuación:

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[…] En criterio del Despacho, la identidad entre el segundo grupo de pólizas de
cada investigado y los ítems que no le fueron adjudicados no pueden ser fruto de
una coincidencia. Por el contrario, es un indicador claro de que los investigados
dividieron sus propuestas en dos grupos, un primer grupo de pólizas para las
propuestas de los ítems que, de acuerdo con la estrategia colusoria utilizada les
serían adjudicadas con una alta probabilidad, y un segundo grupo de pólizas para
las ofertas que cada Investigado presentaría, pero para las que no buscaba ser
adjudicatario […].

[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que JAIRO MAYA SALAZAR, CALIXTO DE
JESÚS VEGA NAVARRO y MARÍA MERCEDEZ BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
contravinieron lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de
1992.

[…] ARTÍCULO CUARTO: Imponer una sanción pecuniaria a CALIXTO DE JESÚS
VEGA, identificado con el NIT 70.075.487-1, por la suma de dos mil setecientos
cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y dos mil ochocientos noventa y
ocho pesos M/CTE ($2.753.952.898) […]23”.

87. La Resolución núm. 53979 de 14 de septiembre de 201224, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio que resolvió el recurso de reposición
interpuesto por la parte demandante contra la anterior decisión, que en su parte
resolutiva señaló:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: No tener en cuenta las pruebas que el apoderado del
señor Calixto de Jesús Vega Navarro solicita se tengan en cuenta.

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 40901
de 28 de junio de 2012 […]”25.

El problema jurídico

88. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación,
determinar: i) si los actos acusados están viciados de nulidad por falsa motivación,
por cuanto ninguno de los elementos de juicio analizados por la parte demandada

23
Cfr. folios 35 a 77 del cuaderno núm. 1 del expediente.
24
“[…] Por la cual se resuelven unos recursos de reposición […]”
25 Cfr. folios 86 a 95 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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29

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constituyen prueba de la ocurrencia de los supuestos hechos colusorios; ii) si en
el presente asunto se reúnen los presupuestos normativos para que el monto de
la sanción se fijara conforme al artículo 25 de la Ley 1340 y, iii) si se vulneró el
principio de congruencia al declarar la nulidad parcial de los actos acusados, dado
que el restablecimiento del derecho del que se habla en la sentencia no tiene
relación con lo pedido en la demanda, en la contestación de la demanda y con los
hechos.

89. En consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.

Marco normativo de las prácticas restrictivas a la libre competencia en los
acuerdos colusorios en las licitaciones públicas

90. Visto el artículo 1.° de la Ley 155 de 24 de diciembre de 195926, sobre
prácticas restrictivas de la competencia, señala:

“[…] ARTÍCULO 1º. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. El nuevo texto
es el siguiente. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o
consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o
extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos […]” (Destacado de la Sala).

91. De este modo, la norma vista supra señala como presupuestos de las
prácticas anticompetitivas que (i) se trate de acuerdos o convenios; (ii) que el
objeto de los mismos sea el de limitación de la producción, el abastecimiento,
distribución o consumo en materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros o bien puede tratarse de prácticas, procedimientos o
sistemas y, (iii) que la finalidad de los mismos sea la de limitar la libre competencia
o mantener o determinar precios inequitativos, es decir, que restrinjan la libertad
de acceso a los mercados27.

92. A su vez, visto el numeral 9.º del artículo 47 del Decreto 2153 de 199228
prescribe que son acuerdos contrarios a la libre competencia los que tengan por
objeto la colusión en las licitaciones o concursos, así:

26 “[…] Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas […]”.
27 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de diciembre de

2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000232400020120079001[…]”.
28 “Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones”.

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30

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“[…] ARTICULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE
COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo
44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros,
los siguientes acuerdos:

[…]

9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los
que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos,
distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas […]”
(Destacado nuestro).

93. Para la configuración de la colusión de acuerdo con el mencionado
enunciado normativo, es necesaria la concurrencia de los siguientes supuestos
que definen la conducta anticompetitiva y contraria a la libre competencia:

“[…] La existencia de un acuerdo entendido como “[…] todo contrato, convenio,
concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más
empresas29” (numeral 1° del artículo 45 del Decreto 2153 de 199230), lo que se
traduce en la voluntad o consenso de las partes de llevar una conducta contraria
a la libre competencia […]”.

94. De conformidad con lo anterior, se tiene que existen cinco formas de
acuerdo previstas por el legislador, a saber: i) el contrato; ii) convenio; iii)
concertación; 4) práctica concertada y v) prácticas conscientemente paralelas. La
segunda parte de la definición dada por la citada norma indica que requiere una
pluralidad de empresas.

95. Esta Sección de la Corporación 31 ha definido el término colusión y las
modalidades bajo las cuales puede configurarse:

“[…] a) Que el acuerdo tenga por objeto la colusión en las licitaciones o concursos
o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos,
distribución de concursos o fijación de los términos de las propuestas.32

Colusión, de acuerdo con su significado natural significa “Pacto ilícito en daño de
un tercero33”, de manera que lo que se castiga es el pacto para desfavorecer a un
tercero34.

29 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de diciembre de

2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000232400020120079001 […]”.
30 “ARTICULO 45. DEFINICIONES. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo anterior se

observarán las siguientes definiciones: 1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o
conscientemente paralela entre dos o más empresas […]”
31 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de diciembre de

2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000232400020120079001[…]”.
32 VELANDIA Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo, competencia desleal; abuso de la posición

dominante; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor, 2ª edición,
Universidad Externado de Colombia, 2011.
33 Definición de la Rae: https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=colusi%C3%B3n, fecha de consulta: 7 de noviembre

de 2019.
34 VELANDIA Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo

, competencia desleal; abuso de la posición dominante; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones
económicas y protección al consumidor, 2ª edición, Universidad Externado de Colombia, 2011, página 157.

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31

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La doctrina ha señalado que de la citada norma es posible clasificar tres clases de
colusión, como pasa a analizarse a continuación:

Una primera modalidad, por distribución de adjudicación en contratos, la cual
ha sido definida así:

“[…] Esta forma de colusión tiene como sujetos las empresas interesadas en
presentar propuestas, que de manera acordada acogen entre ellas el agente
económico que presentará la mejor propuesta, introduciendo en cada propuesta
elementos que la hacen más atractiva, lo que deja sin posibilidad de una verdadera
escogencia a la empresa interesada en los servicios35”.

Una segunda modalidad, de distribución de concursos, según la cual:

“[…] Conforme a la ley de contratación administrativa, cuando el objeto del contrato
consiste en estudios o trabajos técnicos o especializados, el proceso de selección
se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública. Así, el
alcance de este supuesto hace referencia particular a los concursos, con los
mismos elementos ya mencionados en lo referente al principio de legalidad36”.

Finalmente, una tercera modalidad de fijación de términos de las propuestas37,
que surge cuando:

“[…] La conducta que nos ocupa hace parte de aquellas que requieren
obligatoriamente la participación de la empresa que pretende adjudicar los
contratos. Lo anterior se explica si observamos el contenido del precepto fáctico,
pues la conducta restrictiva debe ser desarrollada por la empresa que invita a
presentar ofertas a otras. La conducta que se reprime consiste en elaborar unos
pliegos que no permiten la igualdad de oportunidades para los posibles
participantes, pues por medio de estos puede la licitación estar dirigida para que
uno de ellos se vea favorecido. En tal instancia la empresa o la persona encargada
de elaborar los pliegos acuerda con uno de los potenciales contratistas la
adjudicación del contrato, diseñando en conjunto un pliego que beneficiará al
partícipe del acuerdo. Además de ser restrictiva puede llegar a ser desleal”.

a) Por último, se requiere que el acuerdo afecte la libre competencia […]”.

Marco normativo de las facultades de la Superintendencia frente a las
investigaciones de prácticas restrictivas de la competencia

96. Visto el artículo 2 del Decreto núm. 2153 de 1992, sobre las funciones de
la Superintendencia de Industria y Comercio, dispone que a la entidad le
corresponde: i) velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de
la competencia; ii) imponer las sanciones por violación de las normas sobre
prácticas comerciales restrictivas y promoción de la competencia; iii) imponer las
sanciones pertinentes por la inobservancia de las instrucciones que dé en
desarrollo de sus funciones; iv) imponer, previa solicitud de explicaciones y de
acuerdo al procedimiento aplicable, las sanciones pertinentes por la inobservancia

35 Ibídem. Página 158 y 159.
36 Ibídem. Folio 159.
37 Ibídem. Folio 159.

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de las instrucciones que imparta; v) solicitar a las personas naturales o jurídicas
el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran
para el correcto ejercicio de sus funciones; y, vi) ejercer la demás funciones que
le asigne la ley, así:

“[…] ARTÍCULO 2. FUNCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio
ejercerá las siguientes funciones:

1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia;
atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su
contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en
particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el
mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.

PARÁGRAFO. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los
propósitos de que trata el presente artículo al momento de resolver sobre la
significatividad de la práctica e iniciar o no una investigación, sin que por este solo
hecho se afecte el juicio de ilicitud de la conducta.

2. Imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas sobre prácticas
comerciales restrictivas y promoción de la competencia, así como por la inobservancia
de las instrucciones que, en desarrollo de sus funciones imparta la Superintendencia.

[…] 5. Imponer, previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las
sanciones que sean pertinentes por violación de las normas sobre protección al
consumidor, así como por la inobservancia de los Instrucciones Impartidas por la
Superintendencia.

[…] 10. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes,
libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus
funciones.

[…] 21. Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las
disposiciones en las materias que hace referencia el numeral anterior, fijar los criterios
que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

[…] 23. Las demás funciones que, en lo sucesivo, le asigne la Ley […]”. (Destacado
de la Sala).

97. Visto el artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, sobre las funciones del
Superintendente de Industria y Comercio, señala que le correspondían, entre
otras, las siguientes:

“[…] 10. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas establecidas por la Ley 155 de 1959,
disposiciones complementarias y en particular aquellas a que se refiere el presente
Decreto, respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica,
independientemente de su forma o naturaleza jurídica con sujeción al artículo 2o,
numeral 1o., del presente Decreto.

[…] 12. Decidir sobre la terminación de investigaciones por presuntas violaciones a
las disposiciones a que se refiere el numeral 10 del presente artículo, cuando a su
juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o
modificará la conducta por la cual se le investiga.

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

13. Ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas que sean
contrarias a las disposiciones sobre promoción de la competencia y práctica
comerciales restrictivas a que alude el presente Decreto.

[…]15. <Numeral modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. El nuevo texto
es el siguiente:> Monto de las multas a personas jurídicas. Por violación de cualquiera
de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en
acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que
imparta, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones
de informar una operación de integración empresarial o las derivadas de su
aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación
de garantías, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios
mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad
derivada de la conducta por parte del infractor.

16. <Numeral modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. El nuevo texto es
el siguiente:> Monto de las multas a personas naturales. Imponer a cualquier persona
que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas
sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto
2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el
equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al
momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria
y Comercio […]”

98. Las anteriores competencias se ejercen de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, vigente para la época de emisión de
los actos acusados, norma que disponía:

“[…] ARTICULO 52. PROCEDIMIENTO. Para determinar si existe una infracción a las
normas de promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se
refiere este decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar
actuación de oficio o por su solicitud de un tercero y adelantar una averiguación
preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de realizar una investigación.

Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al investigado
para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer. Durante la
investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las que el funcionario
competente considere procedentes.

Instruida la investigación se presentará al Superintendente un informe motivado
respecto de si ha habido una infracción. De di1º cho informe se correrá
traslado al investigado.

Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio podrá
ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde
garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le
investiga.

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo
[…]”.

99. Visto el artículo 52 del Decreto núm. 2153 de 1992, sobre el procedimiento
para determinar si existió una infracción a las normas de promoción a la
competencia y prácticas restrictivas, el trámite que se debe adelantar en esa
materia, es el siguiente: i) averiguación preliminar para determinar la necesidad

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de realizar una investigación; ii) la apertura de la investigación se notificará
personalmente al investigado para que dentro de los 20 días siguientes solicite o
aporte pruebas; iii) terminada la investigación se citará a audiencia donde el
investigado presentará los argumentos que pretenda hacer valer; iv) concluida la
audiencia el Superintendente Delegado presentará ante el Superintendente de
Industria y Comercio un informe motivado del cual se debe correr traslado al
investigado por el término de 20 días; durante el curso de la investigación se podrá
ordenar la clausura de la investigación cuando el presunto infractor brinde
garantías suficientes de que suspenderá o modificará su conducta; v) en el acto
administrativo en que se acepten las garantías se ordenará la clausura de la
investigación y se señalarán las condiciones en que se verificará la continuidad
del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el investigado.

100. Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y
Comercio podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el
presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la
conducta por la cual se le investiga. La norma citada supra es diáfana en cuanto
a que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aceptación de las
garantías se considera una infracción a las normas de protección de la
competencia y da lugar a las sanciones previstas en la ley, previa solicitud de
explicaciones; igualmente que en lo no previsto en esa disposición, en
concordancia con el artículo 54 del Decreto núm. 2153 de 1992, se aplicara el
Código Contencioso Administrativo.

101. En suma, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad
legalmente facultada para sancionar cualquier práctica restrictiva de la
competencia, puede clausurar la investigación mediante acto administrativo,
cuando se brinden las garantías suficientes, en el que señalará las condiciones
por medio de las cuales verificará la continuidad del cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por los investigados.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del debido proceso

102. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso “[…] se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo,
“[…] [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio […]”.

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103. En términos generales, el Consejo de Estado38 ha considerado que “[…] el
derecho al debido proceso se erige como una garantía a todas las personas según
la cual su intervención en una actuación administrativa o judicial está regida por
reglas previamente establecidas por el legislador, que a su vez le permiten
defenderse y solicitar las pruebas tendientes a demostrar lo que afirma, sin que la
voluntad del funcionario público pueda tener alguna injerencia [i.e] en las distintas
etapas del proceso […]”.

104. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que el derecho del
debido proceso es “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia […]” 39 ; se trata de un
mecanismo orientado a: i) limitar el poder de las autoridades, “[…] forzando a que
sus actuaciones se sometan siempre a las formas preestablecidas por la ley […]”;
ii) contribuir “[…] a la garantía y realización de los derechos de los particulares,
que deben gozar de posibilidades adecuadas de participación en el proceso de
formación de la voluntad de la Administración […]”; y iii) a mejorar el ejercicio de
las funciones públicas y a lograr un mayor estándar de imparcial en la aplicación
del derecho, gracias al debate entidad-particular que propicia40.

105. La misma Corte, en relación con el debido proceso, consideró41 que “[…]
[u]na de las notas más destacadas de la Constitución Política de 1991 es la
extensión de las garantías propias del debido proceso a las actuaciones
administrativas. Ello demuestra la intención constituyente de establecer un orden
normativo en el que el ejercicio de las funciones públicas se encuentra sujeto
a límites destinados a asegurar la eficacia y protección de la persona,
mediante el respeto por sus derechos fundamentales. El Estado
Constitucional de Derecho es, desde esta perspectiva, un conjunto de garantías
de esos derechos, al tiempo que las normas que determinan la estructura del
Estado y sus instituciones deben interpretarse en función de esas garantías […]”
(Destacado fuera de texto).

38 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 21 de agosto de

2014. Proceso identificado con el número único de radicación 680012333000201400413-01. C.P. doctor Guillermo
Vargas Ayala.
39 Corte Constitucional, sentencia C-980 de 1 de diciembre de 2010. M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de julio de 2014; C.P.

doctor Guillermo Vargas
41 Corte Constitucional, Sentencia C-034 de 29 de enero de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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106. Por último, mediante sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional
señaló que “[…] en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al
debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las
autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se
encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente
establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan
resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o
extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción […]” y que, en todo
caso, se han identificado algunas garantías mínimas asociadas al concepto de
debido proceso administrativo, entre ellas, el derecho a: i) que el trámite se
adelante por la autoridad competente; ii) que durante el mismo y hasta su
culminación se permita la participación de todos los interesados; iii) ser oído
durante toda la actuación; iv) que la actuación se adelante sin dilaciones
injustificadas; v) ser notificado de las decisiones que se adopten de manera
oportuna y de conformidad con la ley; vi) solicitar, aportar y controvertir
pruebas; vii) en general, ejercer el derecho de defensa y contradicción; y, por
último, viii) impugnar las decisiones que puedan afectarle.

Marco normativo de la falsa motivación como causal de nulidad de los actos
administrativos

107. Visto el artículo 137 de la Ley 1437, la nulidad procederá cuando los actos
administrativos hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió.

108. En relación con los supuestos para la configuración de la causal de nulidad
por falsa motivación, esta tiene ocurrencia cuando: i) se presenta inexistencia de
fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son
contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii)
el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que
no tienen; y iv) los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la
decisión.

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109. En consecuencia, los motivos que fundamentan el acto administrativo
deben ser ciertos y corresponder a las circunstancias de hecho y de derecho
necesarias para proferir la decisión; es decir, debe existir correspondencia entre
la motivación del acto administrativo y la realidad fáctica y jurídica del caso.

110. La parte demandante tiene la carga de probar que el acto administrativo
está falsamente motivado, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de este.

Acervo y análisis probatorio

111. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

112. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de
la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para
ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere
para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.

113. En el expediente obra como prueba, entre otras, el expediente que dio lugar
a los actos administrativos demandados42.

Análisis del caso concreto

114. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la
parte demandante en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.

De la falsa motivación

115. La parte demandante señaló que ninguno de los elementos de juicio
analizados por la Superintendencia constituyen prueba de la ocurrencia de los

42 El expediente administrativo fue aportado por la parte demandada en medio magnético. Cfr. Fl. 472

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supuestos hechos colusorios, sino que se trata de inferencias generadas a partir
de situaciones incidentales.

116. Sobre el particular, la mención que hace la demandante en el sentido de
que otros proponentes hicieron observaciones en similar sentido al de los
investigados, no constituye prueba que desvirtúe el señalamiento de la parte
demandada, según el cual las observaciones no sólo coinciden en la temática del
asunto sino en la idéntica redacción del texto de cada observación, lo cual se
advierte al revisar el contenido del expediente administrativo en donde se aprecia
que los investigados Calixto de Jesús Vega Navarro y María Mercedes Bohórquez
Bohórquez hicieron idénticas observaciones al pliego de condiciones respecto del
objeto del contrato43, así:

117. En ambas observaciones hechas por estos dos proponentes es el mismo,

43 Información encontrada en: CD en formato DVD obrante a folio 473 del expediente, Archivo: "11-26754
PROALIMENTOS C28.pdf". p. 165.; CD en formato DVD obrante a folio 522 del expediente. "medios magnéticos \C.
1 folio 205\INPEC\LicitaciónINPEC - SECOP". Archivo: "respuesta observaciones proyecto pliego.pdf." y "respuesta
observaciones proyecto pliego.xls

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diferenciándose sólo en que la parte demandante utiliza las palabras "kcalorías
día", mientras que la señora María Mercedes Bohórquez al mismo término se
refiere con la expresión "k.cal/día".

118. Este patrón se repite en varias de las observaciones hechas por la señora
María Mercedes Bohórquez en comparación con las elaboradas por la parte
demandante y con el señor Jairo Maya Salazar, en los que los textos son
igualmente idénticos, como se aprecia en el siguiente cuadro44:

44
Ibid.

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40

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119. Así, para la Sala resulta claro que este punto sobre la observación al pliego
de la licitación pública trasciende más allá de la simple coincidencia entre los
argumentos jurídicos que sean presentados por los proponentes, en el marco de
las observaciones a los pliegos de condiciones de un proceso de selección
contractual estatal; en este caso, los textos de las observaciones a los pliegos de

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condiciones son idénticos, diferenciándose sólo en algunas palabras o en que
alguno de los proponentes sancionados incluyó unos párrafos adicionales,
advirtiendo que este patrón sólo se presenta entre estas tres personas
sancionadas por la parte demandada, sin que el fenómeno se presente entre uno
de ellos y otro de los proponentes de la licitación pública promovida por el INPEC,
lo que deja entrever que la forma en la que se encuentran las referidas
observaciones, implicó por lo menos un acuerdo previo entre la parte demandante
y los señores Bohórquez y Maya Salazar, que tuviera por objeto atacar algunos
apartes del Proyecto de Pliego de Condiciones en la LP-001 de 2011, en beneficio
de sus intereses.

120. Asimismo, la parte demandada sostuvo que en la licitación que dio lugar a
la investigación sancionatoria, se eliminó el requisito de la obligatoriedad de la
visita a los centros de reclusión, para que los contratistas que tenían experiencia
en otros ítems, respecto de los cuales venían siendo contratistas, priorizaran las
visitas a centros de reclusión que no conocían con el fin de obtener información
que les permitiera estructurar una propuesta y así poder participar en otros ítems.

121. La parte demandada estableció que los investigados, pese a tener
conocimiento de los Ítems en los que venían siendo contratistas, visitaron los
centros carcelarios que ya conocían y omitieron la visita de los que no conocían,
pero respecto de los cuales, en todo caso, manifestaron sus intenciones de ser
adjudicatarios. Además, estableció que en los ítems no conocidos por los
investigados se presentaron ofertas económicas menores al presupuesto oficial,
mientras que en los ítems respecto de los cuales venían siendo contratistas
presentaron una oferta superior45, así:

122. Para la Sala la parte demandante no desvirtuó los hallazgos de la parte

45 Folio 47 cuaderno núm. 1 del expediente

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demandada en cuanto a la estrategia utilizada por los investigados, sin que se
logre desvirtuar la constante presentada entre los investigados de realizar una
oferta menor en los ítems de los centros carcelarios que no visitaron y una oferta
mayor en los visitados los cuales efectivamente le fueron adjudicados, y en razón
de ello frente a este aspecto el cargo no está llamado a prosperar.

123. Por otra parte, respecto a la expedición de las pólizas de seriedad de la
oferta que se presentaron frente a los tres sancionados por la entidad demandada,
la Sala advierte que la parte demandante cuestiona el hecho de que no se haya
acreditado que esta conducta tenga relación con la demostración de la conducta
colusoria. Al respecto, la parte demandada estableció que todos los sancionados
expidieron las pólizas de seriedad de sus ofertas a través del mismo intermediario
de seguros, con la misma compañía, en la misma fecha y en la misma sucursal,
aspecto que no cuestiona la parte demandante.

124. Al respecto, la parte demandada determinó la conformación de dos grupos
de correos electrónicos para la expedición de pólizas los cuales fueron
identificados según el asunto de cada uno de ellos como "[…]Cárceles" y
"Estrategia Cárceles[…]46", situación a partir de la cual la parte demandada infirió
que entre el segundo grupo de pólizas de cada investigado y los ítems no
adjudicados existe una relación que no es producto de la coincidencia, en tanto
que los investigados dividieron sus propuestas en dos grupos, el primero de ellos
denominado "Cárceles" para los ítems que serían adjudicados con alta
probabilidad, y el segundo "Estrategia Cárceles" para las ofertas que cada
investigado presentaría sin ánimo de ser adjudicatario.

125. En los actos acusados se gráfica la estrategia en el siguiente cuadro47:

126. Del cuadro señalado, la Sala advierte que la parte demandante no desvirtuó

46 Cfr. Folios 197 a 200 del cuaderno núm. 1 del expediente; y CD en formato DVD obrante a folio 473 del cuaderno

núm. 1 del expediente.
47 Ilustraciones tomadas de los actos administrativos demandados.

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las aseveraciones de la parte demandada respecto de los grupos de pólizas
expedidos, los ítems adjudicados y no adjudicados y los ítems con propuesta alta
y baja, por lo que se considera que si bien la existencia de dos grupos de pólizas
no es concluyente para sostener una conducta colusoria, si constituye un
importante elemento probatorio que demuestra la forma en que operó la
presentación de las propuestas y de allí su ánimo de incidir en la adjudicación
entre estos grupos, los ítems adjudicados y no adjudicados.

127. Los anteriores hallazgos y los demás referidos a las relaciones comerciales
y sociales de los investigados que se relacionan en los actos administrativos
acusados y que obran en los medios electrónicos, dan cuenta del equipo de trabajo
por ellos conformado para ser adjudicatarios de los ítems de su interés.

128. En ese sentido, la parte demandada encontró coincidencias desde la
presentación de las observaciones a los pliegos de condiciones, del valor de las
ofertas en la que dos de las empresas investigadas fijaron el mismo valor y otra
un valor más alto para afectar la media aritmética, aspecto que fue analizado 48,
así:

48 Folios 34 a 35 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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129. Para la Sala es evidente que la estrategia colusoria consistió en la
presentación de una propuesta baja e idéntica por parte de dos de los
investigados, mientras que el tercer investigado presentaba una propuesta más
alta, la cual obtuvo los fines deseados por los concordantes en el acuerdo
colusorio, esto es, la adjudicación de los ítems de su interés, es decir, las cárceles
para las cuales ya habían tenido adjudicaciones anteriormente.

130. Sobre el particular, la Sala advierte que dichas manifestaciones son
insuficientes para desvirtuar la presunción de legalidad y la colusión evidenciada
por la parte demandada, por cuanto no se lograron desvirtuar los cálculos que
afectaron la media aritmética en el proceso de licitación cuyo objeto era contratar
las raciones para los presos en distintas cárceles del país, la similitud en las ofertas
económicas, en los ítems en proporción al presupuesto oficial, en las pólizas y la
estrategia de los valores presentados por las tres personas investigadas que
finalmente resultaron beneficiadas con la adjudicación en los lugares donde ya
tenían experiencia para desarrollar el objeto contractual.

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131. Además, la Sala considera que en el expediente no se acreditó que en
procesos licitatorios anteriores las partes investigadas hayan realizado la misma
estrategia ofertando para unos determinados ítems un precio más bajo que los
otros dos investigados y para otros un precio más alto, aspecto que no desvirtúa
la colusión en este proceso licitatorio y que debe ser estudiado en cada caso de
forma particular para determinar si es una práctica contraria a la libre competencia.

132. Asimismo, la Sala evidencia que en la actuación administrativa la parte
demandante no presentó descargos, solicitó pruebas o las aportó, lo que permite
concluir que los hallazgos no fueron desvirtuados y del análisis probatorio es claro
que el comportamiento desarrollado por el señor Calixto de Jesús Vega Navarro
se adecua a los prohibidos en materia de prácticas restrictivas de la competencia.

133. Por otra parte, la Sala evidencia que la presentación de las tres ofertas
económicas con las características antes descritas (dos bajas e idénticas y una
alta) para 11 ítems, no pueden obedecer al azar ni al modelo de Montecarlo
simulado por la parte demandante sino que se derivan de un acuerdo los
investigados. Al respecto, dicho modelo se trató de un ejercicio imaginario
(académico) no válido en la medida en que el marco en el cual se debe basar la
Sala para decidir si hubo o no una colusión entre los investigados es el marco de
la licitación como mercado relevante y no el universo numérico como lo concluyó
la parte demandada, de modo que no es posible explicar la coincidencia en la
estructura de las ofertas de 3 proponentes independientes para los ítems de la
licitación sin plantear la existencia de una estrategia conjunta para la presentación
de las ofertas.

134. Ahora bien, en el expediente se encontró acreditado que entre los
investigados existieron uniones temporales49, lo que supone que se conocen entre
sí, por lo que se encuentra demostrado que han tenido relaciones comerciales
como acertadamente se señala en los actos acusados. Sobre las cuentas de
Facebook y el contrato de suministro, la Sala coincide con el apelante en que por
supuesto no demuestra la comisión de la conducta y la violación de las normas de
competencia.

49 María Mercedes Bohórquez y la parte demandante se constituyeron en unión temporal para ejecutar el contrato

núm. 1382 de 28 de diciembre de 1999 celebrado con el INPEC. Folio 5174 del cuaderno núm. 21 de antecedentes
administrativos.

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135. Respecto al reparto geográfico de los ítems, la Sala observa que con el
acuerdo anticompetitivo los investigados conservaron los contratos que venían
manejando de tiempo atrás y lo que resulta censurable más allá de la adjudicación
en los mismos centros penitenciarios es precisamente la comisión de dicha
conducta.

136. Por último, la conducta profesional de la señora Alida Esther Turbay y la
violación de sus deberes éticos y profesionales señalada en el recurso de apelación
no es discutida en el proceso, de modo que no tiene la virtualidad de desvirtuar la
presunción de legalidad de la sanción impuesta a la parte demandante.

137. Respecto a las pruebas recaudadas en el curso del proceso, la Sala
advierte que: i) la parte demandada las analizó en su conjunto, lo que le permitió
determinar que el demandante incurrió en un acuerdo colusorio para restringir la
competencia en el mercado relevante y su análisis no deja duda alguna acerca de
la existencia del acuerdo anticompetitivo; ii) el juez de conocimiento se puede
basar en pruebas diferentes a la existencia misma de un acuerdo o contrato escrito
colusorio, dado que este sería muy difícil de encontrar e incluso inexistente; iii) es
posible afirmar que uno de los motivos que tuvieron los investigados para coludir
fue precisamente conservar los contratos que ya manejaban y que podrían verse
amenazados por la entrada de nuevos agentes los cuales lograron conservar en
la licitación analizada; iv) las coincidencias de las ofertas presentadas entre las
personas sancionadas no son fruto del azar sino producto de un acuerdo para
alterar la media aritmética y, v) la existencia de dos grupos de correos electrónicos
no es en sí misma concluyente respecto a la colusión entre los investigados, sin
embargo, al hacer el ejercicio de relación y comparación y llegar a los resultados
que se mostraron de dos grupos de pólizas con los ítems que fueron adjudicados
y que no fueron adjudicados la conclusión es contundente, sobre la existencia de
una estrategia en la que participó el demandante para lograr la adjudicación de
contratos en los ítems investigados.

138. Por las anteriores razones, la Sala considera que el material probatorio
obrante en el plenario, y al que se remitió la entidad demandada en los actos
administrativos demandados, analizados en su conjunto permiten inferir que los
señores Jairo Maya Salazar, Calixto de Jesús Vega Navarro y María Mercedes
Bohórquez Bohórquez incurrieron en la conducta típica de que trata el numeral 9.º
del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, al llevar a cabo un acuerdo colusorio
con el fin de adjudicarse los ítems de la Licitación Pública LP-001 de 2011

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Demandante: Calixto de Jesús Vega Navarro

adelantada por el INPEC, restringiendo la libre competencia de los demás
proponentes en ser adjudicatarios del contrato estatal.

Infracción de las normas en que debería fundarse

139. La parte demandante manifestó que el a quo advirtió el vicio de nulidad en
los actos acusados determinando que la entidad demandada al imponer la sanción
por infracción al régimen de competencia, debió tasar el monto de la sanción
según lo establecido por el artículo 26 de la Ley 1340 de 24 de julio de 200950, en
consecuencia, debió de haber declarado la nulidad total del acto recurrido y
ordenar el restablecimiento, por cuanto la causal de nulidad alegada se cumplió.

140. En el caso sub examine, la Sala advierte que el a quo declaró la nulidad
parcial de los actos acusados, por cuanto se dio aplicación a la norma que
sanciona a las personas jurídicas por prácticas restrictivas de la competencia
cuando la norma que regía el presente asunto es el correspondiente a las
personas naturales, así:

“[…] el señor Calixto de Jesús Vega Navarro fue vinculado a la investigación
administrativa que dio origen a la investigación como persona natural, tal y como se
advierte de los antecedentes expuestos por la entidad en la Resolución No. 40901
de 28 de junio de 2012 (Fl.4) […] conforme a lo anterior la Superintendencia de
Industria y Comercio, al imponer la sanción al demandante por infracción al régimen
de competencia, debió aplicar el monto establecido por el artículo 26 de la Ley 1340
de 2009, por tratarse de una persona natural que ejercer actividades mercantiles y
de comercio en los términos del artículo 10º del Código de Comercio, tal y como se
adujo anteriormente no es una persona jurídica conformada bajo el amparo del
artículo 633 del Código Civil, es decir, la sanción máxima no podía exceder de 2.000
SMLMV que en el año 2012 correspondían a la suma de $1.133.400.000; empero,
la sanción atacada se impuso por el valor de $2.753.952.898, esto es, excediendo
por más del doble el tope máximo permitido […]

lo anterior denota una infracción directa entre el artículo cuarto de la parte resolutiva
de la resolución […] y el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, que modificó el numeral
16 del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992, norma aplicable para establecer el
monto de las sanciones a las personas naturales […] Considerando lo anterior, la
Sala declarara la nulidad parcial de los actos demandados en lo relacionado con el
monto de la sanción impuesta […]”.

141. Atendiendo al numeral 15.º del artículo 4 del Decreto núm. 2153 de 1992,
modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 51 , sobre las funciones del
Superintendente de Industria y Comercio, señala que le correspondían, entre
otras, imponer sanciones pecuniarias a las personas jurídicas por violación de

50 “[…] Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia […]”.
51 TITULADO MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS.

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cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la
omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e
instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento
de las obligaciones de informar una operación de integración empresarial o las
derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación de una
investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a cada
infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por
la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor,
hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor.

142. La Sala Plena de la Corte Constitucional al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 25 de la Ley 1340, señaló que la norma
resulta aplicable a personas jurídicas, así:

“[…] Finalmente, en lo que respecta a la acusación contra el artículo 25 (parcial) de
la Ley 1340/09, debe recordarse el precedente jurisprudencial expuesto, relativo a
que una de las características del derecho administrativo sancionador es la
posibilidad de establecer, por parte del legislador, conductas a partir de
proposiciones normativas amplias y genéricas, susceptibles de concretarse por la
autoridad que ejerce la potestad de control. Basta entonces que el legislador
establezca la conducta genérica objeto de reproche administrativo, pudiéndose
delegar a la entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control la
posibilidad de definir el contenido concreto del tipo sancionable, dentro del marco
de referencia previsto por la ley.

Para el caso analizado, se tiene que el legislador ha dispuesto que la
Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer las multas descritas
en la misma norma a las personas jurídicas, cuando se esté ante el
incumplimiento de las órdenes e instrucciones que imparta esa autoridad
administrativa, o cuando se omita el deber de informar una operación de
integración empresarial. La norma establece distintas reglas que definen el
contenido de la sanción, entre ellas, (i) que la sanción consistirá en multa a
favor de la Superintendencia de Industria y Comercio; (ii) el monto de la
misma será de 100.000 salarios mínimos mensuales o, si resulta ser mayor,
hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del
infractor; (iii) los criterios para graduar la multa, que versan sobre el impacto que
la conducta tenga sobre el mercado, la dimensión del mercado afectado, el
beneficio obtenido por el infractor de la conducta, el grado de participación del
implicado, la conducta procesal de los investigados, la cuota de mercado de la
empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o sus ventas involucrados en
la infracción y el patrimonio del infractor; y (iv) las circunstancias de agravación para
efectos de la graduación de la sanción.

Como se observa, es el legislador el que define los aspectos esenciales del ilícito,
pues indica tanto las conductas reprochables, la naturaleza de la sanción y los
parámetros para definir el quantum de la misma. Asunto distinto es que el
legislador haya previsto, en los apartes acusados por el ciudadano Múnera Toro,
que dentro de las conductas objeto de sanción está el incumplimiento de las
órdenes e instrucciones de la Superintendencia en materia de integración
empresarial, puesto que (i) las deberes de las empresas vigiladas en cuanto a la
notificación de los proyectos de integración empresarial y el cumplimiento de las
condiciones que le fije la autoridad de competencia, son materias que

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expresamente regula la Ley 1340/09, según se analizó al momento de resolver el
primero de los cargos planteados por el actor; y (ii) es compatible con la
Constitución, conforme los argumentos expresados en el fundamento jurídico 20 de
esta decisión, que el legislador realice remisiones normativas para que el
reglamento o la autoridad administrativa defina el contenido concreto de las
conductas objeto de sanción, como sucede en el presente caso.

Debe insistirse en que las condiciones y requisitos analizados no pueden ser
regulados por la autoridad de competencia de manera omnímoda, de forma que
configuren fuente autónoma de obligaciones, deberes o límites a las empresas
vigiladas. En contrario, serán las normas legales que regulan el control de las
integraciones empresariales y, de manera más amplia, la libre competencia
económica, las que servirán de parámetro para definir, de forma concreta y
específica, las conductas reprochables. Por supuesto, esto opera sin perjuicio que
cuando el infractor advierta que la autoridad de competencia ha desbordado o
desconocido esos límites, pueda hacer uso de las acciones administrativas y
judiciales destinadas a controvertir los actos expedidos por la Superintendencia.

Los anteriores argumentos demuestran que las censuras que conforman el segundo
grupo de cargos no están llamadas a prosperar, por lo que la Corte declarará la
exequibilidad, por los cargos propuestos, de los artículos 9º, 11º y 25 (parcial) de la
Ley 1340/09[…]”52. (Negrillas fuera de texto)

143. Por su parte, el numeral 16.º del artículo 4 ibidem, modificado por el artículo
26 de la Ley 134053, dispone que el Superintendente de Industria y Comercio se
encuentra facultado para imponer sanciones a cualquier persona natural que
colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas
sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155, el Decreto núm.
2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el
equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al
momento de la imposición de la sanción.

144. La Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad
determinó que el artículo 26 de la Ley 1340 es la única norma en el ordenamiento
que regula la imposición de multas a personas naturales por infracción del régimen
de la libre competencia y que el artículo 25 ibidem la imposición de multas a
personas jurídicas, así:

“[…] el actor sugirió que la Corte debería "[integrar] a la discusión constitucional el
artículo 25 [de la Ley 1340 de 2009], por tener un contenido normativo idéntico al
acusado en la demanda frente al artículo 26 (sic)"; […]

Las normas cuya integración se sugiere en la demanda, con ocasión del
contenido que en cada una de ellas se subraya, se comparan en el siguiente
cuadro:

LEY 1340 DE 2009

52
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 228 de 24 de marzo de 2010; M.P. Luis Ernesto Vargas Silva […]”.
53 TITULADO MONTO DE LA MULTAS A PERSONAS NATURALES.

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Artículo 25 Artículo 26
ART. 25.–Monto de las multas ART. 26.–Monto de las
a personas jurídicas. El numeral 15 multas a personas
del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992 naturales. El numeral 16 del
quedará así: artículo 4º del Decreto 2153 de
Por violación de cualquiera de las 1992 quedará así:
disposiciones sobre protección de la "Imponer a cualquier
competencia, (...), imponer, por cada persona que colabore,
violación y a cada infractor, multas a facilite, autorice, ejecute o
favor de la Superintendencia de tolere conductas violatorias
Industria y Comercio hasta por la de las normas sobre
suma de 100.000 salarios mínimos protección de la
mensuales vigentes o, si resulta ser competencia a que se refiere
mayor, hasta por el 150% de la la Ley 155 de 1959, el
utilidad derivada de la conducta por Decreto 2153 de 1992 y
parte del infractor. normas que la
(...) complementen o
modifiquen, multas hasta
por el equivalente de dos mil
(2.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes
al momento de la
imposición de la sanción, a
favor de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
(...)
En reciente Sentencia C-211 de 2017[12] la Corte recapituló los requisitos cuyo
cumplimiento debe verificarse para lograr la integración de una unidad normativa.
Así, para tales efectos, la Corte explicó que:

"En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un
ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido
deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta
absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra
disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la
proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio"[23].

"En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en
aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida
en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis
pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo."

Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna
de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente
relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de
constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por
esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y
concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las
disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las
disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente
inconstitucionales. A este respecto, la Corporación ha señalado que 'es legítimo
que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma
demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad"

Con lo anterior en mente, la Corte encuentra que ninguna de las tres hipótesis recién
trascritas exige la integración de una unidad normativa entre los artículos 25 y 26
de la Ley 1340 de 2009. En efecto: (i) el artículo 25 es suficientemente claro y
permite su completa comprensión de modo autónomo, sin necesidad de acudir a
cualquier otra norma; (ii) el artículo 26 es la única norma en el ordenamiento
que regula la imposición de multas a personas naturales por infracción del
régimen de la libre competencia. Por ende, al margen de que en posterior
demanda se impugne la expresión subrayada del artículo 25 (imposición de multas
a personas jurídicas), el fallo que se profiera dentro de la presente sentencia no
sería inocuo en modo alguno; y (iii) si bien entre los artículos 25 y 26 de la Ley 1340
de 2009 existe una relación intrínseca pues ambas normas regulan la imposición

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de multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por la infracción
al régimen de la libre competencia, para la Corte el contenido del artículo 25 no
despierta en este momento duda alguna sobre su constitucionalidad pues, contrario
a lo que sucede con el artículo 26, de su redacción no necesariamente se
desprende una eventual oposición al principio de legalidad. En efecto, mientras que
el artículo 26 de la Ley 1340 indica que la multa será tasada en "salarios mínimos
mensuales legales vigentes "al momento de la imposición" , el antedicho artículo 25
se limita a señalar que la multa será tasada en "salarios mínimos mensuales legales
vigentes"; redacción ésta última que podría ser eventualmente armónica con el
principio de legalidad bajo el entendido de que la tasación de la respectiva multa
correspondiera al valor que tuvieran los salarios mínimos mensuales legales
vigentes en el momento de la infracción del caso; todo ello considerando la distinta
redacción de las normas comparadas y con arreglo al principio Ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere debemus (Donde la ley no distingue, nosotros no
debemos distinguir). Es decir, contrario a lo que la demanda sostiene para el artículo
26 de la Ley 1340, el valor nominal del tope de la multa prevista en el artículo
25 ibid. sería plenamente determinable en el momento inmediatamente previo a
aquel en el que se incurriera en la infracción del caso.

[…] Por lo atrás expuesto, la Corte se abstendrá de adoptar la integración normativa
que el ciudadano actor le sugirió al momento de descorrer el primer auto que esta
Corporación expidió dentro del presente trámite constitucional54. (Negrillas fuera de
texto).

145. De este modo, para la Corte Constitucional el artículo 26 de la Ley 1340 es
la única norma en el ordenamiento jurídico que regula la imposición de multas a
personas naturales por infracción del régimen de la libre competencia y el artículo
25 ibidem aplicable a las personas jurídicas es claro y permite su completa
comprensión de modo autónomo, sin necesidad de acudir a cualquier otra norma,
por lo que no es posible realizar una integración normativa de los dos artículos. En
consecuencia, la Sala advierte que los artículos son independientes y regulan
sanciones a personas distintas, naturales (artículo 26) y jurídicas (artículo 25), sin
que pueda hablarse de una unidad normativa.

146. La Corte Constitucional señaló sobre el contenido del régimen de protección
de la competencia en la Ley 1340, lo siguiente:

“[…] La Ley 1340 de 2009 está conformada por 34 artículos distribuidos en seis
títulos, el primero de los cuales va del artículo 1 al 8 y contiene las disposiciones
generales, entre las que destacan las ya referida normas sobre el objeto de la ley,
la enunciación de las normas que conforman el régimen general de protección de la
competencia económica, y el establecimiento de la competencia privativa de la SIC
para investigar y sancionar las infracciones a ese régimen.

El Titulo II, que comprende los artículos 9 a 13, contiene el régimen de las
integraciones empresariales, enunciando las reglas que disponen el control de las
mismas. El Título III se denomina prácticas restrictivas de la competencia, y se
refiere a tres asuntos puntuales relacionados con las investigaciones a cargo de la
SIC, como son el régimen de beneficios por colaboración, el carácter reservado de

54
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 394 de 28 de agosto de 2019; M.P. Cristina Pardo Schlesinger […]”.

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las investigaciones y el establecimiento de garantías para la terminación anticipada
de las investigaciones.

El Título IV, que va de los artículos 17 a 24, prevé las reglas de procedimiento que
rigen las actuaciones de la SIC, con normas relacionadas con la publicidad de las
actuaciones, el régimen de medidas cautelares, la intervención de terceros, los
actos de trámite, la irregularidades del proceso, la contribución de seguimiento y los
actos de notificación, que dan paso al Título V sobre régimen sancionatorio, que
en el artículo 25 señala el monto de las multas que puede imponer la SIC a
personas jurídicas, enunciando los criterios para su fijación, señalando en el
artículo 27, que el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC es
de cinco años.

[…] 8.2.5. El “régimen general de protección de la competencia”, tiene como todos
los de su especie, tres escenarios fundamentales de despliegue, como son: el de la
determinación de las conductas que se prohíben o censuran; el de los
procedimientos aplicables cuando haya lugar a investigaciones; y el de las
sanciones que daban ser impuestas en caso de haberse probado las infracciones.

[…] El régimen de las sanciones que puede imponer la Superintendencia de
Industria y Comercio fue dispuesto inicialmente en el Decreto ley 2153 de
1992, siendo modificado por los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, que
establece los montos de las multas que puede imponer la SIC a personas
jurídicas y a personas naturales, precisando los criterios que deben ser
tenidos en cuenta para la determinación de la multa en uno y otro caso […]55”.

147. Según lo expuesto, el Decreto núm. 2153 de 1992 fue modificado por los
artículos 25 y 26 de la Ley 1340, los cuales establecen los montos de las multas
por infracción del régimen de la libre competencia que puede imponer la parte
demandada a las personas jurídicas y a las personas naturales, respectivamente,
precisando los criterios que deben ser tenidos en cuenta para la determinación de
la multa en uno y otro caso.

148. Por su parte, el artículo 633 del Código Civil define las personas jurídicas
como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. A su turno, el artículo
74 del Código Civil, sobre las personas naturales, dispone que son personas todos
los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o
condición.

149. Atendiendo al artículo 10 del Código de Comercio son comerciantes las
personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la Ley
considera mercantiles y se adquiere, aunque la actividad se ejerza por medio de
apoderado, intermedio o interpuesta persona.

55 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-032 de 25 de enero de 2017; M.P. Alberto Rojas Ríos […]”.

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150. El artículo 10 del Código de Comercio señala que se considera comerciante
a toda persona que realice profesionalmente una actividad mercantil, sin distinguir
si esta tiene que ser persona natural o jurídica. De lo anterior se concluye que la
parte demandante, si bien participó en la licitación como comerciante, ello no
implica que sea una persona jurídica. A su turno, la Ley 1340 no hace mención a
sanciones para comerciantes en general, sino que señala sanciones de acuerdo
a la naturaleza jurídica del comerciante (personas naturales y jurídicas).

151. Ahora, si bien el artículo segundo de la Ley 1340 menciona que aplicará a
todo tipo de persona de acuerdo a la actividad económica, la norma en ningún
momento menciona que habrá excepciones por la actividad económica o
comercial que desempeñe una persona natural sea entendido como persona
jurídica.

152. En ese orden, la Sala considera que la persona natural adquiere la calidad
de comerciante al desarrollar en forma profesional una actividad mercantil pero
ese hecho no significa que cambie su naturaleza, dado que sigue siendo la misma
persona; y la persona jurídica, una vez constituida, forma una persona diferente
de las individuales que la conforman.

153. Para la Sala las principales diferencias entre las personas naturales y
jurídicas son: i) La persona natural actúa siempre con su nombre personal, aunque
puede utilizar un nombre diferente al registrar el establecimiento de comercio.
Como la persona jurídica es un ente diferente de los socios, tiene su propio nombre
y debe actuar como tal, sin necesidad de identificar a las personas que la
conforman; ii) La persona natural actúa por sí misma, mientras que la persona
jurídica debe actuar a través de su representante legal para contraer obligaciones
y ejecutar los actos propios de los empresarios; iii) La persona natural se identifica
con su número de cédula y la DIAN le asigna un NIT, que es el mismo número de
cédula con un dígito adicional; la persona jurídica se identifica con el Certificado
de Existencia y Representación Legal, y el NIT que le fije la DIAN.

154. En ese orden, la persona natural se identifica con su número de cédula y
NIT, actúa por sí misma y no a través de un representante legal, de modo que no
puede asimilarse su sanción a la de una persona jurídica (ficticia), capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones.

155. Sobre el particular, la Sala considera que la parte demandante fue vinculada

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a la investigación administrativa que dio origen a la sanción como persona natural,
según se advierte de los antecedentes expuestos por la entidad en la Resolución
núm. 40901 de 28 de junio de 201256, conforme a la cual fue identificada con la
cédula de ciudadanía núm. No. 70.075.487 y con el número de identificación
tributaria, Nit. núm. 70.075.487-1; éste último que, tratándose de personas
naturales, está compuesto por el número del documento de identidad.

156. En ese orden, la parte demandada al imponer la sanción al demandante por
infracción al régimen de competencia, debió aplicar el monto establecido por el
artículo 26 de la Ley 1340, por tratarse de una persona natural que ejerce
actividades mercantiles y de comercio en los términos del artículo 10 del Código
de Comercio y dado que no corresponde a una persona jurídica, ficticia o capaz
de ejercer derechos o contraer obligaciones en los términos del artículo 633 del
Código Civil, y por ello la sanción máxima no podía exceder de 2.000 SMLMV que
para el año 2012 correspondían a la suma de 1.133.400.000. No obstante lo
anterior, la sanción atacada se impuso por el valor de $2.753.952.898, es decir,
excediendo el tope máximo permitido.

157. En ese sentido, para la Sala es claro del contenido literal y gramatical del
artículo 26 de la Ley 1340, regula la imposición de multas a personas naturales
por infracción del régimen de la libre competencia, de modo que no le asiste razón
a la parte demandada al recurrir a la hermenéutica o a otro criterio interpretativo
para determinar su contenido, por cuanto la Ley es clara y donde no distingue,
nosotros no debemos distinguir conforme al principio Ubi lex non distinguit, nec
nos distinguere debemus.

158. La Sala considera que el artículo 26 de la Ley 1340 es preciso y claro al
disponer la tasación de la imposición de multas por infracción del régimen de la
libre competencia para las personas naturales; La hermenéutica de este canon
legal no permite a su intérprete establecer excepciones, de modo que cualquier
exclusión que pretenda hacerse a este precepto resulta arbitraria, puesto que no
hay lugar a distinguir cuando la ley no distingue (ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus). En otras palabras, la fórmula adoptada por el legislador
habrá de aplicarse a todos los casos que abarca, incluido el supuesto de que actúe
como un agente del mercado.

56 Folio 4 del acto principal.

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159. Así, la Sala advierte que el a quo actuó correctamente por cuanto, no era
procedente declarar la nulidad total de los actos acusados, debido a que solo fue
desvirtuada la presunción de legalidad de la liquidación de la sanción por un
artículo que no era aplicable a la persona natural sancionada, mientras que los
demás aspectos señalados en los actos permanecen incólumes según se ha
analizado a lo largo de la sentencia57.

160. De este modo, comoquiera que se declaró la nulidad parcial de los actos
acusados la parte demandada debe graduar nuevamente la sanción impuesta a
Calixto de Jesús Vega Navarro aplicando los parámetros legales previstos en el
artículo 26 de la Ley 1340.

161. Por las razones expuestas el cargo de nulidad no prospera.

Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada

162. La parte demandada adujo que la corporación interpretó de manera
incorrecta los artículos 25 y 26 de la Ley 1340, y en concreto, omitió realizar el
análisis respectivo de lo consagrado en el artículo 25 de la Ley 1340, por cuanto
es infundado considerar que el señor Calixto de Jesús Vega Navarro debió
sancionarse con base en el artículo 26 de la Ley 1340 y no con fundamento en el
artículo 25 de la citada Ley, comoquiera que este fue investigado como infractor
y/o agente de mercado y no como una persona natural sometida a subordinación
como lo serían revisores, fiscales, administradores y representantes legales, entre
otros.

163. Manifestó que el artículo 25 de la Ley 1340 se aplica a las personas
jurídicas o naturales agentes económicos del mercado (persona jurídica -
empresa) que infringen o incurren en acuerdos anticompetitivos, y, por el
contrario, a las personas naturales (no son agentes económicos del mercado), se
rigen por el artículo 26 ibidem.

164. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 1340, sobre el ámbito de aplicación de
la Ley, dispone que lo dispuesto en las normas sobre protección de la competencia
se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o

57 En el mismo sentido ver. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;

sentencia de 5 de agosto de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
25000234100020130060901 […]”

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afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o
naturaleza jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener
efectos total o parcialmente en los mercados nacionales, cualquiera sea la
actividad o sector económico.

165. A su turno, el artículo 25 de la Ley 1340 determinó que son procedentes las
sanciones contra las personas jurídicas por violación de cualquiera de las
disposiciones sobre protección de la competencia y para efectos de graduar la
multa se tendrá en cuenta el impacto que la conducta tiene sobre el mercado,
entre otros.

166. Por otra parte, el artículo 26 de la Ley 1340 regula la sanción de multa en
que incurren las personas naturales cuando incurran en conductas violatorias de
las normas sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155, el
Decreto 2153 de 1992 y las normas que la complementen o modifiquen. En la
norma se señala: i) como un criterio de graduación de la multa el impacto que la
conducta tenga sobre el mercado.

167. Sobre el cargo de nulidad analizado, la Sala reitera las consideraciones
expuestas al resolver el recurso de apelación de la parte demandante, en donde
se manifestó: i) de la lectura taxativa de las normas y las sentencias de la Corte
Constitucional el artículo 26 de la Ley 1340, es la única norma en el ordenamiento
jurídico que regula la imposición de multas a personas naturales por infracción del
régimen de la libre competencia y el artículo 25 regula las sanciones de multa a
las personas jurídicas; ii) la persona natural adquiere la calidad de comerciante
por desarrollar en forma profesional una actividad mercantil pero ese hecho no
significa que cambie su naturaleza, dado que sigue siendo la misma persona; iii)
la parte demandante fue vinculada a la investigación como persona natural, actuó
siempre con su nombre personal, fue identificada con su número de cedula y NIT,
actuó por sí misma y no a través de un representante legal, por lo que no puede
asimilarse su sanción a la de una persona jurídica (ficticia), capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones.

168. En el presente asunto, la Sala advierte que el hecho de que la parte
demandante (persona natural) sea comerciante por desarrollar en forma
profesional una actividad mercantil no significa que la parte demandante cambie
su naturaleza a persona jurídica, debido a que sigue siendo el mismo tipo de
persona, al respecto, se reitera que la Ley 1340 no menciona que exista esa

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excepción o posibilidad de acuerdo a las actividades económicas que desarrolle
la persona natural

169. Aunado a lo anterior, la Sala considera que las personas naturales que
ejercen actividades comerciales se rigen por el artículo 26 de la Ley 1340, por
cuanto la norma señala que si la acción del particular infringe con su conducta las
normas de protección de la competencia el primer criterio para graduar la sanción
es su impacto sobre el mercado, es decir, la misma norma reconoce que es posible
que la actuación de la persona natural impacte el mercado, contrario a lo señalado
por la parte demandante.

170. En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ley 1340 visto supra, sobre el ámbito
de aplicación de la Ley, señala que esta se aplicará respecto de todo aquel que
desarrolle una actividad económica, independiente de su naturaleza jurídica, es
decir, la Ley rige para personas naturales y jurídicas según la distinción que se
hace en los artículos 25 y 26 ibidem sin hacer ningún tipo de distinción
correspondiente a los agentes del mercado como lo sostiene la parte demandada.

171. En efecto, la norma se limita a establecer el monto de las sanciones
aplicables en aquellos casos en que se haya probado una afectación de la libertad
de competencia por razón de una conducta desplegada por una persona natural.

172. Para la Sala es claro que de lo contenido en el artículo 26 no se puede
extraer que es conditio sine qua non un tipo de relación y/o subordinación con una
persona que ejecute una actividad anticompetitiva, dado que de ninguna forma
señala que dicha norma solo sea aplicable en caso de que haya existido una
sanción previa a una persona jurídica de acuerdo con el artículo 25, lo único que
prevé la norma es que en caso de que una persona natural haya estado vinculada
a una persona jurídica, esta última no podrá pagar el precio de la sanción que
hayan sido fijadas con sujeción a los parámetros del artículo 26. . De este modo,
el funcionario administrativo equivocadamente considera que toda persona natural
que cometa una conducta restrictiva de la competencia deben estar vinculado a
una persona jurídica.

173. Por otra parte, la parte demandada en el recurso de apelación señala que
el artículo 25 de la Ley 1340 aplica a las personas jurídicas o naturales (agentes
económicos del mercado), sin embargo, lo anterior corresponde a un tema
interpretativo subjetivo, dado que el tenor literal de la norma no habla de personas

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naturales, no existe dicha expresión, de modo que la Superintendencia de
Industria y Comercio no puede fundamentar su interpretación normativa partiendo
de dicha premisa.

174. Asimismo, la Sala advierte que la parte demanda no es una persona jurídica
constituida, en consecuencia, se rige por lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
1340, correspondiente a las sanciones para personas naturales por infracciones
al régimen legal de protección de la competencia, razón por la cual la sanción debe
recaer únicamente en dicha persona y no recibir un tratamiento de persona
jurídica.

175. Ahora bien, el artículo 25 del Código de Comercio señala que se entiende
por empresa toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la
prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más
establecimientos de comercio.

176. Sobre el particular, la parte demandada adujo que la definición legal de
empresa recae no sobre una persona determinada natural o jurídica sino sobre
una actividad económica realizada de forma organizada, sin embargo, para la Sala
los artículos de la Ley 1340 señalan claramente que la sanción no depende de la
actividad económica realizada por el actor o el infractor sino por la naturaleza
jurídica (persona natural o jurídica) lo que está claro en la Ley, de modo que no
hay lugar a realizar interpretaciones extensivas.

177. El a quo en la sentencia de primera instancia analizó el cargo analizado,
así:

"[…] Revisado el contenido de la Resolución núm. 40901 de 28 de junio de 2012
"[…] por la cual se imponen unas sanciones […]", confirmada en su integridad por
la Resolución núm. 53979 de 14 de septiembre de 2012 "[…] Por la cual se
resuelven unos recursos de reposición[…]”, se observa que en el numeral cuarto del
acto administrativo principal la Superintendencia de Industria y Comercio impuso
una sanción de multa al señor Calixto de Jesús Vega Navarro por el valor de
$2.753.952.898, por infracción de lo dispuesto en el numeral 9.º del artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992, que establece:

"[…] ARTÍCULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA.
Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente
Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes
acuerdos:

[…] 9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los

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que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución
de concursos o fijación de términos de las propuestas […]”.

Para el año 2012 el salario mínimo legal mensual vigente equivalía a $566.700, que
multiplicados por 2000 SMLMV arroja la suma de $1.133.400.000, tope máximo de
la sanción consagrada en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, bajo los siguientes
términos:

"ARTÍCULO 26. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS NATURALES. El
numeral 16 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así:

"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere
conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se
refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen
o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la
sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. La persistencia en la conducta infractora.

2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.

3. La reiteración de la conducta prohibida.

4. La conducta procesal del investigado, y

5. El grado de participación de la persona implicada.

PARÁGRAFO. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y
Comercio imponga conforme a este artículo, no podrán ser cubiertos ni asegurados
o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona
jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta;
ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que
pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de
aquella". (subrayado fuera del texto).

En la parte considerativa de la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012 (Fls.
86 a 88), la Superintendencia de Industria y Comercio sustentó la sanción impuesta
al demandante en el artículo 15, numeral 4, del Decreto 2153 de 1992, modificado
por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, que en su tenor literal refiere que se le
otorga a la SIC la facultad de imponer sanciones a las Personas Jurídicas, bajo
los siguientes términos:

"ARTÍCULO 25. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS. El numeral
15 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así:

Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia,
incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información,
órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el
incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración
empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación
de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a
cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta
por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser
mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del
infractor.

Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

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1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.

2. La dimensión del mercado afectado.

3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta.

4. El grado de participación del implicado.

5. La conducta procesal de los investigados.

6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos
y/o de sus ventas involucrados en la infracción.

7. El Patrimonio del infractor.

PARÁGRAFO. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación
de la sanción. La persistencia en la conducta infractora; la existencia de
antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección de la
competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de las
autoridades de competencia; el haber actuado como líder, instigador o en cualquier
forma promotor de la conducta. La colaboración con las autoridades en el
conocimiento o en la investigación de la conducta será circunstancia de atenuación
de la sanción". (subrayado fuera del texto).

No obstante, el señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO la demandante fue
vinculada a la investigación administrativa que dio origen a la sanción como persona
natural, tal y como se advierte de los antecedentes expuestos por la entidad en la
Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012 […]

Conforme a lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio, al imponer la
sanción al demandante por infracción al régimen de competencia, debió aplicar el
monto establecido por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por tratarse de una
persona natural que ejerce actividades mercantiles y de comercio en los términos
del artículo 10 del Código de Comercio; pues como se adujo anteriormente, la
sancionada no es una persona jurídica conformada bajo el amparo del artículo 633
del Código Civil, y por ello la sanción máxima no podía exceder de 2.000 SMLMV
que para el año 2012 correspondían a la suma de 1.133.400.000; empero, la
sanción atacada se impuso por el valor de $2.753.952.898, esto es, excediendo el
tope máximo permitido

Lo anterior denota una infracción directa entre el artículo cuarto de la parte resolutiva
de la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012, confirmada en todas sus partes
por la Resolución No. 53979 de 14 de septiembre de 2012 y el artículo 26 de la Ley
1340 de 2009, que modificó el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992,
norma aplicable para establecer el monto de las sanciones a personas naturales.
Dicha violación se desprende de la confrontación entre el contenido normativo del
artículo últimamente aludido y el artículo cuarto de la Resolución No. 40901 de 28
de junio de 2012 […]”.

178. De este modo, el a quo determinó que el señor CALIXTO DE JESÚS VEGA
NAVARRO fue vinculado a la investigación administrativa que dio origen a la
sanción como persona natural que ejerce actividades mercantiles, de modo que
ordenó dar aplicación al artículo 26 de la Ley 1340 que regula la imposición de
sanciones para este tipo de persona.

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179. Además, esta Sección de la Corporación en sentencia proferida el 5 de
agosto de 2021, en la que se discutió la sanción impuesta por la Superintendencia
de Industria y Comercio a la señora María Mercedes Bohórquez Bohórquez por
prácticas restrictivas de la competencia por colusión en licitación pública, por los
mismo hechos que se discuten en este proceso y en el que se demandan los
mismos actos demandados aquí analizados, la Sala resolvió luego de analizar los
antecedentes administrativos y la decisión del a quo que “[…] En el asunto sub
examine, para la Sala las pruebas obrantes en el expediente acreditan que la
vinculación de la demandante58 se hizo como de persona natural por la presunta
infracción del numeral 9.º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, de modo que
como lo determinó el a quo se debió aplicar la sanción prevista en el artículo 26
de la Ley 1340 de 2009 al no tener la condición de persona jurídica […]59”.

180. En otra oportunidad, esta Sección de la Corporación determinó que la
tasación de la multa para la persona jurídica (Gases de Occidente S.A. E.S.P.) se
graduó correctamente conforme al artículo 25 de la Ley 1340: “[…] En el presente
caso, la sanción impuesta es proporcional a los hechos que la motivaron, pues
según se infiere del contenido de los actos acusados, se analizó tanto la conducta
desplegada, como los argumentos dados por la actora, a la luz de las
disposiciones del Decreto 2153 de 1992 y de la Ley 142 de 1994, que le fueron
imputadas, como del artículo 25 la Ley 1340 de 2009, y atendiendo las
circunstancias y la relevancia del mercado afectado, se demostró que la conducta
realizada por la empresa demandante tenía que ser sancionada, teniendo en
cuenta la connotación restrictiva de la libre competencia que tiene la misma y la
responsabilidad que le cabía a la actora, por ser una empresa de servicios
públicos domiciliaria que atiende a los usuarios de gas natural, el cual es un
servicio público esencial, de conformidad con el artículo 4º de la Ley 142 de 1994
[…]60”.

181. Así las cosas, esta Sección ha señalado claramente que el artículo 25 de
la Ley 1340 rige únicamente para la tasación de la multa para personas jurídicas
y el artículo 26 para la graduación de la multa para personas naturales sin ningún
tipo de consideración adicional.

58 Cd de antecedentes administrativos, carpeta 19, página 93.
59 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de agosto

de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 25000234100020130060901 […]”
60 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 30 de julio

de 2015; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación
25000234100020130277301[…]”

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182. Asimismo, los títulos de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 “monto de las
multas a personas jurídicas” y “montos de las multas a personas naturales”,
establecen el margen de aplicación de la conducta típica y son claramente
indicativos de que la sanción descrita en la norma está referida al sujero
destinatario de la referida sanción, lo que da certeza al investigado sobre la
conducta por la cual será juzgado, de modo que no tendría sentido dar aplicación
de una forma distinta.

183. De acuerdo a lo anterior, la Sala considera que la parte demandada realizó
una interpretación extensiva de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340, omitiendo las
prerrogativas mismas reconocidas dentro del derecho, el debido proceso y el
principio de legalidad cuando se predica que el procedimiento administrativo
sancionatorio tiene fundamento en el poder punitivo del Estado, que faculta a la
administración para sancionar el incumplimiento de las normas establecidas en
ciertas actividades. En ese sentido, resulta ser un imperativo en materia
administrativa sancionatoria el debido proceso y la legalidad de las faltas y las
sanciones según los previsto en el artículo 3 de la Ley 1437

184. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado categóricamente que
las normas que imponen sanciones o que establecen límites a los derechos son
de interpretación restrictiva: así:

“[…] 6. El principio de primacía de los derechos (C.P. art. 5) le indica al operador
del derecho que interprete la totalidad de las disposiciones de la manera que mejor
consulte el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.
Por eso, por ejemplo, las normas que imponen sanciones o que establecen límites
a los derechos son de interpretación restrictiva. Las reglas que el interprete
pretenda derivar de una disposición jurídica, al margen de este principio
hermenéutico, carecerán de todo valor jurídico […]61”.

185. Al respecto, el principio de legalidad, tratándose de la potestad
administrativa sancionatoria opera con menor rigor. Frente a este principio, la
Sala62 ha señalado:

“[…] Es cierto que en virtud del principio de legalidad o tipicidad de las faltas las
conductas constitutivas de infracciones administrativas y las sanciones imponibles

61 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-273 de 28 de abril de 1999; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz […]”.
62 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejero
ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014),
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00092-00, Actor: JORGE IGNACIO ORTIZ BURGOS, Demandado:
NACION – MINISTERIO DE TRANSPORTE, Referencia: ACCION DE NULIDAD SIMPLE

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deben estar previamente señaladas por la ley63. No obstante lo anterior, tal como lo
ha reconocido esta Sala64 -acogiendo reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional-, este principio tratándose de la potestad administrativa
sancionatoria opera con menor rigor, en tanto que el legislador no tiene la
obligación constitucional de definir integral y exhaustivamente los supuestos típicos
que dan lugar al ejercicio de dicha facultad.

En efecto, conforme ha sido señalado por la jurisprudencia constitucional, la
flexibilización del principio de reserva de ley que opera en materia de tipificación de
las faltas que enmarcan el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa (tanto
disciplinaria como correccional65), se traduce en una modulación de las exigencias de
configuración de supuestos normativos completos y cerrados que habitualmente
pesan sobre el legislador en este ámbito66. Con ello, al tiempo que se permite que
una vez definida por la ley una conducta reprochable (tipo sancionatorio) pueda
el reglamento precisar los aspectos puntuales de los conceptos abiertos o
genéricamente consagrados por la legislación, se aligera la carga de descripción
típica de las conductas que comúnmente impone el principio de tipicidad de las faltas
al legislador. Todo esto en aras de asegurar la buena marcha de la Administración y
posibilitar tanto el cumplimiento efectivo de sus funciones, como el acatamiento de los
deberes impuestos por las autoridades y la normatividad en un determinado sector.

En ese escenario, “cuando la variada forma de conductas que presenta la realidad
hace imposible la descripción detallada de comportamientos, no existe violación a
este principio cuando el legislador señala únicamente los elementos básicos para
delimitar la prohibición”67.
Además, no puede olvidarse que “respecto de actuaciones administrativas, en
ejercicio de la potestad sancionadora de la administración -correctiva y disciplinaria-,
las reglas del debido proceso se aplican con los matices apropiados de acuerdo con
los bienes jurídicos afectados con la sanción”68.

En últimas, como ha sido señalado por la jurisprudencia constitucional, “el principio
de legalidad es más riguroso en algunos campos, como en el derecho penal, pues en
este no solo se afecta un derecho fundamental como el de la libertad sino que además
sus mandatos se dirigen a todas las personas, mientras que en otros derechos
sancionadores, no solo no se afecta la libertad física sino que sus normas operan en
ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una
sujeción especial, y por lo tanto en estos casos, se hace necesaria una mayor
flexibilidad, como sucede en el derecho disciplinario o en el administrativo
sancionador”69.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha estimado que la flexibilidad que puede
establecer el legislador en materia de derecho administrativo sancionador es
consistente con la Constitución, siempre que ésta característica no sea tan amplia que
permita la arbitrariedad de la Administración. Al respecto señaló que: “(…) guarda
coherencia con los fines constitucionales de esta actividad sancionatoria
administrativa, que las hipótesis fácticas establecidas en la ley permitan un grado de

63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 26 de noviembre de
2009, Rad. No. 25000-23-24-000-2002-00758-01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso. En sentido análogo, de esta
misma Sala de Decisión las Sentencias de 20 de mayo de 2010. Rad. 76001-23-31-000-2005-00090-01. y 29 de julio
de dos diez (2010). Rad. 11001-03-24-000-2002-00249-01, ambas con ponencia del Consejero de Estado Rafael
Ostau de Lafont Pianeta.
64 Sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad. 25000 23 24 000 2008 00369 01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
65 Como ha sido destacado por la jurisprudencia constitucional, “[e]n ejercicio de la potestad administrativa
sancionadora el Estado está habilitado para imponer sanciones disciplinarias y correctivas. Las primeras destinadas
a reprimir las conductas desplegadas por los funcionarios y empleados por la violación de deberes, obligaciones y
prohibiciones; y las segundas orientadas a sancionar las infracciones cometidas por particulares frente al
desconocimiento de regulaciones, mandatos, obligaciones y limitaciones establecidas para reglar determinadas
materias”. Cfr. la sentencia C-853 de 2005 de la Corte Constitucional.
66 Al respecto, véanse, p. ej., las sentencias C-713 de 2012, C-343 de 2006, C-853 de 2005 o C-921 de 2001 de la

Corte Constitucional.
67 Corte Constitucional, sentencia C-530 de 2006.
68 Corte Constitucional, sentencia C-530 de 2003.
69 Corte Constitucional, sentencia C-406 de 2004.

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movilidad a la administración, de forma tal que ésta pueda cumplir eficaz y
eficientemente con las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, debe
precisarse que la flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un carácter
extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la administración en la imposición
de las sanciones o las penas. Por el contrario, en el derecho administrativo
sancionador el principio de legalidad exige que directamente el legislador establezca,
como mínimo, los elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las
remisiones normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios
por medio de los cuales se pueda determinar con claridad la conducta, al igual que
exige que en la ley se establezca también la sanción que será impuesta o, igualmente,
los criterios para determinarla con claridad”70 […]”.

186. Por lo expuesto, en el derecho administrativo sancionador el principio de
legalidad exige que directamente el legislador establezca, como mínimo, los
elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las remisiones
normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios por
medio de los cuales se pueda determinar.

187. Frente a los argumentos de la parte demandada, la Sala considera que de
acuerdo al tenor literal de la Ley 1340, no se hace referencia alguna al término de
“agente de mercado” desarrollado por la entidad como fundamento de la
imposición de la sanción.

188. Así, la parte demandada desconoció el debido proceso y el principio de
legalidad al realizar una interpretación extensiva de la sanción contenida en el
artículo 25 de la Ley 1340 dándole una equivocada aplicación, dado que la norma
señala el monto de la multa a personas jurídicas como resultado de prácticas
restrictivas de la competencia y sancionó a la parte demandante como si fuera
una de ellas cuando en realidad corresponde a una persona natural. En otras
palabras, el artículo en mención no cobija situaciones fácticas no contempladas
en virtud del principio de legalidad y tipicidad, de modo que en este caso no puede
sancionarse a la persona natural con fundamento en el mismo. En efecto, los
artículos 25 y 26 son claros en establecer una diferenciación en las multas
aplicables, tanto a las personas naturales como a las jurídicas y una conclusión
contraria vulnerarí el principio de tipicidad en materia sancionatoria.

189. La Sala advierte que en materia administrativa sancionatoria no hay lugar a
hacer una interpretación extensiva de las normas, sino que la actuación
administrativa se debe ceñir a lo que prevé expresamente la Ley 1340 que dispone

70
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 27 de abril de
2016; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000232400020080012901 […]”

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las sanciones de multa para las personas jurídicas (artículo 25) y para las personas
naturales (artículo 26) de forma clara.

190. Asimismo, la parte demandada justificó la inadecuada sanción impuesta al
realizar una analogía entre la calidad de persona jurídica y la calidad de
comerciante de la parte demandante al sostener que la sanción a personas
jurídicas era aplicable al señor Vega Navarro, por cuanto este participó de la
licitación estudiada en ejercicio de su actividad empresarial, así:

“[…] si bien es cierto los sancionados no son personas jurídicas, por cuanto operan
su negocio directamente y no a través de una sociedad como persona ficticia
independiente, también es cierto que estas personas actuaron como proponentes
en la licitación en su calidad de comerciantes […]71 son agentes comerciantes que
participaron en la licitación LP-001-2011 en ejercicio de su actividad empresarial, y
que su calidad de tales se define por la actividad que desarrollan, con
independencia de la denominación formal que tengan “[…]”.

191. Sobre el particular, la Sala considera que las definiciones legales de
comerciante y persona jurídica son disimiles y no guardan correspondencia alguna,
si bien no son excluyentes no son condicionantes una de la otra o sinónimos, de
modo que no es posible argumentar que todo comerciante sea una persona jurídica,
toda vez que la Ley no ha establecido esta restricción. En efecto, el Código de
Comercio señala que toda persona que realice profesionalmente una actividad
mercantil es considerada comerciante sin distinguir si esta tiene el carácter de
persona jurídica o natural, puesto que la característica definitoria de este concepto
es únicamente el ejercicio profesional de la actividad mercantil.

192. En ese sentido, el artículo 633 del Código Civil visto supra define a la persona
jurídica como una persona ficticia capaz de ejercer derechos, contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente, haciendo
referencia a una clase de sujeto jurídico sobre el cual recaen los atributos de la
personalidad, diferenciándolo claramente de las personas naturales por tener un
carácter ficticio y no físico

193. Por lo expuesto, la Sala advierte que de las normas señaladas no es posible
afirmar que la calidad de comerciante no hace referencia exclusivamente a las
personas jurídicas, sino que comprende también a aquellas personas naturales que
ejercen profesionalmente una actividad empresarial. Así, si bien la parte
demandante participó en el procedimiento de selección en su calidad de

71 Resolución núm. 53979 de 14 de septiembre de 2012, folio 72.

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comerciante, lo cierto es que ello no implica que su participación haya sido en calidad
de persona jurídica, toda vez que no ostentaba dicha calidad de acuerdo con lo
establecido en el artículo 633 del Código Civil, de ahí que la sanción aplicable era
única y exclusivamente la consagrada en el artículo 26 de la Ley 1340.

194. En ese orden, el funcionario administrativo no tiene competencia para
modificar el contenido y sentido de las normas jurídicas para pretermitir el sentido
textual, literal y gramatical de la norma a efectos de imponer un criterio
interpretativo de carácter subjetivo que no encuentra soporte en la misma con el
fin de imponer una sanción a un sujeto jurídico que no resulta destinatario de la
norma, dado que una interpretación contraria atentaría contra el principio de
legalidad.

195. Así las cosas, atendiendo a que la descripción típica de las sanciones sólo
corresponde al legislador, y que no le está permitido a los funcionarios públicos
realizar analogías, suposiciones, inferencias, o agregar supuestos de hecho que no
se encuentren previstos en la norma jurídica para generar una situación
desfavorable al procesado, es posible concluir que las aseveraciones contenidas en
los actos administrativos demandados y que el monto de la multa impuesta, no se
ajustan a las previsiones legales que rigen la imposición de sanciones en las
actuaciones administrativas.

196. Además, la parte demandante busca acudir a criterios de interpretación de
la norma en relación con el espíritu o finalidad del legislador, omitiendo que las
disposiciones son claras, de modo que no resulta procedente apartarse de su
tenor literal, como tampoco resulta útil la interpretación de las normas antes de la
expedición de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 que son los que rigen para el
presente asunto. Al respecto, cuando el sentido de la norma sea claro, no se
desatenderá su tenor literal72, y en el presente asunto el lenguaje del legislador es
claro al señalar una norma para personas jurídicas y la otra para naturales de
manera diferencial, de modo que el sentido y el significado no da lugar a dudas,
es decir, las normas tienen un sentido único que no requiere ser interpretado.

197. En el asunto sub examine, para la Sala las pruebas obrantes en el
expediente acreditan que la vinculación del demandante73 se hizo como persona
natural por la presunta infracción del numeral 9.º del artículo 47 del Decreto núm.

72
Artículo 27 del Código Civil
73 Cd de antecedentes administrativos, carpeta 19, página 93.

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2153 de 1992, de modo que como lo determinó el a quo se debió aplicar la sanción
prevista en el artículo 26 de la Ley 1340 al no tener la condición de persona
jurídica.

198. Al respecto, se reiteran las consideraciones expuestas en precedente,
donde se analizó el recurso de apelación de la parte demandante sobre el mismo
punto, en el que la Sala concluyó que el artículo 25 de la Ley 1340 es claro al
disponer la tasación de la imposición de multas por infracción del régimen de la
libre competencia para las personas naturales como ha sido reconocido por la
Corte Constitucional y en esa medida la la hermenéutica de esta norma no permite
a su intérprete establecer excepciones, razón por la cual cualquier exclusión que
pretenda hacerse a este precepto resulta arbitraria, debido a que no hay lugar a
distinguir cuando la ley no distingue (ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus). Así, la fórmula adoptada por el legislador habrá de aplicarse a todos
los casos que abarca.

199. En ese orden, para la Sala no es válido afirmar que el artículo 25 de la Ley
1340 se aplica a las personas jurídicas o naturales (agentes económicos del
mercado) que infringen o incurren en abuso de la posición dominante, acuerdos
anticompetitivos o actos anticompetitivos, y, por el contrario, a las personas
naturales (no son agentes económicos del mercado), se les aplica el artículo 26
por colaborar, tolerar, aceptar, autorizar tales comportamientos anticompetitivos
realizados por la persona jurídica con la cual tienen un vínculo, toda vez que de la
lectura de las normas no es posible inferir tal conclusión.

200. Por las razones expuestas el cargo no prospera.

Del principio de congruencia

201. La parte demandante expuso que el a quo vulneró el principio de
congruencia y se extralimitó en sus funciones al ordenar graduar nuevamente la
sanción impuesta aplicando los parámetros previstos en el artículo 26 de la Ley
1340, por cuanto el restablecimiento del que se habla no tiene relación con lo
pedido en la demanda, en la contestación de la demanda y/o con los hechos, como
tampoco se determina que la parte demandada lo haya solicitado en alguna de
sus intervenciones. Lo cual nos pone frente a un fallo Ultra Petita.

202. La parte demandada señaló que el juez en su sentencia no puede

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reconocer lo que no se le ha pedido (extrapetita) ni más de lo pedido (ultrapetita);
de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva o negativamente,
los límites de su potestad, de modo que del cotejo de lo efectivamente pedido en
la demanda y los dispuesto por el a quo, se observa a simple vista que hay una
ausencia absoluta y protuberante de congruencia, entre lo pedido y lo
efectivamente declarado en la sentencia judicial.

203. Al respecto, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la
congruencia de la sentencia, dispone que esta providencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
Ley.

204. Esta Sección de la Corporación74 se ha referido al principio de congruencia
en los siguientes términos:

“[…] El Consejo de Estado ha considerado que el principio de congruencia de la
sentencia exige, de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la sentencia, lo que se denomina congruencia interna, y, de otra, que
la decisión sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda
como en el escrito de oposición, es decir, que se tome la decisión de
conformidad con cada uno de los extremos de la litis, denominada
congruencia externa75.

En coherencia con lo expuesto, la doctrina76 ha sostenido que “el juzgador debe
resolver sobre todo lo pedido en la demanda, sin conceder cosa distinta ni más de
lo pedido y la resolución debe basarse en los hechos sustanciales aducidos en la
demanda y en los circunstanciales o accesorios simplemente probados”.

En conclusión, al decidir la controversia el funcionario judicial debe
pronunciarse de conformidad con los hechos y pretensiones indicados en la
demanda y las excepciones que sean planteadas por la contraparte o aquellas
que resulten debidamente probadas en el transcurso del trámite judicial, pero,
en tratándose del juicio de legalidad de los actos administrativos, también las
normas violadas y el concepto de violación desarrollados en la demanda
constituyen el marco de la decisión, de manera que respete el principio de
congruencia. […]” (Negrillas fuera de texto).

205. De este modo, el principio de congruencia exige que la sentencia sea
concordante con lo pedido por las partes en la demanda y la contestación, es
decir, que se tome la decisión de conformidad con cada uno de los extremos de
la litis, denominada congruencia externa. En los juicios de legalidad de los actos

74 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de noviembre de

2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 73001233100020110080701[…]”.
75 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 16 de agosto de 2002.

Radicación: 76001-23-24-000-1997-4345-01(12668). M.P.: Juan Ángel Palacio Hincapié. Actor: Municipio de Yumbo.
76 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad. Buenos Aires – Argentina. Página

438.

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administrativos, también las normas violadas y el concepto de violación
desarrollados en la demanda constituyen el marco de la decisión, de manera que
respete el principio de congruencia.

206. El principio de congruencia de la sentencia ha sido instituido como una
verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso de las partes y
esta Sección ha considerado que las normas invocadas como violadas en el
concepto de violación, entre otros aspectos, delimitan la acción del fallador, por el
carácter rogado de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:

“[…] El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino
además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda,
y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el
capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite
que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este
campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino
dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso77. […]” (Resaltado
fuera del texto).

207. Sobre el particular, la parte demandante en las pretensiones de la demanda
solicitó se declare la nulidad de los numerales de los actos acusados en los que se
declara responsable al señor Vega Navarro y se le impone la sanción de multa, que
a titulo de restablecimiento del derecho se declare que: i) no está obligado a pagar
la multa impuesta; ii) se restituyan las sumas que tuviese que pagar a titulo de multa
con los intereses comerciales y con la actualización del valor; iii) se reparen los
perjuicios patrimoniales por concepto del daño al buen nombre y, iv) se condene a
reparar los perjuicios morales, así:

“[…] 1. Se DECLARE LA NULIDAD de los numerales 1º y 4º de la Resolución
número 40901 del 28 de junio de 2012, por medio de los cuales la
Superintendencia de Industria y Comercio declaró que el señor CALIXTO DE
JESÙS VEGA NAVARRO contravino lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 47
del Decreto 2153 de 1992, imponiéndole una sanción pecuniaria por la suma de
dos mil setecientos cincuenta y tres millones novecientos cincuenta y dos mil
ochocientos noventa y ocho pesos ($2.753.952.898).

2. Se DECLARE LA NULIDAD de la Resolución No. 53979 de 14 de septiembre
de 2012, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio
confirmó en todas sus partes la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012.

77 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de abril de 2020;
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020110000300 […]”. En el mismo
sentido: i) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de
diciembre de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación
13001233100020110221101[…]” y, ii) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera; sentencia de 5 de junio de 1997; C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; número único de radicación 4092 […]”.

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3. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se realicen las siguientes
declaraciones y condenas:

a) Se DECLARE que el señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO no está
obligado a pagar la multa irregularmente impuesta por la Superintendencia de
Industria y Comercio.

b) Se CONDENE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a
restituir a favor del señor CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO. el valor de las
sumas que tuviese que pagar a título de multa. como resultado de los actos
administrativos demandados más los intereses comerciales correspondientes a
las sumas pagadas por mi representado conforme a la tasa de interés bancario
corriente vigente para el periodo en que se pagó la condena hasta la fecha de
expedición de la sentencia.

c) Se ACTUALICE el valor que deba ser restituido al señor CALIXTO DE JESÚS
VEGA NAVARRO con ocasión de la multa irregularmente impuesta desde la lecha
del pago de la multa hasta la fecha de expedición de la sentencia, de acuerdo con
el Índice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento Nacional de
Estadística.

d) Se CONDENE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a
reparar los daños patrimoniales sufridos por el señor CALIXTO DE JESÚS VEGA
NAVARRO por concepto del detrimento al buen nombre y prestigio profesional o
good will, ocasionados por razón de la expedición de los actos administrativos
demandados en la cuantía que estimen los peritos en el curso del presente
proceso, a título de lucro cesante.

e) Se CONDENE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a
reparar la totalidad de los perjuicios por razón del daño moral ocasionado al señor
CALIXTO DE JESÚS VEGA NAVARRO, particularmente por la afectación
emocional, sufrimiento y angustia personal padecida por el agravio al buen
nombre que debió soportar como resultado de la expedición de los actos
administrativos demandados, en la cuantía que quede probada en el proceso de
acuerdo con la prueba pericial que se solicita en éste.

f) Se DISPONGA que las sumas líquidas de dinero contenidas en la condena
devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva
sentencia. de acuerdo con el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

208. De este modo, para la Sala es claro que en las pretensiones de la demanda
se solicitó la nulidad total de los actos acusados sancionatorios y que se declarara
que la parte demandante no está obligada a pagar la multa; además, se advierte que
no se solicitó de forma expresa en este acápite una nueva graduación de la multa.

209. No obstante lo anterior, la parte demandante en el escrito de la demanda
invocó como infringidos los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 y en el concepto de
violación precisó que debía darse aplicación para la tasación de la sanción a este
último artículo que rige para personas naturales:

“[…] el demandante a pesar de haber participado en el procedimiento de licitación No.
LP -001-2011 en su calidad de persona natural, fue sancionado por la comisión de
prácticas restrictivas de la competencia como si fuese una persona jurídica […] En
electo, el Superintendente de Industria y Comercio, al expedir los actos administrativos

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objeto de la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pretermitió la
disposición aplicable al caso concreto, esto es, el artículo 26 de la Ley 1340 de
2009, norma que establece el monto de las multas a personas naturales por
razón de la comisión de prácticas restrictivas de la competencia […].

En efecto, teniendo en cuenta que el legislador, en ejercicio de la cláusula general de
competencia, adoptó dos formas sancionatorias, para personas jurídicas y naturales,
respectivamente, el funcionario administrativo debe dar aplicación estricta a la
literalidad de la norma, respetando el principio de taxatividad en materia sancionadora
y las garantías fundamentales del procesado […]

habida cuenta de que la graduación de la sanción correspondió a un 4.86% del
máximo previsto en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, y que la norma aplicable
no era ésta, sino el artículo 26 de la referida normativa, en virtud de los principios
de coherencia y congruencia, deberá graduarse la sanción impuesta de acuerdo
con estas mismas consideraciones, pero atendiendo al máximo previsto por el
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, es decir, a un máximo de dos mil (2000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes […]

la graduación de la sanción deberá guardar consonancia con los actos
administrativos demandados, y modularse bajo los parámetros del artículo 26
de la Ley 1340 de 2009, en un grado evidentemente inferior al mínimo […]”.
(Negrillas fuera de texto).

210. Conforme a lo expuesto, la parte demandante en el escrito de la demanda
expuso que la Superintendencia de Industria y Comercio pretermitió la disposición
aplicable al caso concreto, es decir, el artículo 26 de la Ley 1340 el cual establece
el monto de las multas a personas naturales por la comisión de prácticas
restrictivas de la competencia y que la multa debía graduarse y modularse
atendiendo a dicho artículo.

211. Así, contrario a lo señalado por las partes en los recursos de apelación, la
Sala advierte de la lectura del concepto de la violación que la parte demandante
sí solicitó una nueva tasación de la multa, en la medida en que exigió que se diera
aplicación al artículo 26 de la Ley 1340, para graduar la sanción impuesta
(atendiendo a sus máximos previstos) y que la misma se module bajo sus
parámetros.

212. En ese sentido, para la Sala, si bien la parte demandante no solicitó en las
pretensiones de la demanda y como restablecimiento del derecho una nueva
graduación de la sanción conforme el artículo 26 de la Ley 1340, lo cierto es que
al analizar el cargo de nulidad por infracción de los artículos 25 y 26 de la Ley
1340 (concepto de la violación que hace parte de la demanda), dispuso que debía
graduarse conforme a la norma que rige para personas naturales (artículo 26), de
modo que con una interpretación sistemática, armonica e integral del escrito de la
demanda puede aseverarse que la parte demandante en el concepto de la
violación hizo referencia al tema y sí solicitó la graduación de la multa conforme

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al artículo 26 ibídem.

213. Por lo anterior, en el caso sub examine, el a quo no transgredió el principio
de congruencia al ordenar que se tasara la sanción conforme al artículo 26 de la
Ley 1340, por cuanto la sentencia es concordante con lo pedido por la parte en la
demanda, es decir, atiende al concepto de la violación que constituye el marco de
la decisión, según lo señalado en las decisiones de esta Sección de la
Corporación. Así, en el presente asunto, existe congruencia entre lo pedido en la
demanda y lo decidido por el a quo en la sentencia de primera instancia, debido a
la parte demandante en el concepto de la violación solicitó que para la tasación
de la multa se diera aplicación al artículo 26 de la Ley 1340.

214. En ese orden, la Sala considera que la demanda es un solo texto, por lo
que debe analizarse de forma completa y sistemática y comoquiera que del
concepto de violación se extrae y si infiere la voluntad de la parte demandante de
aplicar para la tasación de la sanción el artículo 26 de la Ley 640, en
consecuencia, la decisión del a quo se encuentra ajustada el principio de
congruencia.

215. Para la Sala es claro que la parte demandante no logró desvirtuar los
fundamentos de la conducta en la cual incurrió que dio lugar a la sanción y se
evidencia que la multa contenida en los actos acusados se graduó con una norma
que no era aplicable el artículo 25 de la Ley 1340, como se expuso al analizar el
cargo de nulidad anterior.

216. La Sala considera que si bien en las pretensiones se advierte que el
restablecimiento del derecho estaba relacionado con que la parte demandante no
estaba obligada a pagar el valor de la multa impuesta, lo cierto es que es que no
puede pasarse por alto la forma en que se realizó la tasación y si se realizó
conforme a la norma pertinente aplicable para personas naturales.

217. Asimismo, la Sala reitera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de
los actos acusados y su validez en cuanto a la conducta colusoria en la que
incurrió la parte demandante, de modo que la sanción sigue vigente y se debe
aplicar, sin embargo, como la parte demandada realizó una tasación con una
norma no aplicable y según el concepto de la violación de la demanda se solicitó
la aplicación del artículo 26 de la Ley 1340, el a quo actuó correctamente al
ordenar nuevamente la sanción conforme a dicha norma.

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218. Así las cosas, no le asiste razón a las partes cuando afirman que no existe
congruencia entre lo pedido y lo señalado en el fallo de primera instancia, en
atención a que, lo pretendido fue la declaratoria de nulidad de los actos acusados
sancionatorios y que la multa se tasara conforme al artículo 26 de la Ley 1340, y
lo que resolvió el a quo es que el fundamento para la tasación de la multa no
atendió a la normatividad y excedió el valor legal permitido para la multa para las
personas naturales, por cuanto fue sancionado como persona jurídica, de modo
que se declaró la nulidad parcial de los actos acusados y la consecuencia directa
es una nueva tasación de la entidad conforme al artículo 26 de la Ley 134078.

219. Por último, comoquiera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de
los actos administrativos acusados respecto de la comisión de la conducta
colusoria en la que incurrió la parte demandante, en consecuencia, se confirmará
la decisión del a quo de negar las pretensiones de restablecimiento del derecho.

220. Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida por el a quo como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Condena en costas

221. Visto el artículo 36565 numeral 8.° de la Ley 1564, sobre condena en costas,
y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente
no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte
demandada.

Conclusión de la Sala

222. En suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por las partes
en los recursos de apelación no están llamados a prosperar, por cuanto no
desvirtúan la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. Por
lo tanto, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

78 En el mismo sentido ver. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia

de 5 de agosto de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 25000234100020130060901
[…]”

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III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de 8
de mayo de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara Voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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