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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2013-02183-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02183-02

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02183-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora y en favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $913.725 (equivalente al 0,5% del valor de las pretensiones), la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-02183-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-41-000-2013-02183-02
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: CARMEN OFELIA CÁRDENAS DE CASTAÑEDA

TESIS: CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. LA PARTE ACTORA
NO LOGRÓ DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DECRETARON LA EXPROPIACIÓN
POR VÍA ADMINISTRATIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandante contra la sentencia de 8 de octubre de 2020, proferida

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección “B”, por medio de la cual declaró probada la excepción de

error grave formulada por los apoderados de las partes contra el

dictamen pericial rendido dentro del proceso; y denegó las

pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

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Número único de radicación:25000234100020130218302
Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

I.1.- La señora CARMEN OFELIA CÁRDENAS DE CASTAÑEDA,

actuando a través de apoderado, en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo - CPACA, presentó demanda contra la Empresa de

Renovación Urbana -ERU, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio

TRANSMILENIO S.A., y la Alcaldía de Bogotá, en la que formuló las

siguientes pretensiones:

“[…]PRIMERA: Decretar la nulidad de las RESOLUCIONES No. 018
del 07 de febrero de 2013, 0019 del 07 de febrero de 2013 y 0159
del 27 de agosto de 2012, contentivas del proceso de expropiación.
SEGUNDA: Restablecer el derecho y condenar a la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C. y a TRANSMILENIO S.A., a
pagar en favor de la demandante por el excedente del avalúo mal
liquidado del bien objeto de la resolución 018 del 07 de febrero de
2013, equivalente a la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($5´250.000) MCTE.
TERCERA: Restablecer el derecho y condenar a la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C. y a TRANSMILENIO S.A., a
pagar en favor de la demandante por lucro cesante con ocasión a la
resolución 018 del 07 de febrero de 2013, equivalente a la suma de
UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS ($1´200.000) MCTE.
CUARTA: Restablecer el derecho y condenar a la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C. y a TRANSMILENIO S.A., a
pagar en favor de la demandante por el excedente del avalúo mal
liquidado del bien objeto de la resolución 019 del 07 de febrero de
2013, equivalente a la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($65.052.000) MCTE. QUINTA:
Restablecer el derecho y condenar a la EMPRESA DE RENOVACIÓN
URBANA DE BOGOTÁ D.C. y a TRANSMILENIO S.A., a pagar a favor
de la demandante por concepto de lucro cesante, con ocasión a la
resolución 019 del 07 de febrero de 2013, equivalente a la suma de
QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) MCTE.
SEXTA: Restablecer el derecho y condenar a la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C. y a TRANSMILENIO S.A., a
pagar a favor de la demandante por concepto de daño moral la suma

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Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) MCTE, con ocasión a la
resolución 018 del 07 de febrero de 2013.
SEPTIMA: Restablecer el derecho y condenar a la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C. y a TRANSMILENIO S.A., a
pagar a favor de la demandante por concepto de daño moral la suma
de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) MCTE, con ocasión
a la resolución 019 del 07 de febrero de 2013. […]

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los

siguientes:

Sostuvo que a través de las resoluciones 018 y 019 de 7 de febrero

de 2013, la Empresa de Renovación Urbana -ERU ordenó la

expropiación administrativa del predio ubicado en la carrera 10 núm.

19-54 sur GS3 de Bogotá, identificado con matrícula inmobiliaria

50S-648893, CHIP AAA0001UPHY; y del inmueble ubicado en la

carrera 10 núm. 19-54 sur, apartamento 201 de Bogotá, identificado

con CHIP AAA0001UOYN y matrícula inmobiliaria 50S-648885.

Inconforme con la decisión adoptada en las resoluciones

mencionadas, la parte actora interpuso recurso de reposición al

encontrar errores en la motivación, vicios de nulidad y transgresión

al debido proceso en la fijación del precio de la indemnización por

concepto de la expropiación de sus predios, los cuales fueron

resueltos de forma desfavorable.

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Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

Indicó que la oferta de compra, previa a la expedición de los actos

acusados, se estructuró a la luz del artículo 66 de la Ley 388 de 1997

fijando un término de 30 días con el fin de lograr un acuerdo formal

para la enajenación. Sin embargo, ante la negativa de aceptación de

dicha oferta “ha tenido que asumir sendos perjuicios que se

presentaron en la tasación del valor del inmueble, pues una vez en

firme los actos de expropiación y en vista de los plazos perentorios

establecidos para la entrega de los predios celebró negocio de

compraventa de un inmueble, bajo la promesa realizada por la

entidad demandada de que el pago correspondiente a la expropiación

se realizara en un plazo de 10 días hábiles, por lo que ante el

incumplimiento de la obligación, generó la exigencia por parte del

vendedor del nuevo bien, la exigencia de la cláusula penal por el no

pago oportuno”.

I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

los artículos 58 de la Constitución Política; 61 y 67 de la Ley 388 de

19971; y 10° de la Resolución 620 de 2008, expedida por el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi.

1
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

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Arguyó que las actuaciones administrativas impugnadas deben ser

anuladas por desconocimiento de las normas superiores en que

debían fundarse, falsa motivación y desviación de poder, en la

medida en que no hubo una indemnización justa y equitativa.

Sostuvo que se vulneró el derecho al debido proceso, por cuanto no

se respetaron los términos previstos para el pago de la

indemnización, en razón a que entre la resolución que presentó la

oferta sobre el bien y el acto que ordenó la expropiación

transcurrieron más de tres meses, situación que desdibuja el proceso

de expropiación y afecta, de manera directa, su patrimonio y los

intereses económicos de la demandante.

Refirió que los actos acusados incurren en falsa motivación, por

cuanto el IGAC en la elaboración del avalúo desconoció que para la

tasación del valor de predio a expropiar se debe acudir únicamente

al método de comparación de mercado con inmuebles similares o

semejantes en estado de conservación y edad, bajo el entendido de

que se busca determinar un valor integral por la situación jurídica en

que se encuentra el predio, información que no se tuvo en cuenta en

la expedición de las resoluciones demandadas.

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Anotó que a pesar de que el avalúo determinó las vías de acceso de

los bienes inmuebles a expropiar, como la avenida Fernando Mazuera

– carrera 10, avenida primero de mayo – carrera 6ª y calle 17 sur,

omitió precisar que hay vías importantes, próximas y muy cercanas

a sus predios que no fueron tenidas en cuenta, adicional al hecho de

que tampoco evidenció la cercanía de centros de salud, hospitales y

sitios de recreación, que revisten de importancia para estimar el valor

del bien.

Destacó el desconocimiento del marco de la política “Bogotá humana”

que procura una revisión integral de las condiciones particulares de

los expropiados, con el propósito de garantizarles el acceso a un

inmueble de características similares y de considerar factores como

la edad, y la situación financiera de los afectados, pues en el caso

particular de la demandante se desconocieron todas estas

circunstancias.

Enunció que el avalúo no tuvo presente la realidad del mercado del

inmueble del sector, pues de la revisión de bienes cercanos se ha

fijado el metro cuadrado en el rango de $1.800.000 y $2.100.000 y

para el efecto citó ofertas de predios que consideraba similares, en

metraje y años de construcción.

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Alegó la falta de actualización del avalúo del bien objeto de

expropiación, señalando que entre la fecha de su expedición y el acto

que ordenó la expropiación transcurrió más de un año y dos meses,

lo cual evidenciaba una falencia en tanto que el valor de un inmueble

en Bogotá no permanece invariable en el paso del tiempo.

Indicó que el avalúo rendido por el IGAC, según el cual se tomó el valor

para fijar el valor comercial del inmueble, presentó grandes diferencias

frente a la realidad del mercado de bienes similares, lo que desconoció

lo previsto en el artículo 61 de la Ley 388 de 1997.

Manifestó que se interpretó de manera errónea el artículo 10° de la

Resolución 620 de 2008, disposición que ordena analizar de manera

independiente el valor del terreno y el de la construcción, criterio que

en este caso fue aplicado de forma incorrecta en la valoración del

inmueble.

En el acápite de pruebas, solicitó la rendición de un dictamen pericial

con el fin de obtener el valor real objeto de expropiación y la práctica

de los testimonios de los señores Jaime Enrique Rodríguez Coy y

César Germán Espinosa Montaña, a efectos de que aporten

estimativos del valor de bienes similares en el mercado.

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I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá- ERU2, se

opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y presentó

como excepciones de mérito la inexistencia de error en el avalúo

oficial; inexistencia de error en la determinación del precio

indemnizatorio; y la improcedencia de la indemnización de perjuicios

morales en materia de expropiación. Al respecto, se pronunció en el

siguiente orden:3

• De la inexistencia de error en el avalúo oficial: Indicó que la

Resolución 620 de 2008, expedida por el IGAC en desarrollo de la

Ley 388 de 1997, estableció los procedimientos para la práctica de

avalúos comerciales de inmuebles, pero no limitó la elección de la

metodología, pues esta corresponde al criterio técnico del avaluador

según su experiencia. En el caso concreto se aplicó el método de

mercado, que busca determinar el valor comercial del bien a partir

del análisis de ofertas y transacciones recientes de inmuebles

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semejantes y comparables; para ello se estudiaron once datos

relativos al apartamento y dos respecto del garaje, información

consignada en el numeral 8 de los avalúos y entregada en copia al

momento de la notificación de las resoluciones de oferta de compra.

Que con base en la citada técnica y en las características propias de

los inmuebles, el avaluador asignó un valor de $1.200.000 por metro

cuadrado de área privada para la unidad predial identificada con

nomenclatura AK 10 19 54 SUR AP 201 y un valor integral de

$8.500.000 para la unidad predial con nomenclatura AK 10 19 54

SUR GJ 03.

De la desatención a la ubicación estratégica del inmueble: Señaló

que en cumplimiento del artículo 22 del Decreto 1420 de 1998, el

IGAC tuvo en cuenta para el cálculo del avalúo de los predios su

ubicación estratégica, las vías de acceso y las condiciones de

conectividad con la ciudad, así como el número e importancia de las

arterias viales que influyen en el sector. También consideró el tipo de

construcciones presentes en la zona, incluyendo centros de salud y

edificaciones de uso dotacional y recreativo, además de la dotación

de redes primarias y secundarias de servicios públicos, acometidas

domiciliarias, infraestructura vial y servicio de transporte, lo quedó

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consignado en los numerales 4 y 10 de los avalúos, y evidencia que

no es cierta la afirmación sobre una supuesta desatención a la

ubicación estratégica del inmueble.

Del valor real del bien en el mercado: Manifestó que el proceso de

adquisición de predios por motivos de utilidad pública e interés social

se encuentra regulado por el artículo 58 de la Constitución Política,

la Ley 9ª de 1989, la Ley 388 de 1997 en su capítulo VIII, el Decreto

1420 de 1998 y la Resolución IGAC 620 de 2008, de modo que la

transferencia del derecho de dominio se surte conforme a dichas

disposiciones.

Agregó que según el artículo 61 de la Ley 388 de 1997, el precio de

adquisición corresponde al valor comercial determinado por el

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por la entidad que cumpla sus

funciones o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones

respectivas; y que los criterios para la elaboración de los avalúos y

la fijación del precio se encuentran expresamente previstos en el

Decreto 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008. En cumplimiento

de este marco normativo, la Empresa de Renovación Urbana contrató

al IGAC, previa observancia del Estatuto de Contratación, para

elaborar los informes de avalúo núm. 8002011 ER 8735-51 y núm.

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8002011 ER 8735-59 de fecha 4 de octubre de 2011, los cuales

fueron verificados dentro del plazo previsto en el artículo 15 del

Decreto 1420 de 1998, hallándose ajustados a la realidad técnica y

jurídica de los inmuebles y sin razones para su impugnación.

Precisó que para la determinación de los valores por metro cuadrado

el IGAC empleó el método de comparación, considerando los

lineamientos previstos en el Decreto 1420 de 1998, entre ellos área,

ubicación, topografía, normas urbanísticas vigentes, tipo de

construcciones, dotación de redes de servicios públicos,

infraestructura vial y transporte, uso, materiales y estado de

conservación. Con base en este análisis se fijaron los valores

comerciales de las unidades prediales AK 10 19 54 SUR AP 201 y AK

10 19 54 SUR GJ 03, atendiendo a sus características intrínsecas y

aplicando los cálculos estadísticos pertinentes.

Sobre el valor desactualizado del bien objeto de expropiación:

Sostuvo que los avalúos comerciales practicados por el IGAC se

encontraban dentro del término de vigencia previsto en el artículo 19

del Decreto 1420 de 1998, que establece un plazo de un año contado

desde la expedición del avalúo o desde la decisión sobre su revisión

o impugnación.

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Alegó que dichos avalúos fueron elaborados el 4 de octubre de 2011

y que las resoluciones de oferta de compra se expidieron el 27 de

agosto de 2012, de manera que tales actos se realizaron dentro del

plazo legal de vigencia, lo cual demuestra que el procedimiento se

ajustó a derecho.

De la inexistencia de error en la determinación del precio

indemnizatorio: Destacó que no resultan acertadas las objeciones de

la parte actora frente a la indemnización reconocida y pagada en las

resoluciones de expropiación, pues dicha estimación cumplió con los

requisitos previstos en el artículo 58 de la Constitución Política, el

artículo 68 de la Ley 388 de 1997 y las directrices fijadas en las

sentencias C-1074 de 2002 y C-476 de 2006.

Sostuvo que, contrario a lo afirmado por la actora, sí se revisaron las

condiciones y características específicas de los predios objeto de

expropiación, fijando el justiprecio indemnizatorio para resarcir los

perjuicios ocasionados a la propietaria; que para ello, profesionales

contratados por la Empresa de Renovación Urbana realizaron visitas

al inmueble con el fin de identificar sus condiciones y los posibles

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impactos derivados del proceso de adquisición predial dentro del

Proyecto de Renovación Urbana Avenida Primero de Mayo.

De la improcedencia de la indemnización de perjuicios morales:

Adujo que la pretensión de la actora consistente en el reconocimiento

de $23.000.000, por concepto de perjuicios morales, carece de

fundamento habida cuenta que en los procesos de expropiación

administrativa la indemnización debe cumplir las características

constitucionales de ser previa y justa, conforme al artículo 58 de la

Constitución Política y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Anotó que la condición previa implica que el pago debe efectuarse

antes de la transferencia de la propiedad, tal como lo precisó la

Sentencia C-153 de 1994; y que la exigencia de justicia deriva de la

ponderación entre los intereses de la comunidad y los del afectado,

según lo señalado en tratados internacionales y en las sentencias

C-1074 de 2002 y C-476 de 2007. En este sentido, dijo que la Corte

ha precisado que el daño derivado de la expropiación no es

antijurídico, pues el particular debe soportar la carga de ser

expropiado, aunque ello no excluye la obligación de indemnizarlo de

manera justa, sin que necesariamente deba ser integral como lo

exige el artículo 90 Superior para los daños antijurídicos.

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Asimismo, refirió que la Ley 388 de 1997, en sus artículos 67 y 68,

dispone que la administración debe reconocer una indemnización

previa y justa mediante acto administrativo motivado, ponderando

en cada caso los intereses de la comunidad y del particular. Con base

en lo anterior, concluyó que por la naturaleza especial de la

expropiación la reclamación de perjuicios morales resulta

improcedente y no debe reconocerse suma alguna por dicho

concepto.

En el acápite de pruebas solicitó decretar el testimonio del perito

avaluador del IGAC, Ariel Armando Llano Medina, para que deponga

sobre las razones técnicas y jurídicas que sustentaron el avalúo del

predio expropiado.

I.4.2- La Empresa de Transporte del Tercer Milenio –

TRANSMILENIO S.A., por conducto de apoderado, contestó la

demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda en los

siguientes términos4:

4
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Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

Adujo que la tasación del precio indemnizatorio dentro de la

expropiación fue realizada por la Empresa de Renovación Urbana con

fundamentos técnicos y jurídicos ajustados a las normas urbanísticas

aplicables y a los requisitos exigidos. Ello, en razón a que la entidad

contrató los avalúos de los inmuebles con el Instituto Geográfico

Agustín Codazzi, autoridad nacional competente en la materia, los

cuales fueron elaborados conforme a los parámetros previstos en el

artículo 61 de la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la

Resolución IGAC 620 de 2008, lo que garantizó la legalidad del

procedimiento expropiatorio.

Sostuvo que en los actos administrativos cuestionados, expedidos

dentro del proceso de expropiación por vía administrativa sobre los

predios de la actora, Transmilenio S.A. no manifestó voluntad propia

como autoridad pública, pues no fue quien los expidió, limitándose a

intervenir únicamente como pagador de las obligaciones dinerarias

derivadas de dichos actos, en cumplimiento del esquema de

coordinación previsto en el Convenio Interadministrativo núm. 80 de

2011; que esa actuación obedeció a la correcta sujeción a la ley de

los actos administrativos de expropiación, amparados por la

presunción de legalidad y que facultaban a la sociedad para realizar

el pago de las indemnizaciones ordenadas por la Empresa de

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Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

Renovación Urbana.

Aclaró que su intervención no excedió la función de pagador, pues el

procedimiento administrativo de expropiación escapa a su ámbito de

competencias; y que tampoco adquiere directamente los inmuebles

para la ejecución de obras del sistema, dado que, conforme al

numeral 9 de la cláusula tercera del convenio, los predios

expropiados se ponen a disposición del Instituto de Desarrollo Urbano

en virtud de las funciones otorgadas por el Acuerdo 19 de 1972 y el

Convenio Interadministrativo núm. 020 de 2001.

Afirmó que Transmilenio cumplió cabalmente las funciones

asignadas, efectuando el pago de los valores reconocidos a la

propietaria en las resoluciones demandadas, lo cual se verifica en las

órdenes de pago giradas a nombre de Carmen Ofelia Cárdenas de

Castañeda.

I.4.3.- Bogotá, Distrito Capital, por conducto de apoderado, se

opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos5:

5
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Número único de radicación:25000234100020130218302
Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

Que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida

por la actora carece de sustento legal y fáctico frente a Bogotá D.C.,

pues los actos administrativos cuestionados no fueron expedidos por

el Alcalde Mayor ni por el Distrito, sino por la Empresa de Renovación

Urbana –ERU, en su calidad de empresa industrial y comercial del

Distrito Capital, creada mediante el Acuerdo 33 de 1999, dotada de

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,

con capacidad para comparecer en juicio y responder por eventuales

condenas.

Señaló que la ERU desarrolla actividades de naturaleza industrial,

comercial y de gestión económica, en ejercicio de las prerrogativas

que la Constitución y la ley le confieren; que tiene como objeto

gestionar, liderar y coordinar actuaciones urbanas integrales para la

recuperación de sectores deteriorados y la ejecución de proyectos

estratégicos de renovación urbana; y que en virtud de ello le fue

otorgada la facultad de adquirir inmuebles por enajenación voluntaria

o mediante expropiación judicial o administrativa, facultad recogida

en el Acuerdo de la Junta Directiva núm. 01 de 2004.

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Con base en lo anterior, precisó la improcedencia de vincular al

Distrito Capital como responsable de los hechos que pretende derivar

en indemnización, cuando es claro que Bogotá D.C. no adelantó el

proceso de expropiación ni expidió los actos administrativos

demandados.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó declarar probada la

excepción de falta de legitimación en la causa pasiva, precisando que

no participó en el proceso de enajenación voluntaria ni en la

expropiación administrativa de los inmuebles objeto de litigio, pues

no es la entidad competente para adelantar tales actuaciones, habida

cuenta que el artículo 322 de la Constitución Política organiza a

Bogotá como Distrito Capital, cuyo régimen político, fiscal y

administrativo se rige por la Constitución, las leyes especiales y las

disposiciones aplicables a los municipios. En desarrollo de esta

norma, el Decreto Ley 1421 de 1993 —Estatuto Orgánico de Bogotá—

estableció que la ciudad goza de autonomía para la gestión de sus

intereses, dentro de los límites constitucionales y legales, y dotó al

Distrito de instrumentos para cumplir sus funciones y prestar los

servicios a su cargo.

Indicó que el alcalde Mayor es el jefe del Gobierno y de la

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Administración Distrital, representa legal y judicialmente al Distrito y

ejerce sus atribuciones por medio de los organismos creados por el

Concejo, conforme a la estructura administrativa que comprende el

sector central, el descentralizado y el de las localidades. En

concordancia con la Ley 489 de 1998, recordó que las entidades

descentralizadas —como las empresas industriales y comerciales del

Estado— gozan de personería jurídica, autonomía administrativa y

patrimonio propio, aunque están sujetas al control político y a la

dirección del órgano de la administración al cual se encuentran

adscritas.

Sobre esta base, enfatizó que Bogotá D.C., la Empresa de Renovación

Urbana (ERU) y Transmilenio S.A. son personas jurídicas distintas,

cada una con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal,

por lo que la demanda se dirigió erróneamente contra el Distrito

Capital, lo que genera un desgaste innecesario del erario público y

de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues al no existir

responsabilidad atribuible a Bogotá, el proceso debería concluir con

un fallo inhibitorio.

I.4.4. Mediante providencia de fecha 4 de noviembre de 2016, el

magistrado sustanciador designó como auxiliar de la justicia a la

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señora Clara Inés Aranguren con el fin de rendir un dictamen pericial,

el que fue allegado el día 8 de febrero de 2017. La audiencia de

contradicción al dictamen se llevó a cabo el 15 de agosto de 2017.

II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección “B”, mediante sentencia de 8 de octubre de 2020, declaró

probadas las objeciones por error grave formuladas por los

apoderados de las partes contra el dictamen pericial rendido por la

auxiliar de la justicia Clara Inés Aranguren y denegó las pretensiones

de la demanda.6 Al respecto indicó:

De la objeción por error grave

Consideró que las alegaciones formuladas por la parte actora tenían

vocación de prosperidad, en la medida en que la perito, al elaborar

el avalúo del inmueble objeto de expropiación, incurrió en una

imprecisión respecto del valor del metro cuadrado, quien afirmó

haber tomado como referencia el avalúo realizado por el Instituto

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Geográfico Agustín Codazzi – IGAC en el año 2011; sin embargo, al

determinar el precio final del bien expropiado, se produjo una

contradicción con la fuente que dijo haber utilizado, lo que privó de

soporte técnico la suma de $985.000 por metro cuadrado de

construcción, empleada para establecer el valor comercial del

Apartamento 201, ubicado en la Avenida Carrera 10A No. 19-54 Sur.

En efecto, la auxiliar de la justicia únicamente acompañó su dictamen

con el certificado catastral del inmueble, el certificado de tradición y

libertad, y el avalúo del IGAC, el cual además fue allegado de manera

incompleta, pues no incluyó los informes finales de avalúo de cada

uno de los bienes descritos.

En ese mismo sentido, advirtió que la objeción formulada por la

apoderada de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá – ERU,

consistente en que no se tomó en su integridad el avalúo practicado

por el IGAC, sino únicamente algunos de sus datos, también tuvo

vocación de prosperidad, pues al confrontar el avalúo oficial y el

elaborado por la auxiliar de la justicia Clara Inés Aranguren,

evidenció que la profesional pese a manifestar que se basó en la

información del avalúo del IGAC, no utilizó la totalidad de los datos

allí contenidos ni la técnica empleada en dicho estudio.

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Así, resultó claro que en el avalúo rendido por la auxiliar no se precisó

el método utilizado para determinar el precio final del inmueble

expropiado y, además, se incurrió en contradicciones respecto del

valor del metro cuadrado que afirmó haber tomado del avalúo del

IGAC de 2011. Por ello, dicho dictamen no desvirtúa la legalidad del

avalúo oficial, toda vez que para demostrar la inexactitud alegada en

la demanda se requería que el nuevo avalúo aplicara al menos la

misma técnica empleada en el estudio cuestionado, lo cual no

aconteció en el presente caso.

Por último, en lo que respecta a la objeción planteada por el

apoderado judicial de Transmilenio S.A., consistente en que la

metodología empleada por la perito no se ajusta a la prevista en la

ley, se advirtió su prosperidad, toda vez que la auxiliar no aplicó los

métodos exigidos por la normativa y aun así rindió su dictamen sin

aportar pruebas ni soportes técnicos que respaldaran sus

conclusiones, además reconoció que al momento de su visita el

inmueble ya había sido demolido y solo existía un lote de terreno,

razón por la cual no pudo verificar las condiciones reales del

inmueble, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 60

de la Resolución IGAC 620 de 2008 que exige reconocimiento en

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terreno del bien objeto de avalúo.

De los cargos de nulidad del artículo 66 de la Ley 388 de 1997

y de la vulneración al debido proceso.

Indicó que de la revisión de las resoluciones 018 y 019 de 7 de

febrero de 2013, mediante la cuales se ordenó la expropiación por

vía administrativa, no se transgredió el artículo 66 de la Ley 388 de

1997, toda vez que el término de 30 días previsto en la citada norma

se concede de manera exclusiva al interesado para que se manifieste

frente a la oferta, de manera que la entidad queda habilitada para

expedir el acto administrativo de expropiación una vez vencido dicho

plazo en favor del propietario de bien, sin que la disposición

establezca término alguno para que la administración, una vez

agotado ese lapso, expida la decisión correspondiente.

Refirió que no se trasgredió el derecho al debido proceso, en tanto la

demandante se limitó a alegarlo sin aportar prueba idónea que

acreditara la exigencia de una cláusula penal derivada del supuesto

incumplimiento del contrato de compraventa del inmueble que

pretendía adquirir, ni que dicho incumplimiento proviniera de la

actuación de las entidades públicas demandadas, circunstancia que

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tampoco se desprende del testimonio rendido por el señor César

Germán Espinoza en diligencia practicada el 27 de septiembre de

2016, quien manifestó haber acompañado y asesorado a la

demandante en el proceso de adquisición del inmueble, pero en

ningún momento refirió que a la señora Cárdenas se le hubiera

exigido cláusula penal alguna; y al ser interrogado sobre el costo del

nuevo apartamento indicó que ascendía aproximadamente a

$110.000.000, excluida la comisión que percibió por su asesoría y

acompañamiento, sin mencionar gastos adicionales por otro

concepto ni por cláusula penal de incumplimiento, razón por la cual

no se acreditó la vulneración alegada.

De la falsa motivación

Señaló que no le asiste razón a la parte actora al sostener que el

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC estableció como método

aplicables el de comparación de mercado para determinar el valor del

suelo y el método de reposición para establecer el valor de la

construcción, ya que al verificar el Informe Técnico de Avalúo núm.

80002011 ER 8735-51 del 4 de octubre de 2011, correspondiente al

inmueble ubicado en la AK 10 No. 19-54 Sur, Apartamento 201 de la

ciudad de Bogotá, identificado con cédula catastral 20S 8A 15 11,

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Chip AAA0001UOYN y matrícula inmobiliaria 50S-648885, así como

el Informe Técnico de Avalúo No. 80002011 ER 8735-59 de la misma

fecha, relativo al inmueble ubicado en la AK 10 No. 19-54 Sur, Garaje

GS 03, identificado con cédula catastral 20S 8A 15 3, Chip

AAA0001UPHY y matrícula inmobiliaria 50S-648893, ambos

elaborados por el IGAC y obrantes en el expediente, se constató que

únicamente se hace referencia al método de mercado para establecer

el valor comercial de los bienes, sin que se advierta la aplicación del

método de reposición señalado por la parte actora.

En lo que respecta a la inconformidad planteada por la parte actora,

consistente en que no se allegó información de comparación de

mercado con inmuebles similares al momento de la expedición de las

resoluciones cuestionadas, precisó que dicha afirmación carece de

fundamento, pues obra en el plenario los estudios de mercado cuya

ausencia se reprocha y que constituyen el soporte técnico del avalúo

comercial elaborado por el IGAC respecto de los bienes objeto de

expropiación, razón suficiente para concluir que este cargo no tiene

vocación de prosperidad.

En ese contexto, advirtió que el inmueble se encontraba sometido al

régimen de propiedad horizontal, circunstancia que impide la

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valoración independiente del terreno y de la construcción, como lo

pretende la actora, de manera que para determinar el valor comercial

del bien resultaba procedente aplicar el método de comparación o de

mercado, sustentado en el estudio de ofertas y transacciones

recientes de inmuebles semejantes y comparables, sin que fuera

necesario acudir al método de costo de reposición, el cual resulta

aplicable únicamente en aquellos casos en que los inmuebles no se

encuentran sujetos al régimen de propiedad horizontal, lo que no

ocurre en el presente asunto.

En consecuencia, advirtió que el método utilizado por el IGAC fue el

adecuado para establecer el valor comercial del bien y no se

evidenció vulneración alguna por indebida interpretación del artículo

10 de la Resolución 620 de 2008, motivo por el cual este argumento

carecía de vocación de prosperidad.

De la vulneración a los artículos 61 de la Ley 388 de 1997 y

21 y 22 del Decreto 1420 de 1998

Indicó que pese a que la actora adujo la omisión de aspectos

relevantes en el avalúo oficial, en particular la falta de consideración

de vías importantes, precisó que de acuerdo con lo previsto en los

artículos 61 de la Ley 3288 de 1997 y 21 del Decreto 1420 de 1998

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el valor comercial que se tuvo en cuenta, atendió a la reglamentación

urbanística vigente, la destinación económica, estratificación

socioeconómica, áreas de ubicación, topografía, e infraestructura vía

y de transportes, los que evidenció dentro del documento en el

acápite “descripción del sector”, destacando la presencia de parques,

hospitales, colegios y el sistema de transporte pasivo.

Advirtió que, conforme a las disposiciones previamente citadas, que

regulan los presupuestos y características que deben observarse al

momento de determinar el valor comercial de un bien objeto de

expropiación, no se contemplan factores subjetivos como la edad del

propietario, su formación académica, nivel de ingresos o la facilidad

de acceso a créditos, toda vez que dichos aspectos no constituyen

parámetros previstos en el ordenamiento jurídico para la fijación del

precio del inmueble.

De igual manera, precisó que los mayores valores que reclama la

demandante a causa de la expropiación, no están llamados a

prosperar comoquiera que la parte actora no aportó otros medios de

prueba de carácter técnico que permitieran cuestionar el avalúo

oficial del IGAC, el cual fundamenta los actos administrativos

demandados; y advirtió que los testimonios de los señores Jaime

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Enrique Rodríguez Coy y Cesar Germán Espinosa Montañeda no

desvirtúan, en manera alguna, los aspectos legales, fácticos y

técnicos previamente enunciados.

De la vigencia del avalúo oficial

Precisó que, conforme al artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, la

vigencia de los avalúos es de un año contado desde su expedición o

desde la decisión que resuelva su revisión o impugnación. En el caso

concreto, el avalúo comercial elaborado por el IGAC el 4 de octubre

de 2011 tenía vigencia hasta el 4 de octubre de 2012. Por su parte,

las resoluciones núms. 116 y 124, mediante las cuales se ordenó la

adquisición de los inmuebles por vía de expropiación administrativa

y se formuló la oferta de compra, fueron expedidas el 27 de agosto

de 2012, es decir, dentro del término de vigencia del avalúo.

En consecuencia, concluyó que para la fecha de expedición de las

citadas resoluciones el avalúo se encontraba vigente y, por tanto, no

se configuraba la supuesta desactualización alegada por la

demandante.

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III.- RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia en

los siguientes términos7:

1.- Adujo que debe declararse la nulidad de los actos administrativos

acusados, por cuanto se fundamentaron en un avalúo comercial

practicado quince meses y veintiocho días antes de la expedición de

las resoluciones que ordenaron la expropiación por vía

administrativa, circunstancia que, a su juicio, desconoce lo previsto

en el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998 que establece la vigencia

temporal de los avalúos y, por ende, impide que un dictamen

caducado sirva de sustento para la expedición de actos

administrativos de expropiación.

Sostuvo que la utilización de un avalúo carente de vigencia vulnera

de manera directa el artículo 29 de la Constitución Política, en cuanto

consagra la garantía del debido proceso y exige que las actuaciones

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administrativas se sustenten en instrumentos jurídicamente válidos

y vigentes al momento de su expedición.

2.- La entidad demandada incumplió con el deber de garantizar

condiciones equivalentes para la reposición del inmueble expropiado,

lo que ocasionó una afectación grave a la calidad de vida y al

patrimonio de la demandante, pues el bien fue objeto de una

subvaloración en el avalúo practicado, se presentaron omisiones en

la seguridad del predio ya ocupado parcialmente por la

administración y, además, se incurrió en demoras injustificadas en el

pago de la indemnización, circunstancias que trascendieron al plano

personal y familiar al generar consecuencias adversas como el

fallecimiento de su esposo y el deterioro de su propia salud.

Destacó que tales hechos desconocen los principios que rigen el

Estado Social de Derecho, pues si bien el interés general prima sobre

el particular, ello no exonera al agente estatal de la obligación de

proteger el patrimonio y la dignidad de los ciudadanos afectados por

la expropiación. En su criterio, la actuación administrativa careció de

proporcionalidad y respeto por los derechos fundamentales,

configurando una vulneración sustancial que debe ser valorada.

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3.- El fallo apelado se limitó a convalidar la metodología empleada

para la valoración inicial del bien, sin considerar las referencias de

mercado allegadas al proceso, las cuales evidenciaban que el valor

del metro cuadrado en la zona, para predios de similares

características, oscilaba entre $1.800.000 y $2.500.000. Tales

ejemplos —aportados en la demanda y provenientes de ofertas

inmobiliarias verificables— demostraban que el precio reconocido por

la administración, equivalente a $1.200.000 por metro cuadrado,

resultaba insuficiente para sustituir el inmueble expropiado, que

constituía el único patrimonio de la demandante.

4.- Señaló que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de

Estado y la doctrina aplicable en materia de expropiación por vía

administrativa, la garantía de un precio justo para el administrado

debe asegurarse plenamente sin menoscabar los intereses privados,

teniendo en cuenta que la indemnización no se limita al valor de la

edificación, sino que comprende también los perjuicios sufridos por

el expropiado o damnificado, de manera que se restablezca

integralmente su situación patrimonial.

5.- Indicó que la indemnización entregada en el año 2013 por la

Administración Distrital se calculó con base en precios del año 2011,

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lo cual vulneró de manera directa el concepto de justicia, afectó el

interés de su poderdante y quebrantó el principio de igualdad frente

a las cargas públicas; y que las resoluciones 019 y 018 de 7 de

febrero de 2013, mediante las cuales se ordenó la expropiación de

los inmuebles identificados como KR 10 19 54 SUR AP 201 y KR 10

19 54 SUR GS 3, establecieron el valor comercial de los predios

conforme a los informes técnicos de avalúo 8002011 ER 8735-51 y

8002011 ER 8735-59 de 10 de abril de 2011.

A partir de ello, concluyó que los valores consignados en los actos

administrativos correspondían a los vigentes para el año 2011,

generando un detrimento patrimonial que no estaba obligada a

soportar.

6. Por último, solicitó que en segunda instancia se decretara como

prueba la práctica de un nuevo peritaje sobre el valor real del

inmueble, a cargo de un auxiliar de justicia debidamente acreditado;

que el dictamen rendido en primera instancia fue objetado por error

grave y dicha objeción prosperó; y que, sin embargo, al resolverse

únicamente en la sentencia, no tuvo la oportunidad de pedir una

nueva prueba, circunstancia que, a su juicio, afectó el derecho de

defensa.

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IV.- Mediante providencia de 28 de mayo de 2021, la magistrada

sustanciadora negó la práctica de la prueba pericial solicitada al

considerar que no se cumplían los presupuestos previstos en el

artículo 212 del CPACA, pues i) no fue pedida de común acuerdo, ii)

no había sido negada ni dejada de practicar en primera instancia, iii)

no versaba sobre hechos nuevos ocurridos con posterioridad al

término para solicitar pruebas en esa etapa; y iii) tampoco se había

dejado de pedir por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte

contraria.

Indicó que la prueba pericial requerida en segunda instancia ya había

sido decretada, practicada y valorada por el a quo, que en sentencia

de 8 de octubre de 2020 declaró probadas las objeciones por error

grave formuladas contra ella, entre otras razones, porque resultaba

imposible cumplir el objeto del dictamen dado que el inmueble objeto

de avalúo había sido demolido, lo que impedía examinar sus

características para determinar su valor comercial real.

En consecuencia, concluyó que en el presente caso no procedía

decretar nuevamente la prueba solicitada en segunda instancia, al

no cumplirse ninguna de las causales previstas en el artículo 212 del

CPACA.

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V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

V.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora reiteró los argumentos esgrimidos en

el recurso de apelación8.

V.2- Por su parte, la Empresa de Renovación y Desarrollo

Urbano de Bogotá, a través de apoderado, indicó que las

alegaciones del demandante no están llamadas a prosperar teniendo

en cuenta que la vigencia de un año prevista para los avalúos opera

para efectos de iniciar la actuación administrativa de expropiación,

de modo que pretender su actualización por el transcurso del tiempo,

por la falta de acuerdo en la enajenación o por la discusión de la

propietaria respecto de la oferta, constituye una circunstancia propia

del trámite administrativo, que no pueden imputarse a la

administración9.

8
Índice 23 del sistema digital SAMAI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN (.pdf)

9
Índice 24 del sistema digital SAMAI. 15_ALEGATOS EXP.201-2183 (.pdf)

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Solicitó la aplicación de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 24

de la Ley 1682 de 2013 – modificado por el artículo 9 de la Ley 1882

de 2018- que establece que el avalúo comercial tiene una vigencia

de un año contado desde su comunicación a la entidad solicitante o

desde la fecha en que se decida y notifique la revisión o impugnación

correspondiente. No obstante, dicho término solo comienza a correr

una vez se notifica la oferta, momento en el cual el avalúo adquiere

firmeza para efectos de la enajenación voluntaria.

Señaló que, según lo previsto en la Sentencia C-1074 de 2002, el

daño derivado de la expropiación no es antijurídico, pues constituye

una carga legítima que el particular debe soportar en atención a la

función social de la propiedad. No obstante, aclaró que dicho daño

debe ser indemnizado por mandato constitucional, aunque no de

manera integral como ocurre en los casos de responsabilidad

patrimonial del Estado por daños antijurídicos.

Sobre el particular, adujo que la indemnización en la expropiación

debe fijarse consultando tanto los intereses de la comunidad como

los del afectado, sin comprender, como erradamente señala el

demandante, aspectos como el daño moral, ya que la pérdida del

derecho de dominio obedece a fines de utilidad pública y de interés

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social, configurando un daño jurídico que el Estado compensa en los

términos previstos por la Constitución.

Afirmó que el avalúo utilizado para fijar la indemnización se

encuentra amparado por la presunción de legalidad, de modo que

corresponde a la demandante desvirtuarla mediante la demostración

de la incorrección del avalúo oficial y la acreditación de la validez del

justiprecio presentado por su perito, carga probatoria que en el caso

concreto no fue cumplida; que, en consecuencia, el avalúo oficial

conserva plena validez y eficacia dentro del proceso, constituyéndose

en el parámetro legítimo para la determinación de la indemnización,

toda vez que no se aportaron elementos de juicio suficientes que

permitieran concluir su inexactitud o falta de correspondencia con la

realidad económica del bien.

V.3.- A su turno, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio –

TRANSMILENIO S.A., a través de apoderado, solicitó confirmar la

sentencia del tribunal, precisando que las resoluciones acusadas

mediante las cuales se ordenó la expropiación por motivos de utilidad

pública e interés social se encuentran ajustadas a la Constitución y a

la Ley. Asimismo, indicó que la indemnización reconocida a la parte

actora se soporta en los avalúos oficiales realizados por el IGAC,

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elaborados conforme a la metodología prevista en el Decreto 1420

de 1998 y en la Resolución 620 de 2008, y cumple con los requisitos

establecidos en los artículos 58 de la Constitución, 68 de la Ley 388

de 1997 y en la jurisprudencia constitucional, razón por la cual

consideró infundadas las objeciones formuladas por la

demandante10.

V.4.- El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Actos demandados

En el presente asunto son cuestionadas las siguientes resoluciones:

.- La Resolución 018 de 7 de febrero de 2013, expedida por la

directora técnica de la Empresa de Renovación Urbana -ERU, por

medio de la cual ordenó la expropiación por vía administrativa del

inmueble ubicado en la KR 10 #19-54 SUR GS 3, CHIP AAA0001UPHY

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Número único de radicación:25000234100020130218302
Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

y matrícula inmobiliaria 50S-648893, en los siguientes términos11:

[…]ARTICULO PRIMERO. OBJETO. -Ordena la expropiación por
vía administrativa del inmueble ubicado en la dirección actual KR
10 19 54 SUR GS 3, dirección anterior AK 10 19 54 SUR GJ 03
de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula Catastral
20S 8A 15 3, CHIP No. AAA0001UPHY y matrícula inmobiliaria
50S 648893, con un área privada de 12,50M2, conforme a la
Escritura Pública 1398 del 8 de mayo de 2001 Notaria 54 del
Círculo de Bogotá, de propiedad de CARMEN OFELIA CARDENAS
DE CASTANEDA,, identificada con cédula de ciudadanía No:
20.289.827 expedida en Bogotá, Cuyos linderos específicos de
acuerdo con la escritura 1398 del 8 de mayo de 2001 Notaria 54
de Bogotá son los siguientes: 'POR EL NORTE: En línea recta de
dos metros cincuenta centímetros (2.50mts) con muro común
que lo separa del lote número cincuenta y uno (51) de la misma
manzana y urbanización; POR EL SUR: En línea recta de dos
metros cincuenta centímetros (2.50Mts) con zona común de
maniobras; POR EL ORIENTE: En línea recta de cinco metros
(5.00m); garaje número o cero cuatro (04) y POR EL
OCCIDENTE: En línea recta de cinco metros (5.00mts) con
columna de estructural común y zona común que lo separa del
garaje cero dos (02); POR EL NADIR: Con losa de piso común
que sirve de base al edificio por el CENIT: Con placa común de
entrepiso que lo separa del segundo piso. PARÁGRAFO: De
conformidad con lo pactado en el Convenio interadministrativo
80 del 2011 en concordancia con lo indicado en el Inciso Final
del Articulo 61 de la Ley 388 de 1997 y el articulo 61 A de la
misma Ley, el cual fue adicionado por la Ley 1450 de 2011 la
EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA adelanta el presente
proceso de expropiación administrativa a favor de la EMPRESA
DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
Por esta razón, la titularidad del inmueble identificado en el
Artículo Primero del presente acto administrativo será
transferida en forma directa a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., sin que ingrese al
patrimonio de la ERU. ARTÍCULO SEGUNDO. - VALOR DEL
PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor del precio indemnizatorio
de la expropiación que se ordena por la presente resolución es
de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE. ($8.500.000) valor que incluye: 1. El avalúo

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Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

comercial, por valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.500.000), de conformidad con
el informe técnico de avalúo No. 8002011 ER 8735-59 de fecha
4/10/2011 elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
• IGAC.
ARTICULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. - LA EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA. tramitará la solicitud de pago ante la
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO SA, quien en su calidad de PAGADOR - se obliga
a cancelar el precio indemnizatorio en los términos establecidos
en el numeral segundo del artículo 70 de la Ley 388 de 1997,
así: Un cien por ciento (100%) del valor del precio
indemnizatorio, la cantidad "de OCHO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.500.000), valor que será
puesto a disposición de la siguiente manera: 1) La suma de
OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($8.500.000) a CARMEN OFELIA CARDENAS DE CASTAÑEDA,
identificado con cédula de ciudadanía No: 20.289.827 expedida
en Bogotá. Los anteriores pagos se realizarán por parte de la
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO,
TRANSMILENIO S.A. una vez ejecutoriada la presente resolución
y efectuados los respectivos trámites financieros. PARÁGRAFO
PRIMERO. - Si una vez puesto a disposición por parte de LA
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A., dicho valor no es retirado dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes, éste se consignará en la
entidad financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 20 del artículo 70 de la ley 388 de
1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. considerándose que de esta
manera queda formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se tiene el tratamiento tributario establecido en
la ley para los bienes inmuebles adquiridos mediante el proceso
de expropiación administrativa por motivos de utilidad pública e
interés social adicionalmente se descontará obligaciones
pendientes de pago por concepto del impuesto predial y
contribución por valorización, en caso de ser procedente.
ARTICULO CUARTO. - APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
TRANSMILENIO S.A. efectuará la correspondiente apropiación y
reserva presupuestal. El valor total de la adquisición se ampara
en el presupuesto de TRANSMILENIO según certificados de
reserva Presupuestal Nos. 2013-1045 del 4 de enero de 2013
ARTICULO QUINTO.- DESTINACIÓN.- El inmueble identificado
en el Artículo Primero de la presente Resolución, será destinado
a la ejecución del Proyecto de Renovación Urbana "Estación
Intermedia Avenida primero de Mayo", el, cual se enmarca

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dentro del motivo de utilidad pública e interés social Consagrado
en el Literal c y e del Articulo 58 de la Ley 388 de 1997 ARTICULO
SEXTO.- SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA. GRAVÁMENES ' Y
LIMITACIONES AL DOMINIO. - Con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 66 numeral 4 de la
ley 338 de 1997, se solicita por parte de la ERU la cancelación
de la anotación 8 consistente en inscripción del oficio 1866 del
10 de septiembre de 2012. del folio. de matrícula inmobiliaria
50S 648893 con el cual fue remitida a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos Zona Sur la Resolución No. 124 del 27 de
agosto de 2012, por la cual se determinó la adquisición de un
inmueble por el procedimiento de expropiación administrativa y.
se formuló la respectiva oferta de compra.
ARTICULO SÉPTIMO. - ORDEN DE INSCRIPCIÓN. - De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, numeral 4 de la
ley 388 de 1997, se deberá solicitar al Registrador de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur, inscribir la
presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 505
648893 a efectos de perfeccionar la transferencia del derecho de
dominio en cabeza de LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
ARTICULO OCTAVO. ENTREGA. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 numeral' 3 de la Ley 388 de 1997,
efectuado el registro de la presente resolución en la respectiva
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1). En caso de renuencia por
parte del expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades de
policía.
ARTICULO NOVENO. - Notifíquese la presente resolución a
CARMEN OFELIA CARDENAS DE CASTAÑEDA identificada con
cédula de ciudadanía No: 20.289.827 expedida en Bogotá.:
haciéndole saber que contra la misma solo procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la
ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […].

.- La Resolución 019 de 7 de febrero de 2013, expedida por la

directora técnica de la Empresa de Renovación Urbana -ERU, por

medio de la cual ordenó la expropiación por vía administrativa del

inmueble ubicado en la KR 10 #19-54 SUR apartamento 201, CHIP
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Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

AAA0001UOYN y matrícula inmobiliaria 50S-648885, en los

siguientes términos12:

[…]ARTICULO PRIMERO. OBJETO: - Ordena la expropiación por
vía administrativa del inmueble ubicado en la dirección actual KR
10 19 54 SUR AP 201 dirección anterior AK 10 19 54 SUR AP 201
de la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula Catastral
20S 8A 15 11. CHIP No. AAA0001 UOYN y matricula inmobiliaria
50S 648885, con un área privada o área de terreno de
81,290M2, conforme lo establece la Escritura Pública 398 del 8
de mayo de 2001 Notaria 54 de Bogotá de la Notaria 29 del
Círculo de Bogotá, de propiedad de CARMEN OFELIA CARDENAS
DE CASTAÑEDA, identificada con cédula de ciudadanía No:
20.289.827 de Bogotá, Cuyos linderos específicos de acuerdo
con la escritura 1398 del 8 de mayo de 2001 Notaria 54 de
Bogotá son los siguientes: POR EL NORTE: En siete metros con
ochenta y cinco centímetros (7.85mts), con muro y columnas
comunes, que lo separan del lote número cincuenta y uno (5 1)
de la misma manzana y urbanización, en tres metros con quince
centímetros (3.15mts) con muro común que lo separa en el
vacío del patio, formado por las cubiertas de los garajes cero
tres (03) y cero cuatro (04) POR EL SUR: En siete metros con
ochenta y cinco centímetros (7.85rnts) con muro y columnas
comunes que lo separan del lote número cincuenta y tres (53)
de la misma manzana y urbanización; en un metro con trece
centímetros (1.13mts), en el poso de luz común, y en dos metros
con trece centímetros 2.13mts) con muro común que lo separa
del vestíbulo común; POR EL ORIENTE: En dos metros con
ochenta centímetros (2.80mt5) y un metro con quince
centímetros (1.15mt5) con muro comunes que lo separan del
pozo de luz y del vestíbulo común; en un metro con ochenta
centímetros (1 .80mt5) con muro común que lo separa de
apartamento doscientos dos (202) y en cuatro metros con cinco
centímetros (4.05mt5) con muro común que lo separa en el
vacío del patio común; POR EL OCCIDENTE: En nueve metros
cincuenta centímetros (9.50mts) con muro común de fachada
que lo separa en el vacío del antejardín y de la zona común de
acceso: POR EL NADIR: Con muro común que lo separa del
primer (lcr) piso y zona común de acceso; POR EL CENIT: con

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Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

placa común que lo separa del tercer piso. Interiormente se
encuentra afectado por dos columnas rectangulares de cero
veinticinco centímetros por cero cincuenta centímetros
(0.25Mtsx0.50Mts) de la estructura común del Edificio. ALTURA
Dos metros cuarenta centímetros (2.40Mts). Coeficiente de
copropiedad del 12.12%. PARÁGRAFO: De conformidad con lo
pactado en el Convenio Interadministrativo 80 de 2011, en
concordancia con lo indicado en el Inciso Final del Articulo 61 de
la Ley 388 de 1997 y el articulo 61 A de la misma Ley, el cual
fue adicionado por la Ley 1450 de 2011. la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA adelanta él presente proceso de
expropiación administrativa a favor de la EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A, por
esta razón, la titularidad del inmueble identificado en el Artículo
Primero del presente acto administrativo será transferida en
forma directa a la EMPRESA DE TRANSPORTE TERCER MILENIO
• TRANSMILENIO S.A., sin que ingrese al patrimonio de la ERU.
ARTICULO SEGUNDO. - VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO.
• El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se
ordena por la presente resolución es de NOVENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE
($98.585.353), valor que incluye:
1. El avalúo comercial, por valor de NOVENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA
CORRIENTE ($97.548.000) de conformidad con el informe
técnico de avalúo No. 80002011 ER 8735-51 de fecha 4-10-2011
elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.
2. La indemnización por lucro cesante por renta, por valor de
TRESCIENTOS OCHENTA MIL, PESOS MONEDA CORRIENTE
($380.000) de conformidad con el documento de tasación de
indemnización.
3. La indemnización por daño emergente, por desconexión y
cancelación de servicios públicos y traslados por valor de
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($657.353) de
conformidad con el documento de tasación de indemnización.

ARTICULO TERCERO. - FORMA DE PAGO. - LA EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA. tramitará la solicitud de pago ante la
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMlLENIO S.A. quien en su calidad de PAGADOR - se obliga
a cancelar el precio indemnizatorio en los términos establecidos
en el numeral segundo del artículo 70 de la Ley 388 de 1997,
así: Un cien por ciento (100%) del valor del precio
indemnizatorio, o sea la cantidad dé NOVENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA y. CINCO MIL TRESCIENTOS

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CINCUENTA Y. TRES PESOS MONEDA CORRIENTE
($98.585.353): valor que será puesto a disposición de la
siguiente manera:

1) La suma de. NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS,
SETENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($98.270.000) a
CARMEN OFELIA CARDENAS DE CASTAÑEDA. identificada con
cédula de ciudadanía No: 20.289.827 expedida en Bogotá, por
concepto del valor comercial del inmueble.
2) La suma de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($97.580.) a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por concepto de
desconexión del servicio público
3) La suma de NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($96.799), a Codensa S.A.
por concepto de desconexión del servicio público.
4) La suma de CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (120.974), a Gas Natural.
Los anteriores pagos se realizarán por parte de la EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO, TRANSMILENIO S.A una
vez ejecutoriada la presente resolución y efectuados los
respectivos trámites financieros.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Si una vez puesto a disposición por
parte de LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A., dicho valor no es retirado dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes, éste se consignará en la
entidad financiera autorizada para el efecto, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 21 del artículo 70 de la ley 388 de
1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca considerándose que de esta
manera queda formalmente efectuado el pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio
indemnizatorio se tendrá el tratamiento tributario establecido en
la ley para los bienes inmuebles adquiridos mediante el proceso
de expropiación administrativa por motivos de utilidad pública e
interés social, adicionalmente se descontará obligaciones
pendientes de pago por concepto de impuesto predial y
contribución por valorización, en caso de ser procedente.
ARTICULO CUARTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES
TRANSMILENIO S.A. efectuará la correspondiente apropiación y
reserva presupuestal. El valor total de la adquisición se ampara
en el presupuesto de TRANSMILENIO según certificados de
disponibilidad Presupuestal Nos. 201301 1010 Y 201301 1011
del 4 de enero de 2013.
ARTICULO QUINTO. - DESTINACIÓN. - El inmueble identificado
en el Artículo Primero de la presente Resolución, será destinado'
a la ejecución del Proyecto de Renovación Urbana Estación

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Intermedie Avenida primero de Mayo", el cual se enmarca
dentro del motivo de utilidad pública e interés social consagrado
en el Literal c y e del Articulo 58 de la Ley 388 de 1997.
ARTICULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACIÓN OFERTA,
GRAVÁMENES Y LIMITACIONES AL DOMINIO.- Con el objeto de
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 numeral 4 de
la ley 388 de 1997 se solicita por parte de la ERU la cancelación
de la anotación 9 consistente en inscripción del oficio 1864 del
10 de septiembre de 2012, del folio de matrícula inmobiliaria
50S 648885 con el cual fue remitida a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos Zona Sur la Resolución No. 116 del 27 de
agosto de 2012, por la cual se determinó la adquisición de un
inmueble por el procedimiento de expropiación administrativa y
se formuló la respectiva oferta de compra. Así mismo, se
SOLICITA la cancelación de la anotación 08 registra una
Afectación a vivienda Familiar, constituida mediante escritura
pública 1398 del 8 de mayo del 2001 de la Notaria 54 de Bogotá
a favor de […]
ARTICULO SÉPTIMO. - ORDEN DE INSCRIPCIÓN. - De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68. numeral 4 de la
ley 388 de 1997, se deberá solicitar al Registrador de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur, inscribir la
presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 505
648885 a efectos de perfeccionar la transferencia del derecho de
dominio en cabeza de LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.
ARTICULO OCTAVO. ENTREGA.- De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 de la ley 388 de 1997, efectuado el
registro de la presente resolución en la respectiva oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA expedirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1°). En caso de renuencia del
expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades de policía.
ARTICULO NOVENO. - Notifíquese la presente resolución a
CARMEN OFELIA CARDENAS DE CASTAÑEDA identificada con
cédula de ciudadanía No: 20.289.827 expedida en Bogotá.:
haciéndole saber que contra la misma solo procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la
ley 388 de 1997, en concordancia con el artículo 76 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. […]”.

V.2.- Problema jurídico

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Corresponde a la Sala establecer si, en el marco de la expropiación

administrativa regulada por la Ley 388 de 1997 y demás normas

concordantes, la parte actora logró desvirtuar la presunción de

legalidad que ampara los actos administrativos demandados,

mediante los cuales se fijó el precio indemnizatorio con fundamento

en los avalúos 8002011 ER 8735 – 59 y 8002011 ER 8735-51, ambos

de fecha 4 de octubre de 2011, practicados por el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Para resolver el interrogante planteado, la Sala hará referencia al

marco jurídico general aplicable a la expropiación administrativa,

para enseguida abordar el estudio del caso concreto.

Del procedimiento de expropiación administrativa,

generalidades

El artículo 58 de la Constitución Política define el derecho a la propiedad

privada, en los siguientes términos:

“[…] Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de
la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública

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o interés social, resultare en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es
una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos
por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los
casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción
contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio […]”.

Con base en la norma en cita se tiene que13 i) la garantía a la

propiedad privada y los demás derechos adquiridos se hace con

arreglo a las leyes civiles; ii) la constitución protege y promueve las

formas asociativas y solidarias de la propiedad; iii) está reconocido el

carácter limitable de la propiedad; iv) hay condiciones en que

prevalece el interés público o social sobre el interés privado; v) a la

propiedad se le ha asignado una función social y ecológica; y, vi)

están fijadas modalidades y requisitos de la expropiación.

De otra parte, acorde con el desarrollo de este precepto

constitucional, inicialmente la Ley 9ª de 1989 estableció instrumentos

para la adquisición y expropiación de inmuebles por motivos de

13 Ver Sentencias C-147/97, C-589/95, C-00/93, C-428/94, C-216/93 y C-227-11,
proferidas por la Corte Constitucional.

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utilidad pública e interés general, potestad que luego se reguló por la

Ley 388 de 1997.

Los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997 regulan el procedimiento

que debe ser atendido con el propósito de llevar a cabo la

expropiación por vía administrativa.

El artículo 68 de la norma en comento prevé que una vez iniciado el

proceso orientado a la adquisición del inmueble y transcurridos 30

días hábiles a partir de la ejecutoria del acto que así lo ordena sin

llegarse a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria14, la

autoridad dispondrá, mediante acto motivado, la expropiación

administrativa correspondiente.

El acto que se expide en cumplimiento de este procedimiento debe

contener: i) la identificación específica del inmueble expropiado; ii)

el valor del precio indemnizado y la forma de pago; iii) la destinación

que se dará al bien; iv) la orden de inscripción del acto administrativo

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; v) la orden de

notificar a los titulares del derecho de dominio u otros derechos reales

del predio y la información sobre los recursos procedentes.

14 Lo que se produce a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa.

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Actora: Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda

Frente a la obligatoriedad de la decisión de expropiación adoptada el

artículo 70 ibidem, prevé:

“[…] Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por
no haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso interpuesto en
forma negativa, la decisión producirá los siguientes efectos:

1.El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán
de las personas titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto
la expropiación, para lo cual bastará con el registro de la decisión
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El registrador
exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares
de otros derechos reales SOBRE EL INMUEBLE, han retirado el
valor de la indemnización y los documentos de deber
correspondientes, o que se ha efectuado la consignación
correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este
artículo.

2.La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea el
caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del precio
indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de
deber correspondientes a los cinco contados sucesivos anuales
del saldo. Si el particular no retira dichos valores y los
documentos de deber dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad
financiera autorizada para el efecto a disposición del particular,
y entregara copia de la consignación al Tribunal Administrativo
en cuya área de jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble
dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha
quedado formalmente hecho el pago.

3.Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá
exigir la entrega material del BIEN INMUEBLE EXPROPIADO, sin
necesidad de intervención judicial, para lo cual podrá acudir al
auxilio de las autoridades de policía si es necesario.

4.En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen dentro
de los términos señalados en el numeral 2 de este artículo, la
decisión de expropiación por vía administrativa no producirá
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el

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procedimiento expropiatorio.

5.La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la
expropiación por vía administrativa, adquiere la obligación de
utilizarlo para los fines de utilidad pública o interés social que
hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años
contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión
correspondiente en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos.

Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario
del bien expropiado podrá solicitar al Tribunal Administrativo en
cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, la
verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante
proceso abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica
de las pruebas que deberán solicitarse exclusivamente en la
demanda, durante un término no superior a un mes,
transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable.

En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación
por parte de la entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará
su inscripción en la respectiva Oficina de Registro, a fin de que
el demandante recupere la titularidad del bien expropiado. En la
misma sentencia se determinará el valor y los documentos de
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar
a la entidad pública respectiva, siendo necesario para los efectos
del registro de la sentencia que se acredite mediante
certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro ordenado
[…]”.

En lo que respecta al reconocimiento y pago de la indemnización, el

artículo 67 dispone que “[…] en el mismo acto que determine el

carácter administrativo de la expropiación se deberá indicar el valor

del precio indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual

será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos

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en el artículo 6115 de la presente ley […]”.

De acuerdo con esta normativa, una de las características esenciales

de la expropiación radica en el hecho de que la actuación del Estado

se hace por razones de utilidad pública e interés social, previa y justa

indemnización del inmueble, en cuanto comprende su valor y los

perjuicios que se causan al afectado con dicha medida, con el fin de

alejarse de un acto confiscatorio.

Al respecto esta Sección16 ha precisado:

“[…] el principio general que subyace en estas normas de
rango superior, indica que los daños y perjuicios que se
originen en el acto de autoridad mediante el cual se decrete la
incorporación al dominio público de bienes de propiedad
particular para satisfacer con ellos una necesidad de interés
general, presupone necesariamente la obligación a cargo de la
autoridad que ostenta la potestas expropiandi, de indemnizar
plena y previamente al afectado, con el propósito de
restablecer el equilibrio roto por la privación patrimonial a la
cual es sometido de manera forzada. En otras palabras, el
hecho de que en estos casos el interés general deba prevalecer
sobre los intereses privados, no significa en modo alguno que
por dicha circunstancia queden excluidas las garantías que la

15 “[…] ARTICULO 61. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN
VOLUNTARIA. Se introducen las siguientes modificaciones al procedimiento de enajenación
voluntaria regulado por la Ley 9a. de 1989:
El precio de adquisición será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones, o por peritos privados inscritos en las
lonjas o asociaciones correspondientes, según lo determinado por el Decreto-ley 2150 de
1995, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto
reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno. El valor comercial se
determinará teniendo en cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente
al momento de la oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir, y en particular
con su destinación económica. […].
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26

de abril de 2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 05001-
23-31-000-2007-03162-01.

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Constitución reconoce en favor del propietario, pues no puede
pretenderse que éste deba asumir a título personal un
detrimento en su patrimonio, como consecuencia de la ruptura
del principio de igualdad en el reparto de las cargas públicas.

Así las cosas, la indemnización que ha de reconocerse al
afectado en estos casos como consecuencia de la transmisión
imperativa de su derecho de dominio, constituye un
instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera
integral […]”.

Para la Sala se hace necesario traer a colación los criterios expuestos

por esta Sección en relación con la acción especial contencioso

administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho que procede

contra la decisión de expropiación por vía administrativa, ya que

servirán para el análisis del recurso interpuesto. Al respecto, se ha

manifestado17:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones, la Sala analizará si,
como lo aduce la parte actora, el Tribunal de origen analizó
indebidamente la acción incoada y valoró de forma inadecuada
las normas superiores invocadas como violadas y las pruebas
allegadas al proceso.
Para ello, sea lo primero precisar que, si bien el artículo 71 de la
Ley 388 de 1997 prescribe que contra la decisión de
expropiación por vía administrativa procede la acción especial
contencioso administrativa con el fin de obtener su nulidad y el
restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el
precio indemnizatorio reconocido, en la medida en que el valor
de la indemnización es incorporado en el acto administrativo que
ordena la expropiación es analizar su legalidad, aun cuando la
demanda esté encaminada solo a obtener la revisión o ajuste del

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 25000
23 24 000 2011 00196 01.

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precio indemnizatorio ya que, como se ha sostenido, el principio
de legalidad, fundamento de todo Estado de Derecho, es uno de
los pilares sobre los cuales descansa el trámite de expropiación.
En ese sentido, siendo que los motivos de utilidad pública o de
interés social constituyen un presupuesto para la legalidad de la
expropiación, hace bien el juez que ejerce el control de legalidad
sobre la decisión de expropiación al verificar su cumplimiento,
como en efecto lo hizo el a quo, lo cual no implica, como aduce
el recurrente, que la acción especial contencioso administrativa
se aborde como una acción ordinaria de nulidad. […]
En el mismo orden, es propicia la confrontación del
procedimiento administrativo con las normas legales y
reglamentarias que regulan y reglamentan la materia, en
desarrollo del artículo 58 de la Carta. Bajo esa lógica, resulta
también acertado verificar que el avalúo técnico que da soporte
legal y fáctico al acto administrativo que ordena la expropiación
se ajusta a la normativa aplicable […]”.

Igualmente, cabe advertir que esta Sección ha sostenido que al haber

sido incorporado el avalúo comercial al acto administrativo acusado,

que decretó la expropiación, este se encuentra amparado por la

misma presunción de legalidad y certeza, que se predica de las

decisiones definitivas de la Administración, y debe tenerse como

válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien

recurre, en este caso, al demandante, demostrar en el proceso que

el avalúo oficial es equivocado, acreditando precisamente sus

incorrecciones. Sobre el particular, la Sala ha indicado:

“[…] La Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido
que el precio establecido en los actos acusados se encuentra
amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser
desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el
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sub lite. Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009,
al analizar objeciones frente al avalúo que sirvió de fundamento
para la determinación del monto de una indemnización
expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos
administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se
encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de
certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo
cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso
que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente
su incorrección”.18
Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección19 sostuvo
que “todo lo anterior conduce a la Sala a considerar que debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, el avalúo que
sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el mismo
pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía
la carga probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
De conformidad con lo anterior, la Sala considera que, tal y como
lo concluyó el juez de primera instancia, el actor no logró
demostrar la incorrección del avalúo en virtud del cual el
Instituto de Desarrollo Urbano determinó el justo precio de la
indemnización expropiatoria y, en consecuencia, no desvirtuó la
presunción de legalidad del acto administrativo demandado, que
lo incorporó […]”20

Es preciso destacar que a través del Decreto 1420 de 1998 fueron

reglamentadas las normas, procedimientos, parámetros y criterios

para la elaboración de los avalúos por los cuales debe determinarse

el valor comercial de los bienes inmuebles, entre otros, para el caso

de expropiaciones administrativas.

18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de mayo de 2009, expediente 2005

03509. C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
19 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 17 de marzo de 2011 y 31 de mayo

de 2018, expedientes 2005 00273 y 2008 0074. C.P: María Elizabeth García González. Ver
entre otras sentencias la 31 de mayo de 2018, expediente 2008 0074.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 15 de agosto de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación
25000 23 24 000 2011 00196 01

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Ahora bien, mientras en el artículo 2021 del decreto en mención está

establecido que en el avalúo debe indicarse el método utilizado, el

artículo 2322 de la misma norma facultó al IGAC para expedir a través

de resolución las disposiciones metodológicas para la realización de

estos.

En desarrollo de la referida competencia el IGAC inicialmente expidió

las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002, disposiciones que

fueron derogadas por la Resolución núm. 620 de 2008, que en la

actualidad establece los procedimientos para los avalúos ordenados

dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

Dicha resolución establece como métodos para la elaboración de los

avalúos el de comparación o de mercado, el de capitalización de

rentas o ingresos, el residual, el de consulta de encuestas y el de

costo o reposición.

21 “[…] Artículo 20º.- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus
funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus
informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial definido
independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las
consideraciones que llevaron a tal estimación […]”.

22 […] Artículo 23. En desarrollo de las facultades conferidas por la ley al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, las normas metodológicas para la realización y prestación de los avalúos
de que trata el presente decreto serán señaladas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
mediante resolución que deberá expedir dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes
a la publicación de este decreto, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial.

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Caso concreto

Del avalúo comercial en la determinación del valor a

reconocer por la expropiación.

1. En el presente asunto se controvierte si, dentro del proceso de

expropiación adelantado por la Empresa de Renovación Urbana -ERU,

se garantizó el pago del justo precio respecto de los inmuebles

identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 50S-648885 y

50S-648893, por lo que resulta necesario establecer si los avalúos

oficiales 8002011 ER8735-59 y 8002011 ER8735-51, ambos de fecha

4 de octubre de 2011, practicados por el Instituto Geográfico Agustín

Codazzi se ajustan a lo previsto en la Ley 388 de 1997 y sus

disposiciones complementarias, o si, por el contrario, deben ser

desvirtuados con fundamento en las alegaciones expuestas por el

demandante dentro del escrito del recurso de apelación, según los

cuales manifiesta que no se consideraron las referencias allegadas

que evidenciaban que el valor del metro cuadrado en la zona, para

predios de similares características, oscilaba entre $1.800.000 y

$2.500.000. Sobre el particular, citó las siguientes referencias:

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Código del inmueble: 1185831
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Barrio: Villa Javier (Suroriente)
Tipo de Propiedad: Apartamento
Habitaciones: 3
Baños: 2
Área Construida: 60m2
Estrato: 3
Garajes: 1
Antigüedad: De 5 a 15 años
Valor por M2: 2.250.000

Precio de Venta:$110.000.000
Código del inmueble: IDMV4325
Ciudad: Bogotá (Cundinamarca)
Barrio: Gustavo Restrepo (Suroriente)
Tipo de Propiedad: Aparamento
Habitaciones: 3
Baños: 2
N: 201
Área Construida:61m2

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Área Privada: 61m2
Estrato: 3
Antigüedad: De 25 a 50 años
Valor por M2: $1.803.279 […]

En el presente caso, se encuentra que la Empresa de Renovación

Urbana – ERU, mediante las Resoluciones 018 y 019 de fecha 7 de

febrero de 2013, ordenó la expropiación por vía administrativa de los

inmuebles ubicados en la KR 10 #19-54 SUR GS3, parqueadero con

matrícula inmobiliaria 50S 648893- y apartamento 201 con matrícula

inmobiliaria 50S 648885- de la ciudad de Bogotá.

La destinación de los inmuebles previamente referenciados estuvo

vinculado a la ejecución del proyecto integral de renovación urbana

denominado “Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo”.

Para efectos indemnizatorios, en la Resolución 018 de 7 de febrero

de 2013, se fijó como precio la suma de $8.500.000 por concepto de

un área privada de 12.50m2, valoración que se realizó conforme al

avalúo comercial núm. 8002011 ER 8735-59 de 4 de octubre de 2011

elaborado por el IGAC23. A su turno, en la Resolución 019 de 7 de

febrero de 2013, se fijó como precio la suma de $98.585.353, en la

23
Índice 27 del sistema digital SAMAI. CUADERNO PRINICIPAL 1 (.pdf) Folios 566-569
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que se discriminó un valor de $97.548.000 por concepto de terreno

y construcción; $657.353 por concepto de daño emergente; y

380.000 por concepto de lucro cesante, valoración que se realizó

conforme al avalúo comercial núm. 8002011 ER 8735-51 de 4 de

octubre de 2011 elaborado por el IGAC24.

El análisis contenido en los citados avalúos permitió verificar que,

para la determinación del valor comercial de los inmuebles— se

tuvieron en cuenta y ponderaron aspectos tales como la información

jurídica general, la radicación, el propósito del avalúo, tipo de

inmueble, dirección, chip, cédula catastral, código barrio y/o sector

catastral; la información jurídica; los servicios e infraestructura; las

características del sector; las características del lote de terreno, las

características de la construcción; y además señaló los siguientes

aspectos:

-Las condiciones de acceso y desplazamiento desde y hacia
el sector, como el resultado de su ubicación con respecto a
la ciudad.
-El número de vías arterias de acceso y de influencia al
sector de ubicación, así como la importancia de estas
dentro de la malla vial.

24
Índice 27 del sistema digital SAMAI. CUADERNO PRINICIPAL 1 (.pdf) Folios 570-575

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-La ubicación del predio dentro del barrio Sociego
caracterizado por contar con uso predominantemente
residencial, con áreas de comercio y servicios sobre los ejes
viales principales
-El área privada fue tomada de la Escritura Pública 0350
del 17 de Febrero de 1982 de la Notaría 14 del círculo de
Bogotá D.C., por la cual se protocoliza el Reglamento de
Propiedad Horizontal, proporcionada por La Empresa de
Renovación Urbana.
-La calidad de materiales, el estado de mantenimiento y
conservación de las construcciones.
-Los valores consignados en este estudio son acordes a
parámetros y metodologías establecidas en el Decreto
1420 de 1998. Se encuentra acompañado de un estudio
general por el cual se da respuesta a la solicitud No.
8002011 ER 8735 de la Empresa de Renovación Urbana.

Para el efecto, se precisó la aplicación de la metodología de mercado

como técnica valuatoria destinada a establecer el valor comercial del

bien, a partir del análisis de ofertas y transacciones recientes de

inmuebles semejantes y comparables con el objeto del avalúo. Se

indicó el número de datos empleados y la normativa aplicable, entre

ellas la Ley 388 de 1997, el Decreto 1420 de 1998 y la Resolución

IGAC 620 de 2008.

El análisis realizado evidenció que, en el avalúo núm. 8735-59 —

correspondiente a un garaje con un área privada de 12,5 m²— el

valor por metro cuadrado se determinó en $680.000, para un total

estimado de $8.500.000, sustentado en dos datos comparables;

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mientras que en el avalúo núm. 8735-51, relativo a un área de

81.290 m², el valor por metro cuadrado se fijó en $1.200.000, con

un valor total de $97.548.000, soportado en once estudios de

mercado, los cuales obran en el plenario. 25

En ese orden, dado que el inmueble objeto de estudio se encontraba

sometido al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno y

de la construcción fue determinado mediante la aplicación del método

de comparación o de mercado, consistente en el análisis de ofertas y

transacciones recientes de bienes semejantes y comparables,

procedimiento que resulta idóneo en atención a la tipología de los

predios, razón por la cual el método empleado por el IGAC se ajusta

plenamente a las exigencias técnicas y normativas para establecer el

25

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valor comercial del bien en el presente caso.

Ahora bien, es preciso señalar que las referencias de precios de

inmuebles allegadas por la parte actora en el escrito de apelación no

resultan suficientes para desvirtuar los avalúos oficiales practicados,

en la medida en que no controvierten la veracidad de la fijación del

valor por metro cuadrado determinada con base en el avalúo

realizado por el IGAC, no aportan informes técnicos o documentos

que respalden su dicho, ni presentan confrontación directa con las

fuentes que se utilizaron para establecer el valor comercial de los

inmuebles.

Así entonces, conforme a lo previsto en la Ley 388 de 1997 y su

reglamentación en el Decreto 1420 de 1998, para desvirtuar el

contenido de un avalúo oficial resulta indispensable demostrar,

mediante dictámenes técnicamente comparables y sustentados en

metodologías uniformes, que se desconocieron los procedimientos

estandarizados en materia valuatoria para la fijación del valor de los

inmuebles objeto de expropiación, afectando la objetividad y el rigor

exigidos en la determinación del valor comercial. Tales exigencias,

previstas además en la Resolución 620 de 2008, no fueron

acreditadas por la parte demandante, quien no logró probar

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irregularidad alguna en la aplicación del método de mercado ni en las

fuentes utilizadas para establecer el valor comercial.

2.- En lo que concierne a la inconformidad planteada por la

demandante respecto de la vigencia de los avalúos expedidos por el

IGAC, resulta pertinente efectuar el siguiente recuento fáctico:

-A través de la Resolución 0116 de 27 de agosto de 2012, la directora

técnica de la Empresa de Renovación Urbana determinó la

adquisición del inmueble ubicado en la AK 10# 19-54 SUR AP 201,

por el procedimiento de expropiación administrativa y se formuló

oferta de compra por valor de $97.548.000 de conformidad con el

informe técnico de avalúo núm. 8002011 ER 8735 – 51 de fecha 4

de octubre de 2011 elaborado por el IGAC.

-Por medio de la Resolución 0-124 de 27 de agosto de 2012, la

directora técnica de la Empresa de Renovación Urbana determinó la

adquisición del inmueble ubicado en la AK 10# 19-54 Garaje 03, por

el procedimiento de expropiación administrativa y se formuló oferta

de compra por valor de $8.500.000 con fundamento en el informe

técnico de avalúo núm. 8002011 ER 8735 – 59 de fecha 4 de octubre

de 2011 elaborado por el IGAC.

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-El 17 de octubre de 2012, la parte actora, por conducto de

apoderado, radicó “solicitud de revocatoria directa de las

Resoluciones 0116 de 27 de agosto de 2012 y 0-124 de 27 de agosto

de 2012, e impugnación de los avalúos ER 8735-51 y 8735-59”.

-El 2 de noviembre de 2012, la directora técnica de la Empresa de

Renovación Urbana —ERU— dió respuesta a lo solicitado por la parte

actora, precisando que, de conformidad con lo previsto en la Ley 388

de 1997 y en el Decreto 1420 de 1998, en su calidad de entidad

adquirente del predio objeto de expropiación, era la única facultada

para solicitar ante el IGAC la impugnación de los avalúos. Señaló,

además, que, tras una revisión exhaustiva de los mismos, estos se

ajustaban a la realidad técnica y jurídica de los inmuebles, razón por

la cual el valor fijado reflejaba adecuadamente las condiciones del

mercado y no existían fundamentos para reconsiderar la valoración,

ratificándose así en los montos consignados en las ofertas de compra

116 y 124 de 27 de agosto de 2012.

Respecto de la solicitud de revocatoria directa de las resoluciones de

expropiación, se precisó su improcedencia en atención a que no se

adecúa a ninguna de las causales previstas en el artículo 69 del

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Código Contencioso Administrativo.

• Por medio de las Resoluciones 018 y 019 de 7 de febrero de 2013,

la directora técnica de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá,

ordenó la expropiación por vía administrativa de los inmuebles de

propiedad de la demandante.

Pues bien, de la revisión de los aspectos fácticos previamente

mencionados se tiene que para la fecha de expedición de los actos

acusados, esto es el 7 de febrero de 2013, ya había vencido el

término de vigencia de los avalúos oficiales contenidos en los

informes técnicos de avalúos 8002011 ER 8735- 59 de 4 de octubre

de 2011 y 8002011 ER 8735 -51 de 4 de octubre de 2011, teniendo

en cuenta que mantuvieron su vigencia hasta el 4 de octubre de

2012.

La anterior circunstancia evidencia, en principio, el desconocimiento

de lo previsto en el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998, que prevé

“Los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año contado desde la

fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión

o impugnación”. No obstante, dentro del expediente se evidenció

que la parte actora contra el acto administrativo que dispuso la oferta

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de compra radicó solicitud de revocatoria directa de las resoluciones

0116 y 0124 de agosto de 2012, e impugnación de los avalúos 8735-

51 y 8735-59, aspectos que si bien no tuvieron vocación de

prosperidad se requirió de un pronunciamiento por parte de la

administración para darle respuesta a los interrogantes respecto del

valor fijado en los citados actos administrativos.

Por ello, no podría afirmarse de manera directa la pérdida de la

vigencia del avalúo oficial, al evidenciarse las circunstancias

posteriores que tuvieron la necesidad de darle continuidad al trámite

administrativo, los cuales no pueden ser imputados en contra de la

administración, precisamente porque la demandante presentó

objeciones respecto de las resoluciones a través de las cuales se

determinó la expropiación administrativa y se formuló la oferta de

compra.

Adicional a lo expuesto, si la demandante consideraba la pérdida de

vigencia del avalúo oficial, le correspondía demostrar de manera

directa que tal circunstancia incidía en la estimación del precio de los

inmuebles objeto de expropiación y, en consecuencia, repercutía en

el monto reconocido a título de indemnización. Así, la carga

probatoria recaía sobre la actora, quien debía acreditar con claridad

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y precisión los perjuicios específicos derivados de la expiración de la

mencionada vigencia, así como la forma en que ello afectó el valor

indemnizatorio fijado en los actos administrativos acusados.

No obstante, los argumentos expuestos en el recurso de apelación

fueron meramente enunciativos y carecieron de elementos

probatorios que acreditaran un perjuicio cierto, pues no se demostró

que entre la expiración de la vigencia del avalúo oficial —ocurrida el

4 de octubre de 2012— y la expedición de los actos administrativos

que dispusieron la expropiación por vía administrativa —el 7 de

febrero de 2013—, se hubiera producido una afectación directa en la

determinación del precio indemnizatorio.

En consecuencia, la Sala considera que la parte demandante no logró

desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos

acusados, comoquiera que no demostró que la falta de vigencia del

avalúo oficial incidió de manera directa en la determinación del valor

de los inmuebles objeto de expropiación, carga probatoria que no fue

satisfecha.

3.- Argumenta la parte actora el desconocimiento de un “precio

justo” en la indemnización, sustentado en la alegada imposibilidad

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de adquirir un inmueble con características similares al expropiado,

así como en circunstancias personales relacionadas con el deterioro

de la salud, la condición de adulto mayor y otras situaciones adversas

de índole familiar. Sin embargo, la Sala advierte que tales

planteamientos carecen de respaldo normativo y, por ende, no

pueden ser acogidos como fundamento jurídico válido para

cuestionar la indemnización reconocida.

En efecto, la Constitución Política no prevé como derecho del

expropiado la restitución de los costos necesarios para obtener un

bien idéntico al perdido, sino que circunscribe la indemnización a los

perjuicios materiales ciertos. Sobre el particular, la Corte

Constitucional26 ha precisado que la indemnización derivada de la

expropiación cumple, por regla general, una función compensatoria,

y solo en casos excepcionales puede adquirir un carácter restitutivo

o restaurador.

En el presente asunto, los argumentos de la demandante no

configuran supuestos de especial protección constitucional y, por

ende, no constituyen factores determinantes para la tasación de la

26
Sentencia C-750 de 2015

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indemnización. Tales aspectos, aunque reflejan condiciones

personales, no se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico

como elementos indemnizables en materia de expropiación.

En consecuencia, la indemnización fijada por la administración, que

comprende el valor comercial del inmueble y los perjuicios materiales

ciertos y demostrados, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58

Superior, en concordancia con la jurisprudencia reiterada de esta

Corporación. Por lo tanto, no procede acceder a las pretensiones de

la demanda, toda vez que la indemnización reconocida cumple con la

función reparatoria exigida por la Constitución y la ley, sin que pueda

extenderse a factores subjetivos ajenos al marco normativo

aplicable.

4.- En lo que concierne a las alegaciones formuladas por la apelante

respecto del perjuicio que afirma haber sufrido a causa de las

“demoras injustificadas” derivadas del no pago inmediato de la

indemnización, resulta necesario destacar que el artículo 70 de la Ley

388 de 1997 prevé:

“ARTÍCULO 70.- Efectos de la decisión de
expropiación por vía administrativa. Una vez
ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no

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haberse formulado el recurso de reposición dentro del
término legal o por haber sido decidido el recurso
interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los
siguientes efectos:
(…)
2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a
disposición inmediata del particular expropiado, según sea
el caso, el valor total correspondiente o el porcentaje del
precio indemnizatorio que se paga de contado y los
documentos de deber correspondientes a los cinco
contados sucesivos anuales del saldo. Si el particular no
retira dichos valores y los documentos de deber dentro de
los diez días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá
consignarlos en la entidad financiera autorizada para el
efecto a disposición del particular, y entregar copia de la
consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de
jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble dentro de los
diez (10) días siguientes, considerándose que ha quedado
formalmente hecho el pago.
3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública
podrá exigir la entrega material del bien inmueble
expropiado, sin necesidad de intervención judicial, para lo
cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía si
es necesario.
4. En caso de que los valores y documentos de deber no se
pongan a disposición del propietario o no se consignen
dentro de los términos señalados en el numeral 2 de este
artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa
no producirá efecto alguno y la entidad deberá surtir
nuevamente el procedimiento expropiatorio. […]”.

En el caso concreto, el artículo 3° de la Resolución 018 de 7 de

febrero de 2013, por la cual “se ordenó una expropiación por vía

administrativa”, dispuso que la Empresa de Renovación Urbana EDU

debía tramitar la solicitud de pago ante TRANSMILENIO S.A., que en

su calidad de obligado al pago debía pagar el 100% del valor

indemnizatorio correspondiente a la suma de $8.500.000, la cual

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sería puesta a disposición de la demandante una vez quedara

ejecutoriada la decisión de expropiación y se efectuaran los trámites

financieros respectivos.

En el plenario, obra i) constancia expedida por el director técnico de

la Empresa de Renovación Urbana -ERU27, en la que da cuenta que

la Resolución núm. 018 de 7 de febrero de 2013 quedó ejecutoriada

el 20 de febrero de ese año; y ii) el cheque núm. 61500 del Banco

DAVIVIENDA, de fecha 5 de abril de 2013, girado a nombre de la

señora Carmen Ofelia Cárdenas de Castañeda por valor de la

expropiación.28

De igual manera, el artículo 3° de la Resolución 019 de 7 de febrero

de 2013, por la cual “se ordenó una expropiación por vía

administrativa”, dispuso que la Empresa de Renovación Urbana EDU

debía tramitar la solicitud de pago ante TRANSMILENIO S.A., que en

su calidad de obligado al pago debía pagar el 100% del valor

indemnizatorio correspondiente a la suma de $98.585.353, -de los

cuales se realizaron los descuentos por concepto de desconexión de

27
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACION. Folio 139
28
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACION . Folios 140-141

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servicios públicos-, la cual sería puesta a disposición de la

demandante una vez quedara ejecutoriada la decisión de

expropiación y se efectuaran los trámites financieros respectivos.

En el plenario obra i) constancia expedida por el director técnico de

la Empresa de Renovación Urbana -ERU29 en la que da cuenta que la

Resolución núm. 019 de 7 de febrero de 2013 quedó ejecutoriada el

20 de febrero de 2013 y ii) el cheque núm. 61517-5 del Banco

DAVIVIENDA de fecha 5 de abril de 2013, girado a nombre de la

señora Carmen Ofelia Cardenas de Castañeda por valor de la

expropiación.30

De lo expuesto, se tiene que una vez ejecutoriados los actos

administrativos que dispusieron la expropiación, los cheques fueron

expedidos el 5 de abril de 2013. En ese sentido, si bien el valor de la

indemnización no se puso a disposición de manera inmediata, ello

ocurrió dentro de un término razonable y lógico, teniendo en cuenta

lo siguiente:

29
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACIÓN. Folio 139
30
Índice 23 del sistema digital SAMAI. CUADERNO TRIBUNAL EXPROPIACIÓN . Folios 140-141

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i) Para iniciar los trámites administrativos de pago, la

administración debía esperar a que el acto administrativo

quedara debidamente ejecutoriado como lo prevé la Ley

1437 de 2011;

ii) El pago de la obligación exige la realización de gestiones

financieras y contables dentro de un plazo razonable,

considerando la dinámica propia de la administración

pública, cuyos tiempos no operan como un mecanismo de

precisión, dada la multiplicidad de trámites y requisitos que

legal y reglamentariamente deben cumplirse de manera

necesaria y obligatoria;

iii) La orden de pago únicamente puede expedirse una vez

superados los trámites internos en las dependencias de

presupuesto, contabilidad y tesorería, razón por la cual

resulta comprensible que el desembolso no se produzca de

manera inmediata a la ejecutoria del acto de expropiación.

En el caso bajo examen, los actos administrativos adquirieron

firmeza el 19 de febrero de 2013 y los cheques fueron expedidos a

nombre de la demandante el 5 de abril de 2013, término que se

aprecia como prudente y razonable frente a las gestiones

administrativas que debían cumplirse al interior de las entidades

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públicas competentes. En consecuencia, el planteamiento de la

actora carece de vocación de prosperidad, toda vez que el lapso

transcurrido se ajusta a las exigencias propias de la actuación

administrativa y no configura vulneración alguna de sus derechos.

En ese orden de ideas, en la medida en que los argumentos

plasmados en el recurso de apelación estudiado no tienen vocación

de prosperidad, la sentencia recurrida será confirmada en su

integridad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

COSTAS PROCESALES

Por último, en cuanto a la condena de costas, de conformidad con lo

previsto en el artículo 18831 del CPACA en armonía con el numeral 8

del artículo 365 del CGP32, esto es, en aplicación de un criterio

objetivo valorativo33, la Sala condenará a la parte apelante, en los

31
“[…] ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, LA SENTENCIA DISPONDRÁ sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […]”
32
El artículo 365, numeral 8, del CGP dispone: “ […] Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación […]”.

33
Se califica como criterio objetivo-valorativo bajo el entendido que es objetivo, en cuanto prescribe
que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CGP; y, valorativo,
en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación. Esto
indica que el juez contencioso administrativo, según la situación que encuentre probada y atendiendo
al resultado de la actuación procesal que define, está en la posibilidad de condenar en costas de manera

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términos del numeral 3 del artículo 36534 ibidem, al pago de las

costas en esta instancia.

Las costas, según el artículo 361 del CGP, se componen de “la

totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del

proceso35 y por las agencias en derecho36”, de manera que le

corresponde a esta Sala, producto de la comprobación de la gestión

útil de la parte vencedora, fijar el valor de las costas en el

componente de agencias en derecho al verificarse en esta instancia

la intervención de la parte demandada a través de apoderado judicial.

total o parcial, o incluso abstenerse de su fijación, bien porque lo autoriza la ley o porque no aparecen
comprobadas.

34
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a
aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

[…].

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que CONFIRME en todas sus partes la de primera instancia
se condenará al RECURRENTE en las costas de la segunda […]”.

35
“[…] Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los honorarios del abogado, tales como
el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, registros,
pólizas, etc. […]”. Corte Constitucional. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

36
“[…] Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro
del proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los
criterios sentados en el numeral 3° del artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben
corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado […]”. Corte Constitucional.
Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Frente a las expensas y los gastos del proceso, y por ser estos

previamente determinados por auto o acto que lo acredite durante la

actuación procesal, su fijación se sujetará a la liquidación37 que

realice el secretario del Tribunal y según la comprobación de que se

incurrieron en estos.

Así las cosas, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4 del

artículo 366 del CGP38, se fijan como agencias en derecho la suma

de $913.725 (equivalente al 0,5% del valor de las pretensiones39) a

favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU. Lo

anterior, de conformidad con las tarifas establecidas en el artículo

6°40 del Acuerdo núm. 1887 de 26 de junio de 2003, expedido por el

Consejo Superior de la Judicatura, según la naturaleza del proceso,

la calidad y duración de la gestión realizada por la parte vencedora.

37
La liquidación de las expensas y gastos y agencias en derecho las someterá el secretario de la primera
instancia, en este caso, a la aprobación que corresponda, de conformidad con el artículo 366 ibidem.
38
“[…] Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a
lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
[…]
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o
la parte que litigó personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]”.
39
El valor de las pretensiones corresponde a $182.745.000.

40
“[…] ARTÍCULO 6º.Tarifas. […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3.
Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con
cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia […]”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: Condenar en costas, en esta instancia, a la parte actora

y en favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Fijar como agencias en derecho la suma de $913.725

(equivalente al 0,5% del valor de las pretensiones), la cual deberá

incluirse en la liquidación de costas a pagar por la parte actora.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.

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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Aclara voto
Salva voto parcial

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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