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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-01688-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-01688-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-01688-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

14 de agosto de 2026

1

Radicado: 25000 23 41 000 2013 01688 01
Demandante: Havelles Sylvania Colombia S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CORDOBA ACOSTA

Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 01688 01
Actora: Havelles Sylvania Colombia S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tesis: Son nulos por falsa motivación los actos administrativos mediante los cuales la
SIC sancionó a una empresa por incumplimiento de un requisito previsto en un
reglamento técnico, si se encuentra demostrado que para su expedición se utilizaron
criterios contemplados para un producto de distinta referencia al sancionado, con una
prueba que no medía el parámetro reprochado y con valores tomados en un momento
de la vida útil del producto distinto al previsto por la norma técnica aplicable.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 14 de mayo de 2015, proferida por la Sección Primera, Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. LA DEMANDA

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la sociedad
Havells Sylvania Colombia S.A. (en adelante Sylvania), a través de apoderado judicial,
interpuso demanda en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio (en
adelante SIC)1.

1.1. Pretensiones

2. El demandante formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Declarar nula la Resolución No. 22.725 del 18 de abril de 2012
expedida por la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de

1 El expediente digital se encuentra visible a índice 21 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 01688 01
Demandante: Havelles Sylvania Colombia S.A.

Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y
Comercio, así como la Resolución No. 42.995 del 23 de julio de 2012 expedida por
la misma Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y
Comercio, y finalmente debe revocarse la Resolución No. 71.220 del 26 de
noviembre de 2012 expedida por el Superintendente Delegado para el Control y
Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia
de Industria y Comercio.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, no exigir el pago de la
sanción pecuniaria equivalente a DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($283.335.000,00) mda/cte
impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a la empresa HAVELLS
SYLVANIA COLOMBIA S.A. mediante la Resolución No. 22.725 del 18 de abril de
2012 expedida por la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y
Comercio, así como la Resolución No. 42.995 del 23 de julio de 2012 expedida por
la misma Directora de Investigaciones para el Control y verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y
Comercio, y finalmente debe revocarse la Resolución No. 71.220 del 26 de
noviembre de 2012 expedida por el Superintendente Delegado para el Control y
Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia
de Industria y Comercio.”

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. La Resolución 22725 del 18 de abril de 2012, que dispuso:

1.2.2. La Resolución 42995 del 23 de julio de 2012, que dispuso:

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Demandante: Havelles Sylvania Colombia S.A.

1.2.3. La Resolución 71220 del 26 de noviembre de 2012, que dispuso:

1.3. Antecedentes

3. En junio de 2011, la Directora de la Cámara del Sector de Electrodomésticos
de la ANDI presentó ante la SIC una denuncia acompañada de un informe de ensayo
elaborado por el Laboratorio de Ensayos Eléctricos Industriales de la Universidad
Nacional de Colombia (en adelante LABE), en el que se indicaba que los bombillos
fluorescentes tubulares T12 marca Sylvania no cumplían los requisitos del
Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (en adelante RETILAP).

4. La SIC requirió al organismo de certificación BVQI Colombia Ltda. (en adelante
Bureau Veritas) para que allegara la documentación que sirvió de base para otorgar
el certificado de conformidad CP/3911-2011 al producto denominado Tubo
Fluorescente F48T12/DLP 39W marca Sylvania. Bureau Veritas remitió la
documentación solicitada.

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Demandante: Havelles Sylvania Colombia S.A.

5. Evaluada la documentación, la SIC concluyó que los soportes del proceso de
certificación del producto no evidenciaban la conformidad del parámetro de eficacia
luminosa exigido por el numeral 310.3.1 del RETILAP, que establece una eficacia
mínima de 70 lm/W para lámparas T12 de potencia entre 20 y 40 vatios.

6. Mediante comunicación 11-74501-9-0 del 20 de diciembre de 2011, la SIC dio
apertura a la investigación administrativa en contra de Sylvania, le puso de presente
los hallazgos evidenciados, le anexó el informe técnico preliminar y la requirió para
que ejerciera su derecho de defensa y contradicción.

7. Sylvania, a través de su representante legal, rindió explicaciones mediante
comunicación del 11 de enero de 2012 y aportó como soporte el certificado de
conformidad CP/3911-2011, sin solicitar la práctica de pruebas adicionales.

8. La SIC expidió la Resolución 22725 del 18 de abril de 2012, por medio de la
cual impuso la sanción pecuniaria y la medida administrativa pertinente. La
demandante interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. La
reposición fue resuelta desfavorablemente mediante la Resolución 42995 del 23 de
julio de 2012. La apelación fue resuelta mediante la Resolución 71220 del 26 de
noviembre de 2012, que redujo la multa a 500 SMLMV y fue notificada personalmente
el 5 de diciembre de 2012.

1.4. Normas violadas y concepto de violación

9. La parte actora invocó como vulnerados los artículos 2, 6, 29 y 209 de la
Constitución Política; los artículos 3, 43, 44, 45, 46, 47, 84 y 85 del Código
Contencioso Administrativo; el artículo 138 del CPACA; el artículo 29 del Decreto 2153
de 1992; los artículos 17 y 39 del Decreto 2269 de 1993 y el Reglamento Técnico
RETILAP contenido en la Resolución No. 180540 de 2010, modificada por la
Resolución No. 181568 de 2010. A continuación se sintetizan los cargos formulados
en la demanda.

1.4.1. Errores técnicos en la valoración probatoria

10. La parte actora señaló que la SIC confundió la prueba de eficacia lumínica con
la prueba de mantenimiento de flujo luminoso. Indicó que el cuadro denominado
«Mantenimiento del flujo luminoso en fluorescentes tubulares», que fue tomado por la
SIC como fundamento para calcular la eficacia lumínica, corresponde en realidad a

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una prueba de depreciación del flujo luminoso a lo largo de la vida útil de la lámpara.
Además, señaló que los valores utilizados por la SIC pertenecen a las referencias
F48T12LD y F48T8LD, que son diferentes a la referencia investigada y certificada,
esto es, la F48T12/DL Plus.

11. Expuso que Bureau Veritas aportó una fotografía de un fotómetro que
registraba una medición de 2.749 lúmenes, con lo cual la eficacia lumínica sería de
70,48 lm/W, cifra superior al mínimo exigido por el RETILAP. Sin embargo, la SIC
desestimó esta prueba al considerar que no permitía identificar el producto evaluado,
y en su lugar tomó como base otra imagen de pantalla que registraba 1.884 lúmenes,
la cual correspondía a una referencia diferente y a una fecha anterior a la certificación.

12. Añadió que la SIC calculó la eficacia con valores de flujo luminoso al final de la
vida útil de la lámpara (10.000 horas), cuando la norma exige que el cálculo se efectúe
con el flujo medido a las 100 horas de funcionamiento.

1.4.2. Desconocimiento del proceso de certificación

13. La actora manifestó que la SIC sancionó al fabricante por supuestas
deficiencias en un certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado.
Sostuvo que el sistema de certificación se basa en la confianza en los organismos
certificadores acreditados por el Estado, y que no es obligación del productor verificar
que el certificado esté adecuadamente expedido. Advirtió que el certificado de
conformidad No. CP/3911-2011 se encontraba vigente y no fue revocado.

1.4.3. Vulneración del debido proceso y del derecho de defensa

14. La actora expuso que la SIC fundó la sanción en pruebas que fueron aportadas
por Bureau Veritas dentro de una investigación paralela adelantada contra dicho
organismo, sin haberlas puesto previamente en conocimiento de Sylvania para su
contradicción. Indicó que la investigación debió girar exclusivamente sobre los
documentos y supuestos fácticos comunicados con el pliego de cargos.

1.4.4. Falsa motivación

15. Señaló que los actos demandados se fundaron en premisas técnicamente
erradas, en cuanto se afirmó que fue la empresa demandante quien realizó los
ensayos de laboratorio, lo cual no era cierto.

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16. Manifestó que la SIC calculó la eficacia lumínica con datos de referencias de
producto diferentes a la investigada, lo que condujo a una conclusión equivocada.

1.4.5. Falta de soporte y proporcionalidad de la sanción

17. Indicó que los fundamentos de la sanción son genéricos y carecen de sustento
técnico y científico respecto de la naturaleza de la infracción y los riesgos generados
frente a los consumidores.

18. Sostuvo que la sanción impuesta resulta desproporcionada, habida cuenta de
que se trata de la primera vez que la empresa era investigada y de que la autoridad
no efectuó un análisis de graduación conforme a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad.

1.4.6. Violación del principio de imparcialidad

19. La actora manifestó que la funcionaria Luz Ángela Parra Monroy instruyó la
investigación en su calidad de Coordinadora del Grupo de Trabajo de Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal y, posteriormente, al ser designada como Directora de
Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología
Legal, decidió la imposición de la sanción. Argumentó que ello vulneró la imparcialidad
objetiva, puesto que la misma persona que conoció de la etapa de instrucción fue
quien adoptó la decisión sancionatoria.

II.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

20. La SIC2 contestó la demanda manifestando su oposición a todas y cada una de
las pretensiones. Los argumentos de la defensa se sintetizan a continuación.

21. Frente al cargo de errores en la valoración probatoria, sostuvo que la
investigación se fundamentó en la documentación aportada por Bureau Veritas como
soporte del proceso de certificación, y que de dicha documentación se concluyó el
incumplimiento del requisito de eficacia luminosa del RETILAP. Indicó que ninguna de

2 Folios 250 a 295 ibidem.

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las pruebas aportadas por el organismo certificador ni por la demandante permitió
acreditar que el producto cumpliera con el estándar técnico exigido y que la Resolución
71.220 de 2012 analizó pormenorizadamente cada uno de los documentos, incluidas
las imágenes de fotómetro, sin que se hubiese demostrado el cumplimiento del
requisito.

22. Respecto del cargo de desconocimiento del proceso de certificación, afirmó que
el certificado de conformidad no exonera al fabricante de su obligación de demostrar
el cumplimiento del reglamento técnico. Señaló que la SIC se encuentra facultada por
los artículos 17 y 36 del Decreto 2269 de 1993 para verificar el cumplimiento de los
reglamentos técnicos, tanto por parte de los productores como de los organismos
certificadores.

23. En relación con la vulneración del debido proceso, aseguró que a Sylvania se
le comunicó oportunamente el inicio de la investigación, se le otorgó la oportunidad de
rendir explicaciones y de aportar pruebas y el expediente estuvo a su disposición para
consulta. Manifestó que el procedimiento se ajustó a las disposiciones legales
aplicables.

24. Sobre la falsa motivación, sostuvo que los actos demandados se fundaron en
hechos debidamente acreditados en el expediente administrativo y que la carga de
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos recaía en la demandante.

25. Frente al cargo de falta de proporcionalidad, indicó que la tasación de la multa
atendió los criterios legales y que la reducción a 500 SMLMV en sede de apelación
fue benévola, atendida la ausencia de antecedentes del investigado.

26. En cuanto a la violación del principio de imparcialidad, afirmó que la funcionaria
Luz Ángela Parra Monroy actuó en representación institucional de la SIC y no a título
personal. Señaló que la decisión sancionatoria no supuso un cambio de instancia que
hiciera exigible la separación de funciones entre instrucción y decisión, y que la
entidad obró en ejercicio de las facultades legales que le fueron conferidas.

III. LA SENTENCIA APELADA

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27. Mediante sentencia del 14 de mayo de 20153, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, declaró la nulidad de los actos
demandados. Los argumentos para la adopción de tal determinación fueron los
siguientes:

3.1. Vulneración del debido proceso

28. El a quo encontró que la SIC actuó en ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 36 del Decreto 2269 de 1993, que la conducta endilgada a Sylvania no se
fundó en el ensayo de laboratorio que acompañó la denuncia de la ANDI, sino en la
documentación remitida por Bureau Veritas como soporte del proceso de certificación.
Constató, además, que al momento de rendir explicaciones la demandante no solicitó
la práctica de nuevas pruebas, que el expediente estuvo a su disposición y que las
investigaciones en contra de Sylvania y de Bureau Veritas fueron llevadas de manera
separada. En consecuencia, el cargo no prosperó.

3.2. Errónea valoración probatoria

29. Encontró que la SIC basó el cálculo de la eficacia lumínica en el cuadro
denominado «Mantenimiento del flujo luminoso en fluorescentes tubulares», el cual,
según el dictamen pericial rendido por el auxiliar de la justicia, corresponde a una
prueba de factor de mantenimiento del flujo luminoso para las referencias de lámpara
F48T12LD y F48T8LD, que son diferentes a la referencia investigada (F48T12/DL
Plus).

30. Señaló que el dictamen pericial determinó que la prueba de factor de
mantenimiento de flujo luminoso, por sí sola, no sirve para determinar la eficacia
luminosa, y que para ello se requiere adicionalmente la medición de la potencia
disipada por el tubo fluorescente a 100 horas de vida, conforme al numeral 6.3 de la
Norma NTC 318. Igualmente, el perito concluyó que la eficacia mínima de 57,59 lm/W
calculada por la SIC no era procedente, ya que se obtuvo con el flujo luminoso de
2.246 lúmenes que presentaba la lámpara a las 10.550 horas de vida, cuando el
cálculo debe efectuarse con valores a las 100 horas.

3 Folios 461 a 498 ibidem.

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31. Asimismo, el a quo advirtió que en los antecedentes administrativos obraba el
informe final CFC130810-CP 2010-2590 emitido por Bureau Veritas, que registraba
para la referencia F48T12/DL Plus, un flujo luminoso de 2.749 lúmenes y una eficacia
de 70 lm/W, y que no fue aportado por la SIC un documento técnico que desvirtuara
dichas cifras.

32. Reconoció que no se allegó prueba de laboratorio que determinara
directamente el cumplimiento del factor de eficacia luminosa para el producto
F48T12/DL Plus. Sin embargo, concluyó que tampoco resultaba probado lo contrario.
Sobre este punto, el perito había señalado que en el expediente no existía ensayo de
laboratorio que acreditara el cumplimiento, pero que en el informe final de Bureau
Veritas aparecía la referencia F48T12/DL Plus con valores de 2.730 lúmenes y eficacia
de 70 lúmenes/vatio, dato que no fue absuelto de forma definitiva al no evidenciarse
los ensayos de laboratorio de soporte.

33. En este sentido, la sentencia de primera instancia concluyó que se evidenciaba
un defecto fáctico en la valoración de las pruebas debido a que para el cálculo de la
eficacia lumínica la SIC utilizó criterios contemplados para otro tipo de lámpara de
diferente referencia, lo cual no permitía determinar el incumplimiento del RETILAP.

34. Por economía procesal y al considerar que con el cargo precedente existían
suficientes elementos para adoptar una decisión de fondo, la Sala se abstuvo de
estudiar los cargos restantes. En consecuencia, el Tribunal declaró la nulidad de las
Resoluciones Nos. 22.725 del 18 de abril de 2012, 42.995 del 23 de julio de 2012 y
71.220 del 26 de noviembre de 2012, y ordenó a la SIC no exigir el pago de la sanción
pecuniaria. Condenó en costas a la parte demandada.

IV.RECURSO DE APELACIÓN

35. La SIC4, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia. Circunscribió su inconformidad exclusivamente a la
prosperidad otorgada al segundo cargo relativo a la errónea valoración probatoria. Los
argumentos del recurso se sintetizan a continuación.

4 Folios 502 a 511 Ibidem.

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4.1. La carga de demostrar el cumplimiento del reglamento técnico
corresponde al productor

36. La apelante sostuvo que de conformidad con los artículos 7 y 8 del Decreto
2269 de 1993 los fabricantes deben demostrar previamente a la comercialización de
sus productos el cumplimiento de los reglamentos técnicos, mediante la obtención del
correspondiente certificado de conformidad respaldado por los ensayos, inspecciones
y auditorías que soporten dicho certificado. Señaló que la carga probatoria del
cumplimiento de los estándares técnicos recae en el productor y no en la autoridad de
vigilancia. Indicó que, si se exigiera a la SIC demostrar el incumplimiento de cada
producto mediante pruebas propias, la vigilancia del mercado se limitaría a unos pocos
casos al año, lo que generaría un riesgo grave para los consumidores.

4.2. En el expediente no obra prueba del cumplimiento del requisito de eficacia
luminosa

37. Señaló que el perito judicial concluyó que en el expediente no existía ensayo
de laboratorio que probara el cumplimiento del factor de eficacia luminosa definido en
el RETILAP para el producto F48T12/DL Plus.

38. Respecto del informe final de Bureau Veritas que mencionaba el dato de 2.749
lúmenes, indicó que dicho informe carecía de los ensayos de laboratorio que lo
soportaran, razón por la cual no podía tenerse como prueba del cumplimiento.
Manifestó que el Tribunal erró al concluir que la SIC no probó que el producto no
cumplía con el requisito de eficacia luminosa, puesto que era a Sylvania a quien le
correspondía probar dicho cumplimiento.

39. En ese sentido, sostuvo que para que una indebida valoración probatoria
genere la anulación de un acto administrativo, es necesario que el error tenga la
entidad suficiente para variar el sentido de la decisión. En el caso concreto, con
independencia de los cuestionamientos a la valoración efectuada por la SIC, el
fundamento fáctico de los actos demandados persistía, en la medida en que Sylvania
comercializó el producto sin contar con una prueba idónea que demostrara el
cumplimiento de los estándares de eficacia lumínica del RETILAP.

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40. Solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, denegar las pretensiones de la demanda.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

41. Por medio de auto del 2 de diciembre de 20155, el Despacho admitió el recurso
de apelación interpuesto y sustentado oportunamente por la parte demandada en
contra de la sentencia del 14 de mayo de 2015.

42. Mediante auto del 11 de julio de 20196 se corrió el traslado por un término de
10 días para alegar de conclusión. Vencido dicho término, se dispuso correr traslado
al Ministerio Público por el término de 10 días.

43. Dentro del término establecido en el auto del 11 de julio de 2019, la parte
demandante presentó alegatos de conclusión7 en los que solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia. Reiteró que la SIC confundió la prueba de eficacia
lumínica con la prueba de mantenimiento de flujo luminoso, que utilizó valores
correspondientes a referencias de producto diferentes al investigado, y que la
sentencia del Tribunal fue precisa y clara al identificar las falencias probatorias de la
actuación administrativa

44. De la misma manera, la SIC presentó alegatos de conclusión8 en los que reiteró
los argumentos presentados en el recurso de apelación. Insistió en que la carga de
demostrar el cumplimiento del RETILAP recaía en el productor conforme a los
artículos 7 y 8 del Decreto 2269 de 1993, que el perito judicial confirmó la inexistencia
de ensayo de laboratorio que acreditara el cumplimiento y que la infracción
sancionada subsistía con independencia de cualquier error en la valoración probatoria
efectuada por la SIC.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

45. El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

5 Visible a índice 6 de SAMAI.
6 Visible a índice 9 ibidem.
7 Visible a índice 12 ibidem.
8 Visible a índice 13 ibidem.

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VII. DECISIÓN

46. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

VIII. CONSIDERACIONES

8.1. Competencia

47. De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y
de lo previsto en los artículos 13, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de
Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

8.2. De la falsa motivación de los actos administrativos sancionatorios, la
carga de la prueba del incumplimiento del reglamento técnico y los límites a la
reformulación de la imputación en sede judicial

48. Procederá la Sala a establecer si son nulos por falsa motivación los actos
administrativos mediante los cuales la SIC sancionó a una empresa por
incumplimiento de un requisito previsto en un reglamento técnico, si se encuentra
demostrado que para su expedición se utilizaron criterios contemplados para un
producto de distinta referencia al sancionado, con una prueba que no medía el
parámetro reprochado y con valores tomados en un momento de la vida útil del
producto distinto al previsto por la norma técnica aplicable, si según el recurrente el
fabricante tenía la carga de acreditar que el producto cumplía el reglamento técnico y
en el expediente no obra prueba directa de ese cumplimiento, de modo que la
infracción subsistiría.

49. Resolver tal interrogante supone dar cuenta de la aludida causal de nulidad. La
jurisprudencia de esta Sección ha definido la falsa motivación en los siguientes
términos:

“El citado vicio de nulidad debe ser entendido desde tres (3) enfoques distintos, a
saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, aspectos éstos que deben ser analizados siempre desde el contenido

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mismo del acto censurado; es decir, atendiendo su alcance interno, lo que impone
que el análisis haga referencia a lo que expone el acto administrativo en la parte
motiva y en la resolutiva.

Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para
expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no
tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el acto
toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a atacar
los supuestos jurídicos empleados en la parte motiva y que sustentan la expedición
del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que invoca la
Administración no tiene el alcance para definir la situación jurídica en el acto, la
suerte que corre en un juicio de nulidad será la de desaparecer del orden jurídico
por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación surge del análisis de congruencia de lo que el
acto dice en su parte motiva con lo que decide en la resolutiva, de tal manera que,
si no hay debida correspondencia entre uno y otro, habrá lugar a declarar que el
mismo ha incurrido el vicio que aquí se analiza”9.

50. Entonces, el análisis de la falsa motivación debe realizarse desde el contenido
mismo del acto administrativo cuestionado, esto es, a partir de la relación entre su
parte motiva y su parte resolutiva. Desde esta perspectiva, el vicio puede presentarse
como falsa motivación de hecho cuando se demuestra que los supuestos fácticos
invocados por la administración no son ciertos o no corresponden a la realidad
probatoria; como falsa motivación de derecho cuando la norma invocada no existe, no
resulta aplicable o no tiene el alcance que la autoridad le atribuye o como indebida
motivación cuando las razones expuestas no guardan una relación lógica, suficiente
o adecuada con la decisión finalmente adoptada.10

51. Esta última modalidad se configura cuando la parte resolutiva no se sigue de
las premisas expuestas en la parte motiva, cuando los medios invocados no son
idóneos o suficientes para alcanzar el fin perseguido, cuando la decisión se apoya en
el descarte de otras hipótesis sin acreditar positivamente la que sustenta el acto o
cuando la administración equipara situaciones que no comparten las mismas
condiciones relevantes. En todos esos eventos, el defecto compromete la estructura

9 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 28 de abril de 2022. Expediente 47001 23 31 000

2012 00414 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28 de abril

de 2022. Proceso radicado no. 47001 23 31 000 2012 00414 01. C.P. Oswaldo Giraldo López.

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causal del acto, porque la decisión carece de un enlace racional, jurídico o probatorio
suficiente con los motivos que dice tener por fundamento.11

En línea con lo anterior, la falsa motivación no se configura únicamente cuando el
hecho invocado es materialmente inexistente. También se presenta cuando el acto
pierde su estructura causal porque la decisión no se sigue racional, jurídica o
probatoriamente de las premisas que la autoridad empleó para adoptarla. En uno y
otro evento el juicio de nulidad opera como una verificación objetiva de
correspondencia entre lo que el acto afirma y la realidad fáctica y probatoria del
expediente, de modo que si los motivos determinantes resultan desvirtuados la
presunción de legalidad se quiebra.

52. Ilustrado su alcance, la Sala transcribe los apartes pertinentes de la parte
motiva de la Resolución 22725 del 18 de abril de 2012, acto en el que se estructuró la
imputación sancionatoria:

11 Ibidem.

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53. De la parte motiva transcrita se desprende que el acto definitivo se fundamentó
en lo que sigue: (i) al evaluar la documentación remitida por Bureau Veritas como
soporte del certificado de conformidad CP/3911-2011 la entidad consignó que entre
esas pruebas no se encontró ninguna que sustentara que el producto cumpliera
adecuadamente el requisito de eficacia luminosa mínima del RETILAP y anotó que la
investigada no aportó pruebas de ensayos; (ii) a renglón seguido tuvo por demostrado
que el producto F48T12/DL Plus incumplía la eficacia luminosa mínima de 70 lm/W
prevista en la tabla 310.3.1 b del RETILAP para lámparas T12 de potencia entre 20 y
40 vatios; (iii) esa eficacia se dedujo del cuadro denominado «Mantenimiento del flujo
luminoso en fluorescentes tubulares» obrante a folio 53 del expediente administrativo;
(iv) con el valor mínimo de ese cuadro de 2.246 lúmenes y la potencia nominal de 39
vatios calculó una eficacia de 57,59 lm/W y con el valor máximo de 2.537 lúmenes una
de 65,05 lm/W ambas inferiores al mínimo reglamentario; (v) descartó la medición de
2.749 lúmenes invocada en los descargos del organismo certificador por no identificar
el producto evaluado y acogió el registro de 1.884 lúmenes de folio 52 que arrojaría
una eficacia de 48 lm/W; (vi) precisó que los hallazgos que dieron lugar a la
investigación estaban soportados «estrictamente» en esos antecedentes
documentales y no en el ensayo de laboratorio que acompañó la denuncia; y (vii)
concluyó que el producto era fabricado y comercializado sin cumplir el requisito del
literal a) del numeral 310.3.1 del RETILAP e impuso la sanción pecuniaria y la orden
administrativa.

54. La Resolución 42995 del 23 de julio de 2012 mantuvo ese análisis al resolver
la reposición. Sostuvo que ante la falta de trazabilidad de las mediciones de 2.749 y
2.775 lúmenes invocadas por la investigada el cálculo debía efectuarse con el cuadro
de mantenimiento del flujo luminoso que se encontraba a folio 53, del cual se
establecía «sin duda alguna» que el flujo del producto era de 2.537 lúmenes, valor
que tampoco alcanzaba la eficacia mínima reglamentaria. La Resolución 71220 del 26
de noviembre de 2012 reiteró la conclusión al resolver el recurso de alzada. Advirtió
que las referencias del cuadro a folio 53 no corresponden a la investigada, pero agregó
que en gracia de discusión el primer valor allí anotado, de 2.537 lúmenes, resultaba
insuficiente para cumplir con lo establecido en la norma, y precisó el fundamento de
la decisión así:

“(…) lo que encuentra este Despacho es que la sanción impuesta se basó en que
existen pruebas suficientes en el expediente para determinar que el producto no
cumple con todos los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico RETILAP,

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especialmente porque incumple el requisito de eficacia luminosa establecido en el
numeral 310.3.1 (…)”.

55. Entonces, el reproche formulado en sede administrativa se basó en la
existencia de pruebas suficientes para determinar que el producto no cumplía el
reglamento, lo cual fue reiterado en el punto de la graduación de la multa al afirmar
que la eficacia lumínica del producto estaba muy por debajo de la mínima exigida. En
este sentido, la causa de la sanción fue la demostración técnica del incumplimiento
que la autoridad afirmó haber efectuado.

56. Precisado lo anterior la Sala no comparte la premisa sobre la que se edifica el
recurso. La SIC no sancionó a Sylvania por haber incumplido una carga probatoria.
La sancionó porque afirmó haber demostrado técnicamente que, a su juicio, el
producto presentaba una eficiencia lumínica inferior a la reglamentaria y que no había
demostrado probatoriamente lo contrario. En ese sentido, la falta de acreditación de
los ensayos no funcionó como fundamento autónomo sino como premisa del análisis
técnico con el que la autoridad afirmó demostrar el incumplimiento.

57. El yerro advertido en esa demostración no es marginal sino determinante. Lo
es en primer lugar porque el precepto cuya violación se declaró establecida es un
requisito de producto y la única vía por la que las decisiones censuradas tuvieron por
acreditada esa violación fue el cálculo de la eficacia luminosa. Lo es en segundo lugar
porque la graduación de la multa se apoyó en la magnitud del incumplimiento así
calculado y en el riesgo que de él se derivaba para la salud de las personas y para el
medio ambiente.

58. Aun si se admitiera que el enunciado sobre la falta de acreditación operó como
fundamento concurrente tampoco podría sostener por sí solo las decisiones que se
impugnan. Tratándose de actos sancionatorios la motivación no cumple una función
meramente formal sino que constituye una garantía reforzada derivada del ius
puniendi estatal, de modo que la ausencia de prueba de descargo no equivale a la
prueba de la conducta típica. Admitirlo trasladaría al administrado la carga de
demostrar su inocencia y permitiría sancionar sobre una duda no despejada con
desconocimiento del principio de tipicidad, de la presunción de inocencia y del in dubio
pro administrado. Por ello cuando la Administración sanciona con fundamento en un
supuesto técnico que después se demuestra contrario a la realidad el vicio adquiere
una gravedad cualificada.

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59. El argumento esgrimido por la apelante tampoco encuentra sustento en la
norma que invoca. El artículo 8 del Decreto 2269 de 1993, en la redacción que le dio
el artículo 1 del Decreto 3144 de 2008 y que se encontraba vigente para la época de
los hechos, dispone que previamente a su comercialización los fabricantes,
importadores y comercializadores deberán demostrar el cumplimiento del reglamento
técnico «a través del certificado de conformidad expedido por un organismo acreditado
o designado». Esa carga fue satisfecha por Sylvania que contaba con el certificado
CP/3911-2011 vigente para el producto investigado. La disposición no exige al
productor practicar ni conservar ensayos de laboratorio adicionales y la eventual
deficiencia de los soportes de la certificación compromete la responsabilidad del
organismo certificador, como lo refleja la investigación separada que la propia entidad
adelantó contra Bureau Veritas. La ausencia de un ensayo de laboratorio en el
expediente no configura entonces por sí misma la infracción que los actos sancionaron
ni releva a la autoridad de la correspondencia que debe existir entre los motivos de su
decisión y la realidad probatoria.

60. El sistema de evaluación de la conformidad se estructura como una cadena de
confianza institucional. La acreditación del organismo de certificación correspondía
para la época de los hechos al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia por
designación del Decreto 4738 de 2008, mientras que la supervisión, el control y la
sanción de los organismos acreditados permanecieron en cabeza de la SIC. El
organismo acreditado evalúa la conformidad del producto con el reglamento técnico y
expide el certificado. El fabricante obtiene y exhibe ese certificado como prueba de
cumplimiento. Si los soportes técnicos de la certificación resultan deficientes la
responsabilidad recae sobre el organismo certificador y no sobre el fabricante porque
es a aquel a quien compete garantizar la idoneidad de los ensayos e inspecciones que
respaldan el certificado. Así lo confirma el artículo 37 del Decreto 2269 de 1993 que
en su numeral 2 literal b) contempla como conducta sancionable que los organismos
«emitan certificados o dictámenes falseados». Consecuente con ello los actos
demandados dispusieron dar traslado de la actuación al citado organismo de
acreditación.

61. En este contexto, si la SIC consideraba que, pese a la existencia del
certificado de conformidad, el producto no cumplía con el estándar de eficacia
luminosa exigido por el RETILAP, era a ella a quien le correspondía demostrarlo

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mediante pruebas idóneas. Precisamente eso es lo que la SIC intentó hacer:
emprendió un análisis técnico de los documentos de soporte de la certificación y
concluyó, a partir de ese análisis, que el producto no cumplía. Lo que ocurre es que
ese análisis fue desvirtuado por el auxiliar judicial en el marco del presente proceso.

62. En efecto, el dictamen pericial desvirtuó ese soporte en todos sus extremos. En
primer lugar, estableció que el cuadro visible a folio 53 corresponde a una prueba de
factor de mantenimiento del flujo luminoso que mide la depreciación del flujo a lo largo
de la vida útil y no registra potencia alguna. La eficacia luminosa es la relación entre
el flujo luminoso y la potencia disipada por el tubo medidos a las 100 horas de vida.
La SIC dedujo entonces el incumplimiento de un parámetro a partir de una prueba que
no lo mide y respecto de la cual no era posible efectuar válidamente la operación
matemática que define el reglamento.

63. En segundo lugar, el perito determinó que los valores de 2.537 y 2.246 lúmenes
empleados en el cálculo pertenecen a las referencias F48T12LD y F48T8LD, que son
lámparas distintas de la investigada. La administración trasladó al producto
F48T12/DL Plus datos de productos diferentes y los presentó como demostración de
su incumplimiento. En tercer lugar, acreditó que la eficacia de 57,59 lm/W se obtuvo
con el flujo que presentaba la lámpara a las 10.550 horas de vida cuando la norma
técnica ordena efectuar la medición a las 100 horas de funcionamiento. El valor
tomado al final de la vida útil no podía servir para verificar un requisito que debe
medirse al inicio.

64. A lo anterior se agrega que la entidad descartó la información favorable que
obraba en los soportes de la certificación. El informe final CFC130810-CP 2010-2590
consignó en su anexo de datos técnicos, para la referencia investigada, un flujo de
2.730 lúmenes y una eficacia de 70 lm/W, y en las conclusiones del informe de
laboratorio un resultado de 2.749 lúmenes, sin que se aportara documento técnico que
desvirtuara esas cifras. En su lugar la SIC acogió el registro de 1.884 lúmenes de folio
52 tomado el 20 de septiembre de 2010 respecto del cual la investigada advirtió desde
la sede administrativa que correspondía a una referencia distinta y a una fecha anterior
a la certificación. La decisión se apoyó así en el descarte de la hipótesis favorable sin
acreditar positivamente la que sustentó la sanción.

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65. De esta forma, se comprueba que los supuestos de hecho que la entidad tuvo
por ciertos no corresponden a la realidad probatoria, lo que configura una falsa
motivación de hecho. Además, esos mismos yerros revelan una indebida motivación
porque la conclusión sancionatoria no se sigue lógica ni técnicamente de las premisas
invocadas. Una prueba relativa al mantenimiento del flujo luminoso no era idónea para
acreditar el incumplimiento del parámetro de eficacia luminosa. Los datos
correspondientes a referencias distintas no eran suficientes para sancionar el producto
investigado y los valores tomados a las 10.550 horas de vida útil no podían fundar la
verificación de un requisito que debía medirse a las 100 horas. La decisión carece de
cualquier enlace racional, jurídico y probatorio con los motivos que dice tener por
fundamento.

66. La revisión integral de los actos confirma que toda su fundamentación
determinante dependía de ese mismo eje. La Resolución 22725 derivó la infracción
del análisis técnico de los documentos de la certificación y declaró establecida la
violación del literal a) del numeral 310.3.1 del RETILAP. La Resolución 42995 mantuvo
ese análisis y trasladó el cálculo al valor de 2.537 lúmenes del mismo cuadro de folio
53 con lo cual incurrió en idénticos defectos porque esa prueba sigue sin medir
potencia y sin corresponder a la referencia investigada. La Resolución 71220 reiteró
la conclusión incluso después de advertir que las referencias del cuadro no
concuerdan con la investigada y en ese punto acudió expresamente a un
razonamiento en gracia de discusión para conservar el cálculo. Ninguno de los actos
estructuró la responsabilidad sobre un fundamento autónomo distinto de la
demostración técnica del incumplimiento del parámetro de eficacia luminosa.

67. El examen del proceso de certificación tampoco constituyó una causa
sancionatoria independiente. Los actos valoraron los soportes del certificado de
conformidad CP/3911-2011 únicamente como insumo del cálculo con el que afirmaron
demostrar el incumplimiento. El producto contaba con ese certificado, vigente,
expedido por un organismo acreditado de modo que la sanción no se fundó en su
ausencia ni en la omisión de una actividad probatoria del fabricante sino en la
demostración técnica que resultó desvirtuada.

68. Por lo tanto, la ilegalidad advertida no deriva de una simple diferencia de
apreciación probatoria. La administración no sancionó con base en un hecho cierto
pero insuficientemente probado sino con fundamento en una premisa técnica contraria

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a la realidad acreditada en el proceso. Desvirtuado el soporte que permitió afirmar el
incumplimiento del RETILAP el acto sancionatorio quedó sin causa real. En
consecuencia los actos demandados están viciados de falsa motivación tal como lo
concluyó el Tribunal.

69. La contradicción entre lo afirmado en los actos sancionatorios y lo acreditado
en el proceso se condensa en el siguiente cuadro:

Lo probado por el Contradicción o
Fundamento del Soporte utilizado Efecto sobre la
dictamen pericial y defecto de
acto sancionatorio por la SIC validez del acto
por el Tribunal motivación

La prueba
Afirmación de que el Cuadro corresponde al factor
Falsa motivación de
producto incumplía «Mantenimiento de mantenimiento del El parámetro
hecho e indebida
el parámetro de del flujo luminoso flujo luminoso reprochado se
motivación del
eficacia luminosa en fluorescentes (numeral 4.8.1 NTC dedujo de una
fundamento técnico
con una eficacia de tubulares» de folio 318), no mide potencia prueba que no lo
central de la
57,59 lm/W frente al 53 del expediente y por sí sola no permite mide.
sanción.
mínimo de 70 lm/W. administrativo. determinar la eficacia
luminosa.

Cálculo de la eficacia Los valores
con los valores de Datos de pertenecen a las
Se trasladaron al Los supuestos
flujo de 2.537 y laboratorio referencias F48T12LD
producto investigado fácticos del acto no
2.246 lúmenes consignados en el y F48T8LD, distintas
datos de productos corresponden a la
atribuidos al mismo cuadro a de la investigada y
diferentes. realidad probatoria.
producto folio 53. certificada F48T12/DL
investigado. Plus.

La eficacia debe
El requisito se
Flujo de 2.246 calcularse con el flujo y El cálculo que
Cuantificación de la verificó en un
lúmenes registrado la potencia disipada cuantificó la
infracción en una momento de la vida
a las 10.550 horas medidos a las 100 infracción quedó
eficacia mínima de útil distinto del
de vida de la horas de vida técnicamente
57,59 lm/W. previsto por la norma
lámpara. (numerales 6.3 y 2.1.9 desvirtuado.
técnica.
NTC 318).

El informe final
CFC130810-CP 2010-
2590 registraba para la La decisión se apoyó
Descarte de la
Captura de referencia investigada en el descarte de la
medición de 2.749 Indebida motivación
pantalla de 2.749 lúmenes y 70 información
lúmenes (eficacia de por ruptura del
fotómetro de folio lm/W sin documento favorable sin
70,48 lm/W) y enlace probatorio
52 del 20 de técnico que lo acreditar
preferencia por el entre las premisas y
septiembre de desvirtuara. El registro positivamente la
registro de 1.884 la decisión.
2010. preferido correspondía hipótesis
lúmenes.
a otra referencia y a sancionatoria.
una fecha anterior a la
certificación.

El acto anunció
demostrarlo «como se
Afirmación de que no Enunciado No constituye
verá a continuación»,
se encontró prueba introductorio del El enunciado opera fundamento
declaró establecida la
que acreditara el considerando como premisa del independiente que
violación del literal a)
cumplimiento y de Undécimo y aparte cálculo y no como subsista tras
del numeral 310.3.1
que la investigada no relativo a la imputación desvirtuarse la
del RETILAP y ordenó
aportó ensayos de responsabilidad autónoma. demostración
el reemplazo del
laboratorio. del productor. técnica.
producto por uno
conforme.

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70. En conclusión, el a quo no erró al declarar la nulidad de los actos acusados.
La motivación determinante de las Resoluciones 22725 del 18 de abril de 2012, 42995
del 23 de julio de 2012 y 71220 del 26 de noviembre de 2012 consistió en la
demostración técnica del incumplimiento del parámetro de eficacia luminosa del
RETILAP y esa demostración fue desvirtuada por el dictamen pericial sin controversia
eficaz de la entidad apelante. El enunciado sobre la falta de acreditación del
cumplimiento figuraba en los actos, pero no constituyó fundamento autónomo de la
sanción y por ello no subsana la falsa motivación acreditada. Por lo tanto, la Sala
confirmará la sentencia apelada del 14 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

8.3. Costas en segunda instancia

71. En observancia de los artículos 188 del CPACA12 y 365 del CGP13, en especial
su numeral 8, sobre condena en costas y a lo expuesto sobre el punto por esta
Corporación, advierte la Sala que esa clase de condenas atiende a un criterio objetivo
valorativo. Dicho criterio: i) es objetivo porque no resulta de un obrar temerario o de
mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota
en el proceso o recurso que hay interpuesto, y ii) es valorativo porque se requiere en
el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su

12 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
13 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

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comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
efectivamente realizada dentro del proceso.

72. En consecuencia, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena
en costas a la parte demandada, pues no existe prueba de que las mismas se
ocasionaran.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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