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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00508-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00508-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida el cual quedará así: “ORDENAR a CES S.A. E.S.P., pagar por concepto de agencias en derecho en favor de la entidad demandada, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a cada una de ellas, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia.” SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-00508-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

29 de agosto de 2024

1

Radicado: 25000 23 41 000 2013 00508 01
Demandante: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 25000 23 41 000 2013 00508 01
Actor: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Tesis: No es incongruente la sentencia de primera instancia en la que se resolvió el
objeto y la causa petendi propuesta en la demanda.
No es nulo, por falta de competencia, el acto administrativo por medio del cual la SSPD
impuso una multa a una empresa prestadora de servicios públicos por una infracción en
el mercado de energía mayorista.
No son nulos, por desconocimiento de normas superiores, los actos administrativos
que sancionaron a una empresa de servicios públicos, si en sus motivaciones, se
analizaron los criterios de dosificación de la multa, concernientes a: i) la generación de
un peligro a los intereses jurídicamente tutelados y ii) la reincidencia.
No es cierto que el Tribunal equívocamente entendió que, con las certificaciones
aportadas al plenario por la actora, ésta pretendía desvirtuar lo reiterados
incumplimientos en el mercado de energía mayorista.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 11 de abril de 2014, emitida por la Subsección “A” de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. LA DEMANDA

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2

Radicado: 25000 23 41 000 2013 00508 01
Demandante: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P.

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la Comercializadora Eléctrica del
Sinú S.A. E.S.P. (en adelante CES S.A. E.SP.) presentó la demanda de la referencia
en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante
SSPD).

1.1. Pretensiones

“II. PRETENSIONES

1. Declárense nulos los actos administrativos contenidos las Resoluciones SSPD
20112400036185 del 17 de noviembre de 2011 que impone la sanción de una
multa por un monto de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($226,558,800) a CES S.A.
ESP, y la SSPD20122400019975 del 29 de junio de 2012 por medio de la cual se
resolvió el recurso de apelación interpuesto y donde se confirmó integralmente la
multa interpuesta a CES S.A. ESP.

2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
ordénese a la demandada proceder a revocar las sanciones impuestas en las
Resoluciones de que trata la pretensión 1ª.

3. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la demandada,
de los perjuicios materiales en sus expresiones de daño emergente y lucro
cesante, además de los daños morales, ocasionados a la actora, como
consecuencia de la expedición de los actos administrativos acusados.

4. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de reparación integral
del daño, que a favor de mi poderdante se condene a la demandada al pago de la
totalidad de los daños materiales y morales ocasionados que resultaren probados
dentro del proceso.

5. La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante sumas
liquidas de moneda de curso legal en Colombia, y devengarán dichas condenas
los intereses moratorios de que tratan los artículos 192 a 195 de nuevo Código
Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a los artículos
192 a 195 del Código Contencioso Administrativo, en materia de intereses de mora
que se pagaran desde cuando se hacen exigibles hasta que se hagan
efectivamente los pagos.

7. Que se condene en costas a la entidad demandada.

8. En caso que se declare la nulidad parcial de los actos demandados, ordénese a
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD la revisión y la
reliquidación de la sanción impuesta a la parte demandante, de acuerdo con el

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principio de proporcionalidad; al grado de impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio; al factor de reincidencia y a su capacidad económica.”1

1.2. Los actos demandados:

A) La Resolución Nro. SSPD -20112400036185 del 17 de noviembre de 2011,
emitida por la SSPD, es del siguiente tenor:

“Resolución Nro. SSPD - 20112400036185 del 2011-11-17
Expediente: 2010240350600064E

Por la cual se sanciona una Empresa de Servicios Públicos

(…)

2.5. Consideraciones del Despacho

El Despacho, con fundamento en los argumentos y las pruebas que obran en el
expediente, procede a motivar su decisión tal como lo dispone el artículo 35 del
C.C.A., así:

Antes de efectuar el análisis de los argumentos y elementos probatorios que obran
en el plenario, se hace necesario estudiar el fenómeno de la caducidad
administrativo en relación con los hechos que fundaron los cargos endilgados

Así las cosas, es preciso indicar que el citado fenómeno jurídico se encuentra
contemplado en artículo 38 del ordenamiento contencioso administrativo,
ordenamiento que debe acatar esta autoridad.

En tal sentido, atendiendo a la obligación institucional de proteger el interés
público, por cuanto en el trámite que nos ocupa, se investigan hechos netamente
objetivos, es pertinente acudir de manera oficiosa a revisar la ocurrencia de la
caducidad administrativa, en los términos contemplados en el ya mencionado
artículo 38 del Código Contencioso Administrativo que dispone: “Salvo disposición
especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para
imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlas”

Es pertinente en este punto, mencionar, entre otras, la sentencia T-433 de junio 24
de 1992, en la que la Corte Constitucional se pronunció sobre esta institución
explicando que:

(…)

Igualmente, en sentencia C-394 de 2002, se señaló:

(…)

Se suma a lo anterior que para tener en cuenta la ocurrencia de la caducidad
administrativa se debe resaltar que dentro del procedimiento administrativo se
presentan una serie de actos como resultado de la labor propia de la actuación

1
Visible a folios 139 a 140 del Cuaderno del Tribunal.

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administrativa en la realización de un objetivo esencial, y es que este se encuentre
revestido de legalidad.

Por lo tanto y atendiendo a la solidez que debe conservarse a lo largo de las
actuaciones administrativas es inminente determinar el cumplimiento de las
características más importantes entre las que se encuentra que la facultad
sancionatoria que le asiste a la autoridad, se encuentre vigente para el efecto.

Así las cosas, en aras de propender por la integridad y legalidad del acto, la
administración debe atender los parámetros administrativos de manera estricta,
para garantizar a los ciudadanos administrados que la actuación resulta estar
conforme con el ordenamiento jurídico

En consecuencia, para prevenir una actuación arbitraria y discrecional, en esta
instancia es prudente analizar la facultad sancionatoria administrativa, vista a partir
de su propia definición como una "Extinción de una facultad o de una acción por el
mero transcurso de un plazo configurado por la ley como carga para el ejercicio de
aquellas”

Adicionalmente es pertinente advertir sobre la caducidad de este tipo de
actuaciones han existido distintas interpretaciones en los despachos
administrativos en lo que se refiere al momento en el cual expira el plazo que tiene
la administración para optar por una sanción.

Al respecto y entre otros pronunciamientos. en sentencia del 31 de enero de 2008,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del expediente
2004-00993-02, Magistrado Ponente Carlos Enrique Moreno Rubio, se expuso:

(…)

Conforme lo expuesto, si bien es cierto existen diferentes posiciones en relación
con el ejercicio de la potestad sancionatoria, resulta relevante advertir que su
concepción general es coincidente, en la medida que no permite que el ejercicio
de la potestad sancionatoria por parte de la administración se manifieste en un
acto sancionatorio ya acaecida la caducidad dado que nacen a la vida jurídica,
vencido el termino permitido por la ley.

En tal sentido, es claro que no resulta relevante en esta instancia señalar cual es
la tesis que acoge este Despacho, pues lo claro es que la administración no puede
proferir un acto sancionatorio cuando se configura el mencionado fenómeno
jurídico.

Así las cosas, en el presente asunto, se procederá a referir los conceptos que este
despacho no considerará dentro de su análisis por haber operado el mencionado
fenómeno jurídico de la caducidad así:

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Aclarado lo anterior, es decir, los conceptos sobre los cuales no es posible efectuar
algún juicio de reproche por caducidad, este Despacho procederá a realizar una
precisión conceptual sobre algunos de los supuestos que se le han endilgado a la
Comercializadora Eléctrica del Sinú -CES- S.A. E.S.P. en el cargo primero.

La empresa XM Expertos en Mercados en su comunicado Nro. 20115290298432
del 13 de junio de 2011 aseveró lo siguiente (folios 499 a 509):

(…)

De acuerdo a lo anterior debe aclararse que, en el pliego frente al primer cargo, el
cual tenía que ver con los vencimientos, XM había referido ese ajuste mensual
como una factura y como tal se consideró:

Así las cosas, atendiendo lo aclarado por el administrador del sistema, esos ajustes
corresponden a unas garantía o avales bancarios, por lo que estos conceptos

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inmersos dentro del primer cargo que no fueron considerados dentro del análisis
de caducidad, no es posible mantenerlos atendiendo que hacen parte de una
garantía y no de una factura.

En consecuencia, en relación con el cargo primero solo es posible analizar el
vencimiento del mes de marzo de 2010 y en relación con el cargo segundo las
garantías cuya fecha de inicio correspondieron al 23 de diciembre de 2008 hasta
el 2 de marzo de 2010

Precisado lo anterior, se considera necesario realizar una breve exposición sobre
la Estructura del Mercado de Energía Mayorista (MEM), así como de sus
características generales, atendiendo que la Comercializadora Eléctrica del Sinú -
CES- S.A. E.S.P., dentro del contexto de los hechos analizados se desempeñó
como agente de dicho Mercado, desarrollando la actividad de comercialización y
la implicación que tiene para el citado mercado y para los usuarios finales el
incumplimiento del Reglamento de Operación.

2.5.1. Estructura y Características Generales del Mercado de Energía Mayorista

(…)

2.5.2. Del cumplimiento al Reglamento de Operación por los agentes del MEM

(…)

De lo expuesto es claro que la empresa investigada a pesar de estar obligada a
acatar las disposiciones enunciadas, en el periodo señalado por la Compañía XM
Expertos en Mercados, el cual posteriormente fue delimitado en el pliego de
cargos, estaba incumpliendo con el pago de las facturas y ajustes por conceptos
de transacciones en bolsa, así como con la presentación de garantías y/o
mecanismos de cubrimiento ante el ASIC para el pago de los diferentes conceptos
por transacciones en el MEM.

Lo anterior, necesariamente conlleva una afectación al mercado en el cual se
transa la energía de todo el sistema para los diferentes usuarios y los demás
agentes frente a los cuales se presenta el incumplimiento.

Tan es así que como ya fue expuesto el Administrador del SIC inició limitación de
suministro en bolsa como quedó referenciado anteriormente.

2.5.3. De las facturas emitidas por el administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales

(…)

De esta forma, es claro que XM al ser el Administrador del ASIC, evidencia de
primera mano los incumplimientos en que puede incurrir cada uno de los agentes
del mercado.

Por tal razón, en el artículo 29 de la pluricitada Resolución CREG 024 de 1995,
establece en su literal j las responsabilidades del Administrador del SIC señaló:

(…)

Deber ejecutado en debida forma, toda vez que mediante el radicado No.
20105290267842 del 31 de mayo de 2010 (folios 17 a 18), XM Compañía de

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Expertos en Mercados S.A, E.S.P., le informó a la Dirección Técnica de Gestión
de Energía, los procedimientos de limitación iniciados a la Comercializadora
Eléctrica del Sinú -CES- S.A. E.S.P

Incumplimientos que al ser puestos en conocimiento, atendiendo las
responsabilidades y deberes referenciados, fueron acogidos dentro del análisis
realizado para iniciar la presente actuación y contextualizados dentro de los
hechos que soportan los cargos endilgados.

En efecto, en el pliego de cargos se informó a la prestadora un presunto
incumplimiento en el pago de las facturas, vencimientos, garantías y/o
mecanismos de cubrimiento en las fechas expuestas en el pliego de cargos y los
documentos que los soportan, atendiendo los términos y procedimientos
establecidos para el correcto funcionamiento del MEM y de la bolsa en la cual se
transa energía, tanto para comercializadores con usuarios finales como para
aquellos que deben cumplir obligaciones con otros agentes que en la cadena,
atienden la prestación del servicio a usuarios finales

Lo descrito permite anotar preliminarmente la afectación que acarrea para el
mercado de energía, pues es claro que se generan perjuicios a otros agentes
intervinientes, conllevando un efecto “dominó", que al final del día permite
determinar, o bien una posible afectación a usuarios o una palpable afectación al
modelo y esquema creado por la Ley y la Regulación para el correcto
funcionamiento del MEM.

2.5.4. De las Garantías y/o mecanismos de cubrimiento para las transacciones en
el MEM.

(…)

En la presente actuación, la Comercializadora Eléctrica del Sinú -CES- S.A. ESP,
quien se encontraba registrada ante el ASIC como agente del Mercado de Energía
Mayorista y quien realizaba transacciones comerciales en dicho mercado,
incumplió la presentación de garantías, al no realizar la entrega y/o presentación
de estas y/o de sus ajustes tal y como se relaciona en el pliego de cargos para los
meses de enero a septiembre de 2009, y diciembre de 2009 y enero a marzo de
2010, situación que fue informada por XM a esta Superintendencia mediante
radicado 20105290267842 del 31 de mayo de 2010 (folios 17 a 18), en desarrollo
de lo preceptuado en el Anexo B de la Resolución CREG 024 de 1995.

Así las cosas, se debe resaltar que la importancia de las garantías en el MEM,
obedece al hecho que la energía que se transa en bolsa debe estar previamente
respaldada para evitar los riesgos y pérdidas propias de cualquier mercado visto
desde una óptica netamente financiera, lo contrario implicaría, que las
transacciones que los agentes del mercado de energía realizaran no tendrían
algún tipo de control en relación con el cumplimiento de sus compromisos.

De esta forma CES S.A E.S.P., al no presentar las garantías y/o mecanismos
alternativos y ajustes frente al ASIC, dejó de atender las condiciones mínimas que
tiene el mercado de energía para brindar estabilidad, seguridad y confianza a todos
quienes transan en la bolsa la energía, generando, tal como se expuso una
inevitable afectación al mercado de energía mayorista, en el engranaje de su
estructura pues uno de sus intervinientes no actúa como debía esperarse

De igual forma en lo relacionado con el Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales -ASIC-, necesariamente entra a desplegar un desgaste adicional en

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procura de revisar, por fuera del término previsto regulatoriamente, las garantías,
para cumplir con su encargo y propender por el funcionamiento del mercado
mismo.

Y para los demás agentes y usuarios de la bolsa y el mercado, se genera
incertidumbre y riesgo, ya que en el mercado todos asisten como acreedores y
deudores, por lo que los incumplimientos de uno podrían generar un efecto
cascada en las obligaciones de otros agentes que a su vez tendrán obligaciones
tanto con el mercado como con otros agentes y estos a su vez con usuarios finales
a los cuales se debe garantizar la prestación confiable y segura del servicio de
energía como finalidad social del Estado, según contemplado en el artículo 365 de
la Constitución Política.

2.5.5. Del proceso de Limitación del Suministro:

(…)

Ahora bien, como ya se mencionó mediante radicado SSPD 20105290267842 del
31 de mayo de 2010 obrante a folio 17 del plenario, XM informó las limitaciones de
suministro iniciadas a la Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P., según lo
contemplado en las Resoluciones CREG 116 de 1998 (modificada por las
resoluciones 039 y 040) y la Resolución 001 de 2003 (modificada por la Resolución
039 de 2010).

De lo anterior, se denota que la prestadora incurrió en reiterados incumplimientos
que llevaron al inicio de la limitación del suministro por parte de XM, toda vez que
es su obligación como agente participante en el mercado de energía mayorista de
cancelar oportunamente las facturas y presentar las garantías y/o mecanismos de
cubrimiento en los tiempos establecidos por la regulación, sin tener que dar inicio
a un procedimiento de limitación de suministro.

2.5.6 Análisis probatorio

La Dirección Técnica de Gestión de Energía, remitió informe técnico mediante
memorando Nro. 2010220061803 del 1 de septiembre de 2010, recomendando
iniciar una investigación a la Comercializadora Eléctrica del Sinú -CES- S.A. ESP,
por presuntos incumplimientos del pago de facturas y vencimientos, así como de
garantías y/o mecanismos alternativos de cumplimiento.

Obra en el Informe Técnico, el radicado SSPD Nro. 20105290267842 de fecha 31
de mayo de 2010 (folios 17 a 20) remitido por XM Compañía de Expertos en
Mercados S.A E.S.P., en el que informa sobre los procesos de inicio de limitación
en el suministro, debido a los incumplimientos en las obligaciones de las cuales es
titular la COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU -CES- S.A, E.S.P., dentro
del Mercado de Energía Mayorista (MEM) según lo contemplado en las
resoluciones CREG 054 de 1994, CREG 024 de 1995, 019 de 2006 y 087 de 2006.

En este radicado se observa lo siguiente:

(…)

Adjunto al citado radicado, también se allegó a esta Superintendencia la relación
detallada de los procesos de limitación de suministro que se habían iniciado, donde
constan las fechas de inicio del proceso, el agente y el concepto por el cual se
originó el proceso. (folios 18 a 20)

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La comunicación fue remitida como respuesta al requerimiento efectuado por la
Dirección Técnica de Gestión de Energía de esta Superintendencia a través de
radicado Nro. 20102200393301 del 20 de Mayo de 2010 de la siguiente manera
(folio 16):

(…)

Se resalta que en reiteradas ocasiones fue requerida la empresa Comercializadora
Eléctrica del Sinú -CES- S.A. E.S.P., para que suministrara información respecto
de las acciones que había iniciado la empresa, para evitar los incumplimientos que
reportada XM Compañía de Expertos en Mercado S.A. E.S.P., así se observa:

(…)

Esta misma solicitud se elevó a la empresa en comunicación identificada con el
Radicado Nro. 20102200344091 del 6 de Mayo de 2010 (folio 15) frente a los
incumplimientos reportados del mes de abril de 2010.

Dichos requerimientos no tuvieron respuesta alguna por parte de la prestadora.

Ahora bien, una vez iniciado este procedimiento administrativo mediante pliego de
cargos identificado con el número de radicado 20102401020361 del 9 de
noviembre de 2010 (folios 21 a 40), la prestadora por medio de su Gerente
presentó descargos allegando documentación que a su criterio soportaba el
cumplimiento de sus obligaciones con el MEM.

Analizado el acervo probatorio allegado por la prestadora, la Dirección de
Investigaciones para Energía y Gas decidió de oficio requerir a XM Compañía de
Expertos en Mercados S.A. E.S.P. a fin de que aclarara algunos aspectos vitales
en el tema objeto de análisis. (folios 478 a 486)

Atendiendo lo anterior, XM procedió a dar respuesta a cada uno de los puntos que
se le habían indicado mediante radicado 20105290667332 del 17 de diciembre de
2011. (folios 493 a 498).

Posteriormente, XM procedió a dar alcance a la anterior comunicación mediante el
radicado 20115290298432 del 13 de junio de 2010, haciendo una precisión sobre
lo atinente a los incumplimientos que la empresa Comercializadora Eléctrica del
Sinú -CES- S.A. ESP había presentado, así (folios 499 a 509):

(…)

En este mismo alcance, XM también precisó las fechas en que la empresa debió
haber pagado y/o entregado las garantías y la fecha en que efectivamente lo hizo.

De igual forma, el administrador del sistema como consecuencia de la solicitud
efectuada por la Dirección de Investigaciones, realizó el análisis pertinente
mediante el radicado 20115290448042 del 2 de septiembre de 2011 (folios 524 a
534) indicando lo siguiente:

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Relacionados todos los elementos probatorios que constan en el expediente, se
hará a continuación el análisis de ellos.

Como bien se ha observado, la regulación de los servicios públicos y el reglamento
de operación establecen obligaciones claras y precisas que deben acatar y cumplir
los agentes responsables de estos procesos, con el fin de que se actúe de
conformidad a lo establecido por la ley y por el ente regulador

Asimismo, la principal obligación del comercializador es cumplir con las exigencias
que el régimen establece para el proceso de compra y venta de energía; operación
que se hace ante la instancia del Mercado de Energía mayorista.

Para tal efecto, cada agente debe encontrarse consciente tanto de su papel en la
prestación del servicio como de las actividades que debe cumplir al participar en
el mercado de energía y así mismo respetar las acciones y labores que cada
agente posea dentro de este, independiente del escenario en que actúe
(Contratos, transacciones horarias y subastas).

En ese orden de ideas, debe considerarse que a la Comercializadora Eléctrica del
Sinú -CES S.A. E.S.P. le corresponde como comercializador, primero, cumplir con
el pago oportuno de las operaciones que haga en el MEM y segundo, otorgar las
garantías que estén aceptadas por la regulación para garantizar el pago de esas
operaciones comerciales.

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En tal virtud, el comercializador debe hacerse responsable de las operaciones que
a su nombre hubiere efectuado.

Conforme lo expuesto en el pliego de cargos, se observa que la primera obligación
era la de efectuar el pago oportuno de las obligaciones que el comercializador tenía
como titular de esa cuenta y segundo la empresa debía garantizar el pago de las
obligaciones que hubiere efectuado: pero como estas obligaciones fueron
incumplidas se ocasionó el inicio de procedimiento limitación de suministro por
parte del administrador del sistema.

Ahora bien, la empresa en sus descargos manifestó que ha cumplido siempre con
las obligaciones mucho antes de que la limitación del suministro se hiciera efectiva,
así mismo, recalca que nunca se ha encontrado en tal contexto; para apoyar tales
aseveraciones anexo varios folios los cuales contienen las transacciones hechas
por la empresa en donde se observa el monto de cada una de ellas y en algunos
casos las fechas en que CES S.A. E.S.P. hizo el pago y allegó las garantías
respectivas.

Como primera medida se debe hacer un análisis de expuesto por XM en el
radicado 20115290448042 del 2 de septiembre de 2011 (folios 524 a 534).

Del análisis presentado por XM, se tienen dos fechas importantes: la primera
cuando era que la empresa debía cumplir con esas obligaciones específicas y la
otra la fecha en que efectivamente cumplió con ellas; al cotejar estas dos fechas
se encuentra que en todos los conceptos el prestador no cumplió como debía con
sus obligaciones, sino que fueron presentadas y pagadas por fuera del término.

Asimismo, se verificó la fecha en que el administrador le inició el procedimiento de
limitación de suministro, para constatar que el incumplimiento se configuró,
información que se encuentra a folios 17 al 20.

Lo que se obtiene al acoplar esas dos fuentes de información es lo siguiente:

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00508 01
Demandante: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P.

Como bien se observa, esta relación probatoria confirma que la empresa incumplió
los plazos que tenía tanto para pagar sus vencimientos como para presentar los
mecanismos de cubrimiento que protegieran las transacciones efectuadas, Io que
evidencia que existió una violación al reglamento de operación.

Por otra parte, existe otro grupo de obligaciones que no fueron analizadas por XM
debido a que la empresa no presentó de estos ningún elemento de juicio que
pudiera ser estudiado, por lo que le corresponde entonces a este Despacho
realizar el análisis de la información que contiene el plenario, para obtener así la
fecha en que se inició el procedimiento de limitación, la fecha en que se cancelaron
las obligaciones y la fecha en que se debían entregar las garantías para así
determinar si existió o no un incumplimiento de la totalidad de los conceptos
imputados.

El administrador del sistema, al contestar el acto de pruebas identificado con el
radicado 20105290667332 del 17 de diciembre de 2010, respuesta contenida en
folios 493 a 498, junto con el escrito por medio del cual se le dio alcance a 6ste
(folios 498 a 509), informó lo siguiente:

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Demandante: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P.

De lo anterior, se evidencia que la prestadora no ha cumplido con sus obligaciones
de pagar y presentar sus garantías dentro de los términos expuestos en la
normativa, es preocupante para este Despacho encontrar que según lo informado
por XM, a la fecha de las comunicaciones existían obligaciones que aún no se
habían cumplido ya que no tienen fecha de presentación de las garantías lo que
reitera que la empresa no sólo ha presentado tardíamente sus obligaciones en
algunos conceptos sino que existían otros que aún estaban pendientes por
hacerlo, agravando así su situación.

Así las cosas, el llamado que se hace a la prestadora es que se respeten los plazos
en que debe cumplir sus deberes, para que el mercado no se vaya a ver afectado
en su normal desarrollo por la desatención que hacia estos se ha evidenciado; toda
vez que la presencia de cada uno de los agentes le otorga dinámica y estabilidad
a la operación, y por eso si alguno de ellos se sustrae de cumplir con su deber,
afecta de manera directa el funcionamiento de este generando efectos nocivos
para el papel que cada uno de sus miembros cumple.

Lo anterior no solo está supeditado a que se haga efectivo el procedimiento de
limitación de suministro tal y como lo mencionó la empresa, toda vez que se

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requiere que la misma cumpla con el plazo para que ni siquiera haya oportunidad
de que se inicie tal procedimiento.

Es entonces el inicio del procedimiento lo que enmarca la violación a las normas
que componen el reglamento y no la limitación efectiva del servicio, ya que esta es
la consecuencia que se genera con el incumplimiento reiterado en el tiempo, de la
obligación.

Si en caso tal una empresa llega a ser sujeta de una limitación efectiva, su situación
per se seria de mayor gravedad, ya que su violación afectaría de manera
contundente no sólo al mercado sino también a los usuarios finales, lo que
generaría mayores efectos nocivos para la situación comercial y financiera de la
empresa

En conclusión, para el Mercado de Energía Mayorista. la empresa
Comercializadora Eléctrica del Sinú -CES- S.A. ESP era el responsable de cumplir
con las obligaciones que tiene por expreso mandato normativo, por lo que debía
cancelar oportunamente y presentar las garantías en tiempo ante el administrador
del sistema, con el fin de evitar el inicio de un procedimiento de limitación de
suministro, pero como no fue así sino que por el contrario, se demostró que las
fechas expiraron sin que se cumpliera con sus obligaciones, es que hoy se hace
el presente reproche

3. Consideraciones finales

Que como consecuencia de todo lo anterior, este Despacho de conformidad con
el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, el cual preceptúa que el tipo de sanción
obedecerá a factores tales como la naturaleza y la gravedad de la falta y
atendiendo a que los incumplimientos presentados por Comercializadora Eléctrica
del Sinú -CES- S.A. E.S.P. en lo que refiere al no pago de facturación y
presentación de garantías o mecanismos alternativos de pago implicaron una
afectación clara en el mercado de energía mayorista, en la medida que se pone en
riesgo su estructura y funcionamiento tal como quedó expuesto en líneas
anteriores, procederá a imponer sanción en la modalidad de multa

Aunado a lo anterior, se debe destacar que los referidos incumplimientos fueron
los generadores del inicio del procedimiento de limitación de suministro, afectando
directa e indirectamente a agentes del mercado, usuarios, al mercado mismo y al
Administrador del SIC.

Por tal razón es que la sanción que se impone, refleja la afectación que el mercado
ha sufrido por los continuos procedimientos de limitación iniciados a esta empresa.

El riesgo que trae la exposición en bolsa tiene varios efectos directos e indirectos
bajo el entendido de que al congregarse en ese intercambio de información todos
los agentes que interactúan en el mercado exponiendo necesidades y capacidades
económicas y financieras, pueden resultar en empresas que cubran sus
necesidades de energía a un costo muy elevado, lo que pueda resultar en pérdidas
económicas por el ejercicio de la comercialización.

Lo anterior relacionado con los riesgos directos, los cuales son los que asume el
mismo agente por la iniciativa de transar en bolsa sus requerimientos.

Ahora bien, sobre los efectos indirectos, puede darse también la situación de que
el mercado tenga impedimentos para su buen desempeño y su dinámica no sea la

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normal, debido a que uno o varios de sus miembros no cumplen con las funciones
y deberes que el mercado y la afectación de los usuarios del servicio.

La diferencia pues, entre los efectos directos e indirectos es la consecuencia de
estos; mientras que en los directos las consecuencias se da entre las partes que
han perfeccionado la transacción, en los indirectos las consecuencias son para el
mercado y los usuarios finales.

Por lo expuesto, es que la sanción debe recoger el impacto que tiene frente al
mercado. De tal manera que la empresa deba prestar una importante atención de
ahora en adelante en cumplir todas sus obligaciones, para evitar con esto que el
mercado sufra las consecuencias que puedan ocasionarse para la oferta y la
demanda que cubre.

Ahora bien, los documentos que el prestador ha arrimado no desvirtúan los
incumplimientos endilgados, en la medida que no demuestran que se hayan
cumplido las obligaciones frente al mercado, ya bien sea el de presentar y/o pagar
los vencimientos o facturas, mecanismos de cubrimiento para las transacciones y
ajustes en las condiciones de tiempo, modo y lugar que consagra la regulación

Finalmente, se atenderá por este Despacho el hecho que la Comercializadora
Eléctrica del Sinú -CES- S.A. E.S.P. no es reincidente en lo que a esta conducta
refiere, por lo que tal situación se evaluará como atenuante al momento de imponer
la sanción

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

Resuelve

Artículo primero: Imponer sanción MULTA a la empresa COMERCIALIZADORA
ELECTRICA DEL SIND S.A. E.S.P. identificada con Nit 8120013259, por un valor
de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS ($226,558,800.00) la cual
se hará efectiva en el término de días hábiles contados a partir de la ejecutoria de
esta Resolución, por lo expuesto en la parte motive de esta providencia.

Artículo segundo: Una vez en firme la presente resolución, la sanción impuesta
deberá ser consignada en efectivo o cheque de gerencia. Para proceder al pago
el prestador deberá obtener el formato de pago de sanciones disponible en el sitio
WEB de la Superservicios https://www.superservicios.qov.co/ bajo el canal
Servicios a Empresas/ Formatos de Pago. El prestador deberá acreditar el pago
de la sanción dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria
del presente acto administrative. La multa se debe pagar en efectivo o cheque de
gerencia en cualquiera de las siguientes instituciones financieras: Banco Agrario
de Colombia, BBVA, BANCAFE.

Artículo tercero: Notificar personalmente la presente Resolución a ERMIDES
HERNANDEZ BULA, en calidad de GERENTE de la empresa
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A. E.S.P.., o a quien haga sus
veces, quien puede ser citado en el KM 1 VIA CERETE CIENAGA DE ORO de la
ciudad de CERETE - CORDOBA, haciéndole entrega de una copia de la misma y
advirtiéndole que contra esta Resolución procede el recurso de reposición ante el
Superintendente Delegado para Energía y Gas. dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de su notificación.”2

2
Visible a folios 5 a 44 del Cuaderno del Tribunal.

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B) La Resolución Nro. SSPD -201240019975 del 29 de junio de 2012, emitida por
la SSPD, es del siguiente tenor:

“Resolución Nro. SSPD - 20122400019975 del 2012-06-29
Expediente: 2010240350600064E
Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por una Empresa de
Servicios Públicos

(…)

2.2. Consideraciones del Despacho

Expuestas las razones de inconformidad que la apoderada de la empresa
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A. E.S.P., realice en contra de
la Resolución SSPD Nro. 20112400036185 de fecha 17 de noviembre de 2011, así
como estudiado el material probatorio obrante en el expediente, este Despacho
procede a desatar el recurso de reposición oportunamente interpuesto.

De esta forma, se procederá al desarrollo de cada uno de los mencionados
aspectos como a continuación se enunciará, considerando pertinente mencionar,
que los argumentos esgrimidos por el recurrente no se encaminaron a desvirtuar
los hechos objeto de sanción o a negar su incumplimiento

Sus argumentos de defensa se dirigen a cuestionar la competencia de esta
Superintendencia para adelantar la presente actuación alegando el
desconocimiento de los principios de legalidad y tipicidad, en el acto sancionatorio,
además de argumentar que el cobro de los intereses de mora liquidados por el
administrador del mercado y el inicio del procedimiento de limitación del suministro
constituyeron una sanción, razón por la cual no era dable el reproche pecuniario.

Adicionalmente la empresa investigada manifiesta una falta de proporcionalidad de
la multa impuesta.

Así las cosas y con el ánimo de realizar un análisis integral de los esbozos
planteados por el recurrente, se procederán a explicar las razones del Despacho
en el orden que sigue:

2.1.1. De la violación al debido proceso por el desconocimiento del principio del
non bis in idem y, en consecuencia, del principio de legalidad en lato sensu.

Considera la apoderada de la prestadora, que la Superintendencia sancionó una
conducta que ya había sido sancionada por el Administrador del SIC, con el cobro
de intereses de mora, lo que conlleva a la vulneración del principio non bis in idem,
ya que ambas tienen el mismo fáctico.

Efectivamente en desarrollo del artículo 29 de la Constitución, se erige como
principio fundamental, el debido proceso dentro de un Estado Social de Derecho,
el cual debe ser aplicado a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
En desarrollo de ello, ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo
hecho.

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Nótese que en la norma Constitucional citada, la prohibición de “no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho” se desarrolla dentro del marco de aplicación del
último inciso, el cual realización una referencia al ámbito de lo penal así:

(…)

Sin embargo, tal como lo expone la recurrente, la doctrina y la jurisprudencia ha
interpretado que dicha prohibición, si bien era de aplicación privativa en el campo
penal, nada impedía su aplicación a todos los campos del derecho, atendiendo por
demás, a la enunciación y desarrollo del derecho al debido proceso, por su carácter
de universal y fundamental.

En tal sentido, dentro del contexto general del debido proceso y a través de
diversos pronunciamientos la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado, como de
la Corte Constitucional, se ha reiterado que deben concurrir algunas características
para que se declare la violación a dicho principio, entre las cuales, para el caso
sub examine se desataca la guarda del principio del non bis in idem.

Así, en sentencias del 11 de octubre de 2007 y 21 de agosto de 2008, el Consejo
de Estado sobre la aplicación de dicho principio, afirmo:

(…)

Por su parte la Corte Constitucional, en Sentencia C-484/00, del 4 de mayo de 200,
Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero, expuso:

(…)

En tal sentido, resulta de suma importancia establecer la diferencia que confluye
en este asunto investigado, respecto de las consecuencias que trae la regulación
frente a los comportamientos desobedientes de los agentes que participan en el
mercado de energía mayorista y las facultades de vigilancia y control que despliega
la Superintendencia de Servicios Públicos.

En tal sentido y respecto de la primera consecuencia que asume la
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A. E.S.P., los intereses de mora
que el ASIC factura y cobra por el retardo, en el que el agente incurrió para pagar
las facturas y ajustes que constituyen el cargo primero de la investigación, no
tienen la esencia de una sanción de carácter administrativo ni contencioso,
derivada o declarada por ente gubernamental alguno o autoridad judicial.

Tal cobro es el recargo por el atraso del pago de la factura que recoge la actividad
del agente, en la bolsa de energía y se calculan igual que los intereses normales,
con la diferencia de que estos son calculados sobre el capital vencido y los días
de atraso.

Resulta vital aclarar que las obligaciones adquiridas con el mercado de energía
mayorista están determinadas dentro de unos tiempos y condiciones para su
cumplimiento, dentro del contexto financiero que se debe honrar en cualquier
operación, en este caso, dentro del orden del mercado de energía eléctrica.

Por lo tanto, la mora es la consecuencia por la dilación, retraso o tardanza en
cumplir una obligación y se derive de la naturaleza misma del acto que genera la
obligación, carga en la que no interviene de ninguna manera la administración.

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Es más, la incursión en mora, aceptada por el recurrente en su escrito de recurso
al afirmar que: “habida cuenta que la sanción impuesta a la COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA DEL SINU S.A. E.S.P., era improcedente porque dicha entidad,
había sido sancionada previamente por XM compañía de Expertos en Mercados
S.A. E.S.P., con los intereses a la tasa máxima moratoria" ratificando los diversos
incumplimientos en los cuales había incurrido como agente del mercado de
energía, respecto del retardo para cancelar las facturas y sus ajustes, además de
la presentación de garantías y/o mecanismo alternativos de cubrimiento.

Eso no significa, que el reconocimiento de tal tardanza en el cumplimiento de las
obligaciones frente al MEM, no afectara de manera directa la operación y
administración del mercado de energía, dada la sincronía que debe existir entre
sus intervinientes y que ya se ha explicado en los actos que nutren el expediente.

Lo propio ocurre con la figura relativa al inicio del procedimiento de Limitación de
Suministro que claramente el regulador previo, como consecuencia del
incumplimiento en la cancelación de las facturas y/o la presentación de garantías
o mecanismos alternativos, por parte de los agentes.

Así es, como se estableció que en el caso en que un agente no presente garantías,
mecanismos o ajustes en los plazos y montos establecidos, el ASIC iniciará la
ejecución de un procedimiento de limitación de suministro, dando aplicación a lo
establecido en las resoluciones CREG 116 de 1998 (modificada por las
resoluciones CREG 039 y 040 de 2010) y CREG 001 de 2003 (modificada por la
Resolución CREG 039 de 2010).

El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ordena reducciones en
el suministro de electricidad a comercializadores y/o distribuidores, de oficio o por
mandato, cuando en desarrollo del contrato de mandato se presente mora en la
cancelación de obligaciones derivadas de transacciones realizadas en la bolsa de
energía, en las cuentas por concepto de cargos por uso de Sistema de Transmisión
Nacional, en las reconciliaciones y/o en los servicios complementarios.

Se debe destacar que la figura de la limitación de suministro, también se aplica por
incumplimiento con las transacciones en bolsa, ósea la que no está destinada
directamente a atender usuarios finales por parte de generadores y
comercializadores morosos y por incumplimiento en lo referente al esquema de
garantías para las transacciones internacionales de energía.

Nótese que la constitución en mora, resulta ser una condición para que el
administrador del mercado alerte sobre el inicio del procedimiento de limitación de
suministro, por lo tanto las dos instancias no son excluyentes y corresponden a
dos escenarios distintos, uno propio de las obligaciones financieras del prestador
y otra dada la administración del mercado de energía.

De lo anterior, se denota que la prestadora incurrió en reiterados incumplimientos
que llevaron al inicio de la limitación del suministro por parte de XM, toda vez que
es su obligación como agente participante en el mercado de energía mayorista de
cancelar oportunamente las facturas y presentar las garantías y/o mecanismos de
cubrimiento en los tiempos establecidos por la regulación, sin tener que esperar a
que se diera paso al inicio a un procedimiento de limitación de suministro, aspecto
que debe ser asumido atendiendo a la regulación propia del sector, la cual obedece
a las características de protección propias del mercado en el cual se transa la
energía que finalmente abastece a los usuarios finales.

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El despliegue de las facultades de control, se constituye como primera medida
mediante el pliego de cargos con radicado SSPD Nro., 20102401020361 de fecha
9 de noviembre de 2010, eje esencial de los hechos que finalmente fueron
sancionados y sobre los cuales la empresa investigada tuvo la oportunidad de
defender y controvertir.

En consecuencia, no existe violación alguna del principio non bis in idem en la
actuación administrativa que se adelanta en contra de COMERCIALIZADORA
ELECTRICA DEL SINU S.A. E.S.P., toda vez que no ha sido objeto de sanción en
más de una ocasión en lo que a este ente refiere y en el cual concurra identidad
de hechos, causa, objeto, autoridad y naturaleza.

Por lo expuesto, el desconocimiento del principio de non bis in idem, no es acogido
cómo valido en los términos explicados.

2. Que la resolución sancionatoria, contraviene flagrantemente la ley. Principios
de Legalidad y Tipicidad.

Manifiesta la impugnante que la sanción recurrida, en concordancia con el principio
de legalidad, debe prever una determinación clara, precisa y concrete del hecho
endilgado como de la sanción a imponer, así mismo agrega que no se enmarca la
tipificación de la norma con el actuar de la sancionada y finalmente advierte que la
SSPD no consideró la naturaleza de la sanción a imponer.

Al respecto, se debe mencionar que el artículo 3° del régimen básico de los
servicios públicos contempla los instrumentos de intervención estatal así:

(…)

En efecto, el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, dispone que las personas
prestadoras de servicios públicos, así como aquellas que realicen actividades a las
que les son aplicables las Leyes 142 y 143 de 1994, se encuentran sujetas al
control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, quien a su vez
tiene dentro de sus funciones la siguiente:

(…)

De la norma transcrita, se derivan dos funciones diferentes conferidas a la
Superintendencia de Servicios Públicos, esto es la de vigilar y controlar el
cumplimiento de las leyes y actos administrativos por parte de quienes presten
servicios públicos cuando su incumplimiento pueda afectar a los usuarios y la de
sancionar las violaciones a las leyes y actos administrativos, siempre que esta
competencia no corresponda a otra autoridad.

Sin embargo, no fue la única función asignada sobre la cual esta Superintendencia
puede adelantar investigaciones e imponer sanciones. El numeral 7 del parágrafo
2 del artículo 79, dispone de manera expresa que corresponde al Superintendente:

(…)

De esta forma, es procedente precisar que el mencionado numeral 1 del artículo
79, no puede ser interpretado de forma aislada y que su aplicación se debe realizar
en concordancia con las demás normas propias del Estatuto de Servicios Públicos,
especialmente con el artículo 81, que dispone que la Entidad puede imponer
sanciones tales como la amonestación y la multa, entre otras que alii se anuncian,
a quienes violen las normas a las que se encuentran sujetos.

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El tenor literal del artículo 81 citado es el siguiente:

(…)

Así de la lectura de las normas transcritas, no queda duda que la Superintendencia
de Servicios Públicos como entidad encargada de ejercer el control, vigilancia e
inspección en esta materia, se encuentra facultada para imponer sanciones a los
agentes que violen las normas de servicios, públicos que le son aplicables,
atendiendo a la actividad que desarrollan, así como las obligaciones que debe
desempeñar en atención a tal actividad, aun cuando con dicha infracción no se
afecte directamente a los usuarios finales, pues el legislador faculta a la entidad
para hacerlo.

En este orden de ideas, se tiene que el simple hecho que una prestadora incumpla
una norma, tal omisión constituye una conducta reprochable y basta con que se
demuestre dentro de la investigación administrativa la vulneración de la
normatividad, para que el agente se haga acreedor de una sanción que será
impuesta en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el artículo 81 de la
Ley 142 de 1994.

Así las cosas, en la presente investigación administrativa se demostró en debida
forma que la empresa COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A. E.S.P..
incumplió las obligaciones establecidas en los artículos 168 de la ley 142 de 1994;
25 de la ley 143 de 1994; 4 de la Resolución CREG 054 de 1994; literales d, h, i, y
j del articulo 6 y articulo 22 de la Resolución CREG 024 de 1995; artículo 2 de la
Resolución CREG 019 de 2006 y artículos 1, 11 y 12 del anexo de la Resolución
CREG 086 de 2006, a través de los cuales se exige el cumplimiento de las
diferentes obligaciones adquiridas en el MEM.

Dicha desobediencia se fundamentó en la falta de atención por parte de la empresa
investigada en cumplir en condiciones de tiempo, modo y lugar, sus obligaciones,
frente al administrador del sistema de intercambios comerciales, lo cual conlleva a
que se haga acreedora de una sanción según los parámetros descritos en el
artículo 81 de la pluricitada Ley 142 de 1994, por lo que el actuar de la sancionada
si se encuentra enmarcado dentro de las normas expuestas anteriormente, las
cuales son susceptibles de inspección vigilancia y control, por parte de esta
autoridad.

En tal sentido, la sanción impuesta no desconoce de manera alguna, los principios
de legalidad y tipicidad, como afirma la prestadora, dado que el derecho de defensa
fue honrado dentro del término concedido a la prestadora en el numeral 5° del
pliego de cargos Nro. 20102401020361 del 9 de noviembre de 2010 visto a folios
21 a 40, del expediente.

Adicionalmente en el transcurrir procesal se garantizó el derecho de contradicción
inmerso en el principio general de legalidad, atendiendo la apertura de la etapa
probatoria mediante el acto administrativo Nro. 20102401153611 del 9 de
diciembre de 2010 (folios 478 a 486), mediante el cual se libró oficio a XM S.A.
E.S.P., para que de acuerdo a los argumentos de defensa presentados, se sirviera
certificar el estado de cuenta de la Comercializadora del SINU S.A. E.S.P., así
como las fechas de inicio del procedimiento de limitación de suministro para los
conceptos investigados

Dado que el acervo probatorio que procedía, se arrimó de manera oportuna al
expediente, este fue objeto de evaluación por parte del despacho, logrando

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establecerse que había incumplimiento de la normativa señalada, además de una
afectación al mercado propiamente dicho.

Ahora bien, frente a la supuesta carencia de tipicidad es necesario reiterar que el
hecho que se investigó y posteriormente sanciono, es el incumplimiento del
reglamento de operación, al haber incurrido en mora en el cumplimiento de cada
una de las obligaciones como agente del mercado de energía debe atender en
condiciones de tiempo, modo y lugar, para el correcto funcionamiento del mercado.

El contexto anotado no es interpuesto de manera caprichosa por la administración,
por el contrario se encuentra contenido en la regulación y la ley de servicios
públicos, la cual fue expuesta en el pliego de cargos, en cuya adecuación se
precisó que el reglamento de operación propende por el cumplimiento de
principios, criterios y procedimientos establecidos, para ordenar el correcto
funcionamiento del mercado mayorista de energía.

Es así como a lo largo del plenario se ha concretado que por una parte, la
Resolución CREG 054 de 1994 en su artículo 4 y la ley 143 de 1994, establece
que quienes presten el servicio de comercialización de energía, estarán obligados
a realizar transacciones de compra de energía en el mercado mayorista y sujetarse
al reglamento de operación, que no es otra cosa que el planeamiento, la
coordinación y la ejecución de la operación del sistema interconectado nacional.

Lo anterior guarda concordancia con el artículo 6 de la Resolución CREG 024 de
1995, que estableció el cumplimiento de las condiciones mínimas para los agentes
que participen en el MEM, tales como: Someterse a la liquidación que haga el
administrador del SIC de todos los actos y contratos; Incluir dentro del presupuesto
las apropiaciones mínimas para efectuar, oportunamente el pago de sus
obligaciones: y la de someterse a los sistemas de pago y compensación que realice
el administrador del SIC

Se suma a lo anterior la previsión del artículo 22 de la resolución CREG 024 de
1995, modificado por la Resolución CREG 019 de 2006, que determinó como
condición mínima para los agentes, la de presentar las garantías financieras o
pagos anticipados, por cuenta de las obligaciones adquiridas y administradas por
el ASIC.

Es tan clara la tipicidad de la obligación incumplida y reconocida por la prestadora
que, además de que las facturas expedidas por el Administrador del SIC, deben
cumplir los requisitos establecidos en el Código de Comercio para las facturas
comerciales, el vencimiento de las facturas emitidas por el Administrador del SIC
para transacciones en la bolsa, a partir de la facturación del mes de enero de 1996,
es el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes que corresponde la
facturación, y el no pago en la fecha señalada origina intereses de mora, a la
mínima tasa moratoria permitida por la Ley vigente durante el periodo que se está
liquidando, todo ello contenido en la Resolución CREG 024 de 1995, Anexo B,
numeral 28.

Visto lo anterior, no se denota que en alguno de los dos cargos propuestos exista
inexactitud o duda respecto de la norma de la cual se exige cumplimiento,
ordenamiento que adicionalmente es anterior a los hechos.

2.1.3. De la proporcionalidad de la multa

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 00508 01
Demandante: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P.

Afirma la recurrente que la multa impuesta por la Superintendencia, es desmedida
por cuanto ya se había sancionado por el cumplimiento tardío de sus obligaciones
con el ASIC, originándole intereses de mora

Dado que la apoderada de la empresa investigada insiste en que el hecho, ya fue
sancionado por parte del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales
-ASIC- es pertinente reiterar lo ya dicho en líneas anteriores, que la conducta
reprochada no contempla las características que debe revestir el principio del non
bis in idem, en cuanto a que debe concurrir identidad de naturaleza, autoridad,
persona, causa y objeto, por cuanto se sanciona por infringir el Reglamento de
Operación.

Ahora bien, la recurrente afirma en su escrito que la conducta desplegada, no
afecto a ningún usuario o agente del mercado, por cuanto era imperativo que se
dosificara la pena de acuerdo a este planteamiento.

Como primera medida, se llama la atención en cuanto a que la controversia de los
hechos investigados carece de sustento probatorio, tal y como se resolvió, una vez
se analizaron los elementos de juicio que reposan en el expediente y de haberse
querido poner en tela de juicio su ocurrencia, la titularidad de la carga de la prueba
es de la parte que persigue los efectos jurídicos en función de los hechos que
sustentan su defensa.

Sobre el particular el reconocido tratadista Eduardo Couture, define tal facultad
como: “...una situación jurídica, instituida en la ley, consistente en el requerimiento
de una conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del
propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él..."

Por lo que al no existir prueba alguna que sustente las afirmaciones realizadas por
la recurrente, los sucesos endilgados se dan por ocurridos, atendiendo la revisión
de la responsabilidad objetiva que observa ésta jurisdicción.

Con respecto a la proporcionalidad de la multa, se tiene que, la motivación de un
acto implica que, la manifestación de la administración tiene una causa que la
justifica, y ella debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hecho, debida
calificación jurídica y apreciación razonable, que culmina necesariamente en
decisiones o sanciones proporcionales, justas, imparciales, objetivas y ecuánimes.

De igual forma, la finalidad de todo acto administrativo es externa a la decisión que
se adopta en el mismo y se encuentra en la ley, por lo que es obligatoria e implica
verificar el motive por el cual el acto es dictado.

El fundamento de ello está dado en que la actuación administrativa es siempre
reglada, es decir, sujeta a la ley.

Esto por cuanto en relación con la motivación del acto, se señala que la
administración no puede actuar discrecionalmente sino que debe hacerlo teniendo
en consideración las circunstancias de hecho y derecho que corresponde en cada
caso y de las cuales se ha de desprender una sanción para administrarlo.

De esta forma y tal como se advirtió en esta actuación, el artículo 81, enuncia las
diferentes opciones o modalidades de sanción, la cual puede ser determinada por
aspectos tales como la naturaleza y la gravedad del hecho o hechos objeto de
incumplimiento por el prestador.

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Demandante: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P.

En consecuencia, los aspectos que se mencionan de naturaleza y gravedad, se
desprende de la motivación propia del acto en el cual se determina la existencia
del hecho, la tipificación del incumplimiento y la valoración de las pruebas que
soportan la decisión.

Sobre este aspecto se observa el siguiente pronunciamiento del Consejo de
Estado:

(…)

Atendiendo a dichos factores, en el caso objeto de estudio, este Despacho acoge
como sanción, la multa, pues se considera grave que la prestadora, tal y como se
adujo en la motivación del acto que se recurre, no cumpla sus obligaciones
consistentes en el pago de facturas y mecanismos de cubrimiento, propios de las
transacciones efectuadas en la bolsa como agente del MEM, en la forma y
condiciones de tiempo, modo y lugar consagradas en la regulación

Lo anterior, tal y como se expuso, conlleva a incrementar el riesgo de este tipo de
mercados de orden financiero, con connotación directa al servicio público
domiciliario y a quienes intervienen en su cadena de producción.

El análisis sobre la responsabilidad objetiva que le asiste a la empresa investigada,
por ser una prestadora de un servicio vigilado, permite inferir que en este asunto
en particular, esta entidad debe propender porque todas y cada una de las
actividades adelantadas tengan garantía, toda vez que la cadena misma en el
servicio de energía eléctrica, constituye uno de los fines sociales del Estado.

Ahora bien, el monto de la multa atiende al impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio público de energía, aspecto palpable y verificable igualmente,
en la motivación del acto y las consecuencias de la falta o incumplimiento que se
reprocha o sanciona, que para el caso objeto de estudio, se resume en el
incumplimiento de la ley 142 de 1994 y en el reglamento de operación generando
el desequilibrio del mercado.

De esta forma, considera pertinente este Despacho mencionar, que si bien el
articulo 81 y en particular el numeral 81.2 de la ley de servicios públicos, menciona
algunos aspectos que deben ser verificables al momento de imponer sanción,
también lo es que no se puede pretender que estos sean los únicos a valorar o
sean el fin último y particular de toda sanción, pues los mismos cumplen una
función meramente enunciativa, ya que se verifican otros aspectos integrales que
obedecen a la naturaleza del incumplimiento que se endilga.

Por último, el factor de reincidencia fue verificado y enunciado de forma específica
en el acto recurrido así: “Finalmente, se atenderá por este Despacho el hecho que
la Comercializadora Eléctrica del Sinú -CES- S.A. E.S.P., no es reincidente en lo
que a esta conducta refiere, por lo que tal situación se evaluara como atenuante al
momento de imponer la sanción''. Aspecto que permite inferir que, si bien el
incumplimiento de la empresa fue repetitivo en el entendido que la sanción
obedece a incumplimiento de las obligaciones de diferentes meses, e incluso años,
también lo es que no se ha adelantado otra actuación por parte de este Despacho
relacionada con hechos similares

Aspecto que beneficia a la empresa ya que solo se hace merecedora de una
sanción por una conducta que se mantuvo de forma reiterada, dada la cantidad de
inicios de procedimientos de limitación de suministro.

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Demandante: Comercializadora Eléctrica del Sinú S.A. E.S.P.

En tal sentido el Consejo de Estado en hechos similares refirió:

(…)

Así las cosas, el monto de la sanción de conformidad con los criterios antes
enunciados, así como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, se graduó
en la suma de doscientos veintiséis millones quinientos cincuenta y ocho mil
ochocientos pesos con cero centavos moneda legal colombiana ($226.558.
800.oo)

Lo anterior atendiendo a los criterios de proporcionalidad de la sanción. expuestos
por la Corte Constitucional referentes a las sanciones administrativas así:

(…)

En otros términos, la tipificación de la sanción administrativa resulta indispensable
como garantía del principio de legalidad:

(…)

Estos lineamientos expuestos por la Corte para imponer sanciones administrativas,
se suman a los expresados en el numeral 2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994,
transcrito en precedencia.

Lo anterior toda vez que el Estado para implementar sus políticas impone
obligaciones administrativas a cargo de quienes ejercen actividades en el sector
de servicios públicos, por lo que la eficacia de la gestión exige un pronto
cumplimiento y el control de esta requiere objetividad.

Finalmente, el monto de la multa se establece en equivalente a salarios mínimos
legales vigentes mensuales de la fecha en que se impone la sanción, toda vez que
a la ocurrencia de los hechos no es dable predicar el incumplimiento, por cuanto
no se ha determinado o probado el mismo y además por cuanto la autoridad no ha
obtenido conocimiento de dicho incumplimiento.

En tal sentido, es evidente que para determinar la equivalencia de la multa en
salarios mínimos, basta efectuar la siguiente operación matemática:

Multa/salario mínimo 2011 = multa equivalente en salarios mínimos
$226,558,800/535.600 = 423 SMLVM

De tal suerte, resulta evidente que la multa obedece a salarios equivalentes del
año 2011, que es la fecha en que se impone la sanción y se encuentra dentro del
límite otorgado de los 2000 salarios a que hace alusión el pluricitado artículo 81,
en tal sentido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. en sentencia de fecha
20 de agosto de 2009. exp 2005-00197-02, sección 1, subsección B, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, afirmó:

(…)

Aspecto reiterado en sentencia de fecha 1 de febrero de 2007, exp 2004-01125-
02, sección 1, subsección A del Tribunal Administrative de Cundinamarca, M.P.
William Giraldo Giraldo:

(…)

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En tal sentido, no se acogen los planteamientos de la recurrente en lo que refiere
a la sanción impuesta.

3. Consideraciones finales

Por lo anterior, este Despacho insiste en reprochar el desconocimiento en que la
empresa investigada en su calidad de agente del mercado de energía, incurrió
respecto del cumplimiento que debe gobernar, de la regulación y los actos a los
cuales están sometidos quienes participan en la cadena de prestación del servicio.

Aspectos que deben ser acatados, ya que de lo contrario el agente debe acarrear
con la imposición de sanciones por la desatención de sus obligaciones, que deben
conllevar como fin último la garantía de la prestación de un servicio público que
cumpla con los fines sociales propuestos por el Estado.

Más aun, cuando la regulación y la normatividad en general, se desarrolla con el
fin de cubrir ciertas políticas del sector encaminadas a garantizar la prestación del
servicio en condiciones de continuidad y calidad.

En tal sentido, incumplimientos como los endilgados por esta Superintendencia a
la empresa COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A. E.S.P., son
causantes de un riesgo sistemático entre los usuarios, los agentes y la bolsa, por
la naturaleza propia de estos mercados financieros

Lo anterior, toda vez que la mora en el pago de vencimientos, así como la ausencia
de presentación de mecanismos de cubrimiento, en las condiciones de tiempo,
modo y lugar consagradas por la regulación, resulta de suma importancia por las
consecuencias que genera frente al sometimiento del mercado y la solvencia de
las demás agentes, pues genera inconvenientes frente al esquema del mercado
creado y diseñado para garantizar, se repite, la prestación del servicio en el país.

Por lo expresado, este Despacho confirmara la resolución SSPD -
20112400036185 del 2011- 11-17.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

Resuelve

Artículo primero: CONFIRMAR, el contenido de la Resolución número SSPD
20112400036185 del 2011-11-17, expedida por este Despacho, por las razones
expuestas en la parte motive de la presente Resolución.”3

3.1. Normas violadas y concepto de violación

3.1.1. Como normas infringidas, la demandante señaló los artículos 79, 81.2. de la Ley
142 de 1994, la Ley 1437 de 2011 y los principios de legalidad y proporcionalidad.

3
Visible a folios 63 a 87 del Cuaderno del Tribunal.

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3.2. En el acápite de “hechos en que se fundamenta la demanda”4, mencionó que
esa sociedad es participante del Mercado de Energía Mayorista – MEM y que es
agente del Sistema Interconectado Nacional – SIN.

Indicó que el 31 de mayo de 2010, XM, Compañía de Expertos en Mercado, encargada
de operar el mercado eléctrico colombiano, remitió un informe técnico a la SSPD. En
este informe, advirtió sobre el inicio de un proceso de limitación en el suministro de
energía a CES S.A. E.S.P. por el presunto incumplimiento de sus obligaciones dentro
de dicho mercado. Como consecuencia, la Directora de Investigaciones para Energía
y Gas de la SSPD elevó un pliego de cargos contra esa sociedad por presuntos
incumplimientos al régimen de los servicios públicos domiciliarios.

Mencionó que, a través de Resolución No. 20112400036185 del 2011, confirmada en
la Resolución No. 20122400019975 de 2012, la SSPD le impuso una sanción por un
monto de doscientos veintiséis millones quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos
pesos ($ 226.558.800).

3.3. En el acápite de “Falta de competencia para sancionar: la SSPD no tiene
servicio por qué imponer una sanción si no se ha afectado a los usuarios del servicio”5,
manifestó que el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 sólo habilita a la SSPD a imponer
sanciones cuando se afecta de manera directa e inmediata a usuarios determinados
de los servicios públicos. Agregó que en ese sentido se pronunció la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 19 de junio de 1997 con
radicado 931, quien expuso que las facultades sancionatorias de la SSPD se
encuentran limitadas a aquellas conductas que afecten a los usuarios, so pena de
infringir el principio de legalidad.

Sin embargo, anotó que la entidad accionada consideró, de manera irregular, que
dicho impacto también podría derivar del buen funcionamiento del mercado. Agregó
que la conducta cometida por esa empresa fue exclusivamente la tardanza en la
constitución de las garantías que adquiere para respaldar las obligaciones contraídas
con XM S.A. E.S.P. Refirió que, si bien esto puede constituir una infracción al
reglamento de operación dispuesto en la Resolución CREG 116 de 1998, no podía

4
Visible a folio 142 del Cuaderno del Tribunal.
5
Visible a folio 150 del Cuaderno del Tribunal.

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afirmarse que ello derivara en una afectación de sus obligaciones relacionadas con la
prestación de los servicios públicos a los usuarios.

Expuso que una cosa es cumplir con el pago de las transacciones comerciales que
resultaren del Mercado de Energía Mayorista, y que cumplió tardíamente, y otras eran
las garantías que respaldaban esas transacciones, las cuales tenían una naturaleza
meramente accesoria. Por ende, explicó que la demora en su constitución era una
situación ajena al correcto funcionamiento del mercado, dado que éste no dependía
de la constitución de pólizas, sino del pago oportuno de las obligaciones que son
adquiridas dentro de éste.

Mencionó que, aunque se inició el procedimiento del programa de limitación de
suministro de energía por parte del Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales (XM), según los términos establecidos en los artículos 6 y 9 de la
Resolución CREG 116 de 1996, esto nunca se materializó efectivamente, dado que no
se agotaron las etapas dispuestas en el artículo 9 ibidem, ni XM hizo efectivas las
garantías que esa empresa constituyó a su favor.

En consecuencia, precisó que, como no afectó de manera directa e inmediata a los
usuarios de los servicios públicos, la SSPD carecía de legitimidad y competencia para
sancionarla. Máxime cuando las infracciones a las normas del Mercado de Energía
Mayorista tienen sus propias sanciones, como lo son los intereses por el no pago y la
limitación del suministro.

3.4. Sobre la “violación al principio de razonabilidad de la sanción. Graduación
desproporcionada de la sanción”6, mencionó que la multa que le fue impuesta era
exorbitante y que la SSPD omitió su deber de graduar la infracción teniendo en cuenta
las circunstancias particulares de su caso, conforme a lo señalado en el artículo 81.2.
de la Ley 142 de 1994 y la Ley 1437 de 2011.

Agregó que, al analizar los valores facturados, pagados, el promedio semanal y la
proyección de los intereses de la cuenta XM correspondientes al periodo posterior a
enero de 2010, calculó que el valor por concepto de intereses de mora con la tasa

6
Visible a folio 157 del Cuaderno del Tribunal.

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máxima legal vigente para ese periodo no superaba la suma de veintidós millones de
pesos ($22.000.000)

Mencionó que en la decisión sancionatoria el análisis de la SSPD era superficial de
modo que no justificó adecuadamente la proporcionalidad de la multa. Procedió a
analizar los criterios de graduación que en su criterio debieron ser aplicados, así:

3.4.1. Sobre el daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, reiteró que no hubo
ninguna afectación a la buena marcha del servicio, ni al mercado o a los usuarios.

3.4.2. En cuanto a la reincidencia de la sanción, expuso que jamás había sido objeto
de investigación o sanción de tipo civil o administrativo con motivo del incumplimiento
de las actividades contenidas en el reglamento de operación. Aseveró que, inclusive,
ha acatado lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución CREG 019 de 2006, dado
que ha cubierto el pago de las transacciones comerciales en las que ha resultado
obligada en ese mercado, efectuando pagos anticipados para los periodos que
comprenden los meses de abril a junio de cada año. Expuso que, pese a que esto
último es reconocido en el acto sancionatorio, no se demuestra en qué medida ese
factor contribuía a la disminución de la sanción finalmente impuesta.

3.4.3. De otro lado, anotó que, conforme a lo establecido en la sentencia C-194 de
2005, expedida por la Corte Constitucional, era indispensable determinar la capacidad
económica del condenado, lo cual no sucedió en este caso. Mencionó que el tamaño
de la actividad comercial que ejerce en el Mercado de Energía Mayorista es modesto
y no puede ser comparado con el de empresas como Condensa o EPM.

Arguyó que su flujo de efectivo es limitado. Al respecto, indicó que el activo corriente
disponible con el que contaba esa empresa al final del ejercicio 2012 era apenas de
doce millones quinientos sesenta y cinco mil pesos ($12.565.000), con una utilidad
neta de ocho millones setecientos treinta mil pesos ($8.730.000), valor que era
significativamente inferior a la multa que le fue impuesta.

Expuso que, de la revisión de los balances generales de esa sociedad en los años
2008 a 2011, era posible evidenciar que su situación económica no presentaba
cambios o aumentos significativos, sino que se mantenía en un promedio de cuarenta

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millones setecientos cincuenta y dos mil pesos ($40.752.000) en el activo corriente y
una utilidad neta de dieciocho millones quinientos ochenta y seis mil pesos
($18.586.000).

Refirió que, de obligársele a cancelar la multa que le fue impuesta, le sería imposible
cubrir sus propias obligaciones, generando incumplimientos con el mercado mayorista
y con sus usuarios, lo que sí generaría un perjuicio directo e inmediato a éstos.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. La SSPD, respondió el libelo introductorio pidiendo que se nieguen sus
pretensiones, bajo los siguientes argumentos7:

2.1.1. En primer lugar, solicitó tener en cuenta las consideraciones plasmadas en los
actos demandados.

2.1.2. Posteriormente, tras citar el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y 5 del Decreto 990
de 2002, manifestó que a esa entidad le corresponde controlar y vigilar el cumplimiento
de las leyes por parte de quienes prestan servicios públicos domiciliarios y en caso de
encontrar alguna alteración por parte de los prestadores, está habilitada para
sancionarlos.

Arguyó que los intereses que cobra el administrador del mercado mayorista por el retardo
en el pago de facturas no tienen la condición de una sanción administrativa. Agregó que,
cuando no se presentan garantías, dicho administrador está habilitado para iniciar un
procedimiento de limitación del suministro conforme a la Resolución CREG 116 de 1998.
Expuso que lo anterior no excluye la facultad sancionatoria de esa Superintendencia, la
cual se desarrolla con base en sus funciones de inspección, vigilancia y control. Así,
resaltó que no se vulneró el principio non bis in ídem, toda vez que la actuación
administrativa en contra de CES S.A. E.S.P. no constituyó una sanción por más de una
vez.

7
Visible a folios 655 a 685 del Cuaderno del Tribunal.

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Precisó que no desconoció el principio de tipicidad, toda vez que el hecho que se
investigó y sancionó era el incumplimiento del reglamento de operación, dado que la
demandante incurrió en mora en cumplimiento de las obligaciones que le asistían para
el correcto funcionamiento del mercado de energía mayorista.

2.1.2. Respecto de la proporcionalidad de la multa indicó que, si bien el artículo 81.2. de
la Ley 142 de 1994 menciona algunos aspectos que son verificables al momento de la
sanción, estos no eran los únicos a valorar, pues dichos criterios apenas eran
enunciativos.

Arguyó que el monto de la multa se calcula en salarios mínimos legales mensuales
vigente de la fecha en que se impone la sanción con base en la siguiente fórmula
matemática: “Multa/salario mínimo 2011 = multa equivalente en salarios mínimos”8, que
en este caso es de “$226.558.800/$535.600 = $ 423SMLMV”9. Adujo que la multa se
encontraba dentro del límite otorgado en el artículo 81 ibidem.

Alegó que los incumplimientos atribuidos a la actora causaban un riesgo sistémico para
los usuarios, los agentes y la bolsa, dada la naturaleza propia de los mercados
financieros. Esto ponía en riesgo el mercado y la solvencia de los demás agentes que
intervienen en él.

2.1.3. Posteriormente, en el acápite de “normativa aplicable”10, citó los artículos 365 de
la Constitución Política, 1, 75 y 79.1. de la Ley 142 de 1994. Mientras que en el aparte
que denominó como “precedentes jurisprudenciales”11, trajo a colación apartes de las
sentencias C-263 de 1996, SU 1010 de 2008, T-214 de 2004, T-957 de 2011, T-720 de
2005, T-558, T561 y T-815 estas últimas de 2006, todas emitidas por la Corte
Constitucional.

III. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES

CES S.A. E.S.P. descorrió el traslado de las excepciones en los siguientes términos12:

8
Visible a folio 218 del Cuaderno del Tribunal.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Visible a folio 220 del Cuaderno del Tribunal.
12
Visible a folio 455 del Cuaderno del Tribunal.

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3.1. En cuanto a la supuesta vulneración al principio al non bis in idem, dijo que dicho
cargo no fue propuesto en la demanda, de modo que no resultaba como una excepción
válida en el proceso.

3.2. Sobre la competencia de la entidad demandada para la emisión de los actos
enjuiciados, adujo que no existe en el ordenamiento jurídico ninguna disposición que
atribuya a la SSPD la potestad de imponer sanciones por el simple hecho de demostrar
una vulneración de una norma jurídica. De hecho, expuso que esa facultad está limitada
a los casos en que haya una afectación directa e inmediata a los usuarios determinados.

Refirió que la SSPD estaba haciendo una indebida aplicación de la responsabilidad
objetiva, pues la conducta desplegada por esa empresa no cumplía con ninguno de los
criterios definidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-089 de 2011, para la
aplicación de ese régimen. Dijo que la accionada presumió sin ninguna prueba una
afectación de los usuarios de esa sociedad y les impuso una sanción completamente
desmedida.

3.3. En relación con el principio de proporcionalidad de la sanción, alegó que la SSPD
debía someterse a los criterios del artículo 81.2. de la Ley 142 de 1994, so pena de
desconocer el principio de legalidad y del debido proceso.

Resaltó que, si bien los criterios allí expuestos no eran taxativos, lo cierto es que no
quedaba claro cuáles eran los demás parámetros que usaba la SSPD para la graduación
de la sanción, máxime cuando no fueron usados los señalados en la Ley 142 de 1994 ni
en el CPACA.

Anotó que, si bien la tasación se realizó en salarios mínimos del año 2011, esta
circunstancia no cumplía con el deber de graduación. Explicó que, aunque la tasación
era un elemento indicativo de la multa impuesta, no reflejaba adecuadamente su
valoración.

IV. AUDIENCIA INICIAL.

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En audiencia del 21 de abril de 2015, la Subsección “B” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fijó el litigo en los siguientes términos:

“3. FIJACION DEL LITIGIO. Procede el Despacho a fijar el litigio, poniendo de
presente lo siguiente:

Corresponderá al Tribunal determinar si los actos administrativos demandados,
Resoluciones SSPD 20112400036185 de 17 de noviembre, y SSPD
20122400019975 de 29 de junio de 2012, ambas expedidas por el Superintendente
Delegado para Energía y Gas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD, son nulas por falta de competencia, y por
violación al principio de razonabilidad de la sanción, habida cuenta que, a juicio de
la actora, no era posible ni legal que se le sancionara por sus conductas
relacionadas con el pago y presentación de sus garantías y/o mecanismos de
cubrimiento ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC
para el pago de los diferentes conceptos por transacción MEM, además de las
acciones referentes al pago de facturas y ajustes por conceptos de transacciones
de bolsa.

Tomando en cuenta lo anterior, y en virtud de lo establecido en esta diligencia, se
recuerda que solo se concederá el uso de la palabra al apoderado de la entidad
demandada, quien manifiesta encontrarse de acuerdo con la fijación del litigio, a lo
cual respondió que si”13

V. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 11 de abril de 2014, la Subsección “A” de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda
bajo las siguientes razones:

5.1. En cuanto al cargo concerniente a la falta de competencia de la SSPD, citó los
artículos 370 de la Constitución Política, 75, 79, 81 y 168 de la Ley 142 de 1994, 25 de
la Ley 143 de 143 de 1994 y 1 y 4 de la Resolución CREG 054 de 1994, 6 y 22
Resolución CREG 024 de 1995 y 2 de la Resolución CREG 019 de 2006 y los
artículos1, 11 y 12 del Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento para las
Transacciones en el Mercado de Energía Mayorista contenido en anexo de la
Resolución CREG 087 de 2006. Posteriormente, aludió de forma general al
funcionamiento de dicho mercado.

Enseguida mencionó que CES S.A. E.S.P. tenía dentro de su objeto social la
comercialización de energía eléctrica, por lo que debía acatar los lineamientos del

13
Visible a folio 576 del Cuaderno del Tribunal.

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Reglamento de Operación de dicho mercado. Esto incluía el cumplimiento de los
plazos establecidos para la cancelación de las facturas emitidas por el administrador,
así como la presentación de las garantías y/o mecanismos alternativos
correspondientes. Todo ello con el objetivo de asegurar el adecuado funcionamiento
del mercado, en el que se transaba y adquiría energía para prestar el servicio a los
usuarios finales con calidad y de forma continua.

Sin embargo, expuso que la actora no cumplió con las anotadas obligaciones, lo que
se tradujo en una afectación en el normal desarrollo del mercado energético, el cual
debe funcionar como un “engranaje”14. Arguyó que la conducta de la actora podría
provocar una inestabilidad en la operación y en la prestación del servicio y
consecuentemente derivar en una afectación de los usuarios.

Expuso que el artículo 79.1 de la Ley 142 de 1994 no podía interpretarse de forma
aislada y parcializada. Expuso que de la adecuada interpretación de esa disposición,
en conjunto con las normas que regulan la materia, era posible concluir que esa
entidad tiene competencias para imponer sanciones a quienes violen las disposiciones
jurídicas en materia de servicios públicos domiciliarios, conforme a lo dispuesto en el
artículo 81 ibidem.

Aseveró que CES S.A. E.S.P. tenía el carácter de agente en el mercado energético
mayorista y, por ende, debía cumplir con las normas del Reglamento de Mecanismos
de Cubrimiento para las Transacciones y con las Resoluciones expedidas por la
CREG. Sin embargo, refirió que la accionada no desvirtuó la comisión de las acciones
sancionables, lo cual era relevante, ya que su conducta podría incidir en el mal
funcionamiento del mercado, afectando la prestación del servicio público de energía y,
por ende, al usuario final.

Así, en su criterio, no había ninguna duda de que la SSPD sí contaba con facultades
para sancionar a CES S.A. E.S.

5.2. Respecto del principio de proporcionalidad, dijo que el artículo 81 de la Ley 142
de 1994 otorga a la SSPD la facultad de imponer sanciones a quienes vulneren las

14
Visible a folio 660 del Cuaderno del Tribunal.

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normas a las que están sujetos. Anotó que la imposición de medidas administrativas o
el cobro de intereses de mora no sustituían las potestades sancionatorias de la entidad
demandada.

Arguyó la actora cometió reiterados incumplimientos, que llevaron al inicio del
procedimiento de limitación del suministro de energía por parte del administrador del
mencionado mercado. Igualmente, expuso que, pese a que CES S.A. E.S.P. aportó al
expediente varias certificaciones de usuarios que dan cuenta de una presunta no
afectación en el servicio, ello no desacreditaba la ocurrencia de los hechos
sancionables.

Expuso que, aun cuando se apliquen los criterios indicados en el libelo introductorio
para la imposición la sanción, la multa seguía manteniéndose, toda vez que sí hubo
una puesta en peligro en la operación y/o prestación del servicio público de energía,
pues el incumplimiento de la actora fue reiterado; y que, si bien tiene un activo corriente
reducido, lo cierto es que esa suma no se traduce en sí misma en utilidades netas o
en sus movimientos financieros periódicos.

Anotó que la multa estaba dentro de los límites permitidos en el artículo 81 de la Ley
142 de 1994, de modo que el cargo no tenía vocación de prosperidad.

5.3. Por último, condenó en costas a la parte accionada

VI. El RECURSO DE APELACIÓN

CES S.A. E.S.P. interpuso oportunamente recurso de apelación en contra de la
sentencia del 11 de abril de 201415. Los fundamentos se sintetizan así:

7.1. Sobre el “error en la apreciación de los hechos que sustentan la demanda”16,
aseveró que la controversia no se refiere a la existencia de los supuestos de hecho
que constituyen la infracción sino en la competencia de la SSPD para imponer
sanciones en el presente asunto, así como la proporcionalidad de la multa.

15
Visible a folios 673 a 692 del Cuaderno del Tribunal.
16
Visible a folio 674 del Cuaderno del Tribunal.

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Alegó que en la sentencia recurrida se analizaron aspectos que no eran objeto de
discusión, como la vulneración del reglamento de operación del mercado de energía
mayorista. Destacó que en ningún momento afirmó que la imposición de medidas
administrativas o el cobro de intereses de mora sustituyen o anticipan de forma alguna
la sanción, en razón a que no estaba discutiendo el desconocimiento al principio del
non bis in ídem.

A su criterio, esa circunstancia constituía una vulneración del principio de congruencia
de las sentencias establecido en el artículo 285 de la Constitución Política y
desarrollado por la Corte Constitucional en las sentencias T-592 de 2000, T-773 de
2008, y T-450 de 2001.

7.2. Respecto del “error en la interpretación de las normas que configuran la
competencia sancionatoria de la SSPD”17, anotó que no se realizó una interpretación
integral de las disposiciones normativas relacionadas con la potestad sancionatoria de
la entidad demandada, dado que el a quo excluyó del análisis lo dispuesto en el artículo
79.1 de la Ley 142 de 1994. Agregó que, conforme a la sentencia C-649 de 2001
emitida por la Corte Constitucional, la interpretación sistemática implica leer una norma
en conjunto con las demás que conforman el ordenamiento en el cual está insertada.
Por lo tanto, si el Tribunal buscaba un análisis de esta naturaleza, no podía omitir lo
previsto en el mencionado artículo legal.

Resaltó que la mencionada disposición era clara al señalar que, entre las funciones de
la entidad demandada, está la de vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos
administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, siempre
que dicho cumplimiento afecte de forma directa e inmediata a usuarios determinados.
En su criterio, esta norma debe interpretarse en conjunto con lo previsto en el inciso
11 del artículo 3 y en el artículo 81 ibidem. Por lo tanto, adujo que la interpretación más
acertada es que no todo incumplimiento de las normas a las que está sometida una
empresa puede ser sancionado por la SSPD, sino únicamente aquellos que causen
perjuicios directos e inmediatos a los usuarios.

17
Visible a folio 677 del Cuaderno del Tribunal.

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Adujo que esa interpretación sistemática de las normas que regulan la potestad
sancionatoria de la SSPD está respaldada por el doctrinante Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, en su escrito denominado “reflexiones en torno a la potestad administrativa
sancionatoria: el principio de proporcionalidad y su vincularidad a esta actividad
administrativa”18.

7.3. De la “omisión del análisis de la culpabilidad de la infracción e indebida aplicación
de la responsabilidad objetiva en el caso bajo estudio”19, expresó que, tanto el Tribunal,
como la SSPD, se abstuvieron de efectuar dicho análisis. Agregó que ambas entidades
se centraron en establecer una supuesta vulneración del reglamento de operación del
mercado eléctrico mayorista y, a partir de eso, derivaron una sanción
desproporcionada. Aseveró que imponer una sanción sin haber determinado la
afectación a los usuarios vulneraba gravemente los principios de legalidad y
presunción de inocencia, así como los artículos 29 de la Constitución Política, 3 del
CCA y 3 del CPACA.

Anotó que, conforme a lo previsto en la sentencia C-089 de 2011, emitida por la Corte
Constitucional, la responsabilidad objetiva debe estar consagrada expresamente por
el Legislador y únicamente ha sido avalada por esa Corporación Judicial para casos
excepcionales. Refirió que, en el presente asunto la SSPD estaba aplicando de forma
indebida esa clase de responsabilidad, dado que la conducta no encajaba dentro de
ninguno de los supuestos dispuestos en la citada sentencia para la procedencia de la
misma. Agregó que, a pesar de la sanción tenía un carácter eminentemente monetario,
lo cierto era que la cuantía que fue impuesta era claramente excesiva, por lo que
estaba afectando sus derechos económicos.

Expuso que la SSPD presumió la afectación de los usuarios sin tener pruebas que
acreditaran la ocurrencia de dicho hecho, basándose únicamente en el régimen de
responsabilidad objetiva, el cual no era aplicable en este caso. Refirió que, en los actos
enjuiciados, se trasladó a la empresa la carga de probar la existencia de la afectación,
lo que contraviene tanto la competencia de la accionada como lo señalado en el inciso
11 del artículo 3 de la Ley 142 de 1994. Indicó que, a pesar de esto, en el trámite
administrativo se comprobó que no hubo perjuicio a los usuarios, como se observa en

18
Visible a folio 679 del Cuaderno del Tribunal.
19
Visible a folio 680 del Cuaderno del Tribunal.

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las constancias adjuntas al libelo introductorio, en las que éstos manifiestan que jamás
han experimentado una disminución o suspensión de los servicios prestados por la
sociedad.

Arguyó que, si se hubiera aplicado una limitación en el suministro en su contra,
Electricaribe, en calidad de operador de la red eléctrica para esa zona del país, debía
seguir el procedimiento establecido en el artículo 9º de la Resolución CREG 116 de
1998, lo cual no ocurrió en este caso.

Adujo que, por ende, los actos demandados infringieron su derecho al debido proceso
porque no analizaron el elemento subjetivo de la culpabilidad, al no determinar el grado
de culpa o dolo que le era atribuible, circunstancia que era contraria a lo señalado por
la Corte Constitucional en sentencia C-545 de 2007.

Aseveró que, por ende, las decisiones enjuiciadas incurrieron en falta de motivación,
aspecto este último que sustentó con base en una sentencia del 6 de abril de 2011,
emitida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en un
proceso cuyo radicado no identificó, dado que existió un yerro en la interpretación de
las normas que otorgan la competencia sancionatoria de la SSPD y se le aplicó
indebidamente la responsabilidad objetiva.

7.4. En cuanto al “error en el análisis de la proporcionalidad de la SSPD”20, acotó que,
tanto el Tribunal, como las decisiones enjuiciadas, se limitaron a afirmar que la sanción
era adecuada debido a la comisión de las infracciones por parte de la empresa y la
supuesta generación de riesgo para el funcionamiento de la energía eléctrica, dejando
de lado el análisis de las reglas y principios que debe observar toda entidad
administrativa al dosificar una sanción.

En ese sentido, sostuvo que, además de los criterios de graduación mencionados en
el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, esto son, el de naturaleza y gravedad de la falta,
en el libelo introductorio se mencionaron otros que están contenidos en el artículo 50
del CPACA y en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que son aplicables al caso
en concreto, saber: i) la generación de un peligro a los intereses jurídicamente

20
Visible a folio 685 del Cuaderno del Tribunal.

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tutelados por el reglamento de operación del mercado eléctrico mayorista, ii) la
reincidencia, y iii) la capacidad económica del condenado.

7.4.1. Frente al primer criterio, iteró que la SSPD simplemente presumió el daño sin
demostrar si la transgresión a las normas del mencionado mercado podía poner en
peligro la prestación del servicio público. Arguyó que, aunque la demora en la
constitución de garantías haya sido prolongada, no se podía poner en riesgo el
funcionamiento del servicio de energía ni el mercado en sí. Aseveró que este criterio
debía analizarse desde la perspectiva de la antijuricidad material, y que era necesario
probar la efectividad de la lesión causada por su conducta.

Anotó que, conforme con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
lo efectivo es lo real y verdadero, por lo tanto, era válido entender que el riesgo al
mercado de energía mayorista debió ser verificado y no ser simplemente formal o
aparente, so pena de desatender el deber de motivación contemplado en el inciso 11
del artículo 3º de la Ley 142 de 1994.

7.4.2. En relación con el segundo criterio precisó que, en la decisión de primera
instancia, se desconoció por completo el concepto de reincidencia establecido en la
jurisprudencia constitucional. Destacó que ello solo aplica cuando se han impuesto
sanciones similares, esto es, en caso de que hubiera incurrido en infracciones al
reglamento de operación del mercado mayorista, lo cual no sucedió en este asunto.

Además, afirmó que esa empresa no había sido objeto de investigación o sanción de
tipo civil o administrativo con motivo del incumplimiento de alguna de las actividades a
su cargo.

7.4.3. Sobre su capacidad económica, manifestó que ésta debe medirse por el flujo de
efectivo y no la utilidad, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencia C-194 de 2005.

Así las cosas, reiteró los argumentos mencionados sobre este punto en la demanda,
concernientes a su flujo de efectivo es pequeño y que el monto de la multa hace
prácticamente imposible que esa entidad pueda pagar y cumplir con las obligaciones
propias de su objeto social.

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7.4.4. Expuso que la SSPD omitió cualquier análisis de proporcionalidad o juicio de
necesidad, dado que no se motivó por qué la multa era la más adecuada en este
asunto y por qué no otro tipo de sanciones. Anotó que, de haberse efectuado ese
análisis, se habría concluido que debía simplemente amonestarse a esa sociedad.

7.4.5. Finalmente, en el “error en la apreciación de las pruebas aportadas por la
demandante”21, destacó que las certificaciones que aportó al plenario no fueron
estudiadas adecuadamente, pues su objetivo era comprobar que la conducta
endilgada a esa empresa carecía totalmente de antijuricidad, dado que no generó
algún daño en el funcionamiento del mercado de energía, ni en la prestación del
servicio o a sus usuarios, más no para desvirtuar los supuestos reiterados
incumplimientos, como equivocadamente entendió el Tribunal.

Expuso que la adecuada valoración del material probatorio constituía una vía de hecho
por defecto fáctico y vulneraba su derecho al debido proceso; por ende, como esa
empresa probó que no cometió ningún perjuicio, la SSPD no podía hacer uso de su
facultad sancionatoria.

7.4.6. En consecuencia, pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y se
condene en costas a la parte vencida.

VII. TRÁMITE DE LA APELACIÓN

6.1. Dentro del término del traslado para alegar de conclusión, la SSPD reiteró los
argumentos expuestos en su respectiva intervención22.

6.2. Por su parte, CES. S.A. E.S.P., reiteró los reparos expuestos en el recurso de
alzada y añadió los que se sintetizan enseguida:

6.2.1. “La sentencia del ad-quo no tuvo en cuenta que las Resoluciones No.
2011240003685 y Resolución No. 2012240019975 de la Superintendencia de

21
Visible a folio 691 del Cuaderno del Tribunal.
22
Visible a folios 28 a 30 del Cuaderno Principal.

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Servicios Públicos se emitió infringiendo las normas en que se debería fundar”23,
mencionó que las decisiones enjuiciadas se fundamentaron en lo previsto en los
artículos 168 de la Ley 142 de 1994, 25 de la Ley 143 de 1994, 4 de la Resolución
CREG 054 de 1994, literales i) y d) del artículo 6 del Resolución CEG 024 de 1995, sin
que ninguna de esas disposiciones establezca como conducta sancionable la demora
en el pago de facturas y los ajustes por concepto de transacciones de energía, así
como la tardanza en el pago y prestación de mecanismos a favor del administrador del
sistema de intervención de intercambios comerciales, para cubrir el pago de todas las
obligaciones en dicho mercado.

Así, aseveró que la conducta sancionable no estaba contenida en ninguna norma legal.
Agregó que, inclusive, si los artículos 79.1., 168 de la Ley 142 y 25 de la Ley 143 de
1994 fueran normas en blanco que señalan que todos los agentes del mercado de
energía deben someterse al reglamento de operación, lo cierto era que dicho
reglamento debía describir la conducta objeto de sanción.

En consecuencia, no podía imponérsele ninguna multa con base en conductas que no
estuvieran tipificadas so pena de desconocer el principio de reserva legal y los artículos
6 y 29 de la Carta Política.

Agregó que se vulneró su principio de inocencia, dado que se la sancionó sin
determinar su grado de culpabilidad, esto es, que haya obrado con la intención de no
pagar las sumas del mercado eléctrico mayorista o con negligencia de dicho pago. Por
el contrario, acreditó que su intención siempre fue la de pagar y que ello ocurrió.

6.2.2. De otro lado sobre “la sentencia del ad-quo no tuvo en cuenta que la
Superintendencia dictó el acto mediante una falsa motivación"24, insistió en que
ninguna disposición atribuía a la extemporaneidad en los pagos una conducta
sancionable. Dijo que el a quo no valoró si los motivos invocados en las decisiones
enjuiciadas eran ilícitos o ilegales, máxime cuando en el procedimiento sancionatorio
no se desvirtuó su presunción de inocencia, pues que ello exigía un juicio de
culpabilidad; esto es, que su conducta sea intencional y negligente, circunstancia que
no ocurrió.

23
Visible a folio 31 del Cuaderno Principal.
24
Visible a folio 34 del Cuaderno Principal.

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6.2.3. En relación con “la sentencia del ad-quo no tuvo en cuenta que la
Superintendencia dictó el acto con desviación de las atribuciones propias”25, anotó que
en los actos enjuiciados se trasgredieron los principios de legalidad, inocencia y
tipicidad, ya que la SSPD no describió ninguna norma ni adecuó la conducta
sancionable a alguna disposición jurídica, ni efectuó un juicio de culpabilidad. Con base
en esos mismos argumentos, fundamentó el cargo que versa sobre “existencia de la
falta de competencia de la SSPD por sancionar a la comercializadora del Sinú S.A.
E.S.P.”26

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes.

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 34 y 36, de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia,
así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo
080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

7.2. Hechos

7.2.1. A través de las resoluciones Nro. SSPD -20112400036185 del 17 de noviembre
de 2011, la SSPD sancionó a CES S.A. E.S.P. con una multa de doscientos veintiséis

25
Visible a folio 36 del Cuaderno Principal.
26
Ibídem.

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millones quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos pesos ($226,558,800.00). Dicha
decisión fue confirmada por medio de la Resolución Nro. SSPD -20112400036185 del
2011-11-17, emitida por la entidad demandada.

7.2.2. En contra de esas decisiones la actora interpuso la demanda de la referencia.

7.2.3. Por medio de sentencia calendada el 11 de abril de 2014, la Subsección “A” de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones
de la demanda.

7.2.4. Inconforme con esa decisión la parte actora interpuso recurso de alzada.

7.3. Planteamiento

La Sala advierte que las partes concuerdan en que, mediante los actos demandados,
la SSPD multó a CES S.A. E.S.P. por incumplir con sus obligaciones en el mercado
de energía eléctrica mayorista.

Ahora, discuten en relación a si la decisión de primera instancia es incongruente, ya
que, según la actora, esto ocurrió porque en la decisión recurrida se analizaron
aspectos que no fueron objeto de discusión, tales como: (i) la vulneración del
reglamento de operación del citado mercado, y (ii) el desconocimiento al principio al
non bis in ídem.

También se discute si la SSPD tenía facultades para sancionar a la empresa en
cuestión. La recurrente sostiene que la SSPD no tenía competencias para imponer la
sanción, argumentando que los artículos 11, 79.1 y 81 de la Ley 142 de 1994 sólo
autorizan a esa Superintendencia a tomar decisiones de esta índole cuando haya un
perjuicio directo e inmediato a los usuarios, sin que esto último se haya acreditado en
el presente asunto. Por otro lado, el Tribunal considera que la SSPD sí tenía la
autoridad para imponer la multa a la empresa accionante, dado que esa sociedad
incumplió con sus obligaciones en el mercado de energía mayorista, lo que la
habilitaba para sancionarla, en virtud de lo previsto en el artículo 81 de la Ley 142 de
1994.

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Asimismo, se discute si la multa impuesta era proporcional y razonable. La recurrente
argumenta que no lo era, ya que en los actos demandados no se analizaron los
criterios de graduación previstos en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 ni los
contenidos en el artículo 50 del CPACA, máxime cuando: (i) no se demostró que se
haya causado un perjuicio a los usuarios del servicio público, (ii) esa empresa no era
reincidente, y (iii) su flujo de efectivo no era suficiente para pagar la multa y continuar
desarrollando su objeto social. En contraposición, el Tribunal sostiene que la multa se
ajustaba a los parámetros del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, ya que esa sociedad
cometió reiterados incumplimientos que llevaron al inicio del procedimiento de
limitación del suministro de energía, no se desacreditó la ocurrencia de los hechos
sancionables, y expuso que, si bien la actora tiene un activo corriente reducido, lo
cierto es que esa suma no se traduce en sí misma en utilidades netas o en sus
movimientos financieros periódicos.

Entre tanto, CES S.A. E.S.P. reprocha que se dio una indebida valoración de las
certificaciones que aportó al plenario, pues su objetivo era acreditar que la conducta
incriminada a esa empresa carecía de sustento y no pretendía desvirtuar con ellas los
supuestos reiterados incumplimientos en el mercado mayorista de energía, como
erróneamente entendió el fallador de primera instancia.

De otro lado, se evidencia que la recurrente añadió con la alzada los siguientes cargos:
(i) que los actos enjuiciados y el Tribunal omitieron efectuar un análisis de la
culpabilidad en su conducta y la sancionaron aplicando la responsabilidad objetiva,
todo ello en contravía de los principios de legalidad, presunción de inocencia, 3 del
CCA y 3 del CPACA, así como de lo señalado en las sentencias C-545 de 2007 y C-
089 de 2011 emitida por la Corte Constitucional. Igualmente, (ii) expresó que, por esa
misma razón, los actos demandados estaban viciados de nulidad al estar falsamente
motivados, y (iii) indicó que en la decisión impugnada no se mencionó la razón de por
qué la multa era la más adecuada en lugar de otro tipo de sanciones, como la
amonestación.

Asimismo, la accionante en el escrito de alegatos de conclusión en esta instancia,
adicionó los cargos concernientes a la vulneración de los artículos 6 y 29 de la Carta
Política y al principio de reserva legal, dado que la conducta que le fue reprochada no
era sancionable en ninguna disposición jurídica. Igualmente, refirió que se vulneró su

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principio de inocencia, dado que se la multó sin establecer su grado de culpabilidad.
Por las anteriores circunstancias, expuso que las decisiones enjuiciadas eran nulas
por infracción de normas superior, falsa motivación, desviación de las atribuciones
propias de la entidad accionada y falta de competencia.

En consecuencia, la Sala procederá a analizar la controversia en los siguientes
términos:

7.4. De la controversia sobre la congruencia

En este punto, se tendrá que determinar si es incongruente la sentencia de primera
instancia, teniendo en cuenta que, en criterio de la demandante, se analizaron
aspectos que no fueron objeto de debate.

Para definir tal aspecto es preciso señalar que, de acuerdo con el artículo 281 del CGP,
aplicable por la remisión expresa de que trata el artículo 306 del CPACA27, un fallo es
congruente cuando está en consonancia, entre otros, con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda. La primera norma en cuestión es del siguiente
tenor:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)” (Subrayas de la Sala).

En ese orden, el citado principio tiene por objeto garantizar el derecho al debido
proceso de las partes, de manera que las mismas tengan certeza que en la sentencia
únicamente sean abordados aspectos relacionados con los hechos y pretensiones
aducidos en la demanda y su contestación, así como en las demás oportunidades
procesales previstas en el ordenamiento jurídico.

De ahí que, para dirimir si un fallo es incongruente, el Juez deba analizar si en dicha
providencia existió un pronunciamiento expreso sobre el objeto del litigio, esto es, que
se haya resuelto lo pedido en las pretensiones de la demanda. Asimismo, debe

27
“Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”

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evaluarse si en la sentencia se abordó la causa petendi de la litis, la cual, valga señalar,
se encuentra integrada por los hechos y fundamentos de derecho que fueron
invocados por las partes en sus respectivas intervenciones.

Bajo tal contexto, se pasará a definir cuál era el objeto del litigio y si la sentencia de
primera instancia dio respuesta. Igualmente, se hará lo propio con la causa petendi y
los argumentos traídos en el fallo recurrido.

7.4.1. Del objeto del litigio

Pues bien, de la revisión de libelo introductorio, lo que advierte la Sala es que la
empresa accionante pretende la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nro.
SSPD 20112400036185 del 17 de noviembre de 2011 y 201240019975 del 29 de junio
de 2012, por medio de las cuales la SSPD impuso una sanción a CES S.A. ES.P. por
una cuantía de doscientos veintiséis millones quinientos cincuenta y ocho mil
ochocientos pesos ($226,558,800.00). A su vez, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó la reparación de los daños causados a esa sociedad.

Ahora, se observa que la sentencia de primera instancia sí se pronunció expresamente
sobre dichas peticiones, dado que las negó, al encontrar que los actos censurados se
ajustaban al orden jurídico. En efecto, la parte resolutiva del fallo impugnado dispuso:

“PRIMERO: NIÉGESE la solicitud de nulidad de las Resoluciones SSPD
20112400036185 de 17 de noviembre de 2011 y SSPD 20122400019975 de 29
de junio de 2012, expedidas por el Superintendente Delegado para Energía y Gas
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS -
SSPD, por las razones señaladas en la presente providencia.

SEGUNDO. - NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda

TERCERO. - Por Secretaria, DEVUELVASE a la parte actora el remanente de los
gastos de proceso, previa liquidación.

CUARTO. - CONDENASE en costas a la parte demandante; consecuencia, por
Secretaria, LIQUIDANSE las costas procesales, de conformidad con la parte
motive de esta decisión.

QUINTO. - ARCHIVESE, previa ejecutoria.”28 (Subrayas de la Sala).

28
Visible a folios 668 y 669 del Cuaderno del Tribunal.

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7.4.2. De la causa petendi

7.4.2.1. En este punto, como se observa en los antecedentes del libelo
introductorio, la solicitud de anulación estuvo sustentada en los siguientes cargos:

(i) La SSPD carecía de competencia para sancionarla, toda vez que, con su
incumplimiento a las obligaciones en el mercado de energía mayorista, CES S.A.
E.S.P. no causó una afectación directa e inmediata a usuarios determinados, de modo
que se infringió el principio de tipicidad y lo previsto en el artículo 79 de la Ley 142 de
1994.

(ii) Se desconocieron los principios de proporcionalidad y razonabilidad, así como
lo señalado en los artículos 81.2. de la Ley 142 de 1994 y la Ley 1437 de 2011, ya que
la SSPD se abstuvo de analizar criterios para la graduación de la multa, tales como: (i)
la existencia de un daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados, (ii) la reincidencia
en la sanción, y (iii) la capacidad económica del infractor.

7.4.2.2. Así, frente al primer cargo, el Tribunal negó los reproches del libelo
introductorio esgrimiendo las siguientes razones:

“PRIMER CARGO: FALTA DE COMPETENCIA PARA SANCIONAR. LA SSPD
NO TIENE PORQUE SANCIONAR SI NO SE HA AFECTADO A LOS USUARIOS
DEL SERVICIO.

(…)

De las anteriores actuaciones, es fácil determinar que la empresa prestadora del
servicio público y ahora demandante no cumplió con sus obligaciones de pagar y
presentar sus garantías dentro de los términos previamente establecidos, lo que
conllevarla o se tradujo en una afectación en el normal desarrollo del mercado
energético, el que debe funcionar como un engranaje y por ende, el mal
funcionamiento o la inapropiada operación de alguno de los agentes del mercado,
como en el caso de la actora, implica, sin hesitación alguna, que puede haber una
inestabilidad en la operación y en la prestación del servicio, y en consecuencia una
afectación a los usuarios.

4°. Ahora bien, el punto central de este primer cargo es el referente a que, a juicio
de la sociedad demandante, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS - SSPD no contaba con competencia para sancionarla, porque
en su criterio no hubo una afectación a los usuarios del servicio.

En atención a lo anterior, sea del caso, en primer lugar advertir que la disposición
normative de atribución de competencia contenida en el numeral 79.1 del artículo
79 de la Ley 142 de 1994, no puede interpretarse de forma aislada y parcializada,

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por cuanto su análisis y aplicación debe efectuarse sistemáticamente con todas y
cada una de las normas que regulan la materia, en especial la facultad con que
cuenta la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS -
SSPD para imponer sanciones a quienes violen las disposiciones jurídicas a las
que se encuentran sometidos.

Así, es claro que la sociedad COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A.
ESP - CES S.A. ESP tiene el carácter de ser un agente del mercado energético
mayorista, y por tanto, se encuentra sujeto al cumplimiento de una serie de normas,
en especial al Reglamento de Mecanismos de Cubrimiento para las Transacciones
en el Mercado de Energía Mayorista, y las Resoluciones que sobre el tema expida
la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG

En ese entendido, es del caso advertir que la actora de ninguna forma esta
desvirtuando la comisión de las acciones sancionables, sino que tan solo se limita
a argumentar que sus actuaciones no tuvieron una Incidencia directa a los usuarios
del servicio. Este argumento carece de todo fundamento jurídico, habida cuenta
que, como ya se explicó en precedencia, el buen o mal funcionamiento del MEM
tiene una afectación o beneficio en la prestación del servicio público de energía
eléctrica y por ende en el usuario final.

Sobre esta situación, resulta totalmente relevante advertir que la misma sociedad
COMERCIALIZADORA ELECTRICA DEL SINU S.A. ESP - CES S.A, ESP en su
escrito de demanda, reconoce la comisión de los hechos sancionables, tal es el
caso de su afirmación que “una cosa es la obligación directa, la cual es cumplir con
el pago de las transacciones comerciales que resultaren de su actuación en el
Mercado de Energía Mayorista y que CES S.A. ESP cumplió tardíamente (...)”
(se resalta), o que “este supuesto incumplimiento hace referencia únicamente a la
tardanza en la constitucion de las garantías que la demandante adquiere para
respaldar las obligaciones contraídas con XM S.A. ESP, que si bien es cierto,
podría constituir una infracción al reglamento de operación según la Resolución
CREG 116 de 1998, no se puede afirmar tajantemente que esto conlleve
directamente al incumplimiento de obligaciones directa o inmediatamente
relacionadas con la prestación del servicio a los usuarios en la medida en que se
llegaren a ver afectados”.

Las anteriores afirmaciones son totalmente inaceptables para esta Sala de
Decisión, pues con ellas tan solo quiere ponerle un matiz de “aceptabilidad” a las
conductas sancionadas, las que claramente fueron cometidas por la ahora
demandante, pero que pretende ser acusadas de nulidad con el argumento que la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD no
contaba con competencia para sancionar porque a su juicio no hubo una afectación
al servicio, olvidando claramente que la prestación del servicio público de energía
eléctrica debe entenderse como un todo, y no de forma aislada como lo quiere la
demandante.

En consecuencia, para esta Corporación no hay duda que la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD si
contaba con competencia para imponer sanciones, al encontrar que un agente del
MEM incumplió con una o varias normas a las que se encontraba sujeto para la
prestación de un servicio público, pues tal entidad funge como la entidad
encargada de ejercer el control, vigilancia e inspección en esta materia.

Así las cosas, se insiste en que la sociedad actora de forma alguna desvirtúa la
comisión de los hechos sancionables, sino que solo cuestiona la facultad de la
entidad demandada para imponerle una sanción, y por tanto, ante la carencia de

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soporte jurídico y factico en este primer cargo de nulidad, el mismo no prospera.”29
(Subrayas de la Sala).

De este modo es claro que el Tribunal concluyó que, conforme a lo previsto en el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994, la SSPD sí tenía competencia para sancionar a la
actora, pues bastaba que ésta incumpliera con alguna de las normas a las que se
encontraba sujeta, como lo son, las disposiciones concernientes al mercado de
energía mayorista, para habilitar las facultades correccionales a cargo de la entidad
accionada.

7.4.2.3. De otro lado, respecto del segundo cargo en la sentencia recurrida se
expuso:

“Conforme se anticipó al momento de resolver el primer cargo de nulidad, el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994 le otorga a la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD la facultad de imponer
sanciones a violen las normas a las que deben estar sujetos. En el presente
asunto, se tiene que mediante las Resoluciones demandadas, dicha entidad le
impuso a la actora una sanción en cuantía de $226,558,800 por incumplir en
condiciones de tiempo, modo y lugar, sus obligaciones frente al ASIC, según las
normas a las que estaba sometido, en especial las previstas en el artículo 168 de
dicha Ley, el artículo 25 de la Ley 143 de 1994, el artículo 4 de la Resolución CREG
054 de 1994, literales d, h, I y j del articulo 6 y el artículo 22 de la Resolución CREG
024 de 1995, el artículo 2 de la Resolución CREG 019 de 2006, y los artículos 1,
11 y 12 del Anexo de la Resolución CREG 086 de 2006, relacionados con el pago
y presentación de garantías y mecanismos de cubrimiento ante el ASIC, y el pago
de facturas y ajustes por conceptos de transacción de bolsa

Así, encontrándose como cierta la comisión del hecho sancionable, pues se
recuerda que en este proceso judicial no se discutió su realización, esta Sala de
Decisión encuentra que la entidad demandada al momento de imponer la sanción
dio legal aplicación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la
misma.

En efecto, sea del caso advertir que la limitación en la prestación del servicio o el
cobro de intereses de mora, tan solo constituyen actuaciones legales del ASIC, las
que se encuentran previstas en las normas que regulan la materia, que de ninguna
forma sustituyen las sanciones legales contenidas en la Ley de servicios públicos.

También debe recordarse que la sociedad actora no desvirtuó en esta instancia
judicial, ni en sede administrativa que hubo reiterados incumplimientos de su parte,
que conllevaron a la limitación del suministro por parte del ASIC, sino que tan solo
se limitó a aportar al expediente unas certificaciones de usuarios que dan cuenta
de una presunta no afectación en el servicio, documentos que no constituyen
prueba suficiente para desacreditar la ocurrencia de los hechos sancionables

29
Visible a folios 660 a 662 del Cuaderno del Tribunal.

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Ahora bien, si bien la parte actora sustenta este segundo cargo en que debe darse
aplicación a criterios adicionales al momento de imponerse una sanción, porque a
sus juicios la multa resulta desmedida, tales como: i) la generación de un daño o
peligro a los intereses jurídicos tutelados por el Reglamento de Operación del
MEM, ii) la reincidencia si fue objeto de sanciones anteriores, y iii) la capacidad
económica del condenado, lo cierto es que esta Corporación encuentra que aun
aplicando estos criterios adicionales, la sanción sigue manteniéndose ajustada a
los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, habida cuenta que
si hubo una generación de peligro o puesta en peligro en la operación y/o
prestación del servicio público de energía eléctrica, así como no se desvirtuaron
los acusados incumplimientos por parte de la demandante en los diversos
requerimientos efectuados por la entidad demandada, y en cuanto tiene que ver
con la capacidad económica de la actora lo cierto es que si bien pudo haber
contado, como ella dijo, con un active corriente disponible en la suma de
$12,565,000 para el año 2012, lo cierto es que esa suma no se traduce en si misma
en utilidades netas o en sus movimientos financieros periódicos.

Finalmente, se encuentra que la suma de $226,558,800, correspondientes a 423
salarios mínimos mensuales vigentes al año 2011, se encuentra enmarcada por
debajo del tope máximo de 2000 salarios establecidos en el artículo 81 de la Ley
142 de 1994, y por tanto, este segundo cargo de nulidad tampoco prospera, pues
en ninguno de los extremos de nulidad propuestos con la demanda se desvirtuó la
presunción de legalidad con que se encuentran revestidos los actos
administrativos demandados.”30 (Subrayas de la Sala).

Así, queda claro que, para el Tribunal, el monto de la sanción era acorde con los
principios de proporcionalidad y razonabilidad. Esto se debe a que la actora incurrió
en una infracción de las normas de servicios públicos que estaba obligada a acatar.
Asimismo, se precisó que dicha conducta puso en riesgo la operación y prestación del
servicio de energía y no demostró que carecía de la capacidad económica para asumir
la multa impuesta.

7.4.2.4. Lo expuesto pone en evidencia que el Tribunal en la sentencia recurrida
sí se pronunció respecto de la causa petendi, pues, como se vio, para esa autoridad,
los actos enjuiciados fueron emitidos por la autoridad competente y sí se respetaron
los principios de tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, acotó que el
montó de la multa era acorde con el tope máximo establecido en el artículo 81 de la
Ley 142 de 1994.

Ahora, se advierte que, aunque en el fallo apelado se abordaron aspectos como la
vulneración al reglamento de operación del mercado mayorista y se indicó que la
limitación del servicio o el cobro de intereses de mora no sustituían las facultades

30
Visible a folios 667 a 668 del Cuaderno del Tribunal.

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sancionatorias de la SSPD, como se vio, dichos análisis se realizaron precisamente
para dar respuesta a los cargos propuestos en el libelo introductorio.

Corolario de lo expuesto, es claro para la Sala que la sentencia recurrida no adolece
de la incongruencia de la que se acusa en la alzada, pues, como quedó en evidencia,
sí existió un pronunciamiento expreso sobre el objeto y la causa petendi del litigio; cosa
distinta es que el demandante no comparta las razones esgrimidas por el Tribunal en
la sentencia recurrida sin que por ese motivo el cargo tenga vocación de prosperidad.

7.5. De la controversia en relación con la competencia de la SSPD

Al respecto, tendrá que definirse si es nulo, por falta de competencia, el acto
administrativo por medio del cual la SSPD impuso una multa a una empresa prestadora
de servicios públicos por una infracción en el mercado de energía eléctrica, si esa
sociedad alega que la conducta sancionada no causó una afectación directa e
inmediata a sus usuarios.

Con miras a absolver dicho reparo, es menester indicar que, entre otros, la potestad
de corrección de la SSPD está supeditada a dos (2) eventos relevantes en este asunto.
El primero está especificado en el numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994,
según el cual dicha entidad está habilitada para sancionar las conductas que afecten
de forma directa e inmediata a los usuarios de los servicios públicos. El segundo se
encuentra en el artículo 81 de la misma ley, según el cual la SSPD puede imponer
multas a las empresas que desconozcan las normas a las que están sujetas.

En efecto, las normas en contexto son del siguiente tenor:

“Artículo 79. Funciones de la superintendencia. Las personas prestadoras de
servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga
sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y
vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las
siguientes:

(…)

1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte
en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones,

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siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.” (Subrayas
de la Sala).

Mientras que, el artículo 81 ibidem, prevé:

“Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios
podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las
que deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta: (…)”

Esta última facultad se refleja con mayor claridad en el numeral 7 del parágrafo del
artículo 79 ibidem, donde se expone lo siguiente respecto a las funciones del
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios:

“Artículo 79. Funciones de la Superintendencia. Las personas prestadoras de
servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga
sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, estarán sujetos al control y
vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta las
siguientes:
(…)

Parágrafo 2o. Funciones del Superintendente de Servicios Públicos
domiciliarios. Son funciones del Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios las siguientes:

(…)

7. Imponer las sanciones a quienes violen las normas a las que deben estar
sujetas, en los términos de los artículos 81 de la Ley 142 de 1994 y 43 de la Ley
143 de 1994.” (Subrayas de la Sala).

Así, contrario a lo manifestado por la actora, la competencia correctiva de la SSPD no
se encuentra limitada a que una determinada conducta afecte de manera directa e
inmediata a sus usuarios, pues, como se vio, también puede sancionar a las empresas
de servicios públicos que incumplan las normas que se encuentren en obligación de
acatar. De hecho, ese mismo entendimiento dio la Sala en proveído del 1 de noviembre
de 2019, en el que señaló lo que sigue respecto a las funciones de la entidad
accionada:

“Esta Sala considera pertinente señalar que la primera instancia parte de una
apreciación restringida en torno a la competencia de la Superintendencia de
Servicios Públicos para investigar y sancionar a las empresas prestadoras de tales
servicios, pues limitó su alcance al considerar que uno de los dos requisitos
para investigar y sancionar es que el incumplimiento de la ley o acto
administrativo que le rija, afecte de manera directa e inmediata a usuarios
determinados del servicio, que si bien se encuentra dentro de sus

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competencias sancionatorias en el numeral 1 del artículo 79 de la Ley 142 de
199431, no es la única norma que le confiere potestad sancionatoria a la
Superintendencia.

Sobre el particular, en sentencia de 17 de mayo de 2018 de esta Corporación 32, en
un asunto similar, refiriéndose a la función establecida en el numeral 1 del artículo
79 de la Ley 142 de 1994, precisó lo siguiente:

«[…] consagra una de las principales funciones que le corresponde a la SSPD,
entidad que obra como autoridad de origen constitucional por cuyo intermedio son
ejercidas las atribuciones presidenciales de control, inspección y vigilancia de los
prestadores de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el artículo
370 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 75 de la Ley 142
de 199433 , las cuales, “son una de las facetas de la intervención estatal en
servicios públicos y, además, una de las formas de expresión de la función de
policía que en esta materia se reservó el Estado para asegurar que los servicios
públicos cumplan la finalidad social que la Constitución Política les asigna,
garantizando la prestación eficiente de los mismos a todos los habitantes del
territorio nacional y la protección efectiva de los derechos de éstos en su calidad
de usuarios de dichos servicios34.”

Ahora bien, la Sala debe advertir que lo anterior no delimita el marco de
atribuciones que en virtud de la Ley detenta la entidad demandada, en efecto, tal
como ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 35, la Ley 142
de 1994 regula las funciones de control y vigilancia de la SSPD en materia de
servicios públicos y la habilita para imponer sanciones ante las infracciones en que
incurren sus vigilados, definiendo la potestad administrativa sancionatoria de dicha
entidad en los artículos 79 a 83 de la Ley 142 de 1994.

En este sentido, el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece las funciones de
la SSPD, dentro de las cuales cabe resaltas (sic) las siguientes que tienen relación
directa con la facultad sancionatoria:

(i) Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que
estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento
afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados, y sancionar sus
violaciones;

31
Artículo 79. Funciones de la Superintendencia. Las personas prestadoras de servicios públicos y
aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujetos de aplicación de las Leyes 142 y
143 de 1994, estarán sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son
funciones de esta las siguientes:
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos
quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a
usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia
de otra autoridad.
32
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 76001-23-31-000-2007-00465-
01
33
Artículo 75. Funciones presidenciales de la Superintendencia de servicios públicos. El Presidente de
la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios
públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta Ley, por medio de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del Superintendente y sus
delegados.
34
Consejo de Estado – Sección primera, sentencia del 10 de octubre de febrero de 2012, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, Rad. 25000-23-24-000-2004-00523-01
35
Corte constitucional M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia C-957/14

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(ii) Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de
servicios públicos y los usuarios, y sancionar sus violaciones;

(iii) Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las
quejas de los usuarios.

En el mismo sentido, el artículo 80-4 de la Ley 142 de 1994, habilita a la SSPD
también, para sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y
adecuada las quejas de los usuarios.

Por su parte el parágrafo 2 del artículo 79 de la Ley 142 de 1974, otorga a la SSPD
las siguientes atribuciones: (i) sancionar, en defensa de los usuarios y para
proteger la salud y bienestar de la comunidad, a los alcaldes y administradores de
aquellos municipios que presten en forma directa uno o más servicios públicos
cuando incumplan las normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan
de modo general, o cuando suspendan el pago de sus obligaciones, o cuando
carezcan de contabilidad adecuada o, cuando violen en forma grave las
obligaciones que ella contiene. (ii) Imponer las sanciones a quienes violen las
normas a las que deben estar sujetas, en los términos de los artículos 81 de la Ley
142 de 1994 y 43 de la Ley 143 de 1994, sobre competencia y abuso de posición
dominante.

Resulta pertinente reseñar, que el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, le otorga a
la SSPD la facultad de imponer a quienes violen las normas a las que deben
estar sujetas, sanciones como amonestación, multas, cierres de inmuebles,
suspensión de actividades, orden de separar administradores o empleados;
solicitar el decreto de la caducidad de contratos o prohibir prestar servicios, las
cuales se deben graduar de acuerdo con la naturaleza y la gravedad de la falta.

Conforme con lo anterior, es evidente que el marco de las facultades
sancionatorias de la SSPD, si bien se encuentra delimitado por la Ley, esta no lo
restringió a los parámetros del artículo 79.1., sino que las mismas se deben
concordar con las demás normas a las que se ha venido haciendo alusión […]
En el caso objeto de estudio, la Resolución SSPD – 20063400019745 de 23 de
mayo de 2006 invocó como fundamentó para imponer la sanción a UNITEL los
siguientes cargos:

(…)

La Sala evidencia que no es por el incumplimiento del numeral 1 del artículo 79 de
la Ley 142, afectar de manera directa y determinada a usuarios determinados, el
motivo por el cual la Superintendencia sancionó con multa a la sociedad actora,
como fue considerado por el a quo, sino el incumplimiento de las resoluciones
expedidas por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, actos
administrativos a los que están sujetos los prestadores de servicio.

Por lo tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios era
competente para expedir el acto acusado, pues su competencia no se
encontraba limitada a los términos del numeral 1 del artículo 79 de la ley 142
de 1994, como interpretó el a quo sino que se fundamentó en la facultades
sancionatorias de dicha entidad, consagradas en los artículos 79 a 83 de la
Ley 142 de 1994, específicamente en la competencia establecida en el artículo

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81 de la Ley 142 de 1994, relacionada con la violación de las normas a las que
deben estar sujetas.»”36 (Subrayas y negrillas de la Sala).

De este modo, es claro que la competencia correctiva de la SSPD no se limita a las
afectaciones directas a sus usuarios, sino que basta con que una empresa prestadora
de servicios públicos incumpla alguna de las normas a las que se encuentra obligada,
para que esa entidad adopte las medidas que considere de rigor.

Ello es relevante, pues pone en evidencia que la entidad accionada sí tenía facultades
para emitir las decisiones enjuiciadas, toda vez la actora no cumplió con sus
obligaciones en el mercado de energía mayorista, relativas a pagar y presentar
oportunamente sus garantías a favor del Administrador del Sistema de Intercambios
Comerciales, en los términos dispuestos en las Resoluciones CREG 054 de 1994, 024
de 1995, 019 de 2006 y 087 de 2006, aspecto éste que no fue objeto de discusión y
que de hecho, fue aceptado por CES S.A. E.S.P. en sus intervenciones.

En consecuencia, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.6. De la controversia sobre los principios de proporcionalidad y
razonabilidad

Tendrá que absolverse si son nulos, por desconocimiento de normas superiores, los
actos administrativos que sancionaron a una empresa de servicios públicos, teniendo
en cuenta que, en criterio de la recurrente, no se analizaron, entre otros, los criterios
de tasación de la multa, concernientes a: i) la generación de un peligro a los intereses
jurídicamente tutelados, ii) la reincidencia, y iii) la capacidad económica del
condenado.

7.6.1. Para resolver ese reproche, es oportuno señalar que, de acuerdo con el numeral
2 del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, la SSPD puede aplicar sanciones que,
dependiendo de la naturaleza y gravedad de la falta, pueden incluir multas
equivalentes a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales. Para la tasación de las

36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de
noviembre de 2017. Proceso radicado número 76001 23 31 000 2007 00417 01. Consejero Ponente:
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multas, a su vez, se deben atender los siguientes criterios: (i) el impacto de la infracción
sobre la buena marcha del servicio público, y (ii) la reincidencia en la conducta.

La citada disposición prevé:

“Artículo 81. Sanciones. La Superintendencia de servicios públicos domiciliarios
podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que
deben estar sujetas, según la naturaleza y la gravedad de la falta:

(…)

81.2 Multas hasta por el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales. El monto
de la multa se graduará atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio público, y al factor de reincidencia. Si la infracción se
cometió durante varios años, el monto máximo que arriba se indica se podrá
multiplicar por el número de años. Si el infractor no proporciona información
suficiente para determinar el monto, dentro de los treinta días siguientes al
requerimiento que se le formule, se le aplicarán las otras sanciones que aquí se
prevén. Las multas ingresarán al patrimonio de la Nación, para la atención de
programas de inversión social en materia de servicios públicos, salvo en el caso al
que se refiere el numeral 79.11. Las empresas a las que se multe podrán repetir
contra quienes hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la
sanción.” (Subrayas y negrillas de la Sala).

Frente a dichos criterios, esta Corporación, en sentencia del 1 de noviembre de 2019,
señaló:

“La Sala encuentra que el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 faculta al funcionario
sancionador con el fin de imponer la sanción prevista en la norma, ateniendo los
criterios que allí se establecen, esto es: i) el impacto de la infracción sobre la
buena marcha del servicio público, y ii) el factor de reincidencia.

En relación con la discrecionalidad de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para imponer la sanción, en sentencia de 10 de junio de 2014 se
señaló:

“[…] las diferentes sanciones que puede fijar la SSPD dependen de la naturaleza
y gravedad de la falta cometida. Una de las sanciones que puede imponer la
Superintendencia, cuando la naturaleza y gravedad de la falta lo amerite, es la
multa, que tiene como límite, el equivalente a 2000 salarios mínimos mensuales.
La multa debe graduarse atendiendo al impacto de la infracción sobre la buena
marcha del servicio público y a si el administrado es reincidente o no.

Así pues, al imponer cualquiera de las sanciones previstas en el artículo 81 de la
Ley 142 de 1994, la Administración actúa en ejercicio de su facultad discrecional,
que, de acuerdo con el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, implica
que la sanción sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional
a los hechos que le sirven de causa.

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En Concepto No. 5 de 7 de enero de 2009, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios precisó lo siguiente respecto a la gradualidad de las
sanciones que puede imponer con base en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994:

“[…]

3.- ¿Cómo se mide la gravedad de la falta cometida por el prestador? ¿A qué se
refiere el criterio de naturaleza de la falta? ¿Qué tipos de falta existen? ¿Cuál es
la clasificación según la naturaleza de la falta, cómo se ordenan las faltas según
su gravedad, entre qué rangos se mueve la superintendencia para imponer las
sanciones pecuniarias para cada falta?

La Ley 142 de 1994 le otorgó en el artículo 81 a la Superintendencia la
competencia de sancionar a los prestadores de servicios públicos domiciliarios o
actividades complementarias de estos, que violen las normas a las que deben estar
sujetas, fijando como criterios únicos de graduación sancionatoria los de la
naturaleza y la gravedad de la falta. Se observa que la ley no dosifica las
sanciones imponibles para cada falta, sino que faculta al funcionario
competente para evaluar en cada caso particular la naturaleza de la falta y la
gravedad de la misma.

Corresponde entonces al sancionador, determinar cuál es la sanción
adecuada y proporcional de conformidad con las circunstancias probadas
en la investigación. En otras palabras, lo que se deduce de la norma en cita
es la libertad del sancionador para evaluar la naturaleza y gravedad de la
falta, como factores de graduación de la sanción.

En tales condiciones, se tiene que la ley no contiene una dosificación de las
sanciones acorde con los tipos de faltas, sino que confiere al funcionario
competente la facultad para valorar el impacto de la conducta sobre la prestación
del servicio. No obstante, el sancionador debe hacer una valoración racional con
base en lo señalado y ceñirse a los esquemas sancionatorios establecidos en el
mismo artículo 81.

Por lo tanto, bajo los criterios anotados, la Superintendencia puede imponer las
sanciones de amonestación, multas, suspensión de actividades, cierre de
inmuebles, orden de separación de administradores y toma de posesión.

(…)

En esta medida, la administración cuenta con criterios generales para la
imposición de sanciones contenidos en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994,
y con criterios particulares para la aplicación de sanciones pecuniarias
establecidos en el artículo 81.2 de la misma obra, que en cierta medida
pretenden racionalizar la actividad sancionadora de la Superintendencia
evitando que ésta desborde su actuación represiva, encauzándola dentro de
un criterio de ponderación, mesura y equilibrio.

Por lo tanto, corresponderá al sancionador, en cada caso concreto, hacer una
valoración racional para determinar cuál es la sanción adecuada y proporcional de
conformidad con las circunstancias probadas en la investigación.

De acuerdo con las precisiones anteriores, toda vez que no existe una
reglamentación específica respecto a la gradualidad de la sanción, la ley faculta al
funcionario competente para evaluar, en cada caso, la naturaleza de la falta y la

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gravedad de la misma, para, de esta forma, determinar la sanción de acuerdo con
los hechos y pruebas que existan en el expediente”. (Destacado fuera de texto)

Revisado el plenario, para la Sala los actos demandados cumplieron con los
parámetros antes analizados, pues a partir de una lectura de los mismos, es
posible colegir que la Superintendencia de Energía y Gas de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios realizó un esfuerzo por describir de manera
detallada la naturaleza de las infracciones en que incurrió la sociedad demandante,
la afectación del servicio de energía eléctrica en atención a las circunstancias
específicas de la región y el factor reincidencia de la misma.37”38 (Subrayas y
negrillas del Despacho).

Visto lo anterior, procederá a analizarse si la SSPD observó los criterios determinados
en el numeral 81 de la Ley 142 de 1994, para la imposición de la multa; veamos:

7.6.1.1. En cuanto al efecto negativo en la buena marcha en el servicio para la
tasación de la multa, que el demandante denomina impacto en los bienes
jurídicamente tutelados, se evidencia que en el acto sancionatorio sí se evaluó el
anotado criterio, pues se señaló:

“Que como consecuencia de todo lo anterior, este Despacho de conformidad con
el artículo 81 de la Ley 142 de 1994, el cual preceptúa que el tipo de sanción
obedecerá a factores tales como la naturaleza y la gravedad de la falta y
atendiendo a que los incumplimientos presentados por Comercializadora Eléctrica
del Sinú -CES- S.A. E.S.P. en lo que refiere al no pago de facturación y
presentación de garantías o mecanismos alternativos de pago implicaron una
afectación clara en el mercado de energía mayorista, en la medida que se pone en
riesgo su estructura y funcionamiento tal como quedó expuesto en líneas
anteriores, procederá a imponer sanción en la modalidad de multa

Aunado a lo anterior, se debe destacar que los referidos incumplimientos fueron
los generadores del inicio del procedimiento de imitación de suministro, afectando
directa e indirectamente a agentes del mercado, usuarios, al mercado mismo y al
Administrador del SIC.

Por tal razón es que la sanción que se impone, refleja la afectación que el mercado
ha sufrido por los continuos procedimientos de limitación iniciados a esta empresa.

37
Pueden consultarse los folios 121 del cuaderno de pruebas contentito de la Resolución No. 002824
de 30 de septiembre de 2004, mediante la cual el Superintendente Delegado para Energía y Gas
impuso una sanción pecuniaria a la sociedad Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, y concedió a favor
de la Asociación de Vocales de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios de la
Costa Atlántica, el beneficio del incentivo consagrado en el Artículo 79.12 de la Ley 142 de 1994.
También puede consultarse el análisis que efectuó la Superintendencia de Energía y Gas en la
Resolución No. SSPD-20052400005615 de 31 de marzo de 2005, mediante la cual el Superintendente
Delegado para Energía y Gas resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P, y confirmó en su totalidad el contenido de la precitada Resolución
002824 de 30 de septiembre de 2004 a folios 161 a 162 del cuaderno de pruebas.
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 1 de
noviembre de 2019. Proceso radicado número: 080001 23 31 000 2006 00873 01. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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El riesgo que trae la exposición en bolsa tiene varios efectos directos e indirectos
bajo el entendido de que al congregarse en ese intercambio de información todos
los agentes que interactúan en el mercado exponiendo necesidades y capacidades
económicas y financieras, pueden resultar en empresas que cubran sus
necesidades de energía a un costo muy elevado, lo que pueda resultar en pérdidas
económicas por el ejercicio de la comercialización.

Lo anterior relacionado con los riesgos directos, los cuales son los que asume el
mismo agente por la iniciativa de transar en bolsa sus requerimientos.

Ahora bien, sobre los efectos indirectos, puede darse también la situación de que
el mercado tenga impedimentos para su buen desempeño y su dinámica no sea la
normal, debido a que uno o varios de sus miembros no cumplen con las funciones
y deberes que el mercado y la afectación de los usuarios del servicio.

La diferencia pues, entre los efectos directos e indirectos es la consecuencia de
estos; mientras que en los directos las consecuencias se da entre las partes que
han perfeccionado la transacción, en los indirectos las consecuencias son para el
mercado y los usuarios finales.

Por lo expuesto, es que la sanción debe recoger el impacto que tiene frente al
mercado. De tal manera que la empresa deba prestar una importante atención de
ahora en adelante en cumplir todas sus obligaciones, para evitar con esto que el
mercado sufra las consecuencias que puedan ocasionarse para la oferta y la
demanda que cubre.

Ahora bien, los documentos que el prestador ha arrimado no desvirtúan los
incumplimientos endilgados, en la medida que no demuestran que se hayan
cumplido las obligaciones frente al mercado, ya bien sea el de presentar y/o pagar
los vencimientos o facturas, mecanismos de cubrimiento para las transacciones y
ajustes en las condiciones de tiempo, modo y lugar que consagra la regulación”39
(Subrayas de la Sala).

Así, es claro que la SSPD encontró que los incumplimientos de CES S.A. E.S.P. en el
mercado de energía mayorista eran graves dado que ponían en riesgo su estructura y
funcionamiento. En efecto, téngase en cuenta que dicho mercado fue diseñado como
un sistema económico para la realización de transacciones de bloques de energía de
manera eficiente, segura y confiable, operando bajo un esquema de liberalización
económica dentro del marco de las reglas regulatorias establecidas por el Estado para
su correcto funcionamiento.

En ese mercado intervienen unos agentes económicos, esto son, las empresas de
servicios públicos y un Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales –
ASIC, rol que es asumido por la empresa XM40. Ahora, frente a las transacciones en

39
Visible a folios 5 a 44 del Cuaderno del Tribunal.
40
En efecto, en el artículo 1 de la Resolución CREG 024 de 1995, se indicó: “Artículo 1o.
Definiciones. Para efectos de la presente resolución, y de las demás reglamentaciones que

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el mencionado mercado, es relevante señalar que éstas pueden realizarse a través de
contratos bilaterales41 o en la bolsa de energía. Dichos negocios buscan en últimas
pactar la compra y venta de cantidades de energía según las reglas de la oferta y
demanda.

En lo que concierne a las operaciones en bolsa de energía, que son las relevantes
para este asunto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado:

“el mercado en bolsa corresponde a un escenario de disponibilidad diaria o
“mercado stop” que está supeditado a toda clase de injerencias del mercado y, por
ende, permite satisfacer las necesidades energéticas de los comercializadores,
pero bajo condiciones de precios diarios variables42, razón por la cual es un método

desarrollen aspectos relacionados con el mercado mayorista de energía eléctrica, se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones generales:
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Dependencia del Centro Nacional de
Despacho adscrita a Interconexión Eléctrica S.A. "E.S.P.", encargada del registro de los contratos de
energía a largo plazo; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos o contratos
de energía en la bolsa por generadores y comercializadores; del mantenimiento de los sistemas de
información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias
para el funcionamiento adecuado del Sistema de Intercambios Comerciales (SIC).
Agente económico. Cualquiera de las personas a las que se refiere el artículo 15 de la ley 142 de
1994.”
41
En el artículo 7 ibidem, se estableció:” Artículo 7o. Operaciones en el mercado mayorista. En el
mercado mayorista se realizan las siguientes operaciones:
a) Contratos de Energía a largo plazo: son aquellos en que generadores y comercializadores pactan
libremente las condiciones, cantidades, y precios para la compra y venta de energía eléctrica a largo
plazo.
b) Contratos de Energía en la Bolsa: Son aquellos que se celebran a través del Administrador del SIC,
para la enajenación hora a hora de energía, y cuyos precios, cantidades, garantías, liquidación y
recaudo se determinan por la presente resolución y por el acuerdo de las partes en las reglas del SIC.
c) Prestación de servicios asociados de generación de energía a la empresa de transmisión nacional
para asegurar el cumplimiento de las normas sobre calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de
electricidad.”
42
Anexo A de la Resolución 24 de 1995, expedida por la CREG: “1.1.4. Proceso de Cálculo del Precio
en la Bolsa de Energía
El precio en la Bolsa de Energía representa un precio único para el sistema interconectado en cada
período horario y, en condiciones normales de operación, corresponde al precio de oferta incremental
más alto de las plantas flexibles programadas en el despacho ideal para la hora de liquidación. Es decir,
los precios de oferta de plantas inflexibles no pueden determinar el precio de bolsa.
En condiciones de racionamiento o de intervención de los precios de oferta, el precio en bolsa se
determina por procedimientos especiales que se describen más adelante en este anexo.
1.1.4.1. Identificación de unidades inflexibles
En la declaración de disponibilidad de los generadores del día anterior al despacho, cada generador
notifica la inflexibilidad en la operación de sus unidades generadoras. Sin embargo, durante la ejecución
de la operación se puede modificar la inflexibilidad, las cuales pueden ocurrir por:
• Una unidad puede estar programada en tal forma que es incapaz de cambiar su generación para
suministrar demanda adicional incremental (variación positiva o negativa) del sistema y por lo tanto no
entra en el cálculo del Precio en la Bolsa de Energía. (Ej.: Unidades con generación restringida por
limites de exportación de áreas o por limitaciones de nivel de embalses o número de unidades en línea).
• Una unidad es inflexible cuando por sus características técnicas su generación programada en el
despacho ideal para la hora presenta limitantes que origina cambios en el programa de generación en
por lo menos una unidad de generación con menor precio de oferta.

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contractual eficiente, pero no es necesariamente un instrumento para la compra a
largo plazo de bloques de energía, por lo que reside en cada distribuidor y
comercializador ejercer eficientemente sus procesos contractuales
conforme con sus necesidades.”43 (Subrayas y negrillas la Sala).

Igualmente, debe destacarse que, para intervenir en la bolsa, los agentes, además de
pagar las deudas que contraigan, deberán presentar ante la ASIC los mecanismos que
permitan respaldar el cubrimiento de esas obligaciones en los términos de las
Resoluciones CREG 024 de 1994, 019 de 2006 y 087 de 200644.

En ese orden, es claro que los incumplimientos de la accionada eran contrarios al
andamiaje en que fue concebido el mencionado mercado, ya que con sus actuaciones
generaba incertidumbre respecto al pago de sus obligaciones, las cuales no contaban
con las respectivas garantías, circunstancia que incluso la llevó a ser merecedora de
un procedimiento de limitación del suministro de energía por parte de XM, lo que, de
haberse materializado, habría afectado directamente a los usuarios de la
demandante45.

• Una unidad es inflexible cuando por cualquier condición después del cierre del período de ofertas y
antes del período definido para reporte de información al redespacho, el generador modifica su
disponibilidad declarada para el despacho económico”.
43
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “A”.
Sentencia del 22 de octubre de 2021. Proceso radicado número: 81001 23 33 000 2014 00084 01.
Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez.
44
Sobre el particular, los artículos 20 a 22 de la Resolución CREG 024 de 1994, disponen:
“Artículo 20. Objetivos de la bolsa de energía. La bolsa de energía tiene los siguientes objetivos
principales:
a) establecer y operar un sistema de transacciones de energía en bloque que dé incentivos a
generadores y comercializadores para asegurar que se produzcan y consuman cantidades óptimas
de electricidad en la forma más eficiente posible.
b) proveer un conjunto de reglas que determinen las obligaciones y acreencias financieras de los
agentes participantes en la bolsa, por concepto de transacciones de energía y del suministro de
servicios complementarios de energía.
c) facilitar el establecimiento de un mercado competitivo de electricidad.
Artículo 21. Funcionamiento de la bolsa de energía. Las transacciones comerciales en la bolsa de
energía se evaluarán y administrarán de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos en el
Anexo A de la presente resolución.
Artículo 22. Garantías para los participantes en la bolsa de energía. El cumplimiento de todas
aquellas obligaciones de generadores y comercializadores, que se formen en el mercado
mayorista a través de la Bolsa de Energía, entre sí o respecto de los transportadores, será
objeto de garantías a favor del administrador del SIC, de acuerdo con las condiciones y
procedimientos establecidos en el Anexo C de la presente resolución.” (Subrayas y negrillas de
la Sala)
45
El artículo 2 de la Resolución CREG 1 de 2003, prevé:
“Artículo 2o. Magnitud del programa de limitación de suministro de energía en bolsa. El
programa de limitación de suministro de energía en bolsa a comercializadores y generadores
morosos, de que trata esta Resolución, será de forma continua y por una magnitud igual a la energía
no destinada directamente por el agente moroso a usuarios finales.
Parágrafo 1o. Los programas de limitación de suministro, de que trata esta Resolución, se realizarán
sin perjuicio de las acciones legales que se adelanten contra el agente moroso.

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En consecuencia, la Sala concuerda con el a quo en que los incumplimientos de CES
S.A. E.S.P. en el pago oportuno de sus obligaciones y en la presentación de garantías
que respalden dichas obligaciones en la bolsa de energía ponían en riesgo el
adecuado funcionamiento de este mercado. Por ende, es claro que sí fue observado
este primer criterio.

7.6.2. Por su parte, respecto del criterio de reincidencia, de la lectura de los actos
demandados es posible evidenciar que dicho factor fue aplicado a favor de la
recurrente. En efecto, en la Resolución Nro. SSPD -201240019975 del 29 de junio de
2012, se dijo:

“Por último, el factor de reincidencia fue verificado y enunciado de forma específica
en el acto recurrido así: “Finalmente, se atenderá por este Despacho el hecho que
la Comercializadora Eléctrica del Sinú -CES- S.A. E.S.P., no es reincidente en lo
que a esta conducta refiere, por lo que tal situación se evaluara como atenuante al
momento de imponer la sanción''. Aspecto que permite inferir que, si bien el
incumplimiento de la empresa fue repetitivo en el entendido que la sanción
obedece a incumplimiento de las obligaciones de diferentes meses, e incluso años,
también lo es que no se ha adelantado otra actuación por parte de este Despacho
relacionada con hechos similares

Aspecto que beneficia a la empresa ya que solo se hace merecedora de una
sanción por una conducta que se mantuvo de forma reiterada, dada la cantidad de
inicios de procedimientos de limitación de suministro.” 46 (Subrayas de la Sala).

De hecho, la aplicación de ese criterio puede reflejarse en el valor de la multa que le
fue impuesta a la actora, que ascendió a cuatrocientos veintitrés (423) salarios
mínimos legales vigentes mensuales (SMLVM). Lo anterior, como quiera que el
artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 autorizaba a la SSPD a imponer una sanción de
hasta dos mil (2000) SMLVM, de modo que el monto de la multa impuesta fue del
veintiuno punto quince por ciento (21.15%) del valor máximo permitido.

Parágrafo 2o. Para efectos de lo dispuesto en la presente resolución, el incumplimiento en el
otorgamiento, restitución o actualización de los pagarés, pagos anticipados y garantías, y los
depósitos semanales, se asimilarán a mora en el pago de las obligaciones.
Parágrafo 3o. Los daños y perjuicios que los programas de limitación del suministro causen a los
terceros afectados con esta medida, serán responsabilidad exclusiva del agente moroso que dio lugar
a la limitación.”
46
Visible a folios 63 a 87 del Cuaderno del Tribunal.

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En consecuencia, es claro que el citado criterio para la tasación de la sanción también
fue observado por la entidad demandada y por ende sí fueron atendidos los factores
determinados en el artículo 81.2. de la Ley 142 de 1994.

7.6.3. Ahora, en cuanto al criterio relacionado con la capacidad económica de la
actora, se advierte que éste no se encuentra establecido en el artículo 81.2 de la Ley
142 de 1994, sino que la demandante pretende su aplicación con base en lo definido
en la sentencia C-194 de 2005, emitida por la Corte Constitucional. Sin embargo, al
revisar dicha jurisprudencia, se observa que la discusión planteada allí versaba sobre
la constitucionalidad de las normas que imponen el pago de una multa a un condenado
en una acción penal para que pueda obtener la libertad condicional. Por lo tanto, lo
expuesto en dicha sentencia no constituye un precedente para este asunto, ya que sus
hechos y fundamentos de derecho son disímiles a los estudiados en este proceso

De este modo, no es procedente analizar si la capacidad económica de la accionante
podía ser tenida en cuenta para la dosificación de la sanción, dado que la fuente en la
que se encuentra el anotado criterio no es aplicable a este asunto.

7.6.4. Finalmente, respecto a los criterios contenidos en el artículo 50 del CPACA,
debe advertirse que es éstos no podían ser evaluados por la SSPD, toda vez que esa
norma apenas entró en vigencia el 2 de julio de 2012; mientras que el acto
sancionatorio fue emitido el 17 de noviembre de 2011 y la decisión que lo confirmó fue
emitida el 29 junio de 2012.

7.6.5. En suma, al no acreditarse la infracción de los principios de proporcionalidad y
racionalidad, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.7. De la controversia sobre la indebida valoración de las certificaciones
aportadas al plenario

En este punto, tendrá absolverse si el Tribunal dio una indebida valoración de las
certificaciones aportadas al plenario, teniendo en cuenta que, en criterio del recurrente
el a quo, equivocadamente, entendió que con ellas pretendía desvirtuar lo reiterados
incumplimientos en el mercado de energía mayorista. A efectos de absolver dicho
interrogante, tendrá que verificarse si su fundamento es cierto.

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Pues bien, en el libelo introductorio, la demandante indicó que la SSPD no podía
sancionar a la entidad demandada, ya que no se afectó la prestación del servicio
público, y como prueba de ello presentó las mencionadas certificaciones; veamos:

“En el artículo 9° de esta Resolución se establecen los pasos del procedimiento
para la realización de los programas de limitación del suministro comercializador
moroso. Programa que para el caso concrete XM (ASIC) dio inicio en el sentido
que informo el retraso de la obligación a todos los agentes inscritos en el Mercado
Mayorista y a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de que esta
entidad este informada de la posible existencia de alguna o varies de las causales
establecidas en el artículo 59° de la Ley 142 de 1994, pero nunca XM avanzó a los
siguientes pasos porque la empresa CES S.A. ESP pagó antes de termino
establecido en el literal b del artículo 9° de la Resolución CREG 116 de 1998.
Cuestión que es fácilmente verificable porque XM no hizo efectivas las garantías
que la empresa CES S.A. ESP constituyo a su favor. Hecho que además se puede
corroborar a través de las constancias, que se anexan a la presente demanda,
mediante las cuales varies usuarios de esta empresa manifiestan que jamás han
soportado una disminución o suspensión del servicio de la energía a causa de una
limitación de la energía suministrada por parte de este prestador”47 (Subrayas de
la Sala).

Por su parte, en la sentencia respecto de las citadas certificaciones se dijo lo siguiente:

“Conforme se anticipó al momento de resolver el primer cargo de nulidad, el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994 le otorga a la SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD la facultad de imponer
sanciones a violen las normas a las que deben estar sujetos. En el presente
asunto, se tiene que mediante las Resoluciones demandadas, dicha entidad le
impuso a la actora una sanción en cuantía de $226,558,800 por incumplir en
condiciones de tiempo, modo y lugar, sus obligaciones frente al ASIC, según las
normas a las que estaba sometido, en especial las previstas en el artículo 168 de
dicha Ley, el artículo 25 de la Ley 143 de 1994, el artículo 4 de la Resolución CREG
054 de 1994, literales d, h, I y j del articulo 6 y el artículo 22 de la Resolución CREG
024 de 1995, el artículo 2 de la Resolución CREG 019 de 2006, y los artículos 1,
11 y 12 del Anexo de la Resolución CREG 086 de 2006, relacionados con el pago
y presentación de garantías y mecanismos de cubrimiento ante el ASIC, y el pago
de facturas y ajustes por conceptos de transacción de bolsa

Así, encontrándose como cierta la comisión del hecho sancionable, pues se
recuerda que en este proceso judicial no se discutió su realización, esta Sala
de Decisión encuentra que la entidad demandada al momento de imponer la
sanción dio legal aplicación a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad de la misma.

En efecto, sea del caso advertir que la limitación en la prestación del servicio
o el cobro de intereses de mora, tan solo constituyen actuaciones legales del
ASIC, las que se encuentran previstas en las normas que regulan la materia,

47
Visible a folios 154 a 155 del Cuaderno del Tribunal.

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que de ninguna forma sustituyen las sanciones legales contenidas en la Ley
de servicios públicos.

También debe recordarse que la sociedad actora no desvirtuó en esta
instancia judicial, ni en sede administrativa que hubo reiterados
incumplimientos de su parte, que conllevaron a la limitación del suministro
por parte del ASIC, sino que tan solo se limitó a aportar al expediente unas
certificaciones de usuarios que dan cuenta de una presunta no afectación en
el servicio, documentos que no constituyen prueba suficiente para
desacreditar la ocurrencia de los hechos sancionables

Ahora bien, si bien la parte actora sustenta este segundo cargo en que debe darse
aplicación a criterios adicionales al momento de imponerse una sanción, porque a
sus juicios la multa resulta desmedida, tales como: i) la generación de un daño o
peligro a los intereses jurídicos tutelados por el Reglamento de Operación del
MEM, ii) la reincidencia si fue objeto de sanciones anteriores, y iii) la capacidad
económica del condenado, lo cierto es que esta Corporación encuentra que aun
aplicando estos criterios adicionales, la sanción sigue manteniéndose ajustada a
los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, habida cuenta que
si hubo una generación de peligro o puesta en peligro en la operación y/o
prestación del servicio público de energía eléctrica, así como no se desvirtuaron
los acusados incumplimientos por parte de la demandante en los diversos
requerimientos efectuados por la entidad demandada, y en cuanto tiene que ver
con la capacidad económica de la actora lo cierto es que si bien pudo haber
contado, como ella dijo, con un active corriente disponible en la suma de
$12,565,000 para el año 2012, lo cierto es que esa suma no se traduce en si misma
en utilidades netas o en sus movimientos financieros periódicos.

Finalmente, se encuentra que la suma de $226,558,800, correspondientes a 423
salarios mínimos mensuales vigentes al año 2011, se encuentra enmarcada por
debajo del tope máximo de 2000 salarios establecidos en el artículo 81 de la Ley
142 de 1994, y por tanto, este segundo cargo de nulidad tampoco prospera, pues
en ninguno de los extremes de nulidad propuestos con la demanda se desvirtuó la
presunción de legalidad con que se encuentran revestidos los actos
administrativos demandados.”48 (Subrayas y negrillas de la Sala).

De este modo, es claro que el Tribunal sí valoró las mencionadas certificaciones de
acuerdo con el análisis propuesto por la parte demandada. Sin embargo, en su criterio,
era irrelevante lo expuesto en esa prueba, ya que bastaba con que esa sociedad
hubiera incumplido las normas del mercado energético mayorista para que la SSPD
tuviera competencia para investigarla y sancionarla.

Por ende, es claro que el fundamento del cargo es erróneo, dado que el a quo, no
descartó las anotadas certificaciones por las razones expuestas en la alzada, de modo
que no tiene vocación de prosperidad.

48
Visible a folios 667 a 668 del Cuaderno del Tribunal.

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7.8. De los cargos de ilegalidad añadidos en el recurso de apelación y en el
escrito de alegatos de conclusión

De otro lado, se advierte que, con la alzada, y en el escrito de alegaciones de
conclusión en esta instancia, la demandante añadió nuevos cargos de ilegalidad en
contra de las decisiones enjuiciadas. En tal contexto, de manera previa a absolver
dichos cargos, la Sala debe resolver si es procedente que, en los escritos de apelación
y en el memorial en el que se descorre el traslado a alegar en conclusión en segunda
instancia, se incluyan nuevos cargos de nulidad en contra del acto demandado.

Sea lo primero indicar que, como se vio en los antecedentes, la actora únicamente
formuló dos (2) cargos. El primero, relativo a la falta de competencia de la SSPD para
la imposición de la sanción, dado que no se afectaron de manera directa a los usuarios
de la empresa, lo que derivó en una infracción al principio de tipicidad. Y el segundo,
relacionado a la vulneración de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en
tanto la multa no atendió los criterios indicados en el libelo introductorio para su
tasación.

Ahora, en el recurso de alzada se añadieron los siguientes reparos de ilegalidad en
contra de los actos demandados: (i) la omisión del análisis de la culpabilidad de la
infracción por parte de la SSPD, (ii) la indebida aplicación del principio de
responsabilidad objetiva, (iii) la falta de análisis en las decisiones enjuiciadas respecto
a por qué debía imponerse una multa y no otro tipo de sanciones, y (iv) la falsa
motivación de las decisiones enjuiciadas. Por su parte, en el escrito de alegaciones de
conclusión en esta instancia, se incluyeron los siguientes reproches: (v) los actos
demandados eran contrarios a los artículos 6 y 29 de la Carta Política y al principio de
reserva legal, dado que la conducta reprochada no era sancionable en ninguna
disposición jurídica, lo cual los viciaba de nulidad por desconocimiento de normas
superiores, falsa motivación, desviación de las atribuciones propias de la entidad
demandada y desviación de poder.

Así, es claro que estos reparos son novedosos, dado que no fueron planteados
oportunamente en el escrito de demanda, ni en su reforma. Esto es relevante, pues
pone en evidencia que, frente a los cuestionamientos que ahora ocupan la atención de
la Sala en este punto, la parte demandada no tuvo la oportunidad de defenderse, lo

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que impide abordar su análisis de fondo en esta sede, so pena de vulnerar las
garantías al debido proceso del extremo pasivo de este trámite.

Al respecto, en sentencia del 11 de octubre de 2019, esta Sección señaló:

“En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de lealtad
procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a la
congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión y los
argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia proferida, en
primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de apelación; se imponen
que al apelante le esté vedado exponer en el recurso de apelación hechos, cargos
y pretensiones nuevas que no hayan sido alegados en la demanda o en su
contestación. Si lo hiciere, el ad quem no puede abordar el estudio de estos nuevos
reproches, pues es su deber salvaguardar los derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa de la contraparte en el proceso”49 (Subrayas de la Sala).

7.9. De las costas

En este punto, la Sala advierte que en el numeral 4 de la parte resolutiva de la
sentencia recurrida el Tribunal condenó en costas a la parte actora.

Ahora, conforme a lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA50 y 365 del CGP51, en
especial su numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por

49
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
50
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
51
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.

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esta Corporación, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas
a la parte demandante, en la medida que no se acreditó probatoriamente su causación,
de modo que no podía imponerse una condena en ese sentido.

En cuanto a las agencias en derecho, se comprueba que la entidad demandada
intervino en el proceso por conducto de apoderado debidamente constituido; por lo
tanto, se dará aplicación al Acuerdo nro. 1887 de 2003 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, y se impondrá a su favor por este concepto y a cargo de
CES S.A. E.S.P., la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica52: i) objetivo porque no resulta de
un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que
es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto53, y ii) valorativo
porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en
la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del proceso54.

En consecuencia, se modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida en ese sentido.

7.10. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
52
Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente William
Hernández Gómez, Expediente número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, Magistrado Ponente Milton Chaves García,
número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01.
53
Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
54
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero
Ponente William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01.

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FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida el cual quedará así:

“ORDENAR a CES S.A. E.S.P., pagar por concepto de agencias en derecho en
favor de la entidad demandada, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, a cada una de ellas, según lo explicado en la parte motiva de
esta providencia.”

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 29
de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaro voto Aclara voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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