Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-01861-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-01861-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-01861-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Núm. único de radicación: 250002341000201301861011
Demandante: Jairo Maya Salazar
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tema: Prácticas restrictivas de la competencia por colusión en licitación pública.
Reiteración jurisprudencial2.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala3 decide los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las
partes, contra la sentencia proferida el 8 de octubre de 2015 por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Jairo Maya Salazar4, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte
1 Demanda presentada el 23 de julio de 2013, según obra a folio 22, en vigencia de la Ley 1437 de 18 de
enero de 2011, por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
2 En el mismo sentido. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de
5 de agosto de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 25000234100020130060901 […]”
3
Esta Sala de decisión, por auto de 30 de enero de 2018, aceptó la declaración de impedimento del doctor Oswaldo
Giraldo López con fundamento en el numeral 3.º del artículo 130 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.
4 Por intermedio de apoderado.
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones6:
“[…] 1.- Se DECLARE LA NULIDAD de los artículos Primero (1º), Tercero (3°),
Quinto (5°), Séptimo (7°) y Octavo (8°) de la Resolución Numero 40901 de 28
de junio de 2012, por medio de los cuales la Superintendencia de Industria y
Comercio declaró que el señor JAIRO MAYA SALAZAR contravino lo dispuesto
en el numeral 9° del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, imponiéndole, en el
artículo 3° una sanción pecuniaria por la suma de mil setecientos cincuenta y seis
millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos
M/CTE ($1.756.544); en el artículo 5° ordenando realizar una publicación; en el
artículo 7° que el INPEC evalúe y determine las acciones que considere y resulten
procedentes y en el 8° en donde se ordena remitir a La Fiscalía General de la
Nación la resolución 40901.
2. Se DECLARE LA NULIDAD de la Resolución Numero 53979 de fecha 14 de
septiembre de 2012, por medio de la cual se resolvieron unos recursos de
reposición, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en
todas sus partes la Resolución Numero 40901 de 28 de junio de 2012.
3. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se realicen las siguientes
declaraciones y condenas:
3.1 Se restablezca el derecho de mi poderdante, señor JAIRO MAYA SALAZAR,
en su buen nombre y su derecho a la libertad de empresa, por cuanto derivado de
la investigación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio, así
como por la imposición de la multa y la declaratoria de la responsabilidad en la
comisión de prácticas restrictivas de la competencia, se efectuó la publicación de
noticias en prensa, radio, televisión y revistas de alta circulación nacional, en las
cuales se mencionó en repetidas ocasiones el nombre del señor JAIRO MAYA
SALAZAR, afectando así su buen nombre y su credibilidad en el desarrollo de las
actividades comerciales que solía ejercer en el ámbito de la contratación para la
prestación de servicios licitación públicas a entidades del estado y en diferentes
sectores de la economía y en el suministro de alimentos, actividad que ha venido
realizando por más de 30 años.
3.2 Que la Superintendencia de Industria y Comercio declare, a través de medios
de prensa como el Tiempo, El Espectador, Revista Semana y Revista Dinero que
el señor JAIRO MAYA SALAZAR nunca incurrió en la ejecución de conductas
constitutivas en prácticas restrictivas de la competencia en el proceso de Licitación
No. 001 de 2011 adelantado por el INPEC.
3.3. Que la Superintendencia de Industria y Comercio comunique a los entes de
control y vigilancia así como a la fiscalía que el señor JAIRO MAYA SALAZAR
nunca incurrió en la ejecución de conductas constitutivas en prácticas restrictivas
de la competencia en el proceso de Licitación No. 001 de 2011 adelantado por el
INPEC.
5 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
[…]”
6 Cfr. folio 3 del cuaderno núm. 1 del expediente .
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
3.4 Que se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio, pagar a favor
del señor JAIRO MAYA SALAZAR, a título de indemnización, todos los perjuicios
morales ocasionados con la expedición de los actos administrativos indicados en
la pretensión primera de esta acción, por cuanto se ha visto afectado en su buen
nombre, su actividad comercial y su vida familiar. La cuantía de dichos perjuicios,
los cuales serán probados en el proceso de acuerdo con la prueba pericial que se
solicita en la presente acción, lo estimo razonadamente bajo la gravedad de
juramento y de conformidad con lo estipulado en el numeral 1 del artículo 206 del
Código General del Proceso, en la suma de cuatrocientos ($400.000) millones de
pesos.
3.5 Que se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio, pagar a favor
del señor JAIRO MAYA SALAZAR, todos los perjuicios materiales, derivados de
los daños y perjuicios causados con la expedición de las Resoluciones atacadas
en esta demanda y que han sido causados en virtud de la sanción al inhabilitarlo
para ejercer su actividad comercial, privándolo, de manera ilegal, de la posibilidad
de contratar con el estado para la provisión de servicios alimentación, así como la
ejecución del contrato mencionado que dio lugar a la investigación y sanción que
nos ocupa y por ende, que se restablezca su derecho como persona habilitada
para presentarse en procesos de contratación pública, al no haber incurrido en
conductas contrarias a la Ley. La cuantía de dichos perjuicios, que será probada
durante el transcurso del proceso a través de diversos elementos de prueba,
principalmente mediante la prueba pericial que se solicita en la presente acción,
la estimo razonadamente bajo la gravedad de juramento y de conformidad con lo
estipulado en el numeral 1 del artículo 206 del Código General del Proceso, en
($1.756.544.000), correspondientes al valor de la multa impuesta en los actos
administrativos atacados, proferidos por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
3.6 Que se reconozca por parte de la Nación - Superintendencia de Industria y
Comercio, el pago de costas y gastos procesales a favor de mi poderdante, así
como las agencias en Derecho […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
4. Mediante la Resolución núm. 24536 del 2 de mayo de 2011, la
Superintendencia de Industria y Comercio ordenó abrir investigación para
determinar si los señores Jairo Maya Salazar, Calixto de Jesús Vega Navarro y
María Mercedes Bohórquez Bohórquez, actuaron en contravención de lo
dispuesto en el numeral 9.º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, por incurrir
en colusión en la licitación púbica núm. 001 de 2011 realizada por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.
5. Mediante la Resolución núm. 40901 del 28 de junio de 20127, el
Superintendente de Industria y Comercio sancionó con una multa a los señores
7 “[…] Por la cual se imponen unas sanciones […]”
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
Jairo Maya Salazar, Calixto de Jesús Vega Navarro y María Mercedes Bohórquez
Bohórquez por contravenir lo dispuesto en el numeral 9.º del artículo 47 del
Decreto núm. 2153 de 1992.
6. El 24 de julio de 2012, la parte demandante, a través de apoderado,
presentó recurso de reposición contra la Resolución núm. 40901 del 28 de junio
de 20128, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio.
7. El Superintendente de Industria y Comercio mediante Resolución núm.
53979 de 14 de septiembre de 20129, resolvió el recurso de reposición presentado
por el apoderado de la parte demandante contra la Resolución núm. 40901 del 28
de junio de 2012, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y la
confirmó en todas sus partes.
Normas violadas y concepto de violación10
8. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
Artículos 15, 25, 29 y 333 de la Constitución Política.
Artículo 3 y 35 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201111.
Artículos 174 y 187 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 26 de la Ley 1340 de 24 de julio de 200912.
Concepto de violación
9. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación, así:
Primer cargo: Violación directa de la Constitución y la Ley
10. La parte demandante fundamentó este cargo de nulidad, con base en los
siguientes argumentos:
“[…] Las Resoluciones No. 40901 del 28 de junio de 2012 y No. 53979 del 14 de
septiembre de 2012, violan los artículos 15, 25, 29 y 333 de la Constitución política
de Colombia, así como los artículos 3 y 35 del Código Contencioso Administrativo,
8 “[…] Por la cual se imponen unas sanciones […]”
9
“[…] Por la cual se resuelven unos recursos de reposición […]”
10 Cfr. folios 10 a 27 del cuaderno núm. 1 del expediente.
11 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
12 “[…] Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia […]”
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
como normatividad que debía regir la actuación de la Superintendencia de Industria
y Comercio durante el curso de toda la investigación, así como al proferir los actos
administrativos atacados.
De igual forma, en virtud de la remisión expresa realizada por el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo, las Resoluciones sobre las cuales recaen los
vicios que fundamentan la presente solicitud, violan los artículos 174 y 187 del Código
de Procedimiento Civil, en tanto que son acordes con el procedimiento administrativo
sancionatorio que conllevó a la expedición de los actos atacados.
Adicionalmente, la Resolución mediante la cual la Superintendencia de
Industria y Comercio profirió sanción y la Resolución que resolvió el recurso
interpuesto por el señor MAYA SALAZAR, violan el artículo 26 de la Ley 1340
de 2009, toda vez que es la norma mediante la cual se establecen las sanciones
a imponer a las personas naturales por infracciones a las normas de libre
competencia, y que por ende debió ser la norma en la cual se fundó la sanción
interpuesta y no, como erráticamente hizo la SIC, el artículo 25 de ese mismo
cuerpo normativo […]” (Negrillas fuera de texto).
11. Adujo que: “[…] Las siguientes son violaciones adicionales a las
disposiciones constitucionales y legales: a) Violación al artículo 15 Constitucional
(Derecho al buen nombre): este derecho constitucional se le vulneró a mi
poderdante, toda vez que los actos administrativos que adolecen de los vicios que
se exponen en el presente documento, ponen en una posición de infractor de la Ley
de manera ilegítima y contraria a derecho. b) Violación al artículo 25 Constitucional
(Derecho al Trabajo): por cuanto la sanción injusta e ilegítimamente proferida vulnera
la posibilidad real de mi poderdante a continuar desarrollando su actividad comercial.
c) Violación al Artículo 29 Constitucional (Debido Proceso) y artículos 174 y 187 del
Código de Procedimiento Civil: toda vez que no se analizó de manera íntegra y de
acuerdo a las reglas de la sana crítica todo el acervo probatorio, de igual forma, no
se desvirtuó la presunción de inocencia del señor MAYA SALAZAR y no se obtuvo
y no se sustentó el grado de certeza requerido para proferir sanción administrativa
[…]”.
12. Indicó que: “[…] se vulneró el debido proceso toda vez que ni la Resolución
No. 40901 del 28 de junio de 2012, ni la Resolución No. 53979 del 14 de septiembre
de 2012 guardan consonancia con los criterios establecidos en la Ley 1340 de 2009
para la dosificación de la sanción así como tampoco con el principio de
proporcionalidad de la misma […] la expedición de una sanción administrativa sin
haber llegado al grado de certeza requerido frente a la culpabilidad de mi
poderdante en la comisión de las conductas anticompetitivas imputadas, lleva a
que se contraríe el principio y derecho de presunción de inocencia, el cual es
plenamente aplicable en tratándose de actuaciones administrativas
sancionatorias […]”.
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Demandante: Jairo Maya Salazar
Segundo cargo: Falsa motivación
13. Los fundamentos jurídicos de este cargo, son los siguientes:
14. Señaló que: “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio realizó
suposiciones sobre los hechos que no guardaban consonancia con el acervo
probatorio […] a) Ausencia de prueba directa del acuerdo aunada a insuficiencia
de los indicios como prueba, con el suficiente grado de certeza para imponer
sanción: La Superintendencia de industria y Comercio no logró desvirtuar la
presunción de inocencia de mi poderdante. Sin embargo, pretendió motivar la
sanción impuesta y resolver el recurso de reposición, fundándose en un análisis
sesgado de las pruebas obrantes en el expediente. De igual forma, se
fundamentaron las Resoluciones viciadas en indicios que desde el punto de vista de
la técnica jurídica y de los desarrollos jurisprudenciales de dicho medio de prueba
no indicaban los hechos que se pretendieron construir con los mismos. b) No se
encuentra probado en el expediente la realización de un acuerdo
anticompetitivo: La SIC no probó la existencia de un acuerdo que tuviera como
objeto o como efecto restringir la competencia en el Proceso de Licitación No. LP-
001-2011 adelantado por el INPEC, tal y como lo demanda la carga probatoria que
se encuentra a cargo de dicha Entidad de acuerdo con las conductas tipificadas en
el Decreto 2153 de 1992, violando de esta manera el artículo 29 de la Constitución
Política consagra el derecho fundamental al debido proceso y de presunción de
inocencia […]”.
15. Manifestó que: “[…] Contrario a las consideraciones efectuadas por la SIC
en el acto administrativo sancionatorio y en el que resuelve el recurso de reposición,
dicha entidad no demostró a lo largo de la investigación que mi representado hubiere
realizado un acuerdo que tuviera como objeto o como efecto el de coludir en la
licitación LP-001 de 2011 adelantada por el INPEC. Lo anterior trae como
consecuencia que, para que la SIC pueda imponer válidamente una sanción por la
vulneración de las normas de libre competencia debe tener en cuenta: (i) La carga
de la prueba la tiene la SIC que arrojé un grado de certeza suficiente sobre la
responsabilidad personal de un sujeto investigado en la comisión de conductas
restrictivas de la competencia y (ii) Existe la presunción de inocencia para los
investigados. Como quiera que ninguno de estos presupuestos se cumple, la SIC
incurrió en falsa motivación al momento de la expedición las citadas resoluciones
[…]”.
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
16. Adujo que: “[…] c) Existió una valoración errónea de los hechos y pruebas
recopilados durante la investigación […] La Superintendencia se equivocó al valorar
como un elemento de la presunta colusión el hecho de que los tres proponentes
investigados hubieran presentado propuestas estratégicas en los recintos
carcelarios en los que ya prestaban sus servicios, en efecto la Superintendencia no
prueba sin lugar a duda que hubiera existido un acuerdo previo sobre las zonas
geográficas que serían objeto de repartición, por cuanto las zonas en las que fueron
presentadas las propuestas estratégicas por parte de los investigados
correspondían a los establecimientos carcelarios en los que ya prestaban sus
servicios de provisión de raciones alimentarias a los internos. Situación que no pude
ser considerada como una prueba del acuerdo sino como el actuar común en los
negocios por parte de mi poderdante, razón por las cual las conclusiones a las que
llega la Superintendencia de Industria y Comercio se configuran en una falsa
motivación de los actos administrativos que impusieron la sanción y que resolvieron
los recursos de reposición […]”.
17. Precisó que: “[…] La Superintendencia tampoco tuvo en cuenta que las
modificaciones que se hicieron a los pliegos en términos de flexibilización de
condiciones financieras, entre otras, mediante las cuales se adelantó la licitación
LP-001 de 2011, lejos de facilitar la realización de un acuerdo colusorio,
permitieron ampliar el espectro de participación no sólo a nuevos proponentes,
sino también permitió que los proponentes que usualmente participaban para la
adjudicación de determinados ítems, pudieran hacerse participes de otros […]”.
18. Sostuvo que: “[…] También se configura como falsa motivación las
consideraciones expuestas por la Superintendencia, según las cuales para hacer
efectivo el acuerdo en la licitación se presentaron propuestas complementarias, en
efecto se presenta en las resoluciones un análisis errado según el cual las dos
propuestas más bajas presentadas por dos de los investigados garantizaban en
cada caso la adjudicación para el tercero de ellos, de uno de los ítems, por cuanto
de las pruebas que obran en el expediente y el análisis presentado en el recurso de
reposición se desprende que dichas variables pueden cambiar alterando los
resultados del análisis de la SIC, por cuanto dicha entidad no tuvo en cuenta la
incertidumbre en cuanto a los posibles participantes y su incapacidad de restringir el
acceso de agentes de mercado en los diferentes ítems […]”.
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Demandante: Jairo Maya Salazar
19. Argumentó que: “[…] La coincidencia en las observaciones presentadas por
los investigados al proyecto de pliegos de la Licitación LP-001-2011 no es un indicio
de la existencia de un acuerdo colusorio. En efecto no se puede colegir de la simple
existencia de coincidencias en las observaciones presentadas al pliego de
condiciones, la existencia de una relación previa entre los investigados y mucho
menos inferir y tener como prueba que de la supuesta relación existente hubo
además un intercambio de información sobre las propuestas presentadas y mucho
menos que compartieron información relacionada con las mismas, máxime cuando
aseveraciones como la de intercambios de información, no se encuentran
sustentados probatoriamente en el expediente […]”.
20. Precisó que: “[…] La Superintendencia descartó los argumentos alegados por
mi poderdante, al señalar que no resultaba lógico dicho actuar y que esta situación
correspondía a la existencia de un acuerdo colusorio y no a una estrategia valida de
los participantes, sin que dicha afirmación encuentre justificación alguna, toda vez
que si se analiza el comportamiento de los investigados desde la racionalidad
económica y el funcionamiento de este mercado en particular, se puede concluir sin
duda alguna que no existió un acuerdo anticompetitivo. Lo anterior, constituye un
claro vicio de motivación, pues la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó
un valor probatorio a ciertos indicios y a las proyecciones y modelaciones
económicas propias del cual carecen, toda vez que si se hubieran analizado a la luz
de la sana crítica y de manera suficiente y conjunta con todo el acervo probatorio, el
resultado de la actuación hubiera sido evidentemente distinto […]”.
21. Expuso que: “[…] Es así como, la Superintendencia incurre en una nulidad
por falsa motivación del acto, toda vez que el análisis de las pruebas no se realizó
con la mayor objetividad posible, no valorando la totalidad de las acervo probatorio
teniendo en cuenta las pruebas que le resultaban favorables y desfavorables para
su decisión, que la hubieran llevado a darse cuenta de la existencia de una duda
razonable a favor de mi representado, violando de esta manera el derecho al
debido proceso. Un ejemplo flagrante de lo anterior la da el hecho que la
Superintendencia de Industria y Comercio pretendiera darle el carácter de indicio
de realización de un acuerdo colusorio a las meras Las relaciones comerciales y
sociales entre los investigados, no siendo posible aducir que el hecho indicador
(relaciones sociales y comerciales) pueda llevar a la única conclusión razonable
de la realización de un acuerdo colusorio (hecho indicado) […]”.
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22. Indicó que: “[…] d) La Resolución No. 40901 del 28 de Junio de 2012 viola
el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas: Las
Resoluciones contienen una ponderación que según la SIC, atendió a los criterios
establecidos en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 para efectos de graduar la
multa, tales como: el impacto de la conducta tenga sobre el mercado, la dimensión
del mercado afectado, el beneficio obtenido por el infractor de la conducta, el grado
de participación del implicado, la conducta procesal de los investigados, la cuota de
mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de sus ventas
involucrados en la infracción y el patrimonio del infractor. Contrario a los criterios
anteriormente señalados, la metodología para dosificación de la sanción utilizada
por la SIC no incluyó un desarrollo de los mismos para el caso concreto.
Argumentación que llega a conclusiones de las cuales no da cuenta la investigación
realizada por dicha entidad, ni el acervo probatorio de la misma, puesto que al existir
deducciones igualmente posibles frente a los indicios en que la SIC basó su carga
probatoria, no se pueden identificar las utilidades que la supuesta conducta habría
reportado a los investigados, en circunstancias diferentes al curso normal del
proceso licitatorio, el cual, podría razonablemente y de acuerdo a la experiencia
culminar con la adjudicación en un escenario de competencia, como efectivamente
ocurrió, de algunos ítems a mi representada, y a los demás investigados. Lo anterior,
hace que la multa interpuesta por la SIC sea del 300% del valor de las utilidades
esperadas de los contratos, la cual además no se encuentra justificada, de acuerdo
a los hechos de la investigación […]”.
23. Afirmó que: “[…] Ahora bien, atendiendo al carácter discrecional de la
tasación o dosificación de la sanción a imponer por parte del Superintendente de
Industria y Comercio, este debió estarse a lo dispuesto en el artículo 36 del Código
Contencioso Administrativo aplicable al trámite señalado, que establece: “En la
medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y
proporcional a los hechos que le sirven de causa.” Así las cosas, para establecer la
proporcionalidad de la sanción a imponer, la SIC debe evaluar puntualmente los
hechos que la motivan, para lo cual, debió haber acudido a los criterios que
especialmente se encuentran consagrados en el régimen de protección de la
competencia para las actuaciones que por prácticas restrictivas se surtan, y el grado
de culpabilidad de los sujetos a quienes se les reprocha su actuar. En conclusión, la
SIC debió tener en cuenta el patrimonio del infractor, la indeterminación del grado
de participación en el presunto acuerdo colusorio, su conducta procesal, su cuota de
mercado, para tasar la multa a imponer al señor JAIRO MAYA SALAZAR en la
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Demandante: Jairo Maya Salazar
Resolución No. 40901 del 28 de Junio de 2012, confirmada por la Resolución No.
53979 del 14 de septiembre de 2012, tal como lo establece el artículo 25 de la Ley
1340 de 2009 […]”.
Contestación de la demanda
24. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda13 y se
opuso a las pretensiones de formuladas, así:
25. Frente a la vulneración de los artículos 333 de la Constitución y 3 y 35 de la
Ley 1437 adujo que: “[…] se le solicita al despacho desestimar el cargo de violación
de estas normas por ausencia de motivación del mismo al interior de la demanda.
En efecto, al evidenciarse que el accionante se abstuvo de desarrollar en concreto
las violaciones normativas a que se hace referencia, se hace materialmente
imposible emitir argumento alguno de defensa sobre las mismas […]”.
26. Manifestó que: “[…] al haberse probado con material de todo tipo, que el
accionante desplegó una conducta indebida y que la misma generó un efecto
distorsionador del mercado y lesivo a la libre competencia, no se afectó en forma
alguna su buen nombre […] el simple hecho de no suministrar pruebas de un
adecuado comportamiento comercial en el caso concreto, evidencia que el
accionante no cuenta con ningún elemento probatorio tendiente a desvirtuar o
controvertir siquiera sumariamente, las conclusiones sobre la realización de las
conductas anticompetitivas […]”:
27. Sobre la infracción del artículo 25 de la Constitución adujo que: “[…] En el
caso concreto, no sólo no se sustenta en concreto, los hechos generadores,
mecanismo mediante el cual se habría concretado la violación al derecho, ni los
efectos o consecuencias concretas de tal afectación fundamental […] si el
accionante vio afectado su derecho al trabajo, no fue a causa de una decisión de la
administración, sino consecuencia directa de haber procedido en contra de la ley
[…]”.
28. Respecto a la vulneración del debido proceso y los artículos 174 y 187 del
Código de Procedimiento Civil, señaló: “[…] esta entidad notificó adecuada y
oportunamente el acto de apertura de investigación al señor JAIRO MAYA
SALAZAR, otorgó a los investigados el término de ley para presentar descargos y
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
solicitar y aportar pruebas, se les dio traslado de las pruebas decretadas, del informe
motivado y finalmente se garantizó a estos, el agotamiento de la vía gubernativa, de
tal manera que se garantizó el debido proceso, contradicción y defensa de forma
ininterrumpida al accionante […] ninguno de los investigados hizo uso del término
otorgado para presentar descargos y solicitar y aportar pruebas […] se abstuvo de
aportar cualquier prueba tendiente a acreditar la ausencia de responsabilidad o la
inexistencia de la conducta […]”.
29. Indicó que: “[…] tampoco es cierto que se hubiese violado el debido proceso
por inaplicación de la Ley 1340 de 2009 y en concreto por la inaplicación de los
criterios para la dosificación de la sanción ni del principio de proporcionalidad […]
debió sancionarse con base en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y no con
fundamento en el artículo 25 de la citada ley, comoquiera que esta fue investigada
como una persona natural que ejerce una actividad comercial. Como se dijo
anteriormente, el artículo 25 se aplica a las personas jurídicas o naturales (agentes
económicos del mercado) que infringen o incurren en abuso de posición
dominante, acuerdo anticompetitivos o actos anticompetitivos y, por el contrario,
a las personas naturales (no son agentes económicos del mercado) se les aplica
el artículo 26 por colaborar, tolerar, aceptar, autorizar tales comportamientos
anticompetitivos realizados por la persona jurídica con la cual tienen un vínculo
[…]”.
30. Sostuvo que: “[…] no es cierto la interpretación realizada por esta entidad
de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, carezca de razonabildad como lo
aduce el accionante, en la medida que mientras esta entidad desarrolló y sustentó
en el acto administrativo que no se estaba ante personas naturales en el sentido
del Código Civil, ni de aquellas cuya responsabilidad se enmarca dentro de lo
dispuesto en el precitado artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, sino que el
accionante obró como un verdadero “agente del mercado”, como “empresa” y en
consecuencia obró igualmente como infractor directo y no mediato del acuerdo
anticompetitivo […] Así las cosas, atendiendo a que el numeral 15 del artículo 4
del Decreto 2153 de 1992, permite imponer sanciones a los infractores directos,
llámense personas naturales o personas jurídicas, que sean empresas y agentes
de un mercado determinado, la interpretación y aplicación de la ley efectuada por
esta Entidad al sancionar al aquí demandante se ajustó en su integridad al
ordenamiento […]”.
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Demandante: Jairo Maya Salazar
31. Argumentó que: “[…] mi defendida tuvo en cuenta al sancionar al accionante
su patrimonio, las utilidades esperadas de los contratos adjudicados mediante
fraude a la ley, la gravedad de la falta, su impacto en el mercado, el grado de
participación del mismo en el acuerdo, así como sus activos y demás elementos
relevantes […] conforme a lo consagrado en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009,
esta entidad puede imponer a cada infractor multas hasta por 100.000 smlmv. Que
en el caso del accionante, la multa correspondió al 2.12% del máximo permitido y
que fue la multa más baja impuesta a los sancionados […]”.
32. Adujo sobre la falsa motivación alegada por la parte demandante: “[…] la
conducta colusiva ejecutada por el accionante se materializó en el marco de la
licitación pública No. 001 de 2011 abierta por el INPEC, cuyo objeto era contratar la
prestación del servicio de alimentación por el sistema de ración para la atención de
los internos en los centros de reclusión del orden nacional. La licitación se dividió en
seis grupos por regiones del país […] se encontraron numerosas coincidencias entre
las propuestas presentadas en el proceso contractual por los sujetos sancionados
[…] que sirvieron de indicar de un acuerdo anticompetitivo, entre ellos […]”.
33. Argumentó que: “[…] como se puede observar, los ítems que resultaron
adjudicados a los investigados fueron justamente aquellos para los cuales
solicitaron visita y no otros. Sin embargo, se probó que frente a los ítems no
visitados y no adjudicados fueron también aquellos en los que los investigados
presentaron una oferta inusualmente baja, y los cuales fueron identificados en un
solo grupo para la expedición de las pólizas de seriedad de oferta, todo lo cual
llevó necesariamente a concluir la existencia de una estrategia por parte de los
señores Vega, Maya y Bohórquez para lograr la adjudicación de los ítems a uno
de los investigados previamente definido […]”.
34. Expuso que: “[…] teniendo en cuenta que las pruebas debían ser analizadas
en su conjunto, llamó la atención en que la forma en la que se hizo la división de
pólizas en los dos grupos (“Cárceles y Estrategia cárceles”) era indicativa de la
existencia de una estrategia de los investigados para resultar adjudicatarios de
unos ítems y no de otros. Al analizar el patrón de presentación de las ofertas
económicas de los investigadas para los ítems bajo investigación, […] para cada
ítem los sancionados presentaron una oferta económica alta, y otras (u otra)
significativamente más bajas e idénticas […]”.
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Demandante: Jairo Maya Salazar
35. Precisó que: “[…] los coludidos se repartieron los ítems bajo investigación
de forma que el ganador (es decir, el licitante coludido con la oferta más alta del
ítem) fuera el que ya estaba prestando el servicio en el ítem en cuestión. Esto, en
la medida que según se probó en el trámite administrativo, los sujetos colusores
sancionados tenían fuertes incentivos a seguir suministrando las raciones
alimenticias en las prisiones a las que ya las suministraban por el hecho de haber
invertido en infraestructura, haber establecido relaciones con el personal de la
prisión y con los proveedores de materia prima […]. La conducta de los tres
sancionados en los ítems14 analizados correspondían a la misma estructura:
mientras dos de los investigados presentaban las misma oferta, un tercero
presenta una oferta que en todos los casos es estrictamente mayor que las dos
coincidentes[…] la estructura coincidente en las ofertas, unidos a los demás
elementos a los que se hace referencia en el presente acto, conlleva a inferir la
existencia de un acuerdo entre los investigados para presentar sus ofertas
económicas para determinados ítems, de manera que las ofertas idénticas y con
precio bajo no fueran reales, sino complementarias para aumentar las
probabilidades de adjudicación de la tercera propuesta, aun en presencia de otros
oferentes […]”.
36. Manifestó que: “[…] el accionante no expresa de forma concreta cuales
fueron las pruebas que en su concepto fueron dejadas de valorar y que tendrían
la entidad suficiente para haber llevado a esta entidad a la adopción de una
decisión diametralmente opuesta y que ninguno de los argumentos que allí
expone se respaldan en pruebas, de tal manera que no se honra en forma alguna
la exigencia legal consignada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil,
según el cual corresponde a quien alega un hecho, probarlo […]”.
37. Concluyó que: “[…] la accionante y sus competidores actuaron de manera
colusoria -concertada para ofertar en los ítems investigados, con un
comportamiento que para cada ítem incluyó la presentación de una oferta alta que
buscaba resultar adjudicataria, y dos propuestas significativamente más bajas e
idénticas entre sí cuyo propósito no era competir con la propuesta alta o procurar
que resultaran adjudicatarias del contrato correspondiente, sino por el contrario
ser propuestas complementarias que, como parte de la estrategia colusoria,
sirvieran para afectar artificialmente el cálculo de la media aritmética y asegurar
así la adjudicación de la propuesta alta. Este comportamiento respondió además
14 Hace referencia a los ítems 19, 20, 25, 42, 80, 81, 83, 100, 101, 114 y 125.
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a un reparto geográfico entre los investigados para que lograran continuar con los
contratos de los centros penitenciarios en los cuales habían sido contratistas
previamente […]”.
Decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, en la audiencia inicial15
38. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, llevó a cabo la audiencia
inicial el 23 de mayo de 2014, en donde se surtieron las siguientes actuaciones.
39. Declaró saneado el proceso.
40. Declaró que la parte demandada no propuso excepciones previas en la
contestación de la demanda.
41. Fijó el objeto del litigio, de acuerdo con la demanda y la subsanación de la
misma.
42. Declaró precluida la posibilidad de conciliación, atendiendo a que no existía
ánimo conciliatorio entre las partes.
43. Resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas.
Sentencia apelada16
44. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, mediante sentencia proferida el 8 de octubre de 2015, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. DECLÁRESE la NULIDAD parcial de la Resolución No. 40901 de
28 de junio de 2012, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio,
respecto del artículo tercero, y de la Resolución No. 53979 de 14 de septiembre de
2012, en cuanto confirmo el monto de la sanción impuesta al demandante, por los
motivos expuestos en esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio graduar
nuevamente la sanción impuesta al señor Jairo Maya Salazar aplicando los
parámetros previstos en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.
TERCERO. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
15
Cfr. folio 438 del cuaderno núm. 2 del expediente
16 Cfr. folios 815 a 874 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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CUARTO. Sin condena en costas.
QUINTO. ARCHÍVESE el expediente, previa ejecutoria […]”.
Consideraciones del Tribunal
45. El a quo sostuvo que: “[…] se garantizó el debido proceso, ya que existió
un libre acceso a la actuación administrativa, de igual forma la decisión fue
motivada, y se habilitaron las vías para la impugnación, dando la oportunidad al
investigado de acceder a la investigación y a los medios adecuados para la
preparación de su defensa, los derechos a la asistencia de un abogado, la
igualdad ante la ley procesal; la buena fe; y a la lealtad de todas las demás
personas que intervinieron frente a un proceso público, sin que se haya
desvirtuado la independencia e imparcialidad del fallador, quien decidió con base
en las pruebas aportadas en la actuación […]”.
46. El a quo consideró que: “[…] la parte demandante no desvirtuó la constante
presentada entre los investigados de realizar una oferta menor en los ítems de los
centros carcelarios que no visitaron y una oferta mayor en los visitados los cuales
efectivamente fueron adjudicados. […] la parte demandada estableció que todos
los sancionados expidieron las pólizas de seriedad de la oferta a través del mismo
intermediario de seguros, con la misma compañía, en la misma fecha y en la
misma sucursal aspecto que no cuestiona el demandante […] los investigados
dividieron sus propuestas en dos grupos, el primero de ellos denominados
“cárceles” para los ítems que serían adjudicados con alta probabilidad y el
segundo “Estrategia Cárceles” para las ofertas que cada investigado presentaría
sin ánimo de ser adjudicatario […]”.
47. Adujo que: “[…] la parte demandante no desvirtuó las aseveraciones del
ente demandado respecto del grupo de pólizas, los ítems adjudicados y no
adjudicados y los ítems con propuesta alta y baja, por lo que se considera que si
bien la existencia de dos grupos de pólizas no es concluyente para sostener una
conducta colusoria, si constituye un importante elemento probatorio que
demuestra la forma en que operó la presentación de las propuestas y de allí su
ánimo de incidir en la adjudicación entre estos grupos […]”.
48. Manifestó que: “[…] resulta claro para la Sala que la estrategia colusoria
consistió en la presentación de una propuesta baja e idéntica por parte de dos de
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los investigados, mientras que el tercer investigado presentaba una propuesta
más alta, la cual obtuvo los fines deseados por los concordantes en el acuerdo
colusorio, esto es, la adjudicación de los ítems de su interés […] los cargos
propuestos por el demandante, esto es, la violación directa de la Constitución y la
Ley y la nulidad por falsa e indebida motivación […] no prosperan, puesto se
reitera, se encuentra probado en el proceso, que los señores Jairo Mesa Salazar,
Calixto de Jesús Vega Navarro y María Mercedes Bohórquez Bohórquez
incurrieron en un acuerdo colusorio, conllevando su conducta a la sanción
administrativa. […] sin que tampoco pueda advertirse la vulneración al derecho al
buen nombre y al trabajo, que alega el demandante, puesto que al ser la sanción
legítimamente impuesto, las afectaciones que derive el actor de la multa, son
consecuencia natural de esa medida, y en ese sentido, no hay lugar a derivar un
daño ilegitimo o inconstitucional frente a la decisión de la SIC, que en todo caso
fue acorde a derecho […]”.
49. Respecto a la presunta vulneración del derecho al debido proceso señaló:
“[…] el demandante fue vinculado a la investigación administrativa que dio origen
a la investigación como persona natural, tal y como se advierte de los
antecedentes expuestos por la entidad en la Resolución No. 40901 de 28 de junio
de 2012 […] conforme a lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio,
al imponer la sanción al demandante por infracción al régimen de competencia,
debió aplicar el monto establecido por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por
tratarse de una persona natural que ejercer actividades mercantiles y de comercio
en los términos del artículo 10º del Código de Comercio, pues como se adujo
anteriormente, el sancionado no es una persona jurídica conformada bajo el
amparo del artículo 633 del Código Civil, es decir, la sanción máxima no podía
exceder de 2.000 SMLMV que en el año 2012 correspondían a la suma de
$1.133.400.000; empero, la sanción atacada se impuso por el valor de
$1.200.082.188, esto es, excediendo el tope máximo permitido […]”.
50. Sostuvo que: “[…] lo anterior denota una infracción directa por parte del
artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución […] frente al artículo 26 de
la Ley 1340 de 2009, que modificó el numeral 16 del artículo 4º del Decreto 2153
de 1992, norma aplicable para establecer el monto de las sanciones a las
personas naturales […] Considerando lo anterior, la Sala declarara la nulidad
parcial de los actos demandados en lo relacionado con el monto de la sanción
impuesta al demandante […]”.
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Demandante: Jairo Maya Salazar
51. Señaló que: “[…] el dictamen pericial no permite determinar el perjuicio
causado con ocasión de la aplicación del artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, y no
del artículo 26 de la misma norma, esto es, específicamente en cuanto al monto
de la sanción impuesta. En realidad el dictamen se basó en el perjuicio derivado
de la presunta ilegalidad misma de la sanción, y toda vez que la Sala consideró
que la conducta endilgada al demandante en los actos acusados, si era objeto de
sanción, el fundamento del dictamen pierde su sustento […]”.
52. Sostuvo que: “[…] toda vez que ni en las pretensiones de la demanda, ni
en el dictamen pericial, puede determinarse el debido restablecimiento del
derecho frente a la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, la
Sala optará entonces por declarar la nulidad del artículo cuarto de la Resolución
40901 de 28 de junio de 2012 y, como restablecimiento del derecho, ordenará a
la Superintendencia de Industria y Comercio graduar nuevamente la sanción
impuesta aplicando los parámetros previstos en el artículo 26 de la Ley 1340 de
2009, advirtiendo que si el monto de la multa es inferior a las sumas de dinero ya
pagadas por el demandante por este concepto, deberá devolverlas […]”.
Recurso de Apelación17
Parte demandante
53. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia; reiterando algunos
de los argumentos expuestos en el escrito de demanda, y añade lo siguiente:
54. Adujo que: “[…] […] no existen pruebas directas de la realización de las
supuestas conductas anticompetitivas que se le endilgaron, y no hayan sido
tenidas en cuenta en debida forma las pruebas que reposan en el expediente, que
dan cuenta de la debilidad de la prueba indiciaria, como principal tomada en
cuenta por la SIC […]”.
55. Manifestó que se infringieron los artículos 174 y 187 del Código de
Procedimiento civil y la presunción de inocencia: “[…] toda vez que no se analizó
de manera íntegra y de acuerdo a las reglas de la sana crítica todo el acervo
17 Folios 650 a 664 del cuaderno núm. 1 del expediente
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Demandante: Jairo Maya Salazar
probatorio, de igual forma, no se desvirtuó la presunción de inocencia del señor
MAYA SALAZAR y no se obtuvo y no se sustentó el grado de certeza requerido para
proferir sanción administrativa […]”.
56. Indicó sobre los contratos de suministro de alimentos que: “[…] la misma
entidad reconoce que es coherente, legítimo y racional que un comerciante quiera
mantener los negocios que venía explotando, pero contradictoriamente señala
que ello resulta en un indicio de violación de las normas de competencia. […]”.
57. Señaló que la parte demandada: “[…] no recaudó ni practicó ninguna
prueba directa del actuar supuestamente antijurídico de mi mandante, todo lo
contrario, elaboró conclusiones basándose en conjeturas, tomadas a partir de una
preconcepción, que era la realización de un acuerdo colusivo, pues no hay forma
de entender como el hecho de tener un mismo contador, puede llevar a que dos
agentes de mercado independientes acuerden restringir la competencia en
proceso licitatorio […] máxime cuando no existen actuaciones o bien legales o
bien éticas disciplinarias, en contra de los profesionales, en este caso, la
contadora […]”.
58. Sostuvo que: “[…] el hecho indicador, y el hecho que considera la SIC
probado, no resulta consistentes ni coherentes, y por ende tampoco lo resulta el
análisis realizado por el H. Tribunal, pues de una coincidencia en unos
comentarios a un proceso previo al inicio formal del proceso de licitación, no se
puede aseverar con el grado de certeza que se requiere para imponer una sanción
que se prorroguen las coincidencias al proceso licitatorio ya cuando haya iniciado
[…]”.
59. Frente al vicio de nulidad de falsa motivación adujo que existe: “[…] a)
Ausencia de prueba directa del acuerdo aunada a insuficiencia de los indicios
como prueba, con el suficiente grado de certeza para imponer sanción: La
Superintendencia de industria y Comercio no logró desvirtuar la presunción de
inocencia de mi poderdante. Sin embargo, pretendió motivar la sanción impuesta y
resolver el recurso de reposición, fundándose en un análisis sesgado de las pruebas
obrantes en el expediente. […]”.
60. Señaló que: “[…] b) No se encuentra probado en el expediente la
realización de un acuerdo anticompetitivo: La SIC no probó la existencia de un
acuerdo que tuviera como objeto o como efecto restringir la competencia en el
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Proceso de Licitación No. LP-001-2011 adelantado por el INPEC, tal y como lo
demanda la carga probatoria que se encuentra a cargo de dicha Entidad de acuerdo
con las conductas tipificadas en el Decreto 2153 de 1992, violando de esta manera
el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido
proceso y de presunción de inocencia […]”.
61. Indicó que: “[…] c) Existió una valoración errónea de los hechos y pruebas
recopilados durante la investigación […] La Superintendencia se equivocó al valorar
como un elemento de la presunta colusión el hecho de que los tres proponentes
investigados hubieran presentado propuestas estratégicas en los recintos
carcelarios en los que ya prestaban sus servicios, en efecto la Superintendencia no
prueba sin lugar a duda que hubiera existido un acuerdo previo sobre las zonas
geográficas que serían objeto de repartición, por cuanto las zonas en las que fueron
presentadas las propuestas estratégicas por parte de los investigados
correspondían a los establecimientos carcelarios en los que ya prestaban sus
servicios de provisión de raciones alimentarias a los internos. Situación que no pude
ser considerada como una prueba del acuerdo sino como el actuar común en los
negocios por parte de mi poderdante, razón por las cual las conclusiones a las que
llega la Superintendencia de Industria y Comercio se configuran en una falsa
motivación de los actos administrativos que impusieron la sanción y que resolvieron
los recursos de reposición […]”.
62. Precisó que: “[…] También se configura como falsa motivación las
consideraciones expuestas por la Superintendencia, según las cuales para hacer
efectivo el acuerdo en la licitación se presentaron propuestas complementarias, en
efecto se presenta en las resoluciones un análisis errado según el cual las dos
propuestas más bajas presentadas por dos de los investigados garantizaban en
cada caso la adjudicación para el tercero de ellos, de uno de los ítems, por cuanto
de las pruebas que obran en el expediente y el análisis presentado en el recurso de
reposición se desprende que dichas variables pueden cambiar alterando los
resultados del análisis de la SIC, por cuanto dicha entidad no tuvo en cuenta la
incertidumbre en cuanto a los posibles participantes y su incapacidad de restringir el
acceso de agentes de mercado en los diferentes ítems […]”.
63. Argumentó que: “[…] La coincidencia en las observaciones presentadas por
los investigados al proyecto de pliegos de la Licitación LP-001-2011 no es un indicio
de la existencia de un acuerdo colusorio. En efecto no se puede colegir de la simple
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existencia de coincidencias en las observaciones presentadas al pliego de
condiciones, la existencia de una relación previa entre los investigados y mucho
menos inferir y tener como prueba que de la supuesta relación existente hubo
además un intercambio de información sobre las propuestas presentadas y mucho
menos que compartieron información relacionada con las mismas, máxime cuando
aseveraciones como la de intercambios de información, no se encuentran
sustentados probatoriamente en el expediente […]”.
64. Expuso que: “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio pretendiera
darle el carácter de indicio de realización de un acuerdo colusorio a las meras
relaciones comerciales y sociales entre los investigados, no siendo posible aducir
que el hecho indicador (relaciones sociales y comerciales) pueda llevar a la única
conclusión razonable de la realización de un acuerdo colusorio (hecho indicado)
[…]”.
65. Manifestó que: “[…] d) La Resolución No. 40901 del 28 de Junio de 2012
viola el principio de proporcionalidad de las sanciones administrativas: Las
Resoluciones contienen una ponderación que según la SIC, atendió a los criterios
establecidos en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 para efectos de graduar la
multa, tales como: el impacto de la conducta tenga sobre el mercado, la dimensión
del mercado afectado, el beneficio obtenido por el infractor de la conducta, el grado
de participación del implicado, la conducta procesal de los investigados, la cuota de
mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de sus ventas
involucrados en la infracción y el patrimonio del infractor. Contrario a los criterios
anteriormente señalados, la metodología para dosificación de la sanción utilizada
por la SIC no incluyó un desarrollo de los mismos para el caso concreto […]”.
66. Concluyó que: “[…] como se lee del tenor literal del artículo 188 del CPACA,
se debió haber proferido condena en costas en contra de la demandada, lo cual
se corrobora al observar el artículo 392 del CPC, cuyo numeral 1, pues la
sentencia de 8 de octubre de 2015, declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos atacados, decisión en contra de la SIC, que motiva por
consiguiente la condena en costas […]”.
Parte demandada
67. Adujo que: “[…] si bien es cierto que el artículo 25 es aplicable a personas
jurídicas, también es cierto que le aplica a las personas naturales cuando quiera
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que actúen como agentes económicos del mercado […] de la lectura de este
artículo se deduce que, este artículo se refiere a los infractores sin diferenciar en
forma alguna si éstos podrían ser personas naturales o jurídicas […] se debe
aplicar las multas del artículo 25 a los autores de las prácticas […] y el 26 a los
cómplices […]”.
68. Manifestó que: “[…] en nuestro ordenamiento jurídico, los títulos dados a
las normas nos son vinculantes. Lo vinculante es el supuesto de hecho y la
consecuencia jurídica en él consagrada. […] el señor Maya no cometió las
conductas descritas en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. Lo que él hizo no
fue tolerar, ejecutar, autorizar, facilitar o colaborar a quien hubiera cometido una
práctica restrictiva de la competencia […]”.
69. Indicó que: “[…] si se hace una interpretación histórica de la norma, es
posible ver que antes de su modificación, el numeral 15 del artículo 4 del Decreto
2153 de 1992 modificado por el artículo 25 de la Ley 1340) tenía aplicación
general, no estaba restringido a un particular de sujetos sino a la conducta, que
era la “violación de normas sobre promoción de la competencia […]. Es claro,
pues, que antes, durante y después de la modificación del artículo 4 del Decreto
2153 realizada por la Ley 1340 de 2009, hay un solo título vigente de la norma:
”Funciones del Superintendente de Industria y Comercio”[…]”
70. Señaló que: “[…] la intención del legislador desde el momento de iniciarse
el trámite de la Ley 1340 de 2009, no era otro que el de plasmar en la Ley un
régimen sancionatorio para i) empresas y ii) subordinados o terceros. Así, la
interpretación que hizo el legislador del concepto de persona jurídica no se ajustó
a su definición jurídica consagrada en el Código Civil, sino que esta expresión fue
utilizada, en una total ausencia de técnica jurídica y legislativa, como sinónimo de
“empresa" […]”.
71. Concluyó que: “[…] Jairo Maya Salazar y los demás sancionados actuaron
como agentes del mercado, como empresas, como comerciantes, como
infractores directos (no actuaron como representantes de una persona jurídica),
y, en calidad de agentes del mercado; por eso, les debe ser aplicable la norma
que permite la imposición de sanciones “a infractores” […] los cuales, en los
términos del artículo 2 de la Ley 1340 de 2009, pueden ser tanto personas
naturales como jurídicas […]”.
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Actuación en segunda instancia
72. El Despacho sustanciador, mediante providencia de 11 de mayo de 201618
admitió los recursos de apelación indicados supra, y ordenó, asimismo, mediante
providencia proferida el 8 de julio de 201619, que en el término de diez (10) días
las partes presentaran los alegatos por escrito, y vencido dicho término se surtiera
el traslado al Ministerio Público, los cuales se presentaron de la siguiente manera:
73. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
74. La parte demandada reiteró las consideraciones expuestas en la
contestación de la demanda.
Concepto del Ministerio Público
75. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
76. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo de la
sanción por colusión en las licitaciones; v) el marco normativo de las facultades
de la Superintendencia para sancionar las prácticas restrictivas de la competencia;
vi) el marco normativo de la condena en costas; vii) el marco normativo del debido
proceso; viii) el marco normativo de la falsa motivación, y ix) el análisis del caso
concreto.
Competencia de la Sala
77. Vistos los artículos 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo20; y, el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo
de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del
18
Cfr. folio 4 del cuaderno de apelación de sentencia.
19 Cfr. folio 10 del cuaderno de apelación de sentencia.
20 “[…] Artículo 150 <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:>
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]
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23
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Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda
instancia.
78. Agotados los procedimientos inherentes al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que la Sala observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes.
79. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201221, sobre
los fines de la apelación y la competencia del superior; la Sala procederá a
examinar únicamente las argumentaciones expuestas por las partes en los
recursos de apelación, interpuestos contra la sentencia proferida el 8 de octubre
de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Actos administrativos acusados
80. Los actos administrativos acusados22 son los siguientes:
81. La Resolución núm. 40901 de 28 de junio de 201223, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio, que en su parte motiva y resolutiva
señaló:
“[…] La Licitación se dividió en seis grupos, por regiones del país (central, occidente,
norte, oriente, noroeste y Viejo Caldas), cada uno conformado por un determinado
número de ítems correspondientes a cada uno de los centros penitenciarios y
carcelarios ubicados en dichas regiones, para a un total de 146 ítems.
Los hechos más relevantes de la Licitación para el caso que nos ocupa se resumen
en la siguiente tabla:
No. Fecha Hecho
1. 20/11/2010 INPEC publicó los estudios previos y el proyecto de pliegos de
Condiciones en el SECOP I.
2. 31/01/2011 Resolución No. 0311 de 2011, mediante la cual el INPEC
ordenó apertura a la licitación.
3. 15/02/2011 Fecha de cierre de la licitación. Límite para presentar ofertas
El señor Luis Yesid Villaraga presentó denuncia ante la
4. 23/02/2011
Procuraduría-General de la Nación por presunta colusión en la
licitación, denuncia posteriormente presentada ante el INPEC y
ante la Superintendencia.
21 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
22 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de
los cargos.
23 “[…] Por la cual se imponen unas sanciones […]”.
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5. Resolución No 879 de 2011 mediante la cual él INPEC:
a) suspendió la adjudicación de la Licitación para los, ítems 19,
20, 25, 30„ 35, 42, 80, 81; 83, 95; 98, 100, 101, 114 y 125
08/03/20 11 por un término. de hasta quince días.
b) Adjudicó la Licitación para, los ítems no suspendidos.
c) Declaró desiertos los ítems 8, 16, 24, 39, 41, 45, 50, 59, 61,
62, 74, 77, 78, 86, 99, 113, 122, 123, 128, 129, 130, 133,
135, 137, 139, 140, 143, 144 y 145.
Resolución No. 1104 de 2011, mediante la cual el INPEC
6.
adjudicó los ítems suspendidos, así:
25/03/20 11
-María Mercedes Bohórquez: 19, 20, 25, 81 y 100
-Jairo Maya Salazar: 101, 114 y 125
-Calixto de Jesús Vega Navarro: 30,35,42,80,83,95 y 98
De acuerdo con el acervo probatorio que se recogió en el curso de la presente
investigación y que obra en el expediente, es posible afirmar que existen
numerosas coincidencias entre las propuestas de los Investigados, que analizadas
en su conjunto constituyen hechos indicadores de un acuerdo competitivo entre
ellos. De tal suerte, este Despacho considera importante presentar aquí una
relación y análisis de las similitudes encontradas.
[…] 6.4.2. Particularidades de la licitación LP-001- 2011 frente a licitaciones
anteriores
[…] La Licitación LP-001-2011 introdujo algunos cambios en requisitos habilitantes
y de puntaje, que resultan de cardinal importancia para el caso que nos ocupa, y
que se señalan a continuación […].
6.4.2.01. Visita técnica a los establecimientos de reclusión
En las licitaciones anteriores a la de 2011, la visita a los establecimientos
penitenciarios era un requisito obligatorio para los proponentes, ÿ su omisión
constituía causal de rechazo de la propuesta.
En la licitación LP-001- 2011, […] Se evidencia que se produjeron cambios en
varios aspectos: de una parte, se eliminó la obligatoriedad de la visita, de manera
que era facultativo para cada proponente ir o no al centro o centros penitenciarios
sobre los que tenía interés en participar. Por lo anterior, también se eliminó la
omisión de la visita como causal de rechazo de la propuesta. […]
6.4.2.02 Indicadores financieros
Desde los procesos de selección que abrió el INPEC en 2010 se presentaron
cambios en los indicadores financieros, con una tendencia hacia la flexibilización
de los requisitos, de manera que redujera las barreras de entrada y así permitiera
la participación de más proponentes.
En síntesis, los cambios supusieron un aumento en el porcentaje de
endeudamiento que podían tener para estar habilitados para participar en los
procesos de selección, lo cual, para asegurar la sostenibilidad financiera de los
proponentes, se complementó con la exigencia de un patrimonio determinado en
proporción al presupuesto oficial, requisito que no existía antes de 2010.
6.4.2.03 Oferta económica
Mientras que en la mayoría de las licitaciones que se abrieron entre 2007 y 2010
el INPEC fijaba de manera unilateral el precio de las raciones por interno, a partir
de las licitaciones 14 a 19 de 2010, el INPEC incluyó la oferta económica de las
raciones de alimentación como factor de evaluación sujeto a puntaje […].
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Una vez verificados los aspectos jurídicos, financieros y técnicos habilitantes, se
otorgará puntaje a la oferta económica y al proponente que realice ofrecimientos
técnicos adicionales, según el siguiente cuadro:
FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE
EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA 50
MAYOR APORTE DE PROTEINA ADICIONAL 25
VINCULACIÓN DE INTERNOS U HORA S 25
ADICIONALES
PUNTAJE TOTAL 100
[…] Tabla No. 3
Valor de Nv en Función del resultado del sorteo y del valor de n.
OPCIÓN A:
No. de veces que se incluye el
Número de propuestas habilitadas (n)
presupuesto oficial (Nv)
De 1 a 3 1 vez
De 4 a 6 2 veces
Oe 7 a 9 3 veces
De 10 a 12 4 veces
... Asl sucesivamente ... Asf sucesivamente
OPCIÓN B:
No. de veces que se Incluye el
Número de propuestas habilitadas (n)
presupuesto oficial (Nv)
De 1 a 2 1 vez
De 3 a 4 2 veces
De 5 a 6 3 veces
De 7 a 8 4veces
... Así sucesivamente .. Así sucesivamente
Fuente: Pliego de condiciones de la Licitación LP-001-2011,numeral
5.4.2.1
Así las cosas, por ejemplo, si a un ítem se presentasen 5 licitantes y ganara el
sorteo la opción A, se incluiría el monto del presupuesto 2 veces en el cálculo de
Ma. Si la opción B saliera favorecida en el sorteo, en cambio, se incluiría el
presupuesto 3 veces.
Una vez analizada la información que reposa en el expediente, este Despacho
consideró para efectos de su análisis centrarse en el comportamiento estratégico
de los licitantes que guarda relación con los 50 puntos asociados a la propuesta
económica (bajo la fórmula expuesta más arriba como E,) del total de los 100
puntos F, por los que cada licitante pugna.
La razón que justifica este argumento radica en que este Despacho ha podido
observar que en la gran mayoría de casos que se presentaron durante la Licitación
investigada, el licitante obtuvo la totalidad de los 50 puntos en juego bajo el
concepto de 7, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. […]
[…] un 92% de las propuestas habilitadas en la licitación (164 propuestas)
obtuvieron la totalidad de los 50 puntos técnicos que podían obtener. AI mismo
tiempo, sólo un 2%'de las propuestas obtuvieron 25 puntos, sólo un 1% de las
propuestas obtuvieron 2D puntos y un 5% no obtuvo puntaje por ofrecimientos
técnicos adicionales.
[…] Cálculos relativos a las propuestas habilitadas en los 11 ítems investigados. […]
el 95% del total de las propuestas habilitadas (37 propuestas) obtuvieron la totalidad
de los 50 puntos posibles bajo el concepto de puntaje técnico. El 5% restante de las
propuestas obtuvo 25 puntos […].
6.4.3. DE LA CONDUCTA DE LOS INVESTIGADOS DURANTE LA LICITACIÓN
LP-001-2011
[…] En consonancia con el Informe Motivado y con el acervo probatorio que reposa
en el expediente, se ha podido evidenciar que los investigados mostraron una
conducta particular y coincidente durante la fase pre-contractual de la Licitación LP-
001-2011 abierta por el INPEC, en especial respecto de los elementos que se
analizan a continuación:
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6.4.3.01. Observaciones presentadas por los Investigados al proyecto de
pliegos de la Licitación LP-001-2011
[…] la Delegatura estudió estas observaciones y encontró coincidencias alarmantes
que permiten inferir que los Investigados no solo se comunicaron entre ellos y
compartieron información a lo largo del proceso de selección, sino que presentaron
observaciones coincidentes que conllevan a concluir la existencia de una estrategia
colusoria entre los Investigados […].
[…] Respecto al objeto del contrato, Calixto de Jesús Vega Navarro y Jairo Maya
Salazar presentaron la siguiente observación:
[…]Como se puede apreciar fácilmente, las únicas diferencias que se encuentran
son ortográficas o de palabras en mayúsculas o minúsculas. No existe ninguna
diferencia sintáctica o gramatical, y mucho menos de fondo, entre las dos
observaciones, lo cual, por simple lógica, no puede ser fruto del azar. Es claro
entonces que las observaciones en comento fueron preparadas por una sola
persona, y tal vez surgieron errores o correcciones en el momento de su
transcripción por cada uno de los investigados […]
[…] Ahora bien, la Delegatura también encontró coincidencias en siete de las
observaciones presentadas por Calixto de Jesús Vega Navarro y María Mercedes
Bohórquez Bohórquez. A manera de ejemplo se presentan las siguientes
observaciones […]:
[…] El Despacho llama la atención frente al hecho de que se presentaron cerca
de 300 al proyecto de condiciones, y de esas, existen 9 observaciones
coincidentes, presentadas por dos interesados diferentes (es decir 18
observaciones, que corresponden al 6% del total de observaciones presentadas),
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y que todas esas coincidencias se presenten justamente en las Observaciones de
los Investigados. […]
[…] Como se puede observar de la tabla anterior, los ítems que les resultaron
adjudicados a los Investigados fueron justamente aquellos para los cuales
solicitaron visita y no otros. Una conclusión a la que se podría llegar al ver estos
resultados, es que la visita al centro penitenciario era de facto esencial para lograr
determinar la oferta económica y conseguir la adjudicación de los ítems de interés.
[…]
[…] Tal y como lo expuso de manera detallada la Delegatura en el lnforme
Motivado, existen diversos correos electrónicos que evidencian que las pólizas de
cada uno de los Investigados fueron divididas en dos grupos: el primer grupo de
pólizas, que se denominó "Cárceles María Mercedes”, "Cárceles Jairo” y "Cárceles
Calixto”, y el segundo grupo que se denominó “Estrategia Cárceles María
Mercedes”, "Estrategia Cárceles Jairo" y "Estrategia Cárceles Calixto”,
respectivamente. […]
[…] Despacho llama la atención en que la forma en la que se hizo la división de
las pólizas en los dos grupos (“Cárceles” y “Estrategia cárceles”) es indicativo de
la existencia de una estrategia de los investigados para resultar adjudicatarios de
unos ítems y no de otros. Veamos. […]
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[…]Ahora bien, si se compara la tabla anterior con los grupos en los que se
dividieron las pólizas de seriedad de las ofertas de los Investigados, es fácil
comprobar que el segundo grupo de pólizas coincide con aquellos ítems que no
fueron adjudicados a los Investigados tal y como se muestra a continuación:
[…] En criterio del Despacho, la identidad entre el segundo grupo de pólizas de
cada investigado y los ítems que no le fueron adjudicados no pueden ser fruto de
una coincidencia. Por el contrario, es un indicador claro de que los investigados
dividieron sus propuestas en dos grupos, un primer grupo de pólizas para las
propuestas de los ítems que, de acuerdo con la estrategia colusoria utilizada les
serían adjudicadas con una alta probabilidad, y un segundo grupo de pólizas para
las ofertas que cada Investigado presentaría, pero para las que no buscaba ser
adjudicatario […].
[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que JAIRO MAYA SALAZAR, CALIXTO DE
JESÚS VEGA NAVARRO y MARÍA MERCEDEZ BOHÓRQUEZ BOHÓRQUEZ
contravinieron lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de
1992.
[…] ARTÍCULO TERCERO: Imponer una sanción pecuniaria a JAIRO MAYA
SALAZAR, identificado con el NIT 14.872.527-1, por la suma de mil setecientos
cincuenta y seis millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y
cuatro pesos M/CTE ($1.756.839.544) […]24”.
24
Cfr. folios 35 a 77 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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82. La Resolución núm. 53979 de 14 de septiembre de 201225, expedida por el
Superintendente de Industria y Comercio que resolvió el recurso de reposición
interpuesto por la parte demandante contra la anterior decisión, que en su parte
resolutiva señaló:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: No tener en cuenta las pruebas que el apoderado del
señor Calixto de Jesús Vega Navarro solicita se tengan en cuenta.
ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. 40901
de 28 de junio de 2012 […]”26.
El problema jurídico
83. Corresponde a la Sala, con fundamento en los recursos de apelación,
determinar: i) si los actos acusados están viciados de nulidad por falsa motivación,
por cuanto ninguno de los elementos de juicio analizados por la parte demandada
constituyen prueba de la ocurrencia de los supuestos hechos colusorios; ii) si en
el presente asunto se reúnen los presupuestos normativos para que el monto de
la sanción se fijara conforme al artículo 25 de la Ley 1340 y, iii) si se debió
condenar en costas a la parte demandada como consecuencia de la declaratoria
de nulidad de los actos acusados según el artículo 188 de la Ley 1437.
84. En consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia.
Marco normativo de las prácticas restrictivas a la libre competencia en los
acuerdos colusorios en las licitaciones públicas
85. Visto el artículo 1.° de la Ley 155 de 24 de diciembre de 195927, sobre
prácticas restrictivas de la competencia, señala:
“[…] ARTÍCULO 1º. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. El nuevo texto
es el siguiente. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o
consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o
extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos […]” (Destacado de la Sala).
25
“[…] Por la cual se resuelven unos recursos de reposición […]”
26 Cfr. folios 86 a 95 del cuaderno núm. 1 del expediente.
27 “[…] Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas […]”.
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86. De este modo, la norma vista supra señala como presupuestos de las
prácticas anticompetitivas que (i) se trate de acuerdos o convenios; (ii) que el
objeto de los mismos sea el de limitación de la producción, el abastecimiento,
distribución o consumo en materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros o bien puede tratarse de prácticas, procedimientos o
sistemas y, (iii) que la finalidad de los mismos sea la de limitar la libre competencia
o mantener o determinar precios inequitativos, es decir, que restrinjan la libertad
de acceso a los mercados28.
87. A su vez, visto el numeral 9.º del artículo 47 del Decreto 2153 de 199229
prescribe que son acuerdos contrarios a la libre competencia los que tengan por
objeto la colusión en las licitaciones o concursos, así:
“[…] ARTICULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE
COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo
44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros,
los siguientes acuerdos:
[…]
9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los
que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos,
distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas […]”
(Destacado nuestro).
88. Para la configuración de la colusión de acuerdo con el mencionado
enunciado normativo, es necesaria la concurrencia de los siguientes supuestos
que definen la conducta anticompetitiva y contraria a la libre competencia:
“[…] La existencia de un acuerdo entendido como “[…] todo contrato, convenio,
concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más
empresas30” (numeral 1° del artículo 45 del Decreto 2153 de 199231), lo que se
traduce en la voluntad o consenso de las partes de llevar una conducta contraria
a la libre competencia […]”.
89. De conformidad con lo anterior, se tiene que existen cinco formas de
acuerdo previstas por el legislador, a saber: i) el contrato; ii) convenio; iii)
concertación; 4) práctica concertada y v) prácticas conscientemente paralelas. La
28 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de diciembre de
2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 110010324000201900001 00 […]”.
29 “Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones”.
30 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de diciembre de
2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 110010324000201900001 00 […]”.
31 “ARTICULO 45. DEFINICIONES. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo anterior se
observarán las siguientes definiciones: 1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o
conscientemente paralela entre dos o más empresas […]”
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segunda parte de la definición dada por la citada norma indica que requiere una
pluralidad de empresas.
90. Esta Sección de la Corporación 32 ha definido el término colusión y las
modalidades bajo las cuales puede configurarse:
“[…] a) Que el acuerdo tenga por objeto la colusión en las licitaciones o concursos
o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos,
distribución de concursos o fijación de los términos de las propuestas.33
Colusión, de acuerdo con su significado natural significa “Pacto ilícito en daño de
un tercero34”, de manera que lo que se castiga es el pacto para desfavorecer a un
tercero35.
La doctrina ha señalado que de la citada norma es posible clasificar tres clases de
colusión, como pasa a analizarse a continuación:
Una primera modalidad, por distribución de adjudicación en contratos, la cual
ha sido definida así:
“[…] Esta forma de colusión tiene como sujetos las empresas interesadas en
presentar propuestas, que de manera acordada acogen entre ellas el agente
económico que presentará la mejor propuesta, introduciendo en cada propuesta
elementos que la hacen más atractiva, lo que deja sin posibilidad de una verdadera
escogencia a la empresa interesada en los servicios36”.
Una segunda modalidad, de distribución de concursos, según la cual:
“[…] Conforme a la ley de contratación administrativa, cuando el objeto del contrato
consiste en estudios o trabajos técnicos o especializados, el proceso de selección
se llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública. Así, el
alcance de este supuesto hace referencia particular a los concursos, con los
mismos elementos ya mencionados en lo referente al principio de legalidad37”.
Finalmente, una tercera modalidad de fijación de términos de las propuestas38,
que surge cuando:
“[…] La conducta que nos ocupa hace parte de aquellas que requieren
obligatoriamente la participación de la empresa que pretende adjudicar los
contratos. Lo anterior se explica si observamos el contenido del precepto fáctico,
pues la conducta restrictiva debe ser desarrollada por la empresa que invita a
presentar ofertas a otras. La conducta que se reprime consiste en elaborar unos
pliegos que no permiten la igualdad de oportunidades para los posibles
participantes, pues por medio de estos puede la licitación estar dirigida para que
uno de ellos se vea favorecido. En tal instancia la empresa o la persona encargada
de elaborar los pliegos acuerda con uno de los potenciales contratistas la
32 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de diciembre de
2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000232400020120079001[…]”.
33 VELANDIA Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo, competencia desleal; abuso de la posición
dominante; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor, 2ª edición,
Universidad Externado de Colombia, 2011.
34 Definición de la Rae: https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=colusi%C3%B3n, fecha de consulta: 7 de noviembre
de 2019.
35 VELANDIA Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo, competencia desleal; abuso de la posición
dominante; carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor, 2ª edición,
Universidad Externado de Colombia, 2011, página 157.
36 Ibídem. Página 158 y 159.
37 Ibídem. Folio 159.
38 Ibídem. Folio 159.
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adjudicación del contrato, diseñando en conjunto un pliego que beneficiará al
partícipe del acuerdo. Además de ser restrictiva puede llegar a ser desleal”.
a) Por último, se requiere que el acuerdo afecte la libre competencia […]”.
Marco normativo de las facultades de la Superintendencia frente a las
investigaciones de prácticas restrictivas de la competencia
91. Visto el artículo 2 del Decreto núm. 2153 de 1992, sobre las funciones de
la Superintendencia de Industria y Comercio, dispone que a la entidad le
corresponde: i) velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de
la competencia; ii) imponer las sanciones por violación de las normas sobre
prácticas comerciales restrictivas y promoción de la competencia; iii) imponer las
sanciones pertinentes por la inobservancia de las instrucciones que dé en
desarrollo de sus funciones; iv) imponer, previa solicitud de explicaciones y de
acuerdo al procedimiento aplicable, las sanciones pertinentes por la inobservancia
de las instrucciones que imparta; v) solicitar a las personas naturales o jurídicas
el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran
para el correcto ejercicio de sus funciones; y, vi) ejercer la demás funciones que
le asigne la ley, así:
“[…] ARTÍCULO 2. FUNCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio
ejercerá las siguientes funciones:
1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia;
atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su
contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en
particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el
mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.
PARÁGRAFO. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los
propósitos de que trata el presente artículo al momento de resolver sobre la
significatividad de la práctica e iniciar o no una investigación, sin que por este solo
hecho se afecte el juicio de ilicitud de la conducta.
2. Imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas sobre prácticas
comerciales restrictivas y promoción de la competencia, así como por la inobservancia
de las instrucciones que, en desarrollo de sus funciones imparta la Superintendencia.
[…] 5. Imponer, previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las
sanciones que sean pertinentes por violación de las normas sobre protección al
consumidor, así como por la inobservancia de los Instrucciones Impartidas por la
Superintendencia.
[…] 10. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes,
libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus
funciones.
[…] 21. Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las
disposiciones en las materias que hace referencia el numeral anterior, fijar los criterios
que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.
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[…] 23. Las demás funciones que, en lo sucesivo, le asigne la Ley […]”. (Destacado
de la Sala).
92. Visto el artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, sobre las funciones del
Superintendente de Industria y Comercio, señala que le correspondían, entre
otras, las siguientes:
“[…] 10. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas establecidas por la Ley 155 de 1959,
disposiciones complementarias y en particular aquellas a que se refiere el presente
Decreto, respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica,
independientemente de su forma o naturaleza jurídica con sujeción al artículo 2o,
numeral 1o., del presente Decreto.
[…] 12. Decidir sobre la terminación de investigaciones por presuntas violaciones a
las disposiciones a que se refiere el numeral 10 del presente artículo, cuando a su
juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o
modificará la conducta por la cual se le investiga.
13. Ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas que sean
contrarias a las disposiciones sobre promoción de la competencia y práctica
comerciales restrictivas a que alude el presente Decreto.
[…]15. <Numeral modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. El nuevo texto
es el siguiente:> Monto de las multas a personas jurídicas. Por violación de cualquiera
de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en
acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que
imparta, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones
de informar una operación de integración empresarial o las derivadas de su
aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación
de garantías, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios
mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad
derivada de la conducta por parte del infractor.
16. <Numeral modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. El nuevo texto es
el siguiente:> Monto de las multas a personas naturales. Imponer a cualquier persona
que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas
sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto
2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el
equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al
momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria
y Comercio […]”
93. Las anteriores competencias se ejercen de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, vigente para la época de emisión de
los actos acusados, norma que disponía:
“[…] ARTICULO 52. PROCEDIMIENTO. Para determinar si existe una infracción a las
normas de promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se
refiere este decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar
actuación de oficio o por su solicitud de un tercero y adelantar una averiguación
preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de realizar una investigación.
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Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al investigado
para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer. Durante la
investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las que el funcionario
competente considere procedentes.
Instruida la investigación se presentará al Superintendente un informe motivado
respecto de si ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado al
investigado.
Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio podrá
ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde
garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le
investiga.
En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo
[…]”.
94. Visto el artículo 52 del Decreto núm. 2153 de 1992, sobre el procedimiento
para determinar si existió una infracción a las normas de promoción a la
competencia y prácticas restrictivas, el trámite que se debe adelantar en esa
materia, es el siguiente: i) averiguación preliminar para determinar la necesidad
de realizar una investigación; ii) la apertura de la investigación se notificará
personalmente al investigado para que dentro de los 20 días siguientes solicite o
aporte pruebas; iii) terminada la investigación se citará a audiencia donde el
investigado presentará los argumentos que pretenda hacer valer; iv) concluida la
audiencia el Superintendente Delegado presentará ante el Superintendente de
Industria y Comercio un informe motivado del cual se debe correr traslado al
investigado por el término de 20 días; durante el curso de la investigación se podrá
ordenar la clausura de la investigación cuando el presunto infractor brinde
garantías suficientes de que suspenderá o modificará su conducta; v) en el acto
administrativo en que se acepten las garantías se ordenará la clausura de la
investigación y se señalarán las condiciones en que se verificará la continuidad
del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el investigado.
95. Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y
Comercio podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el
presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la
conducta por la cual se le investiga. La norma citada supra es diáfana en cuanto
a que el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aceptación de las
garantías se considera una infracción a las normas de protección de la
competencia y da lugar a las sanciones previstas en la ley, previa solicitud de
explicaciones; igualmente que en lo no previsto en esa disposición, en
concordancia con el artículo 54 del Decreto núm. 2153 de 1992, se aplicara el
Código Contencioso Administrativo.
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96. En suma, la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad
legalmente facultada para sancionar cualquier práctica restrictiva de la
competencia, puede clausurar la investigación mediante acto administrativo,
cuando se brinden las garantías suficientes, en el que señalará las condiciones
por medio de las cuales verificará la continuidad del cumplimiento de las
obligaciones adquiridas por los investigados.
Marco normativo y jurisprudencial de la condena en costas.
97. La institución de la condena en costas es una figura de derecho procesal
que busca sancionar a la parte que resulta vencida en un proceso, incidente o
recurso, teniendo ésta que efectuar erogaciones económicas a cargo de la parte
vencedora, correspondientes a las expensas y las agencias en derecho.
98. La Sección Primera de la Corporación39 definió el concepto de costas en
los siguientes términos:
“[…] Es preciso recordar que las costas constituyen la erogación económica que
debe efectuar la parte vencida en un proceso judicial, y están conformadas tanto
por las expensas como por las agencias en derecho. Las primeras corresponden a
los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, pero
distintas al pago de apoderado, esto es, los impuestos de timbre, los honorarios de
los auxiliares de la justicia, y en general todos los gastos surgidos en el curso de
aquel. Por su parte, las agencias en derecho no son otra cosa que la compensación
por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora que pueden
fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un
profesional del derecho […]” (Se destaca)
99. La Corte Constitucional 40 indicó que: “[…] Al momento de liquidarlas,
conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en
derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena
incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su
utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta
manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización
de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse
como una sanción en su contra […]”. (Negrilla fuera de texto).
39 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de febrero de
2016; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación 17001233100020120032102[…]”.
40 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-157 de 2013; M.P. Mauricio González Cuervo […]”.
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100. En relación a la condena en costas, es pertinente señalar que, aunque el
origen de éstas obedece a un principio de responsabilidad patrimonial que tienen
las partes41, los apoderados y los poderdantes 42 cuando con sus actuaciones
procesales incurren en mala fe o temeridad 43 , también es cierto que éstas
actualmente constituyen causales o reglas que expresamente refiere la Ley para
su declaratoria, liquidación y ejecución.
101. En ese sentido, el criterio para la imposición de costas inicialmente estaba
dado por observancia de la conducta asumida por las partes44, no obstante, con
la entrada en vigencia del artículo 188 de la Ley 1437, se dispuso que en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas conforme con lo previsto en
el estatuto procesal civil 45, salvo en los procesos en que se ventile un interés
público:
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil
[…]”.
102. Visto el artículo 361 del Código General del Proceso, sobre la composición
de las costas, dispone: “[…] Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
41 En el entendido que en los aspectos no regulados en el C.P.A.C.A. se sigue el Código de Procedimiento
Civil, hoy Código General del Proceso, se tiene que el artículo 80 respecto de la responsabilidad patrimonial
de las partes, literalmente señala: “Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus
actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en el
proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar,
impondrá la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar
allí su monto, ordenará que se liquide por incidente. A la misma responsabilidad y consiguiente condena están
sujetos los terceros intervinientes en el proceso o incidente. Siendo varios los litigantes responsables de los
perjuicios, se les condenará en proporción a su interés en el proceso o incidente.”
42 En el entendido que en los aspectos no regulados en el C.P.A.C.A. se sigue el Código de Procedimiento
Civil, hoy Código General del Proceso, se tiene que el artículo 81 al respecto expresamente señala:
“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE APODERADOS Y PODERDANTES. Al apoderado que actúe con
temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas del
proceso, incidente o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Dicha
condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe. Copia de lo pertinente se
remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación disciplinaria al abogado
por faltas a la ética profesional.”
43 Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se
aleguen hechos contrarios a la realidad. 2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes. 3. Cuando se utilice
el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos. 4.
Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas. 5. Cuando por cualquier otro medio se
entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso. 6. Cuando se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas.
44 Artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.
45 Modificado por la Ley 794 de 2003, señala en el artículo 42: Los numerales 1 y 2 del artículo 392 del Código
de Procedimiento Civil quedarán así: 1.) Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, revisión o anulación que
haya propuesto. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin
perjuicio artículo 73. 2.) La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a
la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la
respectiva liquidación.
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derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y
verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos
siguientes […]”.
103. Visto el artículo 365 del Código General del Proceso, sobre la condena en
costas, señala que este tipo de condena procede contra la parte a la cual se le
resuelve de manera desfavorable la formulación de excepciones previas y solo
habrá lugar a las mismas cuando en el expediente aparezca comprobado que se
causaron:
“[…] ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de
amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o
mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto,
se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno
de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por
separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de
desistimiento o transacción […]”. (Negrillas fuera de texto).
104. Ahora bien, la Sala advierte que el criterio subjetivo que hacía referencia al
examen que debía realizar el juez para determinar si hubo o no culpa en quien
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promovió el proceso, recurso o incidente o se opuso a él y resultó vencido, dejó
de existir cuando en vigencia del Código General del Proceso se adoptó el criterio
objetivo el cual simplemente indica que las costas en los casos señalados en los
artículos anteriores, son a cargo de la parte vencida.
105. En suma, con la entrada en vigencia de la Ley 1437, la Sala considera que
existe un criterio objetivo en lo que corresponde a la imposición de las costas,
dado que el condenar en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable la
sentencia, no tiene en cuenta la conducta asumida por la parte vencida.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del debido proceso
106. Visto el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso “[…] se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo,
“[…] [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio […]”.
107. En términos generales, el Consejo de Estado46 ha considerado que “[…] el
derecho al debido proceso se erige como una garantía a todas las personas según
la cual su intervención en una actuación administrativa o judicial está regida por
reglas previamente establecidas por el legislador, que a su vez le permiten
defenderse y solicitar las pruebas tendientes a demostrar lo que afirma, sin que la
voluntad del funcionario público pueda tener alguna injerencia [i.e] en las distintas
etapas del proceso […]”.
108. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que el derecho del
debido proceso es “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia […]” 47 ; se trata de un
mecanismo orientado a: i) limitar el poder de las autoridades, “[…] forzando a que
sus actuaciones se sometan siempre a las formas preestablecidas por la ley […]”;
ii) contribuir “[…] a la garantía y realización de los derechos de los particulares,
46 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 21 de agosto
de 2014. Proceso identificado con el número único de radicación 680012333000201400413-01. C.P. doctor
Guillermo Vargas Ayala.
47 Corte Constitucional, sentencia C-980 de 1 de diciembre de 2010. M.P. doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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que deben gozar de posibilidades adecuadas de participación en el proceso de
formación de la voluntad de la Administración […]”; y iii) a mejorar el ejercicio de
las funciones públicas y a lograr un mayor estándar de imparcial en la aplicación
del derecho, gracias al debate entidad-particular que propicia48.
109. La misma Corte, en relación con el debido proceso, consideró49 que “[…]
[u]na de las notas más destacadas de la Constitución Política de 1991 es la
extensión de las garantías propias del debido proceso a las actuaciones
administrativas. Ello demuestra la intención constituyente de establecer un orden
normativo en el que el ejercicio de las funciones públicas se encuentra sujeto
a límites destinados a asegurar la eficacia y protección de la persona,
mediante el respeto por sus derechos fundamentales. El Estado
Constitucional de Derecho es, desde esta perspectiva, un conjunto de garantías
de esos derechos, al tiempo que las normas que determinan la estructura del
Estado y sus instituciones deben interpretarse en función de esas garantías […]”
(Destacado fuera de texto).
110. Por último, mediante sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional
señaló que “[…] en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al
debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las
autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se
encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente
establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan
resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o
extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción […]” y que, en todo
caso, se han identificado algunas garantías mínimas asociadas al concepto de
debido proceso administrativo, entre ellas, el derecho a: i) que el trámite se
adelante por la autoridad competente; ii) que durante el mismo y hasta su
culminación se permita la participación de todos los interesados; iii) ser oído
durante toda la actuación; iv) que la actuación se adelante sin dilaciones
injustificadas; v) ser notificado de las decisiones que se adopten de manera
oportuna y de conformidad con la ley; vi) solicitar, aportar y controvertir
pruebas; vii) en general, ejercer el derecho de defensa y contradicción; y, por
último, viii) impugnar las decisiones que puedan afectarle.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de julio de
2014; C.P. doctor Guillermo Vargas
49 Corte Constitucional, Sentencia C-034 de 29 de enero de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Marco normativo de la falsa motivación como causal de nulidad de los actos
administrativos
111. Visto el artículo 137 de la Ley 1437, la nulidad procederá cuando los actos
administrativos hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió.
112. En relación con los supuestos para la configuración de la causal de nulidad
por falsa motivación, esta tiene ocurrencia cuando: i) se presenta inexistencia de
fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son
contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii)
el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que
no tienen; y iv) los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la
decisión.
113. En consecuencia, los motivos que fundamentan el acto administrativo
deben ser ciertos y corresponder a las circunstancias de hecho y de derecho
necesarias para proferir la decisión; es decir, debe existir correspondencia entre
la motivación del acto administrativo y la realidad fáctica y jurídica del caso.
114. La parte demandante tiene la carga de probar que el acto administrativo
está falsamente motivado, teniendo en cuenta la presunción de legalidad de este.
Acervo y análisis probatorio
115. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
116. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas solicitadas,
decretadas y recaudadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de
la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para
ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere
para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
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problemas jurídicos planteados en el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante.
117. En el expediente obra como prueba, entre otras, el expediente que dio lugar
a los actos administrativos demandados50.
Análisis del caso concreto
118. La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por la
parte demandante en el recurso de apelación, de acuerdo con el problema jurídico
indicado supra.
De la falsa motivación
119. La parte demandante señaló que ninguno de los elementos de juicio
analizados por la Superintendencia constituyen prueba de la ocurrencia de los
supuestos hechos colusorios, sino que se trata de inferencias generadas a partir
de indicios y situaciones incidentales.
120. Sobre el particular, la Sala advierte que los proponentes investigados
hicieron observaciones en similar sentido y la parte demandada no constituyó
prueba que desvirtúe el señalamiento de la parte demandada, según el cual las
observaciones no sólo coinciden en la temática del asunto sino en la idéntica
redacción del texto de cada observación, lo cual se advierte al revisar el contenido
del expediente administrativo en donde se aprecia que los investigados Calixto de
Jesús Vega Navarro y María Mercedes Bohórquez Bohórquez hicieron idénticas
observaciones al pliego de condiciones respecto del objeto del contrato51, así:
50 El expediente administrativo fue aportado por la parte demandada en medio magnético. Cfr. Fl. 475
51 Información encontrada en: CD en formato DVD obrante a folio 725 del cuaderno núm. 3, Archivo: "11-26754
PROALIMENTOS C28.pdf". p. 165.; CD en formato DVD obrante a folio 725 del expediente. "medios magnéticos \C.
1 folio 205\INPEC\LicitaciónINPEC - SECOP". Archivo: "respuesta observaciones proyecto pliego.pdf." y "respuesta
observaciones proyecto pliego.xls
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121. En ambas observaciones hechas por estos dos proponentes es el mismo,
diferenciándose sólo en que la parte demandante utiliza las palabras "kcalorías
día", mientras que la señora María Mercedes Bohórquez al mismo término se
refiere con la expresión "k.cal/día".
122. Este patrón se repite en varias de las observaciones hechas por la señora
María Mercedes Bohórquez en comparación con las elaboradas por la parte
demandante y con el señor Jairo Maya Salazar, en los que los textos son
igualmente idénticos, como se aprecia en el siguiente cuadro52:
52
Ibid.
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123. Así, para la Sala resulta claro que este punto sobre la observación al pliego
de la licitación pública trasciende más allá de la simple coincidencia entre los
argumentos jurídicos que sean presentados por los proponentes, en el marco de
las observaciones a los pliegos de condiciones de un proceso de selección
contractual estatal; en este caso, los textos de las observaciones a los pliegos de
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condiciones son idénticos, diferenciándose sólo en algunas palabras o en que
alguno de los proponentes sancionados incluyó unos párrafos adicionales,
advirtiendo que este patrón sólo se presenta entre estas tres personas
sancionadas por la parte demandada, sin que el fenómeno se presente entre uno
de ellos y otro de los proponentes de la licitación pública promovida por el INPEC,
lo que deja entrever que la forma en la que se encuentran las referidas
observaciones, implicó por lo menos un acuerdo previo entre la parte demandante
y los señores Bohórquez y Vega Navarro, que tuviera por objeto atacar algunos
apartes del Proyecto de Pliego de Condiciones en la LP-001 de 2011, en beneficio
de sus intereses.
124. Asimismo, la parte demandada sostuvo que en la licitación que dio lugar a
la investigación sancionatoria, se eliminó el requisito de la obligatoriedad de la
visita a los centros de reclusión, para que los contratistas que tenían experiencia
en otros ítems, respecto de los cuales venían siendo contratistas, priorizaran las
visitas a centros de reclusión que no conocían con el fin de obtener información
que les permitiera estructurar una propuesta y así poder participar en otros ítems.
125. La parte demandada estableció que los investigados, pese a tener
conocimiento de los Ítems en los que venían siendo contratistas, visitaron los
centros carcelarios que ya conocían y omitieron la visita de los que no conocían,
pero respecto de los cuales, en todo caso, manifestaron sus intenciones de ser
adjudicatarios. Además, estableció que en los ítems no conocidos por los
investigados se presentaron ofertas económicas menores al presupuesto oficial,
mientras que en los ítems respecto de los cuales venían siendo contratistas
presentaron una oferta superior53, así:
126. Para la Sala la parte demandante no desvirtuó los hallazgos de la parte
53
Folio 47 cuaderno núm. 1 del expediente
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demandada en cuanto a la estrategia utilizada por los investigados, sin que se
logre desvirtuar la constante presentada entre los investigados de realizar una
oferta menor en los ítems de los centros carcelarios que no visitaron y una oferta
mayor en los visitados los cuales efectivamente le fueron adjudicados, y en razón
de ello frente a este aspecto el cargo no está llamado a prosperar.
127. Por otra parte, respecto a la expedición de las pólizas de seriedad de la
oferta que se presentaron frente a los tres sancionados por la entidad demandada,
la Sala advierte que la parte demandada estableció que todos los sancionados
expidieron las pólizas de seriedad de sus ofertas a través del mismo intermediario
de seguros, con la misma compañía, en la misma fecha y en la misma sucursal,
aspecto que no cuestiona la parte demandante.
128. Al respecto, la parte demandada determinó la conformación de dos grupos
de correos electrónicos para la expedición de pólizas los cuales fueron
identificados según el asunto de cada uno de ellos como "[…]Cárceles" y
"Estrategia Cárceles[…]54", situación a partir de la cual la parte demandada infirió
que entre el segundo grupo de pólizas de cada investigado y los ítems no
adjudicados existe una relación que no es producto de la coincidencia, en tanto
que los investigados dividieron sus propuestas en dos grupos, el primero de ellos
denominado "Cárceles" para los ítems que serían adjudicados con alta
probabilidad, y el segundo "Estrategia Cárceles" para las ofertas que cada
investigado presentaría sin ánimo de ser adjudicatario.
129. En los actos acusados se gráfica la estrategia en el siguiente cuadro55:
130. Del cuadro señalado, la Sala advierte que la parte demandante no desvirtuó
las aseveraciones de la parte demandada respecto de los grupos de pólizas
expedidos, los ítems adjudicados y no adjudicados y los ítems con propuesta alta
54 Cfr. Folios 197 a 200 del cuaderno núm. 1 del expediente; y CD en formato DVD obrante a folio 725 del cuaderno
núm. 3 del expediente.
55 Ilustraciones tomadas de los actos administrativos demandados.
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y baja, por lo que se considera que si bien la existencia de dos grupos de pólizas
no es concluyente para sostener una conducta colusoria, si constituye un
importante elemento probatorio que demuestra la forma en que operó la
presentación de las propuestas y de allí su ánimo de incidir en la adjudicación
entre estos grupos, los ítems adjudicados y no adjudicados.
131. Los anteriores hallazgos y los demás referidos a las relaciones comerciales
y sociales de los investigados que se relacionan en los actos administrativos
acusados y que obran en los medios electrónicos, dan cuenta del equipo de trabajo
por ellos conformado para ser adjudicatarios de los ítems de su interés.
132. En ese sentido, la parte demandada encontró coincidencias desde la
presentación de las observaciones a los pliegos de condiciones, del valor de las
ofertas en la que dos de las empresas investigadas fijaron el mismo valor y otra
un valor más alto para afectar la media aritmética, aspecto que fue analizado 56,
así:
56 Folio 64 a 65 del cuaderno núm. 2del expediente.
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133. Para la Sala es evidente que la estrategia colusoria consistió en la
presentación de una propuesta baja e idéntica por parte de dos de los
investigados, mientras que el tercer investigado presentaba una propuesta más
alta, la cual obtuvo los fines deseados por los concordantes en el acuerdo
colusorio, esto es, la adjudicación de los ítems de su interés, es decir, las cárceles
para las cuales ya habían tenido adjudicaciones anteriormente.
134. Sobre el particular, la Sala advierte que dichas manifestaciones son
insuficientes para desvirtuar la presunción de legalidad y la colusión evidenciada
por la parte demandada, por cuanto no se lograron desvirtuar los cálculos que
afectaron la media aritmética en el proceso de licitación cuyo objeto era contratar
las raciones para los presos en distintas cárceles del país, la similitud en las ofertas
económicas, en los ítems en proporción al presupuesto oficial, en las pólizas y la
estrategia de los valores presentados por las tres personas investigadas que
finalmente resultaron beneficiadas con la adjudicación en los lugares donde ya
tenían experiencia para desarrollar el objeto contractual.
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135. Asimismo, la Sala evidencia que en la actuación administrativa la parte
demandante no presentó descargos, solicitó pruebas o las aportó, lo que permite
concluir que los hallazgos no fueron desvirtuados y del análisis probatorio es claro
que el comportamiento desarrollado por el señor Jairo Maya Salazar se adecua a
los prohibidos en materia de prácticas restrictivas de la competencia.
136. Por otra parte, la Sala evidencia que la presentación de las tres ofertas
económicas con las características antes descritas (dos bajas e idénticas y una
alta) para 11 ítems, no pueden obedecer al azar sino que se derivan de un acuerdo
los investigados, es decir, no es posible explicar la coincidencia en la estructura
de las ofertas de 3 proponentes independientes para los ítems de la licitación sin
plantear la existencia de una estrategia conjunta para la presentación de las
ofertas.
137. Ahora bien, en el expediente se encontró acreditado que entre los
investigados existieron uniones temporales57, lo que supone que se conocen entre
sí, por lo que se encuentra demostrado que han tenido relaciones comerciales
como acertadamente se señala en los actos acusados, sin que sea necesario
recurrir a la prueba de Facebook recaudada.
138. Respecto al reparto geográfico de los ítems, la Sala observa que con el
acuerdo anticompetitivo los investigados conservaron los contratos que venían
manejando de tiempo atrás y lo que resulta censurable más allá de la adjudicación
en los mismos centros penitenciarios es precisamente la colusión evidenciada.
139. Además, la Sala advierte que si bien es posible que los oferentes en el
proceso de licitación desearan seguir siendo los contratistas de los centros
reclusorios donde ya habían suscrito contratos de suministro, lo cierto es que este
hecho no desvirtúa la infracción de las normas sobre prácticas restrictivas de la
competencia según fue explicado supra.
140. Para la Sala, la conducta profesional de la contadora Alida Esther Turbay y la
violación de sus deberes éticos y profesionales señalados en el recurso de apelación
no es discutida en este proceso, de modo que no tiene la virtualidad de desvirtuar la
presunción de legalidad de la sanción impuesta a la parte demandante.
57 María Mercedes Bohórquez y la parte demandante se constituyeron en unión temporal para ejecutar el
contrato núm. 1382 de 28 de diciembre de 1999 celebrado con el INPEC. Folio 5174 del cuaderno núm. 21
de antecedentes administrativos.
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141. Por otra parte, en la investigación adelantada por la parte demandada no se
indicó que la contadora llevó a dos agentes del mercado a restringir la competencia
en el proceso licitatorio como lo indica la parte demandante en el recurso de
apelación, por lo que el cargo no prospera por este aspecto.
142. Aunado a lo anterior, por el hecho de que se incluyan elementos que
reduzcan la posibilidad de conocer el número y la identidad de los oferentes de
cada uno de los ítems, esto no es garantía para que la colusión se torne imposible
como lo sugiere el apelante. Es más, por el hecho de que exista esa incertidumbre,
es posible que algunos proponentes tengan incentivos para acordar estrategias
colusorias que les permitan reducir dicha incertidumbre
143. Respecto a las pruebas recaudadas en el curso del proceso, la Sala
advierte que: i) la parte demandada las analizó en su conjunto, lo que le permitió
determinar que el demandante incurrió en un acuerdo colusorio para restringir la
competencia en el mercado relevante y su análisis no deja duda alguna acerca de
la existencia del acuerdo anticompetitivo; ii) el juez de conocimiento se puede
basar en pruebas diferentes a la existencia misma de un acuerdo o contrato escrito
colusorio, dado que este sería muy difícil de encontrar e incluso inexistente; iii) es
posible afirmar que uno de los motivos que tuvieron los investigados para coludir
fue precisamente conservar los contratos que ya manejaban y que podrían verse
amenazados por la entrada de nuevos agentes los cuales lograron conservar en
la licitación analizada; iv) las coincidencias de las ofertas presentadas entre las
personas sancionadas no son fruto del azar sino producto de un acuerdo para
alterar la media aritmética y, v) la existencia de dos grupos de correos electrónicos
no es en sí misma concluyente respecto a la colusión entre los investigados, sin
embargo, al hacer el ejercicio de relación y comparación y llegar a los resultados
que se mostraron de dos grupos de pólizas con los ítems que fueron adjudicados
y que no fueron adjudicados la conclusión es contundente, sobre la existencia de
una estrategia en la que participó el demandante para lograr la adjudicación de
contratos en los ítems investigados.
144. Por las anteriores razones, la Sala considera que el material probatorio
obrante en el plenario, y al que se remitió la entidad demandada en los actos
administrativos demandados, analizados en su conjunto permiten inferir que los
señores Jairo Maya Salazar, Calixto de Jesús Vega Navarro y María Mercedes
Bohórquez Bohórquez incurrieron en la conducta típica de que trata el numeral 9.º
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del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, al llevar a cabo un acuerdo colusorio
con el fin de adjudicarse los ítems de la Licitación Pública LP-001 de 2011
adelantada por el INPEC, restringiendo la libre competencia de los demás
proponentes en ser adjudicatarios del contrato estatal.
145. Por las razones expuestas el cargo de nulidad no prospera.
Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
146. La parte demandante manifestó que la sanción por infracción al régimen de
competencia debió tasarse según lo establecido por el artículo 25 de la Ley 1340
de 24 de julio de 200958, por cuanto la norma es aplicable a infractores ya sean
personas jurídicas y naturales, los títulos de las normas no son vinculantes, el
demandante no toleró, facilitó o ejecutó o colaboró con la conducta y actuó como
agente del mercado.
147. En el caso sub examine, la Sala advierte que el a quo declaró la nulidad
parcial de los actos acusados, por cuanto se dio aplicación a la norma que
sanciona a las personas jurídicas por prácticas restrictivas de la competencia
cuando la norma que regía el presente asunto es el correspondiente a las
personas naturales, así:
“[…] Revisado el contenido de la Resolución núm. 40901 de 28 de junio de 2012
"[…] por la cual se imponen unas sanciones […]", confirmada en su integridad por
la Resolución núm. 53979 de 14 de septiembre de 2012 "[…] Por la cual se
resuelven unos recursos de reposición[…]”, se observa que en el numeral tercero
de la parte resolutiva de la del acto administrativo sancionatorio, la Superintendencia
de Industria y Comercio impuso una sanción de multa al señor Jairo Maya Salazar
por el valor de $1.200.082.188, por infracción de lo dispuesto en el numeral 9.º del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, que establece:
"[…] ARTÍCULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA.
Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente
Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes
acuerdos:
[…] 9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los
que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución
de concursos o fijación de términos de las propuestas […]”.
Para el año 2012 el salario mínimo legal mensual vigente equivalía a $566.700, que
multiplicados por 2000 SMLMV arroja la suma de $1.133.400.000, tope máximo de
la sanción consagrada en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, bajo los siguientes
términos:
58 “[…] Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia […]”.
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"ARTÍCULO 26. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS NATURALES. El
numeral 16 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere
conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se
refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen
o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la
sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1. La persistencia en la conducta infractora.
2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
3. La reiteración de la conducta prohibida.
4. La conducta procesal del investigado, y
5. El grado de participación de la persona implicada.
PARÁGRAFO. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y
Comercio imponga conforme a este artículo, no podrán ser cubiertos ni asegurados
o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona
jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta;
ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que
pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de
aquella". (subrayado fuera del texto).
En la parte considerativa de la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012, la
Superintendencia de Industria y Comercio sustentó la sanción impuesta al
demandante en el artículo 15, numeral 4, del Decreto 2153 de 1992, modificado por
el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, que en su tenor literal refiere que se le otorga
a la SIC la facultad de imponer sanciones a las Personas Jurídicas, bajo los
siguientes términos:
"ARTÍCULO 25. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS. El numeral
15 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia,
incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información,
órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el
incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración
empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación
de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a
cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta
por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser
mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del
infractor.
Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
2. La dimensión del mercado afectado.
3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta.
4. El grado de participación del implicado.
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5. La conducta procesal de los investigados.
6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos
y/o de sus ventas involucrados en la infracción.
7. El Patrimonio del infractor.
PARÁGRAFO. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación
de la sanción. La persistencia en la conducta infractora; la existencia de
antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección de la
competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de las
autoridades de competencia; el haber actuado como líder, instigador o en cualquier
forma promotor de la conducta. La colaboración con las autoridades en el
conocimiento o en la investigación de la conducta será circunstancia de atenuación
de la sanción". (subrayado fuera del texto).
No obstante, el demandante fue vinculada a la investigación administrativa que dio
origen a la sanción como persona natural, tal y como se advierte de los
antecedentes expuestos por la entidad en la Resolución No. 40901 de 28 de junio
de 2012 […]
Conforme a lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio, al imponer la
sanción al demandante por infracción al régimen de competencia, debió aplicar el
monto establecido por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por tratarse de una
persona natural que ejerce actividades mercantiles y de comercio en los términos
del artículo 10 del Código de Comercio; pues como se adujo anteriormente, la
sancionada no es una persona jurídica conformada bajo el amparo del artículo 633
del Código Civil, ni una sociedad constituida en los términos de los artículos 98 y
110 del Código de Comercio y por ello la sanción máxima no podía exceder de 2.000
SMLMV que para el año 2012 correspondían a la suma de 1.133.400.000; empero,
la sanción atacada se impuso por el valor de $1.200.082.188, esto es, excediendo
el tope máximo permitido
Lo anterior denota una infracción directa entre el artículo tercero de la parte
resolutiva de la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012, confirmada en todas
sus partes por la Resolución No. 53979 de 14 de septiembre de 2012, frente al
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, que modificó el numeral 16 del artículo 4 del
Decreto 2153 de 1992, norma aplicable para establecer el monto de las sanciones
a personas naturales. […] Considerando lo anterior, la Sala declarara la nulidad
parcial de los actos demandados en lo relacionado con el monto de la sanción
impuesta […]”.
148. Atendiendo al numeral 15.º del artículo 4 del Decreto núm. 2153 de 1992,
modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 59 , sobre las funciones del
Superintendente de Industria y Comercio, señala que le corresponden, entre otras,
imponer sanciones pecuniarias por violación de cualquiera de las disposiciones
sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en acatar en debida
forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la
obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de
informar una operación de integración empresarial o las derivadas de su
aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por
59 TITULADO MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS.
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aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a
favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de
100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por
el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor.
149. La Sala Plena de la Corte Constitucional al estudiar una demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 25 de la Ley 1340, señaló que la norma
resulta aplicable frente a personas jurídicas, así:
“[…] Finalmente, en lo que respecta a la acusación contra el artículo 25 (parcial) de
la Ley 1340/09, debe recordarse el precedente jurisprudencial expuesto, relativo a
que una de las características del derecho administrativo sancionador es la
posibilidad de establecer, por parte del legislador, conductas a partir de
proposiciones normativas amplias y genéricas, susceptibles de concretarse por la
autoridad que ejerce la potestad de control. Basta entonces que el legislador
establezca la conducta genérica objeto de reproche administrativo, pudiéndose
delegar a la entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control la
posibilidad de definir el contenido concreto del tipo sancionable, dentro del marco
de referencia previsto por la ley.
Para el caso analizado, se tiene que el legislador ha dispuesto que la
Superintendencia de Industria y Comercio puede imponer las multas descritas
en la misma norma a las personas jurídicas, cuando se esté ante el
incumplimiento de las órdenes e instrucciones que imparta esa autoridad
administrativa, o cuando se omita el deber de informar una operación de integración
empresarial. La norma establece distintas reglas que definen el contenido de
la sanción, entre ellas, (i) que la sanción consistirá en multa a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio; (ii) el monto de la misma será de
100.000 salarios mínimos mensuales o, si resulta ser mayor, hasta por el 150%
de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor; (iii) los criterios
para graduar la multa, que versan sobre el impacto que la conducta tenga sobre el
mercado, la dimensión del mercado afectado, el beneficio obtenido por el infractor
de la conducta, el grado de participación del implicado, la conducta procesal de los
investigados, la cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de
sus activos y/o sus ventas involucrados en la infracción y el patrimonio del infractor;
y (iv) las circunstancias de agravación para efectos de la graduación de la sanción.
Como se observa, es el legislador el que define los aspectos esenciales del ilícito,
pues indica tanto las conductas reprochables, la naturaleza de la sanción y los
parámetros para definir el quantum de la misma. Asunto distinto es que el
legislador haya previsto, en los apartes acusados por el ciudadano Múnera Toro,
que dentro de las conductas objeto de sanción está el incumplimiento de las
órdenes e instrucciones de la Superintendencia en materia de integración
empresarial, puesto que (i) las deberes de las empresas vigiladas en cuanto a la
notificación de los proyectos de integración empresarial y el cumplimiento de las
condiciones que le fije la autoridad de competencia, son materias que
expresamente regula la Ley 1340/09, según se analizó al momento de resolver el
primero de los cargos planteados por el actor; y (ii) es compatible con la
Constitución, conforme los argumentos expresados en el fundamento jurídico 20 de
esta decisión, que el legislador realice remisiones normativas para que el
reglamento o la autoridad administrativa defina el contenido concreto de las
conductas objeto de sanción, como sucede en el presente caso.
Debe insistirse en que las condiciones y requisitos analizados no pueden ser
regulados por la autoridad de competencia de manera omnímoda, de forma que
configuren fuente autónoma de obligaciones, deberes o límites a las empresas
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vigiladas. En contrario, serán las normas legales que regulan el control de las
integraciones empresariales y, de manera más amplia, la libre competencia
económica, las que servirán de parámetro para definir, de forma concreta y
específica, las conductas reprochables. Por supuesto, esto opera sin perjuicio que
cuando el infractor advierta que la autoridad de competencia ha desbordado o
desconocido esos límites, pueda hacer uso de las acciones administrativas y
judiciales destinadas a controvertir los actos expedidos por la Superintendencia.
Los anteriores argumentos demuestran que las censuras que conforman el segundo
grupo de cargos no están llamadas a prosperar, por lo que la Corte declarará la
exequibilidad, por los cargos propuestos, de los artículos 9º, 11º y 25 (parcial) de la
Ley 1340/09[…]”60. (Negrillas fuera de texto)
150. Por su parte, el numeral 16.º del artículo 4 ibidem, modificado por el artículo
26 de la Ley 134061, dispone que el Superintendente de Industria y Comercio se
encuentra facultado para imponer sanciones a cualquier persona que colabore,
facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre
protección de la competencia a que se refiere la Ley 155, el Decreto núm. 2153
de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el
equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al
momento de la imposición de la sanción.
151. La Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad
determinó que el artículo 26 de la Ley 1340 es la única norma en el ordenamiento
que regula la imposición de multas a personas naturales por infracción del régimen
de la libre competencia y que el artículo 25 ibidem la imposición de multas a
personas jurídicas, así:
“[…] el actor sugirió que la Corte debería "[integrar] a la discusión constitucional el
artículo 25 [de la Ley 1340 de 2009], por tener un contenido normativo idéntico al
acusado en la demanda frente al artículo 26 (sic)"; […]
Las normas cuya integración se sugiere en la demanda, con ocasión del
contenido que en cada una de ellas se subraya, se comparan en el siguiente
cuadro:
LEY 1340 DE 2009
Artículo 25 Artículo 26
ART. 25.–Monto de las multas ART. 26.–Monto de las
a personas jurídicas. El numeral 15 multas a personas
del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992 naturales. El numeral 16 del
quedará así: artículo 4º del Decreto 2153 de
Por violación de cualquiera de las 1992 quedará así:
disposiciones sobre protección de la "Imponer a cualquier
competencia, (...), imponer, por cada persona que colabore,
violación y a cada infractor, multas a facilite, autorice, ejecute o
favor de la Superintendencia de tolere conductas violatorias
Industria y Comercio hasta por la de las normas sobre
suma de 100.000 salarios mínimos protección de la
mensuales vigentes o, si resulta ser competencia a que se refiere
60
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 228 de 24 de marzo de 2010; M.P. Luis Ernesto Vargas Silva […]”.
61 TITULADO MONTO DE LA MULTAS A PERSONAS NATURALES.
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mayor, hasta por el 150% de la la Ley 155 de 1959, el
utilidad derivada de la conducta por Decreto 2153 de 1992 y
parte del infractor. normas que la
(...) complementen o
modifiquen, multas hasta
por el equivalente de dos mil
(2.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes
al momento de la
imposición de la sanción, a
favor de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
(...)
En reciente Sentencia C-211 de 2017[12] la Corte recapituló los requisitos cuyo
cumplimiento debe verificarse para lograr la integración de una unidad normativa.
Así, para tales efectos, la Corte explicó que:
"En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un
ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido
deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta
absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra
disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la
proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio"[23].
"En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en
aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida
en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis
pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo."
Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna
de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente
relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de
constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por
esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y
concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las
disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las
disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente
inconstitucionales. A este respecto, la Corporación ha señalado que 'es legítimo
que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma
demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad"
Con lo anterior en mente, la Corte encuentra que ninguna de las tres hipótesis recién
trascritas exige la integración de una unidad normativa entre los artículos 25 y 26
de la Ley 1340 de 2009. En efecto: (i) el artículo 25 es suficientemente claro y
permite su completa comprensión de modo autónomo, sin necesidad de acudir a
cualquier otra norma; (ii) el artículo 26 es la única norma en el ordenamiento
que regula la imposición de multas a personas naturales por infracción del
régimen de la libre competencia. Por ende, al margen de que en posterior
demanda se impugne la expresión subrayada del artículo 25 (imposición de multas
a personas jurídicas), el fallo que se profiera dentro de la presente sentencia no
sería inocuo en modo alguno; y (iii) si bien entre los artículos 25 y 26 de la Ley 1340
de 2009 existe una relación intrínseca pues ambas normas regulan la imposición
de multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por la infracción
al régimen de la libre competencia, para la Corte el contenido del artículo 25 no
despierta en este momento duda alguna sobre su constitucionalidad pues, contrario
a lo que sucede con el artículo 26, de su redacción no necesariamente se
desprende una eventual oposición al principio de legalidad. En efecto, mientras que
el artículo 26 de la Ley 1340 indica que la multa será tasada en "salarios mínimos
mensuales legales vigentes "al momento de la imposición" , el antedicho artículo 25
se limita a señalar que la multa será tasada en "salarios mínimos mensuales legales
vigentes"; redacción ésta última que podría ser eventualmente armónica con el
principio de legalidad bajo el entendido de que la tasación de la respectiva multa
correspondiera al valor que tuvieran los salarios mínimos mensuales legales
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vigentes en el momento de la infracción del caso; todo ello considerando la distinta
redacción de las normas comparadas y con arreglo al principio Ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere debemus (Donde la ley no distingue, nosotros no
debemos distinguir). Es decir, contrario a lo que la demanda sostiene para el artículo
26 de la Ley 1340, el valor nominal del tope de la multa prevista en el artículo
25 ibid. sería plenamente determinable en el momento inmediatamente previo a
aquel en el que se incurriera en la infracción del caso.
[…] Por lo atrás expuesto, la Corte se abstendrá de adoptar la integración normativa
que el ciudadano actor le sugirió al momento de descorrer el primer auto que esta
Corporación expidió dentro del presente trámite constitucional62. (Negrillas fuera de
texto).
152. De este modo, para la Corte Constitucional el artículo 26 de la Ley 1340 es
la única norma en el ordenamiento jurídico que regula la imposición de multas a
personas naturales por infracción del régimen de la libre competencia y el artículo
25 ibidem aplicable a las personas jurídicas es claro y permite su completa
comprensión de modo autónomo, sin necesidad de acudir a cualquier otra norma,
por lo que no es posible realizar una integración normativa de los dos artículos. En
consecuencia, la Sala advierte que los artículos son independientes y regulan
sanciones a personas distintas, naturales (artículo 26) y jurídicas (artículo 25), sin
que pueda hablarse de una unidad normativa.
153. La Corte Constitucional señaló sobre el contenido del régimen de protección
de la competencia en la Ley 1340, lo siguiente:
“[…] La Ley 1340 de 2009 está conformada por 34 artículos distribuidos en seis
títulos, el primero de los cuales va del artículo 1 al 8 y contiene las disposiciones
generales, entre las que destacan las ya referida normas sobre el objeto de la ley,
la enunciación de las normas que conforman el régimen general de protección de la
competencia económica, y el establecimiento de la competencia privativa de la SIC
para investigar y sancionar las infracciones a ese régimen.
El Titulo II, que comprende los artículos 9 a 13, contiene el régimen de las
integraciones empresariales, enunciando las reglas que disponen el control de las
mismas. El Título III se denomina prácticas restrictivas de la competencia, y se
refiere a tres asuntos puntuales relacionados con las investigaciones a cargo de la
SIC, como son el régimen de beneficios por colaboración, el carácter reservado de
las investigaciones y el establecimiento de garantías para la terminación anticipada
de las investigaciones.
El Título IV, que va de los artículos 17 a 24, prevé las reglas de procedimiento que
rigen las actuaciones de la SIC, con normas relacionadas con la publicidad de las
actuaciones, el régimen de medidas cautelares, la intervención de terceros, los
actos de trámite, la irregularidades del proceso, la contribución de seguimiento y los
actos de notificación, que dan paso al Título V sobre régimen sancionatorio, que
en el artículo 25 señala el monto de las multas que puede imponer la SIC a
personas jurídicas, enunciando los criterios para su fijación, señalando en el
artículo 27, que el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la SIC es
de cinco años.
62
“[…] Corte Constitucional; sentencia C- 394 de 28 de agosto de 2019; M.P. Cristina Pardo Schlesinger […]”.
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[…] 8.2.5. El “régimen general de protección de la competencia”, tiene como todos
los de su especie, tres escenarios fundamentales de despliegue, como son: el de la
determinación de las conductas que se prohíben o censuran; el de los
procedimientos aplicables cuando haya lugar a investigaciones; y el de las
sanciones que daban ser impuestas en caso de haberse probado las infracciones.
[…] El régimen de las sanciones que puede imponer la Superintendencia de
Industria y Comercio fue dispuesto inicialmente en el Decreto ley 2153 de
1992, siendo modificado por los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, que
establece los montos de las multas que puede imponer la SIC a personas
jurídicas y a personas naturales, precisando los criterios que deben ser
tenidos en cuenta para la determinación de la multa en uno y otro caso […]63”.
154. Según lo expuesto, el Decreto núm. 2153 de 1992 fue modificado por los
artículos 25 y 26 de la Ley 1340, los cuales establecen los montos de las multas
por infracción del régimen de la libre competencia que puede imponer la parte
demandada a las personas jurídicas y a las personas naturales, respectivamente,
precisando los criterios que deben ser tenidos en cuenta para la determinación de
la multa en uno y otro caso.
155. Por su parte, el artículo 633 del Código Civil define las personas jurídicas
como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones
civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. A su turno, el artículo
74 del Código Civil, sobre las personas naturales, dispone que son personas todos
los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o
condición.
156. Atendiendo al artículo 10 del Código de Comercio son comerciantes las
personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la Ley
considera mercantiles y se adquiere, aunque la actividad se ejerza por medio de
apoderado, intermedio o interpuesta persona.
157. El artículo 10 del Código de Comercio señala que se considera comerciante
a toda persona que realice profesionalmente una actividad mercantil, sin distinguir
si esta tiene que ser persona natural o jurídica. De lo anterior se concluye que la
parte demandante, si bien participó en la licitación como comerciante, ello no
implica que sea una persona jurídica. A su turno, la Ley 1340 no hace mención a
sanciones para comerciantes en general, sino que señala sanciones de acuerdo
a la naturaleza jurídica del comerciante (personas naturales y jurídicas).
63 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-032 de 25 de enero de 2017; M.P. Alberto Rojas Ríos […]”.
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158. Ahora, si bien el artículo segundo de la Ley 1340 menciona que aplicará a
todo tipo de persona de acuerdo a la actividad económica, la norma en ningún
momento menciona que habrá excepciones por la actividad económica o
comercial que desempeñe una persona natural sea entendido como persona
jurídica.
159. En ese orden, la Sala considera que la persona natural adquiere la calidad
de comerciante al desarrollar en forma profesional una actividad mercantil pero
ese hecho no significa que cambie su naturaleza, dado que sigue siendo la misma
persona; y la persona jurídica, una vez constituida, forma una persona diferente
de las individuales que la conforman.
160. Para la Sala las principales diferencias entre las personas naturales y
jurídicas son: i) La persona natural actúa siempre con su nombre personal, aunque
puede utilizar un nombre diferente al registrar el establecimiento de comercio.
Como la persona jurídica es un ente diferente de los socios, tiene su propio nombre
y debe actuar como tal, sin necesidad de identificar a las personas que la
conforman; ii) La persona natural actúa por sí misma, mientras que la persona
jurídica debe actuar a través de su representante legal para contraer obligaciones
y ejecutar los actos propios de los empresarios; iii) La persona natural se identifica
con su número de cédula y la DIAN le asigna un NIT, que es el mismo número de
cédula con un dígito adicional; la persona jurídica se identifica con el Certificado
de Existencia y Representación Legal, y el NIT que le fije la DIAN.
161. En ese orden, la persona natural se identifica con su número de cédula y
NIT, actúa por sí misma y no a través de un representante legal, de modo que no
puede asimilarse su sanción a la de una persona jurídica (ficticia), capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones.
162. Sobre el particular, la Sala considera que la parte demandante fue vinculada
a la investigación administrativa que dio origen a la sanción como persona natural,
según se advierte de los antecedentes expuestos por la entidad en la Resolución
núm. 40901 de 28 de junio de 201264, conforme a la cual fue identificada con la
cédula de ciudadanía núm. No. 14.872.527 y con el número de identificación
tributaria, Nit. núm. 14.872.527-1; éste último que, tratándose de personas
64 Folio 4 del acto principal.
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naturales, está compuesto por el número del documento de identidad.
163. Sobre el particular, para la Sala las pruebas obrantes en el expediente
acreditan que la vinculación del demandante65 se hizo como persona natural por
la presunta infracción del numeral 9.º del artículo 47 del Decreto núm. 2153 de
1992, de modo que como lo determinó el a quo se debió aplicar la sanción prevista
en el artículo 26 de la Ley 1340 al no tener la condición de persona jurídica.
164. En ese orden, la parte demandada al imponer la sanción al demandante por
infracción al régimen de competencia, debió aplicar el monto establecido por el
artículo 26 de la Ley 1340, por tratarse de una persona natural que ejerce
actividades mercantiles y de comercio en los términos del artículo 10 del Código
de Comercio y dado que no corresponde a una persona jurídica, ficticia o capaz
de ejercer derechos o contraer obligaciones en los términos del artículo 633 del
Código Civil, y por ello la sanción máxima no podía exceder de 2.000 SMLMV que
para el año 2012 correspondían a la suma de 1.133.400.000. No obstante lo
anterior, la sanción atacada se impuso por el valor de $ 1.200.082.188, es decir,
excediendo el tope máximo permitido.
165. En ese sentido, para la Sala es claro del contenido literal y gramatical del
artículo 26 de la Ley 1340, regula la imposición de multas a personas naturales
por infracción del régimen de la libre competencia, de modo que no le asiste razón
a la parte demandada al recurrir a otro criterio interpretativo para determinar su
contenido, por cuanto la Ley es clara y donde no distingue, nosotros no debemos
distinguir conforme al principio Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus.
166. La Sala considera que el artículo 26 de la Ley 1340 es claro y preciso al
disponer la tasación de la imposición de multas por infracción del régimen de la
libre competencia para las personas naturales; La hermenéutica de este canon
legal no permite a su intérprete establecer excepciones, de modo que cualquier
exclusión que pretenda hacerse a este precepto resulta arbitraria, puesto que no
hay lugar a distinguir cuando la ley no distingue (ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus). En otras palabras, la fórmula adoptada por el legislador
habrá de aplicarse a todos los casos que abarca, incluido el supuesto de que actúe
como un agente del mercado.
65 Cd de antecedentes administrativos, carpeta 19, página 93.
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167. Así, la Sala advierte que el a quo actuó correctamente por cuanto, no era
procedente declarar la nulidad total de los actos acusados, debido a que solo fue
desvirtuada la presunción de legalidad de la liquidación de la sanción por un
artículo que no era aplicable a la persona natural sancionada, mientras que los
demás aspectos señalados en los actos permanecen incólumes según se ha
analizado a lo largo de la sentencia66.
168. En ese orden, para la Sala no es válido afirmar que el artículo 25 de la Ley
1340 se aplica al infractora ya sea una personas jurídica o natural (agentes
económicos del mercado) que incurren en acuerdos, y, por el contrario, a las
personas naturales (no son agentes económicos del mercado), se les aplica el
artículo 26 por colaborar, tolerar, aceptar, autorizar tales comportamientos
anticompetitivos realizados por la persona jurídica con la cual tienen un vínculo,
toda vez que de la lectura de las normas no es posible inferir tal conclusión.
169. Comoquiera que el a quo determinó que el fundamento para la tasación de
la multa no atendió a la normatividad para las personas naturales y excedió el
valor legal permitido para la multa al ser sancionado como persona jurídica
declarando la nulidad parcial de los actos acusados, la consecuencia directa es
una nueva tasación de la entidad conforme al artículo 26 de la Ley 134067.
Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
170. La parte demandada adujo que la corporación interpretó de manera
incorrecta los artículos 25 y 26 de la Ley 1340, y en concreto, omitió realizar el
análisis respectivo de lo consagrado en el artículo 25 de la Ley 1340, por cuanto
es infundado considerar que el señor Calixto de Jesús Vega Navarro debió
sancionarse con base en el artículo 26 de la Ley 1340 y no con fundamento en el
artículo 25 de la citada Ley, comoquiera que este fue investigado como infractor
y/o agente de mercado y no como una persona natural sometida a subordinación
como lo serían revisores, fiscales, administradores y representantes legales, entre
otros.
66 En el mismo sentido ver. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
sentencia de 5 de agosto de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
25000234100020130060901 […]”
67 En el mismo sentido ver. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
sentencia de 5 de agosto de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
25000234100020130060901 […]”.
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171. Manifestó que el artículo 25 de la Ley 1340 se aplica a las personas
jurídicas o naturales agentes económicos del mercado (persona jurídica -
empresa) que infringen o incurren en acuerdos anticompetitivos, y, por el
contrario, a las personas naturales (no son agentes económicos del mercado), se
rigen por el artículo 26 ibidem.
172. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 1340, sobre el ámbito de aplicación de
la Ley, dispone que lo dispuesto en las normas sobre protección de la competencia
se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o
afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o
naturaleza jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener
efectos total o parcialmente en los mercados nacionales, cualquiera sea la
actividad o sector económico.
173. A su turno, el artículo 25 de la Ley 1340 determinó que son procedentes las
sanciones contra las personas jurídicas por violación de cualquiera de las
disposiciones sobre protección de la competencia y para efectos de graduar la
multa se tendrá en cuenta el impacto que la conducta tiene sobre el mercado,
entre otros.
174. Por otra parte, el artículo 26 de la Ley 1340 regula la sanción de multa en
que incurren las personas naturales cuando incurran en conductas violatorias de
las normas sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155, el
Decreto 2153 de 1992 y las normas que la complementen o modifiquen. En la
norma se señala: i) como un criterio de graduación de la multa el impacto que la
conducta tenga sobre el mercado.
175. Sobre el cargo de nulidad analizado, la Sala reitera las consideraciones
expuestas al resolver el recurso de apelación de la parte demandante, en donde
se manifestó: i) de la lectura taxativa de las normas y las sentencias de la Corte
Constitucional el artículo 26 de la Ley 1340, es la única norma en el ordenamiento
jurídico que regula la imposición de multas a personas naturales por infracción del
régimen de la libre competencia y el artículo 25 regula las sanciones de multa a
las personas jurídicas; ii) la persona natural adquiere la calidad de comerciante
por desarrollar en forma profesional una actividad mercantil pero ese hecho no
significa que cambie su naturaleza, dado que sigue siendo la misma persona; iii)
la parte demandante fue vinculada a la investigación como persona natural, actuó
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siempre con su nombre personal, fue identificada con su número de cedula y NIT,
actuó por sí misma y no a través de un representante legal, por lo que no puede
asimilarse su sanción a la de una persona jurídica (ficticia), capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones.
176. En el presente asunto, la Sala advierte que el hecho de que la parte
demandante (persona natural) sea comerciante por desarrollar en forma
profesional una actividad mercantil no significa que la parte demandante cambie
su naturaleza a persona jurídica, debido a que sigue siendo el mismo tipo de
persona, al respecto, se reitera que la Ley 1340 no menciona que exista esa
excepción o posibilidad de acuerdo a las actividades económicas que desarrolle
la persona natural
177. Aunado a lo anterior, la Sala considera que las personas naturales que
ejercen actividades comerciales se rigen por el artículo 26 de la Ley 1340, por
cuanto la norma señala que si la acción del particular infringe con su conducta las
normas de protección de la competencia el primer criterio para graduar la sanción
es su impacto sobre el mercado, es decir, la misma norma reconoce que es posible
que la actuación de la persona natural impacte el mercado, contrario a lo señalado
por la parte demandante.
178. En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ley 1340 visto supra, sobre el ámbito
de aplicación de la Ley, señala que esta se aplicará respecto de todo aquel que
desarrolle una actividad económica, independiente de su naturaleza jurídica, es
decir, la Ley rige para personas naturales y jurídicas según la distinción que se
hace en los artículos 25 y 26 ibidem sin hacer ningún tipo de distinción
correspondiente a los agentes del mercado como lo sostiene la parte demandada.
179. En efecto, la norma se limita a establecer el monto de las sanciones
aplicables en aquellos casos en que se haya probado una afectación de la libertad
de competencia por razón de una conducta desplegada por una persona natural.
180. Para la Sala es claro que de lo contenido en el artículo 26 no se puede
extraer que es conditio sine qua non un tipo de relación y/o subordinación con una
persona que ejecute una actividad anticompetitiva, dado que de ninguna forma
señala que dicha norma solo sea aplicable en caso de que haya existido una
sanción previa a una persona jurídica de acuerdo con el artículo 25, lo único que
prevé la norma es que en caso de que una persona natural haya estado vinculada
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a una persona jurídica, esta última no podrá pagar el precio de la sanción que
hayan sido fijadas con sujeción a los parámetros del artículo 26. . De este modo,
el funcionario administrativo equivocadamente considera que toda persona natural
que cometa una conducta restrictiva de la competencia deben estar vinculado a
una persona jurídica.
181. Por otra parte, la parte demandada en el recurso de apelación señala que
el artículo 25 de la Ley 1340 aplica a las personas jurídicas o naturales (agentes
económicos del mercado), sin embargo, lo anterior corresponde a un tema
interpretativo subjetivo, dado que el tenor literal de la norma no habla de personas
naturales, no existe dicha expresión, de modo que la Superintendencia de
Industria y Comercio no puede fundamentar su interpretación normativa partiendo
de dicha premisa.
182. Asimismo, la Sala advierte que la parte demanda no es una persona jurídica
constituida, en consecuencia, se rige por lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
1340, correspondiente a las sanciones para personas naturales por infracciones
al régimen legal de protección de la competencia, razón por la cual la sanción debe
recaer únicamente en dicha persona y no recibir un tratamiento de persona
jurídica.
183. Ahora bien, el artículo 25 del Código de Comercio señala que se entiende
por empresa toda actividad económica organizada para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la
prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más
establecimientos de comercio.
184. Sobre el particular, la parte demandada adujo que la definición legal de
empresa recae no sobre una persona determinada natural o jurídica sino sobre
una actividad económica realizada de forma organizada, sin embargo, para la Sala
los artículos de la Ley 1340 señalan claramente que la sanción no depende de la
actividad económica realizada por el actor o el infractor sino por la naturaleza
jurídica (persona natural o jurídica) lo que está claro en la Ley, de modo que no
hay lugar a realizar interpretaciones extensivas.
185. El a quo en la sentencia de primera instancia analizó el cargo analizado,
así:
“[…] Revisado el contenido de la Resolución núm. 40901 de 28 de junio de 2012
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"[…] por la cual se imponen unas sanciones […]", confirmada en su integridad por
la Resolución núm. 53979 de 14 de septiembre de 2012 "[…] Por la cual se
resuelven unos recursos de reposición[…]”, se observa que en el numeral tercero
de la parte resolutiva de la del acto administrativo sancionatorio, la Superintendencia
de Industria y Comercio impuso una sanción de multa al señor Jairo Maya Salazar
por el valor de $1.200.082.188, por infracción de lo dispuesto en el numeral 9.º del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, que establece:
"[…] ARTÍCULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA.
Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente
Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes
acuerdos:
[…] 9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los
que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución
de concursos o fijación de términos de las propuestas […]”.
Para el año 2012 el salario mínimo legal mensual vigente equivalía a $566.700, que
multiplicados por 2000 SMLMV arroja la suma de $1.133.400.000, tope máximo de
la sanción consagrada en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, bajo los siguientes
términos:
"ARTÍCULO 26. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS NATURALES. El
numeral 16 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere
conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se
refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen
o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la
sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1. La persistencia en la conducta infractora.
2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
3. La reiteración de la conducta prohibida.
4. La conducta procesal del investigado, y
5. El grado de participación de la persona implicada.
PARÁGRAFO. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y
Comercio imponga conforme a este artículo, no podrán ser cubiertos ni asegurados
o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona
jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta;
ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que
pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de
aquella". (subrayado fuera del texto).
En la parte considerativa de la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012, la
Superintendencia de Industria y Comercio sustentó la sanción impuesta al
demandante en el artículo 15, numeral 4, del Decreto 2153 de 1992, modificado por
el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, que en su tenor literal refiere que se le otorga
a la SIC la facultad de imponer sanciones a las Personas Jurídicas, bajo los
siguientes términos:
"ARTÍCULO 25. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS. El numeral
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
15 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia,
incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información,
órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el
incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración
empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación
de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a
cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta
por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser
mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del
infractor.
Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
2. La dimensión del mercado afectado.
3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta.
4. El grado de participación del implicado.
5. La conducta procesal de los investigados.
6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos
y/o de sus ventas involucrados en la infracción.
7. El Patrimonio del infractor.
PARÁGRAFO. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación
de la sanción. La persistencia en la conducta infractora; la existencia de
antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección de la
competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de las
autoridades de competencia; el haber actuado como líder, instigador o en cualquier
forma promotor de la conducta. La colaboración con las autoridades en el
conocimiento o en la investigación de la conducta será circunstancia de atenuación
de la sanción". (subrayado fuera del texto).
No obstante, el demandante fue vinculada a la investigación administrativa que dio
origen a la sanción como persona natural, tal y como se advierte de los
antecedentes expuestos por la entidad en la Resolución No. 40901 de 28 de junio
de 2012 […]
Conforme a lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio, al imponer la
sanción al demandante por infracción al régimen de competencia, debió aplicar el
monto establecido por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por tratarse de una
persona natural que ejerce actividades mercantiles y de comercio en los términos
del artículo 10 del Código de Comercio; pues como se adujo anteriormente, la
sancionada no es una persona jurídica conformada bajo el amparo del artículo 633
del Código Civil, ni una sociedad constituida en los términos de los artículos 98 y
110 del Código de Comercio y por ello la sanción máxima no podía exceder de 2.000
SMLMV que para el año 2012 correspondían a la suma de 1.133.400.000; empero,
la sanción atacada se impuso por el valor de $1.200.082.188, esto es, excediendo
el tope máximo permitido
Lo anterior denota una infracción directa entre el artículo tercero de la parte
resolutiva de la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012, confirmada en todas
sus partes por la Resolución No. 53979 de 14 de septiembre de 2012, frente al
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, que modificó el numeral 16 del artículo 4 del
Decreto 2153 de 1992, norma aplicable para establecer el monto de las sanciones
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a personas naturales. […] Considerando lo anterior, la Sala declarara la nulidad
parcial de los actos demandados en lo relacionado con el monto de la sanción
impuesta […]”.
186. En el caso sub examine, la Sala advierte que el a quo declaró la nulidad
parcial de los actos acusados, por cuanto se dio aplicación a la norma que
sanciona a las personas jurídicas por prácticas restrictivas de la competencia
cuando la norma que regía el presente asunto es el correspondiente a las
personas naturales, así:
“[…] Revisado el contenido de la Resolución núm. 40901 de 28 de junio de 2012
"[…] por la cual se imponen unas sanciones […]", confirmada en su integridad por
la Resolución núm. 53979 de 14 de septiembre de 2012 "[…] Por la cual se
resuelven unos recursos de reposición[…]”, se observa que en el numeral tercero
de la parte resolutiva de la del acto administrativo sancionatorio, la Superintendencia
de Industria y Comercio impuso una sanción de multa al señor Jairo Maya Salazar
por el valor de $1.200.082.188, por infracción de lo dispuesto en el numeral 9.º del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, que establece:
"[…] ARTÍCULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA.
Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente
Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes
acuerdos:
[…] 9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los
que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución
de concursos o fijación de términos de las propuestas […]”.
Para el año 2012 el salario mínimo legal mensual vigente equivalía a $566.700, que
multiplicados por 2000 SMLMV arroja la suma de $1.133.400.000, tope máximo de
la sanción consagrada en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, bajo los siguientes
términos:
"ARTÍCULO 26. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS NATURALES. El
numeral 16 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere
conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se
refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen
o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la
sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio
tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1. La persistencia en la conducta infractora.
2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
3. La reiteración de la conducta prohibida.
4. La conducta procesal del investigado, y
5. El grado de participación de la persona implicada.
PARÁGRAFO. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y
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Comercio imponga conforme a este artículo, no podrán ser cubiertos ni asegurados
o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona
jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta;
ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que
pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de
aquella". (subrayado fuera del texto).
En la parte considerativa de la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012, la
Superintendencia de Industria y Comercio sustentó la sanción impuesta al
demandante en el artículo 15, numeral 4, del Decreto 2153 de 1992, modificado por
el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, que en su tenor literal refiere que se le otorga
a la SIC la facultad de imponer sanciones a las Personas Jurídicas, bajo los
siguientes términos:
"ARTÍCULO 25. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS. El numeral
15 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así:
Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia,
incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información,
órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el
incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración
empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación
de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a
cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta
por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser
mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del
infractor.
Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado.
2. La dimensión del mercado afectado.
3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta.
4. El grado de participación del implicado.
5. La conducta procesal de los investigados.
6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos
y/o de sus ventas involucrados en la infracción.
7. El Patrimonio del infractor.
PARÁGRAFO. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación
de la sanción. La persistencia en la conducta infractora; la existencia de
antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección de la
competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de las
autoridades de competencia; el haber actuado como líder, instigador o en cualquier
forma promotor de la conducta. La colaboración con las autoridades en el
conocimiento o en la investigación de la conducta será circunstancia de atenuación
de la sanción". (subrayado fuera del texto).
No obstante, el demandante fue vinculada a la investigación administrativa que dio
origen a la sanción como persona natural, tal y como se advierte de los
antecedentes expuestos por la entidad en la Resolución No. 40901 de 28 de junio
de 2012 […]
Conforme a lo anterior la Superintendencia de Industria y Comercio, al imponer la
sanción al demandante por infracción al régimen de competencia, debió aplicar el
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monto establecido por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por tratarse de una
persona natural que ejerce actividades mercantiles y de comercio en los términos
del artículo 10 del Código de Comercio; pues como se adujo anteriormente, la
sancionada no es una persona jurídica conformada bajo el amparo del artículo 633
del Código Civil, ni una sociedad constituida en los términos de los artículos 98 y
110 del Código de Comercio y por ello la sanción máxima no podía exceder de 2.000
SMLMV que para el año 2012 correspondían a la suma de 1.133.400.000; empero,
la sanción atacada se impuso por el valor de $1.200.082.188, esto es, excediendo
el tope máximo permitido
Lo anterior denota una infracción directa entre el artículo tercero de la parte
resolutiva de la Resolución No. 40901 de 28 de junio de 2012, confirmada en todas
sus partes por la Resolución No. 53979 de 14 de septiembre de 2012, frente al
artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, que modificó el numeral 16 del artículo 4 del
Decreto 2153 de 1992, norma aplicable para establecer el monto de las sanciones
a personas naturales. […] Considerando lo anterior, la Sala declarara la nulidad
parcial de los actos demandados en lo relacionado con el monto de la sanción
impuesta […]”.
187. De este modo, el a quo determinó que el señor JAIRO MAYA SALAZAR
fue vinculado a la investigación administrativa que dio origen a la sanción como
persona natural que ejerce actividades mercantiles, de modo que ordenó dar
aplicación al artículo 26 de la Ley 1340 que regula la imposición de sanciones para
este tipo de persona.
188. Además, esta Sección de la Corporación en sentencia proferida el 5 de
agosto de 2021, en la que se discutió la sanción impuesta por la Superintendencia
de Industria y Comercio a la señora María Mercedes Bohórquez Bohórquez por
prácticas restrictivas de la competencia por colusión en licitación pública, por los
mismo hechos que se discuten en este proceso y en el que se demandan los
mismos actos demandados aquí analizados, la Sala resolvió luego de analizar los
antecedentes administrativos y la decisión del a quo que “[…] En el asunto sub
examine, para la Sala las pruebas obrantes en el expediente acreditan que la
vinculación de la demandante68 se hizo como de persona natural por la presunta
infracción del numeral 9.º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, de modo que
como lo determinó el a quo se debió aplicar la sanción prevista en el artículo 26
de la Ley 1340 de 2009 al no tener la condición de persona jurídica […]69”.
189. En otra oportunidad, esta Sección de la Corporación determinó que la
tasación de la multa para la persona jurídica (Gases de Occidente S.A. E.S.P.) se
graduó correctamente conforme al artículo 25 de la Ley 1340: “[…] En el presente
caso, la sanción impuesta es proporcional a los hechos que la motivaron, pues
68 Cd de antecedentes administrativos, carpeta 19, página 93.
69 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de agosto
de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 25000234100020130060901 […]”
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según se infiere del contenido de los actos acusados, se analizó tanto la conducta
desplegada, como los argumentos dados por la actora, a la luz de las
disposiciones del Decreto 2153 de 1992 y de la Ley 142 de 1994, que le fueron
imputadas, como del artículo 25 la Ley 1340 de 2009, y atendiendo las
circunstancias y la relevancia del mercado afectado, se demostró que la conducta
realizada por la empresa demandante tenía que ser sancionada, teniendo en
cuenta la connotación restrictiva de la libre competencia que tiene la misma y la
responsabilidad que le cabía a la actora, por ser una empresa de servicios
públicos domiciliaria que atiende a los usuarios de gas natural, el cual es un
servicio público esencial, de conformidad con el artículo 4º de la Ley 142 de 1994
[…]70”.
190. Así las cosas, esta Sección ha señalado claramente que el artículo 25 de
la Ley 1340 rige únicamente para la tasación de la multa para personas jurídicas
y el artículo 26 para la graduación de la multa para personas naturales sin ningún
tipo de consideración adicional.
191. Asimismo, los títulos de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 “monto de las
multas a personas jurídicas” y “montos de las multas a personas naturales”,
establecen el margen de aplicación de la conducta típica y son claramente
indicativos de que la sanción descrita en la norma está referida al sujeto
destinatario de la referida sanción, lo que da certeza al investigado sobre la
conducta por la cual será juzgado, de modo que no tendría sentido dar aplicación
de una forma distinta.
192. De acuerdo a lo anterior, la Sala considera que la parte demandada realizó
una interpretación extensiva de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340, omitiendo las
prerrogativas mismas reconocidas dentro del derecho, el debido proceso y el
principio de legalidad cuando se predica que el procedimiento administrativo
sancionatorio tiene fundamento en el poder punitivo del Estado, que faculta a la
administración para sancionar el incumplimiento de las normas establecidas en
ciertas actividades. En ese sentido, resulta ser un imperativo en materia
administrativa sancionatoria el debido proceso y la legalidad de las faltas y las
sanciones según los previsto en el artículo 3 de la Ley 1437
70 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 30 de julio
de 2015; C.P. María Elizabeth García González; número único de radicación
25000234100020130277301[…]”
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193. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado categóricamente que
las normas que imponen sanciones o que establecen límites a los derechos son
de interpretación restrictiva: así:
“[…] 6. El principio de primacía de los derechos (C.P. art. 5) le indica al operador
del derecho que interprete la totalidad de las disposiciones de la manera que mejor
consulte el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.
Por eso, por ejemplo, las normas que imponen sanciones o que establecen límites
a los derechos son de interpretación restrictiva. Las reglas que el interprete
pretenda derivar de una disposición jurídica, al margen de este principio
hermenéutico, carecerán de todo valor jurídico […]71”.
194. Al respecto, el principio de legalidad, tratándose de la potestad
administrativa sancionatoria opera con menor rigor. Frente a este principio, la
Sala72 ha señalado:
“[…] Es cierto que en virtud del principio de legalidad o tipicidad de las faltas las
conductas constitutivas de infracciones administrativas y las sanciones imponibles
deben estar previamente señaladas por la ley73. No obstante lo anterior, tal como lo
ha reconocido esta Sala74 -acogiendo reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional-, este principio tratándose de la potestad administrativa
sancionatoria opera con menor rigor, en tanto que el legislador no tiene la
obligación constitucional de definir integral y exhaustivamente los supuestos típicos
que dan lugar al ejercicio de dicha facultad.
En efecto, conforme ha sido señalado por la jurisprudencia constitucional, la
flexibilización del principio de reserva de ley que opera en materia de tipificación de
las faltas que enmarcan el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa (tanto
disciplinaria como correccional75), se traduce en una modulación de las exigencias de
configuración de supuestos normativos completos y cerrados que habitualmente
pesan sobre el legislador en este ámbito76. Con ello, al tiempo que se permite que
una vez definida por la ley una conducta reprochable (tipo sancionatorio) pueda
el reglamento precisar los aspectos puntuales de los conceptos abiertos o
genéricamente consagrados por la legislación, se aligera la carga de descripción
típica de las conductas que comúnmente impone el principio de tipicidad de las faltas
al legislador. Todo esto en aras de asegurar la buena marcha de la Administración y
71 “[…] Corte Constitucional; sentencia C-273 de 28 de abril de 1999; M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz […]”.
72 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA,
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA, Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil
catorce (2014), Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00092-00, Actor: JORGE IGNACIO ORTIZ
BURGOS, Demandado: NACION – MINISTERIO DE TRANSPORTE, Referencia: ACCION DE NULIDAD
SIMPLE
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 26 de
noviembre de 2009, Rad. No. 25000-23-24-000-2002-00758-01. C.P.: María Claudia Rojas Lasso. En sentido
análogo, de esta misma Sala de Decisión las Sentencias de 20 de mayo de 2010. Rad. 76001-23-31-000-
2005-00090-01. y 29 de julio de dos diez (2010). Rad. 11001-03-24-000-2002-00249-01, ambas con ponencia
del Consejero de Estado Rafael Ostau de Lafont Pianeta.
74 Sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad. 25000 23 24 000 2008 00369 01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
75 Como ha sido destacado por la jurisprudencia constitucional, “[e]n ejercicio de la potestad administrativa
sancionadora el Estado está habilitado para imponer sanciones disciplinarias y correctivas. Las primeras
destinadas a reprimir las conductas desplegadas por los funcionarios y empleados por la violación de
deberes, obligaciones y prohibiciones; y las segundas orientadas a sancionar las infracciones cometidas por
particulares frente al desconocimiento de regulaciones, mandatos, obligaciones y limitaciones establecidas
para reglar determinadas materias”. Cfr. la sentencia C-853 de 2005 de la Corte Constitucional.
76 Al respecto, véanse, p. ej., las sentencias C-713 de 2012, C-343 de 2006, C-853 de 2005 o C-921 de 2001
de la Corte Constitucional.
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posibilitar tanto el cumplimiento efectivo de sus funciones, como el acatamiento de los
deberes impuestos por las autoridades y la normatividad en un determinado sector.
En ese escenario, “cuando la variada forma de conductas que presenta la realidad
hace imposible la descripción detallada de comportamientos, no existe violación a
este principio cuando el legislador señala únicamente los elementos básicos para
delimitar la prohibición”77.
Además, no puede olvidarse que “respecto de actuaciones administrativas, en
ejercicio de la potestad sancionadora de la administración -correctiva y disciplinaria-,
las reglas del debido proceso se aplican con los matices apropiados de acuerdo con
los bienes jurídicos afectados con la sanción”78.
En últimas, como ha sido señalado por la jurisprudencia constitucional, “el principio
de legalidad es más riguroso en algunos campos, como en el derecho penal, pues en
este no solo se afecta un derecho fundamental como el de la libertad sino que además
sus mandatos se dirigen a todas las personas, mientras que en otros derechos
sancionadores, no solo no se afecta la libertad física sino que sus normas operan en
ámbitos específicos, ya que se aplican a personas que están sometidas a una
sujeción especial, y por lo tanto en estos casos, se hace necesaria una mayor
flexibilidad, como sucede en el derecho disciplinario o en el administrativo
sancionador”79.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha estimado que la flexibilidad que puede
establecer el legislador en materia de derecho administrativo sancionador es
consistente con la Constitución, siempre que ésta característica no sea tan amplia que
permita la arbitrariedad de la Administración. Al respecto señaló que: “(…) guarda
coherencia con los fines constitucionales de esta actividad sancionatoria
administrativa, que las hipótesis fácticas establecidas en la ley permitan un grado de
movilidad a la administración, de forma tal que ésta pueda cumplir eficaz y
eficientemente con las obligaciones impuestas por la Carta. Sin embargo, debe
precisarse que la flexibilidad del principio de legalidad no puede tener un carácter
extremo, al punto que se permita la arbitrariedad de la administración en la imposición
de las sanciones o las penas. Por el contrario, en el derecho administrativo
sancionador el principio de legalidad exige que directamente el legislador establezca,
como mínimo, los elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las
remisiones normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios
por medio de los cuales se pueda determinar con claridad la conducta, al igual que
exige que en la ley se establezca también la sanción que será impuesta o, igualmente,
los criterios para determinarla con claridad”80 […]”.
195. Por lo expuesto, en el derecho administrativo sancionador el principio de
legalidad exige que directamente el legislador establezca, como mínimo, los
elementos básicos de la conducta típica que será sancionada, las remisiones
normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios por
medio de los cuales se pueda determinar.
196. Frente a los argumentos de la parte demandada, la Sala considera que de
acuerdo al tenor literal de la Ley 1340, no se hace referencia alguna al término de
77 Corte Constitucional, sentencia C-530 de 2006.
78 Corte Constitucional, sentencia C-530 de 2003.
79 Corte Constitucional, sentencia C-406 de 2004.
80
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 27 de abril de
2016; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 25000232400020080012901 […]”
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“agente de mercado” desarrollado por la entidad como fundamento de la
imposición de la sanción.
197. Así, la parte demandada desconoció el debido proceso y el principio de
legalidad al realizar una interpretación extensiva de la sanción contenida en el
artículo 25 de la Ley 1340 dándole una equivocada aplicación, dado que la norma
señala el monto de la multa a personas jurídicas como resultado de prácticas
restrictivas de la competencia y sancionó a la parte demandante como si fuera
una de ellas cuando en realidad corresponde a una persona natural. En otras
palabras, el artículo en mención no cobija situaciones fácticas no contempladas
en virtud del principio de legalidad y tipicidad, de modo que en este caso no puede
sancionarse a la persona natural con fundamento en el mismo. En efecto, los
artículos 25 y 26 son claros en establecer una diferenciación en las multas
aplicables, tanto a las personas naturales como a las jurídicas y una conclusión
contraria vulneraría el principio de tipicidad en materia sancionatoria.
198. La Sala advierte que en materia administrativa sancionatoria no hay lugar a
hacer una interpretación extensiva de las normas, sino que la actuación
administrativa se debe ceñir a lo que prevé expresamente la Ley 1340 que dispone
las sanciones de multa para las personas jurídicas (artículo 25) y para las personas
naturales (artículo 26) de forma clara.
199. Asimismo, la parte demandada justificó la inadecuada sanción impuesta al
realizar una analogía entre la calidad de persona jurídica y la calidad de
comerciante de la parte demandante al sostener que la sanción a personas
jurídicas era aplicable al señor Maya Salazar, por cuanto este participó de la
licitación estudiada en ejercicio de su actividad empresarial, así:
“[…] si bien es cierto los sancionados no son personas jurídicas, por cuanto operan
su negocio directamente y no a través de una sociedad como persona ficticia
independiente, también es cierto que estas personas actuaron como proponentes
en la licitación en su calidad de comerciantes […]81 son agentes comerciantes que
participaron en la licitación LP-001-2011 en ejercicio de su actividad empresarial, y
que su calidad de tales se define por la actividad que desarrollan, con
independencia de la denominación formal que tengan “[…]”.
200. Sobre el particular, la Sala considera que las definiciones legales de
comerciante y persona jurídica son disimiles y no guardan correspondencia alguna,
si bien no son excluyentes no son condicionantes una de la otra o sinónimos, de
81 Resolución núm. 53979 de 14 de septiembre de 2012, folio 72.
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modo que no es posible argumentar que todo comerciante sea una persona jurídica,
toda vez que la Ley no ha establecido esta restricción. En efecto, el Código de
Comercio señala que toda persona que realice profesionalmente una actividad
mercantil es considerada comerciante sin distinguir si esta tiene el carácter de
persona jurídica o natural, puesto que la característica definitoria de este concepto
es únicamente el ejercicio profesional de la actividad mercantil.
201. En ese sentido, el artículo 633 del Código Civil visto supra define a la persona
jurídica como una persona ficticia capaz de ejercer derechos, contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente, haciendo
referencia a una clase de sujeto jurídico sobre el cual recaen los atributos de la
personalidad, diferenciándolo claramente de las personas naturales por tener un
carácter ficticio y no físico.
202. Por lo expuesto, la Sala advierte que de las normas señaladas no es posible
afirmar que la calidad de comerciante no hace referencia exclusivamente a las
personas jurídicas, sino que comprende también a aquellas personas naturales que
ejercen profesionalmente una actividad empresarial. Así, si bien la parte
demandante participó en el procedimiento de selección en su calidad de
comerciante, lo cierto es que ello no implica que su participación haya sido en calidad
de persona jurídica, toda vez que no ostentaba dicha calidad de acuerdo con lo
establecido en el artículo 633 del Código Civil, de ahí que la sanción aplicable era
única y exclusivamente la consagrada en el artículo 26 de la Ley 1340.
203. En ese orden, el funcionario administrativo no tiene competencia para
modificar el contenido y sentido de las normas jurídicas para pretermitir el sentido
textual, literal y gramatical de la norma a efectos de imponer un criterio
interpretativo de carácter subjetivo que no encuentra soporte en la misma con el
fin de imponer una sanción a un sujeto jurídico que no resulta destinatario de la
norma, dado que una interpretación contraria atentaría contra el principio de
legalidad.
204. Así las cosas, atendiendo a que la descripción típica de las sanciones sólo
corresponde al legislador, y que no le está permitido a los funcionarios públicos
realizar analogías, suposiciones, inferencias, o agregar supuestos de hecho que no
se encuentren previstos en la norma jurídica para generar una situación
desfavorable al procesado, es posible concluir que las aseveraciones contenidas en
los actos administrativos demandados y que el monto de la multa impuesta, no se
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ajustan a las previsiones legales que rigen la imposición de sanciones en las
actuaciones administrativas.
205. Además, la parte demandante busca acudir a criterios de interpretación de
la norma en relación con el espíritu o finalidad del legislador, omitiendo que las
disposiciones son claras, de modo que no resulta procedente apartarse de su
tenor literal, como tampoco resulta útil la interpretación de las normas antes de la
expedición de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 que son los que rigen para el
presente asunto. Al respecto, cuando el sentido de la norma sea claro, no se
desatenderá su tenor literal82, y en el presente asunto el lenguaje del legislador es
claro al señalar una norma para personas jurídicas y la otra para naturales de
manera diferencial, de modo que el sentido y el significado no da lugar a dudas,
es decir, las normas tienen un sentido único que no requiere ser interpretado.
206. En el asunto sub examine, para la Sala las pruebas obrantes en el
expediente acreditan que la vinculación del demandante83 se hizo como persona
natural por la presunta infracción del numeral 9.º del artículo 47 del Decreto núm.
2153 de 1992, de modo que como lo determinó el a quo se debió aplicar la sanción
prevista en el artículo 26 de la Ley 1340 al no tener la condición de persona
jurídica.
207. Al respecto, se reiteran las consideraciones expuestas en precedente,
donde se analizó el recurso de apelación de la parte demandante sobre el mismo
punto, en el que la Sala concluyó que el artículo 25 de la Ley 1340 es claro al
disponer la tasación de la imposición de multas por infracción del régimen de la
libre competencia para las personas naturales como ha sido reconocido por la
Corte Constitucional y en esa medida la la hermenéutica de esta norma no permite
a su intérprete establecer excepciones, razón por la cual cualquier exclusión que
pretenda hacerse a este precepto resulta arbitraria, debido a que no hay lugar a
distinguir cuando la ley no distingue (ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus). Así, la fórmula adoptada por el legislador habrá de aplicarse a todos
los casos que abarca.
208. En ese orden, para la Sala no es válido afirmar que el artículo 25 de la Ley
1340 se aplica a las personas jurídicas o naturales (agentes económicos del
mercado) que infringen o incurren en abuso de la posición dominante, acuerdos
82
Artículo 27 del Código Civil
83 Cd de antecedentes administrativos, carpeta 19, página 93.
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Demandante: Jairo Maya Salazar
anticompetitivos o actos anticompetitivos, y, por el contrario, a las personas
naturales (no son agentes económicos del mercado), se les aplica el artículo 26
por colaborar, tolerar, aceptar, autorizar tales comportamientos anticompetitivos
realizados por la persona jurídica con la cual tienen un vínculo, toda vez que de la
lectura de las normas no es posible inferir tal conclusión.
209. Por las razones expuestas el cargo de nulidad no prospera.
Del principio de congruencia
210. Atendiendo el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la
congruencia de la sentencia, dispone que esta providencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la
Ley.
211. Esta Sección de la Corporación84 se ha referido al principio de congruencia
en los siguientes términos:
“[…] El Consejo de Estado ha considerado que el principio de congruencia de la
sentencia exige, de una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la sentencia, lo que se denomina congruencia interna, y, de otra, que
la decisión sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda
como en el escrito de oposición, es decir, que se tome la decisión de
conformidad con cada uno de los extremos de la litis, denominada
congruencia externa85.
En coherencia con lo expuesto, la doctrina86 ha sostenido que “el juzgador debe
resolver sobre todo lo pedido en la demanda, sin conceder cosa distinta ni más de
lo pedido y la resolución debe basarse en los hechos sustanciales aducidos en la
demanda y en los circunstanciales o accesorios simplemente probados”.
En conclusión, al decidir la controversia el funcionario judicial debe
pronunciarse de conformidad con los hechos y pretensiones indicados en la
demanda y las excepciones que sean planteadas por la contraparte o aquellas
que resulten debidamente probadas en el transcurso del trámite judicial, pero,
en tratándose del juicio de legalidad de los actos administrativos, también las
normas violadas y el concepto de violación desarrollados en la demanda
constituyen el marco de la decisión, de manera que respete el principio de
congruencia. […]” (Negrillas fuera de texto).
212. De este modo, el principio de congruencia exige que la sentencia sea
84 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de noviembre de
2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 73001233100020110080701[…]”.
85 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 16 de agosto de 2002.
Radicación: 76001-23-24-000-1997-4345-01(12668). M.P.: Juan Ángel Palacio Hincapié. Actor: Municipio de Yumbo.
86 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad. Buenos Aires – Argentina. Página
438.
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Demandante: Jairo Maya Salazar
concordante con lo pedido por las partes en la demanda y la contestación, es
decir, que se tome la decisión de conformidad con cada uno de los extremos de
la litis, denominada congruencia externa. En los juicios de legalidad de los actos
administrativos, también las normas violadas y el concepto de violación
desarrollados en la demanda constituyen el marco de la decisión, de manera que
respete el principio de congruencia.
213. El principio de congruencia de la sentencia ha sido instituido como una
verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso de las partes y
esta Sección ha considerado que las normas invocadas como violadas en el
concepto de violación, entre otros aspectos, delimitan la acción del fallador, por el
carácter rogado de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:
“[…] El pronunciamiento que se profiera no solo debe referirse al petitum elevado sino
además, a los hechos que sirven de soporte aducidos por quien entabla la demanda,
y en tratándose de las acciones incoadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, es menester señalar que el quebranto normativo endilgado en el
capítulo del libelo que contenga el concepto de violación, constituye un límite
que no puede traspasar el Juzgador, sobre todo si se tiene en cuenta que en este
campo la justicia es rogada; por lo cual la contienda no puede desatarse sino
dentro de las pautas fijadas en el libelo incoativo del proceso87. […]” (Resaltado
fuera del texto).
214. Sobre el particular, la parte demandante en las pretensiones de la demanda
solicitó se declare la nulidad de los numerales de los actos acusados en los que se
declara responsable al señor Maya Salazar y se le impone la sanción de multa, que
a titulo de restablecimiento del derecho se declare que: i) se le restablezca el
derecho al buen nombre; ii) se informe en los medios de prensa que nunca incurrió
en las conductas; iii) se le informe a los entes de control que nunca incurrió en las
conductas investigadas; iv) se reparen los perjuicios patrimoniales causados con
ocasión de la expedición de los actos acusados y, v) se condene a reparar los
perjuicios morales, así:
“[…] 1.- Se DECLARE LA NULIDAD de los artículos Primero (1º), Tercero (3°),
Quinto (5°), Séptimo (7°) y Octavo (8°) de la Resolución Numero 40901 de 28
de junio de 2012, por medio de los cuales la Superintendencia de Industria y
Comercio declaró que el señor JAIRO MAYA SALAZAR contravino lo dispuesto
en el numeral 9° del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, imponiéndole, en el
artículo 3° una sanción pecuniaria por la suma de mil setecientos cincuenta y seis
87 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23 de abril de 2020;
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación 11001032400020110000300 […]”. En el mismo
sentido: i) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de
diciembre de 2019; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación
13001233100020110221101[…]” y, ii) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera; sentencia de 5 de junio de 1997; C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; número único de radicación 4092 […]”.
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro pesos
M/CTE ($1.756.544); en el artículo 5° ordenando realizar una publicación; en el
artículo 7° que el INPEC evalúe y determine las acciones que considere y resulten
procedentes y en el 8° en donde se ordena remitir a La Fiscalía General de la
Nación la resolución 40901.
2. Se DECLARE LA NULIDAD de la Resolución Numero 53979 de fecha 14 de
septiembre de 2012, por medio de la cual se resolvieron unos recursos de
reposición, en donde la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en
todas sus partes la Resolución Numero 40901 de 28 de junio de 2012.
3. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se realicen las siguientes
declaraciones y condenas:
3.1 Se restablezca el derecho de mi poderdante, señor JAIRO MAYA SALAZAR,
en su buen nombre y su derecho a la libertad de empresa, por cuanto derivado de
la investigación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio, así
como por la imposición de la multa y la declaratoria de la responsabilidad en la
comisión de prácticas restrictivas de la competencia, se efectuó la publicación de
noticias en prensa, radio, televisión y revistas de alta circulación nacional, en las
cuales se mencionó en repetidas ocasiones el nombre del señor JAIRO MAYA
SALAZAR, afectando así su buen nombre y su credibilidad en el desarrollo de las
actividades comerciales que solía ejercer en el ámbito de la contratación para la
prestación de servicios licitación públicas a entidades del estado y en diferentes
sectores de la economía y en el suministro de alimentos, actividad que ha venido
realizando por más de 30 años.
3.2 Que la Superintendencia de Industria y Comercio declare, a través de medios
de prensa como el Tiempo, El Espectador, Revista Semana y Revista Dinero que
el señor JAIRO MAYA SALAZAR nunca incurrió en la ejecución de conductas
constitutivas en prácticas restrictivas de la competencia en el proceso de Licitación
No. 001 de 2011 adelantado por el INPEC.
3.3. Que la Superintendencia de Industria y Comercio comunique a los entes de
control y vigilancia así como a la fiscalía que el señor JAIRO MAYA SALAZAR
nunca incurrió en la ejecución de conductas constitutivas en prácticas restrictivas
de la competencia en el proceso de Licitación No. 001 de 2011 adelantado por el
INPEC.
3.4 Que se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio, pagar a favor
del señor JAIRO MAYA SALAZAR, a título de indemnización, todos los perjuicios
morales ocasionados con la expedición de los actos administrativos indicados en
la pretensión primera de esta acción, por cuanto se ha visto afectado en su buen
nombre, su actividad comercial y su vida familiar. La cuantía de dichos perjuicios,
los cuales serán probados en el proceso de acuerdo con la prueba pericial que se
solicita en la presente acción, lo estimo razonadamente bajo la gravedad de
juramento y de conformidad con lo estipulado en el numeral 1 del artículo 206 del
Código General del Proceso, en la suma de cuatrocientos ($400.000) millones de
pesos.
3.5 Que se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio, pagar a favor
del señor JAIRO MAYA SALAZAR, todos los perjuicios materiales, derivados de
los daños y perjuicios causados con la expedición de las Resoluciones atacadas
en esta demanda y que han sido causados en virtud de la sanción al inhabilitarlo
para ejercer su actividad comercial, privándolo, de manera ilegal, de la posibilidad
de contratar con el estado para la provisión de servicios alimentación, así como la
ejecución del contrato mencionado que dio lugar a la investigación y sanción que
nos ocupa y por ende, que se restablezca su derecho como persona habilitada
para presentarse en procesos de contratación pública, al no haber incurrido en
conductas contrarias a la Ley. La cuantía de dichos perjuicios, que será probada
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Demandante: Jairo Maya Salazar
durante el transcurso del proceso a través de diversos elementos de prueba,
principalmente mediante la prueba pericial que se solicita en la presente acción,
la estimo razonadamente bajo la gravedad de juramento y de conformidad con lo
estipulado en el numeral 1 del artículo 206 del Código General del Proceso, en
($1.756.544.000), correspondientes al valor de la multa impuesta en los actos
administrativos atacados, proferidos por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
3.6 Que se reconozca por parte de la Nación - Superintendencia de Industria y
Comercio, el pago de costas y gastos procesales a favor de mi poderdante, así
como las agencias en Derecho […]”.
215. De este modo, para la Sala es claro que en las pretensiones de la demanda
se solicitó la nulidad total de los actos acusados sancionatorios y que se declarara
que la parte demandante no está obligada a pagar la multa; además, se advierte que
no se solicitó de forma expresa en este acápite una nueva graduación de la multa.
216. No obstante lo anterior, la parte demandante en el escrito de la demanda
invocó como infringidos los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 y en el concepto de
violación precisó que debía darse aplicación para la tasación de la sanción a este
último artículo que rige para personas naturales:
“[…] Adicionalmente, la Resolución mediante la cual la Superintendencia de
Industria y Comercio profirió sanción y la Resolución que resolvió el recurso
interpuesto por el señor MAYA SALAZAR, violan el artículo 26 de la Ley 1340
de 2009, toda vez que es la norma mediante la cual se establecen las
sanciones a imponer a las personas naturales por infracciones a las normas
de libre competencia, y que por ende debió ser la norma en la cual se fundó
la sanción interpuesta y no, como erráticamente hizo la SIC, el artículo 25 de
ese mismo cuerpo normativo […]” (Negrillas fuera de texto).
217. Conforme a lo expuesto, la parte demandante en el escrito de la demanda
expuso que la Superintendencia de Industria y Comercio pretermitió la disposición
aplicable al caso concreto, es decir, el artículo 26 de la Ley 1340 el cual establece
el monto de las multas a personas naturales por la comisión de prácticas
restrictivas de la competencia y que la multa debía graduarse y modularse
atendiendo a dicho artículo.
218. Así, la Sala advierte de la lectura del concepto de la violación que la parte
demandante sí solicitó una nueva tasación de la multa, en la medida en que exigió
que se diera aplicación al artículo 26 de la Ley 1340, para graduar la sanción
impuesta (atendiendo a sus máximos previstos) y que la misma se module bajo
sus parámetros.
219. En ese sentido, para la Sala, si bien la parte demandante no solicitó en las
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pretensiones de la demanda y como restablecimiento del derecho una nueva
graduación de la sanción conforme el artículo 26 de la Ley 1340, lo cierto es que
al analizar el cargo de nulidad por infracción de los artículos 25 y 26 de la Ley
1340 (concepto de la violación que hace parte de la demanda), dispuso que debía
graduarse conforme a la norma que rige para personas naturales (artículo 26), de
modo que con una interpretación sistemática, armónica e integral del escrito de la
demanda puede aseverarse que la parte demandante en el concepto de la
violación hizo referencia al tema y sí solicitó la graduación de la multa conforme
al artículo 26 ibídem.
220. Por lo anterior, en el caso sub examine, el a quo no transgredió el principio
de congruencia al ordenar que se tasara la sanción conforme al artículo 26 de la
Ley 1340, por cuanto la sentencia es concordante con lo pedido por la parte en la
demanda, es decir, atiende al concepto de la violación que constituye el marco de
la decisión, según lo señalado en las decisiones de esta Sección de la
Corporación. Así, en el presente asunto, existe congruencia entre lo pedido en la
demanda y lo decidido por el a quo en la sentencia de primera instancia, debido a
la parte demandante en el concepto de la violación solicitó que para la tasación
de la multa se diera aplicación al artículo 26 de la Ley 1340.
221. En ese orden, la Sala considera que la demanda es un solo texto, por lo
que debe analizarse de forma completa y sistemática y comoquiera que del
concepto de violación se extrae y si infiere la voluntad de la parte demandante de
aplicar para la tasación de la sanción el artículo 26 de la Ley 640, en
consecuencia, la decisión del a quo se encuentra ajustada el principio de
congruencia.
222. Para la Sala es claro que la parte demandante no logró desvirtuar los
fundamentos de la conducta en la cual incurrió que dio lugar a la sanción y se
evidencia que la multa contenida en los actos acusados se graduó con una norma
que no era aplicable el artículo 25 de la Ley 1340, como se expuso al analizar el
cargo de nulidad anterior.
223. La Sala considera que si bien en las pretensiones se advierte que el
restablecimiento del derecho estaba relacionado con que la parte demandante no
estaba obligada a pagar el valor de la multa impuesta, lo cierto es que es que no
puede pasarse por alto la forma en que se realizó la tasación y si se realizó
conforme a la norma pertinente aplicable para personas naturales.
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Demandante: Jairo Maya Salazar
224. Asimismo, la Sala reitera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de
los actos acusados y su validez en cuanto a la conducta colusoria en la que
incurrió la parte demandante, por lo que la sanción sigue vigente y se debe aplicar,
sin embargo, como la parte demandada realizó una tasación con una norma no
aplicable y según el concepto de la violación de la demanda se solicitó la
aplicación del artículo 26 de la Ley 1340, el a quo actuó correctamente al ordenar
nuevamente la sanción conforme a dicha norma.
225. Así las cosas, no le asiste razón a las partes cuando afirman que no existe
congruencia entre lo pedido y lo señalado en el fallo de primera instancia, en
atención a que, lo pretendido fue la declaratoria de nulidad de los actos acusados
sancionatorios y que la multa se tasara conforme al artículo 26 de la Ley 1340, y
lo que resolvió el a quo es que el fundamento para la tasación de la multa no
atendió a la normatividad y excedió el valor legal permitido para la multa para las
personas naturales, por cuanto fue sancionado como persona jurídica, de modo
que se declaró la nulidad parcial de los actos acusados y la consecuencia directa
es una nueva tasación de la entidad conforme al artículo 26 de la Ley 134088.
226. Por último, comoquiera que no se desvirtuó la presunción de legalidad de
los actos administrativos acusados respecto de la comisión de la conducta
colusoria en la que incurrió la parte demandante, en consecuencia, se confirmará
la decisión del a quo de negar las pretensiones de restablecimiento del derecho.
Condena en costas
227. La parte demandante señaló en el recurso de apelación que el a quo debió
haber proferido condena en costas en contra de la demandada como lo ordena el
artículo 188 de la Ley 1437, por cuanto la sentencia de 8 de octubre de 2015,
declaró la nulidad parcial de los actos administrativos atacados.
228. Sobre el particular, el artículo 188 de la Ley 1437 visto supra, señala que,
salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas conforme con lo previsto en el estatuto procesal civil
(actualmente Código General del Proceso).
88 En el mismo sentido ver. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
sentencia de 5 de agosto de 2021; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación
25000234100020130060901 […]”
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
229. En este orden de ideas, aunque en el caso concreto es procedente la
condena en costas, la Sala observa que en el expediente no está probado que se
hayan causados a la parte demandante. Por este motivo no se impondrán costas,
dado que no aparece ningún elemento de prueba que justifique tal condena.
230. Sobre el particular, esta Sección de la Corporación89 ha señalado que hay
lugar a condenar en costas cuando se acredita probatoriamente su causación, es
decir, cuando en el proceso se prueban los gastos en que incurrió la parte para su
defensa, así:
“[…] Vistos los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, en especial, su
numeral 8.º, sobre condena en costas.
Atendiendo a que esta Corporación90 ha señalado el criterio objetivo-valorativo de
la condena en costas que implica: i) objetivo porque que no resulta de un obrar
temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es
resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto91 y ii) valorativo
porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y
en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el Código General del
Proceso, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad
del abogado efectivamente realizada dentro del proceso92.
En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena
en costas a la señora Teresita de Jesús Isaza Dávila, en la medida que […] no se
acreditó probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que
acredite los gastos en que incurrió la parte demandada para su defensa […]93”.
231. Atendiendo a que esta Corporación94 ha establecido que la condena en
89 En el mismo sentido: i)“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
sentencia de 9 de julio de 2020; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación
25000234100020120036901 […]”; ii) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera; sentencia de 4 de febrero de 2021; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación
25000234100020150018001 […]”; iii) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera; sentencia de 28 de enero de 2021; C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; número único de
radicación 25000234100020140003501 […]”
90 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia
de 13 de diciembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-24-000-
2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-
33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
sentencia de 12 de diciembre de 2018, C.P. Milton Chaves García, número único de radicación 25000 23 37
000 2014 01115 01.
91 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de
7 de abril de 2016, C.P. William Hernández Gómez, número único de radicación 15001-23-33-000-2012-
00162-01.
93 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; providencia de 14 de
febrero de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación 11001032400020120033900
[…]”.
94 Ver entre otras: i) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
providencia de 13 de diciembre de 2018; C.P. Oswaldo Giraldo López; número único de radicación
110010324-00020160016201[…]”; ii) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda; sentencia de 7 de abril de 2016; C.P. William Hernández Gómez; número único de radicación
15001233300020120050900 […]”; iii) “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
costas tiene un carácter: i) objetivo, porque en toda providencia se debe disponer
sobre las costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las reglas de la Ley 1564; y se debe
excluir como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las partes; y ii)
valorativo, porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas
se causaron95.
232. Ahora bien, el numeral 6.° del artículo 392 del Código de Procedimiento
Civil (hoy) el numeral 5.° del artículo 365 de la Ley 1564, dispone que en caso de
que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas, expresando los fundamentos de su decisión.
233. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que, en el caso sub
examine, no hay lugar a imponer condena en costas a la parte demandada, en la
medida que no se acreditó su causación, es decir, no aparece evidencia alguna
que demuestre los gastos en que incurrió la parte para su defensa, por lo que se
procederá a confirmar la sentencia impugnada en ese sentido.
234. Así las cosas, comoquiera que no existe prueba alguna que acredite los
gastos en que incurrió la parte para ejecutar los actos procesales y que el juez
puede abstenerse de condenar cuando la demanda prospere parcialmente, no
habrá lugar a la condena en costas.
235. Visto el artículo 36565 numeral 8.° de la Ley 1564, sobre condena en costas,
y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y que en el expediente
no aparecen causadas ni probadas; la Sala no condenará en costas a la parte
demandada.
236. Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida por el a quo como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.
Sección Cuarta; sentencia de 12 de diciembre de 2018; C.P. Milton Chaves García; número único de
radicación 25000233700020140111501 […]”; iv “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera; providencia de 15 de octubre de 2019; C.P. Hernando Sánchez Sánchez;
número único de radicación 1100103240002014001310[…]”.
95 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de 7 de abril
de 2016; C.P. William Hernández Gómez; número único de radicación 15001233300020120016201[…]”.
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
Conclusión de la Sala
237. En suma, la Sala considera que los argumentos expuestos por las partes
en los recursos de apelación no están llamados a prosperar, por cuanto no
desvirtúan la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. Por
lo tanto, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de 8
de octubre de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
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Núm. único de radicación: 25000234100020130186101
Demandante: Jairo Maya Salazar
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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