Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00552-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-00552-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-00552-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
18 de julio de 2024
Radicación: 25000-23-41-000-2013-00552-01
Demandante: H&R CARGO COLOMBIA SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-41-000-2013-00552-01
Demandante: H&R CARGO COLOMBIA S.A.S.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
• DIAN
Tesis: No hay lugar a emitir un pronunciamiento en sede de
segunda instancia cuando el recurso de apelación se
sustenta en la falta de estudio absoluta de los
argumentos de la demanda en la sentencia apelada, por
lo que no desarrolló argumentos encaminados a refutar
las conclusiones de la providencia de primera instancia,
y se comprueba que dicho planteamiento no es cierto.
En consecuencia, se confirma la decisión conforme la
cual no incurrieron en nulidad las resoluciones mediante
las cuales se ordenó el decomiso de una mercancía, tras
concluir que ésta no fue presentada en debida forma al
momento de su ingreso al territorio nacional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por
Inversiones H&R Cargo Colombia SAS en contra de la sentencia dictada
el 30 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda.
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Demandante: H&R CARGO COLOMBIA SAS
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad H&R Cargo Colombia SAS, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales2 – DIAN, en la cual formuló las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“[…] 2.1. Sea decretada la NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
contenidos en las RESOLUCIONES No. 1-03-238-421-636-1-0002829 del 04 de
junio de 2012 expedida por la DIVISION DE GESTION DE FISCALIZACION DE LA
DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTA Y LA RESOLUCION No. 03-
236-408-601-728 del 19 de septiembre de 2012 expedida por LA JEFE DE LA
DIVISION DE GESTIÓN JURIDICA DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADUANAS
DE BOGOTA ADSCRITA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
2.2. Como consecuencia en la primera declaración, se condene a LA NACION-
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES “DIAN” ADSCRITA AL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO al pago de las mismas así:
2.2.1 Por daño emergente: La suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO PESOS ($196,678,675.00) (sic), suma en que se encuentra
avaluada la mercancía decomisada como se señala en las resoluciones
aquí atacadas.
2.2.2. Por lucro cesante la suma de:
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE
($393.357.350.00) correspondiente la suma de la ganancia en venta de la
mercancía aprehendida. Suma esta que impetro sean debidamente
indexadas al momento del fallo de la decisión condenatoria con la
consabida formula financiera:
RA = RH Ind.F I Ind.l.”3
1
Folios 286 a 310 del cuaderno principal de primera instancia.
2
En adelante DIAN
3
Folio 287 del cuaderno principal de primera instancia.
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1.1.2 Hechos
1.1.2.1. El 6 de febrero de 2011 arribó al país una mercancía que venía
consignada a nombre de H&R Cargo Colombia SAS, amparada con
documento de transporte núm. MCC07864, en el cual fue descrita así:
"PAPEL, RIBBON PAPER, CAJAS CARTON ELECTRODOMESTICOS".
1.1.2.2. Según consta en el Acta de Hechos núm. 001424, el 7 de febrero
de 2011 la División de Gestión de control de Carga de la DIAN, seccional
Bogotá, realizó la verificación de la mercancía amparada con el
documento de transporte núm. MCC07864 y el manifiesto de carga núm.
1986351. La mencionada División de la DIAN inmovilizó una parte de la
mercancía relacionada en el inventario como: “fragancias, calzado,
confecciones, textiles, juguetes, maquillaje, celulares, relojes,
computadores, entre otras”, de acuerdo con las actas de hechos números
043440 y 004507 de 12 y 14 de marzo de 2011, respectivamente4.
1.1.2.3. La DIAN dispuso la aprehensión de la mercancía presentada con
documento de transporte núm. MCC07864, a través del Acta de
Aprehensión núm. 03-0435 COMEX del 12 de marzo de 2011, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1.1 del artículo 502 del
Decreto 2685 de 1999.
1.1.2.4. El 19 de mayo de 2011, la demandante formuló escrito de
objeción al acta de aprehensión, con el cual aportó la factura comercial
núm. 3915 de 30 de enero de 2011, como prueba de la operación
comercial y aduciendo que en el asunto debe aplicarse el artículo 98 del
Decreto 2685 de 1999. El 27 de julio siguiente solicitó la aplicación de
silencio administrativo positivo y que, en consecuencia, se ordenara la
continuación del trámite de importación de mercancías, bajo el
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Folios 8 y 9 del cuaderno de antecedentes administrativos.
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planteamiento de que habían trascurrido 46 días sin que la entidad
hubiere notificado el acto en el que adoptaba la decisión de fondo.
1.1.2.5. El 15 de diciembre de 2011 la DIAN emitió una Resolución por la
cual se decomisa la mercancía y negó la solicitud de silencio
administrativo positivo. Con todo, dicho acto fue revocado por un vicio en
el trámite.
1.1.2.6. El 4 de junio de 2012 la División de Gestión de Fiscalización de
la DIAN dictó la Resolución núm. 1-03-238-421-636-1000-2829, por
medio de la cual negó la solicitud de silencio administrativo positivo y
decomisó a favor de la Nación la mercancía aprehendida con el acta 03-
435 COMEX de 12 de marzo de 2011, avaluada en $196.678.675, con
fundamento en el numeral 1.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.
1.1.2.7. La demandante presentó recurso de reposición contra la negativa
de la solicitud de declaratoria del silencio administrativo positivo y
controvirtió a través del recurso de reconsideración el decomiso de la
mercancía, al tiempo en el que solicitó la práctica de pruebas. Mediante
auto 637 de 22 de agosto de 2012 esta última solicitud fue negada.
1.1.2.8. Mediante Resolución núm. 03-236-408-601-728 de 19 de
septiembre de 2012, la DIAN resolvió el recurso de reconsideración en el
sentido de confirmar la Resolución que ordenó el decomiso de la
mercancía.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte demandante indicó como vulneradas las siguientes normas:
• Constitución política: artículos 2, 23, 25, 26, 29, 58 y 209.
• Ley 1395 de 2010: artículo 114.
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• Decreto 2685 de 1999: artículos 502 numeral 1.1, 73-1, 98, 218-
i, 228, 232, 476, 502, 504, 512, 519 y 563
• Resolución núm. 4240 de 2000, modificada por la Resolución
3942 de 2009.
• Resolución No. 4048 de 2008: articulo 20.
• Resolución No. 371 de 1992: articulo 3.
Igualmente, en este acápite la demanda refirió como jurisprudencia los
fallos de 20 de agosto de 20075, 17 de agosto de 20006, 28 de junio de
20017, 5 de mayo de 20038 y de 4 de agosto de 20059. Finalmente, trajo
a colación los conceptos jurídicos de la DIAN números 009407 de 2009,
023 de 2003, 032 de 2006 y 080 de 2007, y el oficio núm. 100202208599
de 19 de julio de 2011.
La demandante fundamentó el concepto de la violación a partir de los
siguientes cargos:
1.1.3.1. ACTA DE INMOVILIZACIÓN DE LA MERCANCIA - MEDIDA
CAUTELAR DE INMOVILIZACION Y ASEGURAMIENTO DE LA
CARGA.
Explicó que en el escrito de objeción a la aprehensión formuló reproches
frente al acta de inmovilización, aduciendo que ésta debía regirse por el
artículo 73-1 de la Resolución 4240 de 2000 que se refiere a la medida
cautelar de inmovilización y aseguramiento de carga. Sin embargo, en
respuesta a dicho argumento, en el acto acusado la DIAN manifestó que
las actas de los hechos que obran en el expediente son de naturaleza
diferente a las del artículo 73-1 invocado.
Al respecto, la demandante planteó que la norma citada establece unas
condiciones generales de las actas de inmovilización, al punto en el que
5
Expediente 25000232400020010070302
6
Identificada como sentencia núm. 6042
7
Identificada como sentencia núm. 6667
8
Expediente 25000232400020000594-01 7371
9
Expediente 25000232400020000081601
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indica sus características y señala que en el evento en el que existan
inconsistencias en la identificación de la mercancía, procederá la medida
cautelar de inmovilización y aseguramiento por un plazo de 5 días y
dentro de ese término el usuario podrá presentar el soporte de la
operación comercial.
En esa medida, afirmó que la DIAN le dio un alcance falso a las actas de
inmovilización que obran en la actuación, lo que evidencia un ánimo de
encubrir a quienes faltaron a sus deberes como funcionarios al omitir
cumplir con la norma citada. Además, dijo que la norma exige, en primer
lugar, que toda inmovilización debe hacerse con un acta motivada; sin
embargo, en el acta de hechos 01424 de 7 de febrero de 2011 que dio
origen a la supuesta inmovilización, no se motivó dicho procedimiento y
ni siquiera se hizo mención a esa acción, al punto en que lo único que
permite suponer que se realizó dicha actuación es que en el acta se
ordenó “no planillar”, lo que implica que no se pueda retirar la mercancía
ante la inexistencia de planilla.
1.1.3.2. VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y VIOLACIÓN AL
CUMPLIMIENTO DE LO CONSIGNADO EN EL ARTICULO 73-1 DE LA
RESOLUCION 4240 DE 2000.
En consonancia con lo anterior, la demanda planteó que lo expuesto
implica que la actuación estuvo viciada por violación al debido proceso
porque: (i) no se motivó el acta de hechos; (ii) no se notificó el acta de
los hechos a los interesados, teniendo en cuenta que solo aparece una
firma sobre la casilla que dice transportador, sin que sea posible
determinar quién firmó; (iii) no se cumplió con el término de 5 días al que
se refiere el artículo 73-1 citado y no se valoró la factura comercial núm.
3915 de 30 de enero de 2011 que amparaba la mercancía y fue aportada
oportunamente, y (iv) los funcionarios de la división de gestión de carga
levantaron una nueva acta de hechos un mes después de elaborada la de
7 de febrero de 2011, en la que tampoco manifestaron que la mercancía
estaba inmovilizada.
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Por otra parte, refirió que en la Resolución por la cual se ordenó el
decomiso de la mercancía, la DIAN respondió la petición de aplicación del
artículo 98 del Decreto 2685 de 1999, norma que ofrece una oportunidad
para verificar los documentos que acreditan la operación comercial de
manera que pueda continuarse con la importación. Al respecto, la
demandante refirió que la DIAN indicó que los errores que no dan lugar a
la aprehensión son aquellos en los que se incurre al entregar la
información del manifiesto de carga y los documentos de transporte, por
lo que no corresponden a los errores en la descripción de la mercancía. A
juicio de la demandante, con dicha determinación la DIAN realizó una
interpretación que no tenía permitida, pues ya había sido efectuada a
través de conceptos jurídicos previos de la entidad. Además, dijo que,
para efectos de la aplicación del artículo 98, descripción e identificación
de la mercancía hacen relación a lo mismo, esto es, al hecho de describir
genéricamente la mercancía.
Con base en lo anterior, adujo que el artículo 98 impone con claridad la
obligación de no aprehender la mercancía cuando existan errores en la
identificación de la mercancía. En ese sentido, reconoció que en el
presente caso en el documento de transporte se incurrió en un error en
la identificación de la mercancía, pues en la casilla de identificación se
indicó equivocadamente “papel, cinta de papel, cajas de cartón y
electrodomésticos”. Ello obedeció a la naturaleza heterogénea de la
mercancía que impedía precisar una sola descripción; con todo, resaltó
que la mercancía sí coincidía en los aspectos como el peso y número de
bultos, lo cual permite concluir que se encontraba amparada con un
documento de transporte válido teniendo en cuenta que la identificación
o descripción genérica es tan solo uno de los 42 datos que componen el
documento de transporte. Así, insistió en que la falta de coincidencia entre
la descripción genérica y la verificación física de los artículos solo
evidencia un error en la identificación, no da lugar a desconocer que se
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encontraba respaldada por los documentos de transporte y, en todo caso,
podía ser subsanado con la demostración de la operación comercial.
1.1.3.3. LA CAUSAL INVOCADA COMO FUNDAMENTO DEL
DECOMISO - NUMERAL 1.1. DEL ARTICULO 502 DEL DECRETO
2685 DE 1999.
Explicó que en el contenido normativo del numeral 1.1. del artículo 502
se enuncian dos verbos rectores: uno que corresponde a traer mercancía
oculta, lo cual no ocurrió en el presente caso, como quiera que la
mercancía siempre fue presentada por el transportador; y el otro, que se
refiere a no presentar la mercancía a la autoridad aduanera, que tampoco
tuvo lugar, pues, según el artículo 232 del Decreto 2685 de 1999, una
mercancía se entiende por no presentada cuando carece de documento
físico y la importada por la demandante se encuentra amparada por el
documento de trasporte, guía aérea núm. MCC7864.
De lo anterior, adujo que, en su consideración, la causal invocada no
procede, puesto que el hecho de existir un error en la identificación
genérica de la mercancía no podía llevar a la conclusión apresurada de
que se está ante mercancía no presentada. A su juicio, tal entendimiento
desconoce el artículo 476 del Decreto 2685 que prohíbe la aplicación de
sanciones por interpretación extensiva de la norma.
Por lo mismo, dijo que no procedía la aprehensión de la mercancía por el
error en su naturaleza o descripción, toda vez que se presentó
oportunamente la factura que permitía evidenciar que la operación
comercial coincidía con la mercancía inmovilizada y posteriormente
aprehendida. En este punto, reprochó que en el acto acusado se hubiere
señalado que el espíritu del artículo 98 del Decreto 2685 se encamina a
subsanar los errores en la entrega de información, pero no los yerros en
la descripción del documento de trasporte. A juicio de la demandante,
dicha interpretación incumplió el artículo 20 del Decreto 4048 del 2008,
que le impone a los funcionarios de la DIAN el deber de seguir los
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conceptos jurídicos de la entidad, como lo es el concepto jurídico núm.
009407 de 2009’’, según el cual: "[…] al tenor del pronunciamiento
doctrinal transcrito es clara la improcedencia de la aprehensión cuando
en desarrollo del reconocimiento de la carga por parte de la autoridad
aduanera se encuentra que esta no fue descrita correctamente en los
documentos de viaje o describe una diferente, si con ocasión de la
diligencia son presentados los documentos que soportan la operación
comercial de la carga físicamente reconocida”10.
De otra parte, la demandante afirmó que la entidad debió tener en cuenta
el precedente jurisprudencial aplicable al momento de emitir su
decisión11, de acuerdo con el cual se debe distinguir entre la falta de
descripción de la mercancía y la deficiencia en la descripción, pues esta
última permite inferir por otros elementos del mismo documento de
transporte, si la mercancía está amparada o no.
1.1.3.4. SOBRE LA ACTUACION DE LA DIAN CON RELACIÓN A
LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ACLARACION
DEL ACTA DE APREHENSION Y LOS TÉRMINOS PARA
EXPEDIRLO.
Explicó que el artículo 504 del Decreto 2685 señala en su primera parte
que una vez definida la causal de aprehensión se deberá elaborar el acta
de aprehensión y con ella se da inicio al proceso de definición de situación
jurídica de las mercancías. Por tal razón, afirmó que es falso el
planteamiento de la demandada según el cual no se había dado inicio al
expediente, como quiera que desde el 5 de mayo fue notificada el acta de
aprehensión.
10
Folio 300 del cuaderno principal de primera instancia. En este punto, la demandante igualmente trajo a
colación el concepto jurídico 023 de 2003 y el oficio núm. 100202208 599 de 19 de julio de 2011.
11
i) sentencia del 30 de agosto de 2007, expediente No. 25000-23-24- 000-2001-00703-01, C.P. Dr. Marco
Antonio Velilla Moreno; ii) sentencia del 17 de agosto de 2000, radicado No. 6042, C.P. Dra. Olga Inés
Navarrete Barrero; iii) fallo del 28 de junio de 2001, expediente No. 6667, C.P. Dr. Manuel Santiago Urueta;
iv) sentencia del 5 de mayo de 2003, radicado No. 7371, C.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade; y v) fallo del 4
de agosto de 2005, expediente No. 25000- 23-24-000-2000-00816-01, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont
Planeta.
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Seguidamente, adujo que el parágrafo final del citado artículo indica que,
surtida la notificación del acta de aprehensión por cualquiera de los
medios enunciados en el inciso tercero del artículo 563, “empezaran a
correr los términos para adelantar el proceso de definición de situación
jurídica.” En el asunto examinado los términos empezaron a contar para
el importador a partir del 6 de mayo de 2011, fecha en la que se surtió la
notificación por estado, y no el 12 de noviembre, que fue el día en el que
la DIAN expidió un acto administrativo denominado acta aclaratoria del
acta de aprehensión. Así, resaltó que este último acto se dictó después
de que la DIAN conoció de la acción de tutela que la demandante
interpuso con el fin de que le diera respuesta a su solicitud de aplicación
del silencio administrativo positivo y 180 días después de notificada el
acta de aprehensión en debida forma.
Por lo expuesto, acusó a los funcionarios de la DIAN de fraguar una
actuación encaminada a revivir los términos para dictar el acto
administrativo definitivo, pues a raíz de la acción de tutela se dieron
cuenta de la inactividad del expediente y expidieron el acta de aclaración
con el fin de dilatar la actuación administrativa, a pesar de que ese acto
no se encuentra previsto en la normatividad aduanera.
1.1.3.5. SOBRE EL SILENCIO POSITIVO ADMINISTRATIVO
Reprochó la conclusión de la DIAN según la cual no había lugar a la
ocurrencia del silencio administrativo positivo porque se trataba de
mercancía respecto de la cual no era procedente la legalización de que
trata el artículo 228 del Decreto 2685, toda vez que, según la demandada,
la mercancía no fue presentada a la aduana en el momento de su
importación y, por ende, en la actuación no se cumplió con uno de los
presupuestos exigidos en el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 para
declararlo.
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Adujo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 512 del Decreto
2685 de 1999, modificado por el Decreto 2557 de 2007, “[...] cuando se
hubiere presentado el documento de objeción a la aprehensión o la
respuesta al requerimiento especial aduanero y no se hubieren decretado
pruebas o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera
dispondrá de cuarenta y cinco (45) días para decidir de fondo sobre la
situación jurídica de la mercancía aprehendida” y expedir el acto
administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción, la
formulación de la liquidación oficial o el archivo del expediente. Dicho
plazo se cuenta a partir del día siguiente al cual se radicó la objeción a la
aprehensión o la respuesta al requerimiento especial aduanero.
En el caso concreto, el término perentorio de 45 días para decidir de fondo
se debía contar a partir del 20 de mayo del 2011, que corresponde al día
hábil siguiente en que se radicó el escrito de objeción, razón por la cual
el vencimiento de los términos ocurrió el 27 de julio de 2011. Con todo,
la decisión de decomiso fue adoptada hasta el 15 de diciembre del 2011,
es decir, 150 días después de cumplido el término de los 45 días hábiles.
Explicó que lo dicho por la DIAN, frente a la inaplicabilidad de los artículos
228 y 502 del estatuto aduanero, no es procedente en su caso, pues las
normas se refieren a mercancías respecto de las cuales se hubiere
incumplido alguna obligación aduanera que dé lugar a la aprehensión y,
en este trámite, lo cierto es que las mercancías sí fueron presentadas a
la autoridad aduanera.
Finalmente, insistió en que la violación de sus derechos viene dada desde
el inicio de la actuación, pues la inmovilización ocurrió el 7 de febrero de
2011, la aprehensión fue realizada el 9 de marzo del mismo año, y la
notificación de acta de aprehensión ocurrió el 3 de mayo de 2011.
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II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. Admisión de la demanda
La demanda fue presentada ante la oficina de apoyo judicial para los
Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá el 28 de febrero de 2013
y le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá. Mediante auto del 12 de marzo de 2013, el despacho
judicial remitió el asunto por competencia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
Por auto del 27 de mayo de 2013 dicha autoridad judicial admitió la
demanda12 y ordenó su notificación a la DIAN, al Procurador
Administrativo Delegado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
2.2. Contestación de la demanda
La DIAN contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo
cual expuso los siguientes argumentos13:
Refirió que el decomiso se sustentó en la causal prevista en el numeral
1.1. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, aplicada en concordancia
con el artículo 232, literal d) ibidem, toda vez que la mercancía no se
encontraba amparada en el documento de transporte núm. MCC07864 y,
por ende, se considera como no presentada ante la autoridad aduanera.
Ello, por cuanto el citado documento de trasporte relaciona “STC, PAPEL,
RIBBON PAPER, CAJAS DE CARTON, ELECTRODOMÉSTICOS”, mientras
que lo decomisado corresponde a fragancias, calzado, confecciones,
textiles, juguetes, maquillaje, celulares, relojes, computadores, entre
12
Folios 326 a 329 del cuaderno principal de primera instancia.
13
Por medio de apoderado, a quien se le reconoció personería jurídica mediante providencia de 20 de febrero
de 2012. La contestación de la demanda obra a folio 349 a 364 del cuaderno principal de la primera instancia
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otros, es decir, productos cuya naturaleza no puede asimilarse a la
descrita en el mencionado documento.
En ese sentido, adujo que la causal invocada da cumplimiento al artículo
96 del Decreto 2685, modificado por el artículo 10 del Decreto 2102, que
exige que se incorpore la información de los documentos de la operación
de comercio exterior al sistema informático de la entidad, para entender
presentada la mercancía. Respecto del manifiesto de carga, la norma
exige la relación de las mercancías, entendiendo por tal no solo la
indicación de los bultos que comprenden la carga, sino la identificación
genérica de la mercancía. Con esto último, lo que pretende la Ley es que
se relacione una característica esencial de los elementos, sin
ambigüedades o imprecisiones, de manera que de su lectura se
comprenda con claridad de qué tipo de mercancía se trata, sin necesidad
de agregar minucias sobre otros elementos descriptivos.
Frente al cargo de violación al debido proceso por incumplimiento del
artículo 73-1, que la demandante funda en que, según el acta 01424 de
7 de febrero de 2011, los funcionarios ordenaron no planillar la mercancía,
sin inmovilizarla ni asegurarla por el término de 5 días al que se refiere la
norma, la DIAN señaló que la norma invocada se condiciona a la
ocurrencia de los supuestos allí señalados, esto es, que existan errores
de transcripción que correspondan a la información entregada a la entidad
a través de los servicios informáticos electrónicos sobre el manifiesto de
carga y/o los documentos de transporte.
Reseñó que el procedimiento administrativo se adelantó siguiendo las
etapas del reconocimiento de carga indicadas en los artículos 72, 73 y 73-
1 de la Resolución 4240 de 2000. Además, dijo que, si bien es cierto que
el inciso 6 del artículo 98 del Decreto 2685 indica que no hay lugar a la
aprehensión cuando la información sea susceptible de verificarse con los
documentos que soportan la operación comercial, esta verificación está
sujeta a lo previsto en el inciso 5 del mismo artículo, es decir, se
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condiciona a que se trate de la corrección de los errores a través de los
servicios informáticos electrónicos. Así, señaló que la medida cautelar de
inmovilización prevista en el artículo 73-1 de la Resolución 4240 se
encamina a que la autoridad aduanera verifique los documentos que
justifiquen los errores reportados a través de los servicios informáticos
una vez efectuado el informe de inconsistencias de que trata el artículo
98 del Decreto 2685.
Bajo el contexto anotado, la demandada resaltó que en el asunto no se
presentó la corrección de la información inicialmente reportada a través
de los servicios informáticos de la DIAN y, por ende, no era procedente
aplicar el artículo 73-1, con lo cual se desvirtúa la alegada violación al
debido proceso.
De otra parte, afirmó que, mediante acta de hechos núm. 1424 de 7 de
febrero de 2011, se realizó la inmovilización de la mercancía y se ordenó
no planillarla. A su vez, mediante actas 4330 y 4507 se indicó que la
mercancía sería trasladada al depósito para su posterior aprehensión, por
lo que quedó bajo control aduanero al encontrarse mercancía no
presentada.
Igualmente, aclaró que la doctrina invocada por la demandante no se
desconoció en los actos acusados, pues los conceptos 023 de 2003 y 9407
de 2009, aclarado mediante concepto 53401 de 2011, señalan los eventos
en los cuales es improcedente la aprehensión de mercancía al momento
del reconocimiento de la carga por errores o inconsistencias en el
manifiesto de carga, dentro del marco del artículo 98 del decreto 2685.
Frente al argumento que plantea el deber de dar aplicación a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, advirtió que las providencias
citadas decidieron acciones de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuestas contra actos en los que el decomiso se sustentó en la no
presentación de la mercancía a la autoridad aduanera, pero en aplicación
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de las disposiciones el Decreto 1909 de 1992. Es decir, los actos allí
demandados se fundaron en la norma aplicable antes de la vigencia de
los Decretos 2685 de 1999 y 2101 de 2008, y de la Resolución 7941 de
2008, que rigieron la actuación controvertida con la esta demanda. Por
ende, la DIAN no estaba obligada a seguir la jurisprudencia citada por la
demandante, en tanto no se trata de casos análogos.
Controvirtió el planteamiento según el cual no se valoró oportunamente
la factura comercial aportada por la demandante que, según el dicho de
ésta, permitía establecer la descripción de las mercancías y demostrar la
buena fe del importador. Al respecto, dijo que la argumentación reduce
el análisis del procedimiento a la simple acreditación de la buena fe exenta
de culpa en la elaboración del documento de transporte y desvirtúa la
existencia de los procedimientos previstos en la norma con ocasión del
control aduanero.
Además, resaltó que el demandante ha aceptado los errores que contenía
el documento de transporte y pretende valerse de una interpretación
acomodada del artículo 98 del Decreto 2685 para atajar el incumplimiento
de sus obligaciones, pues, en cualquier caso, se encuentra
suficientemente probado que en el asunto medió una identificación
insuficiente de la mercancía en el documento de transporte no atribuible
a la incorrecta inclusión de la información en los sistemas informáticos
por parte del transportador, lo que da lugar a tener por no presentada la
mercancía.
Finalmente recordó que, en el curso del reconocimiento de la carga, el
trasportador no corrigió ni modificó la información de los documentos de
viaje entregados a la DIAN, pese a que fue advertido de las
inconsistencias y que la oportunidad que tenía para ello se extendió hasta
antes de presentarse el aviso de llegada del medio de trasporte al
territorio aduanero nacional. Así, reiteró que los actos demandados no
violaron el principio de legalidad y que el importador no dio cumplimiento
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al trámite de introducción y presentación de mercancías, pues se
evidenciaron fallas en la identificación genérica consignada en el
documento de trasporte que daban lugar a su aprehensión y decomiso.
2.3. La audiencia inicial y de pruebas
2.3.1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437
de 2011, el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, celebró audiencia inicial
el 5 de marzo de 201414 a la cual asistieron las partes demandante y
demandada. Agotadas las etapas de saneamiento y decisión de
excepciones previas, se fijó el litigio a partir del planteamiento del
siguiente problema jurídico:
“El problema jurídico dentro de la presente acción se contrae a determinar si las
Resoluciones Nos. 1-03-238-421-636-100-2829 del 4 de junio de 2012, "por la
cual se decomisa una mercancía" expedida por la División de Gestión de
Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y 03-236-408-601-
728 del 19 de septiembre de 2012, "por medio de la cual se resuelve un recurso
de reconsideración en contra de la Resolución de decomiso -03-238-421-636-1
del 4 de junio de 2012", expedidas por la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá y la División de Gestión Jurídica, se profirieron con violación al debido
proceso y al cumplimiento de lo establecido en el artículo 73-1 de la Resolución
4240 de 2000, con violación del numeral 1.1 del artículo 502 del Decreto 2685
de 1999 (Estatuto Aduanero), e ilegalidad por parte de la entidad demandada al
ampliar términos al proferir un acto administrativo de aclaración del acta de
aprehensión”.
Seguidamente se agotaron las etapas de intento de conciliación, decisión
sobre medidas cautelares y se decidió sobre las solicitudes probatorias de
las partes.
2.3.2. Entre el 13 de mayo15, el 11 de junio de 201416 y el 10 de febrero
de 201517, se desarrolló la segunda audiencia con el objeto de recaudar
las pruebas solicitadas por las partes. En la diligencia la auxiliar de la
justicia expuso las razones y conclusiones sobre el dictamen pericial
14
Folios 375 a 380 del cuaderno principal de primera instancia.
15
Folios 395 a 397 ibidem.
16
Folios 412 a 414 ibidem.
17
Folios 453 a 456 ibidem.
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solicitado como prueba a petición de la demandante para demostrar los
daños y perjuicios. El apoderado de la DIAN objetó por error grave el
dictamen y el despacho sustanciador advirtió que la decisión al respecto
se adoptaría en la sentencia. Finalmente, corrió traslado para que las
partes y el Ministerio Público presentaran sus alegatos de conclusión.
2.4. Los alegatos de conclusión y el concepto del Ministerio
Público
2.4.1. La parte demandante, en la oportunidad procesal, presentó
alegatos de conclusión en los cuales insistió en las pretensiones expuestas
en la demanda18.
2.4.2. La DIAN presentó oportunamente sus alegatos de conclusión y
reiteró planteamientos de la contestación de la demanda19.
2.4.3. El Ministerio Público no rindió concepto dentro del presente
proceso.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia de 30 de abril de 2015 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, negó las pretensiones del
demandante20, con base en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, determinó que no prosperaba el cargo relativo a la
violación del debido proceso y de lo dispuesto en el artículo 73-1 de la
Resolución 4240 de 2000. Al respecto recordó que, según el artículo 72
de la Resolución 4240 de 2000, cuando una mercancía ingresa a territorio
18
Folio 466 a 477 del cuaderno principal de la primera instancia.
19
Folios 457 a 466, del cuaderno principal de primera instancia.
20
Folios 543 a 598 del cuaderno principal de la primera instancia.
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aduanero nacional, la DIAN puede practicar la diligencia de
reconocimiento de carga o autorizar que se expida la planilla de envío.
En el asunto bajo examen, en el acta de hechos núm. 001424 de 7 de
febrero de 2011 se indicó el número de bultos, peso y el sustento legal
de la actuación. Por ello, el Tribunal advirtió que, a pesar de que no se
hizo descripción genérica de la mercancía, ello no era razón para tener
por no motivada el acta, pues en ella consta que la mercancía quedó bajo
control aduanero, en custodia de la empresa transportadora y que la
carga no fue abierta, de lo que se desprende que quedó inmovilizada y
sería verificada posteriormente. Así, resaltó que la mercancía fue revisada
el 12 de marzo siguiente y que en el acta de hechos 004330 se reseñó la
descripción de la mercadería, así como se aclaró que una parte de ella iría
a un depósito para aprehensión. Este procedimiento se reseñó en el acta
de aprehensión núm. 03-0435 COMEX de 12 de marzo de 2011, en la que
se describió la mercadería aprehendida y la causal que lo motivó.
Con fundamento en el contexto expuesto, el Tribunal indicó que el Acta
de inmovilización, en sí misma, no está dada solo por el Acta de Hechos
núm. 001424 de 7 de febrero de 2011, sino que el proceso de verificación
de la mercancía culminó con el Acta núm. 004330 de 12 de marzo de
2011, las cuales constituyen una unidad procedimental, y a partir de las
cuales se concluye que la inmovilización de la mercancía sí se encuentra
debidamente motivada.
De otra parte, respecto a la inconformidad de la demandante según la
cual la DIAN no respetó el plazo de 5 días estipulado en el parágrafo del
artículo 73-1 de la Resolución 4240 de 2000, ni valoró la factura comercial
núm. 3915 del 30 de enero de 2011, en la que, según la accionante, se
relacionaba toda la mercancía a ser nacionalizada, el Tribunal adujo que
el parágrafo del artículo 73-1 de la Resolución 4240 de 2000 solo aplica
en los eventos en los que existen errores en la identificación de las
mercancías. Sin embargo, en el asunto examinado no se trató de una
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circunstancia así, sino que se trató de la no presentación de la mercadería
que haya arribado al territorio nacional. En consecuencia, concluyó que
no resultaba válido el planteamiento argüido.
Descartó el planteamiento sobre la falta de notificación del acta de hechos
porque, según el tenor del inciso 2° del artículo 73-1 de la Resolución
4240 de 2000, el acta se entiende notificada cuando el transportador o
agente de carga suscribe el acta de diligencia. De manera que, como en
el asunto la demandante reconoció que el acta de hechos fue firmada por
el trasportador, es claro que sí fue notificada y que no se configuró una
violación del derecho al debido proceso por el hecho de que no se hubiere
notificado el acta al representante legal de la sociedad demandante.
Además, el Tribunal insistió en que el asunto no se corresponde con el
supuesto de hecho del artículo 98 del Decreto 2685, pues la demandada
acusó a la mercancía de no haber sido presentada al no estar relacionada
en el documento de trasporte. Por esa razón, no era posible suponer que
había lugar a corregir lo que no se había identificado en el documento de
trasporte.
En segundo lugar, sobre el cargo relativo a la improcedencia de la causal
de decomiso invocada, y en cuanto a la solicitud de aplicación de las
sentencias relacionadas en la demanda, el Tribunal advirtió que dicho
planteamiento debía abordarse desde la óptica de la figura de la extensión
de jurisprudencia del artículo 102 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. Con todo,
advirtió que la norma exige que el interesado le solicite a la entidad la
aplicación de la norma y, si la solicitud es negada o la entidad guarda
silencio, debe acudir ante el Consejo de Estado para solicitar su
reconocimiento.
De otra parte, el a quo determinó que la autoridad aduanera acertó al
considerar que la mercancía inspeccionada era diferente a la descrita en
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el documento de transporte, por lo que era viable la aprehensión y
posterior decomiso, al tratarse de una conducta tipificada en el literal d)
del artículo 232 del Decreto 2685. Ello, por cuanto la mercadería que no
es susceptible de ser catalogada en la descripción genérica del documento
no puede tenerse como presentada a la DIAN. Así, en consideración a los
artículos 94 y 94-1, resaltó que en el manifiesto de carga y en el
documento de trasporte debe hacerse una descripción precisa de la
mercancía que será introducida en el territorio aduanero nacional, lo cual
no ocurrió en el asunto examinado pues se evidenció que la mercancía no
era la descrita en el documento de transporte. Por ello, el Tribunal
determinó que el cargo alegado no estaba llamado a prosperar.
A continuación, el Tribunal estudió conjuntamente los cargos que
reprochaban una dilación en la actuación administrativa y con fundamento
en los cuales la demandante planteó que debía aplicarse el silencio
administrativo positivo, pues a su juicio la DIAN debió definir la situación
de la mercancía antes de la fecha en que dictó el acto de decomiso. Al
respecto consideró que, en la medida en que el decomiso no es una
sanción, no está sujeta a las reglas de prescripción, por lo que no está
sujeto al plazo previsto en el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991.
Por otro lado, en atención al artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 sobre
el incumplimiento de términos en el procedimiento administrativo,
advirtió que lo cierto es que para que sea posible declarar el silencio
administrativo positivo se requiere que la mercancía sea legalizable, es
decir, que haya sido presentada ante la autoridad aduanera al momento
de su importación o ingreso al territorio nacional aduanero. No obstante,
como en el asunto examinado la mercancía no fue presentada a la
autoridad aduanera, no era posible su legalización y aplicaba la excepción
al cumplimiento de los términos del Estatuto Aduanero, de manera que
no había lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.
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Finalmente, frente a la objeción al dictamen pericial formulada por la
parte demandada, el Tribunal manifestó que se abstendría de resolverla
en atención a la no prosperidad de las pretensiones de la demanda.
Por lo anterior, el Tribunal determinó que no fue desvirtuada la presunción
de legalidad y condenó en costas a la parte demandante.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
La apoderada de la parte demandante interpuso oportunamente recurso
de apelación21 contra la sentencia de 30 de abril de 2015, en el cual
solicitó que se revoque la decisión adoptada, con sustento en los
siguientes planteamientos:
“[…] Revisada la sentencia emanada del Magistrado de primera instancia donde
se DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA y expone otras
consideraciones, se evidencia el nulo ANALISIS INTEGRAL de los hechos, pruebas
y alegaciones presentadas no solo por la demandante sino por el transcurrir del
proceso y sus audiencias.
Con esta falta de ANALISIS INTEGRAL se presenta una falta de motivación de la
decisión judicial conllevando a una flagrante violación al debido proceso, en donde
solo se valora someramente la norma.
El Magistrado de primera instancia se limitó a hacer un análisis basado en la
norma aduanera sin realizar el ANALISIS INTEGRAL, LA UNIDAD DE CRITERIO
JURIDICO, JURISPRUDENCIAL Y PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y
JURISPRUDENCIALES, omitió hacer un análisis de los CONCEPTOS JURIDICOS
EMANADOS POR LA MISMA ENTIDAD y que dan cuenta del actuar correcto del
demandante, No realizo, ni siquiera nombro ni tuvo en cuenta los fallos realizados
por la misma entidad en los casos similares para tener en cuenta en este proceso,
todos ellos siempre se pusieron de presente a la entidad dentro de la Actuación
administrativa y también con la demanda todo ello conllevando a una falta de
análisis integral de los componente de la demanda y motivación de la decisión
judicial.
[…]
I. SUSTENTACIÓN DE LA APELACION.
Desconoció el Magistrado de primera instancia todos y cada uno de los
argumentos planteados por la demandante ya que si se hace una revisión de la
demanda se evidencia que ni siquiera hace un pronunciamiento sobre los
argumentos planteados por esta, como se ha señalado se limitó a exponer y/o
transcribir la norma aduanera para dar como resultado una sentencia
desfavorable al demandante basada en la falta de motivación y análisis integral.
21
Folios 608 a 625 del cuaderno principal de primera instancia
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Los conceptos de la violación presentados, sustentados y probados dentro de la
presente actuación administrativa tienen toda la validez legal y jurídica ya que
fueron demostrados no solamente por la arbitrariedad legal cometida por la
Entidad sino por las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el proceso.
Dentro de toda la actuación procesal hasta los alegatos de conclusión se expuso
al Magistrado los argumentos que señalan el actuar de la Entidad y del
demandado de los cuales se deduce que la Entidad si erro (sic) en su actuación y
debía darse la NULIDAD de los actos.
Dentro de los argumentos se ha venido señalando: […]”
Seguidamente la demandante transcribió de manera integral el escrito de
los alegatos de conclusión radicados en primera instancia, en el cual a su
vez había trascrito los siguientes apartados del acápite “6. CONCEPTO DE
VIOLACIÓN”, de la demanda: “I- Acta de inmovilización de la mercancía
– medida cautelar de inmovilización y aseguramiento de la carga; II-
Violación al debido proceso y violación al cumplimiento de lo consignado
en el artículo 73-1 de la Resolución 4240 de 2000; III. Causal invocada
en el decomiso numeral 1.1. del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999;
IV. Sobre la actuación ilegal de la DIAN al pretender ampliar los términos
inventándose un supuesto acto administrativo de aclaración de (sic) del
acta de aprehensión y reviviendo términos que la ley no permite; V. Sobre
el silencio positivo administrativo”.
Luego, afirmó que de lo trascrito se podía deducir que la entidad se
equivocó al expedir los actos demandados y reprochó que todos esos
argumentos no fueron analizados en la sentencia de primera instancia,
pues la providencia se limitó a un análisis somero de la norma aduanera
y omitió los argumentos legales y constitucionales presentados.
Insistió en que el Tribunal no tuvo en cuenta el alegato sobre la unidad
de criterio jurídico frente a las decisiones de la DIAN, al punto en el que
ignoró la exposición realizada en los alegatos de conclusión sobre casos
similares en los que, al resolver el recurso de reconsideración en contra
del decomiso de mercancías, la entidad ha revocado sus actos y ha
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ordenado la continuación del trámite22. En ese punto, trascribió
igualmente el aparte de los alegatos de conclusión presentados en
primera instancia en el que se hizo el recuento de dichos casos y reconoció
que, aunque esos antecedentes administrativos no fueron solicitados
como prueba trasladada en la demanda porque fueron expedidos después
de que se radicara la demanda, son prueba de actuar de la entidad.
Finalmente, sostuvo que en la sentencia no se analizaron las demás
normas y conceptos alegadas en la demanda, que daban cuenta del actuar
del demandante y del error cometido por la entidad, a saber:
“6. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.
7. CONSTITUCIONALES:
• Artículo: 1: Estado social de Derecho
• Artículo: 2: Fines esenciales del Estado.
• Artículo: 23: Derecho a la Petición.
• Artículo: 25: Derecho al Trabajo.
• Artículo: 26: Libertad de profesión u oficio.
• Artículo: 29: El debido Proceso.
8. LEGALES:
• Decreto 2685 de 1999 numeral en especial el numeral 1.1 del artículo
502, articulo 73-1, articulo 98 modificado por el artículo 14 del Decreto
2101 de 2008, articulo 218-i, 228, 232, 476, 502, 504, 512, (modificado
por el Decreto 2557 de 2007), 519, 563, entre otros.
• Resolución 4240 de 2000 modificada por la Resolución 3942 del 2009.
• Resolución 4048 del 2008 articulo 20.
• Resolución 371 de 1992 articulo 3.
• Ley 1395 de 2010 articulo 114.
9. JURISPRUDENCIALES:
• Sentencia No. 250002324000200100703-02 Consejo de Estado.
Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno 30 de agosto de 2007.
• Sentencia No. 6042 Consejo de Estado. Consejero Ponente: Olga Inés
Navarrete Barrero 17 de agosto de 2000.
• Sentencia No. 6667 Consejo de Estado. Consejero Ponente: Manuel
Santiago Urueta 28 de junio de 2001.
• Sentencia No. 25000232400020000594-01 7371 Consejo de Estado.
Consejero Ponente: Camilo Arciniegas Andrade 5 de mayo de 2003.
• Sentencia No. 25000232400020000081601Consejo de Estado. Consejero
Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta 4 de agosto de 2005.
10. CONCEPTOS JURIDICOS DE LA ENTIDAD DIAN
• Conceptos jurídicos de la Entidad DIAN No. 009407 de 2009, 023 de 2003
032 del 2006, 080 del 2007.
• Oficio No. 100202208599 del 19 de julio de 2011 Doctora Isabel Cristina
Garces Sánchez. Directora de gestión Jurídica (E).”
22
En este punto la demandante repitió los siguientes actos mencionados en el escrito de alegatos: (i)
Resolución No. 576 del 21 de junio de 2013 Por medio de la cual resuelve recurso de reconsideración
interpuesto a Decomiso de mercancía; (ii) Resolución No. 838 del 16 de octubre de 2013 Por medio de la cual
resuelve recurso de reconsideración interpuesto a Decomiso de mercancías; (iii)
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V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador
de la primera instancia por auto del 29 de mayo de 2015. Tras ser
repartido entre los despachos de la Sección Primera, fue admitido a través
de proveído del 5 de octubre de 201523.
5.2. Mediante auto de 4 de diciembre de 201724 el despacho sustanciador
la Sección Primera del Consejo de Estado corrió traslado a las partes por
el término de diez días para que presentaran alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto. En dicha etapa se obtuvo lo
siguiente:
5.2.1. La parte demandante reiteró íntegramente los argumentos que
expuso en el recurso de apelación25.
5.2.2. La DIAN presentó escrito de alegatos en el que se opuso a la
prosperidad del recurso de apelación en los siguientes términos26:
Explicó que en el escrito de apelación no se vislumbra ningún argumento
que controvierta el análisis que el a quo efectuó en la sentencia apelada
para arribar a la decisión adoptada, ya que en el recurso el impugnante
se limitó a transcribir de manera íntegra los cinco cargos que consignó en
la demanda y que denominó concepto de violación, sin adicionar razón
alguna que sustente su dicho. A partir de ello, afirmó que la demandante
no planteó ningún argumento que permita inferir en qué se equivocó la
primera instancia, pues no rebatió ninguno de sus planteamientos ni
interpretaciones legales, ni la valoración de las pruebas en el fallo.
23
Folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.
24
Folio 9 del cuaderno principal de segunda instancia
25
Folios 34 a 48 del cuaderno principal de segunda instancia.
26
Folios 49 a 53 del cuaderno principal de segunda instancia.
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24
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Trajo a colación la jurisprudencia de esta Corporación sobre la
competencia respecto de la apelación de sentencias para decir que la
carencia de argumentos de oposición concretos, razonados y
demostrables le impiden al superior pronunciarse. Por ello, reprochó que
la demandante pretende que se realice una revisión integral de la
sentencia de primera instancia, sin que haya precisado en qué yerro
incurrió el juez, de manera que resulta improcedente que se asuma el
estudio íntegro de todos los cargos de violación pues ello sería repetir lo
que ya fue objeto de estudio y desnaturalizar la doble instancia.
Con todo, adujo que, si se aborda el estudio de fondo de la impugnación,
la entidad se atenía a la integridad de los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda y reiteró que, en todo caso, en el asunto está
demostrado que la mercancía encontrada no se describió de manera
genérica en el manifiesto de carga ni en el documento de trasporte, y que
lo que se examinó físicamente tiene una naturaleza diferente a lo que se
pretendió amparar en dichos documentos.
5.2.3. El Ministerio Público no emitió pronunciamiento.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto en segunda instancia.
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6.2. Los actos administrativos acusados
En el presente asunto, la parte actora pretende la nulidad de los siguientes
actos administrativos:
(i) Resolución 1-03-238-421-636-1-0002829 de 04 de junio de
2012. Por medio de la cual la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá ordenó el decomiso de la
mercancía de propiedad de la demandante, aprehendida mediante acta
No. 03-0435 COMEX del 12 de marzo de 2011, avaluada en la suma de
$196.678.675, tras concluir que se encontraba incursa en la causal de
aprehensión y decomiso de mercancías prevista en el numeral 1.1 del
articulo 502 del Decreto 2685 de 1999.
(ii) Resolución núm. 03-236-408-601-728 de 19 de septiembre de
2012. Mediante la cual la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá resolvió el recurso de
reconsideración formulado por la demandante en contra del anterior acto,
en el sentido de confirmarlo en todas sus partes.
6.3. Problema jurídico
De conformidad con los fundamentos del fallo de primera instancia, el
recurso de apelación formulado por la demandante y lo planteado por la
entidad demandada en los alegatos de conclusión en segunda instancia,
le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si dicho recurso fue
debidamente sustentado, al punto en el que se encuentran acreditados
los presupuestos procesales para su análisis.
De ser afirmativa la respuesta a dicho interrogante, la Sala deberá
establecer si es cierto que los actos administrativos acusados fueron
expedidos con violación al derecho fundamental al debido proceso de la
demandante, en tanto: (i) el acta de hechos no cumplió con los requisitos
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para la inmovilización de la mercancía y no se notificó debidamente a los
interesados; (ii) no se otorgó el término de 5 días que señala el artículo
73-1 de la Resolución 4240 de 2000, dentro del cual el usuario puede
presentar el soporte de la operación comercial, (iii) no se valoró la factura
comercial núm. 3915 de 30 de enero de 2011 que amparaba la mercancía
y fue aportada oportunamente, y (iv) se expidió un acta aclaratoria del
acta de aprehensión cuando ya se encontraban corriendo los términos
para la definición jurídica de la mercancía. Además, deberá determinarse
si los actos incurrieron en violación de normas superiores por: (i) haber
interpretado de forma errónea el artículo 98 del Decreto 2685; (ii) haber
ordenado el decomiso de la mercancía con fundamento en la causal del
numeral 1.1. del artículo 502 del Decreto 2685, y (iii) haber negado la
declaratoria de silencio administrativo positivo, en desconocimiento del
artículo 512 del Decreto 2685.
De acuerdo con la respuesta a lo anterior, la Sala decidirá si son nulos los
actos demandados y, en caso afirmativo, si procede la indemnización de
perjuicios en los términos solicitados por la parte actora.
6.4. Análisis del asunto
Sobre la argumentación del recurso de apelación necesaria para
que haya lugar a un pronunciamiento en sede de segunda
instancia
6.4.1. En el recurso de apelación la parte demandante planteó que en la
sentencia de primera instancia evidenciaba una ausencia de análisis
integral de los hechos, pruebas y alegatos, lo que conducía a una falta de
motivación de la decisión judicial. Afirmó que la providencia solo hizo un
análisis de la norma aduanera, de manera que omitió pronunciarse sobre
los conceptos jurídicos de la DIAN invocados y la jurisprudencia aplicable.
En suma, sustentó su recurso en la manifestación según la cual la primera
instancia desconoció todos los argumentos de la demanda al punto en el
que “ni siquiera hace un pronunciamiento sobre los argumentos
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planteados por esta, como se ha señalado se limitó a exponer y/o
transcribir la norma aduanera para dar como resultado una sentencia
desfavorable al demandante basada en la falta de motivación y análisis
integral.”.
En ese sentido, en el escrito de alegatos de conclusión presentados en
segunda instancia, el apoderado de la entidad demandada reprochó la
actuación procesal de la demandante al sustentar el recurso de apelación.
Adujo que no había lugar a emitir un pronunciamiento en sede de segunda
instancia, porque el impugnante no expuso en su recurso ningún
planteamiento concreto de oposición frente a las conclusiones del fallo de
primera instancia, en la medida en que se limitó a trascribir el sustento
de la demanda. Por esa razón, recriminó que la intención de la
demandante es que se haga un estudio íntegro de todos los cargos que
sustentan el concepto de la violación, sin haber precisado en qué yerro
incurrió el a quo al decidirlos e insistió en que la carencia de argumentos
de oposición concretos, razonados y demostrables frente al fallo de
primera instancia le impiden al superior pronunciarse.
6.4.2. Pues bien, de acuerdo con los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso -CGP, aplicables por la remisión dispuesta en el
artículo 306 del CPACA27, el objeto del recurso de apelación consiste en
que el superior estudie el pronunciamiento realizado por el juez de
primera instancia, únicamente en relación con los específicos reparos que
frente a él formula quien apela, a efectos de que, en definitiva, se
confirme, revoque o modifique la decisión adoptada.
La Ley exige que el recurrente confronte los argumentos expuestos por el
fallador de primera instancia con las razones que sustentan su
inconformidad, en orden a determinar si el sustento jurídico utilizado por
27
ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
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el juez de instancia ha sido correctamente aplicado al caso concreto y si
las pruebas han sido valoradas en debida forma.
En el mismo sentido, el artículo 247 del CPACA impone al apelante el
deber de sustentar su recurso, esto es, la carga de exponer las razones
de su inconformidad con la decisión de primera instancia. Al respecto, la
jurisprudencia ha explicado que la carga procesal que le asiste al
recurrente no se satisface indicando simplemente que discrepa de la
decisión adoptada, “y menos aún, con la simple reiteración de las razones
expuestas en el curso de la primera instancia, bien sea en la demanda o
en la contestación, en tanto que aquellas ya fueron objeto de
comprobación y debate por parte del a quo. Lo que la ley impone es que
se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de
sustento a la decisión de primer grado en aquello que se considere
desfavorable, no solo por considerarla contraria a los intereses de quien
la impugna, sino porque exista en realidad una razón por la que se
considere que lo fallado no corresponde en derecho a una decisión
acertada.”28
Por tal motivo, la competencia del superior se limita al estudio de los
planteamientos expuestos por el apelante en contra de lo decidido por el
juez de primera instancia y de la argumentación realizada para llegar a la
decisión controvertida. En ese orden, si el apelante en su recurso no
argumenta ni plantea reparos contra la sentencia impugnada, no es dable
para el superior al momento de resolver la apelación efectuar un
pronunciamiento en dicho sentido, pues ello implicaría una vulneración al
debido proceso de la contraparte e incluso podría representar una nulidad
de la sentencia.
Así las cosas, en el evento en que se advierta la ausencia de sustentación
pertinente, suficiente y material del recurso de apelación, en tanto lo
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 18 de marzo de 2024, radicado: 85001-
23-31-000-2011-00091-01 (51.209), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
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dicho exponga afirmaciones genéricas que no se dirigen contra los
planteamientos específicos de la providencia cuya revocatoria se
pretende, se impone para el juez de segunda instancia confirmar la
sentencia apelada.
La tesis expuesta ha sido prohijada por esta Sala en las sentencias de 3
de julio y 4 de septiembre de 201429, en la cuales esta Sección consideró
lo siguiente:
“[…] Sobre el punto de la sustentación del recurso de apelación, esta corporación
ha precisado lo siguiente:
“Si bastara al recurrente afirmar en todos los casos, al impugnar una
decisión judicial, que se atiene a lo afirmado y sostenido en el curso de
la instancia, sobraría en absoluto la exigencia perentoria contenida en el
inciso segundo del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo.
La necesidad de que el recurrente aporte argumentos en contra de los
fundamentos del fallo apelado, los cuales constituyen la base de estudio de la
decisión de segundo grado, es reafirmado por el inciso subsiguiente al
sancionar con la deserción del recurso la omisión del requisito en
estudio.
Al no haber expuesto el recurrente las razones que motivaron su
disconformidad con las motivaciones y conclusiones de la sentencia que
puso fin a la primera instancia, no le es permitido al ad quem hacer un
nuevo estudio de fondo acerca de las pretensiones invocadas, sin incurrir
en palmario quebranto de la norma procedimental que exige la debida
sustentación del recurso de apelación” (Sentencia de 6 de junio de 1987, Exp.
338, C.P. Dr. Samuel Buitrago Hurtado)
En otra oportunidad, señaló:
“Tal exigencia implica que el recurrente en el escrito de sustentación
señale el ámbito o marco procesal a que debe circunscribirse el juez ad
quem para decidir el recurso.
La competencia de éste queda pues limitada a confrontar la providencia
recurrida con los motivos de inconformidad aducidos por el recurrente.
No puede, por consiguiente, el juez de segundo grado analizar la
providencia recurrida en aspectos diferentes a los controvertidos en el
escrito de sustentación del recurso”. (Sentencia de 17 de julio de 1992, Exp.
1951, C.P. Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz)
Posteriormente, manifestó:
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de fechas 3 de julio
y 4 de septiembre de 2014. Rad. 2004-00228 y 2007-90029, M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala. En el mismo
sentido ver: sentencia de veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020). Radicado: 25000 325 000 2012
90514 01, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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De acuerdo con la jurisprudencia. “... el deber de sustentar este recurso (el
de apelación) consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito
la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso,
o sea para expresar la idea con un criterio tautológico, presentar el
escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa la
providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y
alcanzar por ende su revocatoria o modificación.” (Corte Suprema de
Justicia, Providencia de agosto 30 de 1984, M.P. Dr. Humberto Murcia Ballén,
Código de procedimiento Civil, José Fernando Ramírez Gómez, Colección Pequeño
Foro, pág. 319) (Auto de Sala Unitaria de 17 de marzo de 1995, Exp. 3250, C.P.
Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez). (Negritas de la Sala)
En esta ocasión la Sala prohíja y reitera los criterios atrás expuestos, en cuanto a
que el presupuesto sine qua non de la sustentación del recurso de
apelación es la referencia clara y concreta que el recurrente haga de los
argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su
decisión, para efectos de solicitarle al superior jerárquico funcional que
decida sobre los puntos o aspectos que se plantean ante la segunda
instancia, tendientes a dejar sin sustento jurídico aquellos, pues precisamente al
juzgador de segundo grado corresponde hacer dichas confrontaciones, en orden a
concluir si la sentencia merece ser o no confirmada.
Toda vez que la finalidad del recurso de apelación es que el superior estudie
la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o
reforme, es necesario que en dicho recurso se expongan las razones por
las cuales no se comparten las consideraciones del a quo, en orden a que
el juzgador confronte los fundamentos de la sentencia con los argumentos
que sustentan la inconformidad del apelante.
Por consiguiente, cuando el recurso se muestra insuficiente dado que se
limita a reproducir el concepto de violación expuesto en la demanda, tal y
como acontece en este asunto, el Juez no tiene más remedio que confirmar
la decisión”. (Negrillas y subrayado fuera texto).
6.4.3. En el asunto bajo examen, el examen de lo planteado en el recurso
de apelación pone de presente que la demandante fundó la impugnación
en el planteamiento según la cual el a quo no se pronunció sobre los
argumentos planteados en la demanda, de manera que, a su juicio, la
sentencia carece de motivación. Fue por esa razón que la accionante
consideró pertinente trascribir los cinco cargos que desarrollaron el
concepto de violación presentado en el líbelo introductorio. En esa
medida, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal efectuó o no el
análisis que echa de menos el accionante, en los términos en que le
correspondía abordarlo en tanto juez de primera instancia y con el fin de
resolver el problema jurídico propuesto a partir de los cargos de la
demanda.
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Para el efecto, resulta necesario confrontar los cargos de la demanda y el
sustento de la sentencia de 30 de abril de 2015, según se expone a
continuación:
El primer cargo de la demanda
Cargo alegado en el concepto de la Pronunciamiento efectuado en la
violación de la demanda sentencia de primera instancia
“[…] Visto lo anterior, se tiene que, en el Acta
de Hechos No. 001424 del 7 de febrero de
2011, se indicó el número de bultos, el peso,
y se consignó el sustento legal respectivo.
Si bien en esta acta no se hizo la descripción
genérica de la mercancía; ello no es óbice para
tener por no motivada la misma, pues, en el
acta se evidencia que la mercancía quedó bajo
control aduanero y bajo custodia de la
empresa transportadora, en otros términos, la
mercadería seguía retenida por la DIAN.
(I) ACTA DE INMOVILIZACIÓN DE LA Además, se indicó que "la carga no se
MERCANCIA - MEDIDA CAUTELAR DE aperturó", lo que significa que no se abrió lo
INMOVILIZACION Y ASEGURAMIENTO DE que a su vez supone que, al haber quedado
LA CARGA. bajo control aduanero, quedó inmovilizada y
sería verificada con posterioridad; es decir,
La demandante adujo que la DIAN le dio que quedó supeditada a trámites posteriores.
un alcance falso a las actas de
inmovilización emitidas en la actuación y Así mismo, el conjunto probatorio permite
reprochó que, a pesar de que el artículo concluir que la mercancía objeto de estudio fue
73-1 de la Resolución 4240 de 2000 exige verificada y/o revisada posteriormente por
que toda inmovilización debe hacerse con parte de la DIAN, Acta de Hechos 004330 del
un acta motivada, en el acta de hechos 12 de marzo de 2011 (fis. 8, cdno. no. 2), acta
en la que se consignó como resultado de la
01424 de 7 de febrero de 2011 que dio
actuación "No Trasladar Parcial", se realizó la
origen a la supuesta inmovilización, no se descripción de la mercadería, pero además, se
motivó dicho procedimiento y ni siquiera indicó que un total de 2.185 kilos irían con
se hizo mención a esa acción, al punto en destino al Depósito de Alpopular - Fontibón
que lo único que permite suponer que se para aprehensión, la que efectivamente se
realizó dicha actuación es que en el acta realizó con Acta de Aprehensión No. 03-0435
se ordenó “no planillar”, lo que implica COMEX del 12 de marzo de 2011, donde, entre
que no se pueda retirar la mercancía ante otros datos, se describió la mercadería
la inexistencia de planilla. aprehendida y se indicó con toda claridad la
causal que conllevó a la aprehensión (numeral
1.1 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999).
De conformidad con lo anterior, como quiera
que el acta de inmovilización, en sí misma, no
está dada solo por el Acta de Hechos No.
001424 del 7 de febrero de 2011, sino que, se
pudo constar que el proceso de verificación de
la mercancía culminó con el Acta No. 004330
del 12 de marzo de 2011, las que constituyen
una unidad procedimental, y de las cuales se
concluye que, la inmovilización de la
mercancía sí se encuentra debidamente
motivada. […]”
El segundo cargo de la demanda:
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Cargo alegado en el concepto de la Pronunciamiento efectuado en la
violación de la demanda sentencia de primera instancia
“[…] Así las cosas, respecto a la inconformidad
frente del plazo legal de los 5 días estipulados
en el parágrafo del artículo 73-1 de la
Resolución No. 4240 de 2000 y la valoración
de la Factura Comercial No. 3915 del 30 de
enero de 2011, en la que se relacionaba toda
la mercancía a ser nacionalizada y que según
la demandante no fue valorada por los
funcionarios de la entidad accionada, debe
tenerse claro que dicho parágrafo existe
taxativamente solo para los eventos en que se
evidencian errores en la identificación de las
mercancías. En el presente caso, no se discute
ese presupuesto, sino la no presentación de la
mercadería que haya arribado al territorio
(II) VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y nacional, por lo tanto, no resulte (sic) válido el
VIOLACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LO planteamiento argüido.
CONSIGNADO EN EL ARTICULO 73-1 DE
LA RESOLUCION 4240 DE 2000. […] De conformidad con la parte final inciso 20
del artículo 73-1 de la Resolución 4240 de
Según la demandante la actuación estuvo 2000 antes transcrito, una vez el
viciada por violación al debido proceso transportador o agente de carga según el caso,
porque: (i) no se motivó el acta de suscriba el acta de diligencia, la misma se
entenderá notificada; así las cosas, en el
hechos; (ii) no se notificó el acta de los
presente asunto, como quiera que la misma
hechos a los interesados; (iii) no otorgó el
sociedad demandante afirma que el acta de
término de inmovilización de 5 días del hechos fue firmada por el transportador, se
artículo 73-1 para que el usuario pudiera entiende que sí se notificó la misma, pues, la
presentar el soporte de la operación norma no requiere notificación adicional.
comercial y tampoco se valoró la factura
comercial núm. 3915 de 30 de enero de De otra parte, debe precisar la Sala que,
2011 que amparaba la mercancía y fue tampoco se evidencia una violación al debido
aportada oportunamente; (iv) los proceso - derecho de defensa por parte de la
funcionarios levantaron una nueva acta DIAN por no haber dispuesto la notificación del
de hechos un mes después de elaborada acta de hechos al representante legal de la
la inicial, y (v) se interpretó sociedad H y R Cargo Colombia S.A.S., puesto
que, una vez examinado los antecedentes
indebidamente el artículo 98 del Decreto
administrativos de los actos administrativos
2685 que prohíbe aprehender la demandados, se pudo constatar que la
mercancía cuando existan errores en su sociedad actora presentó escrito de objeciones
identificación frente al acta de aprehensión de la mercancía
que nos ocupa aportando las pruebas que
consideró pertinentes […] Razón por la cual, se
tiene que la demandante tuvo la oportunidad
de ejercer sus derechos dentro del trámite de
la actuación administrativa, es decir, ejerció su
derecho de defensa. Por lo tanto, no se
presentó la violación alegada.
d) En lo referente a la solicitud de aplicación
del artículo 98 del Decreto 2685 de 1999, en
el sentido de que el error en la identificación
de la mercancía, que según el demandante, no
daba lugar a la aprehensión de la misma
siempre y cuando la información correcta sea
susceptible de verificarse con los documentos
que soportan la operación comercial (factura
comercial), se advierte que, en el presente
caso, no se discute ese presupuesto
establecido por la norma, esto es, error en la
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Demandante: H&R CARGO COLOMBIA SAS
identificación de la mercancía, sino la no
presentación de la mercadería que arribado
(sic) al territorio nacional, pues; la mercancía
aprehendida y posteriormente decomisada se
acusa de no haber sido presentada, pues, al no
está (sic) referida en el documento de
transporte, tal como se precisará en el estudio
del segundo cargo de nulidad. Por ende, no
puede suponerse que hay lugar a corregir lo
que no se había identificado en dicho
documento.
El tercer cargo de la demanda
Cargo alegado en el concepto de la Pronunciamiento efectuado en la
violación de la demanda sentencia de primera instancia
“1) En primer lugar, en cuanto a la solicitud de
aplicación de las sentencias: […]La aplicación
de la figura del precedente judicial estaba
contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de
2010, la cual era exigible a las autoridades
administrativas para solucionar casos
relacionados con los taxativamente señalados
(III) CAUSAL INVOCADA COMO
en la norma. Sin embargo, ese preciso artículo
FUNDAMENTO DEL DECOMISO - NUMERAL
fue derogado por disposición expresa del
1.1. DEL ARTICULO 502 DEL DECRETO
artículo 309 del CPACA (Ley 1437 de 2011); lo
2685 DE 1999.
que quiere decir que, esa figura hoy no tiene
sustento legal para su aplicación.
La demandante adujo que la causal de Por su parte, la Ley 1437 de 2011, por la cual
decomiso invocada no era procedente se expide el Código de Procedimiento
porque el hecho de que existiera un error Administrativo y de lo Contencioso
en la identificación genérica de la Administrativo, no consagra la figura del
mercancía no podía llevar a la conclusión precedente judicial, sino que crea una nueva
apresurada de que se estaba ante llamada extensión de la jurisprudencia del
mercancía no presentada. Además, Consejo de Estado (artículo 102 CPACA),
tampoco procedía la aprehensión de la disponiendo que las autoridades deben
extender los efectos de las sentencias de
mercancía por el error en su naturaleza o
unificación jurisprudencia en los que se hayan
descripción, toda vez que se presentó reconocido un derecho. No obstante, para la
oportunamente la factura que permitía aplicación de dicha figura, se requiere, en
evidenciar que la operación comercial primer lugar, que, el interesado le solicite a la
coincidía con la mercancía inmovilizada y respectiva entidad su aplicación, atendiendo
posteriormente aprehendida. En tercer los requisitos exigidos en la norma señalada, y
lugar, dijo que la entidad debió tener en en segundo lugar, si la solicitud es denegada
cuenta el precedente jurisprudencial por la entidad o esta guarda silencio frente a
aplicable que señalan que se debe la misma, acudir ante el Consejo de Estado
para solicitar su reconocimiento, de
distinguir entre la falta de descripción de
conformidad con el artículo 269 de Ley 1437
la mercancía y la deficiencia en la de 2011.
descripción, pues esta última permite […]
inferir por otros elementos del mismo
documento de transporte, si la mercancía En el presente asunto, la autoridad aduanera
está amparada o no. consideró que la mercancía transportada y que
pertenecía a la sociedad demandante no fue
presentada ante ella, puesto que, fue descrita
en el Documento de Transporte No. MCC07864
como "S.T.C. PAPEL, RIBBON PAPER, CAJAS
DE CARTON, ELECTRODOMESTICOS", lo cual
difirió con lo encontrado físicamente, esto es:
"Fragancias, calzado, confecciones, textiles,
juguetes, maquillaje, celulares, relojes,
computadores, entre otras".
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Lo anterior, evidencia una incongruencia entre
los bienes que ingresaron al país, con lo
reportado en el Documento de Transporte No.
MCC07864 (flJ6 cdno. no. 2), en donde obró H
& R CARGO COLOMBIA S.A.S. en calidad de
consignatario; situación está que ha debido ser
corregida conforme lo prevé el mismo artículo
232 del Decreto 2685 de 1999, esto es,
realizándose el informe de
inconsistencias a que se refiere el artículo 98
ibidem, documento este que no se encuentra
acreditado en el expediente que haya sido
presentado por el transportador, ni por los
interesados. […]
Así las cosas, para la Sala resulta acertada la
posición de la autoridad aduanera, esto es,
considerar que la mercancía inspeccionada era
totalmente diferente a la descrita en el
documento aludido, por lo que era totalmente
viable proceder a su aprehensión y posterior
decomiso, pues, la conducta está tipificada en
el literal d) del Artículo 232 del Estatuto
Aduanero (Decreto 2685 de 1999), el cual rige
para
el presente caso, entendiendo que toda la
mercadería que no es susceptible de ser
catalogada en la descripción genérica aludida
no puede tenerse como presentada a la
autoridad aduanera.
[…]
4) De conformidad con lo anterior, para la Sala
no es de recibo la argumentación argüida por
la parte actora consistente en que la
funcionaria de la División de Fiscalización
excedió sus funciones al hacer una mala
interpretación de las normas aduaneras, dado
que se encuentra ajustada a derecho la
actuación desplegada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, en la
medida en que dio cumplimiento a las
disposiciones que regulan la materia
aduanera, en cuanto se ordenó el decomiso de
la mercancía ingresada al territorio nacional
sin estar amparada en documento de
transporte alguno, como antes se explicó.”
Los cargos cuarto y quinto de la demanda
Cargo alegado en el concepto de la Pronunciamiento efectuado en la
violación de la demanda sentencia de primera instancia
(IV) SOBRE LA ACTUACION ILEGAL DE LA El Tribunal advirtió que estos cargos tenían
DlAN AL PRETENDER AMPLIAR TERMINOS estrecha relación, porque ambos controvierten
INVENTANDOSE UN SUPUESTO ACTO una supuesta dilación injustificada de la
ADMINISTRATIVO DE ACLARACION DE actuación administrativa objeto de estudio y
DEL ACTA DE APREHENSION Y apuntan al reconocimiento del silencio
REVIVIENDO TERMINOS QUE LA LEY NO administrativo positivo. Por tal motivo, el
PERMITE. Tribunal los estudió conjuntamente, así:
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La demandante acusó a los funcionarios “[…] En ese contexto, se evidencia que el
de la DIAN de fraguar una actuación legislador entiende, como también lo hace la
encaminada a revivir los términos para Sala, que una cosa es el acto que define la
situación jurídica de la mercancía que se
dictar el acto administrativo definitivo,
encuentra irregularmente en territorio
pues a raíz de la acción de tutela que
nacional, la que no está sujeta a las reglas de
interpuso con el fin de que le diera prescripción y, otra muy distinta, la relativa a
respuesta a su solicitud de aplicación del las sanciones que se deben aplicar por
silencio administrativo positivo se dieron infracciones al régimen aduanero. Por lo
cuenta de la inactividad del expediente y mismo el decomiso no está sujeto al plazo
expidieron el acta de aclaración. Todo previsto en el artículo 14 del Decreto 1750 de
ello, a su juicio, con el fin de dilatar la 1991, decreto que fue derogado por el artículo
actuación administrativa y a pesar de que 571 del Decreto 2685 de 1999.
ese acto no se encuentra previsto en la
2) Ahora bien, el artículo 519 del Decreto No.
normatividad aduanera.
2685 de 1999, con relación al incumplimiento
de términos dentro del procedimiento
(V) SOBRE EL SILENCIO POSITIVO administrativo para la imposición de sanciones
ADMINISTRATIVO por infracciones aduaneras y la definición de la
situación jurídica de la mercancía, prescribe:
La parte actora señaló que respecto del […]
caso concreto el término perentorio de 45
días para decidir, previsto en el artículo De la norma trascrita se tiene que, adicional al
512 del Decreto 2685, se debía contar a vencimiento del término para definir la
partir del 20 de mayo del 2011, día hábil situación jurídica, la mercancía respecto de la
siguiente en que se radicó el escrito de cual se vaya a declarar el silencio
objeción, razón por la cual el vencimiento administrativo positivo deba ser legalizable, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
de los términos ocurrió el 27 de julio de
2281 del decreto No. 2685 de 1999, esto es,
2011. Con todo, la decisión de decomiso que haya sido presentada ante la autoridad
fue adoptada hasta el 15 de diciembre del aduanera en el momento de su importación o
2011, es decir, 150 días después de ingreso al territorio nacional aduanero.
cumplido el término de los 45 días hábiles.
En su criterio, lo dicho por la DIAN frente No obstante, lo anterior, en el presente
a la inaplicabilidad de los artículos 228 y asunto, como antes se explicó, la mercancía no
502 del estatuto aduanero no aplicaba en fue presentada ante la autoridad aduanera,
su caso, pues las normas se refieren a pues, careció de documento de transporte.
mercancías respecto de las cuales se
En tales condiciones, en términos de la norma
hubiere incumplido alguna obligación antes trascrita, como no es posible la
aduanera que dé lugar a la aprehensión y, legalización de la mercancía, el mismo artículo
en este trámite, lo cierto es que las 519 del Decreto No. 2685 de 1999 contempla
mercancías sí fueron presentadas a la una excepción al cumplimiento de los términos
autoridad aduanera. establecidos en el Estatuto Aduanera, y por
tanto, permite a las autoridades
administrativas continuar con la definición de
la situación jurídica de la mercancía que fue
aprehendida, tal como ocurrió en el presente
caso, pues, la entidad demandada continuó,
hasta su culminación, el proceso de definición
de la situación jurídica de la mercancía de que
tratan los hechos de la demanda, lo cual
ocurrió mediante la expedición de los actos
administrativos demandados, en los cuales
ordenó y confirmó el decomiso de la misma.
Por consiguiente, no hubo configuración del
silencio administrativo positivo. Por lo tanto,
no ha lugar a la devolución de la mercancía
aprehendida y posteriormente decomisada, tal
como lo pretende la parte actora.”
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Finalmente, frente a los Conceptos Jurídicos emitidos por la DIAN30, la
Sala advierte que el Tribunal descartó su aplicabilidad respecto del asunto
cuestionado cuando determinó que no había lugar a afirmar que la
funcionaria de la División de Fiscalización excedió sus funciones al hacer
una mala interpretación de las normas aduaneras. Ello, por cuanto
concluyó que no era de recibo la interpretación de la demandante sobre
el artículo 98 del Decreto 2685 de 1999, en tanto la incongruencia entre
los bienes que ingresaron al país y lo reportado en el documento de
transporte conllevaban a determinar que la mercancía que se pretendió
ingresar al territorio nacional aduanero carecía de documento de
transporte y, por ende, que no fue presentada ante la autoridad aduanera.
En tal escenario, la entidad no debía seguir la interpretación fijada en los
conceptos invocados por la demandante, pues se referían al supuesto en
el que hay inconsistencia en la identificación de la mercancía en el
documento de transporte, mas no ausencia total de identificación de la
mercadería.
Así las cosas, de lo expuesto se desprende que no es cierto que la
sentencia de primera instancia hubiere omitido pronunciarse sobre los
argumentos de la demanda, ni que el sustento de esa providencia
corresponda a la simple trascripción de la norma aduanera aplicable al
asunto. Por lo mismo, no le asiste razón al apelante en su afirmación
según la cual la decisión adoptada carezca de motivación. Por el contrario,
es claro que el Tribunal abordó cada uno de los planteamientos que
sustentaban los cinco cargos de la demanda, respectivamente.
En tal escenario, lo que ha quedado demostrado es que en el recurso de
apelación no se desarrollaron argumentos encaminados a refutar cada
una de esas conclusiones, de manera que el demandante incumplió con
la carga argumentativa necesaria para suscitar una verdadera
30
Conceptos números 009407 de 2009; 023 de 2003; 032 del 2006; 080 del 2007- y el oficio núm.
100202208599 del 19 de julio de 2011.
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controversia sobre las razones que expuso el Tribunal para denegar las
pretensiones en sede de segunda instancia.
Ahora bien, en el recurso el demandante adujo que las normas legales y
constitucionales citadas en el acápite de “NORMAS VIOLADAS” de la
demanda no fueron estudiadas por el Tribunal. Al respecto se advierte
que, a pesar de que en el señalado acápite el demandante enlistó varios
artículos de la Constitución Política, además del 29 que establece el
derecho fundamental al debido proceso; así como el artículo 114 de la Ley
1395 de 2010, lo cierto es que el concepto de violación de dichas normas
no fue desarrollado en el acápite correspondiente de la demanda, de
manera que en el expediente no existen elementos a partir de los cuales
se pudiera abordar la cuestión relativa a su posible infracción. En
consecuencia, no estaban dadas las condiciones para que el a quo pudiera
emitir pronunciamiento al respecto.
En ese orden, ante la evidencia de que el supuesto que sustentó el recurso
de apelación no es cierto, en la medida en que, se reitera, no es cierto
que en la sentencia de primera instancia haya omitido por completo
efectuar un análisis de los hechos, pruebas y alegaciones presentadas por
el demandante, no está llamado a prosperar la impugnación.
Por la misma razón, no hay lugar a pronunciarse sobre la trascripción de
los cargos de la demanda que efectuó la parte actora en el recurso de
apelación, en tanto dicha cuestión ya fue abordada por la primera
instancia y en ese punto, se echa de menos algún tipo de razonamiento
en el recurso de apelación encaminado a debatir el fundamento real y
concreto de la sentencia de 30 de abril de 2015. Esta circunstancia pone
de presente que el recurso no está encaminado a cuestionar los
razonamientos y conclusiones del Tribunal de primera instancia, sino a
que se estudie nuevamente el caso a partir de transcripciones e ideas que
no tienen directa relación con lo decidido en el fallo supuestamente
censurado.
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6.5. Condena en costas
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, se advierte que la parte demandante
resultó vencida porque se le resolvió desfavorablemente su recurso de
apelación, por lo tanto, asumirá las costas procesales de la segunda
instancia.
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las
agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En este asunto, pese a que el recurso será resuelto de manera
desfavorable a quien la propuso, comoquiera que no está acreditada la
causación de gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho
concepto. Por otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el
expediente se advierte que la intervención de la DIAN se encuentra
probada en esta instancia con la radicación del memorial de alegatos de
conclusión31.
Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del artículo
366 del CGP32, se condenará en costas a la parte demandante, por
concepto de agencias en derecho, por la suma de un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a favor de la DIAN, cifra que equivale a un millón
31
Folios 49 a 53 del cuaderno principal de segunda instancia.
32
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.”
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trescientos mil pesos ($1.300.000) 33. Lo anterior de conformidad con los
criterios y tarifas establecidos en el literal b del numeral 1 del artículo 5
del Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, proferido por
el Consejo Superior de la Judicatura34.
6.5. Otros pronunciamientos
6.5.1. A través del memorial que obra en el folio 17 del cuaderno de
segunda instancia se allegó poder conferido al abogado Yumer Yoel
Aguilar Vargas, para que represente a la DIAN. Por reunir los requisitos
legales se reconocerá personería al enunciado abogado como apoderado
de la DIAN en los términos y para los fines del poder a él conferido.
Con todo, se tendrá por terminado el poder conferido por la DIAN al
abogado Aguilar Vargas, en aplicación de lo dispuesto en el inciso primero
del artículo 76 del CGP, a cuyo tenor “El poder termina con la radicación
en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o designe otro
apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para
recursos o gestiones determinadas en el proceso”.
6.5.2. En consonancia con lo anterior, se reconocerá a la abogada María
Consuelo De Arcos León como apoderada de la DIAN, en los términos y
para los fines del poder a ella conferido, visible a folio 56 del cuaderno
principal de segunda instancia. Con todo, igualmente se tendrá por
terminado el referido poder conferido por la DIAN a la citada profesional,
en aplicación del inciso primero del artículo 76 del CGP.
6.5.3. Se reconocerá al abogado Eddison Alfonso Rodríguez como
apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines del poder a él
33
DECRETO 2292 DE 2023, Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal.
34
“Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1.PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
[…]
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”
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conferido, visible en el índice 31 del historial de actuaciones de proceso
del aplicativo SAMAI.
Finalmente, visto el memorial que obra en el índice 34 del historial de
actuaciones del proceso de SAMAI, se tendrá por debidamente presentada
la renuncia al poder del abogado Eddison Alfonso Rodríguez, teniendo en
cuenta que cumple con el requisito del inciso 4º del artículo 76 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 30 de abril de 2015 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
B.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, por concepto
de agencias en derecho, por la suma de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a favor de la DIAN, cifra que equivale a un millón
trescientos mil pesos ($1.300.000), a favor de la DIAN.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Yumer Yoel Aguilar
Vargas como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a él conferido.
CUARTO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la DIAN al
abogado Yumer Yoel Aguilar Vargas, de conformidad con lo dispuesto en
el inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso.
QUINTO: RECONOCER personería a la abogada María Consuelo De Arcos
León como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a ella conferido.
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SEXTO: TENER POR TERMINADO el poder conferido por la DIAN a la
abogada María Consuelo De Arcos, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso primero del artículo 76 del Código General del Proceso.
SÉPTIMO: RECONOCER personería al abogado Eddison Alfonso
Rodríguez como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a él conferido.
OCTAVO: Tener por debidamente presentada la renuncia al poder del
abogado Eddison Alfonso Rodríguez, como apoderado de la DIAN, al
cumplir las exigencias previstas en el inciso 4º del artículo 76 del CGP.
NOVENO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salvamento parcial de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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