RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2013-01680-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-01680-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-01680-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de mayo de 2014, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se pronuncie de fondo respecto de los demás cargos que no analizó en primera 44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 14 de marzo de 2019, radicación Número: 05001-23-31-000-2010-01418-01. 45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 12 de diciembre de 2019, radicación número: 25000-23-24-000-2006-00115-01. 46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 13 de agosto de 2020, radicación número: 25000-23-24-000-2003-00330-01. 47 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 19 Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01 Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra instancia. La decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente, con el auto de obedecimiento dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha en que el expediente ingrese al despacho para tal fin. TERCERO: Sin condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-01680-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

13 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y
otra1
Demandada: Superintendencia de Sociedades
Tema: Caducidad de la facultad sancionatoria en el régimen
cambiario prevista en el artículo 6° del Decreto-Ley 1746 de 1991

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de 15 de mayo de 2014, proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda2

I.1.1. Las pretensiones

1. Las sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de
CV -en adelante parte demandante-, por conducto de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en
el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113 presentaron demanda en
contra de la Superintendencia de Sociedades, para elevar las siguientes
pretensiones:

“[…] 1.- PRIMERA.- Que se declare la nulidad de las Resoluciones 230-
000069 de 2012 y 301-006576 de 2012, por medio de las cuales se
declaró que MEXICHEM FRESHFIELDS y MEXICHEM CUNALVA S.A.
de CV., violaron algunas normas de régimen cambiario e impuso unas
multas.

SEGUNDA.- Que, como consecuencia de la declaración anterior y a título
de restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia de
Sociedades a restituirle a aquellas todas las sumas de dinero que
hubieron de pagar por concepto de las multas mencionadas.

1
Sociedad Mexichem Cunalva S.A. de CV
2
Folios 1 a 14 del Cuaderno 1.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.[…]”.

2

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

TERCERA.- Que también a título de restablecimiento del derecho, se
condene a la entidad demandada a pagarle a MEXICHEM FRESHFIELDS
y MEXICHEM CUNALVA S.A. de CV, intereses a la tasa máxima
permitida por la ley, junto con la actualización monetaria del caso, sobre
todas las sumas de que trata la pretensión anterior, desde la fecha en que
se hayan cancelado las correspondientes sumas y hasta el día en que
efectivamente tengan lugar los pagos correspondientes.

CUARTA.- Que se condene a la parte demandada a pagar las agencias
en derecho y costas del proceso.

SUBSIRIARIAS

[…]” (Negrilla y mayúsculas del texto)

I.1.2. Los hechos

2. Las sociedades actoras narraron los siguientes hechos relevantes:

3. La Superintendencia de Sociedades, mediante auto de 24 de febrero de 2011,
formuló pliego de cargos en contra de las sociedades Mexichem Freschfields S.A.
de CV y Mexichem Cunalva S.A. de CV4, entre otras, por haber infringido el régimen
cambiario en relación con siete (7) operaciones de movimientos de capital de las
sociedades Mexichem Colombia S.A.S. (en ese momento Pavco S.A.) y
Geosistemas Pavco S.A. (hoy absorbida por Mexichem Colombia S.A.S.)
efectuadas entre los años 2006 y 2008.

4.Mediante escrito de 4 de abril de 2011, las sociedades Mexichem Freschfields
S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de CV se allanaron respecto de algunas
acusaciones efectuadas en el auto de formulación del pliego de cargos.

5.La Superintendencia de Sociedades, a través de la Resolución 230-000069 de
10 de enero de 20125, señaló que el allanamiento no era procedente por cuanto el
apoderado no tenía facultad expresa para ello e impuso sanción de multa a las
sociedades Mexichem Freschfields S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de CV.

6.Las sociedades actoras interpusieron recurso de reposición en contra de la
anterior decisión, el cual fue resuelto a través de la Resolución 301-006576 de 29
de noviembre de 20126, confirmando el acto recurrido.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

7. Las accionantes invocaron como infringidas las siguientes normas: los artículos
121, 122 y 148 de la Constitución Política; 6 y 22 del Decreto-Ley 1746 de 4 de julio

4
También contra la sociedad Mexichem SAB de CV.
5
“[…] Por la cual se decide de fondo una actuación administrativa. […]”.
6
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]”.

3

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

de 19917; 36, 38 y 52 del Código Contencioso Administrativo; 2148 y 2186 del
Código Civil; 844 del Código de Comercio y; 94, 195 y 197 del Código de
Procedimiento Civil. El concepto de violación se desarrolló en los siguientes
términos:

8. Primer cargo. La falta de competencia temporal para la expedición de los
actos demandados. Manifestaron que de conformidad con el artículo 6° del
Decreto-Ley 1746 de 4 de julio de 1991, la facultad que tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones por infringir el régimen cambiario caduca a
los dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos. Este término se
interrumpe con la notificación del auto de formulación de cargos, en cuyo evento
corre por un (1) año más a partir de dicha notificación.

9. Explicaron que la fecha en que debían registrarse las operaciones cambiarias
que, según la Superintendencia de Sociedades fueron efectuadas de manera tardía,
correspondía al 31 de marzo de 2009. Por lo tanto, esta entidad tenía el deber de
adoptar una decisión definitiva, notificarla y resolver los recursos de la vía
gubernativa “[…] a más tardar el 31 de marzo de 2012. […]”.

10. Mencionaron que según el artículo 6° del Decreto-Ley 1746 de 1991, el anterior
término se interrumpió por un (1) año más a partir de la notificación del pliego de
cargos, lo cual ocurrió el “[…] 18 de marzo de 2011. […]”.

11. Agregaron que la Resolución 301-006576 de 2012, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra del acto sancionatorio principal, fue notificada por
edicto desfijado el 9 de enero de 2013, esto es, cuando había transcurrido más de
un año luego de haberse notificado el auto de formulación de cargos.

12. Expusieron que el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, señala que la facultad
que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de
ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro
del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y
notificado. Sin embargo, aclararon que esta ley no resulta aplicable a la actuación
administrativa, toda vez que, cuando entró en vigencia esta nueva legislación ya se
había iniciado el procedimiento administrativo sancionatorio.

13. Segundo cargo. La falsa motivación. Resaltaron que las resoluciones
demandadas partieron de la premisa de que el apoderado de las sociedades
Mexichem Freschfields S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de CV no tenían
facultades para allanarse de algunos cargos y, por esta razón se decidió no aplicar
la sanción mínima.

7
“[…] Por medio del cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la
Superintendencia de Cambios. […]”.

4

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

14. Describieron que las sociedades Mexichem Freschfields S.A. de CV y
Mexichem Cunalva S.A. de CV otorgaron poderes a favor del señor Andrés Jaramillo
Hoyos para ejercer la representación de todos los asuntos legales y para transigir
“[…] los pleitos, dudas o diferencias que ocurran relativas a los derechos y a las
obligaciones […]” y, en consecuencia, sí tenía la facultad para allanarse a los cargos
formulados, por ser este un acto jurídico que implica la sumisión, reconocimiento o
aceptación expresa de las pretensiones.

15. Recordaron que de conformidad con el artículo 197 del Código de
Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, se presume que el
apoderado judicial tiene facultad para confesar al momento de presentar la
demanda y las excepciones, en la contestación y en la audiencia prevista en el
artículo 101 del mismo código. Agregó que el acto de confesar implica el
reconocimiento de hechos e imputaciones, cuya aceptación produce unos efectos
procesales aún más amplios de los que se derivan del simple allanamiento, por lo
que, en aplicación del principio universal de derecho “[…] quien puede Io más,
puede lo menos […]”, la entidad demandada debió aceptar que el apoderado tenía
facultad para allanarse.

16. Indicaron que, de llegar a admitirse que el apoderado no contaba con la facultad
de allanarse a los cargos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2148 del Código
Civil actuó como agente oficioso y, además, según el artículo 2186 ibidem, la
actuación realizada por el agente oficioso puede ser ratificada por los mandantes.

17. Tercer cargo. Violación del principio de proporcionalidad de la sanción de
multa e infracción del artículo 36 del Código Contencioso Administrativo.
Citaron el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo y la jurisprudencia de
la Corte Constitucional en relación con el principio de proporcionalidad de los actos
administrativos, para destacar que, la Superintendencia de Sociedades impuso la
sanción de multa en un monto superior al mínimo que debía imponer de acuerdo
con las normas de dosimetría previstas en el artículo 22 del Decreto-Ley 1746 de
1991.

I.2. La contestación de la demanda8

18. La Superintendencia de Sociedades, por conducto de apoderado judicial,
contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones.

19. Primer cargo. La falta de competencia temporal para la expedición de los
actos demandados. Observó que según el inciso primero del artículo 6° del
Decreto-Ley 1746 de 1991, el término de caducidad de las infracciones cambiarias
es de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos.

8
Folios 172 a 186 del Cuaderno 1.

5

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

20. Explicó que, en el caso en estudio, las operaciones se realizaron entre el 28 de
febrero de 2008 y el 21 de mayo de 2008 y su plazo de registro vencía el 31 de
marzo de 2009. Por lo tanto, el término de caducidad a que alude la referida norma
vencía el 1° de abril de 2011 y el auto 230-003110 de 24 de febrero de 2011, por
medio del cual se formuló pliego de cargos se notificó de manera personal el día 25
de marzo de 2011, es decir antes del término de dos (2) años.

21. Explicó que, según la misma norma, luego de la notificación del auto de
formulación de cargos empezó a correr el término adicional de un (1) año, plazo
dentro del cual debía proferirse la decisión de fondo. En este caso, la Resolución
230-000069 de 2012, mediante la cual se impuso sanción de multa a las sociedades
actoras fue notificada de manera personal al curador ad- litem el 24 de enero de
2012 y por edicto desfijado el 6 de febrero de esa misma anualidad, es decir, antes
del acaecimiento de la caducidad de la facultad sancionatoria, lo cual ocurrió el “[…]
25 de marzo de 2012. […]”.

22. Segundo cargo. La falsa motivación. Señaló que según el artículo 14 del
Decreto-Ley 1746 de 1991, el allanamiento expreso por los cargos formulados por
la Superintendencia de Sociedades resulta válido si lo efectúa directamente el
investigado o su apoderado facultado para ello.

23. Adujo que según los poderes conferidos por los representantes legales de las
sociedades Mexichem Freshfileds S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de CV, el
apoderado no estaba facultado expresamente para allanarse a los cargos, motivo
por el cual no era procedente aceptar el allanamiento.

24. Precisó que la transacción y el allanamiento son dos conceptos diferentes. La
transacción se define como el contrato celebrado entre las partes en virtud del cual
se da por terminado un proceso o se evita uno en el futuro. Por su parte, el
allanamiento consiste en la aceptación expresa que hace el demandado de las
pretensiones invocadas por la parte demandante y de los hechos y, en este último
evento, resulta necesario que el apoderado cuente con facultades expresas.

25. Refirió que el apoderado de las sociedades actoras no podía tener la condición
de agente oficioso “[…] sin haber invocado expresamente esa calidad, ni procedía
tenerlo como agente oficioso y al mismo tiempo o simultáneamente como
apoderado de dichas sociedades, puesto que la primera de dichas instituciones
requiere prestar la caución que se señale y la ratificación del agenciado dentro del
término establecido por la ley, lo cual no ocurre con la condición de apoderado. […]”.

26. Indicó que según el numeral 5° del artículo 94 del Código de Procedimiento Civil
el allanamiento será ineficaz cuando “[…] se haga por medio de apoderado y éste
carezca de la facultad para confesar […]”. Agregó que, los poderes que fueron
otorgados en la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, allegados junto con el recurso
de reposición no podían subsanar la falencia presentada porque la etapa precluyó

6

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

y, por ende, no era viable jurídicamente acceder a su aplicación en desarrollo de la
vía gubernativa.

27. Tercer cargo. Violación del principio de proporcionalidad de la sanción de
multa e infracción del artículo 36 del Código Contencioso Administrativo.
Precisó que el principio de proporcionalidad, según lo expresado por la Corte
Constitucional, en sentencia C-564 de 20009, la sanción administrativa no debe ser
ajena a los principios que rigen el derecho al debido proceso, es decir, se encuentra
sujeta al principio de reserva de ley y esta debe ser razonable y proporcional, a fin
de evitar la arbitrariedad y limitar a su máxima expresión la discrecionalidad.

28. Según lo indicó la Corte Constitucional en la referida sentencia, en desarrollo
de este principio, la autoridad administrativa debe graduar las multas, atendiendo a
circunstancias objetivas que rodean la infracción, como el monto de la operación
cambiaria y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se ejecutó la misma.

29. Explicó que en el presente caso la Superintendencia de Sociedades se ciñó a
los parámetros anteriores.

30. Planteó las siguientes excepciones: (i) “[…] [e]stimación de la Sanción
Cambiaria […]”; (ii) “[…] [r]esponsabilidad Objetiva del Infractor […]” y, (iii) “[…]
[i]naplicabilidad caducidad de la acción […]”.

I.3. La fijación del litigio

31. El día 21 de febrero de 2014, se celebró la audiencia inicial10 prevista en el
artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y se fijó el litigio en los siguientes términos:

“[…] Los cargos de nulidad esgrimidos por la parte demandante son tres
y cuyo contenido, en síntesis, es el siguiente: a) falta de competencia de
la Superintendencia de Sociedades toda vez que en el presente asunto
se presentó el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria
infringiendo el artículo 6 del Decreto Ley 1746 de 2001 (sic), artículo 38
del Código Contencioso Administrativo y los artículos 121, 122 y 248 de
la Constitución Política; b) falsa motivación e infracción de las normas en
que debía fundarse, en tanto que según las resoluciones demandadas el
apoderado de las sociedades demandantes no tenía facultades para
allanarse y por ello decidió no aplicar la sanción mínima, posición que es
errónea ya que, por un lado, las facultades de transacción y de confesión
implicaban necesariamente que podía allanarse por lo que es claro que
los actos demandados se encuentran falsamente motivados e infringieron
los artículos 94, 195 y 197 del C.P.C. y, por otro, si fuere cierto que el
apoderado no podía allanarse, la actuación del apoderado habría sido una
agencia oficiosa que fue ratificada, por lo que las resoluciones
demandadas se encuentran falsamente motivadas y desconocieron los
artículos 2148 y 2186 del Código Civil, 844 del Código de Comercio y 52
del Código Contencioso Administrativo y c) violación del principio de
proporcionalidad e infracción del artículo 36 del C.C.A. dado que la
9
Corte Constitucional, sentencia C 564 de 2000, MP: Alfredo Beltrán Sierra.
10
Folios 532 a 535 del Cuaderno 1.

7

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

entidad demandada en desconocimiento de que la parte actora se había
allanado a la formulación de cargos decidió imponer una sanción superior
a la mínima que podía imponer de acuerdo a las normas de dosimetría de
la sanción previstas en el artículo 22 del Decreto 1746 de 1991
infringiendo además, el artículo 46 del C.C.A. […]”.

I.4. La sentencia de primera instancia11

32. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 15 de mayo de 2014, accedió a las
pretensiones de la demanda, por considerar que operó el fenómeno jurídico de la
caducidad de la facultad sancionatoria. La parte resolutiva ordenó:

“[…] 1°) Decláranse no probadas las excepciones propuestas por la
Superintendencia de Sociedades (sic)

2°) Declárase la nulidad de las resoluciones números nos. 230-000069
de 10 de enero de 2012 y 301-006576 de 29 de noviembre de 2012
proferidas por la Superintendencia de Sociedades (sic)

3°) Como restablecimiento del derecho ordénase a la Superintendencia
de Sociedades, en caso de que se hubiere pagado por la parte actora el
valor de las multas impuestas en los actos anulados en este proceso, la
devolución [de] dichas sumas de dinero debidamente actualizadas en la
forma y términos señalados en la parte motiva de esta providencia.

4°) Condénase en costas a la Superintendencia de Sociedades conforme
a lo establecido en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento
Civil aplicables por la remisión legal expresa contenida en el artículo 188
de la Ley 1437 de 2012. (sic)

5°) Por Secretaría liquídense las costas a que haya lugar en los términos
señalados en la parte motiva de esta providencia.

6°) Niéganse las demás suplicas de la demanda. […]”. (Negrilla del texto)

33. Adujo que las excepciones propuestas sobre estimación de la sanción
cambiaria, responsabilidad objetiva del infractor e inaplicabilidad de la caducidad de
la acción eran argumentos para cuestionar el fondo, por lo que se analizarían con
el estudio de la controversia.

34. Destacó que en materia cambiaria la caducidad de la facultad sancionatoria de
la administración se encuentra regulada en el artículo 6° del Decreto-Ley 1746 de
1991, norma según la cual el término es de dos (2) años contados a partir de la
ocurrencia de los hechos. Sin embargo, este se interrumpe con la notificación del
auto de formulación de cargos y correrá por un (1) año más desde que se surte la
notificación de dicho acto.

11
Folios 607 a 641 del Cuaderno 1.

8

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

35.Precisó que luego de surtirse la notificación de tal decisión, la administración
debe expedir no solo el acto administrativo que impone la respectiva sanción, sino
también debe resolver y notificar los recursos que se interpongan.

36. Con sustento en la jurisprudencia y en la doctrina extranjera, destacó que la
caducidad de la facultad sancionatoria se encuentra relacionada con el margen
temporal con que cuenta la administración para investigar, tramitar y sancionar. Esta
figura tiene como propósito esencial garantizar la efectividad material del principio
de seguridad jurídica así como la certeza en las actuaciones y decisiones de la
administración.

37. Refirió a las tres tesis jurisprudenciales frente a la interpretación del artículo 38
del Decreto-Ley 01 de 1984, que prevé la regla general según la cual la
administración tiene un término de 3 años para imponer la sanción. La primera
sostiene que basta que se profiera el acto sancionatorio. La segunda indica que
dentro de dicho término debe expedirse y notificarse el acto sancionatorio. La
tercera considera que dentro de dicho lapso deben haberse notificado las decisiones
que resuelven los recursos de la vía gubernativa.

38. El Tribunal se acogió a la última de esta tesis. Así las cosas, precisó que “[…]
en tratándose de la aplicación de la norma especial existente para el caso contenida
en el artículo 6 del Decreto-ley 1746 de 1991 la Superintendencia de Sociedades
debe investigar, decidir de fondo, resolver los recursos de vía gubernativa, notificar
y dejar en firme su decisión antes [del] vencimiento del término de dos (2) años
teniendo en cuenta además que dicho plazo se interrumpe con la notificación del
acto de formulación de cargos y, a partir de ese momento tiene un (1) año para
decidir de fondo toda la actuación administrativa so pena de entenderse caducada
su facultad para el ejercicio de la acción administrativa en materia cambiaria que no
difiere de la potestad general que tiene la administración para la imposición de
sanciones, dado que, en uno y otro caso, se trata de la investigación y sanción o
absolución de aspectos propios del derecho contravencional. […]”.

39. Explicó que el término de caducidad de la facultad sancionatoria empezó a
contabilizarse a partir del 1° de abril de 2009, esto es, un día después de la fecha
en la que las sociedades debían informar al Banco de la República la cancelación
del registro de unas inversiones extranjeras – 31 de marzo de 2009- según lo
dispuesto en el artículo 8° del Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones, en
concordancia con lo dispuesto en el punto 1 del numeral 7.2.9 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83-2003 y sus modificaciones.

40. Aclaró que tal término fue interrumpido con la notificación del auto de
formulación de cargos, lo cual acaeció el 25 de marzo de 2011. Por ende, a partir
del día siguiente, la Superintendencia de Sociedades contaba con un (1) año
adicional, esto es, hasta el 26 de marzo de 2012, para investigar, decidir de fondo,
resolver los recursos interpuestos y notificar el contenido de la decisión.

9

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

41. Adujo que la Resolución 301- 006576 de 29 de noviembre de 2012, que resolvió
el recurso de reposición adquirió firmeza el 10 de enero de 2013, esto es, cuando
la facultad sancionatoria se encontraba caducada.

42.El a quo, al haber prosperado este primer cargo se abstuvo de analizar los
demás argumentos de la demanda.

43. Como restablecimiento del derecho, ordenó a la Superintendencia de
Sociedades devolver las sumas de dinero debidamente actualizadas que hubiere
pagado la parte actora y condenó en costas a esa entidad, por encontrar cumplidos
los supuestos previstos en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil,
aplicables por la remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

I.5. El recurso de apelación12

44. La parte demandada inconforme con la anterior decisión apeló el fallo de
primera instancia.

45. Manifestó que el a quo no tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 29 de
septiembre de 2009, en la cual se señaló que la sanción se entendía impuesta de
manera oportuna si se expedía y notificaba la decisión primigenia, puesto que tal
acto administrativo es el que concreta la expresión de la voluntad de la
administración y no la que resolvía los recursos de la vía gubernativa.

46. Explicó que, en el caso en estudio, las operaciones se realizaron entre el 28 de
febrero de 2008 y el 21 de mayo de 2008 y su plazo de registro vencía el 31 de
marzo de 2009. Por lo tanto, el término de caducidad a que alude la referida norma
vencía el 1° de abril de 2011 y el auto 230-003110 de 24 de febrero de 2011, por
medio del cual se formuló pliego de cargos se notificó de manera personal el día 25
de marzo de 2011, es decir, antes del término de dos (2) años a que alude el artículo
6° del Decreto-Ley 1746 de 1991.

47. Explicó que, según la misma norma, luego de la notificación del auto de
formulación de cargos empezó a correr el término de un (1) año, plazo dentro del
cual debía proferirse y notificarse la decisión que impone la sanción. En este caso,
la Resolución 230-000069 de 2012, mediante la cual se impuso la sanción de multa
a las sociedades actoras fue notificada de manera personal al curador ad- litem el
24 de enero de 2012 y por edicto desfijado el 6 de febrero de esa misma anualidad,
es decir, antes del acaecimiento de la caducidad de la facultad sancionatoria que
ocurrió el día 25 de marzo de 2012.

48. Expuso que el fallo impugnado trajo a colación la sentencia de 7 de marzo de
1985, proferida por la Corte Suprema de Justicia. Esta providencia se refiere a
situaciones cobijadas por la Constitución Política de 1886, reemplazada por la

12
Folios 645 a 658 del Cuaderno 1.

10

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

Constitución Política de 1991 y además el a quo acudió a citas doctrinales
inapropiadas.

49. Argumentó que el Tribunal de primera instancia efectuó “[…] una interpretación
laxa al tenor literal de tal precepto, de tal suerte que este entiende que la facultad
de transigir con que contaban los apoderados de la parte actora en sede
administrativa para transigir, les habilitaba para transar y confesar, equiparando
todos estos términos con la facultad de allanarse […]” e insistió en que los actos
demandados no desconocieron el principio de proporcionalidad.

50. Finalmente, cuestionó que el a quo condenó en costas a la parte vencida, esto
es, a la parte demandada, sin tener en cuenta que, si bien el numeral 1° del artículo
392 del Código de Procedimiento Civil señala que se condenará en costas a la parte
vencida, el numeral 9° de norma ibidem dispone que solo habrá lugar a la condena
en costas cuando en el expediente aparezca que las mismas se causaron y en la
medida de su comprobación, circunstancia que no fue demostrada dentro del
proceso.

I.6. Trámite del proceso en segunda instancia

51. En la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 de la Ley 1437 de
2011 celebrada el 23 de julio de 201413 se concedió, en el efecto suspensivo, el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

52. A través de auto de 20 de mayo de 201514, se admitió la alzada y mediante auto
de 28 de septiembre de 201515 se corrió traslado para alegar de conclusión para
que las partes presentaran sus escritos y el Ministerio Público rindiera concepto.

53. La parte demandante16 solicitó la confirmatoria de la sentencia de primera
instancia, al alegar que se presentó la caducidad de la facultad sancionatoria.
Argumentó que la sentencia proferida por la Sala Plena de 29 de septiembre de
2009 se refiere a la caducidad de la facultad sancionatoria en materia disciplinaria
y relacionó una serie de sentencias que coinciden con la tesis prohijada por el a
quo. Insistió en que los actos demandados incurrieron en falsa motivación y
transgredieron el principio de proporcionalidad.

54. La Superintendencia de Sociedades allegó escrito de alegatos17, en el cual
reiteró los argumentos de la alzada.

55. El Ministerio Público guardó silencio.

13
Folios 669 a 670 del Cuaderno 1.
14
Folio 1 del Cuaderno del Consejo de Estado.
15
Folio 8 del Cuaderno del Consejo de Estado.
16
Folios 23 a 35 del Cuaderno del Consejo de Estado.
17
Folios 13 a 22 del Cuaderno del Consejo de Estado.

11

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

56. La Sala de Decisión, a afectos de resolver la presente controversia, abordará:
(i) la competencia de la Sala; (ii) los actos demandados; (iii) el problema jurídico; (iv)
el análisis del caso concreto; (v) la devolución al tribunal de origen y (vi)
pronunciamiento sobre condena en costas.

II.1. Competencia de la Sala

57. Según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer el asunto en segunda instancia.

II.2. Los actos demandados

58. Se cuestiona la legalidad de las Resoluciones 230-000069 de 10 de enero de
201218 y 301-006576 de 29 de noviembre de 201219, expedidas por la
Superintendencia de Sociedades, mediante las cuales se impuso sanción de multa
a las sociedades Mexichem Freschfields S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de
CV por haber infringido el régimen cambiario, esto es, por el incumplimiento del
deber legal de informar la cancelación de registro de unas inversiones extranjeras.

II.3. Problema jurídico

59. La Sala debe determinar si los actos administrativos demandados son nulos por
haberse expedido por la Superintendencia de Sociedades sin competencia, al haber
operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la facultad sancionatoria previsto
en el artículo 6° del Decreto-Ley 1746 de 1991.

II.4. Análisis del caso concreto

60. La potestad sancionatoria de la administración, como manifestación del Ius
Puniendi del Estado permite asegurar la vigencia del orden jurídico y la efectividad
de los fines del Estado. La regla que impone al operador administrativo el deber de
adelantar el procedimiento sancionatorio en términos razonables y, con ello, de
limitar en el tiempo el plazo para el ejercicio de esa facultad redunda en la eficacia
administrativa, en la efectividad del interés general y en la seguridad jurídica.

61. En materia cambiaria, de conformidad con el artículo 6° del Decreto-Ley 1746
de 1991, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer
sanciones por infringir el régimen cambiario caduca a los dos (2) años contados a
partir de la ocurrencia de los hechos. Este término se interrumpe con la notificación

18
Folios 54 a 69 del Cuaderno 1.
19
Folios 71 a 81 del Cuaderno 1.

12

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

del acto de formulación de cargos, en cuyo evento corre por un (1) año más a partir
de dicha notificación. Así se desprende de la literalidad de esta norma:

“[…] ARTICULO 6o. El término de caducidad de la acción de las
infracciones cambiarias será de dos (2) años contados a partir de la
ocurrencia de los hechos.

El anterior término se interrumpirá con la notificación del acto de
formulación de cargos y correrá por un (1) año más a partir de dicha
notificación. La vía gubernativa se regirá por las disposiciones del Código
Contencioso Administrativo.

El término de prescripción de la sanción que imponga la Superintendencia
de Cambios será de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la
providencia que la impuso.

En las infracciones continuadas, el término de caducidad de la acción se
contará a partir de la ocurrencia del último acto constitutivo de la
infracción.
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

62. En relación con el extremo temporal inicial para el ejercicio oportuno de la
facultad sancionatoria, según la doctrina especializada “[…] se debe entender que
la ocurrencia de los hechos, para contabilizar los dos años en las obligaciones en
las que la norma fije un plazo para su cumplimiento, será el día siguiente al
vencimiento de dicho plazo y respecto de las obligaciones que no fijen un plazo, se
contará a partir del momento en que se indique que debe hacerse o cumplirse con
la obligación, en otros eventos será a partir de la realización de la operación […]20”.

63. La jurisprudencia, en sus inicios, se mostró partidaria de señalar que en materia
de caducidad de la facultad sancionatoria en materia cambiaria, la administración
tenía el deber de expedir y notificar los actos que resuelven la vía gubernativa21. Sin
embargo, desde la sentencia de unificación jurisprudencial de la Sala Plena de 29
de septiembre de 200922, dicha discusión quedó superada.

64. En estas condiciones, el criterio imperante es el que señala que dentro del
término de caducidad previsto en el artículo 6° del Decreto-Ley 1746 de 1991 se
debe proferir y notificar el acto sancionatorio principal, sin necesidad de los actos
que resuelven los recursos de la vía gubernativa. Sobre el particular, en sentencia
de 20 de noviembre de 201423, esta Sección abordó esta materia en el siguiente
sentido:

“[…] Por su parte, el artículo 6º del Decreto 1746 de 1991, establece que:

20
Régimen cambiario e inversión extranjera en Colombia, Universidad Externado de Colombia, editora: Carolina Acosta
Ramos, página 242, Edición febrero de 2019.
21
Sentencias de 20 de agosto de 1998 (Expediente núm. 4958) y de 13 de abril de 2000 (Expediente núm. 6035), CP: Juan
Alberto Polo Figueroa.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2009, radicado: 11001-
03-15-000-2003-00442-01(S) IJ, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, demandado: Ejército Nacional, MP: Susana Buitrago
Valencia.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García González,
sentencia de 20 de noviembre de 2014, radicado: 25000-23-41-000-2013-00049-01, entre otras.

13

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

“El término de caducidad de la acción de las infracciones cambiarias será
de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia de los hechos.

El anterior término se interrumpirá con la notificación del acto de
formulación de cargos y correrá por un (1) año más a partir de dicha
notificación. La vía gubernativa se regirá por las disposiciones del Código
Contencioso Administrativo”.

En consonancia con la precitada norma legal, no puede afirmarse que en
el presente asunto se haya configurado la caducidad de la facultad
sancionatoria del Estado, ya que la Resolución núm. 230-007892 de 10
de diciembre de 2009, se expidió y notificó bajo los parámetros contenidos
en aquella.

A este respecto, vale la pena traer a colación la sentencia de 12 de junio
de 200324, en la que esta Sección manifestó:

“… en realidad, en materia de infracciones cambiarias, el espíritu del
legislador fue el de distinguir entre la producción del legislador que
sanciona, debidamente notificada, y la resolución de los recursos propios
de este procedimiento administrativo, lo cual significa que basta que
dentro del término de caducidad legalmente previsto se profiera y se
notifique el acto sancionatorio, sin que dentro del mismo se tengan
que proferir, necesariamente, los actos con los cuales se agota la vía
gubernativa.

Si bien el procedimiento contenido en el Decreto 1746 de 1991 se aplicaba
tanto a las infracciones cambiarias de la que conoce la DIAN, así como a
las que conoce la Superintendencia de Sociedades, la Sala aclara que
con la entrada en vigencia del decreto 1092 de 1996, el primero de los
citados solo se aplica a quienes cometan las infracciones cambiarias cuyo
conocimiento le compete a al Superintendencia de Sociedades, en tanto
que el último se aplica a quienes incurran en las infracciones cambiarias
cuyo conocimiento corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.

En consecuencia, como aquí se trata de una infracción cambiaria de
conocimiento de la Superintendencia de Sociedades, la Sala tendrá en
cuenta lo dispuesto en el artículo 6º del decreto 1746 de 1991 para
determinar si hubo o no caducidad de la acción cambiaria, con la
rectificación antes indicada, esto es, que dentro del término de
caducidad basta que se profiera y notifique la resolución que
sanciona”.

[…]”. (Negrilla y cursivas del texto)

65. Cabe resaltar que si bien dicha sentencia de unificación se originó a partir de la
interpretación de los artículos 12 de la Ley 25 de 197425 y 6 de la Ley 13 de 198426,
24
Consejero Ponente: Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola (Expediente núm. 2001-00094-01 (8386)).
25
Ley 25 de 1974 “[…] Por la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento del ministerio público y régimen
disciplinario, y se dictan otras disposiciones […]”, en su artículo 12, señala: “[…] ARTÍCULO 12. La acción disciplinaria
prescribe en cinco años contados a partir del último acto constitutivo de la falta. […]”.
26
Ley 13 de 1984, “[…] Por la cual se establecen normas que regulan la administración del personal civil y demás servidores
que prestan sus servicios en la rama ejecutiva del poder público en lo nacional y se dictan otras disposiciones sobre el régimen
de carrera administrativa […]”. “[…] ARTÍCULO 6. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria
prescribe en cinco años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, término dentro del cual deberá igualmente
imponerse la sanción. […]”.

14

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

esto es, en el régimen disciplinario, la Sección Primera del Consejo de Estado, de
manera uniforme, pacífica y reiterada ha acogido la citada sentencia de unificación
como parámetro de interpretación no solo respecto del artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo27 sino también del artículo 6° del Decreto-Ley 1746 de
199128.

66. Precisado lo anterior, en el sub examine, se encuentra acreditado lo siguiente:

• El Banco de la República mediante Oficio DCIN 6631 de 15 de abril de
2010, reportó a las personas naturales y jurídicas que realizaron registros por
concepto de inversiones internacionales y/o actualizaron la información de
sus inversiones en el mes de marzo de 2010.

• El Grupo de Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de
Sociedades, mediante auto núm. 230-020003 de 26 de octubre de 201029,
dispuso la apertura de la investigación administrativa cambiaria en el
expediente con radicación núm. 230-27423.

• La Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa de la
Superintendencia de Sociedades mediante auto núm. 230-003110 de 24 de
febrero de 201130, formuló pliego de cargos en contra de las sociedades
Mexichem Freshfields S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de CV y otra31,
por haber inobservado lo dispuesto en los artículos 8° y 15 del Decreto 2080
de 18 de octubre de 200032 y el numeral 7.2.9 punto de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN- 83 de 21 de noviembre de 2003 expedida por
el Banco de la República, esto es, por haber incumplido con la obligación de
haber informado a esa entidad bancaria la cancelación de registro de unas
inversiones extranjeras de manera oportuna.

• El auto de formulación de cargos fue notificado de manera personal a las
sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de
CV, a través de curadora ad-litem, el día 25 de marzo de 201133.

27
Se puede consultar, entre otras, (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 9 de junio de 2011, CP: Marco Antonio Velilla Moreno, radicado: 25000-23-24-000-2004-00986-01; (ii) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 12 de septiembre de
2019, radicación número: 25000-23-24-000-2011- 00494-01; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 13 de agosto de 2020, radicación número: 25000-23-24-
000-2003- 00330-01.
28
Se puede consultar, entre otras, (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María
Elizabeth García González, sentencia de 10 de octubre de 2012, radicado: 25000-23-24-000-1997-10054-01 y (ii) Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García González, sentencia de 20 de
noviembre de 2014, radicado: 25000-23-41-000-2013-00049-01, entre otras.
29
Folios 270 a 273 del Cuaderno 1.
30
Folios 392 a 395 del Cuaderno 1.
31
La sociedad Mexichem SAB de CV.
32
“[…] Por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital colombiano
en el exterior […]”.
33
Folios 398 a 401 del Cuaderno 1. Como quiera que el representante y/o apoderado de las sociedades actoras no fueron
notificadas personalmente, se fijó edicto por el término de 10 días. Transcurrido dicho término sin haber comparecido,
mediante auto 230-004626 del 25 de marzo del mismo año se les nombró curadora ad-litem, quien previa posesión, se le
corrió traslado del acto de formulación de cargos mediante notificación personal surtida el 25 de marzo de 2011.

15

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

• A través de la Resolución 230-000069 de 10 de enero de 201234, el
Coordinador del Grupo de Inversión y Deuda Externa (e) de la
Superintendencia de Sociedades absolvió a las sociedades actoras de los
cargos formulados en los artículos 2° y 3° del auto de formulación del pliego
de cargos e impuso sanción de multa en cuantía total de $561.729.820,00,
por haber inobservado lo dispuesto en los artículos 8 y 15 del Decreto 2080
de 18 de octubre de 2000, el numeral 7.2.9 punto de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN- 83 de 21 de noviembre de 2003 expedida por
el Banco de la República, esto es, por haber incumplido con la obligación de
haber informado a esa entidad bancaria la cancelación de registro de unas
inversiones extranjeras, cuyo plazo era el 31 de marzo de 2009.

• La Resolución 230-000069 de 10 de enero de 2012 fue notificada de
manera personal el 24 de enero de 2012 a la curadora ad-litem 35 y por edicto
fijado el 24 de enero de 2012 y desfijado el 6 de febrero de 201236.

• Las sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y Mexichem Cunalva
S.A. de CV interpusieron recurso de reposición, el cual fue resuelto a través
de la Resolución 301-006576 de 29 de noviembre de 201237, confirmando el
acto recurrido.

• La Resolución 301-006576 de 29 de noviembre de 2012 fue notificada por
edicto fijado el 20 de diciembre de 2012 y desfijado el 9 de enero de 201338.

67. En el sub lite, y del estudio de la actuación administrativa, consta que la parte
demandada impuso sanción de multa a las sociedades Mexichem Freshfields S.A.
de CV y Mexichem Cunalva S.A. de CV, por haber inobservado lo dispuesto en los
artículos 8 y 15 del Decreto 2080 de 2000, el numeral 7.2.9 punto de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN - 83 de 21 de noviembre de 2003 expedida por el
Banco de la República, esto es, por haber incumplido con la obligación de haber
informado a esa entidad bancaria la cancelación de registro de unas inversiones
extranjeras, cuyo plazo de vencimiento era el 31 de marzo de 2009.

68. En efecto, en la Resolución 230-000069 de 10 de enero de 201239, se señaló
lo siguiente:

“[…] 9.4.2. La carta de registro CIE – 02933 del 17 de junio de 2010
expedido por el Banco de la República (Fl. 020), da cuenta de la
cancelación de la inversión extranjera realizada en la sociedad
denominada PAVCO (hoy, MEXICHEM COLOMBIA S A S) de la
siguiente operación:

34
Folios 54 a 69 del Cuaderno 1.
35
Folio 464 del Cuaderno 1.
36
Folios 51 a 53 del Cuaderno 1.
37
Folios 71 a 81 del Cuaderno 1.
38
Folio 70 del Cuaderno 1.
39
Cfr: Folios 62 a 63 del Cuaderno 1.

16

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

9.4.3. A su turno, las cartas, CIE-02793 y CIE-02794 del 29 de marzo de
2010 y CIE- 02933 del 17 de junio del mismo año, también expedidas por
el Banco Emisor, informan la Cancelación de las inversiones extranjeras
realizadas en la misma sociedad receptora de las operaciones siguientes:

9.4.4. Conforme al artículo 8° del Decreto 2080 de 2000 y sus
modificaciones, en concordancia con el numeral 7.2.9, punto 2, de la
Circular Reglamentaria Externa DCIN- 83 del 21 de noviembre de 2003 y
sus modificaciones expedidas por el Banco de la República, el plazo para
informar las aludidas Cancelaciones del registro por parte de las
inversionistas MEXICHEM FRESHFIELDS S.A. DE C.V. y MEXICHEM
CUNALVA S.A. DE C.V. y MEXICHEM S.A.B. DE C.V. o quien
representara sus intereses, de las inversiones contabilizadas en las
fechas mencionadas en los cuadros que anteceden vencía el 31 de marzo
de 2009, plazo que no es prorrogable.

9.4.5. A folios 146, 150 y siguientes del expediente, se observan las
solicitudes formuladas al Banco de la República tanto de la modificación
como de la Cancelación parcial de las inversiones extranjeras, radicadas
el 06 y 25 de noviembre de 2009 con los números DER-BOG-53535-2009
y DER-BOG-56918-2009, con base en las cuales el Banco Emisor expidió
las cartas de Cancelación CIE-02793 y CIE-02794 del 29 de marzo de
2010 y CIE-02933 del 17 de junio del mismo año, estableciéndose que
dichas solicitudes, debiendo ser radicadas a más tardar el 31 de marzo
de 2009, fueron presentadas el 06 y 25 de noviembre del año 2009, por
fuera de la oportunidad establecida en el Régimen de Inversiones
Internacionales y con siete (7) meses y fracción de extemporaneidad,

17

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

circunstancia que implica la comisión de una infracción a dicho Régimen
que amerita la imposición de la correspondiente sanción. […]” (Negrilla y
subrayado del texto).

69. En tal virtud, en el presente caso, como quiera que el plazo de registro para
informar las cancelaciones de las inversiones extranjeras era el 31 de marzo de
2009, aspecto frente al cual no existe controversia, el plazo inicial de 2 años previsto
en el artículo 6° del Decreto-Ley 1746 de 1991, vencía el 1° de abril de 2011.

70. Sin embargo, este término se interrumpió con ocasión del auto de formulación
de cargos 230-003110 de 24 de febrero de 201140, el cual fue notificado a las
sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de CV a
través de curadora ad-litem, el día 25 de marzo de 201141, por lo que, el término se
extendió por un año más, esto es, hasta el 26 de marzo de 201242.

71. Así las cosas, como en el presente caso, la Resolución 230-000069 de 10 de
enero de 201243, mediante la cual se impuso la sanción a las sociedades Mexichem
Freshfields S.A. de CV y Mexichem Cunalva S.A. de CV fue notificada de manera
personal a la curadora ad- litem el 24 de enero de 2012 y por edicto desfijado el 6
de febrero de esa misma anualidad, no tuvo ocurrencia el fenómeno de la
caducidad de la facultad sancionatoria.

72. Por lo anterior, para el cómputo de la caducidad regulado en el artículo 6° del
Decreto-Ley 1746 de 1991, se debe tener en cuenta que dentro del término previsto
en esa norma se debe expedir y notificar el acto principal y no los actos que
resuelven los recursos en la vía gubernativa.

73. Porúltimo, frente a la inconformidad planteada por la Superintendencia de
Sociedades en el recurso de alzada, relacionada con la interpretación “[…] laxa […]”
que presuntamente efectuó el Tribunal en relación con la facultad que tenían los
apoderados para transigir, la Sala advierte que dicho reparo no fue estudiado por
el a quo, toda vez que, al haber prosperado el cargo de nulidad por falta de
competencia de la Superintendencia de Sociedades, se abstuvo de analizar los
demás cargos de nulidad.

74. Enconclusión, en el presente caso no operó la caducidad de la facultad
sancionatoria prevista en el artículo 6° del Decreto-Ley 1746 de 1991, motivo por el
cual se debe revocar la sentencia de 15 de mayo de 2014, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

40
Folios 392 a 395 del Cuaderno 1.
41
Folio 400 del Cuaderno 1.
42
“[…] ARTÍCULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados
y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último
día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. […]”.
“[…] ARTICULO 67. PLAZOS. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los
decretos del Presidente de la Unión, de los Tribunales o Juzgados, se entenderá que han de ser completos y correrán,
además, hasta la media noche del último día de plazo. […]”.
43
Folios 54 a 69 del Cuaderno 1.

18

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

II.5. Sobre la devolución del proceso al tribunal de origen

75. En este caso, el a quo desató solo la acusación sobre la caducidad de la facultad
sancionatoria y se abstuvo de analizar los demás cargos planteados en la
demanda.

76. Siguiendo la tesis expuesta por esta Sección, entre otras, en las sentencias de
14 de marzo de 201944, de 12 de diciembre de 201945 y de 13 de agosto de 202046,
resulta procedente devolver el expediente al Tribunal de origen para garantizar los
derechos fundamental al debido proceso y a la segunda instancia y el principio de
congruencia frente a los cargos que no fueron estudiados.

77. Para tal efecto, se dispondrá la devolución del proceso al Tribunal de origen
para que estudie los reproches no analizados. Ahora bien, la decisión deberá
emitirse, conjuntamente, con la orden de obedecimiento, dentro de los cuarenta
(40) días siguientes a la fecha en que el expediente ingrese al despacho para tal
fin.

II.6. Pronunciamiento sobre condena en costas

78. De acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, en concordancia
con el artículo 361 y 365 (numerales 4° y 8°) de la Ley 1564 de 12 de julio de 201247
y atendiendo al criterio objetivo – valorativo, la Sala no condenará en costas a la
parte vencida, esto es, a la parte demandante, por cuanto las mismas no se
encuentran probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de mayo de 2014, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen con el fin de que se
pronuncie de fondo respecto de los demás cargos que no analizó en primera

44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 14
de marzo de 2019, radicación Número: 05001-23-31-000-2010-01418-01.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 12 de diciembre de 2019, radicación número: 25000-23-24-000-2006-00115-01.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 13 de agosto de 2020, radicación número: 25000-23-24-000-2003-00330-01.
47
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

19

Radicación núm.: 25000 2341 000 2013 01680 01
Demandantes: Sociedades Mexichem Freshfields S.A. de CV y otra

instancia. La decisión de fondo deberá proferirse, conjuntamente, con el auto de
obedecimiento dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la fecha en que el
expediente ingrese al despacho para tal fin.

TERCERO: Sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Salva voto parcial
Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.