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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2013-00592-01

Invernal 2011: se produjeron por fuerza mayor, pues fueron la consecuencia de un evento

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2013-00592-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia. TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2013-00592-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-41-000-2013-00592-01 (70024)
Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

TEMAS: INUNDACIONES CAUSADAS POR FENÓMENO DE “LA NIÑA” EN TEMPORADA
INVERNAL 2011 – Se produjeron por fuerza mayor, pues fueron la consecuencia de un evento
imprevisible, porque la magnitud concreta de las lluvias y sus efectos no podía anticiparse
razonablemente; irresistible, porque superó la capacidad ordinaria de prevención, contención y
respuesta de las autoridades; y externo, porque no fue causado por una conducta jurídicamente
imputable a las demandadas. PRESUPUESTOS DE LA CAUSA EXTRAÑA – Imprevisibilidad;
Irresistibilidad; y exterioridad respecto de la demandada. MANIFESTACIONES DE LA CAUSA
EXTRAÑA - Fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de un tercero y hecho o culpa
exclusiva de la víctima. DIFERENCIA ENTRE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR - Solo la
fuerza mayor, en cuanto proviene de una circunstancia realmente externa a la actividad o al
servicio, tiene aptitud para excluir la imputación. El caso fortuito, en cambio, se vincula con la
estructura misma de la actividad de quien causa el daño; puede ser desconocido u oculto, pero
no por ello resulta exterior al servicio. DIFERENCIA ENTRE HECHO DE LA VÍCTIMA Y CULPA
DE LA VÍCTIMA - El primero se configura cuando la actuación de la persona afectada, sin
necesidad de calificarla como dolosa o culposa, resulta decisiva en la producción del daño y el
juicio se concentra, entonces, en su eficacia causal frente al perjuicio sufrido. La segunda
supone un análisis adicional: la víctima incumple un deber jurídico o el deber general de cuidado.
HECHO DE UN TERCERO - Se presenta cuando una persona ajena al juicio de responsabilidad
produce el daño y su intervención rompe la posibilidad de atribuirlo al demandado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 17 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 19 de abril de 2011 se produjo la ruptura de un dique de contención del río Bogotá,
a la altura del predio conocido como “Monguibello”. Dos días después, el agua
ingresó a las instalaciones del “Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf
Club”, integrado por las urbanizaciones Medialuna, Isla Verde y Los Robles. Según
la demanda, la inundación alcanzó una altura aproximada de 1,5 metros y los
habitantes del conjunto tuvieron que salir de sus casas, dejando atrás bienes y
enseres que quedaron expuestos al agua. Además, debieron comprar motobombas
y otros equipos para retirar el agua acumulada, asumir las labores de drenaje y,
después, reparar sus inmuebles, las zonas comunes y las demás instalaciones
afectadas.

La demandante —propietaria de 83 lotes ubicados en el “Conjunto Habitacional y
Recreativo San Jacinto Golf Club”— considera que la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca debe responder patrimonialmente por los daños

Radicado: 25000-23-41-000-2013-00592-01 (70024)
Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

derivados de la inundación, pues, según afirma, el fenómeno climático que provocó
el siniestro era previsible y la entidad pudo adoptar medidas para contener sus
efectos o, al menos, reducirlos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
al constatar que el daño se produjo porque las víctimas ocuparon un área
inundable, que no pudo contener un fenómeno climático con magnitudes superiores
a las esperadas. La parte actora apeló la decisión, aduciendo que este no obedeció
a culpa de las víctimas ni a fuerza mayor.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 22 de abril de 20131-2, la sociedad Mustafa Hermanos & Cia. S en C, mediante
apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo, contra la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (en lo sucesivo, “la CAR”), para que fuera declarada
patrimonialmente responsable por los daños derivados de la inundación que afectó
el “Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”, el 21 de abril de 2011.

En su escrito, la parte accionante identificó al menos 120 personas que pertenecían
al grupo en su condición de propietarios, residentes y arrendatarios del “Conjunto
Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”3 y formuló expresamente las
1 Fls. 1-48, c. 1.
2 Mediante auto del 8 de mayo de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la

demanda (Fls. 423 y 424, c. 1.). Subsanada la misma por la parte actora (Fls. 425 a 429, c. 1.) fue
admitida posteriormente por auto del 11 de junio de 2013 (Fls. 435 y 436, c. 1.) en el que,
adicionalmente, se vinculó como accionados al municipio de Chía y a la sociedad Emserchía ESP.
3 Según el libelo introductorio corresponde a Inversiones Camdenm S.A., Henry Humberto Herrera

Hernández, Martha Alexandra Rojas Barreto, Inversiones Mallorca S.A. en liquidación, Germán
Arango Bonnet, Andrés Antonio Mustafá Lotero, Juan Pablo Coral Luna, Juan Carlos Cardozo Cruz,
Conjunto Residencial Isla Verde P.H. Conjunto Residencial Media Luna P.H., Mustafa Hermanos y
Cia S. en C, Diego Mauricio Rodríguez Romero, Ana María Macías Martínez, Alexander Gómez,
Eliana María Vega Ortiz, Valores y Cobranzas de Colombia S.A., Fernando Cárdenas Otero, Gladys
Echeverry Montoya, Servicios Proyectos y Construcciones S.A., Gina María Bolivar Camacho, José
del Carmen Rueda Maldonado, Pablo Felipe Solano Castañeda, Ivan Dario Olaya, Jorge Enrique
Camacho Londoño, Mauricio Garcia, Nelly B. Daza, Juan Carlos Arana, Alberto Botero Uribe, Jorge
Arturo Moreno Ojeda, Henrry Reyes, Andres Emilio Rojas Perez, Daniel Cortes Mcastiller, Hector
Mauricio Torres, Prodilacteos, Gustavo Rincon Estrada, Felipe Gomez Arbelaez, Leslie Josef Celina
Diedone, Camilo Enrique Bonilla Perea, Asia Winds International Ltda, Fabio Peña Pinzon, Jorge
Armando Otalora, Jose Ricardo Villarreal Quintero, Juan Carlos Jaramillo Muñoz, Mauricio Lederman
Muchasky, Raul Castellanos, Brielo Jose Oyora Alvarez, John Jairo Camacho Londoño, Burch
Overseas, Constructora Garcia E Hijos, Sergio Alejandro Rada Rodriguez, John Villamizar Gomez,
Carlos Ernesto Barona, Terrabienes S.A.S., Carlos Eduardo Mateus, Sandra Roca Bernal, Mauricio
Roca Bernal, Fernando Giovanny Arias, Alejandro Lince Gomez, Victoria Eugenia Bernal, Juan
Antonio Colina Pimienta, Nancy Melendez, Juan Carlos Caputti, Jorge Mario Restrepo, Leonor
Montoya, Radovan Karaman Betancourt, Carlos Eduardo Hoyos Escobar, Guillermo Trujillo Barrero,
Juan David Correa Gregory, Mario Alonso Pinzon, Martha Gallon, Guillermo Robles Angel, Jaime
Augusto Carvajal Zambrano, Juan Carlos Arango Muñoz, Crispin Landinez Hector, Juan Carlos
Bastidas Aleman, Jorge Eduardo Estrada, Elianne Gamboa, Ivan Karaman, Flavio Alberto Cardova
Marin, Jose Luis Suarez Montaño, Omar Leal Quiroz, Jorge Mario Velasquez, Juan Carlos Pombo,
Osman Hipolito Roa, Jorge Eduardo Carrasco, Mauricio Torres Saldarriaga, Zuluaga Uribe Carlos
Enrique, Alfredo Barbosa, Jaime Eduardo Galvis Plata, Pablo Andres Avilan Forero, Luis E. Gutierrez

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Radicado: 25000-23-41-000-2013-00592-01 (70024)
Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

siguientes pretensiones declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso
con posibles errores):

“1. Declare que la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca – CAR es
responsable patrimonialmente de los perjuicios materiales y morales causados a
todos los integrantes del grupo que acabo de indicar.

2. Ordene informar a los miembros del grupo a través de un medio masivo de
comunicación o cualquier otro mecanismo eficaz la existencia de la presente acción
de grupo de conformidad con el mandato contenido en el art.53 de la Ley 472 de
1998.

3. Condene a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR a pagar a
las personas que integran el grupo, el calor de los perjuicios que les hubiere
ocasionado la CAR y que estimo así:

a) Por concepto de perjuicios materiales:

1) A título de daño emergente: La suma que estimo en ($50.000.000.000) cincuenta
mil millones de pesos m/cte

2) A título de lucro cesante: Deberán pagarse los intereses legales que correspondan
desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se dé cumplimiento a la
sentencia que ponga fin definitivo al proceso.

b) Perjuicio morales objetivados y subjetivados: Deben ser equivalentes a 100
SMLMV para cada uno de los integrantes del grupo que sean personas naturales, en
razón de los profundos sufrimientos y angustias que padecieron al ser arrojados
intempestivamente de sus casas invadidas por las aguas, sufriendo el choque
emocional propio de quien ve destruida su residencia que no servirá en el futuro
inmediato para darle abrigo a su hogar, a la familia, a los hijos, y de quien, en
consecuencia, se ve obligado a un cambio en sus condiciones de existencia pues
queda obligado a mudarse a otro sitio de manera intempestiva e improvisada con
todos los traumatismos que ello implica.

4. Los valores de la condena deberán ser actualizados.

5. La parte demandada y el Honorable Tribunal deberán ejecutar la sentencia y hacer
efectivas las condenas en lo que les corresponda, en los términos de los arts. 192,
194, 195 de la Ley 1437/2011 (nuevo CPACA y CCA).

6. Solicito al honorable Tribunal que, si en el curso del proceso se establece que
existen otros posibles responsables, de oficio se ordene su citación, tal como lo prevé
el parágrafo del artículo 52 de la Ley 472 de 1998”

Como antecedentes fácticos, la parte demandante narró que el 19 de abril de 2011
se produjo la ruptura de un jarillón del río Bogotá, ubicado frente al cultivo de flores
de la finca “Monguibello”. Según indicó, esa situación provocó el ingreso
intempestivo de un caudal significativo de agua al “Conjunto Habitacional y

Robayo, Mauricio Moralez Gonzalez, Alejandro Gomez Alvarez, Juan Pablo Jimenez Cavides, Jorge
Galan Piñeros, Eugenia Pardo Espitia, Claudia Marcela Leal Aponte, Promotora Arquicreto S.A.,
Carlos Antonio Espinosa, Dario Roca Bernal, Julian Suza, Malek Turky, Maria Mercedes Cuellar
Botero, Mario Enrique Bolivar, Juan Carlos Saavedra, Vilor Ltda, Luis Alberto Arango Escobar,
Camilo Bernal, Alejandro Ruiz Serrate, Antonio Galante Herrera y Roberto Galante Herrera

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Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

Recreativo San Jacinto Golf Club”4, que alcanzó una altura aproximada de 1,5
metros e inundó las urbanizaciones que lo integraban: Medialuna, Isla Verde y Los
Robles.

Refirió que, como consecuencia de la inundación, los habitantes del conjunto
tuvieron que abandonar sus viviendas durante aproximadamente tres meses y una
vez pudieron regresar, encontraron destruidos sus muebles, enseres y demás
bienes que habían permanecido dentro de los inmuebles.

Sostuvo que la inundación del conjunto se produjo por falta de mantenimiento y
adecuada gestión del cauce del río Bogotá, que, de haberse realizado
oportunamente, habría evitado el siniestro.

Con fundamento en lo anterior, la demandante considera que la CAR debe
responder patrimonialmente por los daños que sufrieron los propietarios, residentes
y arrendatarios del “Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”,
derivados de la inundación del 21 de abril de 2011, por omisión en el ejercicio de
sus funciones. A su juicio, el fenómeno climático que ocasionó el siniestro fue
previsible y la entidad demandada pudo adoptar medidas para contener sus efectos.

2. Contestaciones

2.1. La CAR5 se opuso a las pretensiones de la demanda aduciendo que no era la
entidad competente para construir y realizar el mantenimiento de diques de
contención. Resaltó que, de cara a la temporada invernal que se avecinaba para el
año 2011, desarrolló obras de adecuación y mantenimiento hidráulico de los cauces
de los cuerpos de agua dentro de su jurisdicción. Recalcó que la parte actora omitió
adelantar gestiones para prevenir la inundación y levantó construcciones sin
respetar la zona de protección hídrica prevista en el POT. Sumado a ello, indicó que
la temporada invernal del 2011 fue atípica, porque inició prematuramente y alcanzó
un acumulado tres veces mayor al histórico por el fenómeno de “La Niña”, lo que
habría dado lugar a considerar que el daño se produjo por un caso fortuito o fuerza
mayor.

Propuso como excepciones las de: (i) ausencia de responsabilidad; (ii) caso fortuito
o fuerza mayor y; (iii) culpa exclusiva de la víctima.

2.2. El municipio de Chía6 - vinculado al proceso por el a quo7- se opuso a las
pretensiones de la demanda, manifestando que el daño era atribuible a la CAR,
pues era la entidad encargada de proteger la ronda del río Bogotá y de verificar el
cumplimiento de la normativa de construcción cerca a su cauce. Indicó que la CAR

4 Aunque algunas pruebas se refieren al “Condominio San Jacinto” y otras al “Condominio San

Jacinto Golf Club”, al “Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club” o al “Club San
Jacinto”, se advierte que todas esas denominaciones aluden al mismo complejo habitacional y
recreativo, ubicado en la vereda La Balsa del municipio de Chía, Cundinamarca. Por esta razón, y
con el fin de mantener uniformidad en la redacción, en este proyecto se utilizará la expresión
“Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”.
5 Fls. 444-518, c. 1.
6 Fls. 739-748, C. 2.
7 Por auto del 11 de junio de 2013. Fls. 435 y 436, c. 1.

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Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

fue quien autorizó al conjunto la construcción del jarillón, obra que, según fotografías
aportadas al proceso, se construyó con materiales de escasa calidad.

Formuló como excepciones las de: (i) ineptitud de la demanda, (ii) falta de
legitimación en la causa por pasiva; y (iii) caducidad de la acción.

2.3. Emserchía ESP8- vinculada al proceso por el Tribunal9 - se opuso a las
pretensiones de la demanda, argumentando que ninguna de sus competencias se
relacionaba con el litigio.

Formuló las excepciones de: (i) caducidad, (ii) falta de legitimación en la causa por
pasiva, (iii) falta de competencia; (iv) caso fortuito o fuerza mayor; y (v) culpa
exclusiva de las víctimas.

2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado10 intervino en el proceso
manifestando que no se demostró que la CAR hubiese incurrido en omisión en el
ejercicio de sus funciones. Asimismo, señaló que el daño se produjo por acción de
la naturaleza, debido a un fenómeno climático inusual y desproporcionado de
lluvias.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia11

3.1. La parte actora12, la CAR13, el municipio de Chía14 y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado15 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda
y en la contestación de esta, respectivamente.

3.2. Emserchía ESP y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 17 de marzo de 202316, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al encontrar acreditados las
causales eximentes de responsabilidad de culpa exclusiva de las víctimas y fuerza
mayor.

Al efecto, el a quo sostuvo que los demandantes se expusieron al daño al
permanecer en un área clasificada por el POT de Chía como Zona de Protección
del Sistema Hídrico —ZPSH— y de alto riesgo de inundación. Además, consideró
que conocían esa circunstancia y que, pese a las recomendaciones formuladas

8 Fls. 531-563, c. 1.
9 Por auto del 11 de junio de 2013. Fls. 435 y 436, c. 1.
10 Fls. 1144 – 1158, c. 2.
11 Antes de correr traslado para alegar de conclusión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

mediante auto del 20 de marzo de 2015 (Fls. 894 a 897, c. 1), decretó la práctica de pruebas
documentales y de un dictamen pericial.
12 Fls. 1273-1281, c. 2.
13 Fls. 1283-1295, c. ppal.
14 Fls. 1296-1298, c. ppal.
15 Fls. 1264-1271, c. ppal.
16 Fls. 1300-1314, c. ppal.

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Radicado: 25000-23-41-000-2013-00592-01 (70024)
Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

antes de la emergencia por la CAR y por la Alcaldía de Chía, no adoptaron medidas
suficientes para prevenir o mitigar sus efectos.

Agregó que no se acreditó que el jarillón que colapsó hubiera sido construido por la
CAR. Por último, indicó que, aunque el fenómeno de “La Niña” era previsible, en
abril de 2011 alcanzó una intensidad extraordinaria, pues las precipitaciones fueron
de 258,8 mm frente a un promedio histórico de 99,3 mm, circunstancia que, a su
juicio, configuró una fuerza mayor.

5. Apelación

5.1. La parte actora17 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Indicó que el tribunal valoró
inadecuadamente las pruebas del proceso, pues estimó que los daños se
ocasionaron por culpa de las víctimas con base en documentos expedidos luego de
la inundación (oficio del 30 de diciembre de 2011, informe técnico SDAS 238 del 22
de mayo de 2011 y documento del 24 de junio de 2011).

Precisó que las afectaciones no se produjeron por culpa exclusiva de las víctimas,
pues el conjunto residencial se construyó atendiendo las respectivas licencias
ambientales, de parcelación y de construcción.

Indicó que el conjunto habitacional se realizó respetando la ronda hídrica de 150
metros prevista en el artículo 39 del Acuerdo No. 3 de 1994. Asimismo, refirió que
solo hasta la expedición del POT del año 2000 algunas zonas fueron consideradas
como inundables. Precisó que debía evaluarse cada caso por separado, para
determinar cuáles bienes habían sido construidos dentro de la ronda hídrica.

Manifestó que la inundación no se produjo como consecuencia de un evento de
fuerza mayor, dado que el fenómeno de “La Niña” y su intensidad era previsible.
Refirió que lo que provocó el desbordamiento de las aguas fue la falta de dragado
del río y de mantenimiento del jarillón que colapsó.

Finalmente, solicitó que se decretara y practicara una inspección judicial para
acreditar que el conjunto construyó un Jarillón antes de la inundación.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia18

6.1. La parte actora, la CAR, el municipio de Chía, Emserchía ESP, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

La Sala confirmará la sentencia del 17 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de

17 Fls. 1236-1331, c. ppal.
18 Mediante auto del 5 de noviembre de 2023, el Despacho negó la solicitud probatoria elevada en

segunda instancia, al considerar que, durante el trámite de primera, la inspección judicial había sido
reemplazada por un informe técnico, decisión que contó con la anuencia de la parte demandante.
SAMAI, índice 11.

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Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

la demanda, que, dentro de los cargos formulados en la apelación, los daños
obedecieron exclusivamente a un evento de fuerza mayor asociado al fenómeno de
"La Niña", cuyas precipitaciones extraordinarias superaron los registros históricos,
provocaron el desbordamiento de fuentes hídricas más allá de las rondas
previamente identificadas y ocasionaron la ruptura del jarillón ubicado en el predio
"Monguibello", desde donde las aguas se propagaron hacia el "Conjunto
Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club".

Para el análisis, a continuación, se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) causales exonerativas de
responsabilidad patrimonial, (4) hechos probados, (5) caso concreto, (6) conclusión
y (7) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, según lo previsto en los artículos 5019 de la Ley 472 de 1998 y 152.1620
del CPACA, estatuto vigente a la fecha de presentación de la demanda y que, por
tanto, resulta aplicable, porque se demanda la reparación de perjuicios causados a
un grupo, cuyo conocimiento corresponde a la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en razón al criterio de especialidad previsto en el reglamento de la
Corporación21.

1.2. El medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo es el
mecanismo procesal idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado cuando el daño ha sido sufrido por un número de personas
igual o superior a veinte, que comparten condiciones uniformes respecto de una
misma causa generadora de perjuicios individuales22, en los términos del artículo
14523 del CPACA.

19 “Artículo 50. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se

susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
20 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. […]. 16. De los

relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un
grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que
dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
21 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de

Estado”.
22 En este medio de control la exigencia de que existan “condiciones uniformes” no significa que

todos los integrantes del grupo hayan sufrido exactamente el mismo daño, ni que la responsabilidad
deba examinarse de manera idéntica en cada caso. Lo que exige la ley es que las reclamaciones
estén unidas por un mismo hecho, acción, omisión u origen común, de modo que exista una base
fáctica y jurídica homogénea que justifique su trámite conjunto. Por ello, aunque la causa del daño
sea común, sus efectos pueden manifestarse con distinta intensidad o alcance en cada miembro del
grupo. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-569 de 2004
23 “Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona perteneciente

a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una
misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula
la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más personas
individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para determinar la
responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo
obligatorio.”

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Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

Bajo este entendimiento, se advierte que el presente asunto encuadra dentro del
supuesto previsto en el artículo 145 del CPACA, pues la sociedad Mustafá
Hermanos & Cía. S. en C., en su condición de integrante del grupo y como única
demandante compareciente, promovió la pretensión en representación del conjunto
y estableció los criterios para identificar un grupo de al menos ciento veinte (120)
personas24 que serían propietarias y/o residentes de las unidades habitacionales
que conforman el “Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club” y que
habrían sufrido perjuicios derivados de una causa común: la inundación ocurrida el
21 de abril de 2011.

A estos efectos, debe recordarse que, para la procedencia de esta pretensión, basta
con que uno de los integrantes del grupo actúe en su nombre y establezca los
criterios que permitan identificar a los demás miembros25. Por tanto, en este caso
se satisface el presupuesto relativo a la existencia de una causa común y de
condiciones uniformes del grupo, lo que hace procedente el medio de control.

1.3. En el caso de marras la demanda fue ejercida en tiempo, pues fue presentada
dentro del término de dos (2) años previsto en los artículos 47 de la Ley 472 de
199826 y 16427, numeral 2°, literal h), del CPACA para formular pretensiones de
reparación de perjuicios causados a un grupo. A estos efectos, se advierte que: (i)
el hecho generador del daño, esto es, la inundación del “Conjunto Habitacional y
Recreativo San Jacinto Golf Club” se produjo el 21 de abril de 2011 (hecho probado
4.16.); y (ii) el 22 de abril de 201328 la actora presentó la demanda29.

24 El listado de estas personas es visible en la nota al pie No. 3.
25 Corte Constitucional. Sentencia C 116 de 2008. “…según ha sido explicado, para garantizar la

igualdad, el debido proceso y el acceso a la justicia de las personas afectadas por un daño plural, la
jurisprudencia constitucional ha precisado que para la presentación de la demanda en una acción de
grupo no se requiere conformar un número mínimo de veinte personas, pues basta con que un
miembro del grupo afectado la presente en nombre de las demás víctimas, debiendo sí el actor
facilitar la identificación de por lo menos veinte de ellas. No es entonces necesario que el apoderado
que presenta la demanda cuente con el poder de por lo menos veinte de las personas afectadas con
el daño colectivo; es posible ejercer la acción con el poder de una sola de las víctimas, siempre y
cuando se determine la existencia de un grupo de afectados superior a veinte, pues es claro que en
ese entendido, se están formulando pretensiones para la totalidad del grupo y no sólo para las
víctimas que efectivamente le otorgan poder. De este modo, no sobra reiterar, la exigencia de que ‘El
grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas’, aun cuando es un presupuesto procesal,
no es un requisito exigible para el momento de la presentación de la demanda sino para su admisión,
siendo en esta instancia donde el juez debe entrar a decidir sobre la procedencia de la acción”.
26 “Artículo 47. Caducidad. Sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la indemnización

de perjuicios, la acción de grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha
en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo”.
27 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago de
indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los
dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el daño […]”.
28 Escrito de demanda. Fls. 1-48, c. 1.
29 Como el vencimiento ordinario recaía en día inhábil, el término se extendió hasta el día hábil

siguiente, esto es, el 22 de abril de 2013. Ley 4 de 1913. “Artículo 62. En los plazos de días que se
señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos
de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último
día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.”

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Radicado: 25000-23-41-000-2013-00592-01 (70024)
Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto es,
de un lado, la sociedad Mustafá Hermanos & Cia. S en C., y de otro, la CAR, el
municipio de Chía y Emserchía ESP, se advierte lo siguiente:

(i) La sociedad Mustafá Hermanos & Cia. S en C., se encuentra legitimada en la
causa por activa, comoquiera que demostró, con los correspondientes folios de
matrícula inmobiliaria (F.M.I.), ser la propietaria de 83 inmuebles ubicados en el
“Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”30, que se habría
inundado el 21 de abril de 2011.

(ii) La CAR se encuentra legitimada por pasiva, pues de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3131 y 3332 de la Ley 99 de 199333, es la entidad
competente para realizar el control y seguimiento de vertimientos, emisiones o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas y
promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las
cuencas hidrográficas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez, donde ocurrió la
inundación por la que se reclama indemnización de perjuicios.

30 Lotes Nos. del 1 al 9 (F.M.I. 50 N-20441607 al 1615); Lotes Nos. 23 al 27 (F.M.I. 50 N-20441629

al 1633); Lotes Nos. 30 al 38 (F.M.I. 50 N-20441636 al 1644); Lotes Nos. 40 al 69 (F.M.I. 50 N-
20441646 al 1675); Lotes Nos. 74 al 75 (F.M.I. 50 N-20441680 al 1681); Lotes Nos. 77 al 80 (F.M.I.
50 N-20441683 al 1688); Lote No. 86 (F.M.I. 50 N-20441692); Lote No. 90 (F.M.I. 50 N-20441696);
Lotes Nos. 93 al 108 (F.M.I. 50 N-20441699 al 1714); Lote No. 124 (F.M.I. 50 N-20441730); Lotes
Nos. 127 al 129 (F.M.I. 50 N-20441733 al 1735); Lote No. 133 (F.M.I. 50 N-20441739); Lote No. 139
(F.M.I. 50 N-20441744). Fls. 80-310, c. 1. Aun cuando en la demanda se anunció como propietaria
de 89 lotes y los relacionó, al confrontar esa relación con los folios de matrícula inmobiliaria allegados
se pudo establecer que los lotes Nos. 29, 81, 82, 92, 137 y 138 no figuraban a su nombre, bien fuera
porque los había enajenado o porque su nombre no figura en ninguna de las anotaciones registrales.
31 “Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: […]12.

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. […] 19. Promover y ejecutar obras de irrigación,
avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de
recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las
cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores
y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y
a las previsiones técnicas correspondientes…”
32 “Artículo 33. Creación y Transformación de las Corporaciones Autónomas Regionales. La

administración del medio ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio
nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales […] Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez CAR: se denominará Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, CAR, y tendrá jurisdicción en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y
el territorio del Departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios incluidos en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio y los municipios del Departamento de
Cundinamarca que hacen parte de la jurisdicción de CORPORINOQUIA. Su jurisdicción incluye los
Municipios de Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Caldas, Buenavista y Ráquira en el
Departamento de Boyacá. Tendrá su sede principal en la ciudad de Santafé de Bogotá, y establecerá
una subsede en la ciudad de Fusagasugá […]”
33 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

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Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

(iii) El municipio de Chía se encuentra legitimado en la causa por pasiva, pues
conforme a lo dispuesto en los artículos 31134 de la Constitución Política y 1435 de
la Ley 1523 de 201236 es a quien corresponde construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes e implementar los
procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción, incluyendo el conocimiento y la
reducción del riesgo y el manejo de desastres. Además, porque en la demanda se
pretende que se reparen los perjuicios causados por los daños que produjo la
inundación del 21 de abril de 2011, la cual se alega que pudo evitarse de haberse
implementado oportunamente los procesos de gestión del riesgo en el área.

(iv) Emserchía ESP se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues desde
1979 prestaba el servicio de aseo en el municipio de Chía y uno de los factores a
los que se atribuye la inundación es por la falta de mantenimiento del cauce del río
Bogotá, con ocasión de residuos que pudieron verterse en él.

2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a esta Sala determinar si
los daños ocasionados por la inundación del “Conjunto Habitacional y Recreativo
San Jacinto Golf Club” son atribuibles a las entidades accionadas o se produjeron
por un evento de fuerza mayor y/o por culpa exclusiva de las víctimas.

No obstante, dado que los argumentos de la sentencia apelada y los reparos
formulados en el recurso giran, principalmente, en torno a la culpa exclusiva de la
víctima y a la fuerza mayor como eximentes de responsabilidad, antes de enunciar
los hechos probados y abordar el análisis del fondo del asunto, la Sala hará unas
breves consideraciones sobre las causales exonerativas de responsabilidad
patrimonial.

3. Causales exonerativas de responsabilidad patrimonial

En los procesos de responsabilidad estatal, la causa extraña no constituye, en
estricto sentido, un simple medio de defensa, sino una circunstancia que excluye la
atribución del daño, pues su acreditación permite establecer que éste no provino de
la actuación u omisión del demandado, sino de un factor ajeno a su ámbito de
control, a su esfera de deberes jurídicos y a su capacidad razonable de evitación37.

34 “Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del

Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes”.
35 “Artículo 14. Los alcaldes en el sistema nacional. Los alcaldes como jefes de la administración

local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del
desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción”.
36 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2021, Rad.

51444. “el demandado tiene la posibilidad de soportarse en las diferentes alternativas para

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Demandante: Mustafá Hermanos & Cia. en C.

En esa medida, es posible afirmar que la causa extraña impide estructurar la
responsabilidad patrimonial, no porque disminuya o atenúe el reproche contra la
Administración, sino porque descarta el presupuesto indispensable para atribuirle,
jurídica y causalmente el resultado lesivo.

La jurisprudencia contencioso-administrativa ha identificado como manifestaciones
de esta institución jurídica la fuerza mayor, el hecho exclusivo y determinante de un
tercero y el hecho o culpa exclusiva de la víctima. Para que cualquiera de ellas tenga
plenos efectos exonerativos, debe demostrarse, en lo sustancial, que el factor
invocado fue externo al demandado, que no podía preverse razonablemente y que
sus efectos no podían resistirse o evitarse mediante una conducta diligente y
exigible en el caso concreto38. Estos tres presupuestos conforman el estándar
general de la causa extraña.

El artículo 6439 del Código Civil, subrogado por el artículo 1.º de la Ley 95 de 189040,
define la fuerza mayor o caso fortuito como el imprevisto al que no es posible resistir.
En sede de responsabilidad estatal, esa definición debe leerse a partir del estándar
antes indicado: lo relevante no es la sola ocurrencia del acontecimiento, sino que
sus consecuencias resulten ajenas al servicio o a la actividad atribuida al
demandado y que, valoradas en concreto, no hubieran podido anticiparse ni evitarse
razonablemente41.

exonerarse de responsabilidad, dependiendo del régimen del que se trate, de manera que, si se está
dentro de un régimen subjetivo, tiene a su alcance la opción de exonerarse probando ausencia de
falla, la inexistencia del nexo causal, o probando una causa extraña”.
38 Ibidem. “la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la

víctima, constituyen un conjunto de eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible
imputar -desde el punto de vista jurídico- la responsabilidad a la persona o entidad que obra como
demandada dentro del mismo, dejando a salvo aquellos eventos en que por las circunstancias en
que se desenvuelve la causación del daño, es posible considerar la intervención del sujeto
demandado”.
39 “Artículo 64. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como

un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc.”
40 Sobre reformas civiles
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 2008, Rad. 16530. “En lo

referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual
"no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia", toda vez que “prever, en el lenguaje usual,
significa ver con anticipación", entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño
sólo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte
imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el
demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría
de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga
que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la
mente del demandado o a que éste deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de
más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con
el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto. Sin embargo, el carácter imprevisible de
la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto
es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil y la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un
acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”. La recién referida acepción del
vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el
sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez
que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se

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Radicado: 25000-23-41-000-2013-00592-01 (70024)
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De ahí que los fenómenos naturales, incluidos los desastres asociados a lluvias,
inundaciones, movimientos telúricos u otros eventos semejantes, puedan llegar a
configurar fuerza mayor, pero no de manera automática. Quien invoca la causal
debe acreditar que el daño obedeció a los efectos inevitables del fenómeno y no a
una omisión relevante, a una actuación defectuosa o a la falta de adopción de
medidas que jurídicamente le fueran exigibles42.

Una precisión adicional resulta necesaria frente a la relación entre fuerza mayor y
caso fortuito. Mientras en la jurisdicción ordinaria ambas expresiones suelen ser
tratadas como equivalentes dentro de la noción de causa extraña, la jurisprudencia
de lo contencioso administrativo ha sostenido una diferencia con efectos prácticos:
solo la fuerza mayor, en cuanto proviene de una circunstancia realmente externa a
la actividad o al servicio, tiene aptitud para excluir la imputación. El caso fortuito, en
cambio, se vincula con la estructura misma de la actividad de quien causa el daño;
puede ser desconocido u oculto, pero no por ello resulta exterior al servicio 43. Por
esa razón, no basta afirmar que el hecho fue imprevisto o difícil de controlar. Es
indispensable demostrar que el resultado dañoso provino de un factor
verdaderamente ajeno al demandado y que no estuvo acompañado de una culpa
adicional atribuible a este44.

Ahora bien, de otro lado, se advierte que la conducta de la víctima también puede
excluir la responsabilidad cuando se convierte en la causa exclusiva, adecuada y
determinante del daño45. En tal supuesto, el menoscabo no se imputa al

tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados
por el hombre”.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de junio de 2021, Rad. 63344.

“se descarta que las obras que se realizaron para prevenir el desborde del dique hubieran sido
insuficientes e inadecuadas y, por ende, causantes de su ruptura, como lo indicó la parte actora, ya
que no se probó cómo se hubiera podido actuar de manera distinta y según las capacidades del
Estado para lograr otro resultado, ni que la infraestructura estuviera deteriorada, teniendo en cuenta
que su ruptura superó todo pronóstico. Como consecuencia, es claro que el hecho era irresistible
para la parte demandada, debido a que el Estado actuó según sus capacidades para evitar que el
dique se desbordara y, sin embargo, el incremento exagerado de las lluvias generó la ruptura de esa
obra en un tramo, lo que inundó el sur del departamento del Atlántico”.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 23 de septiembre de 2009, Rad.: 17251 “a

pesar de que la jurisprudencia ha expuesto diversos criterios para argumentar tal distinción, hoy día
encuentra sustento, únicamente, en la exterioridad o interioridad respecto al suceso, actividad o
servicio que produjo el daño antijurídico, lo cual exige, entonces, examinar si en el caso concreto
éste se produjo dentro o fuera del campo de acción o de la esfera jurídica propia del obligado y/o
demandado”.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero de 2004, Rad. 13833. “Para

efectos de la distinción, y de acuerdo con la doctrina se entiende que la fuerza mayor debe ser: 1)
Exterior: esto es que “está dotado de una fuerza destructora abstracta, cuya realización no es
determinada, ni aun indirectamente por la actividad del ofensor”. 2) Irresistible: esto es que ocurrido
el hecho el ofensor se encuentra en tal situación que no puede actuar sino del modo que lo ha hecho”
3) imprevisible: cuando el suceso escapa a las previsiones normales, esto es, que ante la conducta
prudente adoptada por quien lo alega, era imposible pronosticarlo o predecirlo. A su vez, el caso
fortuito debe ser interior, no porque nazca del fuero interno de la persona, sino porque proviene de
la propia estructura de la actividad riesgosa, puede ser desconocido y permanecer oculto, En tales
condiciones, según la doctrina se confunde con el riesgo profesional y por tanto no constituye una
causa de exención de responsabilidad”.
45 Cfr. Henri y León MAZEAUD, Jean MAZEAUD. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda.

Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333. El hecho de la víctima
trae como consecuencia “la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la

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demandado, porque la actuación de quien lo sufrió desplaza por completo la
relevancia causal de la conducta o actividad que se reprocha.

En esta materia conviene distinguir, desde el punto de vista conceptual, entre el
hecho de la víctima y la culpa de la víctima. El primero se configura cuando la
actuación de la persona afectada, sin necesidad de calificarla como dolosa o
culposa, resulta decisiva en la producción del daño. La segunda supone, además,
que la víctima incumplió un deber jurídico o el deber general de cuidado y, con ello,
incrementó el riesgo jurídicamente relevante de que el daño se produjera. Esta
distinción responde, sin embargo, a la forma de calificar la conducta de la víctima y
no modifica el análisis de su incidencia causal, pues cualquiera de las dos figuras
puede dar lugar a la exoneración cuando se demuestre que aquella actuación fue
exclusiva y determinante en la producción del daño46.

Por tanto, tanto en el hecho de la víctima como en la culpa de la víctima, el juez
debe establecer la incidencia real de su conducta en la concreción del daño. Si su
intervención fue exclusiva y determinante, la responsabilidad se excluye; si apenas
concurrió con una falla del servicio o con otra conducta imputable al demandado,
podrá dar lugar a una reducción de la condena, pero no a una exoneración total 47.
En esa valoración resulta indispensable determinar si la conducta de la víctima
constituyó la causa adecuada del daño y no una circunstancia secundaria o
meramente incidental, sin que la calificación de aquella como culposa sea, por sí
misma, determinante para definir el alcance de la exoneración.

Finalmente, el hecho exclusivo y determinante de un tercero se presenta cuando
una persona ajena al juicio de responsabilidad produce el daño y su intervención
rompe la posibilidad de atribuirlo al demandado. Esta causal exige que la actuación
del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del resultado, que no guarde vínculo

imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de
la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple
exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de
la culpa de la víctima” (…)“Para constituir una causa ajena, un acontecimiento, ya se trate de
acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una
culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser
imprevisible e irresistible.”.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1° de octubre de 2018, Rad.

46328. “la Sala advierte que el hecho de la víctima y culpa de la víctima se han refundido dentro de
un mismo concepto, ya que ambos eximen al Estado de la obligación de indemnizar los daños
causados. Sin embargo, el hecho de la víctima y la culpa de la víctima tienen un elemento
diferenciador. Se presenta un hecho de la víctima, cuando su conducta, “sea determinante y
exclusiva para la causación del daño, en tanto resulte imprevisible o irresistible”, con independencia
de su calificación dolosa o culposa46. Por otra parte, se presenta culpa de la víctima cuando la
conducta de esta hubiera incrementado el riesgo jurídicamente relevante de que se produjera el
daño, como consecuencia del incumplimiento culposo de un deber jurídico a cargo suyo46 o del
deber general de Cuidado”.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C, Sentencia del 9 de diciembre de 2025. Rad.

71156. “para que la culpa de la víctima libere plenamente de responsabilidad, es necesario que la
conducta de ésta “sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir, que su comportamiento se erija
como causa adecuada, decisiva y determinante en la producción o resultado del hecho lesivo”.

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con el servicio o con la actividad atribuida al demandado y que, apreciada en
concreto, satisfaga el estándar general de la causa extraña48.

No es indispensable acreditar que el tercero actuó con culpa, pues el análisis se
concentra en la relación causal. Lo decisivo es que su intervención haya sido ajena,
determinante y suficiente para explicar el daño. Si, por el contrario, la conducta del
tercero concurre con una omisión estatal relevante, con una falla en el servicio o
con un riesgo jurídicamente atribuible al demandado, la causal no tendrá aptitud
para liberar plenamente de responsabilidad, aunque pueda incidir en la distribución
o graduación de la condena.

En suma, las causas eximentes de responsabilidad solo tienen plena eficacia
exonerativa cuando el daño proviene de un factor extraño al demandado, esto es,
de un hecho externo a su esfera jurídica de control, imprevisible e irresistible, que
excluye la imputación del resultado lesivo. Ese estándar común se proyecta de
manera distinta según la modalidad invocada: en la fuerza mayor, a partir de las
consecuencias inevitables de un fenómeno externo; en el hecho o culpa exclusiva
de la víctima, conforme a la incidencia determinante de su conducta en la
producción del daño; y en el hecho exclusivo y determinante de un tercero, según
la suficiencia causal de una intervención ajena al demandado y al servicio. Así, el
análisis judicial no debe limitarse a la denominación formal de la causal alegada,
sino a establecer, con fundamento en las pruebas del caso concreto, si el daño
conserva un vínculo jurídico y causal con el demandado o si, por el contrario, dicho
vínculo queda excluido por la intervención de una causa extraña.

4. Hechos probados

Antes de relacionar los hechos probados, conviene realizar algunas precisiones
sobre la valoración de los medios de prueba allegados al proceso. En primer lugar,
la Sala pone de presente que otorgará mérito probatorio a las copias simples que
obran en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24549 del
CGP, que admite que los documentos se aporten al proceso en original o en copia,
junto con el artículo 24650 del mismo estatuto, que otorga a las copias el mismo valor

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de febrero de 2026, Rad.

73180. “El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una persona ajena
al juicio de responsabilidad en la realización del injusto72. Esta Sección73 ha señalado que el hecho
exclusivo y determinante del tercero se configura siempre y cuando se demuestre que la
circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado
en manera alguna con aquél. Asimismo, esta Corporación74 ha determinado que para la prosperidad
de esta causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que el hecho
del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual la entidad tiene que probar
que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del demandado y el daño producido; ii) que el
hecho del tercero sea ajeno al servicio, es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de
derecho público demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y iii) que el hecho
del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad”.
49 “Artículo 245. Aportación de documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original o

en copia. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviere en su poder, salvo
causa justificada. Cuando se allegue copia, el aportante deberá indicar en dónde se encuentra el
original, si tuviere conocimiento de ello”.
50 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca

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probatorio del original, salvo en los eventos en que la ley establezca que debe
presentarse el original o una determinada copia.

En segundo término, se advierte que, atendiendo el tenor literal del artículo 24451
del CGP, los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros,
en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz y de la imagen, se presumirán auténticos, mientras no sean
tachados de falso o desconocidos por las partes o intervinientes. En esta misma
medida, la Sala otorgará valor probatorio a los informes rendidos por el municipio
de Chía, la CAR y el IDEAM, pues se advierte que fueron elaborados por entidades
gubernamentales y profesionales con competencia técnica, científica y legal en
análisis y manejo de riesgos hidrológicos. De tal suerte, se advierte que dichos
documentos cumplen con los requisitos de idoneidad, objetividad y coherencia, al
estar sustentados en visitas de campo y monitoreos hidrológicos, sin que su
contenido haya sido controvertido o desvirtuado por prueba alguna, aunado a que,
en tanto documentos públicos que son, gozan de presunción de autenticidad.

En tercer lugar, es menester poner de presente que los recortes periodísticos y
extractos noticiosos allegados con fines probatorios serán valorados de acuerdo con
las reglas que la jurisprudencia de la Corporación52 ha dispuesto para este tipo de
pruebas, bajo el entendido que solo demuestran el registro mediático de un
acontecimiento dado, pero carecen de entidad suficiente para probar, por sí solos,
la existencia y veracidad de los hechos narrados; por lo que su valor probatorio
dependerá de que lo consignado en ellos encuentre respaldo en otros medios de
convicción.

En cuarto lugar, la Sala valorará la prueba anticipada de inspección judicial con
recepción de testimonios, en cuanto fue incorporada al expediente y estuvo a
disposición de las partes para su contradicción. En esa medida, la inspección judicial
será apreciada como medio de constatación directa del estado físico del inmueble,
de los vestigios de la inundación y de las condiciones observadas por el despacho
en la diligencia. Por su parte, los testimonios allí recibidos serán valorados conforme
a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón de ciencia de los
declarantes, su conocimiento directo de los hechos y su vínculo laboral o contractual

copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente.”
51 “Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la

persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o
de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados
de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales
presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los
que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se
presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La
parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad
y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma
de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los
procesos y en todas las jurisdicciones”.
52 Ver, por todas Consejo de Estado. Sala Plena Contenciosa Administrativa. Sentencia del 29 de

mayo de 2012. Rad.: 11001031500020110137800.

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con “Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”, circunstancia
relevante para ponderar el alcance y fuerza demostrativa de sus dichos.

En quinto lugar, la Sala advierte que obra en el expediente un dictamen pericial 53,
debidamente sustentado en audiencia, rendido con el propósito de establecer el
valor de los lotes, casas y acciones del “Condominio Club San Jacinto” y fijar la
cuantía de los perjuicios materiales que habrían sufrido los propietarios y residentes
con ocasión de la inundación ocurrida el 21 de abril de 2011. De conformidad con
los artículos 17654 y 23255 del CGP, dicho medio de prueba será apreciado conforme
a las reglas de la sana crítica, atendiendo a la solidez, claridad, exhaustividad,
precisión y calidad de sus fundamentos, así como a la idoneidad del perito y a las
explicaciones ofrecidas durante su sustentación. No obstante, dado que su objeto
se circunscribe a la valoración económica de los perjuicios reclamados, solo se
acudirá a dicho dictamen en caso de encontrar acreditado que los daños resultan
atribuibles a alguna de las entidades demandadas. En consecuencia, el dictamen
no será valorado para establecer la causa del daño ni la imputación de
responsabilidad, sino únicamente, de ser procedente, para efectos de la
cuantificación de los perjuicios materiales.

Esa misma regla de valoración condicionada se aplicará a las copias de los
contratos de obra y consultoría, a las facturas relacionadas con reparaciones
efectuadas en algunas de las viviendas afectadas por la inundación 56 y al avalúo
catastral practicado en enero de 2011 respecto del valor comercial de las casas y
lotes que conformaban el complejo residencial y social57. En efecto, por la
naturaleza y finalidad de esos documentos, su análisis solo resultará pertinente en
el evento de que sea necesario cuantificar los perjuicios materiales reclamados. Por
tanto, no serán apreciados como medios autónomos para establecer la causa de la
inundación ni para definir la imputación del daño a las entidades demandadas.

Finalmente, en relación con las fotografías aportadas por las partes, la Sala
recuerda que, conforme al criterio uniforme58 de esta Corporación, su valor
probatorio depende de que sea posible establecer, a partir de la imagen misma o
de otros elementos de convicción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que fueron tomadas. Por ello, tendrán mérito probatorio aquellas fotografías cuya
procedencia y contexto puedan ser determinados, como ocurre con las obtenidas
durante la prueba anticipada de inspección judicial practicada el 11 de agosto de
2011. En esa medida, tales imágenes permiten corroborar la situación material que
se vivió en el “Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club” con
ocasión de la temporada invernal del año 2011, particularmente en lo relativo a la

53 Obrante en formato AZ.
54 “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba.”
55 “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas

de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus
fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que
obren en el proceso.”
56 Fls. 653-727, c. 1 de anexos y c. 2 de anexos (completo).
57 Realizado por Fernando Reina & Cia. Ltda. Fls. 782-781, c. 1 de anexos.
58 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2014, Rad. 28.832.

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presencia de agua, las marcas dejadas por la inundación y las afectaciones visibles
en viviendas, zonas comunes, vías internas, canchas y demás áreas del complejo
residencial. No obstante, dado que las fotografías, por sí solas, no permiten
establecer la causa jurídica de la inundación ni atribuir el daño a alguna de las
entidades demandadas, serán valoradas en conjunto con los demás medios de
prueba, conforme a las reglas de la sana crítica previstas en el artículo 176 del CGP,
aplicable por remisión del artículo 21159 del CPACA.

Así las cosas, una vez examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente,
se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al
problema jurídico planteado en el presente asunto:

4.1. En fecha indeterminada “Interplan Ltda”. presentó a la Oficina de Planeación
del municipio de Chía una solicitud para adelantar, en un predio de su propiedad, el
proyecto urbanístico denominado “Condominio Recreacional Campestre Hacienda
Samaria”. Posteriormente, mediante la Resolución No. 031 del 23 de diciembre de
199460, la Junta Técnica de Planeación del municipio de Chía aprobó desarrollar el
proyecto referido.

4.2. En fecha que también es desconocida, la Sociedad Fiduciaria del Estado S.A.
presentó a la CAR una solicitud de licencia ambiental para la construcción y
funcionamiento del “Conjunto habitacional y recreativo denominado San Jacinto
Golf Club – Chía”. Luego, por Resolución No. 1309 del 6 de julio de 199561, la
entidad concedió la licencia ambiental por un término de treinta y seis (36) meses.
En el mismo acto administrativo, la CAR precisó que se abstendría de conceder el
permiso de localización y cambio de uso del suelo, por tratarse de una competencia
atribuida al municipio.

4.3. En fecha que no se conoce “Interplan S.A. – Proyecto San Jacinto” solicitó a la
Alcaldía de Chía concederle una licencia de construcción para edificar 386 unidades
de vivienda unifamiliar en el área atrás referida. En atención a ello, mediante
Resolución No. 851 del 28 de noviembre de 199562, modificada posteriormente por
Resolución No. 883 del 31 de diciembre de 200363-64, la Alcaldía concedió la licencia
de construcción.

4.4. En fecha indeterminada, “Interplan S.A. – Proyecto San Jacinto” solicitó a la
Alcaldía de Chía concederle una licencia de construcción para edificar 394 parcelas
en el predio atrás referido. Verificado el cumplimiento de los requisitos legales,

59 “Artículo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán
en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.”
60 Fls. 350-352, c. 1.
61 Fls. 348-349, c. 1. y Fls. 38-39, cuaderno de anexos contestación de demanda CAR.
62 Fl. 364, c. 1.
63 Fls. 365-366, c. 1.
64 Licencia 1431 del 10 de agosto de 1995 (Fl. 354, c. 1); Licencia No. 0024 del 28 de noviembre de

1995 (Fl. 355, c. 1); Licencia No. 0477 del 26 de noviembre de 1996 (Fl. 336, c. 1); Licencia No. 318
del 26 de noviembre de 1996 (Fl. 357, c. 1). Licencia de urbanismo 219 del 26 de noviembre de 1996
(Fl. 358, c. 1); Licencia de urbanismo 246 del 26 de noviembre de 1996 (Fl. 359, c. 1). Refrendación
de licencia de urbanismo aprobada mediante Resolución No. 579 del 24 de septiembre de 2003 (Fl.
361-363, c. 1).

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mediante Resolución No. 219 del 26 de noviembre de 199665, la Alcaldía concedió
la licencia.

4.5. En fecha desconocida “Interplan S.A. – Proyecto San Jacinto” solicitó a la
Alcaldía de Chía concederle permiso para anunciar actividades de enajenación y
ventas sobre 63 lotes. Por Resolución No. 0003 del 12 de septiembre de 199766 la
Alcaldía confirió el permiso a la peticionaria.

4.6. Entre diciembre de 2008 y octubre de 2010 la CAR67 celebró tres contratos de
suministro68, tres convenios de asociación69 y un contrato de obra para el
mantenimiento hidráulico “en sectores críticos”. Esto, con el fin de atender y manejar
los riesgos y emergencias por inundación en su jurisdicción.

4.7. En fecha indeterminada de abril de 201070 la CAR elaboró un “plan de gestión
social para la compra de áreas y derechos adquiridos sobre los terrenos requeridos
para el proyecto de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río
Bogotá”71. En este plan el proyecto de adecuación hidráulica comprendía el tramo
extendido entre “las compuertas de Alicachín en el municipio de Soacha y la
estación de Puente la Virgen en el municipio de Cota”.

4.8. Durante el mes de mayo de 201072, el Comité de predicción climática del
IDEAM, evidenció un comportamiento especial de las temperaturas del océano
pacífico tropical, propicio para el inicio de una etapa de formación del fenómeno de
“La Niña”.

4.9. El 23 de junio de 2010, el IDEAM73 y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial presentaron a la opinión pública, en rueda de prensa, las
características especiales del fenómeno de “La Niña” que iniciaba, así como sus
posibles impactos e implicaciones. En dicha reunión advirtieron que se esperaban
efectos significativos, especialmente durante la segunda temporada de lluvias de
2010 y la primera de 2011. Por ello, recomendaron a los Comités Locales para la
Prevención y Atención de Desastres, a los demás organismos competentes y a los
sectores productivos del país prepararse y adoptar las medidas necesarias, ante el
aumento considerable de los niveles de los ríos y el consecuente riesgo de
inundaciones.

A partir de entonces, el IDEAM informó de manera permanente sobre la evolución
del fenómeno climático y sus pronósticos. Asimismo, realizó el monitoreo diario de

65 Licencia de construcción. Fl. 358, c. 1.
66 Fl. 367-369, c. 1.
67 Fls. 263-31, c. anexo contestación de demanda de la CAR.
68 Compra de “bolsacretos”, bolsas de polipropileno.
69 Uno con la Asociación Guitaca, otro con la defensa Civil y otro con la Gobernación de
Cundinamarca.
70 Fls. 729-739, c. 1 de anexos.
71 Este plan estuvo precedido de unos estudios geotécnicos para la adecuación hidráulica del río

Bogotá, resultantes de un convenio interadministrativo celebrado en 2007 entre la CAR y la
Universidad Nacional de Colombia y que se plasmaron en un informe ejecutivo de febrero de 2009.
Fls. 40-67, c, anexos contestación demanda de la CAR.
72 Respuesta a derecho de petición suscrita por la CAR el 24 de mayo de 2011. Fls. 746-744, c. 1 de

anexos.
73 Ibidem.

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los ríos, emitió alertas por inundaciones y crecientes súbitas, publicó boletines de
seguimiento, informes de predicción y comunicados especiales, y brindó apoyo a
los organismos que integraban el Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres.

Finalmente, el IDEAM precisó que, de acuerdo con su capacidad técnica y científica,
“las consecuencias de este fenómeno de La Niña y la magnitud de las lluvias
presentadas en este evento no eran previsibles” 74.

4.10. Mediante el Acuerdo No. 028 del 15 de diciembre de 201075, la CAR aprobó
el presupuesto correspondiente a la vigencia 2011 por la suma de
$243.006.907.935. De ese monto, se asignaron $18.325.559.900 al rubro “Manejo
y conservación del recurso hídrico”; $10.962.303.248 a “Gestión ambiental
integrada para la ordenación y manejo de cuencas hidrográficas”, y $4.815.000.000
a “Administración, control y vigilancia de los recursos naturales”.

4.11. El 8 de febrero de 201176, la CAR emitió un informe técnico de monitoreo y
seguimiento del río Bogotá, con ocasión de la visita realizada los días 2 y 4 de
febrero del mismo año a las veredas La Balsa, Samaria y Fusca. La diligencia tuvo
por objeto “verificar el estado del cauce del río Bogotá, estado de jarillones,
terraplenes de defensa, tambres, sedimentación, obstáculos, maleza acuática,
árboles en cauce, a fin de definir obras para darle capacidad hidráulica
conveniente”. En relación con el sector San Jacinto, ubicado en las cercanías del
colegio Caobos y de los condominios, el informe señaló lo siguiente: “En ese sector
de la finca San Jacinto en la vereda La Balsa, el río presenta dos meandros
continuos alargados y muy cercanos […] presenta pastos secos producto de la
inundación de predios localizados en los meandros dentro del cauce se observan
árboles sobre orilla y cauce, buchón a lo ancho del cauce en una longitud
aproximada de 370 metros, curvas del meandro con bastante sedimento casi
obstruida la totalidad del cauce […]. Se requiere: retiro de árboles, retiro de
sedimentos, retiro de maleza acuática, reforzamiento de jarillón o mantener las
áreas internas como zonas de amortiguamiento de crecientes”.

Respecto del punto de descarga del canal de drenaje, la CAR advirtió la inexistencia
de una estructura adecuada y la ausencia de jarillón sobre el río, situación que podía
facilitar el ingreso de las aguas en épocas de crecientes. En particular, indicó: “canal
de drenaje vía de penetración a las fincas y viviendas al río sin estructura y no hay
jarillón sobre el río ocasionando que con crecientes grandes se ingresen aguas del
río inundando al sector. Se requiere de una estructura de drenaje al río Bogotá para
evitar que el río ingrese o se devuelva por este e inunde predios aledaños. Al frente
y aguas arriba se observa playa en curva de meandro y cauce del río en buen
estado; hubo retiro de sedimentos por parte de la CAR convenio reciente”.

Más adelante, al referirse al predio denominado “Club San Jacinto, vereda Fusca”,
el informe dejó constancia de que no se permitió el ingreso al predio. Sin embargo,
la comisión ingresó por un predio vecino y observó residuos sólidos sobre el jarillón

74 Fecha en la que el IDEAM emitió la comunicación de la cual se extrae la información. Fls. 746-

749, c. 1 anexos.
75 Fls. 740-744, c. 1 anexos.
76 Fl. 923, c. 2.

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de la margen derecha del río, por lo que señaló: “No permitieron acceso al predio,
sin embargo entramos por el predio vecino al cauce del río que da acceso al Club
por la Autopista Norte y se observó la presencia de residuos sólidos sobre jarillón
margen derecha predio del Club San Jacinto. Verificar permiso de ocupación de
cauce, tomar acciones respecto a verificar la afectación (sic) los recursos naturales
y al medio ambiente, se debe realizar retiro de sedimentos y junco por la margen
derecha del río, verificar estado del permiso de vertimientos, verificar posible
rectificación o modificación del cauce del río con fotos satelitales anteriores”.

Finalmente, luego de inspeccionar los distintos puntos del recorrido, la CAR
concluyó que era necesario realizar labores de mantenimiento del cauce del río
Bogotá, consistentes, entre otras, en el retiro de sedimentos, maleza acuática y
árboles caídos, así como en la conformación, reconstrucción y reforzamiento de
algunos jarillones. Sobre el particular, conceptuó: “[...] Se requiere realizar un
mantenimiento del cauce realizando diferentes obras y actividades […] Retiro de
sedimentos que se encuentran sobre el cauce y en orillas conformando playas
disminuyendo la capacidad hidráulica, perfilar el talud en las zonas donde sus
condiciones no son las adecuadas. La presencia de maleza acuática sobre el espejo
de agua del cauce que afecta el normal flujo de las aguas provocando en algunos
casos el desbordamiento en temporada de invierno por lo cual es urgente su
remoción […] Retiro de árboles caídos sobre el cauce y la poda y tala de algunos
árboles que se encuentran sobre el cauce […]. Conformación, reconstrucción,
reforzamiento de algunos jarillones que se encuentran afectados y presentan
filtración […]”.

4.12. Entre enero y abril de 201177 la Oficina Provincial Sabana Centro de la CAR
atendió varias emergencias en el municipio de Chía con motivo de la ola invernal, y
realizó algunas obras con ocasión de ellas, a saber: (i) vereda Tíquiza sector Los
Ladrillos: reforzamiento del jarillón de aproximadamente 100 mts; (ii) vereda Fusca
– variante Chía – Bogotá, inundación por nivel de jarillón, 12 boquetes,
aproximadamente 300 mts; (iii) vereda Fusca – Variante Chía -Bogotá –
Universidad de La Sabana, inundación por ruptura de jarillón con amenaza de
inundación sobre Santa Ana y Centro Chía78; (iv) vereda Bojacá – Fontanar –
Puente Roldán: limpieza de buchón; (v) vereda Cerca de Piedra – flores Javaina,
reforzar jarillón, aprox. 500 mt; y (vi) vereda La Balsa, Guaymaral – Flores
Monguibello, inundación por ruptura de jarillón de 20 mts., y reforzamiento de
Jarillón aprox. 4.8 mts. De igual modo, sin precisar fecha, refirió que por esa misma
época se inundó el sector INTECI, finca La Chavela.

4.13. En los meses de febrero y marzo de 2011, el Comité Local para la Prevención
y Atención de Desastres del municipio de Chía celebró varias reuniones para
analizar y coordinar las medidas necesarias frente a la ola invernal 2010-201179. En
dichas sesiones participó una delegada de la CAR. De algunas de esas reuniones
se levantaron las siguientes actas80:

77 Ver cuadro de atención emergencias aportado por la CAR, obrante en CD Fl. 923, c. 2.
78 Dato extractado del cuadro denominado: “cuadro comparativo”. Fl. 923, c. 2.
79 De igual manera, se aportó una relación (sin actas) de reuniones que llevó a cabo el CLOPAD

desde febrero de 2010 hasta noviembre de 2011, atinentes a la implementación de medidas
relacionadas con inundaciones y otros temas ambientales. Fls. 1004-1011, c. 2.
80 Actas obrantes en el medio magnético aportado a Fl. 923, c.2.

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Acta No. Fecha Asuntos tratados
02-2011 02/02/2011 Identificación de acciones para el manejo de la emergencia: Se analizaron las
medidas necesarias para atender la ola invernal. Entre ellas se destacaron: (i) la
ejecución de obras de recuperación y protección de la ronda del río Bogotá,
incluida la reubicación de viviendas ubicadas en esa zona; (ii) la priorización, con
recursos de la CAR y de la Gobernación, de los puntos críticos que requirieran
intervención urgente, así como la elaboración de los estudios y conceptos técnicos
necesarios para viabilizar las obras; (iii) la realización de un recorrido, previsto para
ese mismo día, con el fin de identificar dichos puntos críticos; (iv) la revisión de
fuentes hídricas, el mantenimiento hidráulico, el retiro de residuos vegetales, la
recuperación de vallados, la perfilación de taludes y la conformación de jarillones,
previa elaboración del estudio técnico y obtención del permiso de la CAR; y (v) la
limpieza y recuperación del río Frío, asunto cuya importancia fue puesta en
conocimiento de la delegada de la CAR y respecto del cual se indicó que ya existía
permiso.
03-2011 16/02/2011 Seguimiento a la emergencia y adopción de medidas preventivas: Se trataron,
entre otros asuntos: (i) el censo y registro de damnificados; (ii) la lectura de la
Circular 004 de 2011, mediante la cual la Contraloría General formuló
recomendaciones para prevenir emergencias asociadas a los fenómenos
climáticos previstos por el IDEAM para los meses siguientes; (iii) la entrega de un
comunicado de la CAR sobre la situación climática esperada para el primer
semestre de 2011, en el que se recomendó realizar recorridos permanentes; y (iv)
la entrega del Comunicado 0003 del IDEAM, en el que se advirtió sobre el
incremento de las lluvias y se recomendó adoptar medidas preventivas.
04-2011 03/03/2011 Coordinación con propietarios de predios ribereños: Se trató la necesidad de
concertar con los propietarios de predios ubicados en la ribera del río Bogotá un
plan de trabajo para ejecutar obras de adecuación y reforzamiento de jarillones,
limpieza de vallados y retiro de maleza, árboles u otros obstáculos que impidieran
el libre flujo de las aguas.

4.14. Mediante el Decreto No. 26 del 11 de abril de 201181, el alcalde de Chía
declaró la emergencia sanitaria con ocasión de la ola invernal. En esa decisión
ordenó a las secretarías municipales adoptar un plan de contingencia y dispuso la
conformación de un puesto de mando unificado, un comité operativo, un comité
social y un comité de monitoreo. Asimismo, declaró en alerta amarilla las zonas que
para ese momento ya habían resultado afectadas por el desbordamiento del río Frío
o del río Bogotá. Entre ellas se encontraban Fagua, Tíquiza, Fonquetá, Cerca de
Piedra, la vereda La Balsa y varias urbanizaciones del casco urbano, como el
Conjunto Club Campestre Río Frío, Avalon Hills, la Universidad de La Sabana y el
Condominio San Jacinto, entre otras.

4.15. El 19 de abril de 201182 se produjo la ruptura de un jarillón ubicado en la
margen derecha del río Bogotá, a la altura de un cultivo de flores situado en el predio
denominado “Monguibello”, en zona rural del municipio de Chía. Como
consecuencia de ello, ingresó una gran cantidad de agua que inundó los predios
circunvecinos.

81 Decreto 26 de 2011. Fls. 992-995, c. 2.
82 Este hecho se encuentra documentado en varias pruebas, entre ellas: (i) comunicación G.T.-0086-

11 del municipio de Chía del 1 de junio de 2011 (Fl. 596 c. 1 de anexos); (ii) comunicación No. DADA-
SAL-7070-011 del 22 de diciembre de 2011 de la alcaldía municipal de Chía (Fl. 771-774, c.2); (iii)
Informe de actuaciones adelantadas por la CAR para atender la emergencia (Fls. 937-946, c.2.),
Informe de actuaciones realizadas por el municipio de Chía (Fls. 962-966, c. 2.). La fecha exacta de
la ruptura del Jarillón se encuentra en el informe Técnico SDAS-238 del 22 de mayo de 2011 (Fls. 4-
14, c anexos contestación demanda CAR.

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4.16. Mediante la Resolución No. 1017 del 20 de abril de 201183, la CAR declaró la
urgencia manifiesta en las cuencas hidrográficas de los ríos Bogotá, Sumapaz,
Ubaté y Suárez, Apulo, Negro y otros, con el fin de atender las emergencias
ocasionadas por la temporada invernal. Con fundamento en esa declaratoria,
celebró varios contratos de prestación de servicios y de suministro para ejecutar las
acciones necesarias frente a dichas emergencias84.

4.17. El 21 de abril de 201185, la inundación originada en el predio “Monguibello”
llegó hasta el “Conjunto habitacional y recreativo denominado San Jacinto Golf Club
– Chía”, ubicado en la vereda La Balsa del municipio de Chía. En ese sector, el agua
alcanzó una altura aproximada de 1,5 metros e ingresó a las viviendas del conjunto.
La emergencia fue atendida por los organismos municipales de gestión del riesgo,
la CAR, la fuerza pública y otras autoridades. También participaron los
administradores y residentes del conjunto86, quienes aportaron recurso humano —
brigadistas y personal técnico— y equipos como lanchas, motobombas y apoyo
helicoportado, entre otros, para adelantar labores de evacuación y drenaje.

No obra prueba que permita establecer con precisión cuándo fue superada la
emergencia en el conjunto residencial ni hasta qué fecha permaneció inundado. Sin
embargo, se conoce que para el 25 de abril de 2011 ya se había cerrado el boquete
del jarillón. También se advierte que la inundación continuó después de esa
intervención, pues el 29 de abril siguiente el río alcanzó su cota más alta, se
presentaron rebosamientos en varios puntos87, resultaron afectados otros predios
aledaños —como la Hacienda Cuernavaca y los predios Mazuera— y fue necesario
bombear agua hacia el río mediante motobombas. Posteriormente, al disminuir el
nivel del agua en los predios inundados, se evidenciaron nuevas filtraciones en el
punto donde se había roto el jarillón y en una compuerta que desaguaba un canal
divisorio entre Monguibello y San Jacinto88.

4.18. El 5 de mayo de 201189, el representante legal de la “Corporación Club San
Jacinto” solicitó a la Administración municipal de Chía el dragado del canal ubicado
entre el club, el conjunto residencial Los Robles y la finca Monguibello. También
pidió la reparación de una compuerta situada en ese canal, cuyo mal estado podía
generar un nuevo riesgo de inundación.

4.19. El 17 de mayo de 201190, la CAR emitió el Informe Técnico No. 513, relativo a
las labores de monitoreo realizadas entre el 10 y el 12 de marzo de ese año en los
ríos Bogotá y Frío, a la altura de los municipios de Chía y Tabio. En relación con la

83 La precitada resolución no se allegó, sin embargo, de su existencia dan cuenta los considerandos

de los contratos que realizó la CAR para atender la Urgencia Manifiesta. Fls. 68-262, c. anexos
contestación demanda CAR.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
86 Informe Técnico de la CAR SDAS-238 del 22 de mayo de 2011 (Fls. 4-14, c anexos contestación

demanda CAR).
87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 Aun cuando no se allegó el derecho de petición, su radicación y su contenido es mencionado en

el informe de visita del 28 de junio de 2011 que realizó la administración municipal. Fls. 969-974, c.
2.
90 CD Fl. 923, c. 2 documento denominado “I.T. 513 17-05-2011 Hacienda San Jacinto Vía

Guaymaral)”.

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“Hacienda San Jacinto”, ubicada en la vía Guaymaral, jurisdicción del municipio de
Chía, el informe señaló lo siguiente: “Potreros en zona de pendiente se encuentran
inundados en la parte baja, por la pendiente no se ha construido Jarillón. Estación
de bombeo para riego de potreros para ganadería, está justo sobre el río y presenta
riesgo de inundación […] CONCEPTO TÉCNICO […] Que la hacienda San Jacinto,
vía Guaymaral en jurisdicción del municipio de Chía no tiene Jarillón a las orillas del
río Bogotá […]”.

4.20. Mediante el Oficio G.O.T. – 0086-11 del 1.º de junio de 201191, expedido en
respuesta a un derecho de petición, la Alcaldía municipal de Chía informó lo
siguiente: (i) que a finales de 2008 el municipio adquirió equipos por valor de
$4.500.000.000 para realizar, entre otras labores, la limpieza y mantenimiento de
los ríos Frío y Bogotá; (ii) que el uso de una retroexcavadora de oruga requería
estudios técnicos previamente sometidos a aprobación de la CAR, gestión que se
había adelantado respecto del río Frío; (iii) que, luego de la ruptura del jarillón en el
predio del señor Esquenazi, se inundaron los predios del señor Mauricio Grossman,
ubicados junto al Condominio San Jacinto, desde donde las aguas ingresaron a
dicho conjunto; y (iv) que la inundación no se produjo por desbordamiento del río
Bogotá ni porque sus aguas hubieran sobrepasado el jarillón, sino por la ruptura de
esa estructura.

4.21. El 24 de junio de 201192, la CAR emitió el Informe Técnico OPSC No. 615, en
el que presentó un balance de los puntos críticos y de las situaciones de emergencia
generadas por la ola invernal en el municipio de Chía durante el primer semestre de
2011. En dicho informe identificó quince puntos críticos y siete situaciones de
emergencia93, así: (i) predio La Chavela, por inundación causada por el sobrepaso
del nivel del río sobre el jarillón; (ii) Universidad de La Sabana, por ruptura de jarillón;
(iii) puente Tíquiza, sector Los Ladrillos, por necesidad de reforzamiento del jarillón;
(iv) sector Solarte, variante Chía-Bogotá, costado izquierdo, por inundación causada
por el sobrepaso del nivel del río sobre el jarillón; (v) Universidad de La Sabana, por
inundación derivada de la ruptura de un jarillón; (vi) puente Roldán, por necesidad
de limpieza de buchón; y (vii) tramo a lado y lado del río Bogotá, entre los predios
Flores Monguibello y Conjunto Residencial San Jacinto, desde Fernando Hurtado
hasta la Hacienda Cuernavaca, donde se requirió la reconstrucción del jarillón y su
reforzamiento en diferentes puntos, a lo largo de un tramo de 4,8 metros.

En ese mismo informe, la CAR señaló que las precipitaciones ocurridas en febrero,
marzo y abril de 2011, asociadas al fenómeno de La Niña, no tenían registro
histórico en los cincuenta años de monitoreo de la entidad y provocaron el
desbordamiento de las fuentes hídricas, con inundación de zonas de ronda
superiores a las previamente identificadas: “Las precipitaciones ocurridas en los
meses de febrero, marzo y abril [de 2011], como consecuencia del fenómeno de La
Niña, no registradas históricamente en una serie de 50 años monitoreados por la

91 Fl. 983, c. 2.
92 Fls. 15-23, c. anexos contestación demanda CAR.
93 Conjunto Santa Ana, Conjunto Fontanar, Variante salida Chía – U. Sabana, Variante salida Chía

– Bogotá INTECI, Variante salida Chía – Bogotá entrada Teletón, Inundación variante salida Chía –
Bogotá, Puente del Común – Universidad de La Sabana, Rodizio La Caro – Puente del Común,
Compuerta Hipoandes, Puente La Balsa, Hacienda San Jacinto, Inundación Chía Abril 20/11, río
Frío, Inundación Chía Mayo 14/11, río Frío, Puente Tíquiza, sector Los Ladrillos, Río Frío, Conjunto
Aquitania.

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CAR, provocaron el desbordamiento de las fuentes hídricas inundando zonas de
ronda del río mayor a las ya identificadas, en predios a lo largo del cauce de los
ríos”.

La CAR también indicó que la magnitud de las inundaciones se vio favorecida por
la existencia de construcciones en la ronda del río. En particular, sostuvo que “[e]n
algunos casos dichas construcciones se realizaron sobre áreas del río que fueron
modificadas por desvíos de cauce y fueron mayormente afectadas cuando éste
recuperó su cauce original”. Finalmente, advirtió que parte de las inundaciones se
produjo porque algunos jarillones habían sido construidos sin autorización de la
CAR y sin un diseño estructural adecuado, lo que ocasionó su falla y ruptura.

4.22. El 28 de junio de 201194, la Alcaldía de Chía emitió el Informe Técnico D.A.D.A.
No. 6044-11, relacionado con la solicitud de dragado del canal presentada el 5 de
mayo anterior respecto del predio “Condominio Campestre Club San Jacinto”. En el
informe se indicó que, durante la visita realizada ese mismo día, se encontró que el
canal presentaba acumulación de sedimentos, maleza, árboles caídos y basura,
situación que evidenciaba falta de mantenimiento. También se identificó la
construcción de un jarillón de 177 metros con material de excavación, sin estudios
técnicos ni permisos ambientales.

Ante el impacto de la ola invernal y las inundaciones registradas, la Alcaldía
conceptuó que era necesario construir un jarillón adecuado, previa elaboración de
los estudios correspondientes y obtención de los permisos de la CAR. Además,
señaló que el mantenimiento del canal debía programarse entre la Alcaldía y los
propietarios, pues, conforme al POT, estos últimos tenían a su cargo la
conservación de los vallados. Finalmente, recomendó respetar los aislamientos y
las distancias exigidas para la ronda hídrica del río Bogotá en el municipio de Chía.

4.23. Mediante Oficio 910 DADA-SAL-7070-011 del 22 de diciembre de 201195, la
Alcaldía de Chía respondió varias comunicaciones presentadas por residentes del
“Club San Jacinto”, relacionadas con las afectaciones causadas por las
inundaciones y con las obras adelantadas para superar la emergencia.

En dicha respuesta, la Alcaldía señaló, entre otros aspectos, que antes de la ola
invernal que afectó al “Condominio Campestre Club San Jacinto”, el municipio, junto
con la CAR, había intentado mitigar los efectos de una nueva temporada de lluvias.
En ese contexto, indicó lo siguiente: “[…] se le advirtió al gerente del condominio
sobre el riesgo de inundación que se podía presentar, consecuencia de la falta de
estudios y/o diseños previos en la ejecución de la obra, además se advirtió que el
material dispuesto para ese tipo de obra no era el apropiado, por lo tanto, […] este
despacho comparte el dolor por usted transcrito e informa que en visita técnica
realizada por este despacho, el pasado quince (15) de diciembre de 2011, a los
predios […] propiedad de la corporación CLUB SAN JACINTO, se pudo verificar que
debido al nivel de precipitaciones (lluvias) en la sabana de Bogotá que hizo que el
río Bogotá se desbordara y que rompiera el jarillón en un tramo de once (11) metros
[…] sin que se hubiese presentado dicha inundación como consecuencia de falta de
mantenimiento del canal que a pesar de ser de uso público, recae en los

94 Fls. 969-978, c. 2.
95 Fls. 771-774, c. 2

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propietarios, arrendatarios y/o colindantes la obligación de su mantenimiento, tal
como se le ha informado mediante informe técnico No. 6044-11”.

4.24. Ese mismo día, 22 de diciembre de 201196, la Alcaldía de Chía expidió el Oficio
20112300091025094, en respuesta a las solicitudes relacionadas con las
afectaciones sufridas por el Club San Jacinto. En esa comunicación explicó que,
inicialmente, se habían suspendido las obras de construcción de un jarillón, el uso
de escombros como relleno topográfico y la limpieza de un canal, porque dichas
intervenciones no contaban con los estudios técnicos requeridos97. Sin embargo,
precisó que la suspensión fue revocada posteriormente para permitir la ejecución
de obras urgente, sin perjuicio de la aprobación que debía otorgar la CAR.

En ese mismo oficio, la Alcaldía señaló que, antes de la ola invernal que afectó a
los asociados del condominio, el municipio y la CAR habían intentado mitigar los
efectos de una nueva temporada de lluvias. Al respecto, indicó: “previa presentación
de la ola invernal la cual actualmente generó un perjuicio a los asociados del
condominio denominado Club San Jacinto, este despacho, junto con la Corporación
Autónoma Regional, intentó que se mitigara el impacto que generaría una nueva ola
invernal, toda vez que se le advirtió al gerente del condominio sobre el riesgo de
inundación que se podía presentar, consecuencia de la falta de estudios y/o diseños
previos en la ejecución de la obra, además se advirtió que el material dispuesto para
ese tipo de obra no era el apropiado […]”.

Finalmente, la Administración municipal sostuvo que la inundación se produjo por el
desbordamiento del río Bogotá y la ruptura de un jarillón, y no por la falta de
mantenimiento del canal. Precisó que, aunque este era de uso público, su
conservación correspondía a los propietarios de los predios ribereños. Además,
indicó que en una visita realizada por la CAR el 9 de diciembre de 2011 se evidenció
que el canal del predio San Jacinto estaba obstruido, por lo que el agua se
desplazaba por el vallado y terminaba sobre la vía. Por esa razón, el municipio envió
una retroexcavadora, no para hacer mantenimiento del vallado, sino para corregir la
conducción del agua hacia la vía.

4.25. Entre agosto de 2011 y el año 201298, los representantes del “Condominio
Campestre Club San Jacinto” y algunos de sus residentes presentaron nuevas
peticiones ante el municipio de Chía y la CAR, relacionadas con las obras
adelantadas para prevenir futuras inundaciones. Dichas solicitudes se referían,
entre otros asuntos, a la construcción de un jarillón —obra que inicialmente fue
suspendida y luego reanudada—, la limpieza de vallados y el relleno de algunos
puntos específicos.

4.26. Por Oficio C-109-11-130-SME/2015 del 29 de abril de 201599, el IDEAM, con
base en los registros de la estación más cercana al lugar de la inundación, certificó

96 Fls. 975-978, c. 2.
97 Por el informe OPSC No. 1515 del 14 de diciembre de 2011 emitido por la CAR, se sabe que el

canal denominado “Proleche”, es el que separa el Condominio de Flores Monguibello. Fl. 923 c, 2
(CD), archivo I.T. 1515 14-12-2011 Condominio San Jacinto.
98 Ver: (i) Oficio 0173 del 13 de septiembre de 2011 de la alcaldía municipal de Chía (Fl. 979, c. 2);

(ii) Memorando DADA-SAL-1542-2012 del 19 de octubre de 2012 proferido por la CAR; y (iii) solicitud
elevada por un residente ante la alcaldía municipal de Chía el 16 de octubre de 2012 (Fl. 982, c. 2).
99 Fls. 931-934, c. 2.

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el comportamiento de la precipitación durante abril de 2011. En dicho documento
reportó que, para ese mes, la precipitación alcanzó un promedio de 258,8 mm,
frente a un promedio histórico de 99,3 mm. Además, señaló que el índice de
precipitación fue superior a 170, lo que correspondía a “lluvias muy por encima de
lo normal (mes extremadamente lluvioso)”. El IDEAM también indicó que, “desde el
trimestre junio-julio–agosto de 2010 hasta el trimestre marzo-abril-mayo de 2011,
se presentó el Fenómeno de La Niña, la cual fortalece o aumenta la precipitación,
en la región Andina, entre otras regiones del país”.

4.27. Mediante el Oficio D.U. 1398 del 13 de mayo de 2015 100, la Alcaldía de Chía
emitió un informe técnico sobre la distancia aproximada existente entre la ribera del
río Bogotá y las viviendas, edificaciones administrativas e instalaciones deportivas
del “Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”, ubicado en la
vereda La Balsa. En el informe se señaló que, de acuerdo con el POT, el conjunto
se encontraba ubicado en Zona de Vivienda Campestre —ZVC—. Además, con
fundamento en el plano aprobado en la licencia de construcción —expediente MOD
UN-005/96— y en una imagen satelital del IGAC del año 2014, se indicaron las
siguientes distancias: (i) las viviendas, en su punto más cercano al río Bogotá, se
encontraban a una distancia aproximada de 129 metros según el plano aprobado y
de 132 metros según la imagen satelital; (ii) las edificaciones administrativas, en su
punto más cercano al río Bogotá, se encontraban a una distancia aproximada de
145 metros según el plano aprobado y de 132 metros según la imagen satelital,
aunque en esta última la línea gráfica indicaba 143 metros; y (iii) las instalaciones
deportivas, en su punto más cercano al río Bogotá, se encontraban a una distancia
aproximada de 17 metros según el plano aprobado y entre 15 y 22 metros según la
imagen satelital.

5. Caso concreto

En el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 17 de marzo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la parte actora
controvirtió, de manera específica, las dos razones centrales por las cuales se
negaron las pretensiones: la atribución del daño a la conducta de los afectados y la
conclusión de que las lluvias extraordinarias asociadas al fenómeno de “La Niña”
configuraron una fuerza mayor.

En relación con el primer aspecto, sostuvo que el Tribunal valoró inadecuadamente
las pruebas, pues derivó esa conclusión de documentos expedidos con
posterioridad a la inundación —oficio del 30 de diciembre de 2011, informe técnico
SDAS 238 del 22 de mayo de 2011 y documento del 24 de junio de 2011—. Para
descartar que el daño fuera atribuible a los afectados, afirmó que el conjunto
residencial fue construido con fundamento en las respectivas licencias de
parcelación, construcción y ambiental, y que respetó la ronda hídrica de 150 metros
prevista en el artículo 39 del Acuerdo No. 3 de 1994. Agregó que solo a partir del
POT del año 2000 algunas zonas fueron calificadas como inundables, razón por la
cual debía examinarse cada caso concreto para establecer cuáles bienes se
encontraban dentro de la ronda hídrica.

100 Fls. 955-959, c. 2.

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Por otra parte, frente a la fuerza mayor, sostuvo que la inundación no podía
atribuirse a un evento irresistible e imprevisible, dado que el fenómeno de “La Niña”
y su intensidad habían sido previsibles. A su juicio, la causa determinante del daño
fue la falta de dragado del río Bogotá y de mantenimiento del jarillón que colapsó.
Así pues, como solo la parte demandante apeló la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en los términos del artículo 320 del CGP 101, se
analizará el caso teniendo en cuenta únicamente los reparos concretos formulados
por la recurrente. No se estudiará si los daños alegados se encuentran acreditados,
pues ese aspecto no fue objeto de controversia en el recurso y, por tanto, se
entiende aceptado por las partes. Por consiguiente, el estudio se circunscribirá a
determinar si los daños resultan imputables a las entidades demandadas por acción
u omisión, o si, por el contrario, estos se derivaron de la conducta de los afectados
o de un evento de fuerza mayor.

Esta delimitación no supone que, en caso de prosperar las pretensiones, queden
acreditados automáticamente los daños individualmente sufridos por quienes
lleguen a conformar el grupo, pues, aunque el medio de control permite tramitar
colectivamente reclamaciones derivadas de una causa común, ello no releva a cada
integrante de acreditar el propio daño por el que pretende que se le conceda una
indemnización. Las pretensiones indemnizatorias conservan, en ese sentido, un
carácter subjetivo e individual, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 del
CGP, según el cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

5.1. Análisis sobre la atribución de los daños

5.1.1. De acuerdo con los argumentos expuestos en la alzada, los daños sufridos
por la parte actora con ocasión de la inundación que afectó el “Conjunto Habitacional
y Recreativo San Jacinto Golf Club” el 21 de abril de 2011, no fueron consecuencia
de un evento de fuerza mayor ni de culpa de las víctimas, como lo concluyó el
Tribunal a quo. Según la apelante, la afectación se produjo por la falta de dragado
del río Bogotá y por la omisión en el mantenimiento del jarillón que colapsó.

Se anticipa que la conclusión a la que se arribará dará cuenta de que los daños
ocasionados al conjunto habitacional obedecieron exclusivamente a un evento de
fuerza mayor asociado al fenómeno climático de “La Niña”, que se extendió desde
2010 hasta la primera mitad de 2011, con especial intensidad en febrero, marzo y
abril de ese último año, con precipitaciones muy superiores al promedio histórico y
cuyo alcance, intensidad y consecuencias fueron imprevisibles, irresistibles y ajenos
a la conducta de las entidades demandadas y de las víctimas.

5.1.2. Ahora bien, además de los medios de convicción a los que ya se hizo
referencia en el acápite de hechos probados, obra en el expediente una inspección
judicial con recepción de testimonios practicada el 11 de agosto de 2011 con
carácter de prueba anticipada en las instalaciones del “Conjunto Habitacional y

101“Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71”.

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Recreativo San Jacinto Golf Club”, a instancias del Juzgado Tercero Promiscuo
Municipal de Chía102-103.

Aunque en la diligencia no compareció el perito designado, a solicitud del apoderado
interesado se practicó la inspección y se recibieron testimonios. Durante el
recorrido, el despacho observó que el club estaba conformado por los sectores Isla
Verde, Media Luna y Los Robles, además de campo de golf, canchas de tenis, vías
internas y zonas comunes. Se dejó constancia de marcas de agua en viviendas,
muros, cercas naturales y áreas comunes, con alturas aproximadas entre uno y dos
metros. También se evidenciaron daños en pisos, puertas, instalaciones eléctricas,
electrodomésticos, canchas, planta de tratamiento, zonas verdes y viviendas que se
encontraban deshabitadas o en proceso de reparación. La inspección también se
dirigió al costado suroccidental del club, colindante con la finca “Monguibello”, donde
se observó un vallado y un jarillón de barro, tierra y sacos de arena. En la diligencia
se indicó que ese jarillón no existía antes de la inundación y que habría sido
construido o reforzado después del evento, con el fin de impedir el ingreso del agua.

(i) Durante la inspección declaró Luis Orlando Escobar Ruiz, quien manifestó ser
maestro general de obra de la “Corporación Club San Jacinto” y llevar vinculado
aproximadamente dos años y tres meses. Indicó que llegó al club el 22 de abril de
2011 y encontró que se estaba inundando. Señaló que el agua ingresaba por el
costado suroccidental, en inmediaciones de la finca “Monguibello”, por un boquete
de aproximadamente 20 metros de largo, y que se intentó taponar con lonas, tierra,
sacos de arena y maquinaria. Agregó que la evacuación del agua tardó alrededor
de 25 días, que se utilizaron motobombas y que colaboraron la Policía, el Ejército y
funcionarios de la CAR. También afirmó que se afectaron viviendas, canchas,
campo de golf, estaciones eléctricas, vías internas y zonas comunes.

(ii) También declaró Jaime Enrique Castillo Hernández, quien indicó estar vinculado
al club mediante contratos desde hacía casi once años y desempeñarse en labores
relacionadas con el campo de golf. Manifestó que la inundación comenzó por el
costado occidental, que por ese sector no existía río sino una barrera de árboles, y
que las labores de evacuación del agua se realizaron con bombas de succión
durante aproximadamente veinte a treinta días. Señaló que varios residentes
debieron desalojar sus viviendas y que el agua alcanzó entre treinta o cuarenta
centímetros dentro de algunas casas. Sobre los daños, afirmó que el campo de golf
quedó inundado en un 80%, además de afectarse viviendas, estaciones eléctricas
y demás áreas del club.

5.1.3. La inspección judicial y los testimonios recaudados en ella serán valorados
de conformidad con el artículo 211104 del CPACA y las reglas probatorias del CGP.

102 Fls. 573-590, cuaderno 1 de anexos.
103 La práctica de dicha prueba permitió constatar: “con toda certeza que el CLUB SAN JACINTO

sufrió una inundación de grandes magnitudes y tal como se describió ocasionando daños a las casas,
zonas comes (sic) áreas deportivas, vías internas, etc.” Fl. 576, c. 1 de anexos.
104 “Artículo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán
en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil.”

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En particular, se tendrá en cuenta que, conforme al artículo 165105 del CGP, tanto
la inspección judicial como el testimonio de terceros constituyen medios de prueba,
y que, según el artículo 176106 ibidem, su apreciación debe realizarse en conjunto y
conforme a las reglas de la sana crítica. Asimismo, tratándose de una prueba
anticipada o extraprocesal, su valoración se sujeta a lo previsto en el artículo 174107
del CGP, en cuanto corresponde al juez del proceso determinar su eficacia
probatoria, con respeto de las garantías de contradicción de las partes contra
quienes se aduce.

Bajo esas reglas, la inspección judicial practicada el 11 de agosto de 2011 tiene
mérito probatorio en cuanto da cuenta de las constataciones directas efectuadas
por el despacho comisionado sobre el estado físico del “Conjunto Habitacional y
Recreativo San Jacinto Golf Club” después de la inundación, particularmente frente
a las marcas de agua, las afectaciones visibles en viviendas, zonas comunes,
canchas, redes eléctricas, planta de tratamiento, vías internas y demás áreas
inspeccionadas.

En cuanto a las declaraciones recibidas en esa diligencia, la Sala advierte que Luis
Orlando Escobar Ruiz y Jaime Enrique Castillo Hernández manifestaron tener
vínculo laboral o contractual con la Corporación Club San Jacinto. Por esa razón,
sus testimonios deben apreciarse con especial cautela, en los términos del artículo
211108 del CGP, pues dicha relación de dependencia con una de las partes
interesadas puede afectar su imparcialidad. Sin embargo, esa circunstancia no
conduce a excluir automáticamente sus declaraciones ni a privarlas de todo mérito
probatorio; únicamente impone valorarlas con mayor rigor, contrastarlas con los
demás elementos de convicción y limitar su alcance a aquellos hechos que
afirmaron haber percibido directamente.

En ese entendido, los testimonios serán tenidos como elementos de corroboración
respecto de circunstancias materiales observables —tales como el ingreso y

105 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el

juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con
las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los
principios y garantías constitucionales”.
106 “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba”.
107 “Artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente

en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre
que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o
con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están
destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas
trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez
ante quien se aduzcan.”
108 “Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las

personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón
de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión de las razones
en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las
circunstancias de cada caso.”

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permanencia del agua, las labores de evacuación y las afectaciones visibles en
viviendas, canchas, zonas comunes, estaciones eléctricas y campo de golf—, en la
medida en que guardan correspondencia con lo constatado en la inspección judicial.
No obstante, por su vínculo con la parte actora, tales declaraciones no resultan
suficientes, por sí solas, para acreditar la causa jurídica de la inundación, la
imputación del daño a las entidades demandadas ni la cuantía de los perjuicios
reclamados.

5.1.4. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra probado, entonces: (i)
que, previa obtención de las licencias y permisos correspondientes, se construyó el
“Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”, ubicado en la vereda
La Balsa del municipio de Chía, Cundinamarca (hechos probados 4.1. a 4.5.); (ii)
que desde mayo de 2010 se pronosticó un fenómeno climático extraordinario
denominado “La Niña”, caracterizado por temporadas de intensas lluvias, el cual se
extendió hasta la primera mitad de 2011 (hechos probados 4.8., 4.9., 4.21. y 4.26.);
(iii) que tanto el municipio de Chía como la CAR adoptaron algunas medidas antes,
durante y después de la temporada invernal para prevenir, atender y controlar
posibles inundaciones (hechos probados 4.6., 4.7., 4.11., 4.13., 4.14., 4.17., 4.19. y
4.20.); (iv) que el 19 de abril de 2011 se produjo la ruptura de un jarillón a la altura
del predio “Monguibello”, ubicado en la vereda La Balsa del municipio de Chía, lo
que ocasionó la inundación de dicho predio y de otros circunvecinos (hecho probado
4.15.); (v) que el 21 de abril de 2011 la inundación alcanzó las instalaciones del
“Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”, con un nivel
aproximado de 1,5 metros de agua, la cual ingresó a las viviendas e inundó vías
internas, zonas comunes, instalaciones deportivas y áreas recreativas (hecho
probado 4.16.); (vi) que para la misma época de la inundación del conjunto
habitacional, el municipio de Chía sufrió inundaciones en distintos puntos, ya fuera
por el desbordamiento del río Bogotá o del río Frío (hecho probado 4.14.); (vii) que
a raíz de los eventos de inundación ocurridos tanto en el municipio de Chía como
en otros municipios de Cundinamarca, dicho municipio y la CAR declararon estados
de “urgencia” y “emergencia” con el fin de atender las afectaciones ocasionadas por
el desbordamiento de los ríos (hechos probados 4.14. y 4.17.); y (viii) que de
acuerdo con los reportes de estaciones hidrometeorológicas, se estableció que las
lluvias registradas durante los meses de febrero, marzo y abril de 2011, como
consecuencia del fenómeno de “La Niña”, alcanzaron niveles no observados en una
serie histórica de cincuenta años (hecho probado 4.21.).

5.1.5. A partir de ese marco fáctico y probatorio, la Sala abordará, en primer término,
el argumento de la alzada relativo a la fuerza mayor, pues, de acreditarse que la
inundación tuvo como causa un fenómeno natural imprevisible, irresistible y externo,
quedaría descartada la imputación del daño a las entidades demandadas, incluida
Emserchía ESP, respecto de la cual la imputación se relaciona con la supuesta
incidencia de residuos en el cauce del río Bogotá. Ese análisis exige examinar, al
mismo tiempo, si la CAR y el municipio de Chía desplegaron una conducta diligente
y exigible frente a la temporada invernal, así como si la actuación de las víctimas
tuvo incidencia causal determinante en la producción del daño. Por tanto, aunque la
apelación cuestiona separadamente la configuración de la fuerza mayor y la
atribución del daño a la culpa de las víctimas, ambos aspectos serán valorados de
manera articulada, sin perjuicio de precisar, al final, si la conducta de los propietarios
o residentes del conjunto tuvo o no relevancia causal suficiente para romper o
desplazar la causa del daño.

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En este orden de ideas, para comenzar, debe recordarse que la fuerza mayor exige
demostrar, en lo sustancial, que el factor invocado no podía preverse
razonablemente, que sus efectos no podían resistirse o evitarse mediante una
conducta diligente y exigible en el caso concreto, y que fue externo al demandado,
esto es, ajeno a su actuación u omisión.

5.1.6. Así pues, en primer lugar, está demostrado que desde mayo de 2010 el
IDEAM advirtió la formación del fenómeno de “La Niña” y que, a partir de junio de
ese año, informó sobre sus posibles efectos, en especial durante la segunda
temporada de lluvias de 2010 y la primera de 2011. También se acreditó que esa
entidad realizó seguimiento permanente al fenómeno climático, emitió boletines,
alertas e informes de predicción, y brindó apoyo a los organismos integrantes del
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Sin embargo, el
propio IDEAM precisó que, de acuerdo con su capacidad técnica y científica, las
consecuencias del fenómeno y la magnitud de las lluvias finalmente presentadas no
eran previsibles en los términos en que ocurrieron (hechos probados 4.8. y 3.9.).

Esa conclusión se confirma con los registros pluviométricos obrantes en el proceso.
La CAR indicó que las precipitaciones ocurridas en febrero, marzo y abril de 2011,
asociadas al fenómeno de “La Niña”, no tenían registro histórico en cincuenta años
de monitoreo y provocaron “el desbordamiento de las fuentes hídricas inundando
zonas de ronda del río mayor a las ya identificadas” (hecho probado 4.21.). A su
vez, el IDEAM certificó que, en abril de 2011, la precipitación alcanzó 258,8 mm,
frente a un promedio histórico de 99,3 mm, esto es, más del doble del promedio
ordinario, razón por la cual calificó ese mes como “extremadamente lluvioso” (hecho
probado 4.26.).

En esos términos, aunque el fenómeno de “La Niña” había sido anunciado, la
magnitud concreta de sus efectos no resultaba razonablemente previsible. Una cosa
era prever una temporada invernal intensa y otra distinta anticipar que las lluvias
superarían en más del ciento por ciento el promedio histórico, que alcanzarían
niveles no registrados en cincuenta años y que provocarían el desbordamiento de
fuentes hídricas más allá de las zonas de ronda previamente identificadas. Por ello,
la Sala encuentra acreditado el primer elemento de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor, esto es, su imprevisibilidad.

5.1.7. En segundo lugar, se observa que el evento también fue irresistible. En efecto,
no se probó que la CAR o el municipio de Chía hubieran estado en posibilidad real
y efectiva de impedir la ruptura del jarillón ubicado en la margen derecha del río
Bogotá, a la altura del predio “Monguibello”, ni la posterior propagación de las aguas
hasta el “Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”. Por el contrario,
los hechos probados muestran que la temporada invernal produjo afectaciones
simultáneas en distintos sectores del municipio de Chía, por desbordamientos de
los ríos Bogotá y Frío, rupturas de jarillones, rebosamientos, filtraciones e
inundaciones de predios, vías, zonas rurales y conjuntos residenciales (hechos
probados 4.12., 4.14., 4.15., 4.17. y 4.21.).

Además, se acreditó que las entidades públicas demandadas desplegaron
actuaciones de prevención, seguimiento, coordinación, atención y mitigación. La
CAR celebró contratos y convenios dirigidos al mantenimiento hidráulico en sectores
críticos, elaboró instrumentos de gestión para la adecuación hidráulica del río

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Bogotá, efectuó visitas técnicas, identificó puntos críticos y recomendó el retiro de
sedimentos, maleza acuática y árboles caídos, así como la conformación,
reconstrucción y reforzamiento de jarillones (hechos probados 4.6., 4.7., 4.11.,
4.16., 4.19. y 4.21.). Por su parte, el municipio de Chía, en el marco del Comité Local
para la Prevención y Atención de Desastres, celebró reuniones en febrero y marzo
de 2011 para coordinar medidas frente a la ola invernal, revisar fuentes hídricas,
priorizar puntos críticos, recuperar vallados, perfilar taludes y gestionar la
conformación de jarillones (hecho probado 4.13.).

También se demostró que, ante el avance de la emergencia, el alcalde de Chía
declaró la emergencia sanitaria mediante el Decreto No. 26 del 11 de abril de 2011,
conformó instancias de coordinación y declaró en alerta amarilla varias zonas ya
afectadas por los desbordamientos de los ríos Frío y Bogotá, entre ellas la vereda
La Balsa y el Condominio San Jacinto (hecho probado 4.14.). Luego, tras la ruptura
del Jarillón, ocurrida el 19 de abril de 2011 en el predio “Monguibello”, la emergencia
fue atendida por organismos municipales de gestión del riesgo, la CAR, la fuerza
pública y otras autoridades, junto con administradores y residentes del conjunto,
quienes participaron en labores de evacuación, drenaje y contención mediante
brigadistas, personal técnico, lanchas, motobombas y apoyo helicoportado (hechos
probados 4.15. y 4.17.).

Incluso, aunque para el 25 de abril de 2011 ya se había cerrado el boquete del
jarillón, la emergencia no cesó de inmediato, pues el 29 de abril siguiente el río
alcanzó su cota más alta, se presentaron nuevos rebosamientos, resultaron
afectados otros predios aledaños y fue necesario bombear agua hacia el cauce
mediante motobombas (hecho probado 4.17.). Esta circunstancia demuestra que el
evento no fue ordinario ni controlable mediante actuaciones regulares de
mantenimiento, sino que superó la capacidad razonable de contención y respuesta
de las entidades demandadas.

En ese contexto, la irresistibilidad no se desvirtúa porque antes de la inundación se
hubieran identificado riesgos, puntos críticos o necesidades de intervención. Por el
contrario, esas advertencias explican que las autoridades hubieran desplegado
actuaciones de seguimiento y mitigación. Lo determinante es que, pese a esas
gestiones, la intensidad excepcional de las lluvias, el aumento extraordinario de los
niveles del río Bogotá, la ruptura del jarillón en el predio “Monguibello” y la
propagación posterior de las aguas superaron la capacidad ordinaria de actuación
de la Administración (hechos probados 4.11., 4.13., 4.14., 4.16., 4.17., 4.19., 4.20.
y 4.21.), sin que las autoridades hubieran podido resistir o contener un incremento
de precipitaciones no visto en medio siglo.

Aunque existían recomendaciones de mantenimiento, no se probó que la ejecución
de esas labores, en el lapso disponible y frente a la magnitud extraordinaria de las
precipitaciones, hubiera impedido la ruptura del jarillón en Monguibello o la
propagación de las aguas hacia el conjunto. Por tanto, la sola identificación previa
de puntos críticos o de necesidades de intervención no basta para atribuir
causalmente el daño a una omisión de las entidades demandadas, si no se acredita
que una actuación concreta, exigible y omitida habría evitado el resultado lesivo.

Además, tampoco se probó que una actuación distinta, concreta y exigible a las
demandadas hubiera impedido la ruptura del jarillón o evitado que el agua llegara al

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conjunto residencial. Si bien la parte actora atribuyó el daño a la falta de dragado
del río Bogotá y al supuesto incumplimiento del deber de mantenimiento del jarillón,
el material probatorio no permite concluir que la inundación hubiera sido
consecuencia directa de una omisión específica imputable a la CAR o al municipio
de Chía. Lo demostrado es que el evento se produjo en el marco de una emergencia
climática extraordinaria, con precipitaciones muy superiores al promedio histórico,
múltiples puntos críticos y afectaciones generalizadas en el territorio (hechos
probados 4.21. y 4.26.).

La misma conclusión se impone frente a Emserchía ESP. Aunque en el expediente
existen referencias a la presencia de residuos sólidos sobre el jarillón de la margen
derecha del río Bogotá y a la existencia de sedimentos, maleza, árboles caídos y
basura en algunos canales o puntos inspeccionados, no se acreditó que tales
residuos provinieran de una actuación u omisión imputable a esa empresa, ni que
hubieran tenido incidencia causal directa y determinante en la ruptura del jarillón
ubicado en el predio “Monguibello” o en la posterior inundación del conjunto
residencial. En otras palabras, la circunstancia de que Emserchía ESP prestara el
servicio de aseo en el municipio de Chía no permite, por sí sola, atribuirle el daño,
pues no se probó que el manejo de residuos a su cargo hubiera sido la causa de la
emergencia. Por el contrario, lo demostrado es que la inundación obedeció a la
intensidad extraordinaria de la temporada invernal asociada al fenómeno de “La
Niña”, que provocó el desbordamiento de las fuentes hídricas más allá de las zonas
de ronda previamente identificadas (hechos probados 4.11., 4.21., 4.22. y 4.26.).

5.1.8. En tercer lugar, se observa que el evento fue externo al ámbito de control de
las entidades demandadas y no obedeció a una conducta determinante de las
víctimas. De hecho, no se acreditó que la CAR, el municipio de Chía o Emserchía
ESP hubieran causado el siniestro por una acción u omisión concreta, directa y
determinante. Tampoco se demostró que los propietarios o residentes del conjunto
hubieran provocado la ruptura del jarillón ubicado en el predio “Monguibello” o que
su conducta hubiera sido causa de la inundación. La prueba muestra, por el
contrario, que el ingreso del agua al conjunto se produjo como consecuencia de la
ruptura de una estructura ubicada en un predio vecino y de la propagación de las
aguas derivada de una emergencia climática extraordinaria (hechos probados 4.15.
y 4.17.).

En este punto, la Sala precisa que no hay lugar a atribuir el daño a las víctimas por
la sola ubicación de algunas construcciones, instalaciones deportivas o zonas
comunes del complejo residencial. Al margen de la discusión sobre la distancia de
tales áreas respecto de la ribera del río Bogotá, lo cierto es que la magnitud
excepcional de las lluvias hizo que las aguas superaran las zonas de ronda
previamente identificadas y afectaran predios que, en condiciones ordinarias, no
necesariamente habrían resultado inundados (hechos probados 4.21., 4.26. y
4.27.).

Así, aunque en el expediente existen referencias a construcciones cercanas a la
ronda hídrica, canales con falta de mantenimiento y jarillones o intervenciones que
requerían estudios técnicos o permisos ambientales (hechos probados 4.21., 4.22.,
4.23. y 4.24.), esas circunstancias no permiten concluir que la parte actora hubiera
causado el daño ni que su conducta hubiera sido determinante en la inundación. La
fuerza causal relevante estuvo dada por la intensidad anormal de la temporada

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invernal, el aumento extraordinario de las precipitaciones, el desbordamiento de
fuentes hídricas más allá de las zonas de ronda previamente identificadas y la
ruptura del jarillón en el predio “Monguibello”.

5.1.9. Por tanto, se descarta que los daños sean atribuibles a culpa de las víctimas
o a una conducta activa u omisiva de la CAR, el municipio de Chía o Emserchía
ESP. Como se constató, el evento fue imprevisible, porque la magnitud concreta de
las lluvias y sus consecuencias no podía anticiparse razonablemente; irresistible,
porque superó la capacidad ordinaria de prevención, contención y respuesta de las
autoridades; y externo, porque no fue causado por una conducta jurídicamente
imputable a las entidades demandadas ni por una actuación determinante de las
víctimas (hechos probados 4.8., 4.9., 4.15., 4.17., 4.21. y 4.26.), lo que se acompasa
con el sentir de la Corporación que en casos análogos ha llegado a idéntica
conclusión al resolver demandas por inundaciones que se produjeron con ocasión
de la ola invernal de 2011 a causa del fenómeno climático de “la Niña”, que superó
niveles históricos en aquella época109.

Finalmente, la Sala no desconoce que en el expediente obran documentos
posteriores a la inundación —como el oficio del 30 de diciembre de 2011, el informe
técnico SDAS 238 del 22 de mayo de 2011 y el documento del 24 de junio de 2011.
Sin embargo, la decisión no se funda exclusivamente en ellos ni deriva de tales
elementos la culpa de las víctimas. La conclusión se apoya en la valoración conjunta
del material probatorio, del cual se desprende que la inundación tuvo origen en una
temporada invernal extraordinaria asociada al fenómeno de “La Niña”, cuyas
precipitaciones superaron los registros históricos disponibles y provocaron el
desbordamiento de fuentes hídricas más allá de las zonas de ronda previamente
identificadas (hechos probados 4.21. y 4.26.). Del mismo modo, la Sala no pasa por
alto que el desarrollo urbanístico del “Conjunto Habitacional y Recreativo San
Jacinto Golf Club” estuvo precedido de actos administrativos habilitantes (hechos
probados 4.1. a 4.5.). No obstante, esa circunstancia no desvirtúa la fuerza mayor
acreditada ni permite trasladar la imputación del daño a la CAR o al municipio de
Chía. Aun aceptando que el conjunto fue construido conforme a las licencias
existentes, lo cierto es que el daño no se produjo por esa razón, sino por un
fenómeno natural extraordinario, imprevisible, irresistible y externo, que superó las
condiciones ordinarias del territorio y la capacidad razonable de prevención y
respuesta de las autoridades.

En consecuencia, se impone confirmar la sentencia apelada, que negó las
pretensiones de la demanda, pero por lo aquí expuesto, esto es, al advertir que,
aunque se acreditó la inundación del “Conjunto Habitacional y Recreativo San
Jacinto Golf Club”, ocurrida el 21 de abril de 2011, se advierte que ello no resulta
imputable a ninguna de las accionadas ni a la culpa de las víctimas.

6. Conclusión

En el marco de los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia del 17 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal

109 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021, Rad.:

59287, Sentencia del 21 de mayo de 2021, Rad.: 51719, Sentencia del 19 de marzo de 2021, Rad.:
51444 y Sentencia del 20 de noviembre de 2020, Rad.: 60461.

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Administrativo de Cundinamarca, la Sala concluyó que el daño sufrido por el
“Conjunto Habitacional y Recreativo San Jacinto Golf Club”, ubicado en la vereda
La Balsa del municipio de Chía, Cundinamarca, obedeció exclusivamente a un
evento de fuerza mayor asociado al fenómeno climático de “La Niña”. En efecto, las
pruebas demostraron que las precipitaciones registradas durante la temporada
invernal de 2011 superaron ampliamente los promedios históricos, provocaron el
desbordamiento de fuentes hídricas más allá de las zonas de ronda previamente
identificadas y ocasionaron la ruptura del jarillón ubicado en el predio “Monguibello”,
desde donde las aguas se propagaron hacia el conjunto residencial.

En esas condiciones, la Sala encontró acreditado que el evento fue imprevisible,
porque la magnitud concreta de las lluvias y sus consecuencias no podía anticiparse
razonablemente; irresistible, porque superó la capacidad ordinaria de prevención,
contención y respuesta de las autoridades; y externo, porque no fue causado por
una conducta jurídicamente imputable a la CAR, al municipio de Chía o a Emserchía
ESP, ni por una actuación determinante de las víctimas. Por ello, aunque se acreditó
la existencia del daño, no se demostró que este hubiera sido consecuencia de la
falta de dragado del río Bogotá, de la omisión en el mantenimiento del jarillón, del
manejo de residuos en el cauce o de la ubicación del conjunto residencial.

7. Costas

El artículo 188110 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en los que se
ventile un interés público, la sentencia deberá pronunciarse sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas procesales aplicables.
A su vez, en materia de acciones de grupo, el artículo 68 de la Ley 472 de 1998
remite a las reglas del procedimiento civil, en cuanto resulten compatibles con la
naturaleza de este mecanismo111.

Esta Corporación ha precisado que, a diferencia del régimen previsto en el CCA112,
el CPACA adoptó un criterio objetivo para la imposición de costas, en virtud del cual
no resulta determinante la conducta subjetiva de las partes, sino el resultado del
proceso o del recurso. La excepción a esa regla se presenta en los procesos en los
que se ventile un interés público, supuesto que no se configura en este asunto.

En efecto, las acciones públicas se caracterizan porque en ellas no se discuten
intereses subjetivos y porque existe una legitimación universal o abierta a cualquier
ciudadano113. Tales características no concurren en la acción de grupo, que, aunque
puede involucrar una pluralidad de afectados, tiene naturaleza indemnizatoria y está
dirigida a la reparación de perjuicios individuales causados a un grupo determinado

110 “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.
111 “Artículo 68.- Aspectos no Regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del

presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
112 “Artículo 171. Condena en costas. Subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. En todos

los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta
asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso,
en los términos del Código de Procedimiento Civil”.
113 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 4 de octubre

de 2023, Rad. 63215.

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o determinable. Por esa razón, este asunto no se encuentra exento de un
pronunciamiento sobre costas.

Ahora bien, conforme a las reglas procesales aplicables, la condena en costas
comprende las expensas, gastos procesales y agencias en derecho. Además,
procede, entre otros eventos, cuando se resuelve desfavorablemente el recurso de
apelación; sin embargo, solo hay lugar a imponerlas cuando aparezcan causadas.

En el presente caso, aunque el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
será resuelto desfavorablemente, no se impondrá condena en costas en esta
instancia, toda vez que las entidades demandadas no presentaron alegatos de
conclusión en segunda instancia ni obra prueba de gastos, expensas o agencias en
derecho causadas con ocasión del trámite del recurso. En consecuencia, la Sala se
abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 17 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia.

TERCERO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto

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