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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2013-00578-01

Fecha
19 de abril de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2013-00578-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: CONFIRMAR la sentencia de 21 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. Fijar como agencias en derecho en segunda instancia, la suma equivalente a un (1) S.M.M.L.V a favor de cada una de las entidades demandadas, valor que deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la parte demandante. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2013-00578-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

19 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)

Actor: JOSÉ MAXOLÁN CASALLAS SÁENZ Y OTROS

Demandado: MUNICIPIO DE ÚTICA Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS
CAUSADOS A UN GRUPO- avalancha, fuerza mayor, ola invernal, fenómeno de la
Niña, deberes de la administración en materia de prevención y atención de
desastres. FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN – No se demostró.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia de 21 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se demanda por los daños causados a los inmuebles, muebles y enseres del grupo
demandante causados por la avalancha de la quebrada Negra en el municipio de
Útica, Cundinamarca, ocurrida el 18 de abril de 2011, los cuales se atribuyen a las
entidades demandadas, por no haber adelantado las actividades de mitigación del
riesgo ni realizado el dragado del cauce de ese cuerpo de agua.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 18 de abril de 2013 (fl. 31, c. 7), el señor José Maxolán Casallas Sáenz y 78
personas más1, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de

1
Belén Maldonado Mahecha, Bertha Zoila Casallas de Sánchez, Brayan Alexander López Useche,
Brayan Smith Garzón Hernández, Carlos Arturo Alba Pulecio, Cecilia Medina Ballesteros, César
Fernando Mahecha Pedroza, Claudia Liliana Parra Hernández, Cristian Orlando López Useche,
Darío Soto Moya, Diana Marcela Guerra Medina, Erminda Vera Beltrán, Eugenio Cifuentes Bustos,

Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

reparación de los perjuicios causados a un grupo (fl. 1 a 31, c. 7), contra el municipio
de Útica, el departamento de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca y Bogotá -CAR-, para que se accediera a las siguientes
pretensiones:

Primera: que se declare administrativamente responsables a la alcaldía
municipal de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR), de los perjuicios
morales causados a mis poderdantes y a las personas que se integren al
grupo demandante o se acojan a los efectos de la sentencia de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 472 de 1998, por el daño ocasionado
por parte de las accionadas consistente en la negligencia y omisión por no
haber realizado los trabajos de mitigación del riesgo y dragado en la quebrada
de Negra cuya causa (sic) pasa por el municipio de Útica y que ocasiona el
desbordamiento de la citada quebrada entre el 18 y el 25 de abril de 2011,
causando no solo la pérdida de sus bienes inmuebles, muebles y enseres en
todas las personas afectadas, sino por haberlos colocado en una situación
degradante, que bajó su autoestima, por la situación de pánico colectivo, que
les generó el citado desastre. De las personas que a continuación se
relacionan:

[Se trata de un cuadro en el que se relacionan 31 inmuebles y 78 personas
que habitaban en ellos].

Segunda: Que se declare administrativamente responsable a la alcaldía
municipal de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR), de los perjuicios
causados a la capacidad del goce a la vida a la vida en relación de mis
poderdantes y de las personas que se integren al grupo demandante o se
acojan a los efectos de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 55 de la ley 472 de 1998, por el daño ocasionado por parte de las
accionadas consistente en la negligencia y omisión por no haber realizado los
trabajos de mitigación del riesgo y dragado en la quebrada de Negra cuya
causa (sic) pasa por el municipio de Útica y que ocasiona el desbordamiento
de la citada quebrada entre el 18 y 25 de abril de 2011, y causando la pérdida
de sus bienes inmuebles como muebles y enseres de las personas que a
continuación se relacionan:

[Cuadro en el que se relacionan los mismos inmuebles y personas].

Tercera: Que se declare administrativamente responsable a la alcaldía
municipal de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR), por los perjuicios
materiales causados a mis poderdantes y a las personas que se integren a

Evaristo Guerra, Fabio Ramiro Mahecha, Fany Ordoñez, Giovanny Stivet Garzón Hernández, Gloria
Inés Mahecha Chaparro, Gloria Lucía Chica González, Harold David Mahecha Parra, Harold Nixon
Alba Giraldo, Héctor Eduardo Guamán Chávez, Héctor Hugo Córdoba Castillo, Héctor Eduardo
Guamán González, Hernán Homero Sánchez Casallas, Hugo Mauricio Córdoba Pinzón, Jacqueline
Hernández Wilches, Jaime Beltrán Virgüez, Jaime Bolaños Sánchez, Jair Eduardo Guamán Chávez,
Jaqueline Hernández Wilches, Jhon Sebastián Bonilla Gómez, Jhonny Andrés Córdoba Pizón, Jorge
Enrique Chaparro, Jovany Garzón, Juan Diego León Mahecha, Juan José Ortiz Moreno, Leidy
Carolina Mahecha Hernández, Liliana Useche, Lizeth Johana Gómez Beltrán, Luis Enrique Álvarez
Vejarano, Luis José Mahecha Triana, Luis Santiago Mahecha Parra, Luz Dary Gómez Garzón, Luz
Stella Mahecha Pedroza, Manuel de Jesús Peñate Galván, Margot Cecilia Guamán Chávez, María
de Los Ángeles Londoño Gutiérrez, María Deysy Chaves, María Elvia Pedroza Ballesteros, María
Esperanza Mahecha Pedroza, María Etelvina Carvajal de Chaparro, Marlene Beltrán, Martha
Consuelo Beltrán de Luna, Martha Lucía Beltrán Hernández, Nicolás Ortiz Moreno, Nohora Franco
de Beltrán, Nohora Luz Beltrán Franco, Nolberto Londoño Bolaños, Nubia Estella Rodríguez
Delgadillo, Orlando López Espitia, Orlando, López Espitia, Rigoberto Olaya Medina, Sandra Maribel
Gómez, Sandra Moreno Triana, Sicilia Medina Ballesteros, Teodoro Mahecha González, Teresa
Beltrán Beltrán, Valentina Pinzón de Córdoba, Wendy Tatiana Mahecha Parra, Wilson Ovidio,
Sánchez Casallas, Yulieth Paola Mahecha Hernández.

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Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

grupo demandante o se acojan a los efectos de la sentencia de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 55 de la ley 472 de 1998, por el daño
ocasionado por parte de las accionadas consistente en las negligencias de
omisión por no haber realizado los trabajos de mitigación del riesgo y dragado
en la quebrada Negra cuya causa (sic) pasa por el municipio de Útica y que
ocasiona el desbordamiento de la citada quebrada entre el 18 y el 25 de abril
del 2011, causando la pérdida de sus bienes inmuebles muebles y enseres.

Cuarta: Como consecuencia de la declaración uno y dos, se condene a pagar
a la alcaldía de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR), como consecuencia
del daño moral objetivo o subjetivo, presente o futuro ocasionado a cada uno
de mis poderdantes y a cada una de las personas que se integren al grupo
demandante o se acojan a los efectos de la sentencia o a quien represente
legalmente sus derechos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55
de la ley 472 de 1998, a título de reparación con la suma individual de 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), liquidados con
base en el salario mínimo mensual vigente al momento de dictar la sentencia.

Quinta: Como consecuencia de la declaración uno y dos se condene a pagar
a la alcaldía municipal de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR) a título de
reparación como consecuencia de los perjuicios causados la capacidad de
goce y vida en relación consistente en el daño ocasionado a la salud física y
mental, a la salubridad pública, a su derecho a la intimidad, a una vida digna,
a la vivienda digna, vulneración a su derecho a la recreación al privar a cada
uno de mis poderdantes y a cada una de las personas que se integren al grupo
demandante o se acojan a los efectos de la sentencia o a quien represente
legalmente sus derechos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55
de la ley 472 de 1998, a título de reparación la suma individual de 100 salarios
mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), liquidados con base en el
salario mínimo mensual vigente al momento de dictar la sentencia.

Sexta: Como consecuencia de la declaración tres se condene a la alcaldía
municipal de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR) a título de reparación,
como consecuencia del daño material ocasionado a mis poderdantes, las
sumas individuales que a continuación se describen en condición de daño
emergente por concepto de la pérdida total de sus bienes inmuebles (casa de
habitación), así:

[Se relacionan cinco inmuebles y personas y se calcula el daño en la suma de
$360’000.000]

Séptima: Como consecuencia de la declaración tres, se condene la alcaldía
municipal de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR) a título de reparación
como consecuencia del daño material ocasionado a mis poderdantes, las
sumas individuales que a continuación se describen, en condición de daño
emergente por concepto de la pérdida parcial de sus bienes inmuebles (casa
de habitación), así:

[Se relacionan 10 inmuebles y 11 personas, y se calcula el daño en la suma
de $379.314.103]

Octava: Como consecuencia de la declaración tres, se condene a la alcaldía
municipal de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR) a título de reparación
como consecuencia del daño material ocasionado a mis poderdantes, las
sumas individuales que a continuación se describen, en condición de daño
emergente por concepto de la pérdida total de sus bienes muebles (enseres,
electrodomésticos, herramientas, materias primas, utensilios de cocina,
comedores, salas, equipos de sistemas, televisores, radios, lencería y
vestuario, entre otros), así:

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Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

[Se relacionan 32 inmuebles y 37 personas, y se calcula el daño en la suma
de $609.830.140].

Novena: Como consecuencia de la declaración tres, condene a la alcaldía
municipal de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR), a título de reparación
como consecuencia del daño material ocasionado a cada una de las personas
que se integren al grupo demandante o se acojan a los efectos de la sentencia
o a quien represente legalmente sus derechos de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 55 de la ley 472 de 1998, las sumas individuales que
hayan demostrado dentro del proceso, en condición de daño emergente por
concepto de la pérdida total, parcial de sus bienes inmuebles (casas de
habitación).

Décima: como consecuencia de la declaración tres, se condene a la alcaldía
municipal de Útica, a la gobernación de Cundinamarca y a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca y Bogotá (CAR), a título de reparación
como consecuencia del daño material ocasionado a cada una de las personas
que se integra el grupo demandante o se acojan a los efectos de la sentencia
o a quien represente legalmente sus derechos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 55 de la ley 472 de 1998, las sumas individuales que
hayan demostrado dentro del proceso, en condición de daño emergente y por
concepto de pérdida total o parcial de sus bienes muebles (enseres,
electrodomésticos, herramientas, materias primas y utensilios de cocina,
comedores, salas, equipos de sistemas, televisores, radios, lencería en
vestuario, entre otros).

Décima primera: las condenas descritas en los daños materiales y morales
respectivamente serán actualizadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 192 del C. de P. A. y C. A., aplicando en la liquidación la variación
promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
ocurrencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo
definitivo.

Décima segunda: la parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en
los términos del artículo 192 del C. de P. A. y C. A.

Décima tercera: Condénese a las demandadas al pago de los honorarios,
costas y agencias en derecho a que resulten condenadas (sic). (fl. 10 a 22, c.
7).

Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes:

Entre el 18 y el 21 de abril de 2011, en el municipio de Útica, Cundinamarca, se
produjo una avalancha, por el desbordamiento de la quebrada Negra, que dejó más
del 90% del casco urbano afectado, una persona muerta, más de 1.000 personas
damnificadas y un número superior a 80 viviendas destruidas.

Según los demandantes, la construcción del ferrocarril y de hoteles en la población,
a partir de los años cincuenta del pasado siglo, produjeron la deforestación de la
zona aledaña a los dos cuerpos de agua que pasan por la población -la quebrada y
el río Negro-, lo que la dejó desprotegida ante las crecientes provocadas por el
invierno.

El primer antecedente de importancia se presentó el 13 de noviembre de 1988,
cuando se produjo la avalancha de la quebrada Negra que destruyó buena parte del

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Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

casco urbano. La deforestación siguió por la siembra de cultivos de yuca, plátano y
caña.

En diciembre de 2008, se realizó un estudio por parte de la Universidad Nacional de
Colombia e INGEOMINAS, que trató del comportamiento de flujos de agua con altas
concentraciones de sedimentos en la quebrada Negra. En el estudio se estableció
que este tipo de eventos podía tener un período de retorno de cada 10 años y que
la amenaza abarcaba casi toda la población del municipio en niveles 1 y 2. El uno
implicaba el riesgo de arrastrar personas, objetos pesados y generar el colapso de
viviendas y, el dos, afectaciones a población en situación vulnerable como infancia,
adultos mayores y personas con discapacidad y también inundación de
edificaciones.

Para mitigar la amenaza, se recomendaron labores de dragado, con el fin de
profundizar el cauce de la quebrada. Después de la avalancha de abril de 2011 y
de una visita del Presidente de la República, se recomendó que este dragado se
hiciera a una profundidad de 6 metros y que se derrumbara el puente del ferrocarril.
Ninguna de las dos labores se realizó.

En el año 2013, la alcaldía, al presentar el plan de ordenamiento territorial ante la
asamblea departamental y la gobernación, recomendó la expropiación de los
predios ubicados en las zonas de riesgo nivel 1 y 2, con el fin de evitar un evento
similar a los que habían ocurrido en 1988 y 2011. Las personas afectadas por estos
últimos fueron debidamente censadas por las demandadas, la Presidencia de la
República y la caja de compensación Colsubsidio. Se hace una relación de 31
viviendas y 78 personas afectadas (fl. 5 a 10, c. 7).

En la demanda se afirmó que las autoridades demandadas “omitieron todas las
medidas necesarias para evitar el desbordamiento de la quebrada Negra y que su
cauce saliera y ocasionará una gran avalancha que generó la destrucción parcial de
muchos predios donde residían muchas familias”.

2. Trámite en primera instancia

La demanda fue admitida mediante auto de 4 de julio de 2013 (fl. 137, 138, c. 7), el
cual fue notificado en debida forma a las entidades demandadas, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Defensoría del Pueblo (fl. 142 a 152,
c. 7).

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Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

El auto admisorio fue publicado por la parte demandante en el periódico El Tiempo
de 18 de agosto de 2013 (fl. 140 y 141, c. 7).

El municipio de Útica (fl. 154 a 192, c. 7), en su contestación, se opuso a las
pretensiones formuladas en su contra. Manifestó que la cuenca de la quebrada
Negra es extremadamente torrencial, lo que se agudiza debido a una topografía
montañosa. De acuerdo con un estudio de INGEOMINAS, la quebrada Negra es
susceptible de movimientos de masas, dado el elevado fracturamiento de las rocas
(principalmente lutitas), producto de las fallas geológicas que dieron origen al
relieve del sector y cuyo comportamiento ante los agentes atmosféricos es
desfavorable en términos de estabilidad.

El municipio demandado alegó el eximente de fuerza mayor, por el fenómeno
climático de La Niña durante los años de 2010 y 2011, que aumentó de manera
excepcional el caudal de la quebrada Negra, como lo demostraron los informes del
IDEAM. Asimismo, subrayó que mediante Decreto 4580 de 2010, el Gobierno
Nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón
de grave calamidad pública, que fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, por el evento citado, calificado como desastre natural, que se
agudizó en noviembre de 2010 y se prolongó hasta mayo y junio de 2011. Además,
la ola invernal también fue intensa durante los años 2008 y 2009, por lo que las
obras de mitigación del riesgo de desbordamiento en la quebrada Negra resultaron
infructuosas: “… ante el recrudecimiento del invierno en el primer semestre del año
2011, fue imposible por parte del municipio, a pesar de las intervenciones
realizadas que la quebrada Negra se desbordara” (fl. 176, c. 7).

Aseguró que había realizado constantemente el dragado del cauce de la quebrada,
para lo cual adquirió una retroexcavadora desde el año 2001 y se habían celebrado
por lo menos 10 contratos de obra con ese objeto entre los años 2008 y 2011 y,
para la construcción de jarillones, que frecuentemente eran destruidos por nuevas
crecientes de la quebrada. Eso sucedió el 5 de abril de 2011, se venían presentando
lluvias intensas desde hacía 20 días, lo que desbordó la quebrada Negra y afectó
los barrios La Cita, Estación, los Comuneros y gran parte del casco urbano, se
declaró la urgencia manifiesta y se celebró el contrato 031 de 2011, para el alquiler
de 350 horas de retroexcavadora. Igualmente se solicitó ayuda a la CAR para
ejecutar el contrato 3112 de 2011, que tenía por objeto el mantenimiento de
jarillones y el dragado del cauce. El 8 y el 12 de abril del mismo año, se solicitó al
gobernador y al secretario de gobierno de Cundinamarca ayuda para dotar de
recursos al CLOPAD y la gestión de tres proyectos para la construcción de muros
de contención en el río Negro y en la quebrada Negra, ante el Fondo Nacional de

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Calamidades y la Presidencia de la República. De la misma manera, se solicitó al
INVIAS el mantenimiento del puente del ferrocarril que se encontraba en el barrio
La Estación. Además, se ha mantenido activo permanentemente el Comité Local
para la Prevención y Atención de Desastres -CLOPAD-. Se mantuvo monitoreo
constante a la quebrada Negra y al rio Negro por parte del cuerpo bomberos
voluntarios y la defensa civil. Se establecieron sistemas de alarma, rutas de
evacuación, albergues temporales para personas de la tercera edad, la suspensión
de clases en el colegio del municipio. A partir de marzo de 2011 se informó al Fondo
Nacional de Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria, al Ministerio del
Interior y al Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres, en
adelante CREPAD, sobre el agravamiento de la ola invernal y que el municipio había
sido catalogado zona de riesgo permanente.

Después de la avalancha de la quebrada Negra, el 18 de abril de 2011, el municipio
brindó ayuda humanitaria inmediata con mercados y subsidios de arrendamiento a
quienes resultaron damnificados y el 2 de agosto siguiente se hizo entrega de un
proyecto de vivienda para el fondo de adaptación. Frente a lo expuesto concluyó:

Por lo anteriormente expuesto. El fenómeno hidrogeomorgológico del 18 de
abril de 2011 no ocurrió por la desidia o expresa voluntad de las autoridades
del municipio de Útica, del Departamento, o de la región, fue el resultado de
la confluencia de una serie de factores naturales y antrópicos, pues como se
relata el municipio actuó de manera diligente agotando todos los recursos de
que se disponían (fl. 163, c.7).

El departamento de Cundinamarca, en su contestación (fol. 437 a 462, c. 7) , señaló
que en el año de 1988 se presentó una avalancha similar en el municipio de Útica,
cuya causa fue una fuerte ola invernal. Agregó que era a la alcaldía la que
correspondía determinar las zonas de riesgo del municipio y ejecutar las labores de
dragado para estabilizar el cauce de la quebrada Negra. Frente a la avalancha de
esta, ocurrida el 18 de abril de 2011, señaló que, “gracias a las medidas de
prevención adelantadas por la misma administración municipal en coordinación con
el departamento se logró que los habitantes del municipio se refugiaran en sectores
seguros, situación que impidió que la pérdida de vidas humanas fuera mayor” (fl.
438, c.7).

El departamento destacó que este y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, UNGRD, programaron y llevaron a cabo varias capacitaciones a los
habitantes del municipio de Útica sobre planes de emergencia y contingencia, tanto
a nivel escolar como comunitario.

No era cierto que la avalancha fuera consecuencia de un inadecuado dragado de
la quebrada Negra, el municipio siempre contrató obras para cumplir con esa

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actividad de manera constante. En cuanto al puente del ferrocarril, que pasaba por
la quebrada, precisó que su administración, conservación y mantenimiento
correspondía al INVIAS, y por tal razón solicitó su vinculación al proceso.

Para los años 2010 y 2011 en las cuencas del río Negro y la quebrada Negra se
presentaron lluvias constantes y prolongadas que superaron los registros
históricos, ocasionando la saturación de los suelos, fenómenos como arrastre de
material y el aumento del cauce, lo que provocó la avalancha en el municipio de
Útica. Tanto la alcaldía de Útica, como la gobernación de Cundinamarca,
declararon la urgencia manifiesta en los años 2010 y 2011, para enfrentar la
situación.

De manera que, el evento de 18 de abril de 2011 fue un fenómeno de la naturaleza
que desbordó todas las previsiones que el municipio dispuso y que, de ningún
modo, puede ser considerado como causa para el reconocimiento de los perjuicios
solicitados por los demandantes.

Respecto de la responsabilidad del municipio señaló que estos tienen
competencias específicas en la prevención, obras de mitigación y atención de
desastres, las cuales pueden ser financiadas con recursos propios del sistema
general de participaciones o de otros recursos. Hizo referencia a la sentencia T-
1094 de 2002, sobre deberes de los alcaldes en materia de poblaciones ubicadas
en zonas de alto riesgo.

El daño sufrido por los actores fue ocasionado por un evento de fuerza mayor,
proveniente del fenómeno de la naturaleza. Al respecto, hizo referencia al Decreto
4580 de 2010 por el cual el gobierno Nacional declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica, por razón de la grave calamidad pública provocada
por el fenómeno de La Niña, que constituyó un desastre natural de dimensiones
extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó en forma inusitada e irresistible
en el mes de noviembre de 2010. Los niveles de lluvia superaron los registros
históricos de precipitaciones, según los informes presentado por el lDEAM, lo que
ocasionó una mayor saturación de humedad de los suelos, eventos extraordinarios
de deslizamiento, crecientes rápidas de cuencas de ríos y quebradas de alta
pendiente en la región Andina, entre otras regiones del país.

Adujo la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario respecto al
INVIAS, dado que tenía a su cargo la infraestructura ferroviaria que pasa por el
municipio, y del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICCU,

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que le correspondía ejecutar las obras departamentales, pues la administración
central trasladó esa función a este ente descentralizado.

Además, solicitó la vinculación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, UNGRD, antes Dirección Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, adscrita al Ministerio del Interior, creada por el decreto 4147 de 2011,
hoy adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
entidad responsable de dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, SNPAD.

La Corporación Autónoma de Cundinamarca, CAR, (468 a 483, c.7) señaló que era
cierto que se han adelantado diversos estudios en los que se ha concluido que el
municipio de Útica se encuentra ubicado en una zona de alto riesgo, por su cercanía
al cauce del río Negro y la quebrada Negra. También era cierto que, tanto las
autoridades locales como los habitantes conocían de ese nivel de riesgo.

Respecto de la falla del servicio que se aduce en la demanda por la omisión de
dragado del cauce de la quebrada Negra, señaló que el estudio realizado por
INGEOMINAS y la Universidad Nacional en el 2008, lo recomendaba como una
alternativa de mitigación del riesgo, pero no de su eliminación, y lo más importante
es que señalaba que casi toda la población de Útica se encontraba en un nivel dos
de amenaza y las zonas cercanas al cauce de la quebrada en un nivel uno, motivo
por el cual no resulta lógico que los habitantes del municipio, a sabiendas del riesgo
que corrían, continuarán habitando en estas zonas.

Desde el año 2000 se acordó con el municipio que en el esquema de ordenamiento
territorial se incluyeran medidas preventivas frente a las zonas de amenazas y
riesgo, hizo referencia a la resolución 1918 de 2000, en cuanto a la reubicación del
municipio en el sector San Roque de la vereda Palacio.

Respecto del dragado, que según la demanda se omitió, hizo referencia a seis
contratos de obra ejecutados por la CAR, con el municipio y la Universidad Militar
Nueva Granada, entre los años 2006 y 2011, por valor de $3.600’000.000,
aproximadamente, consistentes en el dragado y conformación de jarillones
adecuación y mantenimiento hidráulico de la quebrada Negra y sus afluentes, para
mitigación y prevención de inundaciones.

El desbordamiento de la quebrada Negra se produjo por la temporada invernal en
Colombia, que se inició de manera atípica desde finales del 2010 y continuó hasta
finales del 2011. Sus efectos fueron agravados por las lluvias constantes durante

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noviembre y diciembre de 2011, lo que no permitió la recuperación de las cuencas
hidrográficas y dio lugar a la saturación de los suelos; por el fenómeno de La Niña
la temporada invernal de 2011 se inició prematuramente en marzo de 2011 y se
intensificó en la segunda quincena de abril. Ese mes fue el más lluvioso en la
historia de muchas zonas del país, lo que ocasionó un acumulado tres veces
superior al promedio histórico. Las condiciones atípicas continuaron en mayo de
2011, los principales ríos del país alcanzaron niveles superiores a los de los últimos
10 años. Los caudales de los ríos y quebradas se excedieron considerablemente,
con respecto a su comportamiento histórico, que dio lugar a inundaciones en
diversos municipios del país, lo que se evidencia en el hecho de que el Gobierno
Nacional declaró la emergencia social y ecológica a través del decreto 4580 de
2010.

Mediante auto de 29 de octubre de 2013 se dispuso a tener como miembros del
grupo a los demandantes en el proceso con radicación 25000-23-41-000-2013-
00547-01, con actor José Ignacio Ramírez Lozano y otros, en los términos de los
artículos 48 y 55 de la ley 472 de 1998 (fl. 623 y 624, c.5).

En la misma providencia se ordenó tener como demandados al Instituto Nacional
de Vías, INVIAS, al Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca y
a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en adelante UNGRD
(fl. 623 y 624, c.5). Los cuales fueron debidamente notificados (fl. 625 a 627).

La UNGRD (fl. 629 a 642, c. 5), se opuso a las pretensiones de la demanda. Alegó
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló que la unidad
fue creada por el Decreto Legislativo 4147 de 2011, con posterioridad a los hechos
que generaron el daño que se reclama por los demandantes. Con anterioridad, esas
funciones estaban en cabeza de la Dirección Nacional de Gestión y Atención de
Desastres, que cumplía las funciones establecidas en el artículo 59 del Decreto 919
de 1989, antes denominada Oficina Nacional para la Atención de Desastres, a la
que correspondía la coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pero
los que estaban llamados por la ley a realizar las obras para prevenir los daños y
afectaciones por causa de eventos naturales eran los CLOPAD y CREPAD, de
acuerdo con las funciones establecidas en el Decreto 919 de 1989, y ahora
conforme a las competencias establecidas en la ley 1523 de 2012.

Adicional a lo anterior, adujo la eximente de fuerza mayor. Anotó que una de las
temporadas invernales más fuertes de las últimas décadas fue la causada por el
fenómeno de La Niña, durante los años 2010 y 2011, que dejó muchos
damnificados y cuantiosas pérdidas económicas, lo cual podía ser consultado al

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IDEAM, que era la entidad encargada de estudiar esta clase de eventos
hidrometeorológicos. Respecto de causas antrópicas de este tipo de fenómenos,
como la minería y la deforestación, son responsables de su control y vigilancia los
municipios con el respectivo departamento, las corporaciones autónomas
regionales y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme a
la ley 99 de 1993, dado que son las autoridades competentes y tienen la función de
velar por la conservación y reparación de daños ambientales dentro de sus
competencias y jurisdicciones.

El INVIAS (fl. 693 a 702, c. 5) indicó que la construcción de la estación férrea del
municipio de Útica no es ni ha sido la causante de la sedimentación del cauce del
río Negro. Si bien es cierto que se encontraba ubicada en esa fuente de agua,
estaba por fuera de la cubeta de divagación y no tenía incidencia en el cauce, ni
formaba sedimentación, por cuanto no se ubicaba dentro del cauce de la quebrada,
razón por la cual no generaba represamiento, ni estrechamiento de la sección
hidráulica de la quebrada. En todo caso, mediante declaración de urgencia
manifiesta, con fundamento en el Decreto 2843 del 2010 de la Presidencia de la
República, el INVIAS contrató con la empresa CMG Construcciones y Montajes
SAS, el contrato de obra para el desmonte de la estructura férrea del puente
localizado en el PR 135+00, vía Bogotá-Facatativá-Villeta-Puerto Salgar,
atendiendo de esta forma la emergencia presentada, trasladando los equipos
necesarios, como una grúa para realizar el desmonte de la estructura. Con las
obras efectuadas se atendió la emergencia, así se mitigó el efecto devastador de
la avalancha presentada y evitó un perjuicio mayor a la población.

Alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la
entidad no tenía la responsabilidad de realizar las obras principales de mitigación
del riesgo, como el dragado de la quebrada Negra, como lo pretendía el
departamento de Cundinamarca.

Alegó la eximente de fuerza mayor, si bien el INVIAS tenía a cargo el corredor férreo
que pasa por el municipio de Útica y por ende el puente que pasaba sobre el cauce
de la quebrada Negra, esta construcción no fue la causante del daño, ya que esta
construcción no escapó a la afectación de la avalancha de la quebrada Negra,
causada por las torrenciales lluvias que se produjeron en esa ola invernal.

El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca no contestó la
demanda (fl. 744, c.5).

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Mediante auto de 13 de febrero del 2014, el Tribunal negó las excepciones previas
propuestas por las entidades demandadas. Respecto del requisito de procedibilidad
de conciliación prejudicial, por cuanto ésta es obligatoria únicamente respecto de
los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa
y controversias contractuales. Respecto de la falta de legitimación en la causa por
pasiva, alegada por varias de las demandadas, señaló que estas se reducían a
simples afirmaciones de las entidades estatales, que se relacionaban con la
eximente de fuerza mayor (fl. 709 a 711, c. 5).

El 26 de marzo de 2014 se celebró la audiencia de conciliación de que trata el
artículo 61 de la Ley 472 de 1998, que se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes (fl. 730 a 732, c. 5) . El proceso se abrió a pruebas
mediante auto de 11 de abril de 2014 (fl. 741 a 744, c. 5). En auto de 29 de mayo
2014, se negó la reposición al auto anterior, presentada por la parte demandante
(fl, 868 a 865, c. 5).

El municipio de Útica, el departamento de Cundinamarca y las CAR presentaron,
por separado, objeción por error grave al dictamen pericial en el que se calcularon
los perjuicios por la parte demandante (fl. 942 a 960, c. 5).

En providencia de 10 de abril de 2015 se dio traslado para alegar de conclusión y
presentar concepto, a las partes y al Ministerio Público, respectivamente (fl. 976,
c.5)

La CAR (fl. 983 a 989, c. 5) subrayó que de las pruebas que obran en el proceso
no se acreditó conducta alguna por acción u omisión de la entidad que permitiera
imputarle el desbordamiento de la quebrada Negra. Por el contrario, se indicaron
todas las obras preventivas que contrató y que fueron ejecutadas con anterioridad
a la avalancha, incluido el dragado del cauce, las cuales implicaron cuantiosas
inversiones económicas. Respecto del dictamen pericial se limitó exclusivamente
al avalúo de los inmuebles y a determinar los presuntos gastos que los
demandantes invirtieron para la reconstrucción de estos. No obstante, el perito no
realizó ningún estudio para delimitar el grado de afectación de los inmuebles, no
identificó los predios, ni su extensión, linderos, ni si se trataba de propietarios,
poseedores y/o arrendatarios, como tampoco verificó la zona de represamiento de
la quebrada Negra.

Reiteró que el desbordamiento de la quebrada Negra se produjo por fuerza mayor.
De acuerdo con las estadísticas, se observó que regularmente en la jurisdicción de
la CAR el mes de abril de cada año es de altas precipitaciones. Esta tendencia,

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acompañada del fenómeno de La Niña, las intensificó de tal manera que, para el
mes de abril de 2011, acaeció un índice de precipitación promedio del 200%, es
decir, extremadamente lluvioso, lo que generó el desbordamiento de diversas
fuentes hídricas en el territorio nacional y las inundaciones que todos conocemos.

El municipio de Útica (fl. 996 a 1001, c. 5) expresó que la avalancha de la quebrada
Negra, de 18 de abril del 2011, configuró una fuerza mayor causada por el
fenómeno de La Niña, dado que fue un evento externo, respecto del cual no fue
posible prever la hora y día del suceso, ni mucho menos la intensidad del fenómeno
y sus consecuencias. Igualmente, fue imposible de resistir por la forma en que se
presentó la precipitación de grandes cantidades de metros cúbicos de agua y de
lodo que corrieron y se mezclaron a través del cauce, que desafortunadamente
vinieron a cubrir parte del casco urbano del municipio. A pesar de los esfuerzos que
realizó para prevenir una tragedia.

Pese a todas las actividades preventivas desplegadas por el municipio, como fue
un constante monitoreo del cauce de la quebrada Negra, el dragado permanente
de este, y la construcción de los jarillones correspondientes, no fue posible impedir
la tragedia y resistir sus efectos dañosos.

El departamento de Cundinamarca (fl. 1003 a 1006, c. 5) reiteró que la avalancha
de la quebrada Negra obedeció a un hecho de la naturaleza, causado por el
fenómeno de La Niña durante los años 2010 y 2011, que desbordó la capacidad
del Estado colombiano, como bien lo explicaron la UNGRD y el IDEAM, en cuanto
a su origen y consecuencia, que ameritó que el gobierno nacional, mediante decreto
4580 del 7 de diciembre de 2010, declarará el estado de emergencia económica,
social y ecológica por grave calamidad pública, el cual fue declarado exequible en
sentencia C-156 de 2011.

En las cuencas del río Negro y la quebrada negra se presentaron lluvias constantes
y prolongadas que superaron los registros históricos, ocasionando la saturación de
los suelos y la ocurrencia de arrastre de material y el aumento de cauce, que
provocó la avalancha en el municipio de Útica.

La UNGRD (fl. 1007 a 1020, c. 5) señaló que mediante Decreto 4147 del 3 de
noviembre del 2011 se creó esta unidad administrativa especial, adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República que es el ente
coordinador del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollado
por la Ley 1523 de 2012, que tiene el mismo enfoque del anterior sistema. Para la
época de los hechos, estaba vigente el Decreto Ley 919 de 1989, mediante el cual

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se creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, SNPAD,
su coordinación correspondía a la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio
del Interior.

Insistió en la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en
consideración a que el sistema determinaba que los comités locales y regionales
para la prevención de atención de desastres eran los órganos de primera instancia
para su atención, y los niveles departamental y nacional estaban organizados y
actuaban como apoyo complementario y subsidiario a los esfuerzos locales. Así
debía entenderse la declaración por el Gobierno Nacional de emergencia
económica, social y ecológica, mediante Decreto 4580 de 2010, declarada en razón
de la temporada invernal 2010-2011. Asimismo, el Decreto Legislativo 4702 de
2010 creó el programa Colombia Humanitaria y la gerencia del Fondo Nacional de
Calamidades, que prestaron asistencia humanitaria y adelantaron acciones de
rehabilitación frente a los efectos de la ola invernal.

También reiteró que la avalancha de la quebrada Negra se debió a una fuerza
mayor, consistente en un fenómeno natural causado por el fenómeno de La Niña
durante los años 2010 y 2011, como lo describió el IDEAM, lo que constituyó un
evento imprevisible e irresistible, exterior a cualquier conducta activa u omisiva de
la administración.

La parte demandante (fl. 1025 a 1059, c.5), señaló que después del
desbordamiento de la quebrada Negra el 13 de noviembre de 1988, que afectó gran
parte del casco urbano del municipio de Útica, tanto la alcaldía como la gobernación
de Cundinamarca, estaban advertidas de la repetición de un episodio similar, así
se determinó en el estudio elaborado por INGEOMINAS y la Universidad Nacional
de Colombia, presentado a las autoridades municipales en diciembre de 2008, que
advertía de un período de retorno de 10 años, en el que se definieron los distintas
zonas de amenaza, en niveles uno y dos, según la magnitud de la creciente. El
estudio recomendaba realizar labores de dragado profundo al lecho de la quebrada,
labor que no se cumplió, como se dejó constancia en varias actas del CLOPAD,
especialmente la del día siguiente de la tragedia, en abril de 2011. Que lo mismo
podía deducirse de los testimonios practicados en el proceso al alcalde del
municipio y al secretario de gobierno para la época de los hechos y de un
funcionario del INVIAS en el área de infraestructura. Además, en un estudio del año
2000, INGEOMINAS recomendó la reubicación del área urbana del municipio. En
todo caso, las autoridades omitieron la construcción de jarillones en la cantidad y
calidad necesaria, dragado continuo del cauce, estudios de estabilidad, actividades
de reforestación y obras de mitigación eficaces. Simplemente, ordenaron realizar

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unas actividades primarias y mínimas de dragado en el cauce que no fueron
adecuadas para precaver los riesgos de inundación. Lo anterior, no puede
considerarse un evento de fuerza mayor, se trató de una tragedia anunciada
conocida por todas las autoridades, respecto de la cual se guardó silencio absoluto.

Añadió que los contratos y convenios aportados por el municipio correspondían a
obras públicas posteriores a la avalancha, financiadas en su mayoría por el
departamento de Cundinamarca. Respecto de los recursos aportados para
alimentos y campamentos temporales, ninguna de las entidades demandadas
acompañó los listados de las familias y personas afectadas. Además, los
damnificados de la avalancha del 18 de abril de 2011 reconstruyeron sus viviendas
con recursos propios, sin participación ninguna de las autoridades municipales y
departamentales.

En cuanto al dictamen pericial, indicó que el área afectada fue delimitada en auto
de 29 de mayo de 2014. El perito determinó el Estado de cada uno de los
inmuebles, aportó las pruebas que acredita la condición de propietarios,
poseedores o tenedores de los damnificados, con los respectivos avalúos
catastrales, así como las facturas de compra de materiales e insumos para la
reparación de sus viviendas; además, fueron aportadas algunas fotografías en las
que se podía ver el estado interior de las viviendas en la fecha de la avalancha y
después de esta.

Finalmente, señaló que las entidades demandadas también son responsables por
omisión en el ejercicio de funciones de vigilancia y control en materia de protección
del medio ambiente, en lo tocante al manejo de las cuencas hidrográficas, entre
otros aspectos. Al respecto, señaló que tanto el INVIAS como las autoridades
municipales conocían del proceso de deforestación causado por el cultivo de caña
en la ronda de la quebrada.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 21 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B (fl. 1063 a 1089,c.ppal) negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

El Tribunal advirtió que la omisión atribuida a las entidades demandadas se
fundamentó en el estudio realizado por INGEOMINAS y la Universidad Nacional de
Colombia en el año 2008, en el que se concluyó que la mayor parte de la población
de Útica presentaba amenaza en grado 1 y 2, en cuanto al desbordamiento de los

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cauces de la quebrada Negra y el río Negro. Hizo referencia a otro concepto técnico
de 28 de noviembre de 2011 por el deslizamiento de la quebrada La Chorrera,
tributaria de la quebrada Negra, en el que la CAR precisó que ese deslizamiento se
asoció a un movimiento de masa causado por la fuerte ola invernal y a las
características geológicas de la zona. Agregó otro factor relacionado con la fuerte
deforestación de toda la zona, para dar paso a cultivos de caña de azúcar. Se debía
hacer un monitoreo constante al deslizamiento, dado que este venía reptando a la
quebrada La Chorrera, lo que podía generar represamiento en esta y una posible
avalancha que afectaría nuevamente el municipio de Útica. El mismo riesgo fue
puesto de presente en el plan local de emergencias y contingencia del municipio de
septiembre de 2010, en donde pone de presente eventos de inundaciones y
avalanchas ocurridas en los años 1990 y 1998.

Lo anterior lleva a concluir que el municipio de Útica está permanentemente en
riesgo de padecer graves inundaciones, provocadas por el desbordamiento de la
quebrada Negra, consecuencia de varios factores específicos, asociados a la
ubicación geográfica de la localidad, las temporadas invernales, las características
geológicas de la región y la inestabilidad de los terrenos ubicados en los márgenes
de los cuerpos de agua y la pérdida de cobertura vegetal que protegen los afluentes
del río Negro.

En este sentido las pruebas que obran en el proceso dan cuenta, desde hace casi
27 años, de inundaciones periódicas en el municipio de Útica originadas por el
aumento del volumen de sus cuerpos de agua con ocasión de las temporadas
invernales, particularmente de la quebrada Negra. De acuerdo con el reporte de
autoridades locales y ambientales, desde el año 1988 el municipio enfrentó varias
emergencias significativas por los desbordamientos de las fuentes de agua, las más
representativas ocurrieron el 17 de noviembre de 1998, 1° de mayo de 1990, 11 de
noviembre de 2008, 27 de marzo de 2009, 6 de mayo del 2010, 5 de abril de 2011
y 11 de abril de 2011. Resulta incuestionable que, en el invierno de cada año, se
presenta el desbordamiento de la quebrada de Negra y del río Negro, acompañado
inundaciones de diferentes niveles riesgo y afectación en el municipio.

Sin embargo, estos eventos de incrementos de precipitaciones en periodos
invernales no son comparables con la avalancha de la quebrada Negra de 18 de
abril de 2011, la magnitud de las lluvias fue extrema y superaron los cálculos de las
entidades demandadas respecto de las medidas de manejo y mitigación del riesgo
por efectos de hechos de la naturaleza.

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Se refirió a informes técnicos del IDEAM y de la CAR; el fenómeno climatológico de
La Niña favoreció el incremento de precipitaciones que aumentaron la probabilidad
inundaciones lentas, crecientes súbitas en las zonas de alta pendiente y el aumento
del deslizamientos, especialmente la segunda temporada de lluvias de 2010 y la
primera de 2011. En su informe, la CAR informó que en su jurisdicción el índice de
precipitación promedio fue del 200%, en el mes de abril de 2011 “es decir un mes
extremadamente lluvioso”, y señaló:

Concluyó que, en la cuenta del Río Negro, que incluye el municipio de Útica,
fue el sector hidrográfico … durante abril de 2011, respecto al índice de
precipitación, alcanzó promedios de 609.7 y 488.3 por ciento de las
mediciones hechas en estaciones de Caparrapí y Agua Fría frente a los
promedios históricos de 215.8 y 186.6% respectivamente.

En abril de 2011 tuvo lugar en el país un periodo invernal que sobrepasó los
estimativos normales, en virtud del fenómeno de La Niña, cuyas consecuencias no
fue posible establecer por parte de las autoridades.

Tan es así, que mediante Decreto Legislativo número 4580 de 7 de diciembre de
2010, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica, social y ecológica al
estimar que estaba frente a una grave calamidad pública, que fue declarada
exequible mediante sentencia C-156 de 2011. El fenómeno de La Niña resultó ser
el más fuerte comparado con los presentados en los años de 1954, 1964, 1970,
1973 y 1998.

El Tribunal concluyó que no resultaba procedente la imputación de responsabilidad
patrimonial a las entidades demandadas, puesto que la grave situación originada
por el fenómeno climático de La Niña era imprevisible e irresistible, en especial por
el volumen de las precipitaciones durante el segundo semestre de 2010 y el primer
semestre de 2011.

Adicionalmente, en este caso, los efectos del fenómeno de La Niña fueron
agravados por circunstancias ajenas a las previsiones adoptadas por las
autoridades, como la ubicación geográfica de Útica, las características geológicas
de la región, la inestabilidad de los terrenos de las márgenes de la cuenca del rio
Negro y la pérdida de la cobertura vegetal por la actividad agrícola.

En tales condiciones resulta evidente la configuración de una causa extraña, como
la fuerza mayor que excluye la responsabilidad atribuida por el grupo de actores a
las entidades demandadas.

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Finalmente, destacó las labores adelantadas por algunas entidades demandadas
en la prevención y mitigación del riesgo debido a las continuas crecientes que
registraban en las cuencas de la quebrada Negra y el río Negro.

4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia (fl.
1090 a 1100, c. ppal). En primer lugar, señaló que los estudios técnicos que
fundamentaron la declaración de la fuerza mayor fueron un boletín del IDEAM de
diciembre de 2010, cuatro meses antes de los hechos, y uno de la CAR de
noviembre de 2011, siete meses después del evento, en el que la entidad justificó
lo sucedido en el municipio de Útica.

En general, la sentencia no realizó una apreciación de las pruebas en conjunto y de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, conforme al artículo 187 del CGP. Se
refirió a pruebas apreciadas parcialmente, tales como el informe de INGEOMINAS
y de la Universidad Nacional de diciembre de 2008. Asimismo, se refirió a 19
pruebas documentales dejadas de valorar, consistentes en oficios, resoluciones e
informes técnicos en los que se advertía por diversas entidades sobre la certeza de
una nueva avalancha de la quebrada Negra similar a la ocurrida en noviembre de
1988 y las recomendaciones reiteradas para que se hicieran labores de
reforestación en la ronda de la cuenca, dragado del cauce, de manera permanente,
y, especialmente, de reubicación del sector urbano del municipio de Útica. Ni las
advertencias sobre el siniestro ni las recomendaciones para prevenirlo fueron objeto
de atención por las autoridades en el primer caso, ni se materializaron en el segundo
caso. Estas omisiones e irregularidades se refieren al comportamiento de las
demandadas antes, durante y con posterioridad a la avalancha.

Agregó que los tres testimonios practicados en el proceso fueron dejados de
apreciar en cuanto al reconocimiento de omisiones por parte de las entidades
demandadas en la mitigación del riesgo que implicaba el desbordamiento de la
quebrada Negra.

Frente a lo anterior concluyó que la avalancha e inundación causada por la
quebrada Negra en el municipio de Útica, tuvo como causa la falta de ejecución de
las obras necesarias para evitarla o prevenirla, tales como la construcción de
jarillones en la cantidad y calidad necesarias, el dragado permanente del cauce,
labores de reforestación en la ronda de la quebrada y el desmonte de la vía férrea
que pasaba por esta. Un evento de esta naturaleza ya había sido advertido por
estudios de INGEOMINAS, la CAR y el IDEAM, en los que se recomendaba

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reubicar el sector urbano del municipio, frente a lo cual no se realizó gestión alguna.
Solo se realizaron actividades de dragado que no fueron permanentes, ni
técnicamente adecuadas.

5. Actuación en segunda instancia

El recurso fue concedido el 3 de junio de 2015 y admitido el 21 de enero de 2016;
el 25 de febrero de 2016 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público, para
presentar alegatos y concepto, respectivamente. (fl. 1103, 1115 y 1116, c. ppal).

El departamento de Cundinamarca insistió en que la avalancha del 18 de abril del
2011 fue un fenómeno natural y sus consecuencias no eran previsibles ni para la
autoridad municipal ni para la departamental (fl. 1119 a 1121, c. ppal).

La CAR recalcó que, de acuerdo con los informes técnicos aportados al proceso el
fenómeno de La Niña fue la causa del desbordamiento de la quebrada Negra, hecho
imprevisible e irresistible que no puede ser atribuible a ninguna de las demandadas.
Adicionalmente, señaló que la CAR fue diligente en el cumplimiento de sus
obligaciones como autoridad ambiental, ya que, con anterioridad a la temporada
invernal, en compañía del municipio de Útica, realizó el dragado de la quebrada
Negra y ejecutó varias obras hidráulicas con el fin de prevenir las inundaciones que
eventualmente podrían presentarse (fl. 1122 y 1123,c. ppal).

La parte demandante, el municipio de Útica y el Ministerio Público guardaron
silencio (fl. 11124, c. ppal).

III. CONSIDERACIONES

1. Normativa y régimen aplicable

La demanda se presentó el 18 de abril de 2013, de allí que le resultan aplicables las
disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998, con las modificaciones que,
respecto de la pretensión, caducidad y competencia, introdujo la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, la jurisprudencia ha precisado:

(…) si bien en los aspectos que se refieren a la reparación de los perjuicios
causados a un grupo el legislador instituyó, por la especialidad que se predica
en estos casos, un régimen particular aplicable a estas controversias, el cual
está contenido en la Ley 472 de 19982, también lo es que, en materia de lo
Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011 modificó dicha norma

2
Cita del original: “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.

19

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especial, en lo que hace a las disposiciones referentes a la pretensión, a la
caducidad y a la competencia, pues, amplió y reguló integralmente las
disposiciones aplicables en esos aspectos, lo que impone concluir que los
demás temas continúan regulados por la Ley 472 de 19983 4.

2. Jurisdicción y competencia

El inciso primero del artículo 50 de la Ley 472 de 1998 prevé que corresponde a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de las acciones de grupo
originadas en la actividad de las entidades estatales y de las personas privadas que
desempeñen funciones administrativas.

En el caso concreto, en la demanda se pretende que se declare la responsabilidad
del municipio de Útica, el departamento de Cundinamarca, la CAR, el INVIAS y la
UNGRD por los daños causados al grupo demandante, ocasionados la avalancha
de la quebrada Negra ocurrida el 18 de abril de 2011.

En tal virtud, esta jurisdicción es la encargada de resolver la controversia planteada,
porque se suscita por la actividad de las citadas entidades públicas.

El Consejo de Estado tiene competencia funcional para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de 21 de mayo de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de
conformidad con los artículos 50 de la Ley 472 de 1998 y 150 y 152.16 del CPACA.

En efecto, esta última disposición preceptúa que los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: “(…) 16. De los relativos
a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados
a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones
administrativas”.

Por su parte, el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 (compilatorio del Reglamento
Interno del Consejo de Estado) previó la siguiente competencia para la Sección
Tercera: “12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de Estado”.

3
Cita del original: “Al respecto consultar, Auto de 31 de enero de 2013, Exp. 63001-23-33-000-2012-
00034-01 (AG), M.P. Enrique Gil Botero”.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto
del 10 de febrero de 2016, exp. 2015-00934, M.P. Hernán Andrade Rincón y autos del 18 de mayo
de 2017 exp. 2016-00131, M.P. Hernán Andrade Rincón y del 18 de julio de 2017, exp. 2013-00583.

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Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

3. Oportunidad del medio de control

El presente caso está gobernado por la Ley 1437 de 2011 que modificó la Ley 472
de 1998, entre otros aspectos, en lo referente a la oportunidad para presentar la
demanda. Sin embargo, el término de caducidad, en el presente caso comenzó a
correr antes de su entrada en vigencia, 2 de julio de 2012, por lo que este debe
contarse conforme a la norma vigente al momento del acaecimiento del daño, esto
es el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, que prescribía que el plazo de caducidad
sería de 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se causó el
daño o cesó la acción vulnerante del mismo5.

El daño por el que se reclama consiste en la destrucción de diversos bienes
inmuebles y muebles de los demandantes, con ocasión de la avalancha de la
quebrada Negra, en el municipio de Útica, Cundinamarca, el 18 de abril de 2011 y
la demanda fue presentada el 18 de abril de 2013, por lo que el medio de control
fue ejercido en el término prescrito por la Ley.

4. Legitimación formal en la causa

Para efectos de legitimación procesal, la demanda fue presentada por el señor José
Maxolán Casallas Sáenz y 78 personas más, por lo que el grupo estaría conformado
por estas personas y las demás personas habitantes del municipio de Útica que se
vieron afectadas por la avalancha de la quebrada Negra, del 18 de abril de 2011.

Debe señalarse que 49 de los demandantes fueron acreditados como damnificados
de este fenómeno natural, por la pérdida de viviendas o averías a estas, como se
precisará más adelante en el acápite correspondiente al daño, de acuerdo con el
censo realizado por el CLOPAD del municipio de Útica y el CREPAD del
departamento de Cundinamarca. En el documento se relacionan a los siguientes
demandantes: Adriana Moya Gaitán, Baudilio Castro, Baudilio Castro, Baudilio
Castro, Bertha Zoila Casallas de Sánchez, Carlos Arturo Alba Pulecio, Harold Nixon

5
En aplicación del artículo 624 del Código General del Proceso: Modifíquese el artículo 40 de la Ley
153 de 1887, el cual quedará así́:
"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes
en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones.
“La competencia para tramitar el proceso se regirá́ por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad".

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Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

Alba Giraldo, Héctor Eduardo Guamán Chávez, Héctor Hugo Córdoba Castillo,
Hugo Mauricio Córdoba Pinzón, Jair Eduardo Guamán Chaves, Jhonny Andrés
Córdoba Pinzón, María Deysy Chaves, Nohora Luz Beltrán Franco, Nohora Luz
Beltrán Franco, Nubia Estela Rodríguez Delgadillo, Teresa Beltrán Beltrán,
Valentina Pinzón de Córdoba, Wilson Ovidio Sánchez Casallas, Andrés Felipe
Rincón Moreno, Juan José Ortiz Moreno, Nicolás Ortiz Moreno, Nicolás Ortiz
Moreno, Sandra Moreno Triana, Brayan Smith Garzón Hernández, Brayan Smith
Garzón Hernández, Giovanny Stivet Garzón Hernández, Jaqueline Hernández
Wilches, Jovany Garzón, Fabio Ramiro Mahecha, Fany Ordoñez, Jaime Bolaños
Sánchez, Manuel de Jesús Peñate Galván, Margot Cecilia Guamán Chávez, Angie
Tatiana Guerra Medina, Belén Maldonado Mahecha, Cecilia Medina Ballesteros,
Diana Marcela Guerra Medina, Evaristo Guerra, María de Los Ángeles Londoño
Gutiérrez, Nolberto Londoño Bolaños, Gloria Inés Mahecha Chaparro, Jorge
Enrique Chaparro, Luz Stella Mahecha Pedroza, María Elvia Pedroza Ballesteros,
María Etelvina Carvajal de Chaparro, Ana Yibe Cifuentes de Olaya, César Fernando
Mahecha Pedroza, Rigoberto Olaya Medina, Teodoro Mahecha González, Teodoro
Mahecha González, Eugenio Cifuentes Bustos, Liliana Useche y Gloria Lucía Chica
González, Marlene Beltrán (fl. 398 a 401, 405, 411, 414, 427 a 429, 430, 432 y 433,
c.7).

El municipio de Útica, el departamento de Cundinamarca, la CAR, la UNGRD y el
INVIAS están formalmente legitimados en la causa por pasiva, comoquiera que son
las entidades públicas a la que se le imputa el daño consistente en la omisión de
prevenir los efectos del desbordamiento de ese cuerpo de agua.

5. Problema jurídico

En primera instancia se negaron las pretensiones de la demanda con fundamento
en la eximente de fuerza mayor. La parte demandante, en el recurso de apelación
señaló que las pruebas que obraban en el proceso no fueron valoradas en conjunto
y conforme a las reglas de la sana crítica.

Estas demostraban plenamente que la avalancha de la quebrada Negra y los daños
causados por esta en el municipio de Útica, el 18 de abril de 2001, fueron la
consecuencia de la omisión de las autoridades demandadas en realizar las obras
necesarias para prevenir esos daños, tales como el dragado continuo del cauce, la
construcción de jarillones y la reforestación de la ronda de la cuenca del río Negro.

Para la parte demandante se trataba de un riesgo previsible que había sido
advertido por estudios previos realizados, desde el año 2000, por INGEOMINAS, la

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Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

CAR, la gobernación de Cundinamarca, el IDEAM, entre otros. En los que
recomendaba la reubicación del casco urbano del municipio, frente lo cual no se
realizó ningún tipo de gestión y la actividad de las demandadas, ni antes, ni durante,
ni después del siniestro, principalmente, por el municipio de Útica, y solo se
limitaron a realizar actividades mínimas de dragado del cauce, pero nunca se
removió el puente férreo que pasaba por el cauce de la quebrada, a la altura del
barrio La Estación.

Corresponde a la Sala determinar si la avalancha de la quebrada Negra, el 18 de
abril de 2011, era un riesgo previsible y mitigable por parte de las autoridades
demandadas o, por el contrario, fue un evento de fuerza mayor.

6. Marco normativo nacional de la atención y prevención de desastres

Para la época de los hechos que se controvierten en este proceso, regía la Ley 46
de 1998 que creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
SNAPD, asimismo, se encontraba vigente el Decreto 93 de 1998, que adoptó el
Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Esta normativa tenía
por objeto orientar las acciones del Estado para la prevención y mitigación de
riesgos en caso de calamidad o desastre, ante eventos naturales y antrópicos no
intencionales. En la ley se definió como desastre el daño o alteración graves de las
condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causadas por
fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma
accidental, que requiriera de la especial atención del Estado y de otras entidades
de carácter humanitario o de servicio social. La misma norma determinó que el
Presidente de la República podía declarar, mediante decreto y previo concepto del
Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, la existencia de una
situación de desastre y que, según su magnitud y efectos, la podía calificar de
carácter nacional, departamental, o municipal.

El marco reglamentario de la Ley 46 de 1988 estaba gobernado por el Decreto Ley
919 de 1989, mediante el cual se creó el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres. Su coordinación correspondía a la Dirección de Gestión del
Riesgo del Ministerio del Interior. En su artículo primero se determinaba que el
sistema estaba conformado por un conjunto de entidades públicas y privadas que
realizaban acciones específicas para la prevención, manejo, rehabilitación,
reconstrucción y desarrollo a que dieran lugar situaciones de desastre o de
calamidad. En el artículo segundo establecía que el sistema estaba conformado por
el comité nacional y los comités regionales y locales para la prevención y atención
de desastres (CLOPADS y CREPADS), estos eran los gestores de primer nivel y

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Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
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Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

los niveles departamental y nacional actuaban como apoyo complementario. El
artículo sexto determinaba que todas las entidades territoriales, debían establecer
en sus planes de desarrollo el componente de prevención de desastres,
especialmente, en lo relacionado con el ordenamiento territorial respecto de zonas
de riesgo y asentamientos urbanos, planes preventivos y de contingencia para la
atención de emergencias, así como las apropiaciones necesarias para su
ejecución. El enfoque en este aspecto era de cofinanciación; cada nivel debía
contar con recursos propios para el desarrollo de proyectos de prevención y
atención de desastres. El decreto estableció lineamientos respecto de los contratos,
la ocupación temporal y la demolición de inmuebles, la imposición de servidumbres
y resolución de conflictos, la adquisición y expropiación de estos, la moratoria o
refinanciación de deudas, el control fiscal de los gastos generados por estos
eventos y las donaciones a que hubiera lugar.

En el decreto se distinguían los eventos de desastre y calamidad pública, esta se
consideraba de menor gravedad. La facultad de declarar el primero era del
Presidente de la República, que se podía hacer hasta tres meses después de los
hechos que lo configuraban. Las situaciones de calamidad pública eran declaradas
por la Oficina Nacional de Atención de Desastres que podía ser modificada en los
tres meses siguientes para calificarla como situación de desastre.

Para efectos de los sucedido en este caso, debe aclararse que mediante Decreto
Legislativo 4147 de 3 de noviembre de 2011, la coordinación del Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD, pasó a la Unidad
Administrativa Especial denominada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, UNGRD, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República. La ordenadora del gasto, para efectos de la atención del fenómeno de
La Niña 2010-2011 estaba a cargo del Fondo Nacional de Calamidades, creado por
el Decreto 1547 de 1984, modificado por el Decreto Ley 919 de 1989. Los recursos
provinieron en su mayoría de la subcuenta Colombia Humanitaria. La Ley 1523 de
2012 consolidó de manera definitiva estos cambios.

En la demanda, contestaciones y alegatos de las partes se hizo referencia de
manera reiterada a la sentencia T-1094 de 2002, que resulta importante para
determinar los deberes de protección del Estado respecto de las víctimas de
desastres naturales, cuando se afectan directamente su vivienda y sus cultivos, en
los eventos en que estos constituyen su único medio de subsistencia. En la
sentencia se afirma que es un deber de rango constitucional que involucra los
deberes sociales de los particulares, dado que es necesario tener en cuenta que
las contribuciones de estos, destinadas a cubrir los gastos e inversiones del Estado,

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Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

son las que financian el apoyo económico de las víctimas (artículos 2 inciso 2º y 95
numeral 9º de la CP).

En la providencia se hace referencia al artículo 56 de la Ley 9ª de 19896, en el que
se hace imperativo el deber de evacuar a los habitantes de una vivienda en situación
de alto riesgo, la adquisición del respectivo inmueble sea por negociación voluntaria
o por expropiación, para que el antiguo propietario pueda suplir su propiedad y
solucionar el riesgo que corre. Si bien la administración cuenta con un ámbito de
discrecionalidad en la apreciación de la gravedad de los hechos que dan lugar a la
aplicación de la norma y en la escogencia de las medidas correspondientes, ante la
evidencia de la existencia de los hechos:

El margen de apreciación de la administración se reduce a encontrar el medio
más adecuado para cumplir sus deberes. Dicho margen no comprende la
posibilidad de abstenerse de actuar en forma oportuna y eficaz, ya que la
omisión en proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos
fundamentales amenazados de manera inminente constituye un
desconocimiento de la Carta.

(…)

Prueba de ello es que la consecuencias dañinas de un derrumbe o
deslizamiento de tierra posterior a la advertencia del inminente riesgo sobre
las vidas y los bienes de las personas que habitan un determinado territorio,
sin que se hubieran tomado las medidas preventivas por la autoridad en forma
oportuna, pueden llevar al enjuiciamiento del Estado por omisión de sus
funciones y a su responsabilidad patrimonial.

La Corte aclara que, si bien la norma permite a la autoridad local adquirir el respectivo
inmueble y sus mejoras, ello no implica que exista un deber automático de expropiar,

6
Artículo 56.- Inciso modificado por el art. 5, Ley 2 de 1991. Los alcaldes y el Intendente de San
Andrés y Providencia procederán a levantar, en el término máximo de seis (6) meses contados a
partir de la vigencia de la presente Ley, un inventario de los asentamientos humanos que presenten
altos riesgos para sus habitantes, en razón a su ubicación en sitios anegadizos, o sujetos a
derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda
y reubicarán a estos habitantes en zonas apropiadas, con la participación del Instituto de Crédito
Territorial. Además, tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que el inmueble
desocupado no vuelva a ser usado para vivienda humana. Ver el literal a) del art. 80, Ley 9 de 1989.
Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas, mediante enajenación
voluntaria directa o mediante expropiación, en los términos de la presente Ley.
Cuando se trate de la enajenación voluntaria directa, se podrá ́ prescindir de las inscripciones en el
folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta Ley. Los inmuebles y mejoras así́
adquiridos podrán ser recibidos en pago de los inmuebles donde fueran reubicados los habitantes.
Adquirido el inmueble, pasará a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que
lo adquirió ́.
Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehúsan abandonar el sitio,
corresponderá ́ al alcalde o al Intendente de San Andrés y Providencia ordenar la desocupación con
el concurso de las autoridades de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas. Esta orden
se considerará, para todos los efectos, como una orden policiva en los términos del Código Nacional
de Policía.
Las multas de que trata el numeral 9 del artículo 2 del Decreto-Ley 78 de 1987 ingresarán al tesoro
de la entidad que las hubiere impuesto y se destinarán para financiar los programas de reubicación
de los habitantes en zonas de alto riesgo.
Las autoridades que incumplieren las obligaciones que se les impone en el presente artículo,
incurrirán en el delito de prevaricato por omisión previsto en el artículo 150 del Código Penal, sin que
respecto de ellos proceda el beneficio de excarcelación.

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dado que, tanto la sociedad como los individuos tienen que asumir cargas, al
momento de enfrentar este tipo de riesgos:

Los seres humanos no están exentos de sufrir daños como consecuencia de
la conducta humana o de los hechos de la naturaleza. El derecho interviene
en la regulación jurídica de los sistemas de distribución de riesgos sociales…
Con respecto a los riesgos que se ciernen sobre los bienes, el derecho de una
sociedad donde la actividad económica y la iniciativa privada son libres
(artículo 333 inciso 1º de la Constitución) no es asumido directamente por el
Estado o la sociedad. La autonomía y la responsabilidad individuales dejan
los riesgos sobre los bienes, en principio, al mercado de seguros. La persona
previsora tenderá a contratar seguros para protegerse de los riesgos por
eventuales daños ocasionados, entre otros, por fenómenos naturales como
terremotos, incendios, inundaciones, etc. Por el contrario, la persona que
confía en evadir dichos riesgos prescindirá de hacer erogaciones para
prevenir tales eventualidades. En virtud del principio de subsidiariedad, el
Estado no puede simplemente eliminar la autonomía individual mediante la
imposición de una obligación de asegurar los bienes particulares, como
tampoco tiene la función de asegurar a las personas en su patrimonio contra
todo tipo de riesgos. El Estado Social de Derecho no es un Estado
paternalista, dirigista ni totalitario, que deba asumir toda suerte de
consecuencias por el hecho de la naturaleza.

La Corte también precisa que la administración al momento de negociar la adquisición
de un inmueble deberá apreciar su valor y ponderar los intereses generales de la
comunidad y los derechos de los particulares (artículo 58 de la CP), “todo ello dentro
del marco constitucional de respeto a la dignidad humana, al trabajo y la solidaridad
y a la prevalencia del interés general (artículo 1 de la Constitución)”.

En todo caso, respecto de los fenómenos de la naturaleza existen precisos deberes
constitucionales como el de saneamiento ambiental (art. 49 de la CP), el de manejo
de los recursos naturales, el de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer sanciones y exigir reparaciones (art. 80 de la CP), el acceso a
la propiedad agraria para mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos
(art. 64 de la CP), proteger la producción de alimentos (artículo 65 de la
Constitución) y “sólo la ocurrencia de daños antijurídicos causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas pueden llevar a responsabilizar
patrimonialmente al Estado (artículo 90 inciso 1º de la Constitución)”.

7. El fenómeno climático de La Niña 2010-2011 en Colombia, Cundinamarca y
Útica

Como lo han reiterado las partes en el curso del proceso, el 7 de diciembre de 2010,
mediante el Decreto 4580, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia
económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública. La causa para
declarar ese estado de excepción fue el fenómeno climático de La Niña, que
constituyó “un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el
cual se agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010”,
cuando la lluvia superó los niveles históricos hasta ahora registrados. Como

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consecuencia de ese fenómeno la dirección de prevención y atención de
desastres reportó “la pérdida de la vida de más de 200 personas, han desaparecido
más de 120, han resultado heridas cerca de 250, hay 337.513 familias afectadas,
2.049 viviendas destruidas y 275.569 viviendas averiadas en 654 municipios de
Colombia”. Asimismo, también generó “un grave impacto, con la afectación de
52.735 predios, 220.000 hectáreas dedicadas a agricultura, sin incluir las tierras
inundadas destinadas a ganadería, la muerte de 30.380 semovientes y el traslado
súbito de 1.301.892 animales”.

La sentencia C-256 de 2011 declaró exequible la declaratoria de emergencia porque
los hechos que la sustentaron fueron debidamente corroborados, como fue “la
existencia del fenómeno de La Niña, el incremento de las precipitaciones en regiones
del país y el aumento del caudal de los ríos, así la prolongación del fenómeno en el
primer semestre de 2011”. De acuerdo con los reportes del IDEAM en la misma
sentencia se señaló que, “era probable que se presentara el fenómeno de La Niña,
pero su intensidad y magnitud resultó ser la más fuerte de los hasta ahora registrados
si se compara con los ocurridos en 1954, 1964, 1970, 1973 y 1998”. Lo que llevó a la
Corte a concluir “que los hechos ya enunciados adquirieron carácter sobreviniente, su
intensidad fue traumática, su ocurrencia fue ajena a lo que regular y cotidianamente
sucede respecto de dicho fenómeno”, que en los meses de julio a octubre se
presentaron lluvias intensas que superaron los promedios históricos en las regiones
Caribe, Pacífico y Andina, y una intensificación en el mes de noviembre en la regiones
Caribe y Andina, “las cantidades de precipitación registradas durante este mes
superaron los promedios históricos reconocidos en la mayor parte de las mencionadas
regiones”.

La Corte concluyó que, frente al panorama anterior, si bien el fenómeno de La Niña
fue un fenómeno que pudo ser pronosticado, lo cierto es que su magnitud, intensidad
y agudización superó los registros históricos: “Así pues, se verificó que el fenómeno
de La Niña 2010 fue el más fuerte de los fenómenos fuertes de La Niña presentados
en otros años, lo que demuestra su carácter anormal y extraordinario”. A lo anterior
agregó:

Por ende, encuentra esta Corte que los hechos verificados objetivamente por
esta Corporación y extraños al Estado adquirieron el carácter de
sobrevinientes y extraordinarios; imprevisibles por cuanto como se demostró
(numeral 8.3.1.), los promedios previsibles en materia de precipitaciones
fueron ampliamente superados en la mayoría de regiones del país;
irresistibles por cuanto los hechos verificados superaron en gran medida lo
que se esperaba y por ende desbordaron la capacidad de respuesta del
Estado; cumpliéndose entonces con la última parte del presupuesto fáctico,
esto es el ‘juicio de sobreviniencia’.

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En el informe del IDEAM, titulado “Análisis del impacto del fenómeno La Niña 2010-
2011 en la hidroclimatología del país”7. Se informó que, dentro de las escalas de
variabilidad climática, los fenómenos ENSO8, en su fase fría (La Niña) y cálida (El
Niño) son determinantes en los patrones climáticos de diversas áreas de la
superficie terrestre: “...este episodio (“La Niña”), se ha caracterizado por un
importante componente atmosférico y, según revelan los indicadores
correspondientes, se trata de uno de los episodios más intensos del último siglo,
con un fuerte acoplamiento océano-atmósfera”.

Esa repercusión climática fue bastante notoria en Colombia, con la presencia del
fenómeno de La Niña en los años 2010-2011, dado que estuvo asociada a
emergencias tales como inundaciones lentas, crecientes súbitas y deslizamientos
de tierra, con significativas pérdidas humanas y materiales. Debe anotarse que el
agravamiento de estos fenómenos contribuyó la deforestación de cuencas9.

El fenómeno de La Niña se caracterizó en nuestro país por el aumento de
precipitaciones y la disminución de las temperaturas, anomalías positivas y
negativas, respectivamente, en las regiones Andina, Atlántica y Pacífica, y áreas del
piedemonte de los llanos orientales. Debe señalarse que en las regiones de la
Orinoquía y en la Amazonía, el mismo fenómeno, no implicó alteraciones
importantes. Después de la terminación del fenómeno de El Niño en abril de 2010,
se inició el evento de La Niña que se desarrolló desde junio de 2010 hasta mayo de
2011: “La comparación del índice multivariado (MEI) en eventos “Niñas” fuertes con
el fenómeno 2010-2011 permite concluir que esta “Niña” ha sido una de las más
fuertes de la historia”.

En la región Andina, el fenómeno comenzó a sentirse con precipitaciones de abril a
septiembre y noviembre y diciembre de 2010, por lo que no se presentó la

7
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IIDEAM), Subdirecciones de
Ecosistemas y de Estudios Ambientales y Meteorología, Oficinas de Planeación y de Servicio de
Pronósticos y Alertas, “Análisis del impacto del fenómeno “La Niña” 2010-2011 en la
hidroclimatología del país”, en:
http://www.ideam.gov.co/documents/21021/418818/An%C3%A1lisis+Impacto+La+Ni%C3%B1a.pdf
/640a4a18-4a2a-4a25-b7d5-b3768e0a768a,consulta. Consultado 12 de diciembre de 2023. Agosto
de 2011, con cifras de mayo de 2001.
8
Durante una “Niña”, la presión a nivel del mar tiende a ser más baja en el Pacífico occidental, y
más alta en el Pacífico oriental, mientras que lo contrario tiende a ocurrir durante “El Niño”. Estas
variaciones en el campo de la presión atmosférica se llama Oscilación Sur; una medida estándar de
dicha oscilación es la diferencia en la presión a nivel del mar entre Tahití́ (18° S, 150° W) y Darwin
(12° S, 131° E). Tahití́ (NW de Australia) y Darwin (E del Pacífico). Dado que “El Niño” y la Oscilación
Sur están relacionados, los dos términos se combinan a menudo en una sola frase, “El Niño”
Oscilación Sur, o ENSO, siguiendo la sigla en inglés. La fase fría de ENSO, se utiliza a menudo para
describir a “La Niña” y la fase caliente del ENSO para describir a “El Niño”.
9
Se suman otros elementos que tuvieron como consecuencia un agravamiento de la inundación,
como la progresiva deforestación de cuencas y laderas, que aumenta la erosión y la sedimentación,
y la ocupación irresponsable o indeseable de territorios no aptos para la vivienda o ciertas
infraestructuras. En: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, Banco
Interamericano de Desarrollo – BID, “Valoración de daños y pérdidas, Ola invernal en Colombia
2010-201”, Bogotá, enero 2012.

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temporada seca de mitad de año, siendo uno de los inviernos más fuertes de los
últimos años, dado que las precipitaciones excesivas durante julio de 2010
resultaron atípicas, para una temporada que normalmente es de pocas lluvias.
Estos:

Fueron un factor preponderante para que los niveles de los ríos no
bajaran, como comúnmente lo hacen en julio y agosto y, por el
contrario, siguieran ascendiendo, traslapándose con la segunda
temporada lluviosa la cual también fue marcadamente excesiva,
situación que conllevó a las emergencias socioeconómicas ya
mencionadas.

El Informe “Experiencia Emergencia Invernal Abril Mayo 2011” de la CAR, de 15 de
septiembre de 2011, respecto del departamento de Cundinamarca, señaló que en
2011 la temporada invernal inició en el mes de marzo y en la segunda quincena
abril, las precipitaciones habían “alcanzando un acumulado tres veces superior del
promedio histórico”.

Con la anotación que los meses de enero y febrero debieron ser secos, sin embargo,
se presentaron precipitaciones constantes, lo “que no permitió́ recuperar la
capacidad de regulación de las cuencas hidrográficas” que, como ya se anotó,
venían saturadas del año 2010, en el informe se señaló10:

Una de las características del actual fenómeno de La Niña, fue el
cambio drástico de las condiciones atmosféricas sobre la región, al
pasar de un periodo seco a otro lluvioso, es decir, no hubo transición
entre un fenómeno Niño y otro Niña.

En el departamento de Cundinamarca los índices de precipitación de lluvias
cambiaron de manera drástica. Para explicarlo es necesario tener en cuenta las
categorías de precipitación, que en el informe se explican de la siguiente forma:

0 – 30%: lluvias muy por debajo de lo normal (mes extremadamente seco).
31 – 60%: lluvias moderadamente por debajo de lo normal (mes muy seco).
61 – 90%: lluvias ligeramente por debajo de lo normal (mes seco)
91 – 110%: lluvias normales para el mes.
111 – 140%: lluvias ligeramente por encima de lo normal (mes lluvioso).
141 – 170%: lluvias moderadamente por encima de lo normal (mes muy
lluvioso).
Mayor de 170%: lluvias muy por encima de lo normal (mes extremadamente
lluvioso).

Respectos de las estaciones hidrológicas correspondientes a la cuenca del río
Negro, entre otras del departamento de Cundinamarca, en el informe se comparan

10
Una de las consecuencias más graves de esta con- tinada, inusitada y elevada precipitación
ocurrida de manera generalizada en amplias zonas del país, ha sido la crecida y el desborde de ríos
y cuerpos de agua, que inundaron en forma extensa y prolongada regiones que en inviernos
normales no se habrían inundado. En: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal,
Banco Interamericano de Desarrollo – BID, “Valoración de daños y pérdidas, Ola invernal en
Colombia 2010-201”, Bogotá, enero 2012.

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los milímetros de precipitación históricos con los de 2011 y se registran los índices
de precipitación durante el mes de abril de 2011.

En la estación de Caparrapí, del municipio del mismo nombre, el histórico de
precipitación era de 215.8 mm y en 2011 fue de 609.7 mm, y el índice de
precipitación fue de 282.53%. En la estación Agua Fría, en el municipio de
Quebradanegra, el histórico de precipitación era de 188.6 mm y en 2011 fue de
488.3 y, el índice de precipitación fue de 258.91%.

Es decir que las precipitaciones en milímetros aumentaron en más del doble y el
índice máximo de 170% de precipitación fue superado ampliamente, por lo que ese
mes fue extremadamente lluvioso. A lo que debe agregarse que no se dio un
período de transición de una temporada seca a una de lluvia tanto a mediados de
2010 como a principios del 2011, por lo que los cauces de los ríos y quebradas se
vieron saturados.

8. Estudios previos al año 2011 sobre los riesgo de inundaciones, crecientes
y avalanchas en la cuenca del río Negro y la quebrada Negra

• Mediante Resolución 1918 de 23 de noviembre de 2000, la CAR aprobó el proyecto
de esquema de ordenamiento territorial del municipio de Útica, EOT, en la parte
correspondiente al manejo de cuencas hidrográficas, señaló que en el municipio
discurre la cuenca media del río Negro, con un alto grado de amenaza y riesgo. Se
aclaró que Útica no se ubica dentro de una zona de alta pluviosidad, por lo que la
torrencialidad de sus quebradas y ríos es ocasional y de corta duración, pero debido
a las fuertes pendientes y a los procesos erosivos, son responsables de la
evacuación rápida de las aguas lluvias, se identificó como amenaza principal la
quebrada Negra, por su corto recorrido “y los procesos erosivos consecuencia de
las prácticas inadecuadas en la agricultura y la ganadería”.

La CAR consideró que se debían ejecutar acciones con otros municipios para
generar un distrito de manejo integrado de la cuenca del río hasta la represa Los
Colorados, principalmente con el municipio de Quebradanegra. La zona urbana, se
encontraba en el vértice de confluencia del cauce principal, cuyos volúmenes han
generado riesgo, por lo que se debe, entre otras tareas: “identificar, analizar y
evaluar el uso del agua en la región y sus proyecciones a mediano y largo plazo,
frente a las alternativas de la nueva localización del asentamiento urbano de Útica”.
Por lo que se planteó la posibilidad al municipio de ir adquiriendo terrenos para la
posible reubicación en el sector San Roque de la vereda Palacio “y de esta forma ir
trasladando de manera gradual ciertas actividades que jalonen el desplazamiento

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hacia el nuevo sector. De darse lo anterior, Útica llegaría a contar con dos áreas de
desarrollo (la nueva y la antigua)” (fl. 493, c.7).

En junio de 2005, un estudio de INGEOMINAS señaló lo siguiente:

La cuenca de la quebrada Negra es susceptible a los movimientos de masas
y esta es su condición natural dado el elevado fracturamiento de las rocas
(principalmente lutitas) producto de las fallas geológicas que dieron origen al
relieve en el sector y cuyo comportamiento ante los agentes atmosféricos es
desfavorable en términos de estabilidad.

En el mismo estudio se recomendaba la intervención del cauce en la parte baja,
para lo cual era indispensable la modelación de los flujos para formular medidas de
prevención para la población. En el mismo sentido, se recomendaba la intervención
del cauce, lo más recto hacia la desembocadura, tal como venía haciéndolo la
alcaldía con la retroexcavadora, lo que permitía mayor velocidad al flujo y su
evacuación (citado en Decreto 19 de 6 de abril de 2011, declaración de urgencia
manifiesta por la alcaldía de Útica, fl. 307 y 328, c.7 ; fl.15, c.4).

En diciembre de 2008, INGEOMINAS y la Universidad Nacional De Colombia, sede
Bogotá, presentaron el estudio denominado “Formulación de una guía metodológica
para la evaluación de las amenazas, tipo flujo: caso piloto cuenca quebrada Negra,
Útica, Cundinamarca, anexo IV -informe Ejecutivo, zonificación de la amenaza por
flujos en la Cuenca de la quebrada Negra, Útica, Cundinamarca” (fl. 3 a 29, c. 3).

El estudio estaba destinado a hacer la zonificación de la amenazas por flujos en el
cauce de la quebrada Negra que afectaban considerablemente a la población de
Útica, la cual se localiza en el aluvial de la desembocadura de la quebrada al Río
Negro.

La cuenca de la quebrada Negra es altamente susceptible a la formación de flujos
con altas concentraciones de material sólido, que se depositan en la parte baja de
la quebrada, con periodos de retorno de aproximadamente 10 años. Al respecto se
consideró:

Son precisamente estos represamientos y los flujos generados, la principal
amenaza sobre la cabecera municipal, pues muchos de ellos se originan
desde el nacimiento de la quebrada, en las laderas de alta pendiente, en los
cauces tributarios a la quebrada Negra de longitud relativamente corta, y por
la trayectoria del mismo prácticamente recta. Estas condiciones contribuyen
al ataque de las márgenes, por el flujo a lo largo de su trayectoria alimentando
con nuevos materiales el mismo, y en su parte más baja, presentando rebose
por la reducida capacidad hidráulica del cauce (profundidad y ancho de la
sección transversal) como efecto de la continua depositación (sic) de
sedimentos (fl. 3. c. 3).

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Se hizo referencia al evento ocurrido el 17 de noviembre de 1988, durante una fuerte
ola invernal, que se presentó por una alta concentración de materiales de flujo en la
quebrada La Papaya y que finalmente se movilizó por la quebrada Negra hasta su
desembocadura y terminó afectando gran parte del municipio de Útica.

En el estudio se consideraron tres escenarios de modelación para establecer la
amenaza de inundación, para mitigar el efecto de stas, se consideraron tres
alternativas de obras:

La primera, la construcción de un canal paralelo a la quebrada cuya desembocadura
estuviera en el Río Negro. Se determinó que serviría para evitar el desbordamiento
en la margen izquierda, pero no en la derecha, que es la que provocaría las
inundaciones.

La segunda, la construcción de un embalse, que consistiría en un dique transversal
al cauce para la retención de sedimentos. En la simulación serviría para
profundidades de flujo relativamente bajas (0.50 m), pero no para las crecientes con
período de retorno cada 10 años. Además, resultaría muy costosa, pues se requería
una profundidad superior a los cinco metros.

La tercera, el dragado del lecho de la quebrada, que consistiría en la profundización
del canal principal de la quebrada, que fue la finalmente recomendada y que es la
alternativa por la que tradicionalmente se ha optado.

Asimismo, se presentaron los grados de riesgo por inundaciones por movilización
de flujos, en el período ya citado de 10 años, de acuerdo con su altura y la velocidad
de estos:

• Grado 1: inundación por flujo de lodo, con alturas entre 1 y 4 metros y velocidades
de flujo entre 1 y 3 metros por segundo, que por sus características “puede
arrastrar personas y objetos pesados y generar colapso de viviendas”.

• Grado dos: inundación por flujo de lodo, con alturas entre 0.30 y 1.0 metro,
velocidad de flujo entre 0.50 y 1.0 metro por segundo, “por las características del
flujo puede causar daños a niños, a adultos mayores y personas discapacitadas, y
generar afectación mayor a viviendas y arrastrar objetos menores”.

• Grado 3: inundación por flujo de lodo, con alturas menores a 0.30 metros,
velocidades de flujo menores a 0.50 metros por segundo, “por las características

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del flujo, las personas pueden movilizarse dentro de él y generar afectación menor
a viviendas y objetos menores”.

Se determinó que la mayor parte de la población de Útica presentaba nivel de
amenaza 1, principalmente zonas próximas a la quebrada Negra y río Negro, con
una profundad superior a los 1.5, y velocidades superiores a 1.5 metros por
segundo. La obra que se consideró para mitigar una creciente de estas
características fue el dragado del cauce para profundizarlo:

De acuerdo con las simulaciones realizadas para los distintos escenarios con
obras, la alternativa que mitiga un poco los efectos de las crecientes en el cauce
de la quebrada Negra corresponde a la profundización del cauce de la misma
dragando el lecho de este cauce. Esta alternativa debe ser estudiada a fondo,
con el fin de analizar una sección transversal óptima de dragado que mitigue la
creciente y que presente una viabilidad económica para la población.

Resulta claro que la amenaza grado 1 fue la que se concretó en la avalancha de la
quebrada Negra el 18 de abril de 2011, como se observará en adelante. También
que el municipio de Útica, la CAR y el departamento de Cundinamarca optaron por
la alternativa del dragado del cauce de la quebrada Negra, como la alternativa más
viable para la mitigación de este riesgo.

Respecto de la reubicación de la zona urbana del municipio de Útica, si bien se
recomendó en la aprobación del EOT de municipio en noviembre de 2000, no es un
asunto presente durante los diez años siguientes, dado que se dio prioridad al
estudio de INGEOMINAS y del Universidad Nacional de noviembre de 2008. Tanto
el grado de riesgo como las políticas para su mitigación y prevención giraron
alrededor de este informe.

Lo anterior resulta evidente en los hechos de la demanda, dado que no se hace
referencia ninguna a la reubicación de la zona urbana del municipio y lo que se
reprocha es la omisión del dragado del cauce de la quebrada. A esa medida de
reubicación se hace referencia en la apelación de la sentencia de primera instancia
y vuelve a surgir como alternativa interinstitucional después del 18 de abril de 2011,
como se verá más adelante.

Visto lo anterior resulta necesario desarrollar lo relacionado con el juicio de
responsabilidad en el presente caso, en cuanto a la prueba del daño antijurídico y
si este resulta imputable a las entidades demandadas, principalmente, el municipio
de Útica, así como el departamento de Cundinamarca, la CAR y la UNGRD.

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9. El daño

Si bien la existencia o no del daño por el que se ejerció este medio de control no es
un asunto controvertido en la apelación de la parte demandante, tampoco fue
considerado en la sentencia de primera instancia, por lo que resulta necesario
abordar integralmente el caso. La Sala analizará la demostración del daño, toda
vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la
responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada
afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la
posibilidad de imputarlo a las demandadas.

En el caso concreto, el detrimento patrimonial alegado en la demanda consiste en
los daños causados a los miembros del grupo por la afectación de la viviendas,
muebles y enseres que se encontraban en estas, que eran habitadas por los
miembros del grupo demandante en el municipio de Útica y que fueron destruidas
o averiadas parcialmente, por causa de la avalancha de la quebrada Negra,
ocurrida el 18 de abril de 2011, en esa población.

En particular, obra el censo realizado por el CLOPAD del municipio de Útica y el
CREPAD del departamento de Cundinamarca, representados por dos funcionarios
del primero y uno del segundo. Cada uno de los formatos se encuentra suscrito por
estos. La información se consignó en el formato único de registros de hogares
afectados por situación de desastre, calamidad o emergencia, del Ministerio de
Ambiente, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección del Sistema
Habitacional; Ministerio de Agricultura, Viceministerio de Agricultura, Dirección de
Desarrollo Rural y Ministerio del Interior, Dirección de Atención y Prevención de
Desastres.

En el citado censo fueron reportadas 56 viviendas destruidas, en las que habitaban
110 personas, quienes se encontraban 33 en condición de propietarias, 12 de
arrendatarias y 11 poseedoras; los inmuebles se encontraban ubicados en los
barrios Bogotá, La Cita, Boyacá y La Granja del municipio de Útica (fl. 398 a 402 y
436, c. 7). En este censo figuran los siguientes 16 demandantes: Adriana Moya
Gaitán, Baudilio Castro, Baudilio Castro, Baudilio Castro, Bertha Zoila Casallas de
Sánchez, Carlos Arturo Alba Pulecio, Harold Nixon Alba Giraldo, Héctor Eduardo
Guamán Chávez, Héctor Hugo Córdoba Castillo, Hugo Mauricio Córdoba Pinzón,
Jair Eduardo Guamán Chaves, Jhonny Andrés Córdoba Pinzón, María Deysy
Chaves, Nohora Luz Beltrán Franco, Nohora Luz Beltrán Franco, Nubia Estela
Rodríguez Delgadillo, Teresa Beltrán Beltrán, Valentina Pinzón de Córdoba, Wilson
Ovidio Sánchez Casallas (fl. 398 a 401, c. 7).

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En el mismo sentido, se aportó la Resolución 25-851-009-2012 del IGAC, unidad
operativa de catastro de Guaduas, de 28 de junio de 2012, por la cual se ordenó el
cambio en el catastro del municipio de Útica y se cancela el área construida de 13
viviendas, demolidas por la avalancha de la quebrada Negra (fl 2, 31 a 43, c.3).

En el mismo censo fueron reportadas como averiadas 336 viviendas, que estaban
habitadas por 754 personas, 223 de las cuales eran propietarias, 94 arrendatarias,
y 19 poseedoras; los inmueble se encontraban ubicados en los barrios Bogotá,
La Cita, La Estación, Boyacá, Pueblo Viejo, El Centro, Comuneros, Alfonso López,
Gaitán y El Pedregal del municipio de Útica (fl. 403 a 436, c. 7). En el censo fueron
reportados los siguientes 33 demandantes: Andrés Felipe Rincón Moreno, Juan
José Ortiz Moreno, Nicolás Ortiz Moreno, Nicolás Ortiz Moreno, Sandra Moreno
Triana, Brayan Smith Garzón Hernández, Brayan Smith Garzón Hernández,
Giovanny Stivet Garzón Hernández, Jaqueline Hernández Wilches, Jovany Garzón,
Fabio Ramiro Mahecha, Fany Ordoñez, Jaime Bolaños Sánchez, Manuel de Jesús
Peñate Galván, Margot Cecilia Guamán Chávez, Angie Tatiana Guerra Medina,
Belén Maldonado Mahecha, Cecilia Medina Ballesteros, Diana Marcela Guerra
Medina, Evaristo Guerra, María de Los Ángeles Londoño Gutiérrez, Nolberto
Londoño Bolaños, Gloria Inés Mahecha Chaparro, Jorge Enrique Chaparro, Luz
Stella Mahecha Pedroza, María Elvia Pedroza Ballesteros, María Etelvina Carvajal
de Chaparro, Ana Yibe Cifuentes de Olaya, César Fernando Mahecha Pedroza,
Rigoberto Olaya Medina, Teodoro Mahecha González, Teodoro Mahecha
González, Eugenio Cifuentes Bustos, Liliana Useche, Gloria Lucía Chica González,
Marlene Beltrán (fl. 405, 411, 414, 427, 428, 429, 430, 432, 433, c.7).

Acreditado el daño alegado en la demanda, se entra a considerar si este es
imputable a las demandadas, para lo cual se analizan dos momentos. En primer
lugar, lo ocurrido durante la avalancha y con posterioridad a ella, dado que en la
demanda se afirma la omisión total de ayuda a los damnificados por este fenómeno
natural y para aclarar que la reubicación de la zona urbana fue una medida a tener
en cuenta con posterioridad al siniestro.

El segundo momento se refiere a las actividades desarrolladas por las demandadas
con anterioridad al evento principal, en el que se relacionan en detalle las
actividades de prevención de atención de emergencias frente al riesgo de la
quebrada Negra y el hecho de que tuvieron que enfrentar varias crecientes de esta,
desde el año 2008.

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10. La avalancha de la quebrada Negra de 18 de abril de 2011 y la reacción de
las demandadas

En la noche del 18 de abril de 2011 se presentó una avalancha de la quebrada
Negra que afectó el sector rural y urbano del Municipio de Útica; se reportaron
considerables pérdidas materiales, una persona muerta y dos desaparecidas.

De acuerdo con el reporte del CLOPAD y el informe técnico de la CAR, a las 15:00
horas de ese día, campesinos que pasaban por las riberas de la quebrada Negra, a
la altura de su cuenca media, en las quebradas La Chorrera y Agua Clara, a la altura
del municipio de Quebradanegra, y la quebrada La Papaya en el municipio de Útica,
reportaron que se desplazaban por su cauce grandes cantidades de material
consistente en palos, piedras y lodo. Se determinó que este material se originó en
un deslizamiento ocurrido en el cerro conocido como el Peñón Negro. Al mismo
tiempo, en el municipio de Útica se reportó, una hora después, un fuerte aguacero,
que advertía de un fenómeno natural de grandes proporciones. El cuerpo de
bomberos voluntarios dio aviso de la posible avalancha a la población, mediante
megáfonos y altoparlantes e informó de los lugares de evacuación seguros, en los
barrios Alfonso López y Pedregal.

Hacia las 21:30 horas, del mismo día, se presentó una creciente súbita de la
quebrada Negra a 220 metros aguas arriba, barrio La Cita de Útica, y se activó la
alarma de evacuación a puntos seguros. La creciente afectó el 80% del casco
urbano, según el informe técnico de la CAR. El reporte de la inspección realizada
por el CLOPAD, al día siguiente, estableció que el 93% de la viviendas urbanas se
habían inundado; según la CAR fueron 300 los inmuebles afectados, que eran
habitados aproximadamente por 230 familias. Se produjeron cuantiosas pérdidas
materiales, principalmente en los barrios La Estación, La Cita, Las Brisas, La Granja,
Bogotá, Boyacá y el Centro. Respecto de la quebrada Negra se reportó la
destrucción de todos los jarillones que protegían de una creciente y la destrucción
de toda la vegetación en la ronda. Ante el riesgo de una nueva avalancha se declaró
la alerta roja (acta del CLOPAD de 19 de abril de 2011, fl 809 a 813, c. 5; CAR
oficina regional Gualivá, informe técnico OPGU 0112 de 28 de abril de 2011, visita
de 19 a 24 de abril de 2011, fl. 513 a 522, c.7).

• Durante los días 15 a 17 de abril de 2011, previos a la avalancha, en la matriz de
consolidación de información sobre acciones institucionales en el municipio de Útica
de la UNGRD, se reportó la intervención del deslizamiento del Peñón Negro, donde
se generó al avalancha (matriz de consolidación de información sobre acciones
institucionales en el municipio de Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

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• Entre los días 20, 21, 23 a 25 de abril de 2011, la CAR reportó planillas de control
diario de maquinaria, equipo y vehículos pesados, para conformación de jarillones
en la quebrada Negra, puente del ferrocarril, con el fin de taponar el ingreso a la
zona urbana (matriz de consolidación de información sobre acciones institucionales
en el municipio de Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

• El 21 de abril de 2011 la UNGRD reportó que posterior al desastre, suministró
equipos y bienes necesarios para la atención de la emergencia, entre los que se
contaban 21 radioteléfonos de diversas características, para implementar una red
de radiocomunicación para el sistema de alertas temprana del CLOPAD de Útica,
25 baños portátiles, herramientas, kits de aseo, una motobomba y combustible, por
un valor de $483.292.460 (Respuesta de la UNGRD, de 5 de julio 2013, fl. 680 a
683, c. 5).

• Entre el 28 de abril y 29 de mayo de 2011, la UNGRD reportó labores de monitoreo
para la prevención de represamiento y remoción de masas en el municipio de Útica
(matriz de consolidación de información sobre acciones institucionales en el
municipio de Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

• A partir de los informes de visita técnica de la CAR, de 4 y 6 de mayo de 2011 se
empezó evaluar la posibilidad de cambiar la localización del área urbana del
municipio de Útica, en principio, de las 300 viviendas afectadas por el
desbordamiento de la quebrada Negra. Esta decisión se hizo depender de la
presentación de estudios geológicos y geotécnicos de zonificación de la amenaza
por movimientos de masas tipo flujo en la cuenca de la quebrada Negra, que debía
ser presentado por INGEOMINAS (informes técnicos de la CAR de 4 y 6 de mayo
de 2011, fl. 529 y 530, 574 y 575, c.7; fl.814 y 815, fl. 816 a 820, c. 5).

• Obran actas de 16 de mayo de 2011, de entrega de 56 ayudas humanitarias por
la caja de compensación Colsubsidio, de 26 el 3 de agosto siguiente y de 52 el 29
de diciembre del mismo año (acta de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Ciencias Económicas, Centro de investigaciones para el Desarrollo, convenio de
interventoría N° 008 de 2011, fl. 356 a 362, c. 7).

• El 8 de junio 2011, el alcalde de Útica solicitó al gobernador de Cundinamarca su
intermediación ante la Federación de Cafeteros, para evaluar las condiciones en
cuanto a grado de afectación y la vulnerabilidad de las viviendas impactadas por la
avalancha (fl. 355, c. 7).

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• El 2 de agosto de 2011, el alcalde de Útica remitió a la dirección de vivienda de la
gobernación de Cundinamarca, un proyecto de vivienda para el fondo de adaptación
para la recuperación de viviendas afectadas por la avalancha del 18 de abril de 2011
(fl. 373, c. 7). Se adjuntó una lista de Colsubsidio de 44 beneficiarios, con los
nombres y las direcciones respectivas (fl. 374 a 377, c. 7).

• El 5 de agosto de 2011, INGEOMINAS presentó a la gobernación de
Cundinamarca un estudio de posibles zonas de reasentamiento de viviendas
afectadas por el flujo torrencial de la quebrada Negra, en el municipio de Útica. En
su criterio, la avalancha de la quebrada Negra de 18 de abril de 2011 concretó la
amenaza grado 1 por movimientos en masa, establecida en el estudio realizado por
esa entidad en el año 2008. Ese movimiento afectó significativamente las viviendas
ubicadas en los barrios La Cita y Boyacá, con alturas de lodo de hasta 2.80 metros.
Tanto el POMCA presentado por la CAR, no se precisa la fecha, como otros
estudios, recomendaban la reubicación del municipio, teniendo en cuenta que ese
tipo de eventos era recurrente, con un período de retorno entre los 10 y 25 años. La
fase 1 del plan, sería escoger el lote, de varios propuestos por la alcaldía, donde se
haría el reasentamiento de las viviendas y de dos centros educativos y, la segunda
sería la presentación de los prediseños de la obra (fl. 86 a 114 , c. 4).

• En el acta del CREPAD de 24 de agosto de 2011, con fundamento en un reporte
verbal de una experta del IDEAM se informó de un potencial incremento de la
temporada invernal, para los meses de octubre a diciembre de ese año y, dado que
existían más de 70 estudios sobre el permanente riesgo de inundaciones y
avalancha de la quebrada Negra y el río Negro, se llegó al consenso de diseñar un
plan de reubicación del casco urbano del municipio de Utica, en colaboración con
INGEOMINAS, CAR, IDEAM, Ministerio de Ambiente, secretarías y oficina de
atención de desastres del departamento de Cundinamarca, con el objeto de
identificar las competencias de cada uno (acta CREPAD de 24 de agosto del 2011,
fl. 61 a 83, c. 4).

• Los días 9, 10 y 19 de noviembre de 2011, la CAR realizó visitas técnicas al
municipio de Útica, a solicitud del CLOPAD. En la primera, se evidenció la formación
de lagunas en algunos predios del municipio de Quebradanegra, producto de
acumulación de agua por las precipitaciones de la fuerte ola invernal, aumentada
por la escorrentía de las aguas lluvias, lo que podía dar lugar a que se siguieran
presentando deslizamientos, causando afectaciones aguas abajo.

En la visita del 10 de noviembre, se inspeccionó al área en donde se originó el
deslizamiento de 18 abril de 2011, en la zona de la quebrada La Chorrera, y se hizo

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el seguimiento a los trabajos de mitigación, prevención y mantenimiento hidráulico,
adelantados en la quebrada Negra mediante convenio 130-2011 entre la CAR y el
municipio, con fondos de la Subcuenta de Colombia Humanitaria.

En primer lugar, se puso de presente que existieron dificultades por una crecida
presentada en el área el 7 de noviembre que afectaron los trabajos en curso. Se
constataron obras no concluidas de jarillones, de los cuales se reprochó que
estaban con taludes muy verticales y conformados por materiales muy lavados que
no permitían su compactación, también se verificó la construcción de muros y
gaviones en el puente Arteaga. Se dio cuenta de la presencia de dos buldóceres y
dos retroexcavadoras para profundizar el cauce y dar altura a los jarillones, a la
fecha se habían perfilado “un promedio de 600 metros lineales”.

Además, se observaron problemas en la geografía de la zona, por la
desembocadura perpendicular de la quebrada Negra al rio Negro que causaba
socavación en su margen derecha. Desde el punto del cauce intervenido con los
trabajos de mitigación del riesgo, la quebrada no tenía por dónde encauzar sus
aguas, debido a la permanencia de material transportado por la avalancha. En la
quebrada La Chorrera, donde se originó la avalancha, todavía se presentaban
movimientos de masas, debido a la permanencia de la fuerte ola invernal y a las
características geológicas del sitio, por la existencia de dos fallas de cabalgamiento
en la quebrada Negra y a la litología de la zona, presencia de limonitas y lodolitas,
es decir terrenos conformados por rocas muy inestables. A lo que se sumaba la
fuerte deforestación de la zona, debido a cultivos de caña de azúcar principalmente.

En todo caso, se recomendó nuevamente el dragado constante y permanente del
cauce para permitir que el agua corriera sin obstáculos, campañas ambientales para
generar de manera urgente el cambio de uso del suelo para reemplazar la caña de
azúcar con vegetación nativa y protectora de los cauces, el mantenimiento de los
jarillones y reforestación de la ronda de las quebradas. Resultaba necesario el
reordenamiento de EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) en los dos
municipios donde se encontraba la cuenca de las quebradas, Quebrada Negra y
Útica. Visto todo lo anterior y la alta probabilidad de una nueva avalancha se
recomendó la reubicación del casco urbano del municipio de Útica.

La visita correspondiente al 19 de noviembre se dio por una creciente ocurrida el
día anterior. Por razón de la creciente se destruyeron el muro de contención o
protección y el malecón del río Negro en una longitud de 80 metros. La CAR aportó
20 paquetes de big bag como remedio provisional, se recomendó declarar la alerta
roja por riesgo de inundación y se paralizaron las obras que se venían ejecutando

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Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

(CAR Informe técnico OPGU 1174 de 16 de noviembre del 2011, CAR Informe
técnico 758 de 28 de noviembre del 201, CAR Informe técnico OPGU 1241 del 30
de noviembre de 2011, fl.821 a 842, c. 5).

• Se suscribió el convenio de cooperación 68, de 20 de diciembre de 2011, entre el
departamento de Cundinamarca y el municipio de Útica, para apoyar en logística
alimentación y transporte a todos aquellos organismos de emergencias,
voluntariados, fuerzas militares y de policía y en general a todas las entidades
públicas o privadas personas naturales o jurídicas y particulares que así lo
requirieran y que ejercieran, bajo la coordinación de la alcaldía municipal,
actividades de prevención, de atención de desastres y emergencias presentadas en
su jurisdicción causadas por efectos de la ola invernal 2010 2011, por valor de
$50.000.000 (fl. 922 a 926, c. 5).

• Se celebró el convenio de cooperación 0772-1011 de 30 de diciembre de 2011,
entre el departamento de Cundinamarca y el municipio de Útica, para emprender
las obras y acciones de mitigación necesarias para prevenir el riesgo que pueda
producir el río Negro y la quebrada Negra por inundación y avalancha, por
$300.000.000 (fl. 926 a 929. C. 5).

• En adelante, durante el año 2012, se desarrollaron diversas actividades por parte
de las entidades demandadas para reformular el sistema de atención y prevención
de emergencias en el municipio de Útica, respecto de los riesgos de inundación y
avalanchas de la quebrada Negra y el río Negro, tales como: Los planes y rutas de
actuación y evacuación por inundación del casco urbano, manejo de redes de
comunicación y de monitoreo de estos cuerpos de agua, todo a través de la
actualización del Plan Local de Emergencias y Contingencias (PLECS). Además,
se elaboró un boletín de alerta de avalancha o desbordamiento, se presentó un
proyecto de decreto de creación del Consejo Municipal de gestión del riesgo de
desastres (acta de visita del procurador provincial al municipio de Útica el 27 de abril
de 2012, fl. 33 a 38, 39, 60, 42 a 58, 59, 116 a 126, c.4).

• En el convenio 780 de 2012, de 25 de febrero de 2012, se buscó fortalecer el
proceso de participación ciudadana en la cultura de la prevención, en las
comunidades rural y urbana del municipio de Útica, por valor de $57.000.000, se
reportó 10 % de ejecución (matriz de consolidación de información sobre acciones
institucionales en el municipio de Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

• Se suscribió el convenio de asociación 002 de 16 de marzo de 2012, celebrado
entre el departamento de Cundinamarca y Colsubsidio, con el fin de atender a las

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Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

familias damnificadas de la ola invernal, para varios municipios entre los cuales se
contaba el de Útica, para prestar ayuda psicosocial y cultural, por valor de
$586.505.451 (fl. 932 a 939, c. 5).

• En el contrato 163 de 2012, entre mayo y noviembre de 2012, se buscó establecer
procesos de formación con participación de líderes de la comunidad de Útica y
quebrada Negra en la consolidación de la guía para la inclusión de la participación
comunitaria para la planificación del territorio, por valor de $72.000.000, con 100%
de ejecución. (matriz de consolidación de información sobre acciones institucionales
en el municipio de Utica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

• A partir del 18 de febrero del 2013, la UNGRD intervino en trabajos
interinstitucionales para determinar alternativas de un nuevo ordenamiento territorial
del municipio de Útica, EOT, que tendría como alternativa la reubicación de todo el
casco urbano o su relocalización parcial, con las obras de mitigación que se
requerirían. En colaboración con INGEOMINAS, la CAR y la UNGRD que sería
presentado el 17 de abril siguiente, se desconoce cuál fue el resultado final
(Respuesta de la UNGRD, de 5 de julio 2013, fl. 680 a 683, c. 5).

• Entre marzo y abril de 2013 se presentó el proyecto FAO de la zona rural de la
subcuenca de la quebrada Negra (Respuesta de la UNGRD, de 5 de julio 2013, fl.
680 a 683, c. 5).

• El 26 de marzo de 2013 se contrataron 300 horas de maquinaria que se iniciaron
en abril y se ampliaron a 700 en mayo siguiente, por una creciente súbita ocurrida
el 5 de mayo, ante la cantidad de material que tenía la quebrada Negra, esto se hizo
en colaboración entre la CAR y la UNGRD (Respuesta de la UNGRD, de 5 de julio
2013, fl. 680 a 683, c. 5).

• En comunicación del 16 de mayo de 2014, el Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, Subcuenta Colombia Humanitaria, al tribunal, se describen
los recursos girados al departamento de Cundinamarca por razón de los efectos
causados por el fenómeno de La Niña 2010-2011, por valor de $5.482.278.135.680.
por asistencia humanitaria a través de Colsubsidio a 11 municipios y alojamientos
temporales, reparación de viviendas y cánones de arriendo, a través de la
Federación Nacional de Cafeteros, Cafam y Compensar.

A continuación, se relacionaron obras mayores en el municipio de Útica, aunque no
se precisan los contratos y las fechas, tales como construcción de gaviones, diques
muros de contención, reparación de vías y reforzamiento de jarillones, en el río

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Negro, sector de Los Toldos, centro de salud, vereda La Abuelita, por $1.249.997.
919, con ejecución del 100%. También para mejoramiento y rehabilitación del
colegio departamental Manuel Murillo Toro, y un plan inversiones del Ministerio de
Agricultura para el sector agrícola y ganadero, por $375.946.344, con 100% de
ejecución. Por último, un giro directo para alquiler de 25 baños portátiles, durante
dos semanas por $25.500.000 (fl. 785 a 795, c.5).

• En comunicación de 16 de mayo del 2014, del secretario de gobierno de la
gobernación de Cundinamarca al Tribunal, manifestó que, por medio de la Unidad
Administrativa de Gestión del Riesgo, se giraron los siguientes recursos mediante
convenios interadministrativos, por causa de la avalancha de 2011, se citan en
conjunto porque las fechas no son precisas:

• Convenio SGO-002-2012, para aunar esfuerzos para la atención de
emergencias en el municipio de Útica, por $219.360.000.
• Convenio SGO-003-2012, para aunar esfuerzos para la atención de
emergencias en el municipio de Útica, por $60.000.000.
• Convenio SGO-049-2013, para aunar esfuerzos para la adquisición de una
motocicleta para el cuerpo de bomberos del municipio de Útica, por
$8.000.000.
• Convenio 10, para adquisición de combustible para la atención de
emergencias y prestación de ayudas humanitarias al municipio de Útica, por
$50.000.000.
• Convenio 141, para apoyar al concejo municipal para la gestión del riesgo
con el fin de prevenir, atender y mitigar emergencias generadas por la
quebrada Negra y el río Negro, por $16.000.000.
• Convenio 193, para adquisición de combustible con el fin de apoyar
desplazamiento vehículos de la fuerza pública, por $20,000.0000.
• Convenio SGO-077-30-12-2011, con el fin de emprender las obras y
acciones de mitigación necesarias para prevenir el riesgo que pueda producir
el río Negro y la quebrada Negra por inundación y avalancha, municipio de
utica, $300.000.000.
• Convenio de cooperación número 967704510 de 2012, suscrito por la
Fiduprevisora, para el suministro instalación y puesta en marcha de un
equipo de alertas tempranas, por $200.000.000, y obras de rehabilitación de
la red vial por $500.000.000 (fl. 785 a 787, c. 5).

De acuerdo con lo anterior, el 18 de abril de 2011, las autoridades, principalmente
las del municipio de Útica, actuaron de manera adecuada frente a la avalancha de
la quebrada Negra. En el mismo día de la avalancha las autoridades activaron un

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protocolo de emergencia y evacuación que evitó la pérdida masiva de vidas
humanas.

La avalancha se originó en un deslizamiento del Peñón Negro, luego se encauzó
por las quebradas La Chorrera, Agua Clara y la Papaya. La avalancha llegó al 80%
del casco urbano del municipio de Útica, afectó 392 casas (93%), que eran
habitadas por 864 personas, que conformaban aproximadamente 230 familias.

Según el reporte de la UNGRD, en los dos días anteriores a la avalancha fue
intervenido el deslizamiento en el Peñón Negro. En los días posteriores la CAR,
entre el 20 y 25 de abril de 2011, suministró maquinaria, equipos y vehículos
pesados para la adecuación hidráulica del cauce de la quebrada. En diciembre
siguiente se suscribió un convenio con el departamento de Cundinamarca con el
mismo objeto. Se reportó la misma actividad en marzo de 2013, en un convenio
celebrado con la CAR y la UNGRD.

Inmediatamente después de la avalancha, la UNGRD suministró en ese mes de
abril de 2011, equipos para la atención de los damnificados de la emergencia. En
diciembre se firmó un convenio con el departamento de Cundinamarca, para cumplir
con el mismo fin. Se reportaron por la misma entidad seis convenios de la misma
índole, pero no se precisan fechas, en el que podría estar incluido este último. Se
gestionaron entre mayo y agosto de 2011 el suministró de ayudas humanitarias a
través de la caja de compensación Colsubsidio, en mayo de 2012 se suscribió un
nuevo convenio con la gobernación de Cundinamarca con el mismo objeto.

En junio de 2011, la alcaldía de Útica solicitó a la Federación Nacional de Cafeteros
colaboración para el arreglo de las viviendas averiadas y presentó un proyecto de
vivienda a la gobernación de Cundinamarca de 44 beneficiarios, se desconoce los
resultados de tales acciones.

La UNGRD reportó en el mismo mes de abril de 2011, la realización de labores de
monitoreo para la previsión de un nuevo represamiento. En noviembre siguiente, la
CAR realizó tres visitas técnicas con el mismo objetivo, se reportaron dos nuevas
crecientes que afectaron buena parte de los trabajos de mitigación y adecuación
hidráulica realizados hasta ese momento, como la construcción de jarillones, muros
de contención y gaviones, en todo caso se constató la realización de las obras, la
presencia de maquinaria para profundizar el cauce y dar altura a los jarillones, en
una extensión de 600 metros. En todo caso, permanecían materiales transportados
por la avalancha de abril y se constató la fuerte deforestación de la zona, para lo

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Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

cual se recomendó el dragado del cauce, campañas ambientales para cambiar el
uso del suelo y la reubicación del casco urbano del municipio.

A partir de mayo de 2011, se comienza a discutir de manera sistemática la
reubicación del área urbana del municipio de Útica, o por lo menos de las viviendas
afectadas por la avalancha, lo que se hacía depender del estudio de riesgo por parte
de INGEOMINAS. Este fue presentado en agosto, en el que se reiteraba que este
tipo de eventos tenían un periodo de retorno entre 10 y 25 años, se determinaban
las zonas de reasentamiento, de las propuestas por el municipio, y se formulaba un
plan de dos fases, la escogencia del lote y los diseños de las obras. En el mismo
mes en una cesión del CREPAD, se decidió la estructuración de un plan de
reubicación en cabeza de la alcaldía en colaboración con INGEOMINAS, CAR,
IDEAM, Ministerio de Ambiente, y el departamento de Cundinamarca. El
seguimiento de esta actividad se reporta hasta febrero de 2013, pero se desconoce
su resultado final.

A partir del año 2012, las entidades demandadas reformularon el sistema de
atención y prevención de emergencias en el municipio de Útica, respecto de los
riesgos de inundación y avalanchas de la quebrada Negra y el río Negro. En febrero,
mayo y noviembre de ese año, la UNGRD, reportó la firma de convenios para
fortalecer la participación ciudadana en el diseño de ese sistema de prevención.
Hito importante de estas actividades fue la presentación a la FAO del plan para la
zona rural de la subcuenca de la quebrada Negra.

Dos asuntos resultan importantes sobre lo ocurrido en la avalancha de 18 de abril
de 2011 y lo ocurrido después de ella hasta el año 2013. El primero, que no se
puede imputar omisión alguna a las entidades demandadas en la manera como
atendieron la emergencia, previo a la avalancha existía un plan de emergencia para
dar aviso de esta y evacuar la población a una zona segura, así como intervención
en la zona donde se inició el deslizamiento que la causó. Inmediatamente después
del siniestro se siguieron las obras de adecuación hidráulica, tales como
construcción de jarillones, muros de contención y gaviones y dragado del cauce de
la quebrada, labores que presentaban serias dificultades por nuevas crecientes, por
lo menos tres entre ese año y el 2013. De la misma manera, se suministró equipo
para atender la emergencia y se diseñaron planes de vivienda para los
damnificados, se desconoce su resultado.

En segundo lugar, la reubicación del sector urbano del municipio de Útica, como
solución definitiva a los riesgos que presenta la quebrada Negra, se comienza a
tomar en cuenta después de la ocurrencia de la avalancha de abril de 2011, cuando

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se hace un estudio del INGEOMINAS y se consolida el compromiso del municipio
de Útica, la CAR, el departamento de Cundinamarca, y la UNGRD. Como se verá
más adelante, entre el año 2000 y 2010, esta era una de las propuestas de solución,
pero nunca fue la definitiva y excluyente para la solución de los riesgo generados
por la subcuenca de la quebrada Negra, como pretende plantearlo la parte
demandante.

11. Actividades de las entidades demandadas previas a la avalancha de la
quebrada Negra de 18 de abril de 2011

Cabe aclarar que, en este acápite se mezclan los eventos previos de crecidas e
inundaciones de la quebrada Negra desde el año 2008 con las actividades de las
entidades demandadas para enfrentar esos eventos y mitigar el riesgo que
implicaba esa subcuenca.

• En el Convenio CAR 118 de 2006, en asociación con el municipio de Útica, se
estableció como objeto el dragado y conformación de jarillones en la parte media
de la quebrada Negra en el sector El Descanso y el sector sobre los puentes
Arteaga y Ferrocarril, así como las demás obras hidráulicas que permitían la
reducción del riesgo por desbordamiento y la afectación al medio ambiente y los
recursos naturales renovables, por valor de $25.000.000 de pesos. La UNGRD
reportó inicio y terminación en 2006, con ejecución del 100 % (cuadro, inversiones
de la CAR, para mitigación del riesgo en el municipio de Útica, 592 a 596, c. 7;
memorando de la CAR oficina provincial de Gualivá de 29 de junio de 2012 por
requerimiento del tribunal, fl. 852 y 853, c. 5; matriz de consolidación de información
sobre acciones institucionales en el municipio de Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

• En las vigencias presupuestales de 2007 a 2011 del municipio de Útica, en el rubro
de atención y prevención de desastres, provenientes de recursos propios y de la
CAR, se reportó un registro presupuestal por $1.033.758.265 y pagos por
$677.787.003, de acuerdo con el certificado del secretario de hacienda del municipio
de 27 de septiembre de 2013 (fl. 285, c. 7).

• En el Convenio CAR 65 de 2007, en asociación con el municipio, se determinó la
adecuación hidráulica de la parte media de la quebrada Negra con el fin de disminuir
el riesgo de desbordamiento e inundación la afectación al medio ambiente y los
recursos naturales renovables, por valor de $100.000.000. La UNGRD reportó inició
y terminación en 2007, con 100 % de ejecución (cuadro, inversiones de la CAR,
para mitigación del riesgo en el municipio de Útica, fl. 597 a 599, c. 7; memorando
de la CAR, oficina provincial de Gualivá, de 29 de junio de 2012 por requerimiento

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del tribunal, fl. 852 y 853, c. 5; matriz de consolidación de información sobre
acciones institucionales en el municipio de Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

• En el año 2008, no fue posible precisar la fecha, el CLOPAD expidió el plan de
contingencia por desbordamiento de la quebrada Negra y el río Negro, conforme al
decreto 919 de 1989, en el que se señala que en el municipio de Útica, debido a la
temporada invernal que causa acumulación y saturación de materiales, “se han
presentado durante los últimos años inundaciones, sobre la cuenca de la quebrada
Negra el río Negro a nivel de casco urbano de municipio de Útica, por el incremento
del caudal, la deforestación y el movimiento de remoción de masa” (fl. 243, c.7). El
área de afectación serían los barrios aledaños a las riberas de la quebrada Negra y
el río Negro, los servicios públicos y la malla vial. Se reportaron dos inundaciones,
ocurridas el 20 y 21 de octubre y 17 de noviembre, una en la quebrada Negra y otra
en la quebrada la Papaya, en las que resultó una persona muerta y una
desaparecida, 26 familias damnificadas, daños a viviendas, al puente del ferrocarril
y al cementerio municipal (fl. 247 a 255, c. 7).

En el plan de contingencia por desbordamiento de la quebrada Negra y el río Negro
el CLOPAD recomendó la concientización de la población sobre estos riesgos, la
reubicación de las viviendas mediante autoconstrucción en colaboración con el
SENA, y reforestación de las área por parte de la CAR y la UMATA. En cuanto a
actividades realizadas se reportó un estudio de suelos por parte de INGEOMINAS,
“se adelantó el inventario de recursos, revisión de estructura y centro poblacional,
además el monitoreo que se le viene realizando a cada una de las vertientes que
tienen riesgo a la comunidad, se ha realizado censos sobre la población que está
en alto riesgo” (fl. 247 a 255, c. 7).

• En el Convenio CAR 812 de 2008, en asociación con el municipio, nuevamente
se establece como objeto la adecuación del cauce de las quebradas Negra y
Terama, por valor de $150.194.379. La UNGRD reportó inicio y terminación en
2008, con ejecución del 100% (cuadro, inversiones de la CAR, para mitigación del
riesgo en el municipio de Útica, fl. 613 a 619, c.7; memorando de la CAR, oficina
provincial de Gualivá, de 29 de junio de 2012, por requerimiento del tribunal, fl. 852
y 853, c. 5; matriz de consolidación de información sobre acciones institucionales
en el municipio de Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

• En el Convenio CAR 1270 de 2008, en asociación con el municipio, se contrataron
estudios de estabilidad, control de inundaciones y diseño de obras de mitigación en
las cuencas de los ríos Apulo y Negro, por $552.848.050. La UNGRD, reportó
ejecución del 100 % (cuadro, inversiones de la CAR, para mitigación del riesgo en

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el municipio de Útica fl.607 a 612, c. 7; memorando de la CAR, oficina provincial de
Gualivá, de 29 de junio de 2012, por requerimiento del tribunal, fl. 852 y 853, c. 5;
matriz de consolidación de información sobre acciones institucionales en el
municipio de Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

• En actas del CLOPAD de 22 de febrero, 14 de marzo y 16 de marzo de 2008, se
informaron problemas en el Barrio Alfonso López por riesgo de represamiento de la
quebrada Negra, se hizo referencia a la formación de una laguna arriba en la
montaña que aumentó el flujo hídrico y en una visita se manifestó que este
aumentaba por una preocupante deforestación de la zona. Se plantearon varias
alternativas para su mitigación, como seguir con actividades de dragado, el
adecuado manejo de canalización de aguas en la carretera y su direccionamiento a
la quebrada Terama, el mejoramiento del sistema de alcantarillado, la construcción
de gaviones, el descope de cinco árboles y la remoción de material pesado en la
zona. Así como la necesidad de recurrir a INGEOMINAS para que hiciera estudios
de estabilidad del suelo (fl. 378 a 388, c. 7).

• El 31 de marzo de 2008, la dirección de prevención y atención de desastres del
Ministerio del Interior, mediante la Circular 001 de 31 de marzo de 2008, advirtió del
comienzo de una fuerte ola invernal en el territorio nacional y dio instrucciones sobre
su manejo (fl. 395 y 397, c. 7).

-El 29 de mayo de 2008, el comandante de bomberos de Útica, informó en el
CLOPAD que se habían presentado dos crecientes de importancia en las dos última
semanas, que habían implicado el arrastre de cantidad de sedimentos, por lo que
era necesario un monitoreo constante de la quebrada Negra, realizar su dragado y
construir jarillones (acta CLOPAD, fl. 390 a 392, c.7).

• El contrato 044-2008 de 1° de agosto de 2008, contratante municipio de Útica tenía
por objeto la operación mecánica de servicio de retroexcavadora de oruga del
municipio de Útica, para acciones de dragado y conformación de sección hidráulica
de la quebrada Negra en el sector del puente de ferrocarril del casco urbano del
municipio tendiente a la atención y prevención de desastres. (fl. 197 a 199, c. 7).

• En la noche del 11 de noviembre de 2008, se presentó una creciente de la
quebrada Negra y se declaró la alerta naranja. En el acta del CLOPAD del día
siguiente se comparó con lo sucedido en 1988, en cuanto se destruyeron los
jarillones y los muros de contención, como en la vereda Vigual, sector los Totumos.
Se indicó que puso en riesgo a una población de aproximadamente 800 personas
en los barrios Los Comuneros, La Cita, y el Pedregal y si permanecían las lluvias

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se agregaban 300 personas más, en los barrios El Centro, Boyacá y La Granja,
dado que se debilitó el talud, adecuado por la alcaldía 25 días atrás. El alcalde
manifestó que existían serios problemas de financiación de la emergencia, por
cuanto se presentó daño en la maquinaria, luego de los trabajos realizados en la
quebrada, sin embargo esto evitó que la situación fuera más gravosa. Se activaron
los protocolos para solicitar ayuda a nivel departamental y nacional. El mismo
funcionario manifestó su preocupación por un convenio suscrito con la CAR para el
manejo hidráulico de la quebrada, porque su ejecución podría demorar por lo menos
un mes (acta del CLOPAD de 12 de noviembre de 2008, fl.391 y 392, c. 7).

• Se adjuntó mapa titulado “Rutas de evacuación” CLOPAD 2009 del municipio de
Utica, en que se delimita los equipamientos educativo, cultural y de culto, recreativo,
asistencial, administrativo, financiero y de servicios, red de acueducto y de
alcantarillado (fl. 294, c. 7).

• En el contrato de obra 001-20097 de enero de 2009, el municipio de Útica contrató
la realización de obras de adecuación hidráulica de las quebradas Negra y Terama
del municipio de Útica, en un plazo de cuatro meses (fl. 238 a 241, c. 7).

• Mediante resolución 327 de 27 de febrero de 2009, se aprobó por la CAR, el plan
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, POMCA, cuenca del río Negro,
entre la cual se encuentra la subcuenca 10, quebrada Negra, y la subcuenca 11,
quebrada Terama; el municipio de Útica se encuentra en una zona de amenaza
moderada a alta (fl. 799 a 809, c.5; se cita en memorando DGEN CAR para oficina
de Gualivá, de 29 de junio de 2012, sobre actuaciones en el municipio de Útica, fl.
852 y 853, c.5).

• El 27 de marzo de 2009, se presentó una creciente de la quebrada Negra. El
alcalde agradeció la eficiente reacción de la policía, la Defensa Civil y el cuerpo de
bomberos. Hizo énfasis en que los trabajos de adecuación hidráulica de la quebrada
fueron vitales para mitigar el riesgo y en todo caso faltaba más, se puso énfasis en
la situación del puente Arteaga, dado que estaba a una altura de 1.50 m de la
quebrada y con el dragado debía quedar a 10 metros. Se hizo referencia a un
convenio con la CAR, y aunque se habían presentado problemas, el supervisor y el
interventor del proyecto “han concluido en que los trabajos realizados son técnicos
y adecuados de acuerdo con la naturaleza del cauce y de características de la
quebrada y su lecho” (acta del CLOPAD de 28 de marzo de 2009, fl. 274 a 277, c.7).

• El 8 de abril de 2009, se puso de presente los riesgo presentados por las crecientes
de la quebrada Negra. El director de la UMATA solicitó la declaración de emergencia

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agropecuaria por afectación de cultivos de caña, enramadas y vivienda en cinco
veredas del municipio. Tanto el personero municipal como el secretario de
planeación advirtieron de la urgencia de intervenir la quebrada dado que había
problemas con la retroexcavadora de oruga y el operario de sta, el alcalde informó
que éstos se encontraban solucionados, e informaron que los trabajos realizados
hasta ese momento sirvieron para afrontar la últimas tres crecientes; se pactó hacer
mantenimiento a las bolsas ubicadas en el puente por la CAR (acta CLOPAD, fl.
270 a 273, c. 7).

• El 18 de junio de 2009, la CAR puso de presente al municipio un informe sobre la
fuerte ola invernal (acta CLOPAD, fl. 266 a 269, c. 7).

• En el contrato 020-2009 de 5 de julio de 2009, el municipio de Útica contrató
suministro de combustible y maquinaria para la adecuación hidráulica de corrientes
hídricas en el municipio de Útica, hasta el 5 de agosto de 2009 (fl. 208 y 209, c.7).

• En el contrato 048-2 009 de 22 de julio de 2009, el municipio de Útica contrató la
prestación de servicio de operario de la retroexcavadora de oruga Hitachi 210 del
municipio, durante un plazo de 5 meses (fl. 200 a 203, c. 7).

• En el contrato de obra 016-2009 de 15 de agosto de 2009, el municipio de Útica
contrató el dragado del río Negro, sector la Manga, vereda de Curapo del municipio
de Útica, para remoción de sedimento, perfilado de taludes y disposición de material
en las orillas (fl. 210 a 213, c. 7).

• En el contrato 031- 2009 de 30 de diciembre de 2009, el municipio de Útica contrató
la reforestación de la ronda de la quebrada Negra, quebrada Terama y río Negro,
sector Curapo, con especies maderables y guadua en una longitud de 5.000 metros
adyacentes al casco urbano de Útica, para mitigar y prevenir situaciones de
emergencia. (fl 217 y 218, c. 7).

• El 17 de abril de 2010, en comunicación dirigida al director general de la CAR, con
trámite de urgente del alcalde de Útica, lo instó a cumplir con los compromisos
adquiridos el 23 de febrero anterior, para desembolsar recursos para realizar la
adecuación del cauce de la quebrada Negra, dado que había tres tramos en riesgo
de desbordamiento, lo que afectaba los trabajos realizados un año atrás (fl. 311, c.
7).

• El 22 de abril de 2010, en el acta del CLOPAD se reportaron dos crecientes de la
quebrada Negra y se declaró la alerta naranja, las cuales se llevaron los trabajos de

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contención y mitigación del riesgo, lo que afectó el talud de tres barrios, se indicaron
por lo menos dos puntos de alto riesgo en el recorrido del cauce. Se destacó que
los jarillones habían resistido, pero no toleraban una tercera creciente, y que el
puente del ferrocarril representaba un gran riesgo de colapso ante una nueva
creciente, aunque se señaló que el municipio no tenía competencia para intervenirlo,
se acordó enviar un oficio para su intervención.

Con las dos creciente anteriores al 22 de abril, se advirtió del riesgo que corría el
ancianato y el colegio, de la necesidad de un bulldozer para dragar el cauce de la
quebrada, de mallas para gaviones y bolsas de contención que se debían solicitar
a la CAR, asimismo que era necesario repasar a la comunidad el plan de
contingencia en caso de evacuación (acta CLOPAD de 22 de abril de 2010, fl. 279
a 282, c. 7).

• El 5 de mayo de 2010, previo a otra creciente, el alcalde municipal de Útica, en
comunicación dirigida al director de la CAR regional Gualivá, con trámite de urgente,
solicitó la colaboración de esa entidad por cuatro avenidas de la quebrada Negra,
que amenazaba desbordamiento en seis tramos, por causa de la temporada
invernal, las cuales fueron atendidas con maquinaria del municipio, con la cual se
removió el material de arrastre, incluidos los árboles arrasados por la creciente; sin
embargo se perdieron los jarillones construidos en el año anterior y los que
permanecieron no aguantaban otra creciente, Por tal circunstancia, solicitó el
suministro de sacos para hacer bolsacretos y el préstamo de un buldócer para bajar
los niveles del material de arrastre (fl. 309 a 315, c. 7).

• El 6 de mayo de 2010, se presentó el desbordamiento de la quebrada Negra en
dos partes lo que dio lugar a la declaración de alerta roja, que afectó viviendas,
cultivos, la malla vial y la creciente se recargó hacía el lado derecho, llegó a 50
centímetros del puente del ferrocarril y la aleta del puente quedó expuesta. Se
reportó la destrucción de jarillones construidos por el contrato CAR, por lo que a
pesar de la limpieza del cauce realizada por los bomberos, no existía protección
frente a crecientes y movilización de flujos por lodos desprendidos de la parte alta
de la quebrada Negra. Se reportaron 24 casas afectadas, en cuatro barrios,
afectación del 70 % de la malla vial, que consistió en el taponamiento de vías en 6
veredas y en la vía que conduce a Villeta (acta del CLOPAD de 7 de mayo de 2010.

Las medidas adoptadas en esta emergencia fueron las siguientes: Se dispuso,
labores de perifoneo, sistema de alarma, rutas de evacuación; albergue temporal
para habitantes del ancianato del municipio, suspensión de clases en el colegio
Manuel Murillo Toro, que se encontraban ubicados en zona de riesgo; se recomendó

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declaración de urgencia manifiesta para obras de mitigación del riesgo; declaración
de emergencia vial; disposición de kits de emergencia consistente en herramientas,
linternas, manilas, colchonetas y frazadas y dotación de albergues temporales;
llamado de urgencia a la CAR y a la gobernación de Cundinamarca para gestionar
apoyos logísticos y financieros para atender la emergencia (acta del CLOPAD de 7
de mayo de 2010, fl. 226 a 231, 286 a 290, c. 7).

• El 7 de mayo de 2010, el alcalde de Útica informó al gobernador de Cundinamarca,
sobre la cinco crecidas que se habían presentado durante ese año y solicitó la
activación del CREPAD para la atención de la emergencia, con el fin de que le fuera
suministradas colchonetas, linternas, radios, lazos, sacos para hacer bolsacretos,
recursos para dragar la quebrada y el préstamo de un buldócer para retirar material
del lecho y consolidar los jarillones para evitar mayores consecuencias (fl. 315, c.
7). En la misma fecha solicitó al director territorial de Cundinamarca el préstamo de
la misma maquinaria y labores de mantenimiento del puente vehicular y del puente
férreo (fl. 316, c. 7).

• El 8 de mayo de 2010, mediante Decreto 11, el alcalde del municipio de Útica
declaró la urgencia manifiesta como mecanismo legal necesario para conjurar el
riesgo inminente de inundación, desbordamiento, deslizamientos de tierra,
crecientes torrenciales y avalanchas de los afluentes hídricos del municipio, en
especial de la quebrada Negra, “que se han de presentarse con ocasión de la
problemática por la temporada invernal”. Con el fin de construir las obras necesarias
suministro de bienes, víveres y demás servicios (fl. 232 a 237, 303 a 308, c. 7).
Mediante Resolución 317 de 20 de junio de 2010, el contralor general de
Cundinamarca la declaró ajustada a la Ley 80 de 1993 (fl. 317 a 325, c. 7).

• Mediante contrato MUC 2010-029 del 11 de mayo de 2010, contratante municipio
de Útica contrató el alquiler de 200 horas de retroexcavadora de oruga para conjurar
la urgencia manifiesta decretada por el desbordamiento de la quebrada Negra
(fl.222 a 225, c. 7).

• En el contrato 032-2010 del mismo 11 de mayo de 2010, el municipio contrató la
operación de la retroexcavadora de oruga Hitachi 210 por un periodo de 7 meses y
21 días, para retiro de material de arrastre por la creciente de la quebrada Negra (fl.
214 a 216, c. 7).

• El 24 de mayo de 2010 se realizó una reunión con diferentes organizaciones del
municipio para socializar el estudio de INGEOMINAS, del POMCA y el plan de
gestión del riesgo del municipio de Útica (fl 258 a 265, c. 7).

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-La CAR, oficina provincial de Gualivá, mediante informes de 14 de julio y 23 de
agosto del 2010, reportó que en la finca el recreo, en La Vega, sector de quebrada
Negra, la acumulación de sedimentos y socavación lateral de margen izquierda se
calificó de riesgo medio, con posibilidad de penetrar sus edificaciones por una gran
creciente (fl. 802 a 808, c. 5).

• En comunicación de 29 de julio del 2010, el secretario de planeación municipal de
Útica remitió a la CAR regional, una relación de predios para evaluar la negociación
y adquisición en la ronda de la quebrada Negra, para mitigación de la amenaza que
representa sobre la población de Útica (fl. 758, c. 5).

• En comunicación de 29 de julio del 2010, del mismo funcionario al secretario de
Agricultura de la gobernación de Cundinamarca, previa reunión del CREPAD,
relacionó 104 predios en la ribera de la quebrada Negra, para gestionar su
adquisición con el fin de reforestar y evitar la siembra de cultivos que erosionan el
terreno y causan deslizamientos peligrosos al cauce de la quebrada y
represamientos de posibles avalanchas (fl. 759, c. 5)

• En septiembre de 2010 se expidió el Plan Local de Emergencias y Contingencias,
PLEC, del municipio de Útica. Como antecedentes de este se hace referencia a tres
crecientes ocurridas en 1988, en donde se registró la muerte de tres personas, 171
familias damnificadas y 80 viviendas afectadas total o parcialmente. La primera se
produjo el 17 de noviembre de 1988, por el represamiento de la quebrada La papaya
y produjo una creciente de la quebrada Negra de entre 1 y 2 metros de altura, la
segunda destruyó 400 metros del ferrocarril, pero no afectó el área urbana y la
tercera, del 1° de mayo de 1990 los habitante del municipio la calificaron como
superior a la de 1988. Desde entonces hasta el año 2000 se realizaron cuatro
informes sobre amenazas de deslizamientos y avalanchas dado que uno de estos
eventos podría causar un gran impacto económico y social en la población de Útica.
El documento consiste en establecer planes de contingencia para eventos de
inundaciones y avalanchas en la cuenca de la quebrada Negra y del río Negro (fl.
245 a 440, 457 a 469, c. 4, incluye anexos)

A este documento se adjuntó un artículo de la revista de INGEOMINAS, titulado
“Evaluación de la amenaza por movimientos en masa en la cuenca de la quebrada
Negra, municipio de Útica”, del grupo movimientos en masa de la subdirección de
amenazas y entorno ambiental de INGEOMINAS, de mayo de 2010 (fl. 372 a 375,
c. 4), en este se hace referencia al estudio de la misma entidad del año 2005.

La cuenca de la quebrada Negra forma parte de la cuenca del río Negro y se
localiza en los municipios de Útica y Quebradanegra. La quebrada de nace

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en el alto Palmar, y en el límite entre los municipios de Villeta y
Quebradanegra, sobre la cota de 2065 MSNM, y desemboca en el río Negro
en la cota de 497 msnm. En su recorrido de 16,8 km, desciende más de 1.568
m. Tiene una pendiente de su cauce del 80% y de las laderas del 30%, y
transcurre sobre rocas de naturaleza arcillo arenosa (lutita de color gris oscuro
o negras limo arcillosas, deleznables, finamente laminadas en estratificación
gruesa y en general muy fracturadas). Las lutitas son muy susceptibles de
alteración y formación de suelos residuales o depósitos inconsolidados (sic)
cuyo comportamiento geotécnico es muy pobre (Padilla, 1989 & Forero y
Dueñas, 1991).

Debido a su régimen torrencial, la quebrada de Negra posee un alto potencial
de arrastre de rocas y materiales, conformando un gran cono de deyección o
abanico, aluvial, formado por el arrastre y depósito de material, a
consecuencia de una dinámica combinada de procesos erosivos intensos
tanto del cauce principal como de sus quebradas tributarias y socavación
lateral igual que desprendimientos de ladera que alimentan la carga de
sedimentos.

En eventos extremos, tales materiales generan flujos de lodos que
históricamente han afectado los terrenos aledaños a su curso y la parte baja
de la Cuenca en su desembocadura sobre el Río Negro donde se ubica el
casco urbano del municipio de Útica (fl. 372 y 373, C.4).

• El 14 de septiembre de 2010, el alcalde de Útica solicitó al INVIAS, Secretaría
técnica, el mantenimiento preventivo del puente del ferrocarril que pasaba por la
quebrada Negra a la altura del barrio La Estación, debido a que por la creciente de
ese año se habían socavado las aletas y era necesario construir un muro de
protección, se adjuntó el presupuesto de esa construcción (fl. 326, c. 7).

• La CAR, mediante contrato de obra 311 2010, de 6 de octubre de 2010, contrató
el mantenimiento hidráulico en sectores críticos de la jurisdicción de la CAR, que
incluía al municipio de Útica, por $1.451.788.533,89. La UNGRD reportó un valor
de $385.462.013 y una ejecución del 100%, este menor valor puede corresponder
al gasto realizado en el municipio (cuadro, inversiones de la CAR, para mitigación
del riesgo en el municipio de Útica, fl. 585 a 591, c.7; memorando de la CAR, oficina
provincial de Gualivá, de 29 de junio de 2012, por requerimiento del tribunal, fl. 852
y 853, c. 5; matriz de consolidación de información sobre acciones institucionales
en el municipio de Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

• También la CAR reportó el Contrato de obra 505 2011, no precisa fecha, para
mitigación, prevención y mantenimiento hidráulico de sectores críticos, proyecto 1,
subcuenta Colombia Humanitaria, en varios municipios de Cundinamarca se hace
referencia expresa a la quebrada Negra y al municipio de Útica, por
$4.388.780.599; la UNGRD reportó la suma de $1.879.206.764 y ejecución del
100%, este menor valor puede corresponder a lo ejecutado en el municipio de Útica
(Cuadro, inversiones de la CAR, para mitigación del riesgo en el municipio de Útica,
fl. 600 a 606, c.7; memorando de la CAR, oficina provincial de Gualivá, de 29 de
junio de 2012, por requerimiento del tribunal, fl. 852 y 853, c. 5; matriz de

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consolidación de información sobre acciones institucionales en el municipio de
Útica, UNGRD, fl. 846 a 851, c.5).

-En el convenio de asociación 001 de 25 enero de 2011, entre el departamento de
Cundinamarca y Colsubsidio, se contrató la atención de las familias damnificadas
por la ola invernal en el departamento, para la atención humanitaria y la distribución
de ayuda a los damnificados, recursos asignados de la Subcuenta Colombia
Humanitaria, por $2.563.050.000 (fl. 441 a 444, c. 4; fl.914 a 921, c. 5).

• El 8 de marzo de 2011, el alcalde de Útica solicitó a la gerencia del Fondo Nacional
de Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria, dirigir recursos para mitigar los
impactos de la ola invernal por la que estaba atravesando el país, dado el riesgo
permanente de inundaciones y crecientes de la quebrada Negra y el río Negro, para
lo cual el comité técnico del CLOPAD elaboró presupuestos para la construcción de
tres muros de protección, en dos sectores de la población y en la quebrada Negra
(fl. 327, c. 7).

• El 5 de abril de 2011, se presentó un desbordamiento de la quebrada Negra y al
día siguiente se convocó al CLOPAD, para tomar medidas de mitigación del riesgo
en el municipio de Útica, ste determinó la realización de un censo de posibles
damnificados y realizó un recorrido por siete ubicaciones, en ese desplazamiento
se encontraron varios hallazgos, que consistieron en el debilitamiento de cientos de
metros de jarillones en tres puntos, la afectación de cinco viviendas por aumento
del nivel de lodo y agua. La socavación de los muros de contención del puente férreo
y del cementerio y el represamiento de la quebrada Las Brisas a la desembocadura
del rio Negro, se ordenó la limpieza al día siguiente. Se manifestaron dificultades
con las obras realizadas por la CAR en el dragado del cauce de la quebrada, la
ingeniera residente se comprometió a partir de esa fecha a realizar esas labores de
manera permanente (acta CLOPAD de 6 de abril de 2011 y su aclaración, fl. 9 a
12, c. 4; fl. 336 y 337, c. 7).

Por la creciente se registraron 16 viviendas averiadas, en el barrio La Cita,
habitaban 37 personas (censo del Ministerio de Ambiente y alcaldía de Útica, censo
ola invernal, 6 de abril de 2011, fl. 45 a 71, c. 3., fl. 342, c.7).

• Mediante Decreto 19 de 6 de abril de 2011, el municipio de Útica declaró urgencia
manifiesta, para conjurar el riesgo inminente de inundación, desbordamiento o
avalanchas de las fuentes hídricas del municipio, especialmente de la quebrada
Negra, mediante la celebración de contratos necesarios para atender la

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emergencia, la construcción de obras y el suministro de bienes y servicios
ambientales (fl. 328 a 333, c. 7; fl.15 a 21, c.4).

• El mismo día, 6 de abril de 2011, el municipio de Útica suscribió el contrato 2011-
031, para la atención de emergencia, mediante alquiler de 350 horas de
retroexcavadora de llantas, por la avenida de la quebrada Negra en los últimos 20
días que afectó los barrios La Cita, La Estación, Los Comuneros y gran parte del
casco urbano y arrasó los jarillones construidos mediante el contrato CAR 311 de
2010, que eran los actuaban como defensa de la ribera del cauce, que se
encontraba colmatado de sedimento (fl. 204 a 207, c. 7).

• El 8 de abril de 2011,el alcalde del municipio remitió al director de la CAR las actas
del CLOPAD y le hizo la siguiente solicitud: “Solicitamos su colaboración y apoyo
para la atención de la emergencia y para ordenar de manera inmediata la ejecución
del contrato 311 de 2010, del cual no tenemos ningún control y no ha realizado ni el
dragado ni los jarillones en los puntos críticos descritos al contratista. Exponiendo
al municipio a la emergencia por desbordamiento”. Las mismas actas y la
declaración de urgencia manifiesta fueron remitidas al gobernador de
Cundinamarca y a la Unidad Especial para la prevención del riesgo y atención de
emergencias del departamento ( fl. 351, fl. 352 y 353 c. 7).

• El 11 de abril de 2011, se presentó el desbordamiento del río Negro, por el aumento
de caudal de las quebradas La Papaya y Negra, se realizó censo de damnificados
el mismo día, y se tomaron medidas para el traslado de los residentes del ancianato
del municipio a un inmueble arrendado (acta CLOPAD de 12 de abril de 2011, fl.
339 a 341, c. 7).

• El 11 y 12 de abril de 2011, por la creciente se registraron 30 viviendas averiadas,
en los barrios El Prado, Curapo, Bogotá, Alfonso López y El Centro, en las que
habitaban 78 personas (censo del Ministerio de Ambiente y alcaldía de Útica, censo
ola invernal, 11 y 12 de abril de 2011, fl. 343 y 344, c. 7).

• El 12 de abril 2011, el alcalde del municipio solicitó al secretario de gobierno de
Cundinamarca equipos para el CLOPAD y suministro de bienes para los
damnificados de las crecientes de 5 y 11 de abril anterior, tales como equipos de
comunicación, megáfonos, colchonetas, linternas, chalecos salvavidas, tejas de
zinc, carpas plásticas, mercados y útiles de aseo. Y solicitó su ayuda para gestionar
la construcción de tres muros de contención, dos en el rio Negro y otro en la
quebrada Negra, ante el Fondo Nacional de Calamidades de la Presidencia de la
República (fl. 350, c. 7).

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• Se practicaron tres testimonios durante el proceso. El primero es del señor Henry
Mantilla Moros (minuto 00:00 a 29:30, grabación de la audiencia), ingeniero civil
especialista en estructuras, funcionario del INVIAS en la Oficina de Emergencia,
manifestó que llegó a municipio de Útica el 20 de abril de 2011, por pedido de las
autoridades, la solicitud consistió en la voladura del puente férreo que pasaba por
la quebrada Negra, “cuando llegué tenía una altura de un metro” sobre el cauce de
la quebrada, aunque no se ejecutó esa acción informó que “lo sacamos y a los 8
días ya se retiraron las vigas, las vigas en buen estado”. En cuanto a las causas de
la avalancha su declaración giró de manera insistente, alrededor de dos puntos, el
dragado del cauce de la quebrada Negra, que era responsabilidad de la CAR y de
las autoridades locales, y el mal uso de los suelos en la ronda de la quebrada que
causaban deforestación, por cultivo de caña de azúcar o actividades de ganadería,
que daban lugar a deslizamientos.

Atribuyó la avalancha de la quebrada Negra a “la falta de mantenimiento del cauce.
Eso les corresponde a las entidades de la CAR y entidades del municipio… pero el
problema es lo del mantenimiento que requiere el cauce porque se represa,
entonces toca es dragar”. Agregó que “arriba se ve la deforestación que se le hacen
a las cuencas, siembran caña, hacen quemas, entonces el terreno pierde, llega a
llover y se produce todo el deslizamiento… es por la deforestación que le hacemos
a las cuencas… y entonces pierde cohesión la tierra, claro, y viene entre el agua y
se trae todo eso”.

• La segunda declaración fue del señor Marcel Hernández, alcalde del municipio de
Útica al momento de los hechos, entre los años 2008 y 2011 (minuto 30:00 a
1:19:33, grabación de la audiencia). Su declaración giró alrededor de la
previsibilidad de la avalancha, las causas de esta y si la existencia del puente férreo
sobre la quebrada agravó la situación. Sobre las dificultades que siempre ha
presentado la quebrada y que hizo la administración municipal manifestó:

Las dificultades que siempre ha presentado el tema de la quebrada Negra,
por ser una quebrada torrencial de muy corto recorrido que arranca en una
cota muy alta, 2.000 metros más o menos y llega a nuestro municipio a 492
metros en un recorrido más o menos de 17 kilómetros, el que tiene mucho
material de arrastre. Nosotros desde el 2008 trabajamos en el tema de la
quebrada, no solamente de la quebrada Negra, sino del río Negro y de otros
afluentes del municipio. Está bañado por cinco afluentes, entre esos está la
quebrada Negra, el río Negro, la quebrada Terama, la quebrada Furatena y el
río Patá, son cinco afluente que prácticamente bañan el municipio, pero la que
representaba el mayor peligro era la quebrada Negra, por la forma de la
crecida que históricamente ha presentado.

Nosotros teníamos el CLOPAD del municipio activado permanentemente y
dragábamos la quebrada permanentemente desde la desembocadura de la
quebrada, hacia arriba, pues la quebrada desemboca en el río Negro.

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Hacíamos trabajos de mantenimiento con una draga que tiene el municipio y
dragamos haciendo los jarillones. Hicimos convenios con la CAR, también
hicimos un convenio en el 2008 que lo ejecutamos en el 2009, para
mantenimiento, también de dragado de la quebrada Negra.

Sobre las acciones realizadas el 18 de abril de 2011, en la avalancha de la
quebrada Negra, manifestó:

Ese día, señor magistrado, hicimos el CLOPAD en el día, lo hicimos en la
parte de la Chorrera, que es la parte que afecta al municipio. La quebrada el
70% pertenece al municipio de Quebradanegra y el 30 municipio de Útica,
más o menos tienen el recorrido de 10 kilómetros pertenece a Quebradanegra
y nosotros tenemos 7 kilómetros, arranca la quebrada en la Chorrera tributa
a la quebrada Negra, allá donde se empezó el deslizamiento en masa.
Nosotros fuimos, hicimos el CLOPAD para allá, acompañados del ingeniero
Edgar Gaitán, de la CAR, del personero municipal, del cuerpo de bomberos,
de la Defensa Civil y de los miembros del CLOPAD. Y tomamos la decisión
de dar una alerta temprana porque veíamos que se estaba moviendo en masa
todo, todo eso fue el mismo día, el mismo día 18 de abril en la mañana. Señor
magistrado a las cinco de la tarde dimos una alerta temprana, diciendo a la
gente que posible avalancha, que se estaban moviendo mucho los terrenos,
la CAR nos recomendó que hiciéramos unas alertas para avisarle a la
comunidad. Nosotros teníamos el CLOPAD activado, la alerta de evacuación
del municipio era el ruido de las campanas, el padre integraba el CLOPAD.
Esas alertas y antes del 18 de abril hubo alertas, porque habíamos tenido
crecientes.

Mandamos comunicaciones al señor Gobernador, más o menos nosotros las
enviamos como el 8 y el 12 de abril, diciéndole que posible avalancha que
mire, que el tema de la quebrada no era fácil… Al secretario de gobierno, el
doctor Álvaro Bernal, diciéndole, mire, necesitamos radio, nosotros teníamos
una alerta y teníamos medido de cuando llegaba la creciente al sitio de la
Papaya, que es otra tributaria que le caía a la quebrada Negra. Ahí teníamos
un señor Tito Manjarrez, inclusive, qué importante notar esto, fuimos
condecorados por el gobierno nacional por el tema de prevención. Los
bomberos el comandante Sabino Ramos y Don Tito Manjarrez, porque él a
través de un celular nosotros le cargamos minutos a él, para que nos avisara,
él me alcanzó a marcar, a mí me dijo alcalde, corran porque va una creciente
impresionante evacuamos el municipio si no se nos mueren 300 personas,
evacuamos hicimos evacuación puerta a puerta, alerta temprana con la
policía y los bomberos. Un señor no se quiso salir, desafortunadamente fue
una de las víctimas. Una señora del ancianato se nos murió también a media
cuadra del comando de policía.

Durante todo el interrogatorio se le insistió al declarante sobre la previsibilidad de la
avalancha de 18 de abril de 2011, reiteró sobre la comunicación en días previos al
gobernador de Cundinamarca, su secretario de gobierno y al director de la unidad
especial para la prevención y atención de emergencias del departamento, la primera
de 8 de abril anterior, en la que se les remitió el acta del CLOPAD y la declaración
de urgencia manifiesta, por una creciente sucedida días antes que afectó varias
viviendas, en las que se solicitó el suministro de equipos de comunicación y para la
atención de la emergencia También recibieron ayuda humanitaria a través de
Colsubsidio y que la limpieza del pueblo se terminó mes y medio después de
ocurrida la avalancha. Señaló que el CLOPAD estaba conformado por el alcalde, la

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Policía Nacional, los bomberos, la Defensa Civil, los secretarios de gobierno y
planeación y el cura párroco.

En cuanto a las viviendas afectadas, indicó que se presentó un proyecto de vivienda
a la secretaria de planeación del departamento, cuyo resultado desconocía. Agregó
que, las viviendas que tuvieron una afectación menor fueron reparadas por el
Comité de Cafeteros por medio de un contrato con el departamento. En materia de
obras de mitigación del riesgo en la quebrada Negra fueron aprobados cinco
proyectos, que no solo se enfocaron en esta sino en el río Negro, con los cuales se
construyeron muros de contención en el puente Arteaga y en el río.

Sobre la previsibilidad de la avalancha, punto en el cual se insistió mucho durante
el interrogatorio, y las medidas de mitigación del riesgo, manifestó:

Nosotros hacíamos el mantenimiento a diario del dragado de la quebrada,
fuera del mantenimiento hicimos un muro. También hicimos un muro de
contención, en otro puente que es aguas abajo, que se llama el puente
Arteaga e hicimos un muro al margen izquierda aguas abajo, un muro de 13
metros más o menos 14 metros en el 2008, que también evitó que hubiera
reventado por ahí. Había un contrato de la CAR que fue bastante polémico.
Es un contrato que lo contrató directamente la CAR para el lado de la
quebrada. Nosotros trabajamos con nuestra máquina en la desembocadura
para abrirle campo a la quebrada. Donde depositaban el río para abrirle
campo, para que bajara, trabajamos con la máquina aguas arriba y el
contratista. A la CAR se le insistía mucho en el tema del puente que dragara
más el puente [férreo] para evacuar más el puente.

(…)

Permanentemente, nosotros hacíamos el trabajo de jarillones, con nuestra
máquina del municipio, sí al lado izquierdo y al lado derecho del margen de la
de la quebrada, como lo decía, tomábamos de abajo hacia arriba, pues por
recomendaciones que nos hacían. Los mismos ingenieros de INVIAS, para
darle salida a este material de arrastre, pero sí lo hacemos permanentemente.
De hecho, figuran contratos de mantenimiento de la quebrada Negra.

El mismo declarante señaló que después del siniestro “llegaron más o menos 6 o 7
paladragas para hacer el dragado de la quebrada después de la avalancha”, esa
maquinaria fue suministrada por la gobernación de Cundinamarca. Al respecto se
le interrogó sobre si se hubiera hecho con anterioridad, se habría evitado la
avalancha respondió que “seguramente hubieran ayudado muchísimo”, sin
embargo, anotó que afrontaron la situación con una sola máquina, con la que se
evitaron tragedias y que con cada creciente se “reventaban los jarillones” y siempre
se acumulaba material de arrastre que era necesario sacar y que en todo caso era
necesario construir muros. Por lo que a continuación se le preguntó si con la
construcción de los muros se hubiera evitado la tragedia de 11 de abril de 2018:

No, pues muy difícil decirlo, porque es que el tema invernal se salió de las
manos a nivel nacional, 2010-2011 en la Mojana, no sé dónde no sé cuántos

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muros… Entonces yo no, no me atrevería a decir si los muros hubieran
evitado la tragedia.

Se le interrogó si el dragado del cauce de la quebrada era la única solución para
evitar la creciente, respondió que “históricamente se ha hecho el dragado” y se ha
realizado con la CAR. Hizo referencia a que después de la avalancha, se presentó
una oferta de contrato con una firma de Copacabana, Antioquia, que tenía por objeto
la explotación de la quebrada para suministro de materiales para pavimentación, en
contraprestación esta haría mantenimiento de la quebrada sacando material,
construiría jarillones y muros en una extensión de 4 a 5 kilómetros que resultaban
muy costosos, finalmente INGEOMINAS informó que el título minero ya estaba
adjudicado.

Sobre el mismo punto, el dragado de la quebrada señaló que: “Sí, nosotros, pues
con la maquinita nuestra, pues hacíamos el trabajo a diario”. Respecto del contrato
de la CAR señaló: “ese contrato de la CAR fue muy polémico… pues lo veíamos
insuficiente”, ya que se le pedía al contratista que trabajara con otra máquina, pues
la paladraga que tenía era muy pequeña, además “y si no estoy mal, también tenían
un bulldozer que permanecía más varado, que otra cosa”, ese dragado se
necesitaba con urgencia “porque ya habíamos tenido unas crecientes antes”.

Agregó que se contaba con poco presupuesto para realizar este tipo de obras, dado
que se trata de un municipio de categoría 6, “$2.800.000.000 que son muy poquitos
de los cuales destinamos 150 o 200 para el tema del dragado de la quebrada”, a lo
que debía agregarse que, no solo se trataba de ese afluente sino del río Negro, que
va al otro costado del municipio y la quebrada Teorama, que también generaban
preocupación, respecto de lo cual concluyó: “Para un pequeño presupuesto, pues
como es el de nuestro municipio, de hacerle mantenimiento a la quebrada, pienso
que en ese tema hicimos lo que estaba a nuestro alcance”.

También manifestó que conocía el estudio de INGEOMINAS y la Universidad
Nacional del año 2008, sobre el particular señaló que había sido socializado con la
comunidad en una reunión en el polideportivo, lo mismo que el POMCA, indicó que
había más de 52 estudios sobre la cuenca del río Negro, en los que se señalaba
que el tema de la quebrada era el de una creciente torrencial y movimientos de
masas.

El mismo testigo, se refirió a otros factores coadyuvantes de las crecientes
frecuentes en la quebrada Negra, como el cultivo de caña en la ronda de la quebrada
que causaba deforestación y erosionaba mucho los suelos, señaló que era una
costumbre en la región y la mayoría se encontraba en el municipio de

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Quebradanegra, en la parte alta, en el sector de La Chorrera, los terrenos de Útica
eran de fincas de turismo, en los barrios Los Comuneros y La Granja. Se había
advertido de la situación a la CAR y a la secretaría de agricultura de la gobernación
y al municipio involucrado, para que fueran comprados los predios: “Eso se quedó
así”. En todo caso, el 80% de la economía del municipio era panelera y había que
entrar al tema de sustitución de cultivos.

Otro factor agravante de la avalancha, en el que se insistió al declarante, fue la
existencia del puente férreo sobre la quebrada Negra, al respecto señaló:

Ya se había presentado una en el 88, que se representó (sic) en el puente
férreo, que también nos afectó esta vez, nosotros habíamos tenido unas
crecientes con los trabajos que hacíamos con los jarillones manteníamos,
después si se desbordaba no se desbordara mucho. Nosotros en el puente
férreo veíamos una luz muy pequeña, pues siempre habíamos insistido al
INVIAS de que el puente era peligroso. Además, le comunicamos que le
hicieran mantenimiento porque las aletas del puente estaban que se iban,
entonces ellos hicieron un muro de contención antes de la avalancha, aguas
abajo, mano derecha… como en el 2010 en noviembre, en la parte de arriba
del puente, en la aleta que estaba afectada… y [el día de la avalancha]
seguramente fue mucho al agua, la versión de los bomberos que se hizo un
espejo de agua impresionante, más o menos de 200 metros, que se represó
ahí en el puente del ferrocarril.

En las actas del CLOPAD, se había hablado de su desmonte, pero nunca escuchó
sobre la utilización de explosivos, de hecho, el 6 o 7 de mayo siguiente a la
avalancha fue desmontado, al día siguiente “bajo una creciente más grande que la
de la avalancha y pasó derecho”. Indicó que en época de verano la altura del puente
era de 3 a 4 metros sobre la quebrada y que había sido informado que lo habían
vuelto a construir con un gálibo mayor. Recordó que en la avalancha de 1988 el
mismo puente fue arrasado y quedó incrustado en el puente Arteaga. Cuando se le
preguntó de manera directa si, el puente fue determinante en el siniestro, respondió
que carecía de información precisa sobre el espejo de agua que se formó antes de
la avalancha y que solo la podía suministrar el comandante del cuerpo de bomberos,
que no fue llamado a declarar.

• El tercer declarante fue el señor William Ricardo Guerrero Melo, secretario de
planeación del municipio de Útica desde el 15 de octubre de 2008 hasta el 31 de
diciembre del año 2011(minuto 1:19:33 a 2:08:45, grabación de la audiencia). Sobre
la manera como sucedió el hecho señaló:

Bueno, el día de la avalancha era una sumatoria de fenómenos naturales que
antecedían esa fecha ese día, pues fue la precipitación de mucha agua,
digámoslo así, era un día atípico de esos de abril donde llovía
constantemente. Desde las horas de la mañana en el municipio de Utica y
desde días antes se veía un cielo nublado, constante lluvia. Ya la tierra estaba
saturada de agua todo lo que era, tanto los valles, los ríos, las montañas en
ese momento. Que se preveía una situación difícil porque los canales de

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agua, tanto la quebrada como el río, ya estaban saturados en su parte
máxima.

Sí. Lo que se presentó concretamente ese día, era previsible… Y yo creo que
desde el mismo momento en que se fundó el municipio por los que fundaron
el municipio, son esos fenómenos naturales donde Útica está en un valle en
una zona donde se rodea por montañas y pues obviamente, por escorrentía,
llegan muchos afluentes hídricos como quebradas como ríos. Y pues
digamos. Desde sus comienzos de asentamientos de desarrollo, se veía
constantemente una zona inundable, una zona saturada por el agua, una zona
de constantes deslizamientos, debido a que el terreno es demasiado
deslizable.

Nosotros, la alcaldía municipal y el CLOPAD, analizamos que era una
situación irresistible que se podía posponer, pero que tenía que suceder,
como ya había sucedido, y seguramente seguirá sucediendo. Son fenómenos
naturales que se dan por el cambio climático. Han proliferado no solamente
en Útica, en la región del bajo Magdalena, en la región del Gualivá, que son
los alrededores, sino en todo Cundinamarca y en esos momentos en los
periodos cíclicos.

En cuanto a las medidas tomadas por el municipio señaló:

Nosotros teníamos muchas situaciones, no solamente la quebrada, lo pueden
ver en las actas de CLOPAD… [La alcaldía y el CLOPAD] nos reunimos desde
el primer momento. Con toda la responsabilidad del caso, con toda la
seguridad que ameritaba atender esta situación, yo nunca lo había vivido de
esa manera, pero era permanentemente una situación de miedo, … por el
hecho de los fenómenos naturales. Y no estoy hablando solamente de la
inundación. Nosotros sufríamos en Útica deslizamientos. De todas las
veredas teníamos. El 100% de las veredas tenían problemas de
deslizamiento, las quebradas no solamente la quebrada Negra, Terama, La
Chorrera, Agua Clara, La Papaya, teníamos la mayoría de las quebradas y
ríos, porque además de eso pasa el río Patá y otros ríos importantes allá…
Dentro de todo el proceso que hicimos de estudios de preparación, de
planeación, de gestión del riesgo, nos dimos cuenta de que era una situación
irresistible, porque está la localización, pues no solamente de Útica, sino en
muchos municipios del país se hace sobre zonas que tengan agua. Que
tengan vida, que tengan, digamos, buenos paisajes… en su asentamiento
desde el comienzo, estaba mal ubicado, o sea, desde el comienzo, quien lo
fundó lo hizo muy cerquita, al río Negro y a la quebrada Negra, entonces
estaba mal fundado… era irresistible que sucediera, pues previo a eso se
hicieron muchas actuaciones del municipio en lo local, muchas… Obviamente
nuestra gestión era siempre comunicar a las instituciones de mayor
jerarquía… siempre acudíamos a golpear puertas, algunos nos apoyaron.

Según el declarante, la quebrada Negra nace en zona alta, que es muy inestable
que acelera el proceso de deslizamiento, ubicada en el municipio de
Quebradanegra, el cual no le da importancia a ese factor de riesgo “porque ellos de
allí sacan el agua, a ellos les interesa que esa zona produzca mucha caña panelera”
y no se dan cuenta de lo que sucede aguas abajo. Se trata de un fenómeno natural
donde se tienen muchos accidentes, a lo que se debía agregar ese periodo de
cambio climático entre 2010 y 2011 “que aceleró cualquier situación”. Útica era un
municipio “que en el momento de la avalancha estaba en mucho riesgo y nosotros
previmos eso… pero responsablemente pensábamos en que el impacto fuera el
mínimo y siempre lo que buscamos fue atender personalmente cada situación
presentada. Y también minimizar cualquier tipo de riesgo”.

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Recurrieron a todo tipo de entidades del departamento de Cundinamarca y a la
CAR, con el plan de desarrollo, el de ordenamiento territorial y un plan de gestión
de riesgo. Se realizaron muchas capacitaciones sobre cómo comportarse en
emergencias y evacuaciones. “Nosotros manteníamos a diario el dragado de la
quebrada, hacíamos trabajos de reforestación”, así como buscar alternativas al
tradicional cultivo de la caña. Se solicitó ayuda al INVIAS en asuntos como el de
facilitar la entrada de maquinaria, dragas, por la vías de acceso al municipio.
Respecto del puente férreo pidieron la construcción de dos muros laterales que
conservaran el paso de la quebrada, pero estos proyectos eran muy demorados en
su ejecución. Se tenía una sola retroexcavadora “vivía más varada que realmente
funcionando”. El municipio también realizó proyectos de reforestación sobre la
cuenca de la quebrada.

Sobre el aporte del puente férreo para agravar la situación, expresó:

Bueno, como ya lo decía, varios factores detonaron ese día para que fuera la
avalancha, principalmente la temporada invernal, el cambio climático. Lo que
pasa es que el puente se convirtió en una presa, que atrapó muchos palos,
piedras de gran tamaño, escombros que venían de aguas arriba. Y la
sedimentación de la quebrada ya estaba tan alta que por esos días anteriores
había llovido demasiado. Aunque habíamos hecho, previo a eso, un muy buen
trabajo de maquinaria de dragado. Y teníamos una diferencia de gálibo de
base del puente con digamos, la estructura principal, muy buena los meses
anteriores. Estoy hablando de aproximadamente dos meses antes empezó a
llenarse, a saturarse de material de arrastre y el día de la avalancha,
especialmente, se llenó de palos de gran tamaño. Estoy hablando de palos
de 20 metros. Y esto lo que ocasionó fue una presa, una presa que iba
debilitando poco a poco los jarillones que estaban protegiendo la ribera de la
quebrada… Como lo había dicho anteriormente antes de que sucediera la
avalancha, se había hecho un trabajo muy bueno en cuanto a dragado y ese
trabajo se hizo mancomunadamente entre municipio, la CAR y yo creía que
también la comunidad. Sin ser especialista, porque para eso hay los
especialistas y para eso pedíamos constantemente esa ayuda. Yo diría que
el trazado del puente, el trazado del puente férreo no debía estar allí… No, no
hay que sumarle todo al puente. Tampoco hay que decir que fue únicamente
por el puente. Es simplemente que era una tragedia que sucedía por un
fenómeno climatológico normal, digámoslo ya, venía sumándose desde hace
mucho tiempo. El cambio climático proliferó en esa época, especialmente en
esa situación. Las montañas para ese momento ya no aguantaban más y así
se hubiera hecho un trabajo más profundo en el cauce, que creo que es donde
quieren llegar, tampoco hubiera funcionado porque todo el lodo que bajó,
porque todo el barro, toda la avalancha que venía en ese momento. Había
superado cualquier tipo de trabajo previo a esa quebrada.

Para valorar la conducta de las entidades demandadas en cuanto, a la prevención
y mitigación de los riesgos causados por la avalancha de la Quebrada Negra,
ocurrida el 18 de abril de 2011, resulta necesario advertir de un contexto complejo,
de una ola invernal que dio lugar a crecientes frecuentes de esa fuente de agua,
desde el año 2008 y que siguieron ocurriendo hasta el 11 de abril de 2011, días
antes del siniestro.

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El CLOPAD del municipio de Útica consideró siete eventos de crecientes de la
quebrada Negra. En febrero y marzo de 2008 se advirtió de los riesgos de
represamiento de la Quebrada Negra, por formación de lagunas aguas arriba en las
montañas de la subcuenca media y alta. El 11 de noviembre de 2008, se presentó
una creciente y se declaró la alerta naranja. El 27 de marzo de 2009 se volvió a
presentar otra, en la que se felicitó a las autoridades por su reacción. El 8 de abril
de 2009, se advirtieron de nuevos riesgos causados por las crecientes. El 22 de
abril de 2010, se reportaron dos crecientes de la quebrada Negra y se declaró la
alerta naranja. El 6 de mayo de 2010, el desbordamiento de la quebrada Negra se
presentó en dos partes, lo que dio lugar a la declaración de alerta roja, se afectaron
40 viviendas. El 5 de abril de 2011 se presentó una nueva creciente en la que fueron
afectadas 16 viviendas. El 11 de abril de 2011, se presentó una nueva, que afectó
30 viviendas. La declaración del señor William Ricardo Guerrero Melo, secretario de
planeación del municipio de Útica en esa época, enfocó la previsibilidad de la
avalancha en la fuerte ola invernal de los años 2010 y 2011, que era consecuencia
del cambio climático.

En casi todos los casos se advertía que las crecientes habían destruido las obras
de adecuación hidráulica realizadas hasta ese momento. Así se advirtió en la
creciente del 11 de noviembre de 2008, sobre la destrucción de jarillones y muros
de contención, en esa ocasión se informó de daño a la maquinaria encargada de
las obras. Lo mismo se informó respecto de las dos crecientes reportadas el 22 de
abril de 2010, aunque se destacó que los jarillones habían resistido, pero no
toleraban una tercera creciente, y que el puente del ferrocarril presentaba un gran
riesgo de colapso ante una nueva creciente. En la creciente del 6 de mayo de 2010,
se informó del daño a una aleta del puente del ferrocarril y la destrucción de los
jarillones construidos por la CAR, lo que dejó sin protección al municipio. En la
creciente de 5 de abril de 2011, el CLOPAD reportó el debilitamiento de cientos de
metros de jarillones en tres puntos, la socavación de los muros de contención del
puente férreo y del cementerio y el represamiento de la quebrada Las Brisas en la
desembocadura del río Negro.

De otra parte, las actividades de prevención y atención de emergencias no
estuvieron exentas de dificultades. En el evento de 11 de noviembre de 2008 se
informó de demoras en la ejecución de los convenios de la CAR, el alcalde de la
época, señor Marcel Hernández, hizo referencia a esa dificultad en su declaración.
En marzo de 2009 también se advirtió de problemas en el cumplimiento de esos
convenios, pero se informó que habían sido solucionados. En abril de 2009 se
reportaron problemas con la retroexcavadora del municipio, pero se afirmó que los

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trabajos realizados habían servido para afrontar las últimas tres crecientes, el señor
William Ricardo Guerrero Melo, secretario de planeación del municipio de Útica,
manifestó “vivía más varada que realmente funcionando”. El 17 de abril de 2010, el
alcalde de Útica solicitó al director de la CAR el cumplimiento de compromisos
adquiridos el 23 de febrero anterior, para desembolsar recursos para realizar la
adecuación del cauce de la quebrada Negra. En la creciente del 5 de abril de 2011,
se manifestaron dificultades con las obras realizadas por la CAR en el dragado del
cauce de la quebrada, la ingeniera residente se comprometió a realizar esas labores
de manera permanente. Se informó en febrero y marzo de 2008, de la deforestación
de la zona.

En todas las deliberaciones del CLOPAD se formularon soluciones comunes a la
problemática de las crecientes, tales como el dragado del cauce de la quebrada,
adecuación hidráulica mediante la construcción de jarillones, muros de contención,
gaviones, bolsas de big bag y bolsacretos, el descope de árboles y la remoción de
material de arrastre o pesado. En todos los casos se advirtió de la necesidad de
monitoreos constantes de la quebrada Negra. Lo anterior sucedió con los riesgos
advertidos en febrero y marzo de 2008, en el aviso de las dos crecientes el 22 de
abril de 2010. En la creciente de 6 de mayo de 2010, se tomaron medidas para
atención de emergencias, como la disposición de equipos para el efecto,
declaración de emergencia vial y urgencia manifiesta, así como solicitudes de apoyo
a la CAR y al departamento de Cundinamarca, obra comunicación de esa fecha al
director de la CAR y del 7 de mayo al gobernador de Cundinamarca. En las
crecientes de 5, 11 y 12 de abril de 2011 se realizaron censos de damnificados. El
8 de marzo de 2011, el alcalde de Útica solicitó a la gerencia del Fondo Nacional de
Calamidades, subcuenta Colombia Humanitaria, recursos para mitigar los impactos
de la ola invernal. Las mismas solicitudes fueron dirigidas al director de la CAR el 8
de abril de 2011 y al secretario de gobierno de Cundinamarca el 12 de abril de 2011.
El alcalde de la época, señor Marcel Hernández, ratificó las actividades del CLOPAD
en su declaración.

Entre el año 2006 y 2011, antes de la avalancha de 18 de abril, se ejecutaron 16
contratos relacionados con la mitigación del riesgo originado en las crecientes de la
quebrada Negra. Uno de los contratos relacionado con atención humanitaria, del
departamento de Cundinamarca en enero de 2011 y otro del municipio de Útica,
para labores de reforestación en el año 2009. Los 14 restantes estaban relacionados
con labores de adecuación hidráulica y dragado del cauce de la quebrada Negra.
De los cuales 6 corresponden a convenios de la CAR: uno en 2006, uno en 2007,
dos en 2008, uno de 2010 y uno en 2011. Los contratos del municipio de Útica
fueron ocho: uno en 2008, cuatro en 2009, dos en 2010 y uno en 2011.

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El municipio de Útica reportó en sus vigencias presupuestales de 2007 a 2011, el
rubro correspondiente a la prevención y atención de desastres. En el año 2008 el
CLOPAD expidió el plan de contingencia por el desbordamiento de la quebrada
Negra y el río Negro, conforme al Decreto 19 de 1989. En 2009 se publicaron las
“Rutas de evacuación” de la población. Mediante Resolución 327 de 2009 de la
CAR, fue aprobado el POMCA, plan de manejo de la cuenca hidrográfica del río
Negro. En dos ocasiones fue declarada la urgencia manifiesta por el municipio de
Útica, mediante Decreto 11 de 2010 y Decreto 19 de 2011. En septiembre de 2010
fue aprobado el PLECS, el plan local de emergencias y contingencia del municipio
de Útica.

Acerca de reubicación de viviendas del municipio, se hizo referencia a ese plan en
dos comunicaciones. Una de 29 de julio de 2010, del secretario de planeación a la
CAR regional, en la que se relacionaron predios ubicados en la ronda de la
quebrada Negra y otra de la misma fecha, del mismo funcionario al secretario de
Agricultura de la gobernación de Cundinamarca, en la que relacionó 104 predios en
la ribera de la quebrada Negra, con el fin de evitar la siembra y reforestar el área
que daba lugar a deslizamientos. El alcalde de la época, señor Marcel Hernández,
manifestó que se presentaron cinco proyectos, pero desconocía sus resultados, así
mismo informó que la zona de cultivos estaba ubicada en su mayor parte en el
municipio de Quebradanegra.

Sobre el puente de la vía férrea que pasaba sobre la quebrada Negra, solo se tiene
la solicitud de 14 de septiembre de 2010, del alcalde de Útica al INVIAS, Secretaría
técnica, para que se hiciera el mantenimiento preventivo del puente del ferrocarril,
porque la creciente de ese año había socavado las aletas y era necesario construir
un muro de protección. La declaración del ingeniero, Henry Mantilla Moros,
funcionario del INVIAS en la Oficina de Emergencia, se limitó a informar que el
puente fue desmontado una semana después de la avalancha del 18 de abril de
2011. Y que las causa de esta fueron la falta de dragado del cauce de la quebrada
Negra y el mal uso de los suelos en la ronda de la quebrada. Sobre el mismo punto
el señor Marcel Hernández, informó sobre el desmonte del puente, que en la
avalancha de 1988 había contribuido a agravar la situación y que en esta ocasión
desconocía su contribución a los daño causado por la avalancha de 2011, que ésta
la podía dar el jefe de bomberos que no fue llamado a declarar en el proceso. El
señor William Ricardo Guerrero Melo, secretario de planeación del municipio de
Útica en esa época, señaló que el trazado del puente férreo no debía pasar por la
quebrada Negra, afirmó que no fue un factor decisivo en la agravación de los daños
causados de la avalancha y que la ola invernal tenía más peso.

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Finalmente, cuando al alcalde de la época, señor Marcel Hernández, se le interrogó
sobre la previsibilidad de la avalancha de 18 de abril de 2011, manifestó que era
muy difícil determinarlo, porque la ola invernal de 2010 y 2011 se salió de las manos
y que las actividades de mitigación del cauce de la quebrada eran las que
tradicionalmente se habían realizado, concluyó “hicimos lo que estaba a nuestro
alcance”.

12. La configuración de la causal de fuerza mayor en el caso concreto

La parte demandante, en el recurso de apelación, señaló que los daños causados
por la avalancha de la quebrada Negra, el 18 de abril de 2001, fueron la
consecuencia de la omisión de las autoridades demandadas en realizar las obras
necesarias para prevenirlos. Agregó que diversos estudios indicaron que era un
riesgo previsible, por lo cual se recomendó la reubicación del casco urbano del
municipio de Útica.

En diciembre de 2008, INGEOMINAS y la Universidad Nacional de Colombia, sede
Bogotá, presentaron el estudio sobre los riesgos que implicaba la cuenca de la
quebrada Negra, en el que se determinó que esta era susceptible a la formación de
flujos con altas concentraciones de material sólido, que se depositan en la parte
baja de la quebrada, con periodos de retorno de aproximadamente 10 años. El
grado de riesgo que se determinó fue “uno”: inundación por flujo de lodo, con alturas
entre 1 y 4 metros y velocidades de flujo entre 1 y 3 metros por segundo, que por
sus características afectarían todos los pobladores del municipio y generarían el
colapso de las viviendas; el cual, finalmente, se concretó en la avalancha de 18 de
abril de 2011. Para mitigar tal situación, se recomendaron tres alternativas, se
seleccionó la siguiente: el dragado del lecho de la quebrada, que consistiría en la
profundización del canal principal, que era la alternativa por la que tradicionalmente
se había optado. Si bien en el EOT del año 2000, se dio como opción la reubicación,
el estudio predominante fue el del año 2008, tanto para medir el grado de riesgo,
como las políticas para su mitigación y prevención giraron alrededor de este informe.
En la demanda se hace referencia a ese estudio y lo que se alega es la omisión del
dragado del cauce de la quebrada. A la medida de reubicación se hace referencia
en la apelación de la sentencia de primera instancia y vuelve a surgir como
alternativa interinstitucional después del 18 de abril de 2011.

Lo anterior, se deduce de las acciones desplegadas por las entidades demandadas
después de la avalancha de abril de 2011 hasta el año 2013. En primer lugar, no se
puede imputar omisión alguna, por la manera como atendieron la emergencia.

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Previo a la avalancha, existía un plan de emergencia para dar aviso de ésta y
evacuar la población a una zona segura. Después del siniestro, se siguieron las
obras de adecuación hidráulica, tales como construcción de jarillones, muros de
contención y gaviones y dragado del cauce de la quebrada. Asimismo, se suministró
equipo para atender la emergencia y se diseñaron planes de vivienda para los
damnificados. En segundo lugar, la reubicación del sector urbano del municipio de
Útica, como solución definitiva a los riesgos que presenta la quebrada Negra, se
comenzó a tomar en cuenta después de la ocurrencia de la avalancha de abril de
2011, cuando se hizo un estudio del INGEOMINAS y se consolidó el compromiso
del municipio de Útica, la CAR, el departamento de Cundinamarca, y la UNGRD.

De otra parte, resulta necesario valorar la conducta de las entidades demandadas,
en cuanto a la prevención y mitigación de los riesgos causados con anterioridad a
la avalancha de la quebrada Negra, ocurrida el 18 de abril de 2011. Se trató de un
contexto complejo, de una ola invernal que dio lugar a crecientes frecuentes de esa
fuente de agua, desde el año 2008 y que siguieron ocurriendo hasta el 11 de abril
de 2011, días antes del siniestro. El CLOPAD del municipio de Útica consideró siete
eventos de crecientes de la quebrada Negra en ese período. En casi todos los
casos se advertía que las crecientes habían destruido las obras de adecuación
hidráulica realizadas hasta ese momento. En todas las deliberaciones del CLOPAD
se formularon soluciones comunes a la problemática de las crecientes, tales como
el dragado del cauce de la quebrada, adecuación hidráulica mediante la
construcción de jarillones, muros de contención, gaviones, bolsas de big bag y
bolsacretos, el descope de árboles y la remoción de material de arrastre o pesado.
En todos los casos se advirtió de la necesidad de monitoreos constantes de la
quebrada Negra. Debe advertirse que esas obras nunca estuvieron exentas de
dificultades. Sin embargo, entre los años 2006 y 2011, antes de la avalancha de 18
de abril, se ejecutaron 16 contratos relacionados con la mitigación del riesgo
originado en las crecientes de la quebrada Negra tanto por parte del municipio de
Útica como de la CAR. A lo que debe agregarse el cumplimento de diversas
obligaciones, como el establecimiento de rubro presupuestales correspondiente a
la prevención y atención de desastres, entre los años 2007 y 2011. La expedición
del plan de contingencia por el desbordamiento de la quebrada Negra y el río Negro,
en el año 2008, conforme al Decreto 19 de 1989. Las rutas de evacuación, en el
año 2009 y la expedición en el año 2010 del PLECS, el plan local de emergencias
y contingencia del municipio de Útica. Por lo anterior, a las entidades demandadas
no es posible atribuirles conducta alguna por el daño alegado por la parte
demandante.

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Radicación número: 25000-23-41-000-2013-00578-01 (AG)
Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

El presente caso trata de la avalancha de la quebrada Negra, ocurrida el 18 de abril
de 2011, en el municipio de Útica, Cundinamarca, en el contexto de la ola invernal,
causada por el fenómeno de La Niña durante los años 2010 y 2011. En estos casos,
la responsabilidad patrimonial del Estado se refiere a desastres naturales11, los
cuales, en principio, se consideran como constitutivos de fuerza mayor6. En el caso
de la ola invernal de los años citados, la Sala ha declarado esa eximente de
responsabilidad en ocho casos12.

Al contrario, para que pueda imputarse la responsabilidad del Estado en este tipo
de eventos, debe acreditarse que estos eran previsibles y resistibles y que el
Estado, conocedor de ese riesgo, no ejecutó ninguna acción tendiente a mitigar sus
efectos, a evitarlos, o expuso a los administrados a ese fenómeno natural:

Así, al estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado por los
daños provenientes de la ocurrencia de fenómenos naturales13, tales
como el desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de
tierra, desprendimiento de rocas, inundaciones por lluvias, entre
otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de
que las entidades demandadas incumplieron su deber de vigilancia
y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención
requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido
conocimiento previo de la posible ocurrencia del hecho natural14 15.

Sin duda, en el caso que ocupa la Sala se podría considerar una imputación de esta
índole, dado los claros antecedentes de riesgo de la cuenca del río Negro y de la
subcuenca de la quebrada Negra para lo cual resulta necesario ponderar el riesgo,
su previsibilidad, y las actividades de las entidades demandadas para mitigarlo o

11
Así cataloga el artículo 2 de la Ley 46 de 1988 a los fenómenos naturales que causan daño o
alteran de manera grave las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada,
causadas por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma
accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras
entidades de carácter humanitario o de servicio social. 6 Ley 95 de 1890, artículo 1° “Se llama fuerza
mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejércitos por un funcionario público, etc.”
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 4 de junio de 2021, rad. 63344,
y de 30 de julio de 2021, rad. 59.287, C.P. Marta Nubia Velásquez; Subsección B, sentencia de 30
de marzo de 2022, rad. 50.945, C.P. Fredy Ibarra Martínez; Subsección A, sentencia de 21 de
octubre de 2022, rad. 55.250, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Subsección A, sentencia de 2 de
junio de 2023, rad. 58.638; Subsección B, sentencia de 14 de julio de 2023, rad. 61.333, C.P. Fredy
Ibarra Martínez; Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2023, 61.716, C.P. José Roberto Sáchica
Méndez; Subsección B, sentencia de 27 de septiembre de 2023, rad. 60468, C.P. Alberto Montaña
Plata; Subsección A, sentencia de 11 de octubre de 2023, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
13
Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de febrero 26 de 1998, exp.
10846; 14 de mayo de 1998, exp. 12175; diciembre 11 de 1998, exp. 19009; 20 de septiembre de
2001, exp. 13732; septiembre 20 de 2007, exp. 16014; marzo 1 de 2011, exp. 18829; mayo 25 de
2011, exp. 21929 y agosto 22 de 2011, exp. 20107.
14
Así lo explicó esta Subsección las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. No. 28.277. M.P. Mauricio Fajardo Gómez;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de abril de 2014, exp. No.
28974, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2021, exp. No. 49613, C.P. María Adriana Marín, entre muchas otras.
15
Consejo de Estado, Subsección A, sentencia de 2 de junio de 2023, exp. 58.638.

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Demandado: Municipio de Útica y otros
Referencia: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

evitarlo, de acuerdo con las premisas fijadas por la Corte Constitucional en la
sentencia T-1094 de 2002.

Si bien la mitigación del riesgo y prevención de desastres respecto de la quebrada
Negra no estuvieron exenta de dificultades, debe afirmarse que fue constante y
coherente con las recomendaciones del estudio de INGEOMINAS y la Universidad
Nacional del 2008, como se demuestra en el acápite anterior, por lo que no puede
imputarse responsabilidad a las entidades demandadas, principalmente el
municipio de Útica y la CAR, por omisión en el desarrollo de este tipo de actividades.

Este evento encuadra en la causal eximente de responsabilidad de fuerza mayor
por tratarse de un suceso irresistible, imprevisible y exterior, requisitos que han sido
precisados por esta Corporación en el siguiente sentido16:

En primer lugar, la irresistibilidad alude a la “imposibilidad del obligado a
determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo;
en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la
ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o
inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo pues el
demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los
efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de
un terremoto o de un huracán (artículo 64 del Código Civil) algunos de cuyos
efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían
ser evitados.”17

[…] Por su parte, la imprevisibilidad de la causa extraña alude a la condición de
imprevista de la misma, con lo cual será requisito indispensable que se trate de
“de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”18. En
este sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que “resulta mucho más
razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido
imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante
la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras, acaeció, con
independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a
su ocurrencia”19.
En tercer lugar, la exterioridad de la causa extraña respecto del demandado “se
concreta en que el acontecimiento y circunstancia que (se) invoca como causa
extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la
causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente (…) la exterioridad
que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la
entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia dictada el 24 de abril de 2013, radicación No. 70001-23-31-000-1998-00313-01(26127),
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de
marzo de 2010, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. exp. 16.530, y sentencia de 26 de mayo de 2010,
C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. exp. 18800.
18
Nota original en la sentencia Citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia
de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, pág. 21.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de
marzo de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 16.530.

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tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de
responder la accionada20.

El fenómeno de La Niña fue el factor exterior y diferencial en la avalancha de la
quebrada Negra del 18 de abril de 2011, por dos factores fundamentales. De un
lado, porque se trató de un fenómeno acumulativo, dado que ni a mediados del
2010 ni a principios del 2011 se presentó una temporada seca, sino un invierno
constante, que también fue fuerte durante los años 2008 y 2009, que dio lugar por
lo menos a siete crecientes de la misma quebrada desde el año 2008, frente a las
cuales reaccionaron las entidades demandadas, principalmente el municipio de
Útica y la CAR, pero implicaban que las obras construidas con anterioridad
quedaban destruidas, tales como jarillones, gaviones y muros de contención y el
dragado del cauce se convertía siempre en el inicio de una nueva remoción de
materiales.

De otro lado, fue irresistible, porque el mes de abril de 2011 fue el más lluvioso
durante el fenómeno de La Niña, el promedio de lluvias en milímetros en la cuenca
del río Negro fue más del doble del promedio histórico. En la cuenca del río Negro,
el índice de precipitación fue de 282.53%, en la estación de Caparrapí, y de
258.91% en la estación de río Frio, cuando el índice máximo es de 170%, lo que
significa que fue extremadamente lluvioso. Las autoridades debieron dar prioridad
a prevenir la pérdida de vidas humanas, porque la magnitud de la avalancha fue
imposible de prever y resistir.

La avalancha de la quebrada Negra ocurrida el 18 de abril de 2011 que afectó al
municipio de Útica en donde se destruyeron y averiaron las viviendas, muebles y
enseres de los demandantes, fue irresistible, puesto que era un proceso
acumulativo de una larga ola invernal causada por el fenómeno de La Niña y por el
índice de precipitaciones de lluvia más alto en casi medio siglo, los cuales no podían
ser controlados por las entidades demandadas y desbordaron su capacidades en
mitigación y prevención de desastres y presupuestales de la administración para
impedir su ocurrencia21.

Por último, la Sala se abstendrá de valorar el dictamen pericial aportado por la parte
demandante que tenía por objeto la valoración de los perjuicios alegados por el
grupo afectado, dado que la declaración de una causa extraña no permite su
imputación a las demandadas, a pesar de la objeciones por error grave que estas

20
Ibídem. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 18800.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia proferida el 6 de noviembre de 2020, radicación No. 73001-23-31-000-2011-00114-
01(44362), C.P. María Adriana Marín.

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realizaron contra este medio de prueba y de la defensa que hizo de este la parte
demandante en el recurso de apelación y en las alegaciones realizadas durante el
proceso. Resulta necesario recordar que el incidente por error grave ha
desaparecido de los establecidos taxativamente por el Código General del
Proceso22.

6. Costas

De conformidad con el artículo 65 de la Ley 472 de 199823 y el artículo 365 del
Código General del Proceso, en la presente providencia se impondrá la condena en
costas a cargo de la parte vencida, es decir, a la parte demandante.

La Sala fijará las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en
cuenta en la liquidación de costas.

Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del Código General
del Proceso, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.

Se trata de un proceso con pretensiones equivalentes a $1.349.144.243, asunto en
el que la parte demandante resultó vencida en primera instancia.

Acerca de la gestión procesal se observa que el municipio de Útica, el Departamento
de Cundinamarca, la CAR y la UNGRD estuvieron vinculados al trámite procesal y,
por tanto, está sola circunstancia y el hecho de tener un apoderado, implica o
conlleva una actividad de vigilancia del proceso que amerita reconocer agencias en
derecho.

A partir de lo expuesto, se fijará por concepto de agencias en derecho el valor de
(1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de cada una de las entidades
públicas demandadas, remitiéndose para el efecto al artículo 3.2. del Acuerdo 1887
de 200324, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la

22
Artículo 130. Rechazo de incidentes. El juez rechazará de plano los incidentes que no estén
expresamente autorizados por este código y los que se promuevan fuera de término o en
contravención a lo dispuesto en el artículo 128. También rechazará el incidente cuando no reúna los
requisitos formales.
23
Artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
“5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas
necesarias para la publicación del extracto de la sentencia”.
24
Esta disposición fue derogada por el Acuerdo 10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior
de la Judicatura; no obstante, resulta aplicable al caso concreto, en atención a la regla de transición
que estableció esa última regulación, según se transcribe a continuación: “Artículo 7. Vigencia. El
presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a
partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores
sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y
9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

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Judicatura, que dispone la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose de
acciones populares y de grupo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 21 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en la que se
negaron las pretensiones de la demanda.

Fijar como agencias en derecho en segunda instancia, la suma equivalente a un (1)
S.M.M.L.V a favor de cada una de las entidades demandadas, valor que deberá
incluirse en la liquidación de costas a cargo de la parte demandante.

Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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