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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02172-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02172-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de octubre de 2014 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 67 La autoridad de la competencia, en los actos acusados, reconoció que la normatividad aplicable era el Decreto 01 de 1984 y no el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009, cuando puntualmente indicó: “[…] Frente a este punto, cabe mencionar que el Despacho no está dando aplicación al artículo 27 de la Ley 1340 de 2009 para contabilizar la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, sino que el término que se debe aplicar es el de los tres años de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del C.C.A. […]” 68 Fol. 86 a 91 del cuaderno de anexos de la demanda. 69 “[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. […]”. 70 Índice 34 SAMAI. 38 Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01 Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: RECONOCER a la abogada Carolina Valderruten Ospina como apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme al poder que obra en el expediente digital. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-02172-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros1
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Tema: Caducidad de la acción sancionatoria administrativa
tratándose de prácticas restrictivas a la libre competencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandada contra la sentencia de 2 de octubre de 2014, proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda2

I.1.1. Las pretensiones

1. Las sociedades Unión Eléctrica S.A. y Andcom Ltda. así como los señores Jesús
Efraín Ossa Gómez y Julio Enrique Sánchez Rangel -en adelante parte
demandante- en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113,
interpusieron demanda en la cual solicitaron:

“[...] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 53991 del 14 de
septiembre de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
y suscrita por el entonces Superintendente de Industria y Comercio Dr. JOSE
MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO, por medio de la cual se declaró que las
empresas UNIÓN ELÉCTRICA S.A y ANDCOM LTDA contravinieron lo dispuesto
en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2143 de 1992 y lo dispuesto en el artículo
1 de la Ley 155 de 1959 y que las personas naturales JESÚS EFRAÍN OSSA
GÓMEZ, y JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ RANGEL violaron lo dispuesto en el numeral
16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992 e impuso una sanción pecuniaria a UNIÓN
ELÉCTRICA S.A. de trescientos millones de pesos m/cte. ($300.000.000) y a
ANDCOM LTDA de trescientos millones de pesos m/cte. y una sanción pecuniaria a
JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ de sesenta millones de pesos m/cte. ($60.000.000),
y a JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ RANGEL de sesenta millones de pesos m/cte.
($60.000.000).

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 8917 del 4 de marzo de
2013, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y suscrita por
el Superintendente de Industria y Comercio AD-HOC Dr. LUIS GUILLERMO VÉLEZ
1
La sociedad Andcom Ltda. y los señores Jesús Efraín Ossa Gómez y Julio Enrique Sánchez Rangel.
2
Cfr. Folios 1 al 83 del Cuaderno Principal.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

CABRERA, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución No.
53991 del 14 de septiembre de 2012 y se agotó la vía administrativa.

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio abstenerse de cobrar las sanciones pecuniarias contenidas en las (sic)
Resolución No. 53991 del 14 de septiembre de 2012 y en la confirmatoria No. 8917
del 4 de marzo de 2013 e impuestas a las empresas UNIÓN ELÉCTRICA S.A., y
ANDCOM LTDA.

CUARTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio abstenerse de cobrar las sanciones pecuniarias contenidas en la
Resolución No. 53991 del 14 de septiembre de 2012 y la confirmatoria No. 8917 del
4 de marzo de 2013 e impuestas a las personas naturales JESÚS EFRAÍN OSSA
GÓMEZ, y JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ RANGEL.

QUINTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho, se declare que las empresas UNIÓN ELÉCTRICA S.A
y ANDCOM LTDA no están obligadas a cancelar suma alguna por concepto de las
sanciones pecuniarias impuestas por medio de la Resolución No. 53991 del 14 de
septiembre de 2012 y la confirmatoria No. 8917 del 4 de marzo de 2013 y, que, en
caso que se llegare a efectuar el pago total o parcial de la sanción pecuniaria, se
ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio el reintegro de la suma
cancelada debidamente actualizada, de conformidad con las reglas establecidas en
el artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

SEXTA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho, se declare que las personas naturales JESÚS EFRAÍN
OSSA GÓMEZ, y JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ RANGEL no están obligadas a
cancelar suma alguna por concepto de las sanciones pecuniarias impuestas por
medio de la Resolución No. 53991 del 14 de septiembre de 2012 y la confirmatoria
No. 8917 del 4 de marzo de 2013 y, que, en caso que se llegare a efectuar el pago
total o parcial de la sanción pecuniaria, se ordene a la Superintendencia de Industria
y Comercio el reintegro de la suma cancelada debidamente actualizada, de
conformidad con las reglas establecidas en el artículo 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio que declare que las empresas UNIÓN ELÉCTRICA S.A., y ANDCOM
LTDA no contravinieron lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2143
de 1992 y lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.

OCTAVA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio que declare que las personas naturales JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ,
y JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ RANGEL no violaron lo dispuesto en el numeral 16
del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992.

NOVENA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y
Comercio que realice la publicación del siguiente texto en un diario de amplia
circulación nacional:

[…]

3

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

DÉCIMA: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

DÉCIMA PRIMERA: Que se reintegren las sumas canceladas en virtud de los
acuerdos de pago suscritos por UNION ELÉCTRICA SA, JESÚS EFRAÍN OSSA
GÓMEZ, ANDCOM LTDA y JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ RANGEL, indexadas y con
los intereses causados hasta el día en que se reintegre el dinero.

DÉCIMA SEGUNDA: Que se condene en costas a la entidad demandada […]”.
(Negrilla del texto).

I.1.2. Los hechos

2. Informaron que mediante oficio 08-126301 del 27 de noviembre de 2008, la
entonces Secretaría General del Ministerio del Interior y de Justicia dio a conocer a
la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, la existencia de
presuntas irregularidades dentro del proceso de selección abreviada 001 de 20084
y solicitó apoyo para adelantar una investigación por la comisión de conductas
contrarias a la libre competencia.

3. Señalaron que al cierre del proceso de selección se recibieron tres propuestas
por parte de la Unión Temporal Cárceles 20085, la Unión Temporal Seguridad
Carcelaria6 y la Unión Temporal Protección Integral Carcelaria7. Una vez efectuada
la verificación de los requisitos habilitantes y el cumplimiento de los requisitos
precontractuales, se adjudicó el contrato a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria
por un valor total de ($53.537.174.702,00), el cual fue suscrito el 29 de mayo de
2009.

4.Resaltaron que luego de agotada la etapa de averiguación preliminar, la
Delegatura de la Protección de la Competencia de la SIC expidió la Resolución 9753
de 23 de febrero de 2011, mediante la cual ordenó la apertura de la investigación.

5. Adujeron que la SIC, mediante la Resolución 53991 del 14 de diciembre de 2012,
impuso una sanción en contra de Unión Eléctrica S.A. y Andcom Ltda. por haber
infringido el artículo 1.° de la Ley 155 de 1959 y el numeral 9.° del artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992 y de los señores Jesús Efraín Ossa Gómez y Julio Enrique
Sánchez Rangel, en su calidad de representantes legales de las referidas
sociedades, por haber infringido el numeral 16 del artículo 4.° del Decreto 2153 de
1992.

6.Explicaron que presentaron recurso de reposición en contra de esa decisión, el
cual fue resuelto por la SIC mediante la Resolución 8917 de 4 de marzo de 2013,
confirmando el acto recurrido.

4
El objeto del proceso era: “[…] contratar el ajuste de diseños, suministro, integración, instalación, implementación, prueba,
puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo por dos (2) años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez
(10) establecimientos carcelarios a nivel nacional […]”.
5
Integrada por EBC Ingeniería S.A., Cipecol Ltda., Control Box Ltda., Rapiscan System Inc, Security Business Ltda.
6
Integrada por Unión Eléctrica S.A., Egc Ltda., Ingeniería Telemática G y C. Adcon Ltda., Interamericana de Sistemas y
Seguridad, Interseg S.A. y Meltec Comunicaciones S.A.
7
Integrada por: Security Video, Equipment Ltda., Compañía Latinoamericana de Seguridad y Protección Tlda., Diebould de
Colombia S.A., MDA Security Monitoreo Digital Atlas Ltda. Verytel S.A. EBC Ingeniería S.A. y Control Box Ltda.

4

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

I.1.3. Fundamentos de derecho y el concepto de violación

7.Los demandantes manifestaron que la SIC transgredió los artículos 13 y 29 de la
Constitución Política; 38 del Código Contencioso Administrativo; 1.º de la Ley 155
de 1959; 9.º y 4.º (numeral 16) del Decreto 2153 de 1992, por las siguientes razones:

I.1.3.1. Violación del artículo 29 de la Constitución Política

i) Nulidad por infracción directa al inaplicar el debido proceso y por
desconocimiento de los derechos de contradicción de la prueba y de defensa

8.Señalaron que “[…] en el expediente con radicado No. 08-126301, y de
conformidad con lo afirmado en las páginas 66 y siguientes del Informe Motivado,
así como en las páginas 90 y 91 de la Resolución No. 53991 del 14 de septiembre
de 2012, presuntamente reposa en el expediente a folio 12765 una prueba
documental consistente en un presunto peritaje de la Policía Judicial […]”.

9. Añadieron que de la mencionada prueba nunca se tuvo noticia y llegó al
expediente en el mes de marzo de 2012, es decir, después de agotada la etapa
probatoria. A su juicio, se trató de una “[…] prueba practicada a espaldas de mis
representados […]” y, por esta razón, los demandantes no tuvieron la oportunidad
de controvertirla.

ii) Nulidad por infracción directa al inaplicar el derecho de contradicción de la
prueba y el derecho de defensa debido a la variación de la imputación fáctica
y jurídica inicial

10. Indicaron que mediante la Resolución 9753 del 23 de febrero de 2011, la
Delegatura de Protección de la Competencia de la SIC abrió investigación formal
con el fin de determinar si las empresas que participaron en el proceso de selección
infringieron lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 155 de 1959 y en el numeral 9.°
del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.

11. Mencionaron que la SIC abrió investigación en contra de los demandantes por
haber incurrido en una conducta anticompetitiva y contraria a la libre competencia
durante la etapa previa a la adjudicación del contrato.

12. Pusieron de presente que en el informe motivado, la Delegatura de la Protección
de la Competencia de la SIC varió la imputación fáctica y amplió el período de
investigación porque consideró que el acuerdo colusorio se produjo en dos
momentos: i) el primero, con la presentación de la oferta simbólica a nombre de la
Unión Temporal Cárceles 2008, con el único fin de distorsionar los resultados de la
selección abreviada 001 de 2008 y; ii) el segundo, por la activación de todos los
mecanismos procesales y contractuales con posterioridad a la expedición de la
Resolución 3691 de 11 de diciembre de 2008, mediante la cual el Ministerio del
Interior y de Justicia revocó la resolución de adjudicación a nombre de la Unión
Temporal Seguridad Carcelaria.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

13. Sostuvieron que la SIC adelantó investigación en contra de la parte demandante
por haber incurrido en conductas anticompetitivas que desplegaron sus efectos con
la adjudicación de un contrato; sin embargo, ni en el auto de apertura ni en la
imputación de cargos se hizo alusión a hechos relacionados con la ejecución del
contrato, lo cual transgrede de manera flagrante el debido proceso y el derecho de
defensa.

I.1.3.2. Violación del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia

14. Argumentaron que la SIC en situaciones con supuestos fácticos similares ha
declarado la caducidad de la facultad sancionatoria y, por lo tanto, ha reconocido su
“[…] falta de competencia para actuar, por lo cual se rompe con el principio de
igualdad pues ante situaciones iguales la SIC está decidiendo de manera diferente
y sin justificación alguna […]”.

15. En apoyo de ello, citaron apartes pertinentes de las Resoluciones 15713 de 2009
y 39435 de 2008, ambas expedidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio, en las cuales se indicó que había operado la caducidad de la facultad
sancionatoria.

I.1.3.3. Violación del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.

16. Expresaron que de conformidad con el artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo, normatividad vigente al momento de haberse iniciado la
investigación, la SIC contaba con un plazo total de 3 años para actuar e imponer la
correspondiente sanción.

17. Señalaron que los acuerdos colusorios que tienen como objeto la adjudicación
de un contrato, la conducta se agota con el acuerdo anticompetitivo y no desde el
acto de liquidación, pues un razonamiento en este sentido llevaría a considerar que
lo que se castiga y sanciona es el acto de liquidación. Es decir, debía tenerse como
extremo temporal inicial el 27 de noviembre de 2008, fecha en la cual se materializó
el presunto acuerdo anticompetitivo y no la fecha de su liquidación.

18. Refirieron que la investigación concluyó con la expedición de la Resolución 53991
de 14 de septiembre de 2012, la cual fue notificada el 28 de septiembre de 2012 y
la Resolución 8917 de 4 de marzo de 2013, mediante la cual se resolvió los recursos
de reposición interpuestos en contra de la decisión inicial, quedando agotada la vía
gubernativa.

19. Adujeron que la facultad de la SIC para investigar y sancionar caducó en el
tiempo, contrariando las normas y la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha
señalado que esta institución implica per se la pérdida de la competencia de la
administración para sancionar.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

I.1.3.4. Violación del artículo 1.º de la Ley 155 de 1959, del numeral 9.° del
Decreto 2153 de 1992 y del numeral 16 del artículo 4.º del Decreto 2153 de 1992

20. Anotaron que para determinar la existencia de una práctica colusoria que
restringe la competencia en el marco de un proceso contractual con el Estado
resulta necesario verificar la ocurrencia de los siguientes elementos: a) la existencia
de un acuerdo entre dos o más empresas; (b) que este acuerdo tenga por objeto la
colusión en el proceso contractual o; (c) que dicho acuerdo tenga como efecto la
distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación
concertada de los términos de las propuestas.

21. Frente al primer elemento, aclararon que debe mediar un acuerdo de
voluntades en el cual deben concurrir dos elementos a saber: la bilateralidad, esto
es, que existan por lo menos dos sujetos que puedan acordar y, además de ello,
una expresión de la voluntad o consenso entre las partes, independientemente de
su naturaleza o formalización.

22. Mencionaron que en el expediente administrativo no obra prueba alguna, siquiera
sumaria, que permita inferir la externalización de la voluntad de los demandantes
para coludir en el proceso de selección abreviada 001 de 2008 y la SIC tampoco
logró demostrar la existencia de maniobras fraudulentas tendientes a coludir el
proceso contractual, el cual se presumía legal.

23. Manifestaron que: “[…] pretender derivar la tolerancia en la realización de un
acuerdo presuntamente contrario a la libre competencia por parte de mis
representados con base en el otorgamiento de un poder, carece de todo rigor, pues
es algo que responde naturalmente al ejercicio del derecho fundamental de acceso
a la justicia. […] En este panorama, no hay elementos probatorios que permitan
afirmar, más allá de cualquier duda razonable, que mis representados participaron,
siquiera indirectamente en la celebración de un acuerdo contrario a la libre
competencia. […]”.

I.2. La contestación de la demanda8

24. La SIC, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda oponiéndose a
las pretensiones de los demandantes, con sustento en los siguientes argumentos:

I.2.1. Violación del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia

i) Nulidad por infracción directa al inaplicar el debido proceso y por
desconocimiento de los derechos de contradicción de la prueba y de defensa

25. Citó el artículo 333 de la Constitución Política, el cual define la libre competencia
económica como un derecho de interés general y que implica responsabilidad para
los administrados.

8
Cfr. Folios 124 a 218 del Cuaderno Principal

7

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

26. Afirmó que en la actuación administrativa se probó que todas las sociedades,
consorcios y/o uniones temporales investigadas concurrieron al acuerdo colusorio,
y como resultado de ello, era posible sancionar a sus representantes legales,
administradores u otros por ejecutar, autorizar, tolerar o facilitar conductas
violatorias de la normatividad de protección de la competencia.

27. Aludió al extenso material probatorio que fue tenido en cuenta por la SIC para
demostrar la existencia de un acuerdo anticompetitivo al interior del proceso de
selección abreviada 001 de 2008, cuya finalidad consistía en presentar una
propuesta simbólica, sin ninguna posibilidad de resultar ganadora, que permitiera la
adjudicación del contrato a favor de la Unión Temporal Seguridad Carcelaria.

ii) Nulidad por infracción directa al inaplicar el derecho de contradicción de la
prueba y el derecho de defensa debido a la variación de la imputación fáctica
y jurídica inicial

28. Sostuvo que, en materia de caducidad de la acción sancionatoria en asuntos que
guardan relación con la contratación pública, la jurisprudencia ha señalado que
estos persisten, existen y son oponibles frente a terceros hasta la fecha de su
liquidación.

29. Explicó que no se presentó una variación de la imputación fáctica y jurídica entre
el auto de apertura, el auto de imputación y la resolución sanción. Para ello, explicó
que cuando inicia la apertura de la investigación no se conocían alguno de los
hechos que fueron tenidos en cuenta en el informe motivado y, por ende, sería
absurdo pretender que para ese momento se conozcan la totalidad de los elementos
fácticos, puesto que se correría el riesgo de convertir en inocua la etapa probatoria.

I.2.2. Violación del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia

30. Precisó que, en términos opuestos a lo argumentado por los demandantes, la
SIC no transgredió el principio de igualdad, toda vez que las resoluciones invocadas
por los actores no guardan identidad fáctica ni jurídica con el presente caso.

31. Afirmó que los actores no probaron ni siquiera sumariamente que la SIC hubiera
trasgredido el artículo 13 de la Constitución Política.

I.2.3. Violación del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo

32. Estimó que el término para calcular la caducidad de la facultad sancionatoria
debía contarse a partir del momento en que se efectuó la liquidación del contrato
que se suscribió entre las partes como resultado de las maniobras anticompetitivas,
porque el desembolso de dinero a precios supra competitivos constituye en sí
mismo una afectación al mercado y a la libre competencia.

33. Trajo a colación la normativa sobre colusión y la jurisprudencia de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la cual ha señalado que la

8

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

colusión tiene un carácter continuado y se proyecta durante la ejecución del
contrato.

34. Solicitó tener en cuenta la sentencia de 20 de marzo de 2003, proferida por el
Consejo de Estado dentro del radicado núm. 25000-23-24-000-2001-0431-
01(8340), fallo judicial en el cual se explicó que, tratándose de conductas
continuadas, se debe tener en cuenta la fecha de cesación de los efectos de la
conducta y no la de su iniciación.

35. Sostuvo que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la
liquidación del contrato constituye un balance final o ajuste de cuentas entre la
administración contratante y el particular contratista, para finiquitar la relación
jurídica obligacional.

36. Expuso que la tesis defendida por la SIC, en el entendido que la caducidad se
cuenta desde la fecha de la liquidación definitiva, no fue caprichosa o ilegal y, por el
contrario, se sustenta en los principios y reglas del régimen de contratación pública.

37. Precisó que en el presente caso no operó la caducidad de la facultad
sancionatoria en vigencia del Código Contencioso Administrativo ni del artículo 27
de la Ley 1340 de 24 de julio de 20099. En el primero de los casos, la facultad
sancionatoria fenecía el 1.º de enero de 2014. Por su parte y de llegar a
considerarse aplicable el artículo 27 de la Ley 1340, la administración tenía hasta el
1.° de enero de 2016.

I.2.4. Violación del artículo 1.º de la Ley 155 de 1959, del numeral 9.° del
Decreto 2153 de 1992 y del numeral 16 del artículo 4.º del Decreto 2153 de 1992

38. Realizó un resumen de los hechos ocurridos con anterioridad y con posterioridad
a la adjudicación del proceso de selección abreviada y aludió a las particularidades
que rodearon este proceso e igualmente refirió a la responsabilidad de las uniones
temporales, de las sociedades que las conforman y de sus representantes legales.
También refirió a la responsabilidad objetiva que se encuentra proscrita por el
ordenamiento jurídico colombiano.

39. Advirtió que el acuerdo anticompetitivo, al interior del proceso de selección
abreviada 001 de 2008, se ideó a través de reuniones y concertaciones previas al
cierre del proceso entre personas que integraban las uniones temporales y actuaban
como competidoras en el proceso y que tenía como propósito preparar y presentar
una propuesta simbólica que permitiera la adjudicación del contrato a favor de la
Unión Temporal Seguridad Carcelaria.

40. Indicó que la SIC, a la hora de analizar la conducta, no tenía el deber de realizar
valoraciones de tipo subjetivo, y en todo caso, el análisis de la responsabilidad

9
“[…] Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia […]”.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

administrativa no puede hacerse bajo el tamiz del derecho penal porque se trata de
ramas diferentes del derecho punitivo del Estado.

41. Agregó que los investigados contaron con las garantías para controvertir las
decisiones adoptadas, solicitar y allegar las pruebas pertinentes para desvirtuar los
hechos imputados e interponer los recursos procedentes.

I.3. Trámite del proceso

42. Mediante auto de 9 de diciembre de 201310, se admitió la demanda y se ordenó
el trámite de rigor.

43. El 7 de julio de 201411, se realizó la audiencia prevista en el artículo 180 de la
Ley 1437. Agotadas las etapas de saneamiento y decisión de excepciones previas,
se fijó el litigio y se corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio Público
para que presentaran alegatos de conclusión y este último rindiera el
correspondiente concepto.

44. La parte demandante guardó silencio.

45. La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación de la demanda 12.

46. El Ministerio Público no presentó concepto.

I.4. La sentencia de primera instancia13

47. LaSubsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 2 de octubre de 2014, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. DECLÁRESE, la nulidad de la Resolución No. 53991 del 14 de
septiembre de 2012 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por
medio de la cual se declaró que las empresas Unión Eléctrica S.A. y ANDCOM LTDA.,
contravinieron lo dispuesto en el numeral 9º de la (sic) artículo 47 del Decreto 2153
de 1992, e impuso una sanción pecuniaria a Unión Eléctrica S.A., de trescientos
millones de pesos m/cte ($300.000.000) y a ANDCOM LTDA de trescientos millones
de pesos m/cte ($300.000.000), y una sanción pecuniaria a Efraín Ossa Gómez de
sesenta millones de pesos m/cte ($60.000.000), y a Julio Enrique Sánchez Rangel de
sesenta millones de pesos m/cte. ($60.000.000), y de la Resolución No. 8917 del 4
de marzo de 2013, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que
confirmó en todas sus partes la Resolución No. 53991 del 14 de septiembre de 2012
y se agotó la vía administrativa, por los motivos expuestos en esta providencia, y
como consecuencia de lo anterior, (sic)

SEGUNDO. DECLÁRASE, a título de restablecimiento del derecho que la
Superintendencia de Industria y Comercio no está facultada para mantener el cobro
de las sanciones pecuniarias contenidas en las Resoluciones No. 53991 del 14 de
septiembre de 2012, y en la Resolución No. 8917 del 4 de marzo de 2013, impuestas

10
Cfr. Fol. 100 a 105. Cuaderno Principal.
11
Cfr. Fol. 226 a 241. Cuaderno Principal.
12
Cfr. Fol. 245 al 296. Cuaderno Principal.
13
Cfr. Fol. 305 a 356. Cuaderno Principal.

10

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

a la empresa Unión Eléctrica S.A., ANDCOM LTDA., Jesús Efraín Ossa Gómez, y
Julio Enrique Sánchez Rangel, así como tampoco estas personas no están obligadas
a cancelar suma alguna de dinero por concepto de estas multas.

TERCERO. ORDÉNASE a título de restablecimiento del derecho a la
Superintendencia de Industria y Comercio lo siguiente:

1) Reintegrar las sumas canceladas en virtud de los acuerdos de pago suscritos por
Unión Eléctrica S.A., Jesús Efraín Ossa Gómez, ANDCOM LTDA, y Julio Enrique
Sánchez Rangel, las cuales deberán ser ajustadas al momento en que quede
ejecutoriada la presente providencia, tomando como base el Índice de Precios al
Consumidor, de conformidad con el inciso 4° del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011,
y en los términos del artículo 192 de la misma norma, y así mismo las sumas de dinero
reconocidas en esta sentencia una vez quede en firme, devengarán intereses
moratorios en los términos del numeral 4º del artículo 195 Ibídem. (sic)

2) Realizar la publicación del siguiente texto en un diario de amplia circulación
nacional:

“La Superintendencia de Industria y Comercio, en acatamiento del fallo proferido por
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
el 2 de octubre de 2014 […] operó la caducidad de la facultad de esta entidad para
sancionar la presunta comisión de conductas vulneratorias de las normas de la libre
competencia en Colombia, con relación a los hechos atenientes al proceso de
selección abreviada No. 01 de 2008 convocado por el Ministerio del Interior y de
Justicia, y cuyo objeto es "contratar el ajuste, diseños, suministro, integración,
instalación, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo y
correctivo por dos (2) años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez (10)
establecimientos carcelarios a nivel Nacional" siendo esta la razón por la cual fueron
declarados nulos los actos administrativos referidos por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”.

CUARTO. NIÉGANSE las pretensiones séptima y octava de la demanda, por los
motivos expuestos en esta providencia.

QUINTO. CONDÉNESE EN COSTAS a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A., y en
consecuencia ordénese por Secretaría hacer su respectiva liquidación

SEXTO. ARCHÍVESE el expediente, previa ejecutoria […]”. (Negrilla, mayúscula y
cursiva del texto).

48. El Tribunal de primera instancia accedió a las súplicas de la demanda al encontrar
probado el cargo de nulidad sobre la caducidad de la facultad sancionatoria y
accedió al restablecimiento solicitado, con sustento en los siguientes argumentos:

49. Hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, en la cual se ha explicado que la libre competencia consiste en la
oportunidad de acceso de los participantes de un mercado de concurrir al mismo,
con el objeto de ofrecer bienes y servicios a los consumidores. Además, implica la
ausencia de barreras o prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una
actividad lícita.

50. Estimó que no podía ser acogida la tesis de la SIC, en el sentido de que el término
inicial de la caducidad debía computarse desde el acto de liquidación. Para ello,

11

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

adujo que los actos que son posteriores al acuerdo y perjudiquen al Estado debían
ser objeto de graduación al momento de establecer su monto, sin que pueda
considerarse como una extensión de la conducta enjuiciada.

51. Indicó que, dada la naturaleza del proceso de selección de contratistas en un
proceso contractual, se entiende que la conducta típica se agota con la expedición
del acto administrativo mediante el cual se adjudica el contrato estatal, siendo este
el acto idóneo para evidenciar la existencia de un acuerdo colusorio.

52. Realizó un análisis de las posturas esgrimidas en el proceso y refirió a lo probado
en la actuación administrativa, en el siguiente sentido:

“[…] en el caso concreto se tiene que el proceso de selección abreviada No 01 de
2008 el 20 de octubre de 2008 se levantó el acta de cierre del proceso de selección,
es decir que hasta esa fecha todos los oferentes presentaron sus propuestas.

De igual forma, el 24 de noviembre de 2008, mediante Resolución No. 3485 se
adjudicó el contrato estatal referido, acto administrativo que fue revocado por la
entidad a petición de la Procuraduría General de la Nación en decisión del 11 de
diciembre de 2008, y contra la cual previo agotamiento de los recursos del caso fue
cuestionado por los demandantes mediante la interposición de una acción de tutela
que fue resuelta por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que
dejó sin efectos las Resoluciones No. 3691 del 11 de diciembre de 2008 y No. 0118
del 19 de enero de 2009, por las cuales se había revocado el acto de adjudicación y
se habían resuelto los recursos en sede administrativa. Esta providencia fue
confirmada en decisión del 7 de mayo de 2009.

En razón de lo anterior el 29 de mayo de 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia
y la UT Seguridad Carcelaria a través de su representante legal, suscribieron el
Contrato No. 076 de 2009. Pese a lo anterior, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional revisó el fallo de tutela referido, y en sentencia T-841 del 20 de
noviembre de 2009 revocó la decisión proferida y reiterada por el Consejo Seccional
de Cundinamarca, declarando improcedente la tutela, y en consecuencia
determinando que era procedente la liquidación del contrato estatal en el estado en
el que se encontrara.

En efecto, a partir de la Resolución No. 2954 del 30 de junio de 2010, el Ministerio
acató la sentencia de tutela y en consecuencia dio por terminado el contrato 076 de
2009, y el 31 de diciembre de 2010 las partes suscribieron el acta de liquidación
bilateral del contrato.

[…]”.

53. Reiteró que no era posible sostener que la conducta se extendió hasta la
terminación unilateral del contrato, realizada por el Ministerio contratante el 30 de
junio de 2010, ni hasta la suscripción del acta de liquidación bilateral el 31 de
diciembre del mismo año, por tratarse de actuaciones posteriores a la adjudicación
del contrato estatal.

54. Aludió a los documentos obrantes en el expediente administrativo en los cuales
era posible advertir que la SIC, desde el 12 de diciembre de 2008, fue informada
sobre la existencia de posibles irregularidades dentro del proceso de selección

12

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

abreviada 001 de 2008, convocado por el Ministerio del Interior y de Justicia, por lo
que el término de caducidad debió contarse a partir de ese preciso momento.

55. Señaló que la Resolución 53991 de 2012, fue notificada el 28 de septiembre de
2012, es decir, cuando había operado la caducidad de la facultad sancionatoria
prevista en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.

56. Puso de presente que, si se contara el extremo temporal inicial desde la fecha de
la adjudicación del contrato estatal, es decir, el 27 de noviembre de 2008, habría
operado igualmente la caducidad de la potestad sancionatoria.

I.5. Recurso de apelación14

57. El apoderado judicial de la parte demandada interpuso recurso de apelación.

58. Insistió en que los tres años previstos en el artículo 38 del Código Contencioso
Administrativo se deben contabilizar desde el día siguiente en que se suscribió la
liquidación del contrato, en la medida que cada desembolso de dinero a precios
supra competitivos constituye un acto idóneo para trasladar recursos de los
consumidores, en este caso, del Estado a los productores; cuestión que pretende
proteger el derecho a la competencia.

59. Sostuvo que a pesar de que las restricciones a la libre competencia se presentan
de manera específica sobre un proceso contractual específico, la conducta tiene
carácter de continuada en tanto se proyecta durante la ejecución del mismo.

60. Reiteró que la caducidad no se cuenta desde la adjudicación del contrato, sino
desde el día siguiente a la liquidación del contrato, fecha en la cual cesó la conducta
anticompetitiva resultante de la colusión y la continuada defraudación del Estado.

61. Solicitó tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado15 en la cual se
ha señalado que, tratándose de conductas continuadas, se debe tener en cuenta la
fecha de cesación de los efectos de la conducta y no la de su iniciación. De ahí que,
en el presente caso, el término de caducidad debía computarse a partir del día
siguiente a la liquidación del contrato, y no desde la adjudicación, pues a partir de
ese momento cesó la conducta anticompetitiva resultante de la colusión y la
continuada defraudación del Estado.

62. Refirió a la jurisprudencia de esta Corporación que ha señalado que la liquidación
del contrato constituye un balance final o ajuste de cuentas entre la administración
contratante y el particular contratista para finiquitar la relación jurídica obligacional
y agregó que la tesis defendida por la SIC no fue caprichosa o ilegal, pues se
sustenta en los principios y reglas del régimen de contratación pública.

14
Cfr. Fol. 360 a 373. Cuaderno Principal.
15
Citó: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de marzo de 2003,
radicado núm. 25000-23-24-000-2001-0431-01(8340) y; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 23 de enero de 2003, radicado núm.: 25000-2345-000-2000-0665-01 (7909).

13

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

63. Precisó que en el presente caso no operó la caducidad de la facultad
sancionatoria, aun si se aplicara la regla del Código Contencioso Administrativo o la
contenida en la Ley 1340 de 2009. En el primer supuesto, dicha facultad caducó el
1.º de enero de 2014; y en caso de considerarse aplicable el artículo 27 de la Ley
1340, el término se extendió hasta el 1.° de enero de 2016.

64. Efectuó un recuento de lo probado en el curso de la actuación administrativa y
afirmó que “[…] el actuar coordinado de los integrantes de las UNIONES
TEMPORALES: uniones temporales SEGURIDAD CARCELARIA y CARCELES
2008 implicó la infracción a las normas que regulan la materia anteriormente citadas,
en la medida que se falseó la libre competencia en el proceso de contratación No.
01 de 2008 adelantado por el MIJ, al haberse realizado conductas que garantizarían
la adjudicación de un contrato a una oferta que no era competitiva, las cuales, como
se vio, se extendieron hasta la liquidación del contrato. […]”.

I.6. El trámite del recurso de apelación

65. El 11 de marzo de 2015 se celebró la audiencia prevista en el artículo 192 de la
Ley 1437, la cual fue declarada fallida por falta de ánimo conciliatorio entre las
partes.

66. A través de auto de 12 de marzo de 201516 se concedió, en el efecto suspensivo,
el recurso de apelación.

67. Repartido el proceso en el Consejo de Estado, mediante autos de 3 de
septiembre de 201517 y 7 de junio de 201618, se admitió el recurso de apelación y
se corrió traslado común a las partes, por el término de diez (10) días, para que
presentaran alegatos de conclusión y para que el agente del Ministerio Público
emitiera concepto.

68. La parte demandante solicitó que la sentencia de primera instancia sea
confirmada19.

69. La parte demandada20 reiteró, en esencia, los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

70. Indicó que de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.° del artículo 47 del
Decreto 2153 de 1992, la colusión se puede dar por objeto o por efecto. La primera
se entiende como la potencialidad de ocasionar el daño, mientras que la conducta
por efecto alude a la afectación material de la libre competencia.

71. Explicó que en los casos en los que se investigan las conductas por objeto se
está frente a la existencia de un acuerdo anticompetitivo sin que se dé el resultado

16
Cfr. Fol. 464 a 465 del Cuaderno de Apelación.
17
Cfr. Fol. 4 del Cuaderno de Apelación.
18
Cfr. Fol. 14 del Cuaderno de Apelación.
19
Cfr. Fol. 49 a 62 del Cuaderno de Apelación.
20
Cfr. Fol. 65 a 85 del Cuaderno de Apelación.

14

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

buscado, el cual, para este caso, corresponde a la adjudicación del contrato. Por
su parte, la colusión por efecto se configura cuando la adjudicación del contrato se
da como resultado del acuerdo contrario a la libre competencia.

72. Resaltó que para determinar el momento a partir del cual se cuenta el término
de caducidad se debe analizar si la conducta es de ejecución instantánea o si es
de tracto sucesivo, y en segundo lugar se debe distinguir si la conducta investigada
se adecúa al acuerdo colusorio por objeto o si por el contrario se investiga como
colusión por efecto.

73. Adujo que la conducta por la que fueron sancionados los demandantes es de
tracto sucesivo, es decir, se prolongó hasta el 1.° de enero de 2011, fecha de
liquidación del contrato estatal adjudicado como resultado del acuerdo colusorio.
Aclaró que el acto de liquidación no fue consecuencia del cabal cumplimiento del
objeto contractual, sino de una orden impartida por la Corte Constitucional, en el
marco de la revisión de una acción de tutela, en la cual se advirtieron irregularidades
existentes en el marco del proceso de selección abreviada 001 de 2008.

74. El Ministerio Público en esta etapa procesal guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

75. Para decidir la presente controversia se abordará el análisis de los siguientes
aspectos: (i) la competencia; (ii) los actos administrativos demandados; (iii) el
problema jurídico; de la Superintendencia de Industria y Comercio para investigar
conductas constitutivas de infracción al régimen de la competencia; (v) estudio del
acervo probatorio; vi) colusión al caso concreto y; (vii) pronunciamiento sobre
condena en costas.

II.1. Competencia

76. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

II.2. Los actos administrativos demandados

77. La Resolución 53991 de 14 de septiembre de 2012, expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto declaró responsables a las
sociedades Andcom Ltda. y Unión Eléctrica S.A. y a los señores Jesús Efraín Ossa
Gómez y Julio Enrique Sánchez Rangel, en su calidad de representantes legales,
en la parte resolutiva se señaló:

15

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que las empresas […] ANDCOM LTDA. […]
UNION ELÉCTRICA S.A. […] contravinieron lo dispuesto en el numeral 9 del artículo
47 del Decreto 2153 de 1992 y lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1929
(sic).

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que los señores […] JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ
RANGEL. […] y JESÚS EFRAIN OSSA GOMEZ, violaron lo dispuesto en el numeral
16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992.

[…]

ARTICULO NOVENO: Imponer una sanción pecuniaria a UNIÓN ELÉCTRICA S.A.
identificada con el NIT 890.937.205-6, por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE
PESOS MCT. ($300.000.000).

[…]

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Imponer una sanción pecuniaria a ANDCOM
LTDA. […] por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCT.
($300.000.000).

[…]

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Imponer una sanción pecuniaria a JULIO ENRIQUE
SÁNCHEZ RANGEL […] por la suma del SESENTA MILLONES DE PESOS MCT.
($60.000.000).

[…]

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Imponer una sanción pecuniaria a JESÚS EFRAÍN
OSSA GÓMEZ […] por la suma del SESENTA MILLONES DE PESOS MCT.
($60.000.000).

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

78. La Resolución 8917 de 4 de marzo de 2013, mediante la cual se resolvieron unos
recursos de reposición, en su parte resolutiva ordenó:

“[…] ARTÍCULO CUARTO: CONFIRMAR en todas sus partes los demás
considerandos, artículos y términos de la Resolución No. 53991 del 14 de septiembre
de 2012.

[…]”. (Negrilla del texto).

II.3. El problema jurídico

79. La Sala, de acuerdo con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio
de 201221, aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437, así como el
recurso de apelación presentado por la parte demandada, considera que el
problema jurídico tiene por objeto establecer si operó o no la caducidad de la
facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio.

21
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

16

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

80. En consecuencia, si se debe declarar la nulidad de las Resoluciones 53991 de
14 de septiembre de 2012 y 8917 de 4 de marzo de 2013, en cuanto declararon que
las sociedades Unión Integral S.A. y Andcom Ltda. contravinieron lo dispuesto en el
artículo 1.º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 9.º del artículo 47 del Decreto 2153
de 1992 y los señores Jesús Efraín Ossa Gómez y Julio Enrique Sánchez Rangel,
en su calidad de representantes legales de las referidas sociedades transgredieron
el numeral 16 del artículo 4.° del Decreto 2153 de 1992.

II.4. La caducidad de la acción sancionatoria administrativa tratándose de
procedimientos sancionatorios adelantados por la Superintendencia de
Industria y Comercio

81. El artículo 52 del Decreto 2153 de 199222, señalaba que “[…] en lo no previsto
en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo […]”. Por su parte,
el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo indica lo siguiente:

“[…] Artículo 38. Caducidad respecto de las sanciones. - Salvo disposiciones
especiales en contrario, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanción
caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas […]”. (Negrilla
del texto).

82. Según lo anterior, salvo norma especial en contrario, las autoridades
administrativas cuentan con un término de tres (3) años para imponer la
correspondiente sanción administrativa contados a partir de la fecha en que se
produzca el acto que pueda ocasionarlas.

83. En lo que tiene que ver con el extremo temporal inicial para el ejercicio oportuno
de la facultad sancionatoria cuando se trata de faltas catalogadas como prácticas
comerciales restrictivas de la libre competencia, la jurisprudencia de esta Sección
ha señalado que el plazo debe contarse desde la realización del último acto de
ejecución del ordenamiento jurídico cuando se trata de conductas continuadas. En
este sentido, esta Sección, en sentencia de 13 de noviembre de 201423, indicó:

“[…] Corresponde a la Sala, en primer término, determinar si la conducta desarrollada
por los demandantes, que dio lugar al inicio de la actuación administrativa
desarrollada por la Superintendencia y que culminó con la expedición de las
Resoluciones enjuiciadas, se cataloga como “Instantánea”, es decir, cuya ejecución
se establece en un solo momento, o si, por el contrario, es de carácter “Continuado o
Permanente”, lo que significa que el comportamiento dañino o contrario a derecho se
prolonga en el tiempo y en el espacio, extendiendo por el mismo periodo la comisión
de la falta respectiva.

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, el acuerdo de precios se
produjo y se conservó por las distribuidoras de combustibles relacionadas en las
Resoluciones acusadas hasta el mes de diciembre de 2009, tal y como se corrobora
en los cuadros comparativos de las Tablas núms. 6, 7, 8, 9 y 10, así como en la
Gráfica núm. 5, visibles en el anverso y reverso de los folios 146 y 147 del cuaderno
de Anexos de la demanda, lo que le permite concluir a la Sala que la conducta

22
“[…] Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. […]”.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: María Elizabeth García González,
sentencia de 13 de noviembre de 2014, radicado: 15001-23-33-000-2013-00254-01

17

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

cometida por los demandantes catalogada como práctica comercial restrictiva de la
libre competencia, se prolongó en el tiempo y en el espacio, lo que significa que la
comisión de su falta fue permanente y continuada.

Ahora bien, siendo la conducta continuada por parte de los demandantes (aspecto
este que se analizará más ampliamente en el último punto), para la Sala no existe el
menor asomo de duda de que la caducidad de la facultad sancionatoria del Estado
empieza a correr a partir de la comisión o realización del último acto de
ejecución de la falta al ordenamiento jurídico.

Se observa que para el momento en que se inició la investigación, esto es, el año
2007, se encontraba en vigencia el otrora Decreto 2153 de 1992, que en su artículo
52 establecía el procedimiento para determinar si existía una infracción a las normas
de promoción de competencia y prácticas comerciales restrictivas a la libre
competencia reglando en su último inciso que “en lo no previsto en este artículo se
aplicará el Código Contencioso Administrativo”, lo que significaba, por antonomasia,
que la facultad sancionatoria del Estado en esta materia caduca en el término de tres
(3) años previsto en el artículo 38 de dicha Codificación.

Sin embargo, observa la Sala que para la fecha en que entró en vigencia la Ley 1340
(“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”),
esto es, el 24 de julio de 200924, los distribuidores de combustibles relacionados en
las Resoluciones demandadas continuaban desarrollando las conductas constitutivas
como infractoras a las normas de promoción de competencia y práctica comercial
restrictiva, extendiéndolas hasta el mes de diciembre de ese mismo año,
sometiéndose, en consecuencia, a la legislación vigente por esa fecha, esto es, la Ley
1340 de 2009, que en su artículo 27 reza:

“Artículo 27. Caducidad de la Facultad Sancionatoria.- La facultad que tiene la
autoridad de protección de la competencia para imponer una sanción por la violación
del régimen de protección de la competencia caducará transcurridos cinco (5) años
de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la
misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo
sancionatorio haya sido notificado” (Resalta la Sala).

Se advierte, en conclusión, que desde la última fecha de ejecución de la conducta
contraria a las normas de promoción de la competencia, esto es, diciembre de 2009,
hasta la fecha de notificación de las Resoluciones núms. 71794 del 12 de diciembre
de 2011 y 11651 de 29 de febrero de 2012, es decir, los días 16 de diciembre de
201125 y 13 de marzo de 201226, respectivamente, no había transcurrido el término
de cinco (5) años, a que se refiere el artículo 27 antes citado a efectos de que se
produjera el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria del Estado. […]”.
(Negrilla y subrayado del texto).

84. Frente al término que tiene la administración para imponer la sanción, la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de importancia jurídica de 29 de
septiembre de 200927, unificó su jurisprudencia para señalar que la sanción se
entendía impuesta de manera oportuna si se expedía y notificaba la decisión
primigenia que imponía la sanción y no la que resolvía los recursos de la vía
gubernativa, al indicar:

24
Publicada en el Diario Oficial núm. 47.420 de julio 24 de 2009.
25
Visible en el reverso del folio 179 del cuaderno de Anexos de la demanda.
26
Visible en el reverso del folio 253 del cuaderno de Anexos de la demanda.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2009, radicado: 11001-
03-15-000-2003-00442-01(S) IJ, actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, demandado: Ejército Nacional, MP: Susana Buitrago
Valencia.

18

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

“[…] Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el
presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a continuación
se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que la tesis de
recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria se
impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse
el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso
disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva
de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.

[…]

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y
regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto que
impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del administrado
afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio
de los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión
primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada.

[…]

En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual en
tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se
expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa
sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los
recursos de la vía gubernativa. […]”. (Negrilla fuera del texto).

85. Esta sentencia de unificación se originó a partir de la interpretación de los
artículos 12 de la Ley 25 de 1974 y 6 de la Ley 13 de 198428, esto es, en el régimen
disciplinario. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado, de manera
uniforme, pacífica y reiterada ha acogido el citado fallo de unificación como
parámetro de interpretación del artículo 38 del Código Contencioso Administrativo.
En providencia de 9 de junio de 201129, se dijo:

28
Las citadas normas son: Ley 25 de 1974 «Por la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento del
ministerio público y régimen disciplinario, y se dictan otras disposiciones», en su artículo 12, señala: «ARTÍCULO 12.
La acción disciplinaria prescribe en cinco años contados a partir del último acto constitutivo de la falta». Ley 13 de
1984, «Por la cual se establecen normas que regulan la administración del personal civil y demás servidores que
prestan sus servicios en la rama ejecutiva del poder público en lo nacional y se dictan otras disposiciones sobre el
régimen de carrera administrativa», en su artículo 6° dispone: «ARTÍCULO 6. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribe en cinco años contados a partir del último acto constitutivo de la
falta, término dentro del cual deberá igualmente imponerse la sanción».
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, CP: Marco
Antonio Velilla Moreno, radicado: 25000-23-24-000-2004-00986-01, actor: Termoflores S.A. E.S.P., demandado:
Superintendente Delegado para Energía y Gas.

Esta tesis ha sido reiterada, entre otras oportunidades en:
(i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Elizabeth García Gonzalez,
sentencia de 23 de febrero de 2012, radicación número: 25000-23-24-000-2004-00344-01; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia de 14 de febrero de 2013,
radicación número: 25000-23-24-000-2003-91003-01; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, CP: Guillermo Vargas Ayala, sentencia de 28 de agosto de 2014, radicación número: 25000-23-24-000-2008-00369-
01; (iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: María Claudia Rojas Lasso, sentencia
de 29 de septiembre de 2016, radicación número: 25000-23-24-000-2004-00370-01; (v) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 12 de septiembre de 2019,
radicación número: 25000-23-24-000-2011-00494-01; (vi) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, CP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 13 de agosto de 2020, radicación número: 25000-23-24-000-2003-
00330-01,

19

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Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

“[…] Es importante destacar de esta sentencia la unificación de las diferentes
posturas que antes se habían adoptado, y por cuanto a pesar de que no se refiere al
artículo 38 antes citado que se ocupa de la caducidad y no de la prescripción
enunciada en la norma disciplinaria, es perfectamente aplicable al caso que en esta
oportunidad se ventila.

En este orden de ideas, tal como lo señala la jurisprudencia descrita, la sanción se
considera oportunamente impuesta si dentro del término de tres años indicado en la
norma se ejerce esta potestad, es decir, se expide y se notifica el acto administrativo
que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal, el
cual, en el caso sub examine, es la Resolución 682 emitida el 13 de febrero de 2004
y, notificada el 23 de marzo de 2004, con la cual se concluye la actuación
administrativa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
[…]”.

86. De acuerdo con lo anterior, la potestad sancionatoria se entiende ejercida en
tiempo si dentro del término de tres (3) años la administración expide y notifica el
acto administrativo sancionatorio principal, sin necesidad de que en dicho lapso se
expidan los actos administrativos que resuelven los recursos de la vía gubernativa.

87. Con posterioridad, se expidió la Ley 1340 de 2009, la cual introdujo la siguiente
regla en materia de caducidad por violación del régimen de protección de la
competencia:

“[…] ARTÍCULO 27. Caducidad de la Facultad Sancionatoria. La facultad que tiene
la autoridad de protección de la competencia para imponer una sanción por la
violación del régimen de protección de la competencia caducará transcurridos cinco
(5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo
de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto
administrativo sancionatorio haya sido notificado. […]”. (Negrilla del texto).

88. Conforme con este último artículo, frente a conductas contrarias al régimen de
protección de la competencia, la facultad sancionatoria caduca si transcurridos
cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho
constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el
acto administrativo haya sido notificado.

II.5. Acervo probatorio

II.5.1. Los hechos que originaron el procedimiento sancionatorio adelantado
por la Superintendencia de Industria y Comercio30

89. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

90. El Ministerio del Interior y de Justicia abrió el proceso de selección abreviada
001 de 2008 para contratar “[…] el ajuste de diseños, suministro, integración,
instalación, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo
y correctivo por dos (2) años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez (10)
establecimientos carcelarios a nivel nacional. […]”.

30
CD obrante en el expediente a folio 223 del cuaderno del tribunal.

20

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91. El día 20 de octubre de 2008, de acuerdo con el cronograma publicado en el
SECOP se llevó a cabo la audiencia de cierre. Según consta en el acta, se
presentaron tres (3) propuestas:

• Unión Temporal Cárceles 2008: integrada por EBa Ingeniería
S.A., Cipecol Ltda., Control Box Lida, Rapiscan System Inc., Security
Business Ltda.

• Unión Temporal Seguridad Carcelaria: conformada por Unión Eléctrica S.A,
EGC Ltda., Ingeniería Telemática G&C, Adcom Ltda., Interamericana de
Sistemas y Seguridad, Interseg S.A., Meltec Comunicaciones S.A.

• Unión Temporal Protección Integral Carcelaria: conformada por Security
Video, Equipment Ltda., Compañía Latinoamericana de Seguridad y
Protección Ltda., Diebold de Colombia S.A., MDA Security Monitoreo Digital
Atlas Ltda., Verytel S.A., EBC Ingeniería S.A. y Control Box Ltda.

92. A través de la Resolución 3485 de 27 de noviembre de 200831, el Ministerio
del Interior y de Justicia adjudicó el contrato a la Unión Temporal Seguridad
Carcelaria para el ajuste de diseños, suministro, integración, instalación,
implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo
por dos (2) años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez (10)
establecimientos carcelarios a nivel nacional por un valor de $53.537.174.702,00.

93. La cartera del interior y de justicia de ese entonces expidió la Resolución 3691
del 11 de diciembre de 2008 “[…] Por la cual se revoca la Resolución 3485 del 27
de noviembre de 2008 […]32”.

94. El Ministerio del Interior y de Justicia, mediante la Resolución 118 del 19 de
enero de 200933, rechazó de plano el recurso de reposición presentado por el señor
Luis Eduardo Montoya Medina en representación de las sociedades Unión Eléctrica
S.A., EGB Ltda., Ingeniería Telemática G y C, Adcom Ltda., Interamericana de
Sistemas y Seguridad, Intersec S.A. y Meltec Comunicaciones S.A., argumentando

31
CD. Fol. 383 a 434.
32
En este acto, se lee lo siguiente: “[…] Que el señor Que el señor Procurador en ejercicio de su función preventiva de solicitar
la "suspensión de actuaciones administrativas a (sic) la revocatoria de los actos administrativos a ellas referentes en
defensa del orden jurídico o del patrimonio público” , solicito la revocatoria directa del acto de adjudicación del proceso
de Selección Abreviada No. 01 de 2008, argumentando que "(...) queda claro que la UNION TEMPORAL SEGURIDAD
CARCELARIA se valió de medios ilegales para obtener la adjudicación del referido contrato (...)
Que se concluyó por parte de la Procuraduría General de la Nación: "Lo ilegal de todas estas actuaciones nos permite
confrontarlas con lo señalado en el artículo 9° inciso 3° de la Ley 1150 de 2007, y aseverar de manera contundente que es
perfectamente válido aplicar la figura de la revocatoria directa del acto de adjudicación (resolución 3485 del 27 de noviembre
de 2008) en el entendido que el acto se obtuvo por medios ilegales" (Subraya y negrilla fuera de texto)
En consideración a lo anterior,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- En acatamiento a lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación mediante Oficio DP No.
01371 del 10 de diciembre de 2008, revocar la Resolución No. 3485 del 27 de noviembre de 2008 "Por medio de la cual se
adjudica el proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía No. 01 de 2008* de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el inciso 3° del artículo 9o de la Ley 1150 de 2007, y como
quiera que no hay un segundo proponente habilitado, se declara desierto el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía
No. 01 de 2008. […]”.
33
“[…] Por la cual se rechazan de plano los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra la Resolución No. 3691
del 11 de diciembre de 2008[…]”. Cuaderno 8 del CD. Páginas 154 a 155.

21

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Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

que la Resolución 3691 del 11 de diciembre de 2008 es un acto de ejecución y, por
ende, no es susceptible de recurso.

95. El señor Luis Eduardo Montoya Medina presentó acción de tutela contra el
Ministerio del Interior y de Justicia por considerar vulnerado el derecho fundamental
al debido proceso de los miembros de la Unión Temporal Seguridad Carcelaria con
ocasión de la revocatoria de la adjudicación.

96. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, mediante sentencia del 25 de marzo de 200934, concedió el amparo.
En consecuencia, ordenó i) dejar sin efectos las Resoluciones 3691 del 11 de
diciembre de 2008 y 118 del 19 de enero de 2009 y; ii) en el término de 48 horas
siguientes a la notificación de ese fallo, debía darse inicio al trámite legal para
obtener la revocatoria de la Resolución 3485 de 27 de noviembre de 2008,
garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de las empresas que
integran la unión temporal de hecho, favorecida con la adjudicación, sin perjuicio de
la decisión que finalmente adoptare el Ministerio del Interior y de Justicia en dicho
trámite.

97. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante sentencia del 7 de mayo de 200935, confirmó el fallo de primera instancia
y lo adicionó a fin d que se ordene continuar el trámite contractual, esto es, la
suscripción del contrato36.

98. El 29 de mayo de 2009, en cumplimiento del fallo de tutela de 7 de mayo de
2009, se suscribió el contrato 7637 entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la
Unión Temporal Seguridad Carcelaria.

99. La Corte Constitucional, mediante sentencia T- 841 de 20 de noviembre de
200938, ordenó revocar el fallo dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura del 7 de mayo de 2009. En consecuencia, declaró
improcedente la acción de tutela. Así mismo, ordenó la liquidación del contrato
celebrado en el estado en que se encontrara39.

34
Cuaderno 8 del CD. Páginas 17 a 203.
35
Cuaderno 8 del CD. Páginas 204 a 253.
36
Indicó: “[…] En estos términos, se insiste, la Sala CONFIRMARÁ la decisión proferida el 25 de Marzo de 2009 por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Disciplinaria, que tuteló el derecho al debido proceso administrativo de la
parte actora, dejando sin efectos la Resoluciones 3691 del 11 de diciembre de 2008 y 0118 del 19 de enero de 2009 proferidas
por la accionada, pero se ADICIONARÁ en el sentido de ORDENAR que la accionada dentro del término de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, concluya el trámite contractual, por cuanto ya se realizó la adjudicación
del contrato mediante Resolución 3485 del 27 de noviembre de 2008 en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía
No. 01 de 2008, por cuanto se trata de un acto administrativo que solo puede quedar sin efecto, previo agotamiento del
procedimiento previsto en el artículo 74 del C.C.A., lo que no ha sucedido, como quedara expuesto en esta providencia.
37
Cuaderno 8 del CD. Páginas 158 a 173.
38
Corte Constitucional, sentencia T- 841 de 20 de noviembre de 2009. Cuaderno 11 del CD. Páginas 113 a 134.
39
“[…] RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo dictado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 7 de
mayo de 2009, que a su vez confirmó parcialmente y adicionó la sentencia proferida el 9 de marzo de 2009 por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura –Cundinamarca. En consecuencia, DECLARAR
IMPROCEDENTE la presente acción de tutela.
Segundo.- Como consecuencia de esta decisión procederá la liquidación del contrato celebrado para el ajuste de diseños,
suministro, integración, instalación, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo de los
sistemas electrónicos de seguridad de diez (10) establecimientos carcelarios a nivel nacional, en el estado en que se
encuentre. […]” (Negrilla del texto)

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Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

100. El Ministerio del Interior y de Justicia expidió la Resolución 2954 de 30 de junio
de 201040, mediante la cual se acató la sentencia T- 841 de 20 de noviembre de
2009, dio por terminado el contrato 76 de 2009 y ordenó su liquidación.

101. El día 31 de diciembre de 2010, se suscribió el acta de liquidación bilateral del
contrato 76 de 2009 entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Unión Temporal
Seguridad Carcelaria41.

II.5.2. El procedimiento sancionatorio adelantado por la Superintendencia de
Industria y Comercio

102. En el expediente del procedimiento sancionatorio, constan las siguientes
actuaciones relevantes para el caso.

103. Mediante oficio con radicado 08-126301 del 27 de noviembre de 200842, la
entonces Secretaría General del Ministerio del Interior y de Justicia informó a la
Superintendencia de Industria y Comercio sobre las presuntas irregularidades
dentro del proceso de selección abreviada 001 de 2008:

104. A través de Oficio del 12 de diciembre de 200843, el Superintendente
Delegado para la Promoción de la Competencia solicitó al Ministerio del Interior y
de Justicia la información sobre la posible infracción del régimen de libre
competencia.

40
Cuaderno 11 del CD. Páginas 306 a 310.
41
Cuaderno 11 del CD. Páginas 311 a 319.
42
Foto visible en la página 343 del cuaderno 6 del CD.
43
Cuaderno 1 del CD. Fol. 1 y 2.

23

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Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

105. Por medio de la Resolución 9753 de 23 de febrero de 201144, se abrió una
investigación con el fin de determinar si las sociedades Cipecol Ltda., Rapiscan
Systems Inc., Ebc Ingeniería S.A., Security Business Sociedad Limitada y Control
Box Ltda., que integraron la Unión Temporal Cárceles 2008; y por otra parte las
sociedades Andcom Ltda., EGC Colombia Ltda., Ingeniería y Telemática G & C
Ltda., Interseg S.A., Unión Eléctrica S.A. y Meltec Comunicaciones S.A., las cuales
integraron la Unión Temporal Seguridad Carcelaria infringieron lo dispuesto en el
artículo 1.° de la Ley 155 de 1959 y en el numeral 9.° del artículo 47 del Decreto
2153 de 1992. Igualmente, se ordenó abrir investigación en contra de algunas
personas naturales, entre ellas los señores Jesús Efraín Ossa Gómez y Julio
Enrique Sánchez Rangel, en su calidad de representantes legales de las sociedades
Unión Eléctrica S.A. y Andcom Ltda., respectivamente.

106. Agotada la etapa probatoria, el Superintendente Delegado para la Protección
de la Competencia presentó informe motivado45, en el cual concluyó:

“[…] 9. Identificación de etapas o momentos en el presente acuerdo colusorio

Resulta necesario para entender e ilustrar, las conductas anticompetitivas que se
lograron identificar en el presente caso, señalar dos momentos independientes, pero
que articulados, permiten demostrar de qué manera los partícipes en el acuerdo
colusorio iban ajustando su estrategia con el fin último de lograr la suscripción y
ejecución del contrato, objeto de la Selección Abreviada No. 001 de 2008. Para este
efecto se señalarán a continuación esos dos momentos así como las circunstancias
de tiempo, modo y lugar que los caracterizaron:

1. Primer Momento: Presentación de la oferta simbólica, a nombre de la UT
CARCELES 2008, con el único fin de distorsionar los resultados de la selección 001
de 2008.

2. Segundo Momento: Activación de todos los mecanismos procesales y
contractuales con posterioridad a la expedición de la Resolución No. 3691 del 11 de
diciembre de 2008, por la cual el MIJ revocó la inicial resolución de adjudicación a
nombre de la UT SEGURIDAD CARCELARIA.

[…]

12. RECOMENDACIÓN

12.1. Responsabilidad de las Personas jurídicas

Conforme a las facultades conferidas por el numeral 15, artículo 4, del Decreto 2153
de 1992 (modificado por la Ley 1340 de 2009) la Superintendencia de Industria y
Comercio puede sancionar prácticas comerciales restrictivas. Teniendo en cuenta las
conductas probadas durante el curso de esta investigación, su naturaleza concertada
y la gravedad de sus implicaciones económicas, esta Delegatura recomienda
sancionar a las empresas investigadas CIPECOL LTDA y RAPISCAN SYSTEMS INC.
sociedades que integraron y presentaron propuesta a nombre de la Unión Temporal
CARCELES 2008 y a las empresas INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y
SEGURIDAD INTERSEG S.A., ANDCOM LTDA., EGC COLOMBIA LTDA. (Hoy EGC
COLOMBIA S.A.S), INGENIERIA Y TELEMÁTICA G & C LTDA. (Hoy INGENIERÍA Y
TELEMÁTICA G & C S.A.S), UNIÓN ELÉCTRICA S.A. y MELTEC

44
Cuaderno 11 del CD. Páginas 45 a 73.
45
Cuaderno 46 del CD. Páginas 2 a 137.

24

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COMUNICACIONES S.A., sociedades que integraron la Unión Temporal
SEGURIDAD CARCELARIA.

12.2. La responsabilidad de los representantes legales y personas naturales

Así mismo, conforme al numeral 16, articulo 4, del Decreto 2153 de 1992 (modificado
por la Ley 1340 de 2009), y teniendo en cuenta el nivel de participación de los
representantes legales y personas naturales en la configuración de las conductas que
da cuenta el presente informe motivado, se recomienda sancionar con especial
severidad a los señores: DIANA ISABEL NASSI DE RIMA, representante de la
empresa CIPECOL LTDA, empresa representante de RAPISCAN SYSTEMS INC.;
AARON RABINOVICH JAMRI, represente legal de la empresa INTERAMERICANA
DE SISTEMAS Y SEGURIDAD INTERSEG S.A. y MAURICIO PARADA PERILLA;
teniendo en cuenta que resultó probado dentro del expediente que actuaron como
lideres y promotores de las conductas anticompetitivas.

Por otra parte, y respecto de las siguientes personas: MARIA CLEMENCIA
VALDERRAMA MEJIA, representante legal de INGENIERÍA Y TELEMATICA G & C
LTDA.; ADRIANA MARCELA CORREA GUTIÉRREZ, representante legal de
MELTEC COMUNICACIONES S.A.; JULIO ENRIQUE SANCHEZ RANGEL,
representante legal de ANDCOM LTDA. y JUAN CARLOS SALLEG VELANDIA,
representante legal de EGC COLOMBIA LTDA.; JESUS EFRAÍN OSSA GÓMEZ,
representante legal de UNIÓN ELÉCTRICA S.A. se recomienda también sancionar
conforme a las circunstancias que rodearon su actuar.

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

107. En la Resolución 53991 de 14 de septiembre de 201246, la Superintendencia
de Industria y Comercio impuso una sanción de multa a las sociedades Unión
Eléctrica S.A. y Andcom Ltda., entre otras y a los señores Jesús Efraín Ossa Gómez
y Julio Enrique Sánchez Rangel, en su calidad de representantes legales de las
sociedades Unión Eléctrica S.A. y Andcom Ltda. respectivamente, en la cual se lee
lo siguiente:

“[…] 6.4. CASO CONCRETO

[…]

6.4.1. Hechos ocurridos en la etapa precontractual del proceso de Selección
Abreviada No. 01 de 2008

[…]

46
CD. Cuaderno de anexos.

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6.4.2. Hechos ocurridos con posterioridad a la adjudicación del proceso de
Selección Abreviada No. 01 de 2008

[...]

[…]

6.4.7 Conclusiones del Despacho en relación con el acuerdo anticompetitivo

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de
1992, se considera como contrario al régimen de libre competencia aquellos acuerdos
que “tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan
como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos
o fijación de términos de las propuestas”. Entendiendo como acuerdo a todo contrato,

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
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convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o
más empresas.

Por su parte, la colusión ha sido definida como la acción o efecto de coludir, es decir,
el hecho o circunstancia de pactar en contra de un tercero. Sobre este punto ha
precisado la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia del 26 de enero de
1995, que “las maniobras fraudulentas pueden provenir del acuerdo de las partes
(colusión) para perjudicar a terceros, o de una de las para perjudicar a la otra”47.

De igual forma, se ha entendido que en materia de colusión en procesos de
contratación adelantados por la administración pública, los acuerdos se pueden llevar
a cabo por los diferentes proponentes y agentes del mercado a través de diversas
modalidades, entre las que se encuentra la presentación de propuestas
complementarias o simbólicas, que se identifican por ser propuestas figurativas que
buscan aparentar la existencia de competencia en un proceso, pero que en realidad
tienen como fin último que otro de los proponentes resulte adjudicatario del contrato.

Así mismo, se ha establecido que los acuerdos anticompetitivos en licitaciones
pueden ser perseguidos por la autoridad de competencia ya sea por su objeto o por
su efecto; y que cuando las mismas son estudiadas desde el punto de vista de su
efecto y distorsión en el mercado, el mismo se extiende hasta el momento de la
liquidación del respectivo contrato por cuanto la defraudación al Estado -como
consecuencia de una adjudicación y ejecución de un contrato obtenida a través de
conductas anticompetitivas- es progresiva y se entiende acabada cuando el contrato
se ha terminado y liquidado.

Que en este tipo de conductas, el sustento probatorio debe construirse a través de
diferentes indicios que lleven a concluir la realización de la conducta, toda vez que, la
prueba directa en este tipo de situaciones es de difícil consecución para las
autoridades de competencia48.

Así las cosas, este Despacho encontró que en el presente caso, el acuerdo
anticompetitivo al interior del proceso de Selección Abreviada No. 01 de 2008 se
configuró de la siguiente manera, de conformidad con el acervo probatorio que obra
en el expediente.

• Participación de dos agentes competidores: UNIÓN TEMPORAL CÁRCELES
2008 y UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD CARCELARIA que presentaron sus
propuestas en la Selección Abreviada No. 01 de 2008 convocada por el Ministerio
del Interior y de Justicia.

• El acuerdo referido en este caso se ideó al interior de las reuniones y
concertaciones previas al cierre de la selección abreviada, entre personas que
integraban las mencionadas uniones temporales y que actuaban como
competidoras en el proceso de selección.

• La finalidad del acuerdo era preparar y presentar una propuesta simbólica, sin
ninguna posibilidad de resultar ganadora, que permitiría la adjudicación de la
selección abreviada a favor de la UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD CARCELARIA.

Ahora bien, con las pruebas que fueron analizadas en la presente Resolución, este
Despacho tuvo la oportunidad de verificar el actuar coordinado que se dio entre las

47
Ver Guía Práctica para combatir la colusión en licitaciones. Superintendencia de Industria y Comercio 2011.
48
Para la Comisión Nacional de la Competencia Argentina: “Al mismo tiempo resulta usual en la jurisprudencia antitrust
reconocer que este tipo de conductas no puede probarse de forma directa, ya que resulta muy probable que los participantes
en una concertación o acuerdo de reparto de cuotas, clientes y de precios no lo dejen plasmado en un documento. […] En
consecuencia, cuando no se tiene una prueba directa del acuerdo para probar su existencia debe recurrirse a una prueba
indirecta, básicamente indicios y presunciones”. Dictamen 513 de 2005 pág. 40-41.

27

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

UNIONES TEMPORALES CARCELES 2008 y SEGURIDAD CARCELARIA con
ocasión del proceso objeto de estudio:

• Que inicialmente la UT CÁRCELES 2008 se encontraba conformada por
cinco empresas que iban a participar en el proceso de selección adelantado por el
MIJ. Sin embargo, como consecuencia del requisito de la presentación de la
manifestación de interés en participar en el proceso de dos de las sociedades
(SECURITY SISTEMS Y RASPICAN), las empresas CONTROL BOZ Y EBC
INGENIERIA manifestaron el retiro de dicha UT y su intención de presentarse al
proceso a través de una UT diferente.

• Que como consecuencia del retiro de las empresas de la UT CÁRCELES
2008, dicha UT y la UT SEGURIDAD CARCELARIA estuvieron en contacto a
través comunicaciones y reuniones sostenidas por varios funcionarios y
representantes legales de las empresas que las integraban. De estos contactos se
tuvo noticia en el periodo que va de septiembre a diciembre de 2008 y de enero a
febrero de 2009, que coinciden con el periodo previo y posterior a las audiencias
de cierre y adjudicación del Proceso de Selección Abreviada 001 de 2008.

• La reunión sostenida el 6 de octubre 2008 en el hotel Bogotá Plaza entre
miembros de las UNIONES TEMPORALES CARCELES 2008 y SEGURIDAD
CARCELARIA, de la cual se tiene certeza de su ocurrencia gracias a las
interceptaciones de llamadas y el peritaje de la policía judicial adelantados por la
Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. La ocurrencia de esta reunión fue
corroborada a través de los interrogatorios y testimonios rendidos ante esta
Superintendencia por los señores: DIANA ISABEL NASSIF DE RIMA, AARON
RABINOVICH JAMRI, MAURICIO PARADA PERILLA y GUSTAVO DOMINGUEZ
FERIS.

• El objeto de esta reunión de acuerdo con la interceptación de llamadas era
definir los términos de negociación para la presentación por parte de la UNIÓN
TEMPORAL CARCELES 2008 de una oferta simbólica que generara la causal de
rechazo de la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN
INTEGRAL, con lo que se favorecía la oferta presentada por la UNION
TEMPORAL SEGURIDAD CARCELARIA.

• La oferta presentada a nombre de la UNIÓN TEMPORAL CARCELES 2008,
fue elaborada en las instalaciones de CIPECOL LTDA incorporando únicamente
documentos de las empresas RAPISCAN SYSTEMS INC y CIPECOL LTDA.
Aspecto que reñía con la inicial constitución de esta UNIÓN TEMPORAL
integrada por cinco (5) empresas. Al no incorporar para cada requisito los
documentos de las cinco empresas, resultaba a todas luces incumpliendo los
requisitos señalados en el pliego de condiciones.

Se observó que en los documentos remitidos a la ASEGURADORA COLPATRIA
S.A para la expedición de la póliza de seriedad de la propuesta se anunció que la
UNIÓN TEMPORAL CÁRCELES 2008 sólo estaba conformada por dos sociedades,
RAPISCAN SYSTEMS INC (70%) y CIPECOL (30%), aspecto contrario a lo
establecido en el documento de constitución de dicha unión temporal.

Adicionalmente, la propuesta económica incorporada en la oferta de la UNIÓN
TEMPORAL CARCELES 2008, no cumplió con los requisitos señalados en el pliego
en aspectos tales como: indeterminación del valor por items, costo de instalación e
IVA; y no discriminar la ciudad donde se ubicaba cada uno de los establecimientos
carcelarios.

Las inconsistencias mencionadas, dan cuenta de que la oferta elaborada por la
UNION TEMPORAL CÁRCELES 2008 no era real sino simbólica, es decir
aparentando ser una oferta competitiva, carecía de las condiciones para resultar

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

ganadora y en esa medida frente al Régimen de la Libre Competencia, se puede
concluir que su finalidad era distorsionar los resultados del proceso de selección.

• Que de conformidad con el análisis económico efectuado por este Despacho, se
mostró que los agentes coludidos tenían incentivos para llevar a cabalidad el
acuerdo anticompetitivo en el proceso de selección.

• A pesar de que mediante correos cruzados entre funcionarios de CIPECOL
LTDA, y de las empresas EBC INGENIERIA S.A y CONTROL BOX LTDA., se
había comunicado que estas dos últimas "ya no iban más" en la UNIÓN
TEMPORAL CÁRCELES 2008; el día 20 de octubre de 2008 se presentó a
nombre de esta UNIÓN TEMPORAL, la oferta simbólica anteriormente elaborada.
Durante la audiencia de cierre y entrega de las propuestas, celebrada ese día, se
evidenció una diferencia en las directrices impartidas por RODRIGO MEJIA
ARCILA, Representante Legal Principal de la UNIÓN TEMPORAL CARCELES
2008 y la señora DIANA NASSIF DE RIMA, Representante Legal Suplente de la
misma. El primero, remitió una comunicación al MIJ solicitando que se retirara la
propuesta presentada a nombre de esta UNIÓN TEMPORAL, mientras que la
segunda solicitaba que por ningún motivo se retirara dicha oferta.

• El 27 de noviembre de 2008 se celebró la audiencia pública de adjudicación del
proceso de selección. Lo consignado en el acta de dicha audiencia permitió
evidenciar que la finalidad perseguida con el acuerdo colusorio se logró, en la
medida:

(i) Que se rechazaron las propuestas de las UNIONES TEMPORALES
PROTECCIÓN INTEGRAL CARCELARIA y CÁRCELES 2008, al configurarse la
causal de rechazo prevista en los pliegos y referida a la presentación de varias
ofertas por el mismo proponente.

(ii) Que se adjudicó el Proceso de Selección Abreviada 001 de 2008 a la UNIÓN
TEMPORAL SEGURIDAD CARCELARIA.

• En la interceptación de las llamadas a los abonados celulares de DIANA NASSIF
DE RIMA, se encuentran algunas que dan cuenta de las manifestaciones de
satisfacción y festejo entre ésta y GUSTAVO DOMÍNGUEZ por los resultados
obtenidos en la audiencia de adjudicación. En estas mismas comunicaciones,
comentan entre ellos la felicitación proveniente de MAURICIO PARADA y su
socio.

• Mediante Resolución No. 3691 del 11 de diciembre de 2008, el Ministerio del
Interior y de Justicia, ordenó revocar la inicial resolución de adjudicación, una vez
tiene noticia a través de los pronunciamientos de la Procuraduría General de la
Nación, de que la UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD CARCELARIA había
logrado adjudicarse el contrato valiéndose de medios ilegales.

• Que como consecuencia de la revocatoria del acto de adjudicación, la señora
DIANA NASIF y la UT SEGURIDAD CARCELARIA hicieron uso de los
mecanismos procesales consagrados en la Ley y la Constitución Política para
dejar sin efectos el citado acto administrativo.

• Que el proceso finalmente fue adjudicado a la UT CARCELARIA, quien ejecutó
el contrato, el cual se liquidó el 31 de diciembre de 2010, como consecuencia de
una orden de la Corte Constitucional, razón por la cual los efectos del acuerdo
colusorio se extendieron hasta ese día.

En consecuencia, el actuar coordinado de los integrantes de las UNIONES
TEMPORALES SEGURIDAD CARCELARIA y CÁRCELES 2008 que implicó la

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Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

infracción a las normas que protegen la competencia, en la medida que lo que se
pretende es que dentro de los procesos de contratación que adelanta el Estado, la
competencia sea la característica fundamental y no la previa concertación entre
oferentes que aparentemente actuaban como competidores, situación que como fue
demostrado en este caso no se presentó en el proceso de Selección Abreviaba No.
01 de 2008 adelantado por el MIJ.

6.4.8 De la responsabilidad de las Uniones Temporales y los representantes
legales y personas naturales investigadas

[…]

6.4.8.2. Miembros de la UT SEGURIDAD CARCELARIA

[…]

b) ANDCOM LTDA., EGC COLOMBIA LTDA., INGENIERÍA Y TELEMÁTICA G & C
LTDA., UNIÓN ELÉCTRICA S.A. y MELTEC COMUNICACIONES S.A, DEMÁS
SOCIEDADES QUE INTEGRARON LA UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD
CARCELARIA.

El Informe Motivado sostiene que las empresas ANDCOM LTDA., EGC COLOMBIA
LTDA INGENIERÍA Y. TELEMÁTICA G & C LTDA., UNIÓN ELÉCTRICA S.A.,
MELTEC COMUNICACIONES S.A. e INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y
SEGURIDAD INTERSEG S.A.; actuando por intermedio de sus representantes
legales, para la época de los hechos investigados, toleraron la distorsión del mercado
relevante afectado y promovieron que esta distorsión se extendiera en el tiempo al
dar poder para que a nombre de su empresa se interpusieran los recursos y acciones
jurídicas que llevaron a la adjudicación del contrato a pesar de la revocatoria, y
posteriormente a ejecutar el 79,49 % de la obra, por cuyo valor se beneficiaron. Su
conducta se evidencia a través de lo siguiente:

• Todas las empresas miembros de la UT SEGURIDAD CARCELARIA otorgaron
poder al señor LUIS EDUARDO MONTOYA MEDINA para que interpusiera
recurso de reposición para que se revocara la Resolución No. 3691 del 11 de
diciembre de 2008, y posteriormente para que interpusiera acción de tutela por
violación al debido proceso e impugnara el fallo de primera instancia.

• Las empresas integrantes de la UT SEGURIDAD CARCELARIA suscribieron el
Contrato No. 076 de 2009 para ejecutar el objeto del Proceso de Selección.

• Las empresas integrantes de la UT SEGURIDAD CARCELARIA ejecutaron el
contrato antes mencionado en un 79%, hasta el 31 de diciembre de 2010, fecha
en la que se suscribió el acta de liquidación bilateral del contrato.

[…]

Esto es así, por cuanto, pese a que los apoderados afirmen en sus escritos de
observaciones que las empresas no tenían conocimiento del acuerdo colusorio y que
el hecho de tolerar no significa la existencia de un actuar anticompetitivo, vale resaltar
que dichas empresas al ser parte de una de las UT que estaban participando en el
proceso de Selección Abreviada No. 1. Implica que las mismas conocieron de las
circunstancias que rodearon el cierre del proceso y la consecuente adjudicación del
contrato.

[…]

6.4.8.3 REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS Y
PERSONAS NATURALES INVESTIGADAS

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

[…]

d. MARIA CLEMENCIA VALDERRAMA MEJÍA, representante legal de INGENIERÍA
Y TELEMATICA G & C LTDA., para la época de los hechos investigados: ADRIANA
M. CORREA GUTIÉRREZ DE PIÑERES, representante legal de MELTEC
COMUNICACIONES S.A.: JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ RANGEL, representante
legal de ANDCOM LTDA. y JUAN CARLOS SALLEG VELANDÍA, representante de
EGC COLOMBIA LTDA. y JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ, representante legal de
UNION ELECTRICA S.A.

[…]

Con fundamento en las razones expuestas, consideró esta Delegatura que las
personas atrás identificadas al menos facilitaron y toleraron las conductas de que trata
el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 9 del artículo 47 del Decreto 2153 de
1992 por lo que resultará procedente imputársele responsabilidad en (sic) las mismas,
según lo establecido en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992,

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado del texto)

108. A través de la Resolución 8917 de 4 de marzo de 201349, el Superintendente
de Industria y Comercio ad hoc resolvió unos recursos de reposición. En lo
pertinente indicó:

“[…] De los hechos probados relacionados en líneas anteriores, este Despacho pudo
concluir que la conducta que se investigó, es decir, la contenida en el numeral 9 del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, según el cual se consideran como contrarios al
régimen de libre competencia aquellos acuerdos que "tengan por objeto la colusión
en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de
adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las
propuestas", efectivamente ocurrió, razón por la cual debe ser sancionada.

En ese sentido, en la resolución sancionatoria se expuso que en en (sic) materia de
colusión en procesos de contratación adelantados por la administración pública, los
acuerdos se pueden llevar a cabo por los diferentes proponentes y agentes del
mercado a través de diversas modalidades, entre las que se encuentra la
presentación de propuestas complementarias o simbólicas, que se identifican por ser
propuestas figurativas que buscan aparentar la existencia de competencia en un
proceso, pero que en realidad tienen como fin último que otro de los proponentes
resulte adjudicatario del contrato.

Adicionalmente se refirió que cuando se trata de acuerdos anticompetitivos en
licitaciones, los mismos pueden ser investigados por la autoridad desde el punto de
vista de su objeto o de su efecto; y que cuando las mismas son estudiadas desde el
punto de vista de su efecto y distorsión en el mercado, el mismo se extiende hasta el
momento de la liquidación del respectivo contrato por cuanto la defraudación al
Estado -como consecuencia de una adjudicación y ejecución de un contrato obtenida
a través de conductas anticompetitivas- es progresiva y se entiende acabada cuando
el contrato se ha terminado y liquidado.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que en este tipo de conductas el sustento
probatorio debe construirse a través de diferentes indicios que lleven a concluir la

49
CD. Cuaderno 50.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

realización de la conducta, toda vez que, la prueba directa en este tipo de situaciones
es de difícil consecución para las autoridades de competencia50.

[…]

13.3.3.2 ANDCOM LTDA., EGC COLOMBIA LTDA., INGENIERÍA Y TELEMÁTICA
G & C LTDA., UNIÓN ELÉCTRICA S.A. y MELTEC COMUNICACIONES S.A.

Debe resaltarse que las mencionadas empresas al ser parte de una de las uniones
temporales que estaban participando en el proceso de Selección Abreviada No. 1.,
debieron conocer las circunstancias que rodearon el cierre del proceso, la
consecuente adjudicación del contrato, las denuncias presentadas por las
irregularidades del proceso por parte del Zar Anticorrupción y las consideraciones de
la Procuraduría respecto del caso; o al menos debieron haber despertado sospechas
acerca de las irregularidades acaecidas con la adjudicación del contrato, al igual que
por el rechazo de las propuestas presentadas por las otras dos (2) uniones temporales
por la duplicidad de sus integrantes, prohibición clara y expresa de los pliegos de
condiciones.

[…]

13.3.3.4 MARÍA CLEMENCIA VALDERRAMA MEJÍA, representante legal de
INGENIERÍA Y TELEMÁTICA G & C LTDA., para la época de los hechos
investigados; ADRIANA M. CORREA GUTIÉRREZ DE RIÑERES, representante
legal de MELTEC COMUNICACIONES S.A.; JULIO ENRIQUE SÁNCHEZ RANGEL,
representante legal de ANDCOM LTDA. y JUAN CARLOS SALLEG VELANDÍA,
representante legal de EGC COLOMBIA LTDA. y JESÚS EFRAÍN OSSA GÓMEZ,
representante legal de UNIÓN ELÉCTRICA S.A.

Frente a la responsabilidad de los representantes legales de las empresas
participantes de la Unión Temporal SEGURIDAD CARCELARIA, se predica un
elemento de consentimiento y coordinación frente a los acuerdos anticompetitivos. En
ese sentido y como quiera que se encontró responsables a las empresas que hacían
parte de la UT SEGURIDAD CARCELARIA, de igual forma se tiene que sus
representantes legales, conocían las circunstancias y particularidades en las que se
estaba llevando a cabo la adjudicación de ese contrato, tolerando la realización de la
conducta anticompetitiva.

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).

109. Mediante la Resolución 43361 de 26 de julio de 201351, la Superintendencia
de Industria y Comercio resolvió una solicitud de revocatoria directa.

II.6. Solución al caso concreto

110. La Sala deberá analizar si son nulas, por falta de competencia al haber operado
la caducidad de la facultad sancionatoria, las Resoluciones 53991 de 14 de
septiembre de 2012 y 8917 de 4 de marzo de 2013, mediante las cuales la
Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción en contra de la parte
demandante.

50
Para la Comisión Nacional de la Competencia Argentina: “Al mismo tiempo resulta usual en la jurisprudencia antitrust
reconocer que este tipo de conductas frecuentemente no puede probarse de forma directa, ya que resulta muy probable que
los participantes en una concertación o acuerdo de reparto de cuotas, clientes y de precios no lo dejen plasmado en un
documento. […]”.
51
Cuaderno 50. Páginas 248 a 256. La solicitud de revocatoria directa fue presentada por la sociedad Meltec Comunicaciones
y la señora Adriana Marcela Correa Gutiérrez de Piñeres.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

111. El Tribunal de primera instancia, en la sentencia recurrida, consideró lo
siguiente: i) el término de caducidad no podía computarse desde la terminación
unilateral del contrato ni desde el acta de liquidación bilateral suscrita el 31 de
diciembre de 2010, por tratarse de actuaciones posteriores a la adjudicación del
contrato estatal; ii) de acuerdo con lo probado en la actuación administrativa, la SIC
tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades desde el 12 de diciembre de
2008, fecha a partir de la cual debía iniciarse el cómputo de la caducidad y; iii) la
Resolución 53991 de 2012, fue notificada el 28 de septiembre de 2012, es decir,
cuando había operado la caducidad de la facultad sancionatoria prevista en el
artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y; iv) de llegar a tomarse como
fecha inicial la adjudicación del contrato -27 de noviembre de 2008-, habría operado
igualmente esta figura.

112. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, inconforme con esa
decisión, explicó que el extremo temporal inicial debe computarse a partir del día
siguiente a la liquidación del contrato, y no desde la adjudicación, pues a partir de
ese momento cesó la conducta anticompetitiva resultante de la colusión y la
continuada defraudación del Estado.

113. Agregó que en los casos en los que se obtiene la adjudicación de un contrato
como consecuencia de un acuerdo competitivo, la afectación al mercado
permanece en el tiempo durante su ejecución, toda vez que el sobreprecio que paga
el Estado es continuo hasta la terminación de este y su consecuente liquidación.

114. En el sub examine, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una
sanción a las empresas Unión Eléctrica S.A. y Andcom Ltda., por haber infringido el
artículo 1.° de la Ley 155 de 1959, en concordancia con el numeral 9.º del artículo
47 del Decreto 2153 de 1992 y en contra de los señores Jesús Efraín Ossa Gómez
y Julio Enrique Sánchez Rangel, en su calidad de representantes legales de las
referidas sociedades, por haber transgredido el numeral 16 del artículo 4 del Decreto
2153 de 1992.

115. El artículo 1.° de la Ley 155 de 1959 es del siguiente tenor:

“[…] ARTÍCULO 1º. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. El nuevo texto es
el siguiente. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o
consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o
extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos […]”.

116. Según la citada norma, quedan prohibidos: (i) los acuerdos o convenios; (ii) cuyo
objeto sea la limitación de la producción, el abastecimiento, distribución o consumo
en materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros o
bien puede tratarse de prácticas, procedimientos o sistemas y, (iii) tengan como

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Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

finalidad limitar la libre competencia o mantener o determinar precios inequitativos,
esto es, restrinjan la libertad de acceso a los mercados52.

117. El numeral 9.º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 señala que son
contrarios a la libre competencia los que tengan por objeto la colusión en las
licitaciones o concursos o o los que tengan como efecto la distribución de
adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las
propuestas, así:

“[…] ARTICULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Para
el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto
se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:
[…]

9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que
tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de
concursos o fijación de términos de las propuestas […]”.

118. La jurisprudencia de esta Sección53 ha señalado que esta conducta exige los
siguientes presupuestos:

“[…] Para la configuración de la colusión en Colombia, de acuerdo con el mencionado
enunciado normativo, es necesaria la concurrencia de los siguientes supuestos que
definen la conducta anticompetitiva y contraria a la libre competencia:

a) La existencia de un acuerdo entendido como “[…] todo contrato, convenio,
concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más
empresas54” (numeral 1° del artículo 45 del Decreto 2153 de 199255), lo que se traduce
en la voluntad o consenso de las partes de llevar una conducta contraria a la libre
competencia.

De conformidad con lo anterior, se tiene que existen cinco formas de acuerdo
previstas por el legislador, a saber: i) el contrato; ii) convenio; iii) concertación; 4)
práctica concertada y v) prácticas conscientemente paralelas56. La segunda parte de

52
Consejo de Estado. SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., cinco (5)
de agosto de dos mil veintiuno (2021). Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-00609-01.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés,
sentencia de 5 de diciembre de 2019, radicado: 25000-23-24-000-2012-00790-01.
54
Cabe destacar que en igual dirección el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 101 indica: “1. Serán
incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de
asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que
tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular,
los que consistan en: a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción; b)
limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; c) repartirse los mercados o las fuentes
de abastecimiento; d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen
a éstos una desventaja competitiva; e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto
de dichos contratos. 2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho”.
55
“ARTICULO 45. DEFINICIONES. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo anterior se observarán
las siguientes definiciones: 1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente
paralela entre dos o más empresas […]”
56
VELANDIA Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo, competencia desleal; abuso de la posición dominante;
carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor, 2ª edición, Universidad
Externado de Colombia, 2011 indica: “[…] La primera forma es el contrato. Según el artículo 864 del Código Mercantil el
contrato es un acuerdo entre dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial.
Otro tanto aparece en el artículo 1495 del Código Civil respecto del concepto de contrato al señalar que contrato o convención
es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. […] El contrato aparece como
una fuente para dar nacimiento a conductas restrictivas ya que es un acto por medio del cual las partes se obligan […] La
segunda forma es el convenio. Convención aparece definido en el diccionario de la lengua española como “ajuste,
convención”. En nuestra legislación civil aparentemente se identifica contrato con convención. Así, al leer el contenido del
artículo 1495 del Código Civil aparece una misma definición para las dos figuras. No obstante, la jurisprudencia y la doctrina
intentan diferenciar las dos expresiones, señalando que contrato es la especie de convención, siendo esta última el género

34

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Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

la definición dada por la citada norma indica que requiere una pluralidad de
empresas57.

b) Que el acuerdo tenga por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o
los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución
de concursos o fijación de los términos de las propuestas.58

Colusión, de acuerdo con su significado natural significa “Pacto ilícito en daño de un
tercero59”, de manera que lo que se castiga es el pacto para desfavorecer a un
tercero60.

La doctrina ha señalado que de la citada norma es posible clasificar tres clases de
colusión, como pasa a analizarse a continuación:

Una primera modalidad, por distribución de adjudicación en contratos, la cual ha
sido definida así:

“[…] Esta forma de colusión tiene como sujetos las empresas interesadas en
presentar propuestas, que de manera acordada acogen entre ellas el agente
económico que presentará la mejor propuesta, introduciendo en cada propuesta
elementos que la hacen más atractiva, lo que deja sin posibilidad de una verdadera
escogencia a la empresa interesada en los servicios61”.

Una segunda modalidad, de distribución de concursos, según la cual:

“[…] Conforme a la ley de contratación administrativa, cuando el objeto del contrato
consiste en estudios o trabajos técnicos o especializados, el proceso de selección se
llamará concurso y se efectuará también mediante invitación pública. Así, el alcance
de este supuesto hace referencia particular a los concursos, con los mismos
elementos ya mencionados en lo referente al principio de legalidad62”.

del primero. […] La concertación es la tercera forma. No aparece definida por nuestras normas ni tampoco en la ciencia y
arte; debemos entonces atender a su significado natural. Concertar “Componer, ordenar, arreglar las partes de una cosa o
varias cosas. Ajustar, tratar del predio de una cosa. Pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio. Traer a identidad de fines o
propósito cosas diversas, intenciones diferentes”. En tal sentido, nos encontramos frente a una fuente por medio de la cual
dos o más voluntades traen a identidad sus intenciones y arreglan una conducta comercial determinada. […] Un ejemplo de
concertación pueden ser las decisiones adoptadas en una agremiación de empresarios, donde las voluntades votan un punto
y la decisión es obligatoria para todos. Dentro de esa decisión puede existir una conducta restrictiva. La práctica concertada,
cuarta forma, es una fuente de acuerdo de difícil definición, ya que la concertación es por sí sola un vehículo conductor válido
para un acuerdo restrictivo. Entonces, ¿cómo explicar que una práctica concertada es diferente de una concertación?
Desagreguemos la expresión para encontrar su alcance: práctica aparece definida como “uso continuado, costumbre o estilo
de una cosa. Modo o método que particularmente observa uno en sus operaciones”. Por su parte, concertación debe ser
entendida en los términos explicados en el número anterior: como un acto unitario consecuente de voluntades complejas.
Entonces, si se recoge el significado de práctica, se encuentra que en el mercado pueden existir concertaciones cíclicas que
se repiten en el tiempo. […] La práctica conscientemente paralela. Este tipo de vehículo conductor parte de un resultado de
mercado donde las empresas igualan su comportamiento en una variable de competencia. […] No se requiere un verdadero
acuerdo de voluntades sino que las empresas mutuamente actúen conscientes de su paralelismo en el mercado (efecto
espejo)” (páginas 113 a 122).
57
Ibídem: “[…] El Código de Comercio cuenta con una definición de empresa: es toda actividad económica organizada para
la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha
actividad se realizará por medio o uno o varios establecimientos de comercio. Así, el Código adopta en su definición un
concepto más económico que jurídico, señalando que una empresa es una actividad económica organizada. El concepto de
empresa que aparece contenido en las noemas de competencia hace referencia a esa acepción descrita en el Código de
Comercio, es decir, a agentes económicos que conforman por sí solos unidades de explotación dedicadas a la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Entonces, se trata de una
organización en cabeza de una persona que busca hacer operante el comercio a través de la mediación o producción de
bienes y servicios.
58
VELANDIA Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo, competencia desleal; abuso de la posición dominante;
carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor, 2ª edición, Universidad
Externado de Colombia, 2011.
59
Definición de la Rae: https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=colusi%C3%B3n, fecha de consulta: 7 de noviembre de 2019.
60
VELANDIA Mauricio, Derecho de la competencia y del consumo, competencia desleal; abuso de la posición dominante;
carteles restrictivos; actos restrictivos; integraciones económicas y protección al consumidor, 2ª edición, Universidad
Externado de Colombia, 2011, página 157.
61
Ibídem (sic). Página 158 y 159.
62
Ibídem (sic). Folio 159.

35

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Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

Finalmente, una tercera modalidad de fijación de términos de las propuestas63, que
surge cuando:

“[…] La conducta que nos ocupa hace parte de aquellas que requieren
obligatoriamente la participación de la empresa que pretende adjudicar los contratos.
Lo anterior se explica si observamos el contenido del precepto fáctico, pues la
conducta restrictiva debe ser desarrollada por la empresa que invita a presentar
ofertas a otras. La conducta que se reprime consiste en elaborar unos pliegos que no
permiten la igualdad de oportunidades para los posibles participantes, pues por medio
de estos puede la licitación estar dirigida para que uno de ellos se vea favorecido. En
tal instancia la empresa o la persona encargada de elaborar los pliegos acuerda con
uno de los potenciales contratistas la adjudicación del contrato, diseñando en conjunto
un pliego que beneficiará al partícipe del acuerdo. Además de ser restrictiva puede
llegar a ser desleal”.

c) Por último, se requiere que el acuerdo afecte la libre competencia.

[….]”. (Cursivas y negrilla del texto).

119. El numeral 16 del artículo 4.° del Decreto 2153 de 199264 señala:

“[…] ARTÍCULO 4º. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y
COMERCIO. Al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo,
le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

[…]

16. Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere
conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se
refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen
o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor de
la Superintendencia de Industria y Comercio65.

[…]”. (Negrilla del texto).

120. En el presente caso, las sociedades actoras fueron sancionados por incurrir en
la conducta prevista en el artículo 1.° de la Ley 155 de 1959 y el numeral 9.º del
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 y los señores Jesús Efraín Ossa Gómez y
Julio Enrique Sánchez Rangel, en su calidad de representantes legales, por haber
transgredido el numeral 16 del artículo 4.° del Decreto 2153 de 1992, con ocasión
de su participación en el acuerdo que tenía como objeto la presentación de una
oferta simbólica por parte de la Unión Temporal Cárceles 2008 con el propósito de
inclinar la adjudicación del contrato a favor de la Unión Temporal Seguridad
Carcelaria como, en efecto, sucedió.

121. Para esta Sala, la conducta objeto de reproche es de carácter continuado o
permanente, es decir, la falta se prolongó en el tiempo. En efecto, según los actos
demandados el acuerdo se materializó a través de las llamadas telefónicas, las
reuniones y las comunicaciones que efectuaron algunos miembros de las Uniones
Temporales Cárceles 2008 y Seguridad Carcelaria, previas al cierre del proceso de

63
Ibídem (sic). Folio 159.
64
Vigente al momento en que se expidieron los actos.
65
Norma modificada por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009.

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Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

selección abreviada, con el propósito de preparar una oferta simbólica por parte de
la Unión Temporal Cárceles 2008, pacto que se materializó con la adjudicación del
contrato a favor de la Unión Temporal Seguridad Carcelaria.

122. En consecuencia, debe tomarse como punto inicial la fecha en que se expidió
la Resolución 3485 de 27 de noviembre de 2008, porque el momento contractual en
que se materializó el acuerdo colusorio ocurrió con el acto de adjudicación del
contrato.

123. Adicionalmente, no es de recibo la tesis de la Superintendencia de Industria y
Comercio en el sentido de que el término de caducidad debe computarse desde la
liquidación del contrato, en razón a que: i) en el presente caso, el acuerdo colusorio
se realizó en la etapa precontractual y se materializó con la adjudicación del contrato
y; ii) la liquidación del contrato constituye una consecuencia del acuerdo colusorio,
pero no la conducta como tal.

124. Adicionalmente, se advierte que el Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia, en el informe motivado, sostuvo que el acuerdo
colusorio se presentó en dos momentos, a saber: i) con la presentación de la oferta
simbólica, a nombre de la Unión Temporal Cárceles 2008, con el único fin de
distorsionar los resultados del proceso de selección abreviada 001 de 2008 y; ii) con
la activación de todos los mecanismos procesales y contractuales con posterioridad
a la expedición de la Resolución 3691 del 11 de diciembre de 2008, mediante la
cual el Ministerio del Interior y Justicia revocó la resolución de adjudicación a
nombre de la Unión Temporal Seguridad Carcelaria.

125. Frente a este punto, se considera que a pesar de que se acreditó que la
Resolución 3485 de 2008 fue revocada mediante Resolución 3691 de 11 de
diciembre de 2008 por el Ministerio del Interior y de Justicia y contra esa decisión
se presentaron recursos y acciones de tutela, no es menos cierto que dichas
circunstancias no afectan la forma de contabilización de la facultad sancionatoria
porque la utilización de mecanismos judiciales como la tutela no encajan dentro de
la descripción típica de la conducta por la que fue sancionada la parte demandante.

126. Ahora bien, para el momento en que se adjudicó el contrato - Resolución 3485
de 27 de noviembre de 2008- se encontraba vigente el artículo 38 del Código
Contencioso Administrativo, norma que, conforme se indicó supra, indicaba que la
facultad que tienen las autoridades para imponer la sanción caduca a los tres (3)
años de producido el acto que pueda ocasionarlas.

127. Al respecto, debe precisarse que el artículo 40 de la Ley 153 de 15 de agosto
de 188766 señala que “[…] Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las
actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente

66
“[…] Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. […]”.

37

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

al tiempo de su iniciación. […]”. Así las cosas, para la fecha de ocurrencia de los
hechos, se insiste, se encontraba vigente el Código Contencioso Administrativo,
normatividad que debe aplicarse en esta materia67. (Negrilla fuera del texto).

128. Desde ese preciso momento -la Resolución 3485 de 27 de noviembre de 2008-
la Superintendencia de Industria y Comercio contaba con tres (3) años para expedir
y notificar el acto administrativo sancionador y este fenecía el 27 de noviembre de
2011, hechos que, además, eran conocidos por la autoridad de la competencia
desde el mes de noviembre del año 2008, según quedó analizado.

129. La Resolución 53991 de 14 de septiembre de 2012, mediante la cual se impuso
la sanción, se notificó a los demandantes el 28 de septiembre de 201268. Por ende,
se debe concluir que operó la caducidad de la facultad sancionatoria, tal y como lo
indicó el a quo en la sentencia recurrida.

130. Por todo lo expuesto, en el presente caso operó la caducidad de la facultad
sancionatoria frente a la investigación adelantada por la Superintendencia de
Industria y Comercio en contra de la parte demandante, motivo por el cual deberá
confirmarse la sentencia de 2 de octubre de 2014, proferida por la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

II.7. Condena en costas en segunda instancia

131. De acuerdo con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437, en
concordancia con el artículo 361 y 365 (numeral 8.°69) de la Ley 1564 y atendiendo
al criterio objetivo - valorativo, la Sala no condenará en costas a la parte
demandada, por cuanto las mismas no se encuentran probadas.

132. Igualmente, se reconocerá a la abogada Carolina Valderruten Ospina como
apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad
con los documentos que obran en el expediente digital70.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de octubre de 2014 proferida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

67
La autoridad de la competencia, en los actos acusados, reconoció que la normatividad aplicable era el Decreto 01 de 1984
y no el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009, cuando puntualmente indicó: “[…] Frente a este punto, cabe mencionar que el
Despacho no está dando aplicación al artículo 27 de la Ley 1340 de 2009 para contabilizar la caducidad de la facultad
sancionatoria de la administración, sino que el término que se debe aplicar es el de los tres años de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 del C.C.A. […]”
68
Fol. 86 a 91 del cuaderno de anexos de la demanda.
69
“[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
[…]”.
70
Índice 34 SAMAI.

38

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02172-01
Demandantes: Unión Eléctrica S.A. y otros

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: RECONOCER a la abogada Carolina Valderruten Ospina como
apoderada judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme al poder
que obra en el expediente digital.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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