Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02252-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02252-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-02252-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
3 de abril de 2025
Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ
Demandado: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Tesis: No operó la prescripción de la acción de responsabilidad
fiscal, ni incurrió en violación de los derechos
fundamentales al debido proceso y defensa o en falsa
motivación el fallo que declaró fiscalmente responsable
al actor en calidad de vicepresidente comercial de
Fiduagraria S.A., por contribuir en la causación del
detrimento patrimonial al departamento del Casanare,
con ocasión del contrato de oferta comercial de derechos
de beneficio con pacto de readquisición celebrado entre
dicho departamento y la sociedad Green Mountain
Consulting S.A.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en
contra de la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2016 por la
Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Pedro Alejandro Martínez Gómez, actuando por conducto de
apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del CPACA,
presentó demanda contra la Contraloría General de la República, para lo
cual formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERA: Sírvanse Señores Magistrados de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ANULAR, en lo relacionado con
el señor PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ, la actuación
administrativa conformada por los siguientes actos administrativos:
• El Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 000297 del 22 de noviembre de
2012, proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. CD
000153, por el Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, de la Contraloría General
de la República, por el cual se falló con responsabilidad fiscal en cuantía
de NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($9.055.030.347), en contra de
PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ, solidariamente con otras
personas.
• El Fallo No. 0005 de 22 de enero de 2013, proferido dentro del
expediente No. CD 000153, por la Contralora General de la República, por
el cual manifiesta que resuelve el grado de consulta previsto en el artículo
18 de la Ley 610 de 2000, del Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 000297.
• El Auto No. 000193 de 27 de febrero de 2013, proferido por el Contralor
Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción, por el cual resuelve los recursos de reposición
interpuestos contra el Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 000297 del 22
noviembre de 2012, denegándolos en su totalidad.
• El Fallo de Apelación No. 0015 de 6 de marzo de 2013, proferido por la
Contralora General de la República, por el cual resuelve los recursos de
apelación interpuestos contra el Fallo con Responsabilidad Fiscal No.
000297 del 22 noviembre de 2012, confirmando lo decidido en el caso del
señor Pedro Alejandro Martínez Gómez.
• El Acto Administrativo Ficto del 12 de junio de 2013, derivado del silencio
administrativo presunto negativo, que de conformidad con el artículo 83
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -vigente desde el 2 de julio de 2012- se
generó por el silencio de la Contraloría General de la República luego de
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radicado nro. 25 000 23 41 000 2013 02252 01. Expediente digitalizado.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
transcurridos tres (3) meses contados a partir del 12 de marzo de 2013,
fecha en que se radicó el oficio contentivo de la solicitud de aclaración y
adición del Fallo de Apelación No. 0015 de 6 de marzo de 2013.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de la
actuación administrativa mencionada en la anterior pretensión, y a título
de restablecimiento del derecho, se exonere de responsabilidad fiscal al
señor Pedro Alejandro Martínez Gómez y se disponga el archivo del
proceso, en lo relacionado con el señor Martínez Gómez.
TERCERA: Que la Contraloría General de la República reconozca, a título
de perjuicios morales, una suma equivalente a CIEN (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes al señor Pedro Alejandro
Martínez Gómez.
CUARTA: Que la sentencia condenatoria que se profiera como
culminación del trámite judicial que se inicia con la presente solicitud (sic)
demanda, se cumpla en los términos de los artículos 192 y siguientes de
la Ley 1437 de 2001 (sic), Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
QUINTA: Que se condene en costas procesales y agencias en derecho a
la demandada."
[…]” (mayúsculas fijas y negrillas del texto original).
1.2. Normas invocadas como infringidas y el concepto de violación
La parte actora afirmó que, con la expedición de los actos acusados, la
Contraloría General de la República vulneró las siguientes disposiciones:
• Artículos 6, 21, 23, 25 y 29 de la Constitución Política.
• Artículos 1, 3, 4, 6, 9, 18, 36, 37, 38, 42, 43 y 49 de la Ley 610 de
2000.
• Artículo 8.2 literales d) y e) de la Ley 16 de 1972.
• Artículo 109 de la Ley 1474 del año 2011.
En sustento de lo anterior planteó los siguientes cargos de violación:
Primer cargo. Prescripción de la responsabilidad fiscal
Con fundamento en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 y el artículo 87
del CPACA, señaló que el acto administrativo por el que se resolvió el
recurso de apelación en el caso concreto se notificó por anotación en el
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
estado del 8 de marzo de 2013 y, que, el día hábil siguiente, esto es, el
12 de marzo de 2013 se solicitó aclaración y adición del fallo y el mismo
día el actor fue privado de la libertad, por lo que, como a las personas
privadas de la libertad se les debe notificar en su lugar de reclusión, se
desprendía que el 12 de marzo de 2013 no había cobrado firmeza el acto
administrativo que falló con responsabilidad fiscal en su contra y operó el
fenómeno de la prescripción.
Segundo cargo. Violación de los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa
a. “Designación irregular de apoderado de oficio, por indebida
aplicación del artículo 43 de la Ley 610 de 2000 y falta de defensa
material”
La parte actora mencionó el contenido de los artículos 42 y 43 de la Ley
610 de 2000, para indicar que, acorde con dichas disposiciones la
designación de apoderado de oficio no es una facultad de la que el
operador fiscal pueda hacer uso a su arbitrio, sino reglada. Agregó que,
en ausencia de los eventos que la ley prevé, la Contraloría no está
facultada para nombrar apoderado de oficio en un proceso de
responsabilidad fiscal y, al hacerlo, incurre en aplicación indebida del
articulo 43 y, de contera, desconoce la facultad del implicado de
comparecer directamente al proceso o por conducto de apoderado de
confianza y “violenta el derecho de defensa del implicado, en tanto que,
como lo dispone la norma, con el apoderado de oficio se continuará el
trámite del proceso”.
Alegó que en este proceso se dispuso por auto nro. 434 del 21 de julio de
2010 la designación de apoderado de oficio, so pretexto de garantizar la
defensa técnica, no obstante, el implicado había atendido las citaciones
oportunamente y no solo había rendido versión libre, sino también
declaración jurada.
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Aseveró que, “(…) si en gracia de discusión el apoderado de oficio
irregularmente designado por la Contraloría presentó algún argumento de
defensa, este habría sido tan anodino que ni en el fallo de responsabilidad
fiscal, ni en el acto administrativo con el que irregularmente se surtió el
grado consulta hay referencia a él, circunstancia esta que igualmente
permite predicar la inexistencia material de defensa técnica”.
Señaló que tal irregularidad fue objeto de una solicitud de nulidad y se
dejó de considerar indicando que fue inoportuna, pese a que se presentó
antes de proferirse el fallo definitivo.
b. “Violación del derecho a la defensa por falta de notificación del
auto de imputación de responsabilidad fiscal al implicado y, por
contera, aplicación indebida del artículo 49 de la Ley 610 de 2000”.
Indicó que, el auto de imputación de responsabilidad fiscal se trata del
acto administrativo “del que verdaderamente hay que defenderse”, de allí
que el legislador dispuso que debe ser notificado personalmente a los
presuntos responsables o a su apoderado de confianza y solo de no ser
posible debe hacerse a través de apoderado de oficio.
Alegó que en este caso dicho auto no le fue notificado personalmente al
actor pese a que compareció oportunamente al proceso e informó su
dirección de notificación, sino que le fue notificado al apoderado de oficio
que arbitrariamente se le designó, por lo que se incurrió en la indebida
aplicación del artículo 49 de la Ley 610 de 2000, y se le conculcó el
derecho fundamental a la defensa.
Tercer cargo. “Violación del debido proceso por aplicación
indebida del artículo 18 de la Ley 610 de 2000, por haberse surtido
inoportunamente el grado de consulta dispuesto en esta norma,
incurriendo adicionalmente, en prejuzgamiento”
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Que sustentó en que, si bien la norma en cita dispone que para efectos
de surtir el grado de consulta el expediente debe ser remitido al superior
funcional o jerárquico, para ello debe haberse surtido previamente la
notificación personal al responsable fiscal o a su apoderado de oficio o de
confianza o supletoriamente por edicto para que puedan interponer los
recursos procedentes.
Consideró que en este caso se aplicó indebidamente el artículo 18, puesto
que, después de surtida la consulta y solo con posterioridad a dicha
decisión se produjo la notificación del fallo con responsabilidad fiscal, lo
que se hizo de manera simultánea con el fallo del grado de consulta.
Sostuvo que, “más grave aún resulta el hecho de que, habiéndose
establecido el grado de consulta de los Fallos con Responsabilidad Fiscal
para los casos en que los responsabilizados hayan sido representados por
apoderado de oficio, justamente con el objeto de establecer si la
designación se hizo correctamente y si, aparte de la simple formalidad de
la designación y la posesión del apoderado, los responsabilizados
contaron materialmente con la defensa técnica, la señora Contralora
omitió en su Fallo de Consulta tales verificaciones en relación con el señor
Pedro Alejandro Martínez Gómez, consumando así su injusta condena,
pese a que con la simple lectura del Fallo consultado, hubiera podido
advertir la carencia absoluta de defensa, dado que el apoderado de oficio
designado irregularmente por el Despacho, ni siquiera presentó alegatos
de defensa, frente al Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal, o si
lo hizo, estos fueron tan anodinos que ni siquiera merecieron una mención
en los actos administrativos demandados”.
Cuarto cargo. “Falsa motivación por asignarle a Pedro Alejandro
Martínez Gómez la calidad de gestor fiscal, con desconocimiento
de la ratio decidendi de la sentencia C- 840 del 9 de agosto de
2001 de la Corte Constitucional”
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Luego de hacer referencia a lo que dispone el artículo 1 de la Ley 610 de
2000 y lo que se considera como gestión fiscal, así como de citar apartes
de la sentencia C- 840 de 2001, indicó que, la Contraloría General de la
República desbordó su competencia y aplicó indebidamente las normas
que regulan la asignación de responsabilidad fiscal al adelantar en su
contra el proceso de responsabilidad fiscal e imponerle el pago de la suma
de $9.055.030.347, pese a que no le era atribuible la calidad de gestor
fiscal en relación con los hechos materia de investigación.
Aseveró que durante el período en que se desempeñó como
vicepresidente comercial de Fiduagraria S.A. se estructuró en dicha
dependencia un contrato de fiducia mercantil irrevocable de
administración y fuente de pago para ser suscrito entre la fiduciaria y
Green Mountain Consulting S.A. y que el negocio celebrado es de
frecuente uso en el sector fiduciario. Añadió que, en el curso del proceso
de responsabilidad fiscal el vicepresidente jurídico reconoció que el
esquema del contrato de fiducia y la oferta de cesión fue diseñado por la
vicepresidencia a su cargo, para ser comercializadora por la fiduciaria.
Expuso que “(...) al momento de la estructuración del negocio fiduciario,
única etapa que se surtió en la Vicepresidencia Comercial a cargo del
demandante, y al momento en que la presidente de FIDUAGRARIA
suscribió el contrato de fiducia con Green Mountain Consulting S. A., los
inversionistas beneficiarios eran personas indeterminadas. En ninguna
estipulación se consignó quienes serían dichos inversionistas, ni mucho
menos que éstos administraran recursos públicos”, razón por la que el
demandante no manejó recursos o fondos públicos, de manera que, no
se le podía asignar la calidad de gestor fiscal en relación con ningún
recurso público, ni en particular con el patrimonio del departamento del
Casanare.
Señaló que Fiduagraria hizo lo que le correspondía, y era exigir al
fideicomitente que pusiera en conocimiento de sus potenciales
inversionistas beneficiarios, tanto los términos del contrato de fiducia,
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como los del contrato con Coexminas S.A. dejando constancia de su
aceptación, lo que cumplió el fideicomitente como consta en la oferta de
cesión de derechos de beneficio suscrito con el departamento del
Casanare.
Añadió que la Contraloría incurrió en yerro al asumir la existencia de una
“relación próxima y necesaria” en los términos exigidos por la Corte
Constitucional y dicha relación entre la estructuración del contrato de
fiducia suscrito con Green Mountain Consulting S.A. y los contratos de
cesión de derechos suscritos entre éste y el departamento del Casanare,
lo que consideró implicó la errónea aplicación del artículo 3 de la Ley 610
de 2000, sin la cual no le hubiera sido posible surtir contra el hoy
demandante un proceso de responsabilidad fiscal y, afirmó que era un
hecho ostensible que “(…) la entidad para la que trabajó, Pedro Alejandro
Martínez Gómez jamás tuvo la titularidad jurídica para manejar fondos o
bienes del Estado, ni adscripción de gestión fiscal, ni menos aún poder
decisorio sobre ningún fondo público, ni en particular sobre recursos del
Departamento de Casanare”.
Insistió en que, jurídicamente los recursos que, con posterioridad a la
actuación del demandante ingresaron al patrimonio autónomo, no lo
hicieron bajo la titularidad del departamento de Casanare, sino de Green
Mountain Consulting S.A., como pago de los derechos de cesión de
beneficios que éste le hizo, en virtud de contrato en el que tan solo fueron
partes dicha consultora y el departamento.
Afirmó que suscrito el contrato de cesión de beneficio entre Green
Mountain Consulting S.A. y el departamento del Casanare, a Fiduagraria
tan solo le correspondía recibir y administrar los recursos
correspondientes como aporte de Green Mountain al patrimonio
autónomo verificando que los dineros no tuvieran origen en una operación
prohibida.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Relató que “(…) en síntesis, de acuerdo con los estipulaciones del contrato
de fiducia mercantil, que fue el único negocio jurídico suscrito por
FIDUAGRARIA, esta no solo no administró, ni tuvo la facultad de disponer
sobre recursos públicos, sino que tampoco adquirió obligaciones con el
Departamento de Casanare, distintas a las de registrarlo como
beneficiario del patrimonio autónomo, y, en tal calidad, atender el
compromiso de cancelar el valor de la readquisición de los derechos
cedidos por GREEN MOUNTAIN CONSULTING S. A., en caso de
incumplimiento de éste, siempre y cuando el fideicomitente hubiera
aportado los fondos requeridos, o hasta el monto que de acuerdo con los
fondos existentes fuera posible”.
También aseguró que “(…) consta en el expediente del proceso de
responsabilidad fiscal que la Oferta Comercial de Cesión de Derechos de
Beneficio con Pacto de Readquisición fue suscrita por el Director de
Tesorería del Departamento de Casanare el 16 de noviembre de 2006, es
decir, en fecha posterior a la actuación del demandante, y estando bajo
la responsabilidad de la Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios y no de
la Vicepresidencia Comercial”, motivos suficientes para la prosperidad de
las pretensiones.
Quinto cargo. “Indebida valoración fáctica, falsa motivación y
desconocimiento del principio de culpabilidad”
Que sustentó en que la Contraloría incurrió en indebida valoración fáctica
y en falsa motivación al atribuirle como vicepresidente comercial de
Fiduagraria unas obligaciones que no tenía.
Alegó que, para la época de los hechos investigados por la Contraloría, en
Fiduagraria existían y dependían de la presidencia, cuatro
vicepresidencias: la jurídica, la comercial, la de negocios fiduciarios y la
de negocios financieros, así como la gerencia administrativa y la de
planeación y gestión de riesgo, y adicionalmente, una oficina de control
interno.
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Sostuvo que, las competencias propias de cada dependencia se ejercían
con autonomía e independencia, siguiendo la reglamentación interna, y
procurando evitar conflictos y duplicidad de funciones. Y la
vicepresidencia comercial, a cargo del demandante, tenía asignadas las
funciones de -) Dirigir y coordinar la investigación de mercados de los
diferentes sectores económicos a fin de identificar oportunidades del
negocio; -) Dirigir, coordinar y promover la estructura de negocios
fiduciarios; -) Dirigir y coordinar la creación y promoción de nuevos
productos fiduciarios y -) Dirigir y controlar las labores de posventas, el
monitoreo y seguimiento de las relaciones con el cliente.
Indicó que la estructuración de negocios fiduciarios estaba debidamente
reglamentada y esquematizada en Fiduagraria mediante el documento del
“Sistema Gestión de Calidad” identificado con el código SGC-VCIA-MP-
001, versión 003, de fecha agosto 4 de 2006, Procedimiento;
“Estructuración y Entrega del Negocio”, en el que se establecieron las
actividades a realizar, con la indicación del responsable de cada una y que
culminada la etapa de estructuración del negocio fiduciario que conforme
a dicho proceso ocurría con la entrega del negocio a la vicepresidencia
ejecutora, en este caso, la de negocios fiduciarios, correspondía a ésta
todo el manejo operativo del negocio, por lo que no, podía la Contraloría
atribuirle al señor Martínez Gómez en condición de vicepresidente
comercial, “la realización de conductas que ni realizó, ni podía realizar,
por razón de sus atribuciones funcionales”.
Consideró que como lo establece la Ley 610 de 2000, el objeto de la
responsabilidad fiscal está relacionado exclusivamente con el detrimento
del patrimonio público, condición que no se cumple en la etapa de
estructuración de un negocio fiduciario que no prevé la vinculación de ese
tipo de recursos.
En este punto reiteró, que la vicepresidencia comercial hizo entrega del
negocio fiduciario a la vicepresidencia de negocios fiduciarios el 11 de
septiembre de 2008, y que la oferta de cesión de derechos de beneficio
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suscrita por el fideicomitente con el departamento de Casanare le fue
presentada a Fiduagraria el 20 de noviembre de 2008, fecha en la que
por primera vez se conoció la vinculación del ente territorial como
inversionista beneficiario.
Concluyó que “(…) al señor Pedro Alejandro Martínez Gómez se le halló
fiscalmente responsable, con los actos administrativos demandados,
sobre la base de atribuirle responsabilidades que no tenía, ni ejerció, en
tanto que funcionalmente correspondían a otras dependencias de la
Fiduciaria. Como consecuencia de ello, incurrió la entidad demandada en
indebida valoración fáctica, en falsa motivación, y en desconocimiento del
principio de culpabilidad, en tanto que, en virtud de éste, la culpa
necesaria para predicar responsabilidad tan solo se puede predicar del
sujeto que, con conductas activas u omisivas propias, ocasiona el daño
que se predica. Razones estas suficientes para deprecar la prosperidad de
la nulidad solicitada”.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL EN PRIMERA INSTANCIA
2.1. La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 20 de septiembre de 20132 y correspondió en reparto al
despacho del magistrado Oscar Armando Dimaté Cárdenas, quien, por
auto del 15 de octubre de 2013, la inadmitió, y concedió el amparo de
pobreza. Luego de subsanado lo solicitado, por auto del 5 de febrero de
2014 se admitió y se ordenó la notificación personal a la parte
demandada, así como al señor agente del Ministerio Público3.
2.2. Contestación de la demanda
Mediante escrito radicado en oportunidad, la Contraloría General de la
República, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Expuso que los actos constitutivos del fallo con responsabilidad fiscal
fueron expedidos con el lleno de los requisitos legales y se observaron
todas las etapas procesales, otorgándole a la parte actora los medios de
defensa y las garantías previstas en la normatividad que regula el proceso
de responsabilidad fiscal4.
Al referirse a cada uno de los cargos formulados indicó lo siguiente:
Respecto del cargo de prescripción. Argumentó que no acaeció el
fenómeno jurídico de la prescripción por cuanto al 8 de marzo de 2013,
antes de cumplirse los cinco años previstos en la ley, quedó ejecutoriada
la providencia que resolvió el recurso de apelación.
Consideró importante aclarar que al demandante se le dio respuesta al
derecho de petición del 12 de marzo de 2013 – aclaración o
complementación- por oficio del 13 de marzo del mismo año, por lo que lo
afirmado por el actor no tiene sustento alguno.
En relación con el segundo cargo. Afirmó que no puede pretender el
actor endilgar una irregularidad a la Contraloría por nombrarle apoderado
de oficio y notificarle el auto e imputación de responsabilidad fiscal.
Indicó que, el señor Martínez Gómez compareció al proceso y se le recibió
versión libre. Así mismo “(…) se le indicó desde ese momento si era su
deseo de ser asistido por un abogado, a lo que contestó negativamente.
Ahora bien, luego de esa diligencia se decretaron pruebas testimoniales y
documentales, pero el demandante no participó de ellas y era su derecho.
Viendo que el demandante se desentendió del proceso, la Contraloría le
designó apoderado de oficio aún antes de proferirse el auto de imputación
en aras de que contara con una defensa técnica adecuada”, y, así atender
lo indicado por la Corte Constitucional en la providencia T- 549 de 2010,
por lo que la actuación de la Contraloría fue garantista y, en ello, no se
vislumbra causal de nulidad.
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Ibídem.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Acerca del tercer cargo. Argumentó que el grado de consulta se surtió
acorde con lo establecido por el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 y, que
en este proceso, estaban reunidas las condiciones para ello, por lo que se
equivoca la parte actora al señalar que se desconoció el debido proceso y
se prejuzgó por decidirse seguidamente la apelación. Para el efecto, citó
lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 2013, que
refiere a la competencia del contralor para avocar conocimiento de un
proceso en grado de consulta.
Frente al cuarto cargo. Manifestó que “(…) para entender lo acaecido,
se hace necesario entender la verdadera naturaleza de la negociación
realizada, constituida por la celebración de unos negocios jurídicos
conexos que se entrelazaron y condujeron al detrimento del patrimonio
público cuyo resarcimiento se ordenó a través de los actos acusados”.
En relación con el contrato de fiducia irrevocable de administración y
fuente de pago entre la sociedad comercial Green Mountain Consulting
S.A. en calidad de fideicomitente y Fiduagraria, luego de referirse a su
objeto, y algunas de sus cláusulas, destacó que, dentro del acuerdo
fiduciario se identificó al inversionista beneficiario, posición que asumió el
departamento de Casanare como aquel sujeto que desembolsaba sus
recursos con destino al fideicomiso a través de oferta de contrato de cesión
de derechos de beneficio con pacto de readquisición, que no tenía la
condición de fideicomitente cesionario sino que simplemente sería
registrado como acreedor de la sociedad Green Mountain Consulting S.A.
y bajo éste título sus acreencias serían asumidas por el fideicomiso y solo
ante un eventual incumplimiento del acreedor principal que era el
fideicomitente siempre y cuando existieran activos suficientes en el
patrimonio autónomo para atender tal fin.
Acerca del contrato de oferta comercial de derechos de beneficio con pacto
de readquisición celebrado entre el departamento de Casanare y Green
Mountain Consulting S.A., señaló que dicha sociedad incumplió la
obligación de readquirir los derechos cedidos al departamento de Casanare
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y tampoco se logró que la fiduciaria reintegrara los recursos entregados
por éste al particular, pues el contrato de operación celebrado entre esa
sociedad y Coexminas S.A. no generó ningún tipo de ganancias que fueran
a alimentar el patrimonio autónomo.
Respecto del contrato de operación para la exploración y explotación
minera suscrito entre Green Mountain Consulting S.A. y Coexminas S.A.,
indicó que, la Contraloría en los actos acusados explicó la dinámica que se
surtió entre los contratos de fiducia y de oferta comercial de derechos de
beneficio con pacto de readquisición, concluyendo que en realidad la
operación que se realizó no correspondió a una verdadera cesión de
derechos, sino a un mutuo que se usó como un mecanismo de
financiamiento de proyectos de naturaleza particular a través de la
utilización de dineros correspondientes a excedentes de liquidez del
departamento del Casanare, operación que la entidad pública no podía
realizar con Green Mountain Consulting S.A. “y, que constituye, en
consecuencia, una violación de lo establecido en el parágrafo del artículo
1° del decreto 1049 de 2006”.
Para ilustrar la naturaleza y alcances de los negocios jurídicos celebrados
por la gobernación de Casanare, citó la sentencia del 13 de marzo de 2013
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para concluir que “(…)
dada la manera como se estructuró la negociación antes descrita, se
evidencia que: i) la Fiduciaria no se obligó a efectuar ningún tipo de control
sobre los bienes fideicomitidos, pues estos eran manejados, a su antojo,
por el fideicomitente, GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A.; ii) los
derechos del ente público eran realmente precarios, pues el cumplimiento
por parte del fideicomitente del pacto de recompra y, por ende, la
posibilidad de recuperar la inversión efectuada, dependía de la sola
voluntad de GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A., pues el ingreso de
recursos al patrimonio autónomo pendía del éxito del contrato de
explotación minera celebrado por la citada sociedad y COEXMINAS S.A; iii)
no existían unas verdaderas garantías para el inversionista beneficiario
(Departamento del Casanare), que invirtió sus recursos dentro del
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patrimonio autónomo creado en virtud del contrato de fiducia celebrado
entre FIDUAGRARIA y GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A., pues ante el
incumplimiento de éste, el único recurso que le quedaba al ente público
era lograr el traspaso del contrato de operación minera, lo cual
naturalmente no resultaba procedente dada la naturaleza de sus
cometidos constitucionales y legales, que repelen por completo la
realización de esta clase de actividades industriales y comerciales”.
Respecto del quinto cargo. Expuso que se adelantó el proceso de
responsabilidad fiscal en contra del hoy demandante por configurarse un
daño ostensible al patrimonio público y una vez verificado quiénes
intervinieron y participaron en el mismo. Concluyó que Fiduagraria había
tenido participación, no como gestora fiscal, pero sí colaboró de manera
determinante con la gestión fiscal desplegada por la gobernación de
Casanare, por la sencilla razón que si no se hubiera estructurado el
contrato de fiducia irrevocable de administración y fuente de pago,
celebrado entre Green Mountain Consulting S.A. en calidad de
fideicomitente y Fiduagraria S.A. como fiduciaria, la gobernación no
habría intervenido esos dineros a través del contrato de oferta de cesión
de derechos de beneficio con pacto de readquisición.
Agregó que dentro de las funciones que tenía la dependencia a cargo del
hoy demandante era quien al interior de la sociedad fiduciaria se
encargaba de desarrollar todo el andamiaje necesario para la ejecución
de los negocios de esa naturaleza, específicamente el diseño y
verificación.
Indicó que “(…) el marco funcional dentro del cual se generó la conducta
del convocante, lo obligaban a realizar un estudio de riesgos con el fin de
fundamentar sus actuaciones, de tal suerte que se regulara y estructurara
en debida forma el negocio fiduciario, así como sus proyecciones con la
Oferta de Cesión de Derechos de Beneficio con Pacto de Readquisición;
por el contrario el simple estudio de los datos comerciales del cliente, con
base en los cuales el funcionario desarrolló su labor, no son suficientes
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para una verdadera determinación de la factibilidad del negocio fiduciario,
labor cuya competencia correspondía a la Vicepresidencia Comercial.
Además, el demandante fue advertido y consultado por la doctora
LUCERO JIMÉNEZ como Vicepresidenta de Negocios Fiduciarios, sobre las
irregularidades del contrato fiduciario (…)”, todo lo cual lo hacía
responsable fiscalmente a título de culpa grave, toda vez que, no reparó
en que el negocio de cesión de derechos y el contrato de fiducia era
instrumentos para que Green Mountain Consulting S.A. recibiera recursos
públicos.
Propuso como excepción la de “ausencia de falsa motivación de los actos
administrativos demandados – legalidad de la actuación de la Contraloría
General de la República” y solicitó fueran negadas las pretensiones de la
demanda.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia del 29 de septiembre de 2016, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente5:
En relación con el cargo de prescripción de la responsabilidad
fiscal
Hizo referencia al trámite que surtió el proceso de responsabilidad fiscal
y a las normas aplicables en materia de prescripción, para señalar que,
en concordancia con los artículos 56 de la Ley 610 del 2000 y 67 del
CPACA, las providencias quedan ejecutoriadas cuando los recursos
interpuestos se hayan decidido y con la última actuación que ponga fin al
proceso. Que, en el caso, el fallo mediante el cual se resolvió el recurso
de apelación debía ser notificado mediante anotación en estado, como lo
establece el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 al interesado o a su
representante debidamente autorizado y para la contabilización del
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Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2013 02252 01. Expediente digitalizado.
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término de los cinco años establecidos para la prescripción de la acción
de responsabilidad fiscal, se debe incluir la notificación del último acto que
decidió definitivamente la actuación.
Citó el artículo 56 de la Ley 610 de 2000 para señalar que la
administración cuenta con el plazo de cinco años contados a partir del
auto de apertura de la investigación para proferir decisión de fondo,
resolver los recursos y notificar las respectivas decisiones.
Manifestó que, en el presente asunto, se emitió el auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal nro. 000188 el 11 de marzo de 2008 y,
el fallo se expidió el 22 de noviembre de 2012, confirmado en el fallo de
apelación nro. 0015 del 6 de marzo de 2013, decisión que fue notificada
mediante anotación en estado nro. 0039 del 8 de marzo de 2013.
Alegó que según se observó el señor Pedro Alejandro Martínez Gómez
mediante escrito radicado el 12 de marzo de 2013, solicitó aclaración y
adición del fallo de apelación nro. 0015, por el cual se terminó el proceso
de responsabilidad fiscal, solicitud que se resolvió mediante el oficio nro.
2013EE0018401 del 13 de marzo de 2013, y la contestación fue enviada
por correo certificado, y fue hasta el día 1 de abril de 2013 que se expidió
la constancia de entrega de la comunicación en respuesta a la solicitud de
aclaración y adición en contra del fallo de apelación nro. 0015 del 6 de
marzo de 2013 que resolvió definitivamente el trámite adelantado por la
Contraloría. En consecuencia, se tomó como fecha cierta para la
notificación de la última decisión el 1 de abril de 2013.
Mencionó que, se evidenciaba en los antecedentes administrativos que,
por medio de la Resolución reglamentaria nro. 0087 del 18 de marzo del
año 2009, el Contralor General ordenó la suspensión de términos dentro
de los procesos de responsabilidad fiscal, en consecuencia, no se tendrían
en cuenta los días 6, 7 y 8 de abril de 2009, reanudándose el 13 de abril
de ese mismo año. En el mismo sentido, por medio de la Resolución
reglamentaria nro. 0112 del 13 de septiembre del año 2010, el Contralor
General ordenó la suspensión de términos en los procesos de
responsabilidad fiscal, durante 13 días. De donde era posible concluir que,
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el término de prescripción inició con el auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal nro. 000188 el 11 de marzo de 2008 y concluyó con
la notificación de la última decisión adoptada dentro del proceso de
responsabilidad fiscal nro. 000153, el 1 de abril de 2013, en la que se le
remitió por correo certificado al señor Pedro Alejandro Martínez Gómez la
comunicación en respuesta a la solicitud de aclaración y adición en contra
del fallo de apelación.
Adujo que “(…) lo anterior en principio haría pensar que se encontraba
prescrito el proceso de responsabilidad fiscal adelantado, no obstante, se
advierte que los términos fueron suspendidos los días 6, 7 y 8 de abril del
año 2009, mediante la Resolución reglamentaria No. 0087 del 18 de
marzo del año 2009, y durante trece (13) días por medio de la Resolución
reglamentaria No. 0112 del 13 de septiembre del año 2010, en
consecuencia, el término de prescripción se trasladó al día 5 de abril del
año 2013”, de donde era claro que no estaba configurada la prescripción.
Segundo cargo. Violación de los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa
Recordó que el derecho a la defensa es un precepto de rango
constitucional fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, que incluye la defensa técnica, como lo señaló la Corte
Constitucional en la sentencia T- 549 de 2010.
Igualmente, hizo mención al contenido del artículo 42 de la Ley 610 de
2000 para indicar que bajo dicho contexto en los procesos de
responsabilidad fiscal se garantiza al implicado el ejercicio de su defensa
mediante la designación de un apoderado que lo asista y lo represente,
para lo cual también debe atenderse lo previsto por el artículo 43 ibidem.
Relató que, en este caso, el 14 de abril de 2008 se realizó la diligencia de
declaración juramentada del señor Pedro Alejandro Martínez; mediante
Auto nro. 000450 del 9 de septiembre de 2009 se ordenó su vinculación;
el 15 de octubre de 2009 se le recibió la diligencia de versión libre y
espontánea, y, por auto nro. 000343 del 21 de julio de 2010 se designó
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como apoderado de oficio del demandante al señor Carlos Alberto Osorio
Dussan, miembro del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria
de Colombia- Ideas, ya que en la diligencia de versión libre aquel
manifestó que aún cuando compareció a rendir versión libre y espontánea
carecía de apoderado que asumiera la defensa jurídica.
En consecuencia, mediante Auto nro. 000504 del 19 de agosto de 2010,
la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva profirió imputación de responsabilidad fiscal en contra del señor
Pedro Alejandro Martínez Gómez y, contrario a lo afirmado por el
demandante no le fue vulnerado el derecho al debido proceso y a la
defensa, por cuanto, se evidencia que, la Contraloría al hacer la
designación de un apoderado de oficio estaba garantizando que tuviera
una defensa técnica, como quiera que, en el momento de rendir versión
libre no designó a un apoderado de confianza que lo representara, por lo
que, el argumento del demandante no estaba llamado a prosperar.
Al respecto aseguró que “(…) la evaluación del desempeño del ejercicio
como apoderado de oficio del señor Carlos Alberto Osorio Dussan, como
miembro del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS, escapa a la competencia de la Contraloría General de la
República, para la sala es claro que no se vulneró el derecho al debido
proceso y a la defensa del señor Pedro Alejandro Martínez Gómez, dentro
del proceso de responsabilidad fiscal”.
Tercer cargo, violación del debido proceso por aplicación indebida
del artículo 18 de la Ley 610 de 2000, por haberse surtido
inoportunamente del grado de consulta e incurrir en
prejuzgamiento
Para resolver citó el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 y aseguró que,
dado que, en este asunto se le designó apoderado de oficio al señor Pedro
Alejandro Martínez Gómez, mediante Auto nro. 000434 del 21 de julio de
2010, así como a otros de los presuntos responsables fiscales, esto es, la
sociedad Green Mountain Consulting S.A., Whitman Herney Porras Pérez,
Compañía de Seguros La Previsora y el señor José Humberto Hernández
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Garavito, en el proceso de responsabilidad fiscal se presentó uno de los
eventos en los cuales, de conformidad con lo establecido por el artículo
18 de la Ley 610 del año 2000 se debía agotar el grado de consulta, ya
que, algunos de los responsabilizados estuvieron representados por
apoderados de oficio, entre los cuales se encontraba el señor Pedro
Alejandro Martínez Gómez.
Adujo que, contrario a lo afirmado por el demandante, no era necesario
hacerse la notificación del Fallo con responsabilidad fiscal nro. 000297 del
22 de noviembre de 2012, que lo declaró responsable de manera
solidaria, como quiera que la citada norma establece un término
perentorio para que sea tramitada la consulta, sin ninguna condición
adicional, de manera que, el grado de consulta tramitado por la
Contraloría y resuelto mediante el Fallo nro. 005 del 22 de enero de 2013,
en el cual confirmó la decisión frente a la responsabilidad fiscal asignada
al señor Pedro Alejandro Martínez Gómez había sido tramitado atendiendo
lo establecido por el artículo 18 de la Ley 610 del año 2000, por lo cual,
este motivo de censura tampoco estaba llamado a prosperar.
Cuarto y quinto cargos. Falsa motivación por asignarle a Pedro
Alejandro Martínez Gómez la calidad de gestor fiscal con
desconocimiento de la ratio decidendi de la sentencia c- 840 de
2001 de la Corte Constitucional e indebida valoración fáctica y
desconocimiento del principio de culpabilidad
Señaló que por economía procesal serían resueltos de manera conjunta
por cuanto los fundamentos eran similares. Luego de explicar en qué
consiste la falsa motivación, precisó que, en este caso, dicho cargo se
fundamentaba en una apreciación equivocada de las funciones y
competencia del señor Martínez Gómez.
Aseguró con base en el material probatorio obrante en el expediente y
luego de hacer referencia a los contratos que se suscribieron y a las
obligaciones allí consignadas, manifestó que compartía las
consideraciones de la Contraloría General de la República y para el efecto
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transcribió algunos apartes del fallo, para señalar que la función de
Fiduagraria era la de garante del cumplimiento de la obligación.
Analizó que, la garantía del cumplimiento de la obligación de readquisición
estaba supeditada al evento de que existieran recursos disponibles en el
fideicomiso, los cuales estuvieron a plena disposición del fideicomitente.
Que los bienes del fideicomiso estaban compuestos por: i) los ingresos
provenientes del contrato de prestación de servicios mineros celebrado
entre Green Mountain Consulting S.A., y la Compañía Colombiana de
Explotaciones Mineras S.A. - COEXMINAS y, ii) los recursos aportados por
los inversionistas y, que las falencias en la estructura del negocio estaban
en la garantía del cumplimiento de la obligación de readquisición, puesto
que los recursos del fideicomiso (la fuente de pago) estuvieron siempre a
disposición del fideicomitente - deudor (Green Mountain Consulting S.A.),
quedando entonces a su mera voluntad el mantener o consignar los
recursos suficientes para cumplir con la obligación de readquisición de los
derechos cedidos, es decir, de devolver la suma de dinero invertida por el
departamento de Casanare.
En cuanto al contrato de oferta de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición, indicó que no era una inversión jurídicamente
viable y, adicionalmente, presentaba graves riesgos para el departamento
del Casanare como inversionista puesto que, la estructuración del negocio
permitía que Green Mountain Consulting S.A. dispusiera de los recursos
sin garantía alguna de devolver el dinero y, que, Fiduagraria pretendió
salvar su responsabilidad como garante del incumplimiento de las
obligaciones a sabiendas de la deficiencia del contrato de cesión de
beneficios con pacto de recompra y los riesgos que representaba para los
inversionistas.
Consideró que teniendo en cuenta las deficiencias en la estructuración del
contrato de oferta de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición, la Contraloría General de la República declaró fiscalmente
responsable a varios funcionarios del departamento del Casanare, a la
sociedad Green Mountain Consulting S.A., al señor Pedro Alejandro
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Martínez en condición de vicepresidente comercial de Fiduagraria y a otros
funcionarios de la sociedad Fiduagraria.
Indicó que, del análisis de los actos administrativos que fueron expedidos
dentro del proceso de responsabilidad fiscal nro. 000153 se colegía que
se declaró fiscalmente responsable al señor Pedro Alejandro Martínez
Gómez con ocasión del incumplimiento de sus funciones como
Vicepresidente Comercial de Fiduagraria al estructurar un negocio
fiduciario en el cual no se adelantaron acciones necesarias para impedir
oportunamente que el contrato fuera utilizado como instrumento para la
realización de operaciones no permitidas directamente al Fideicomitente.
Aseguró que de la lectura de las funciones en cabeza de la vicepresidencia
comercial se concluía que eran tareas de estructuración y coordinación de
los contratos fiduciarios, esto es, funciones de negociación, definición,
elaboración, diseño, celebración y revisión de los negocios en general y
de los contratos fiduciarios en particular, así como el control del
seguimiento a dichos contratos.
Concluyó que, de los elementos probatorios incorporados al expediente
se vislumbraba la participación del señor Martínez Gómez en calidad de
vicepresidente comercial en la etapa previa de diseño de productos
fiduciarios, estructuración de los contratos y de negociación con la
sociedad Green Mountain Consulting S.A., etapa en la cual, se omitió la
elaboración de los estudios previos y la adopción de medidas de
administración de riesgos que permitiera la minimización de los costos y
daños causados por éstos, con el fin de preservar la eficacia, eficiencia y
efectividad de su gestión y capacidad operativa, así como salvaguardar
los recursos que administraba.
Destacó también que, se pudo evidenciar que el actor fue advertido y
consultado por la señora Lucero Jiménez como Vicepresidente de
Negocios Fiduciarios, sobre las irregularidades del contrato fiduciario,
ante lo cual, no se adoptaron las medidas correctivas de mitigación de los
riesgos a que fueron expuestos los beneficiarios inversionistas de la
fiducia entre los cuales se encontraba el departamento del Casanare, lo
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que evidenciaba la negligencia del funcionario responsable de la
estructuración del contrato y de la supervisión y control posventa del
negocio fiduciario.
Resaltó que, la obligación de cumplir el pacto de readquisición y
devolución de los dineros era exclusivamente del fideicomitente (sociedad
Green Mountain Consulting S.A.) y que según el contrato Fiduagraria solo
se pagaría a los inversionistas en el evento de que existieran recursos
disponible, de donde se concluía que, la vicepresidencia comercial sí tenía
concreta y expresamente las funciones de estructurar los negocios
fiduciarios, adicionalmente que la vicepresidencia de negocios alertó
sobre las falencias que la tipología contractual de fiducia mercantil como
fuente de pago representaba para los inversionistas, y concretamente por
el negocio, de donde se evidenciaba que no existió una falsa motivación
de los actos administrativos en ese sentido puesto que es claro que el
señor Pedro Alejandro Martínez Gómez participó en la estructuración de
negocio fiduciario.
En ese mismo sentido, con su omisión, permitió el ingreso de los recursos
provenientes del departamento de Casanare, dado que, el origen de los
recursos invertidos fue claro para Fiduagraria desde un comienzo, pues,
así se deducía del contrato de oferta de cesión de beneficios con pacto de
readquisición del 16 de noviembre del año 2006, suscrito por la sociedad
Green Mountain Consulting S.A. y aceptado por el departamento del
Casanare por valor de diez mil novecientos millones de pesos
($10.900'000.000), el cual fue allegado a Fiduagraria como administrador
del fideicomiso.
Precisó que, los recursos del departamento de Casanare provenían de
regalías y tenían una destinación específica como lo dispone el artículo 17
de la Ley 819, de donde era posible advertir que los actos acusados
estaban debidamente motivados, por lo que este reparo tampoco estaba
llamado a prosperar.
Por las razones anotadas negó las pretensiones de la demanda.
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IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, el apoderado de la parte actora
interpuso recurso de apelación y en sustento argumentó lo siguiente6:
Que contra los actos acusados se formularon cinco cargos, así: (i)
prescripción de la responsabilidad fiscal; (ii) violación de los derechos
fundamentales al debido proceso y de defensa; (iii) violación del debido
proceso por aplicación indebida del artículo 18 de la Ley 610 de 2000 al
surtirse inoportunamente el grado de consulta incurriendo en
prejuzgamiento; (iv) falsa motivación por asignarle al demandante la
calidad de gestor fiscal con desconocimiento de la ratio decidendi de la
sentencia C- 840 de 2001 e (v) indebida valoración fáctica, falsa
motivación y desconocimiento del principio de culpabilidad, y, en cada
caso las razones de inconformidad eran las siguientes:
(i) En relación con la prescripción, que en la sentencia se reconoció
que el término de prescripción inició con el auto de apertura del proceso
de responsabilidad fiscal; sin embargo, con el objeto de denegar la
prosperidad del cargo formulado el a quo sostuvo que dadas las fechas
en las que fueron suspendidos los términos no estaba configurado dicho
fenómeno.
Estimó que el tribunal erró en las consideraciones e incurrió “en
defectuosa calificación de motivos” por cuanto asumió que los términos
de suspensión del proceso también son de suspensión de la prescripción
y que éstos últimos son de orden legal, determinados por el legislador en
ejercicio de su potestad de configuración que si bien eventualmente puede
ser renunciable por la parte a la que favorece, o por razones subjetivas u
objetivas determinadas legalmente, de ninguna manera pueden ser
modificados por decisión unilateral del juzgador o de una de las partes,
como ocurre en este caso.
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Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2013 02252 01. Expediente digitalizado.
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Aseguró que la prescripción se configuró al término del proceso de
responsabilidad fiscal, sin que la decisión de segunda instancia hubiera
cobrado firmeza de conformidad con lo preceptuado por el inciso 2 del
artículo 302 del Código General del Proceso, fue explícitamente solicitada
en la demanda como primer concepto de violación y, por lo tanto, no se
trataba de una declaración oficiosa ni de la Contraloría, ni del fallador de
primera instancia.
(ii) En relación con la falta de notificación del auto de imputación
Citó el artículo 42 de la Ley 610 de 2000 y consideró que su contenido
implica que la designación de apoderado es facultativa del investigado;
no obstante, el órgano de control fiscal deberá designar apoderado de
oficio en los eventos que allí se señalan y, de acuerdo con ello, la
designación de apoderado de oficio no es una facultad de la que el
operador fiscal pueda hacer uso a su libre arbitrio, sino una facultad
reglada.
Alegó que “(…) en ausencia de los eventos que la ley prevé para la
designación de apoderado de oficio en un proceso de responsabilidad
fiscal, la Contraloría General de la República no solo no se encuentra
autorizada para hacer tal designación, sino que al hacerlo, incurre en
aplicación indebida del artículo 43 de la Ley 610 de 2000, y por contera
desconoce la facultad del implicado de comparecer directamente al
proceso y violenta el derecho de defensa del implicado, que es el llamado
a disponer de su defensa, en tanto que, como lo dispone la norma, con el
apoderado de oficio “se continuará el trámite del proceso”, lo que ocurrió
en el caso bajo análisis, con prescindencia absoluta del investigado”.
En este punto consideró que la primera instancia incurrió en los siguientes
defectos:
a. Desconoció que la única persona que puede disponer del derecho a la
defensa es el investigado, cuando éste ha comparecido al proceso y ha
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atendido oportunamente las citaciones que se le hicieron y, en el presente
caso, compareció a rendir su versión libre. Por lo tanto, no es el apoderado
de oficio, ni el operador fiscal, ni otra persona cualquiera, quien puede
sustituirlo en el ejercicio de su facultad dispositiva. Por lo tanto, no le
resultaba posible al juzgador de primera instancia atender la afirmación
que se le atribuye al apoderado de oficio, en cuanto manifestó que “aun
cuando compareció a rendir versión libre y espontánea carece de
apoderado que asuma su respectiva defensa jurídica dentro de las
presentes diligencias fiscales”.
b. Desconoció que en los procesos de responsabilidad fiscal la designación
de apoderado, cuando el investigado concurre a rendir versión libre, es
una facultad potestativa de éste. Tan cierto es ello, que en el artículo 42
de la Ley 610 de 2000 se utiliza la expresión “podrá designar un
apoderado que lo asista y represente durante el proceso, (...) sin que la
falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado”.
En el proceso de responsabilidad fiscal en el que se profirieron los actos
administrativos demandados, el señor Pedro Alejandro Martínez Gómez
rindió versión libre el día 15 de octubre de 2009, y en el acta respectiva,
consta: “Así mismo se le hace saber que si es su voluntad puede estar
asistido por un abogado que lo represente en esta diligencia o durante el
transcurso del proceso. A lo cual manifiesta que no”.
Por lo tanto, erró la primera instancia, en cuanto afirmó que, no le fue
vulnerado el derecho al debido proceso y a la defensa, bajo el sustento
que la Contraloría General de la República al hacer la designación de un
apoderado de oficio estaba garantizando que tuviera una defensa técnica,
como quiera el momento de rendir versión libre no designó a un
apoderado de confianza que lo representara y, contrario a lo que se afirma
en la providencia apelada, con la decisión de designarle al demandante
un apoderado de oficio no solo no se le garantizó "que tuviera una defensa
técnica dentro del proceso”, sino que se le vulneró el debido proceso y el
derecho a disponer de su defensa, que, como se encontraba acreditado
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
en el plenario, ninguna actividad de defensa desarrolló el apoderado de
oficio designado irregularmente por el operador fiscal.
c. Pese a encontrarse acreditado que la irregular designación del
apoderado de oficio (21 de julio de 2010) se hizo con posterioridad a la
fecha de versión libre (15 de octubre de 2009) y antes de la expedición
al Auto de Imputación (19 de agosto de 2010), en la providencia apelada
se le concede validez a la notificación que de dicho auto se le hizo al
apoderado de oficio, con lo que desatendió que dicha notificación debió
hacerse al investigado conforme lo dispone el artículo 49 de la Ley 610
de 2000, al establecer que dicho auto se le debe notificar personalmente
"a los presuntos responsables o a sus apoderados si los tuvieren”, y solo
en el caso que la providencia no se hubiere podido notificar personalmente
al implicado que no estuviere representado por apoderado, se le
designaría apoderado de oficio una vez surtida la notificación por edicto.
Agregó que, en el proceso de responsabilidad fiscal en el que se
profirieron los actos administrativos demandados, el actor declaró
expresamente que no era su voluntad estar asistido por un apoderado
que representara durante el proceso. Por lo tanto, era a él a quien debía
hacerse la notificación personal del auto de imputación y, por lo tanto al
omitirse notificar personalmente al investigado le cercenó su derecho a la
defensa, habida cuenta que el auto de imputación se trata del acto
administrativo del que verdaderamente hay que defenderse, clarificando
el investigado su conducta, y develando los errores e imprecisiones
fácticos y jurídicos en que pudo haber incurrido el operador fiscal, “con el
fin de sobreseerse de los cargos imputados”. De allí que el legislador haya
dispuesto que tal acto administrativo deba ser notificado personalmente
a los presuntos responsables o a sus apoderados “si los tuvieren”. Y sólo
en el caso de no ser posible la notificación al presunto responsable o a su
apoderado prevé la ley que dicha notificación se surta con apoderado de
oficio.
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d. Alegó que la primera instancia desconoció la falta absoluta de defensa
técnica, y con mayor razón, cuando dicha defensa ha sido decidida
irregular y unilateralmente por el propio operador fiscal, privando al
investigado de conocer la imputación que se le formuló y de ejercer su
derecho a defenderse sin necesidad de apoderado, lo que por sí mismo
constituye una causal de nulidad absoluta. Por lo tanto, a esa ausencia
absoluta de defensa técnica debió referirse la Sala, y no a la
responsabilidad que como estudiante podría asignársele al apoderado de
oficio.
(iii) En relación con la aplicación indebida del artículo 18 de la Ley 610 de
2000, por haberse surtido inoportunamente el grado de consulta
dispuesto en la norma, incurriendo adicionalmente en prejuzgamiento
Argumentó que erró el tribunal en las consideraciones expuestas, en tanto
que, si bien es cierto que en el proceso de responsabilidad fiscal procedía
el grado de consulta, dado que algunos de los investigados estuvieron
representados por apoderados de oficio, y que acorde con el artículo 18
de la Ley 610 de 2000 el funcionario que profiera la decisión debe remitir
el expediente dentro de los tres días siguientes, también lo es que, dicha
remisión, pese a que la norma no lo indique, debe hacerse una vez
ejecutoriada la providencia de primera instancia, es decir, una vez
surtidas las correspondientes notificaciones, pues de lo contrario
resultarían nugatorios los recursos que legalmente puede interponer el
apoderado de oficio, o aún el propio implicado, pues qué sentido tendría
interponer un recurso de reposición ante un funcionario que ya conoce los
razonamientos y la decisión de su superior jerárquico, y uno de apelación
ante un superior jerárquico que ya se ha pronunciado sobre la providencia
que se apela.
Insistió en que, el inicio del término, a partir de la ejecutoria de la
providencia, para contabilizar los tres días de que dispone el funcionario
que profiere la decisión de primera instancia, ha sido reconocido por la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto de
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
agosto 4 de 2003, proferido dentro del radicado nro. 1.497, que se cita
en la providencia apelada con transcripción incompleta de un aparte
sacado de contexto, en el que se omite indebidamente el párrafo
siguiente, en el que expresamente la Sala de Consulta, contrario a lo que
se aduce en la providencia conceptúa que la contabilización del término
para remitir el expediente para tramitar el grado de consulta “ha de
entenderse con posterioridad a la ejecutoria”.
Reiteró que, con la indebida aplicación del artículo 18 de la Ley 610 de
2000, en la providencia apelada se desatendió que con el trámite
inoportuno del grado de consulta se le vulneró al demandante el debido
proceso y el derecho a la defensa y, como se indicó en la demanda,
incurrió la Contralora General de la República en prejuzgamiento, toda
vez que con posterioridad a la decisión del grado de consulta resolvió los
recursos de apelación impetrados.
Así mismo, consideró que, inadvirtió la primera instancia que la Contralora
General, al resolver el grado de consulta, además de pronunciarse sobre
la totalidad de los investigados, inclusive, (indebidamente), sobre
aquellos que contaron con apoderado de confianza, omitió su deber de
garantizarle al señor Martínez Gómez sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa, que es precisamente el objeto del grado
de consulta en relación con los investigados que estuvieron asistidos por
apoderado de oficio.
(iv) Respecto de la falsa motivación por asignarle al señor Pedro Alejandro
Martínez Gómez la calidad de gestor fiscal, con desconocimiento de la
ratio decidendi de la sentencia C-840 del 9 de agosto de 2001 de la Corte
Constitucional, y la indebida valoración fáctica y desconocimiento del
principio de culpabilidad
Indicó que, frente a los argumentos expuestos por la primera instancia
para desestimar los cargos por indebida asignación de gestor fiscal al
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señor Martínez Gómez y por indebida valoración fáctica y desconocimiento
del principio de culpabilidad, tenía las siguientes objeciones:
Manifestó que, durante toda la etapa de estructuración del negocio
fiduciario, y al momento de la suscripción del correspondiente contrato,
el único cliente conocido, y sobre el que debían adelantarse todas las
indagaciones exigidas por la ley y por el manual interno de la Fiduciaria,
era la sociedad Green Mountain Consulting S.A., sociedad de derecho
privado, legalmente constituida e inscrita en la Cámara de Comercio de
Bogotá, sociedad sobre la que ni la Superintendencia Financiera, ni
Fiduagraria, ni la Contraloría General de la República, ni órgano alguno
de control alguno ha formulado hasta la fecha ningún reparo que permita
predicar, ni siquiera en grado de duda, que con dicho cliente no debió
celebrarse el contrato de fiducia mercantil de administración y fuente de
pago, que fue objeto del proceso de responsabilidad fiscal.
Afirmó que obra en los antecedentes administrativos el memorando de
fecha 27 de julio de 2009, suscrito por el Oficial de Cumplimiento de
Fiduagraria (cuya función es justamente la prevención y detección de
operaciones irregulares) en el que, para responder a un requerimiento de
la Contraloría por un caso de similares características extrajo cuáles eran
de acuerdo con la metodología establecida por Fiduagraria las
verificaciones exigidas en la etapa de estructuración del negocio
fiduciario.
Destacó cuáles eran las funciones de la vicepresidencia jurídica e indicó
que, según el procedimiento denominado “perfeccionamiento y entrega
del negocio” le correspondía a dicha vicepresidencia elaborar el borrador
del contrato con base en los parámetros definidos por la vicepresidencia
comercial y, que, acorde con ello, las estipulaciones jurídicas, como la
definición de ingresos no permitidos en un contrato fiduciario
correspondía establecerlas a la vicepresidencia jurídica en el texto del
contrato a suscribir.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Resaltó que, conforme lo manifestó el demandante en la versión libre
rendida en el proceso de responsabilidad fiscal, dicho tipo de negocios son
típicos y usualmente utilizados en la actividad fiduciaria, por lo que, el
negocio jurídico suscrito entre Green Mountain Consulting S.A. y
Fiduagraria no era un negocio exótico sino de común ocurrencia en el
medio financiero, por lo tanto “(…) tratándose de una modalidad
contractual de común ocurrencia en el medio financiero, como lo reconoce
la Superintendencia Financiera, no es posible, como lo hace la Sala de
Decisión de Primera instancia, y lo hizo el órgano de control fiscal, dar por
hecho que la oferta de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición es un contrato de mutuo”.
Luego de hacer alusión a las estipulaciones pactadas en el contrato
suscrito con Green Mountain Consulting S.A. alegó que en el contrato de
fiducia quedaron establecidas las responsabilidades tanto de la fiduciaria
como del fideicomitente y la obligación de éste de informar a los
inversionistas beneficiarios sobre dichas responsabilidades, así como la
obligación de exigir en cada caso, la declaración expresa de dichos
inversionistas sobre su pleno conocimiento del estado, tanto del contrato
de fiducia mercantil como del contrato fideicomitido y, que, de ninguna
de dichas estipulaciones es posible deducir, como erróneamente lo hace
la Sala de decisión que la fiduciaria se constituía en garante de la fiducia,
circunstancia por demás no permitida legalmente.
Aseveró que, tampoco le resultaba exigible al estructurador del negocio
fiduciario establecer un catálogo de estipulaciones en el que se detallaran
pormenorizadamente todas las prescripciones legales o reglamentarias
que prohibieran o limitaran las inversiones en ofertas de cesión de
derechos de beneficio o el listado de riesgos implícitos en este tipo de
operaciones y que no fue entonces por causal de una imprevisión en la
estructuración del contrato, es decir, en la etapa en la que participó la
vicepresidencia a cargo del demandante que se produjo el detrimento
cuestionado.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Adujo también que, las ofertas de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición con las que la sociedad fideicomitente pretendía
fondear su negocio de operación para la exploración y explotación de
esmeraldas podían ser suscritas por cualquier persona natural o jurídica,
lo cual implicaba la participación de inversionistas privados, en relación
con las cuales ninguna acción fiscal resultaba procedente. Por tanto, los
estudios y prescripciones que según el a quo debieron realizarse en la
etapa de estructuración, tan solo resultaban exigibles para potenciales
inversionistas públicos, lo que devendría en una exigencia exótica en
cualquier negocio financiero.
Señaló que, no obra en el expediente, ni obró en el de la actuación que
dio lugar a los actos administrativos demandados, prueba alguna, ni
siquiera indiciada, que indique que durante la etapa de estructuración del
fideicomiso suscrito con Green Mountain Consulting S.A., ni en momento
alguno previo a la entrega que de dicho negocio hizo la vicepresidencia
comercial a la vicepresidencia de negocios fiduciarios hubieran ingresado
recursos de inversionistas beneficiarios, ni mucho menos procedentes de
entidades estatales.
Consideró que era evidente “que por razón de la actividad funcional de
participar en la estructuración del negocio que dio lugar a la suscripción
del contrato de fiducia mercantil entre FIDUAGRARIA y GREEN MOUNTAIN
CONSULTING S. A., el demandante Pedro Alejandro Martínez Gómez,
contrario a lo que asume el a quo en la providencia apelada, nunca ejerció
ni pudo ejercer ningún tipo de gestión fiscal, ni por causa de la
estructuración de dicho negocio es posible predicar algún tipo de
contribución al detrimento que dio lugar a la expedición de los actos
administrativos demandados”.
Expuso que, la Corte Constitucional, en la ratio decidendi de la sentencia
C-840 del 9 de agosto de 2001 definió que es la titularidad jurídica para
manejar fondos o bienes del Estado de los que se predica un detrimento,
la que determina la procedencia de la apertura de un proceso de
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
responsabilidad fiscal, considerando así mismo que en los casos en que el
autor o partícipe del daño al patrimonio público carece del poder jurídico
para manejar los fondos o bienes afectados, no es posible reclamar el
resarcimiento del perjuicio por la vía del proceso de responsabilidad fiscal.
Y, que, por tal razón, incluso en la hipótesis en que por los hechos
investigados se estableciera la existencia de un detrimento patrimonial
del Estado, y la autoría o participación del demandante en dicho
detrimento, no era posible surtir en su contra un proceso de
responsabilidad fiscal ni, menos aún, declarar su responsabilidad fiscal.
Finalmente, de lo dicho se resalta que alegó que “(…) es un hecho cierto
que el demandante nunca tuvo la titularidad jurídica, y ni siquiera la
recepción o el manejo, de ningún recurso aportado al patrimonio
autónomo, de ninguna fuente. Los recursos aportados por cuenta de la
oferta de cesión de derechos suscrita por el Departamento de Casanare,
ingresaron a la fiducia en su etapa operativa, esto es, con posterioridad a
la actuación de la Vicepresidencia Comercial. De manera que, ni por razón
de la estructuración del negocio fiduciario, ni por razón del memorando
suscrito conjuntamente con el Vicepresidente Jurídico en el que se
consignó el criterio jurídico que se reprocha como fuente de
responsabilidad, era posible atribuirle el carácter de contribuyente a una
gestión fiscal irregular, como erradamente se considera en la providencia
apelada”.
El recurso fue concedido por auto del 24 de noviembre de 20167.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 2 de marzo de 20178.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
5.2. Por auto del 30 de julio de 2018 y en cumplimiento de la medida de
compensación aprobada por la Sala Plena del Consejo de Estado, el
despacho de conocimiento dispuso la remisión del proceso al despacho
del Consejero Oswaldo Giraldo López9.
5.3. Mediante proveído del 19 de noviembre de 2018 se avocó el
conocimiento del asunto y fue admitido el recurso de apelación10.
5.4. Por auto del 4 de marzo de 2019, atendiendo lo establecido en el
numeral 4 del artículo 247 del CPACA y por no considerarse necesaria la
celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
rendir concepto.
5.4.1. El apoderado de la parte actora, al descorrer el traslado, insistió
que, en el caso operó el fenómeno de la prescripción; no se le dio
oportunidad de ejercer personalmente al señor Martínez Gómez el
derecho de defensa pues la designación de apoderado de confianza es
potestativa y no tuvo defensa técnica; se surtió inoportunamente el grado
de consulta y que en los cargos formulados de falsa motivación y por
ausencia de culpabilidad se remitía a lo ampliamente expuesto en el
recurso de apelación11.
5.4.2. El apoderado de la Contraloría General de la República en concreto
señaló que no está debidamente probada la afirmación de la existencia
de causales de ilicitud o ilegalidad en los actos administrativos proferidos
en el caso. Insistió en que no se produjo la prescripción de la acción fiscal,
no se violó el debido proceso por la designación de apoderado de oficio,
tampoco fue indebidamente aplicado el artículo 18 de la Ley 610 de 2000,
se configuró de manera ostensible un daño al patrimonio público y
Fiduagraria colaboró de manera determinante en ello, y el actor en calidad
9
Ibídem.
10
Ibídem.
11
Ibídem.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
de vicepresidente comercial incidió en ello al permitir el ingreso ilegal de
los recursos públicos en un patrimonio autónomo constituido por un
particular y no impedir que el contrato de fiducia fuera utilizado como
instrumento para la realización de operaciones no permitidas
directamente al fideicomitente.
5.4.3. El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
5.5. El expediente ingresó para fallo el 22 de abril de 201912.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
atendiendo lo previsto por los artículos 150 del CPACA y 13 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201913, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10
de diciembre 2024 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. Los actos administrativos acusados
6.2.1. El fallo con responsabilidad fiscal nro. 000297 del 22 de noviembre
de 2012, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial nro. 2 de la
Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la
Contraloría General de la República, que dispuso14:
“[…] ART[Í]CULO PRIMERO. Fallar con responsabilidad fiscal solidaria
de conformidad con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en cuantía de
NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($9.055.030.347), en
contra de los señores WHITMAN HERNEY PORRAS P[É]REZ,
identificado con la cédula de ciudadanía N° (…), en calidad de Ex
Gobernador del Departamento de Casanare, JOSE HUMBERTO
HERN[Á]NDEZ GARAVITO, identificado con la cédula de ciudadanía N°
12
Ibidem.
13
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
14
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2013 02252 01. Archivo PDF “CUAD3CD1FOLIO599 (…)”.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
(…), en calidad de Ex Secretario de Hacienda del Departamento de
Casanare, V[Í]CTOR MANUEL ALFONSO S[Á]NCHEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía N° 4(…), en calidad de Ex Director Técnido
(sic) de Tesorería del Departamento de Casanare, LUCERO JIMÉNEZ
JIM[É]NEZ, identificada con la c[é]dula de ciudadanía N° (…), en calidad
de Ex Vicepresidente de Negocios Fiduciarios de FIDUAGRARIA S.A.,
MAR[Í]A FERNANDA ZÚÑIGA CHAUX, identificada con la cédula de
ciudadanía N° (…), en calidad de Ex Presidente de FIDUAGRARIA S.A.
CESAR AUGUSTO TORRES SUESCUN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. (…), en calidad de Ex Vicepresidente Jurídico y Secretario
General de FIDUAGRARIA S.A., PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ
GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. (…), en calidad de
Ex Vicepresidente Comercial de FIDUAGRARIA S.A., y la sociedad
GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A., identificado con NIT N° (…),
representada por el señor MARIO GLESSING identificado con (…),
quienes deberán responder solidariamente por el daño patrimonial
causado al erario público del Departamento de Casanare con ocasión de
los hechos que son objeto del proceso de responsabilidad fiscal bajo el
número de expediente CD 000153.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
6.2.2. El Fallo en grado de consulta nro. 005 del 23 de enero de 2013,
proferida por la Contralora General de la República “por medio del cual se
decide un Grado de Consulta del Fallo No. 000297 del 22 de noviembre
de 2012, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal CD 000153”. Dicho
fallo dispuso15:
“[…] ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el Artículo Primero del fallo
00297 de 22 de noviembre de 2012 de 2012 (sic), mediante el cual la
Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones
Especiales contra la Corrupción, declaró Fiscalmente Responsable
WHITMAN HERNEY PORRAS PEREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° (…), en calidad de Ex Gobernador del Departamento de
Casanare, JOSE HUMBERTO HERNANDEZ GARAVITO, identificado
con la cédula de ciudadanía N° (…), en calidad de Ex Secretario de
Hacienda del Departamento de Casanare, VICTOR MANUEL ALFONSO
SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4(…), en calidad
de Ex Director Técnido (sic) de Tesorería del Departamento de Casanare,
LUCERO JIMÉNEZ JIMENEZ, identificada con la cedula de ciudadanía
N° (…), en calidad de Ex Vicepresidente de Negocios Fiduciarios de
FIDUAGRARIA S.A., CESAR AUGUSTO TORRES SUESCUN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. (…), en calidad de Ex
Vicepresidente Jurídico y Secretario General de FIDUAGRARIA S.A.,
PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. (…), en calidad de Ex Vicepresidente Comercial de
FIDUAGRARIA S.A., y la sociedad GREEN MOUNTAIN CONSULTING
S.A., identificado con NIT N° (…), representada legalmente por el señor
MARIO GLESSING identificado con (…), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de este fallo.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
15
Ibidem.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
6.2.3. El auto nro. 193 del 27 de febrero de 2013, por el cual se resuelven
recursos de reposición contra el fallo nro. 000297 del 22 de noviembre de
2012 y se conceden unos recursos de apelación, proferido por el Contralor
Delegado Intersectorial nro. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales
Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, que
confirmó la anterior decisión y que dispuso lo siguiente16:
“[…] PRIMERO: Negar el recurso de reposición interpuesto por el señor
GERMAN RICARDO GALEANO SOTOMAYOR, como apoderado de la
sociedad LA PREVISORA S.A, el Doctor DIEGO CORREDOR
BELTRAN, en calidad de apoderado judicial de la señora LUCERO
JIMENEZ JIMENEZ, el Doctor PEDRO ALFONSO HERNÁNDEZ quien
obra como apoderado de CÉSAR AUGUSTO TORRES SUESCÚN, el
Doctor WHITMAN HERNEY PORRAS PEREZ, actuando en su propio
nombre y representación, el Doctor PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ
GOMEZ, igualmente actuando en su propio nombre y representación y
el Doctor ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ, identificado con
cédula de ciudadanía número (…), actuando como apoderado de oficio
de GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A. de acuerdo a las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente
proveído.
SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación presentado en subsidio del
de reposición por el señor GERMAN RICARDO GALEANO
SOTOMAYOR, identificado con la cédula No. (…) expedida en la ciudad
de Bogotá y portador de la tarjeta profesional No. (…) del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado de la sociedad LA
PREVISORA S.A, el Doctor DIEGO CORREDOR BELTRAN, identificado
con la C.C. No. (…) de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional de
Abogado No. (…) del C.S. de la J., en calidad de apoderado judicial de la
señora LUCERO JIMENEZ JIMENEZ, el Doctor PEDRO ALFONSO
HERNÁNDEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. (…) de Bogotá
D.C. y titular de la tarjeta profesional No. (…) del Consejo Superior de la
Judicatura quien obra como apoderado de CÉSAR AUGUSTO TORRES
SUESCÚN, el Doctor WHITMAN HERNEY PORRAS PEREZ, actuando
en su propio nombre y representación, el Doctor PEDRO ALEJANDRO
MARTINEZ GOMEZ, igualmente actuando en su propio nombre y
representación y el Doctor ERNESTO AVELINO RUIZ MARTINEZ,
identificado con cedula de ciudadanía número (…)., actuando como
apoderado de oficio de GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A., en
contra del Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 297 del 22 de noviembre
de 2012. Y disponer el envío del expediente al despacho de la Señora
Contralora General de la República
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
6.2.4. El Fallo emitido el 6 de marzo de 2013 por la Contralora General
de la República, que en lo pertinente dispuso17:
16
Ibidem.
17
Ibidem.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
“[…] ARTICULO PRIMERO: Confirmar parcialmente el Artículo Primero
del Fallo con Responsabilidad 00297 de fecha 22 de noviembre de 2012,
en cuanto a los señores LUCERO JIMÉNEZ JIMENEZ, identificada con
la cedula de ciudadanía N° (…), en calidad de Ex Vicepresidente de
Negocios Fiduciarios de FIDUAGRARIA S.A., PEDRO ALEJANDRO
MARTÍNEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. (…) ,
en calidad de Ex Vicepresidente Comercial de FIDUAGRARIA S.A.,
WHITMAN HERNEY PORRAS PEREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° (…) en su calidad de Gobernador del Departamento del
Casanare para el Momento de los hechos y GREEN MOUNTAIN
CONSULTING S.A., NIT N° (…), representada legalmente por MARIO
GLESSING identificado con Pasaporte (…), en su calidad de
Fideicomitente del patrimonio Autónomo.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
6.3. Lo probado en el proceso
6.3.1. El cargo desempeñado por el demandante en Fiduagraria
S.A. y sus funciones
Acorde con la certificación expedida el 13 de agosto de 2009 con destino
a la Contraloría General de la República, consta que el señor Pedro
Alejandro Martínez Gómez se desempeñó como vicepresidente comercial
de Fiduagraria S.A. en el período comprendido entre el 4 de noviembre
de 2003 hasta el 6 de febrero de 200818.
Así mismo, se aportó el manual de funciones vigente para la época, en
que se especifica que el vicepresidente Comercial de Fiduagraria S.A.
tenía las siguientes19:
“[…] Funciones principales
-Dirigir y coordinar la investigación de mercados de los diferentes
sectores económicos.
• Dirigir, coordinar y promover la estructuración de negocios fiduciarios.
• Dirigir, supervisar y controlar las labores de postventa, el monitoreo y
seguimiento de las relaciones con el cliente.
-Dirigir y coordinar la creación y promoción de nuevos productos
fiduciarios.
• Controlar el manejo de la imagen corporativa de la fiduciaria.
[…]”.
18
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 15 Folio
2801 a 3001 (…)”
19
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 8 Folio
1401 a 1600 (…)”
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6.3.2. La estructuración del negocio
Está acreditado en los antecedentes administrativos que la
vicepresidencia comercial de Fiduagraria S.A., a cargo del señor Pedro
Alejandro Martínez, estructuró e hizo entrega en la fecha del 4 de agosto
de 2006 del siguiente negocio a la vicepresidencia de negocios fiduciarios
de la misma entidad20:
“[…] 1. ASPECTOS GENERALES
Responsable Vicepresidente Comercial
Introducción Descripción de los pasos que se realizan para
obtener, diseñar, costear y verificar la
viabilidad de un negocio y descripción de los
pasos que se realizan para concretar los
detalles del negocio una vez el cliente ha
tomado la decisión.
Objetivo Asegurar la estructuración y presentación
eficiente de los negocios acorde a las políticas
de la fiduciaria y propender con el
cumplimiento de los requisitos establecidos
para la efectiva entrega del negocio,
estableciendo los mecanismos y controles
para el comienzo de la operación del mismo
por parte de la Vicepresidencia ejecutora.
Alcance Este proceso agrupa las actividades existentes
desde el momento que se detecta la
posibilidad del negocio hasta la entrega del
mismo al área ejecutora.
(…)
2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
No. RESPONSABLES ACTIVIDADES REGISTROS
1 Direcciones Buscar la oportunidad Plan Estratégico
Comerciales de negocio. Para tal fin Aprobado
desarrollará el plan
estratégico definido por
la compañía hacia sus
nichos de mercado
2 Contacta al cliente. Este Acta de Comité
contacto puede ser en el cual se
telefónico personal o presentó el
por intercambio de e- negocio de
mail. En el caso de licitaciones o
licitaciones o invitaciones los
invitaciones públicas el términos de
contacto no es directo referencia del
dado que las proceso.
20
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 18 Folio
3401 a 3600 (…)”
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
condiciones las coloca el
cliente en su
requerimiento en los
términos de referencia
que están publicados en
la internet
3 Analiza la información E-mail o correo
existente y se realiza si interno con las
es necesario consultas consultas
con las áreas internas respectivas (Si
relacionadas aplica)
4 En el caso que la Carta o e-mail
información inicial sea enviado al
insuficiente, redacta y cliente (Si
envía un requerimiento aplica)
al cliente de solicitud de
información adicional
5 Recibe la información Respuesta a la
asegurándose de que solicitud
tiene los datos
remitida por el
necesarios para
cliente (si hubo
estructurar el negocio dicho
requerimiento)
6 Analiza la información Ficha de
asegurándose de que negocio
tiene los datos
necesarios para
estructurar el negocio
7 Estructura la propuesta No aplica
de servicios que
contiene las actividades
que va a realizar la
fiduciaria
8 Efectúa el costeo Hoja de
proyectado para la resultado de
administración del costos
negocio
9. Vicepresidencia Establece el valor de la Acta de Comité
Comercial o comisión a cobrar Comercial
Representante
Legal
10 Vicepresidencia Define de acuerdo al Propuesta
Comercial cliente el medio de (remisión
presentación de la escrita o e-
propuesta. El medio mail)
puede ser escrito
11 Vicepresidencia o Formaliza la propuesta Propuesta
Representante
Legal
12 Direcciones Remite al cliente la Propuesta
comerciales propuesta
13 Direcciones Contacta al cliente para No aplica
comerciales establecer sus
impresiones de la
propuesta
14 Realiza seguimiento No aplica
periódico
15 Cliente Acepta la propuesta Carta o
notificación de
aceptación (Por
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escrito o e-
mail) En caso
de licitaciones
se refiere al
acta de
adjudicación.
16 Direcciones Solicita la minuta del Memorando o
Comerciales contrato al área jurídica e-mail de
anexando la solicitud del
información pertinente borrador del
una vez el cliente contrato (puede
acepta la oferta. Puede ser e-mail)
ser vía e-mail.
17 Vicepresidencia Elabora minuta del No aplica
jurídica contrato con base en los
parámetros definidos
por la Vicepresidencia
Comercial. En caso de
licitaciones o invitación
el modelo ya está
diseñado en los
términos de referencia
18 Direcciones En el caso de la Fiducia Pagaré y carta
Comerciales Privada hace al cliente de instrucciones
diligenciar el pagaré y la o justificación
carta de instrucciones de su trámite
de las comisiones. En
caso del pago
anticipado de
comisiones, deja
documentado el hecho
19 Direcciones Revisa minuta de Carta o e-mail
Comerciales contrato y lo envía al de remisión (si
cliente. En caso de que aplica)
el cliente concurra a la
Fiduciaria lo revisa con
él.
(…)
3. CONTROLES Y SEGUIMIENTOS AL PROCESO
Puntos de Cumplimiento de los términos de referencia y
control requerimiento del cliente
Costeo de acuerdo a los parámetros
Seguimiento de negocio con Cliente
Verificación del contrato de acuerdo con los
términos de elaboración
Requisitos por Términos de suscripción del Contrato
Cumplir
Indicador de Efectividad en la consecución de negocios:
gestión
(…)
Riesgo del Incumplimiento en (ilegible) términos en la
proceso proyección y presentación de la propuesta.
(…)
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Estructuración de negocios con rentabilidad
inferior a la establecida en las políticas de la
Fiduciaria -
(…)
3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO
(…)
CARGO NOMBRE FECHA FIRMA
Documento Jefe de Calidad Jorge (…) (…)
Miguel
Díaz
Triviño
Reviso Director Luis Felipe (…) (…)
Comercial Díaz
Martínez
Aprobó Vicepresidente Pedro (…) (…)
Comercial Alejandro
Martínez
Gómez
[…] (Negrillas, subrayas y mayúsculas del original)
Así mismo, consta la entrega del documento “estructuración y Entrega del
negocio”21, con radicación interna nro. SGC VCIA-MP-001 Versión 003 del
4 de agosto de 2006 por parte de la vicepresidencia comercial de
Fiduagraria S.A. a la vicepresidencia de negocios fiduciarios para su
respectiva ejecución, aprobado, entre otros, por el señor Martínez Gómez,
así:
6.3.3. El contrato de fiducia mercantil
El 6 de septiembre de 2006 se celebró el contrato de fiducia mercantil
entre los representantes legales de las sociedades Fiduagraria S.A. y
21
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 18 Folio
3401 a 3600 (…)”
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Green Mountain Consulting S.A., en el que se consignó lo siguiente frente
a la naturaleza, objeto y obligaciones de la fiduciaria y del
fideicomitente22:
“[…] PRIMERA. - NATURALEZA DEL CONTRATO: Mediante el
presente documento se celebra el Contrato de Fiducia Mercantil
irrevocable de Administración y Fuente de Pago.
(…)
SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato
es la constitución de un patrimonio autónomo que servirá de fuente de
pago de las obligaciones que adquiera el FIDEICOMITENTE con los
INVERSIONISTAS BENEFICIARIOS por concepto de las ofertas de cesión
de derechos de beneficio con pacto de readquisición del contrato de
operación para la exploración y explotación de esmeraldas, celebrado
entre la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES MINERAS S.A. –
COEXMINAS S.A. y el FIDEICOMITENTE, ante el evento de
incumplimiento en la obligación de readquisición, para lo cual este último
transfiere a la Fiduciaria los bienes descritos en la cláusula tercera:
PARÁGRAFO PRIMERO. - El patrimonio autónomo que se constituye
con este contrato servirá de fuente de pago de las obligaciones a cargo
del FIDEICOMITENTE hasta por el monto de los activos que reciba el
fideicomiso y que se encuentren registrados como tales en la
contabilidad del negocio fiduciario al momento de hacerse exigibles tales
obligaciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - Las obligaciones adquiridas por el
FIDEICOMITENTE con los Inversionistas Beneficiarios están señaladas en
cada una de las ofertas de cesión con pacto de readquisición emitidas
por el FIDEICOMITENTE. Dichas ofertas, para afectos de la vinculación
al FIDEICOMISO en calidad de Inversionista Beneficiario, deberán
contener y cumplir por lo menos las siguientes declaraciones y requisitos
para ser oponibles al fideicomiso:
A. Que el Inversionista Beneficiario declare expresamente conocer el
contrato de operación celebrado entre el FIDEICOMITENTE y
COEXMINAS S.A.
B. Que el Inversionista Beneficiario declare expresamente conocer y
aceptar los términos del presente contrato de Fiducia.
C. Que el Inversionista Beneficiario declare conocer y aceptar el estado
del FIDEICOMISO y de los bienes fideicomitidos.
D. Que el Inversionista beneficiario declare que conoce y acepta que ni
la FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO del cual es vocera, son
responsables por el cumplimiento del contrato de operación, así como
tampoco subrogan al FIDEICOMITENTE en el cumplimiento de su
obligación de cumplir con la oferta de cesión con pacto de
readquisición.
E. Que conocen y aceptan que no es función de la FIDUCIARIA, de
conformidad con lo establecido en el presente contrato de fiducia,
verificar el destino de las sumas que sean entregadas al
FIDEICOMITENTE en desarrollo de las instrucciones de giro por él
impartidas.
22
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 12 Folio
2201 a 2400 (…)”
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F. Que aceptan y conocen que EL FIDEICOMITENTE es el único obligado
por la oferta enviada por él a COEXMINAS S.A., por lo tanto, ni la
FIDUCIARIA ni el FIDEICOMISO que se constituye por el presente
documento son responsables del cumplimiento de las obligaciones del
FIDEICOMITENTE con COEXMINAS S.A., ni con los Inversionistas
Beneficiarios, ni se configura, ni existe solidaridad de ningún tipo en
la ejecución de las obligaciones contraídas en el contrato de
operación, ni en las que contraiga EL FIDEICOMITENTE mediante los
contratos de oferta de cesión con pacto de readquisición. Por lo
anterior, será el FIDEICOMITENTE el único y exclusivo responsable
ante los Inversionistas Beneficiarios, el FIDEICOMISO y la
FIDUCIARIA por la prestación del servicio de que trata el contrato de
operación, así como por la existencia y el cumplimiento en los pagos
a los Inversionistas Beneficiarios.
G. Que en caso de incumplimiento de la obligación de readquisición de
los derechos cedidos por parte del FIDEICOMITENTE, la FIDUCIARIA
gestionará el pago pactado en la oferta respectiva siempre que
existan bienes suficientes para el efecto en el fidecomiso.
Las anteriores consideraciones y declaraciones se entenderán aceptadas
por el inversionista beneficiario con la firma de la oferta efectuada por
EL FIDEICOMITENTE y la entrega de los recursos respectivos al
Fideicomiso.
PARÁGRAFO TERCERO. - Las partes aceptan y entienden, que la oferta
de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición no
configura ni conlleva que los Inversionistas Beneficiarios adquieran la
calidad de Fideicomitentes Cesionarios. Dicha operación, sólo trae como
consecuencia que tales Inversionistas Beneficiarios se registren en el
patrimonio autónomo como beneficiarios del FIDEICOMITENTE, a
quienes en el evento de existir recursos disponibles en el Fideicomiso y
ante un eventual incumplimiento de la obligación de readquisición por
parte del Fideicomitente, se les pagara el monto pactado en la oferta de
cesión.
Para estos efectos y con el propósito de evitar que el negocio fiduciario
sea utilizado como medio para la realización de operaciones prohibidas,
la FIDUCIARIA previo al registro enunciado, verificará la documentación
de cada Inversionista Beneficiario, así como la procedencia de los
recursos entregados al fideicomiso.
PARÁGRAFO CUARTO. - FINALIDAD; Con la suscripción del presente
contrato se pretende, además del cumplimiento de su objeto, lo
siguiente:
a) Que la FIDUCIARIA reciba los recursos provenientes de los
Inversionistas Beneficiarios por concepto de la cesión de derechos de
beneficio formalizada en las ofertas de cesión con pacto de
readquisición, las cuales forman parte integral del presente contrato,
con el fin de que sean destinados por EL FIDEICOMITENTE para
desarrollar exclusivamente las actividades estipuladas en el contrato
de operación. Se aclara que los a los que se refiere el presente
numeral ingresarán al fideicomiso por cuenta y como aporte de EL
FIDEICOMITENTE, y serán entregados por la FIDUCIARIA a éste para
el desarrollo de las actividades previstas en el contrato de operación,
dentro de los tres (3) días siguientes contados a partir del recibo de
la instrucción de giro suscrita por el Representante Legal del
FIDEICOMITENTE, sin que sea responsabilidad de la FIDUCIARIA la
constatación o análisis del destino final de las sumas así entregadas.
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b) Que LA FIDUCIARIA administre los bienes fideicomitidos, con el
objeto de que sirvan de fuente de pago de las obligaciones contraídas
por EL FIDEICOMITENTE a favor de los Inversionistas Beneficiarios.
c) Que la FIDUCIARIA realice las restituciones de aportes que EL
FIDEICOMITENTE determine, destinados al desarrollo de las
actividades previstas en el CONTRATO. Si hubiere excedentes
después de efectuados los pagos y/o giros a los Inversionistas
Beneficiarios de que trata el presente contrato, la FIDUCIARIA deberá
entregarlos al FIDEICOMITENTE previa deducción de las comisiones
fiduciarias, y demás descuentos de ley.
(…)
QUINTA. OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: Además de las
obligaciones establecidas en la Ley, la FIDUCIARIA se obliga a:
1) Recibir y administrar los recursos objeto del presente contrato y
constituir con ellos un patrimonio autónomo denominado
“FIDEICOMISO GREEN MOUNTAIN CONSULTING”, recursos que
serán recaudados en la cuenta bancaria que para el efecto sea
indicada por la FIDUCIARIA a los clientes del FIDEICOMITENTE.
2) Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la
consecución de la finalidad del presente negocio fiduciario.
3) Atender con los recursos entregados por el FIDEICOMITENTE hasta
cuarenta (40) pagos mensuales a los terceros que éste indique, a
través de sistemas electrónicos de pagos, para lo cual la FIDUCIARIA
hará las retenciones y deducciones del caso.
En ejecución de esta obligación, la FIDUCIARIA seguirá las
instrucciones del FIDEICOMITENTE de conformidad con lo establecido
en este contrato, en la cuantía, oportunidad y lugar que éste le
indique, obteniendo del Beneficiario de los pagos, los recibos y/o
soportes de pago correspondientes, siempre y cuando existan los
recursos suficientes para el efecto en el fideicomiso.
4) Mantener los recursos que administra en virtud del presente contrato
separados de sus activos y de otros negocios fiduciarios
5) Expedir dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la fecha
en que el Inversionista Beneficiario desembolse los recursos en el
fideicomiso por concepto de la aceptación de la oferta de cesión, un
certificado en el que conste el monto de los activos aportados al
patrimonio autónomo por el FIDEICOMITENTE a esa fecha.
6) Rendir cuentas comprobadas de su gestión al FIDEICOMITENTE cada
seis (6) meses.
7) Entregar al FIDEICOMITENTE un informe mensual detallando la
gestión fiduciaria adelantada, en el que se hará referencia a los
ingresos y egresos del fideicomiso, dentro de los primeros diez (10)
días hábiles del mes correspondiente.
8) Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga
fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones
o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el presente
contrato, cuando así lo exijan las circunstancias. En el evento de que
la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad, quedarán en suspenso las
obligaciones relacionadas con el aspecto consultado hasta tanto se
profiera la correspondiente respuesta, sin que por ello pueda
predicarse incumplimiento de la FIDUCIARIA en la ejecución de las
mismas.
9) Transferir al Inversionista Beneficiario los bienes fideicomitidos en la
proporción que corresponda, cuando se presente el incumplimiento
de recompra mencionado.
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10) Restituir al FIDEICOMITENTE los recursos correspondientes a
remanentes, una vez el Inversionista Beneficiario le haya entregado
a la FIDUCIARIA un paz y salvo por las obligaciones atendidas por el
FIDEICOMITENTE. Esta obligación también nace para la FIDUCIARIA
en la etapa de liquidación del fideicomiso y con posterioridad a que el
Inversionista Beneficiario le haya entregado un paz y salvo que
acredite que no existen obligaciones pendientes a cargo del
FIDEICOMITENTE y a favor de los Inversionistas Beneficiarios.
11) Informar a los Inversionistas Beneficiarios el alcance y finalidad del
presente contrato fiduciario.
12) Exigir al FIDEICOMITENTE los documentos necesarios para el
desarrollo del presente contrato de fiducia.
13) Llevar la contabilidad separada y discriminada de los otros negocios
fiduciarios, de tal manera que el FIDEICOMITENTE pueda verificar en
cualquier momento la correcta ejecución del contrato.
14) Asumir la defensa de los bienes fideicomitidos en virtud del
presente contrato.
15) Las demás obligaciones contenidas en el artículo 1234 del Código
de Comercio y las que le correspondan de conformidad con lo previsto
en el presente contrato.
SEXTA. - OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: En ejecución del
presente contrato, son obligaciones del FIDEICOMITENTE:
1) Transferir a la FIDUCIARIA mediante la firma del presente contrato,
los derechos económicos que se deriven del contrato de operación
para la exploración y explotación de esmeraldas celebrado por el
FIDEICOMITENTE con COEXMINAS S.A.
2) Velar e instruir a quien corresponda para que la totalidad de los
recursos ingresados al patrimonio autónomo para que la FIDUCIARIA
los destine al pago de las obligaciones a favor de los Inversionistas
Beneficiarios.
3) Cumplir con la obligación de readquirir los derechos de beneficio
relacionados con las obligaciones contraídas con los inversionistas
Beneficiarios, en los términos y condiciones fijadas en cada oferta que
suscriba con terceros.
4) Informar y enviar a la FIDUCIARIA copia de las ofertas de cesión de
derechos que celebre sobre el contrato de operación, con los
Inversionistas Beneficiarios.
5) Informar a la FIDUCIARIA sobre el cumplimiento de las ofertas de
cesión, así como las modificaciones, prórrogas, pagos parciales o
cualquier otro acto o hecho que recaiga sobre ellas.
6) Aprobar o improbar los informes que le presente la FIDUCIARIA
dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de
la fecha de su presentación.
7) Certificar mensualmente mediante escrito suscrito por el
Representante Legal y Revisor Fiscal el monto de los recursos
obtenidos en la ejecución del contrato de operación suscrito con
COEXMINAS S.A., que transfiere al fideicomiso que se constituye.
8) Impartir instrucciones a la FIDUCIARIA para que ésta realice los
pagos y/o los giros con cargo en los recursos del fideicomiso, cuando
a ello haya lugar.
9) Certificar a la FIDUCIARIA mediante documento suscrito por su
representante legal y revisor fiscal, en el que conste que sobre los
bienes fideicomitidos, es decir los recursos a ser recaudados, no
existe ningún gravamen o limitación al dominio y que los mismos no
han sido cedidos, enajenados o transferidos a cualquier título por acto
anterior.
10) Realizar todas las gestiones necesarias para garantizar que los
recaudos que realice la FIDUCIARIA por todo concepto, sean
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suficientes para atender la comisión fiduciaria derivada de este
contrato y las obligaciones a cargo del FIDEICOMITENTE frente a los
Inversionistas Beneficiarios. La FIDUCIARIA sólo realizará pagos a los
precitados acreedores en la medida en que existan recursos
suficientes para el efecto en el fideicomiso, acorde con los recaudos
realizados. Todo sin perjuicio de que sea el FIDEICOMITENTE como
deudor obligado a pagar sus obligaciones, el responsable de atender
directamente dichos pagos cuando no existan recursos suficientes en
el fideicomiso para el efecto.
11) Pagar a la FIDUCIARIA la comisión a que tiene derecho por su
gestión, así como atender todos los gastos y costos a que haya lugar
en desarrollo del presente contrato, por concepto de la defensa de los
bienes fideicomitidos y de los recursos administrados.
12) Mantener, en el patrimonio autónomo las sumas correspondientes
a impuestos y demás obligaciones inherentes al patrimonio
autónomo, para que la FIDUCIARIA pueda cumplir con los pagos
exigidos.
13) Informar a la FIDUCIARIA cualquier incumplimiento con entidades
financieras o cualquier demanda civil y/o ordinaria que este
instaurada en su contra, así como informar cualquier hecho que
afecte los bienes afectos al fideicomiso o el desarrollo del contrato de
fiducia mercantil.
14) Suministrar y actualizar la información que sobre el
FIDEICOMITENTE requerida por la FIDUCIARIA, para dar estricto
cumplimiento a las Circulares Externas de la Superintendencia
Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera de Colombia)
relacionadas con el Sistema de Información para la Prevención del
Lavado de Activos (SIPLA) y demás requisitos para la vinculación de
clientes a través de los diferentes negocios fiduciarios, así como las
demás circulares que las sustituyan, modifiquen o adicionen.
15) Informar a la FIDUCIARIA sobre cualquier cambio material o legal
adverso en la situación financiera o de otra índole del
FIDEICOMITENTE que pueda afectar al patrimonio autónomo.
[…]”. (Negrillas, subrayas y mayúsculas originales)
6.3.4. La oferta de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición
Está acreditado que el 16 de noviembre de 2006 se firmó la oferta
comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición
por parte del representante legal de la sociedad Green Mountain
Consulting S.A. y el jefe de tesorería del departamento de Casanare, de
la que se destaca23:
“[…] 1.- OBJETO DE LA OFERTA DE CESIÓN: Por medio de la
presente Oferta Mercantil, EL OFERENTE ofrece ceder a favor del
INVERSIONISTA BENEFICIARIO, los DERECHOS DE BENEFICIO
que éste tiene en el FIDEICOMISO cuyos activos están representados
23
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 12 Folio
2201 a 2400 (…)”
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en derechos económicos derivados del contrato de la oferta mercantil de
fecha 13 de noviembre de 2006 (en adelante el contrato), hasta por el
valor señalado en el numeral 4) de este documento. Así mismo, el
oferente ofrece readquirir los derechos de beneficio cedidos, en la fecha
prevista en el numeral 4) del presente documento, en los términos y
condiciones que más adelante se describen. Económicos cedidas a la
FIDUCIARIA.
2.- PRECIO DE LA OFERTA DE CESIÓN: el precio de la oferta
contenida en el presente documentos es de DIEZ MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE ($10.000.000.000.00).
3- Aceptación de la Oferta. Para aceptar la presente oferta el
INVERSIONISTA BENEFICIARIO deberá consignar a nombre del
FIDUAGRARIA FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTÓNOMO GREEN
MOUNTAIN CONSULTING S. A. Cuenta de Ahorros Banco de Occidente
No. (…) con Nit (…) correspondiente P. A. FIDUAGRARIA Emitido por
la DIAN a Favor de FIDUAGRARIA S. A. el precio de la cesión señalado
en el numeral 2) de esta oferta, previa instrucción escrita impartida por
el Oferente a la FIDUCIARIA para que esta expida el certificado de
DERECHOS DE BENEFICIO a favor del INVERSIONISTA
BENEFICIARIO y una vez consignado el precio de que trata el numeral
anterior, la FIDUCIARIA expedirá en su favor un CERTIFICADO DE
DERECHOS DE BENEFICIO en el cual consten los DERECHOS DE
BENEFICIO.
4- MONTO Y PLAZO DE LA READQUISICIÓN: En fecha 16 de
noviembre de 2007 (en adelante la "FECHA DE READQUISICIÓN"), EL
OFERENTE deberá readquirir los DERECHOS DE BENEFICIO cedidos
al inversionista beneficiario, por un precio de readquisición de DIEZ MIL
NOVESCIENTOS (sic) MILLONES DE PESOS ($10.900.000.000).
Correspondiente a una tasa del Nueve por ciento Efectivo Anual (9% e.
a.). Para efectos del pago del precio de los DERECHOS DE BENEFICIO,
la FIDUCIARIA pagará al INVERSIONISTA BENEFICIARIO, con
cargo a los recursos del Fideicomiso, el precio de readquisición. Contra
entrega de LOS CERTIFICADOS DE DERECHO DE BENEFICIO a la
FIDUCIARIA.
4.1 En el evento en el que por cualquier causa, diez (10) días de
calendario antes de la fecha en el cual debe cumplirse con la obligación
de readquisición con EL INVERSIONISTA BENEFICIARIO, no
existieren en el fideicomiso los recursos disponibles para efectuar el pago
de la readquisición a EL INVERSIONISTA BENEFICIARIO, LA
FIDUCIARIA deberá solicitar por escrito al EL OFERENTE que
procederá a situar los recursos necesarios en el FIDEICOMISO, dentro
de los cinco (5) días de calendario siguientes al recibo de la comunicación
respectiva.
4.2 Si vencido el plazo de los (5) días de calendario en el numeral 4.1
del presente documento, EL OFERENTE no ha situado los recursos
necesarios en el fideicomiso para efectuar la readquisición de los
DERECHOS DE BENEFICIO al INVERSIONISTA BENEFICIARIO, LA
FIDUCIARIA procederá inmediatamente de conformidad con lo
establecido en el CONTRATO FIDUCIARIO.
4.3 En el evento en el que EL OFERENTE no sitúe los recursos
necesarios en el FIDEICOMISO para el pago de la obligación de
readquisición según los términos y condiciones de esta oferta de cesión,
la propiedad de los DERECHOS DE BENEFICIO quedará en cabeza de
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
EL INVERSIONISTA BENEFICIARIO, totalmente o en proporción a la
parte no readquirida por EL OFERENTE.
4.4 Las obligaciones de EL OFERENTE se limitan a la cesión de los
DERECHOS DE BENEFICIO a favor del INVERSIONISTA
BENEFICIARIO, si fuere aceptada esta oferta, y a la readquisición de
los mismos en la fecha prevista en este documento.
5. Aceptación del CONTRATO FIDUCIARIO: la Firma de la presente
OFERTA DE CESIÓN se entenderá que el INVERSIONISTA
BENEFICIARIO conoce y acepta los términos y condiciones previstos
en el CONTRATO FIDUCIARIO.
6. Cesión: El inversionista beneficiario podrá ceder los DERECHOS DE
BENEFICIO, siempre y cuando dicho acto se ajuste a las condiciones
que para el efecto precisa el CONTRATO FIDUCIARIO y que el
cesionario propuesto a su vez acepte los términos estipulados en el
presente documento.
7. Otro Beneficiario: EL INVERSIONISTA BENEFICIARIO destinatario
de la presente oferta podrá, en el momento de su aceptación, solicitar a
la FIDUCIARIA que el certificado de DERECHOS DE BENEFICIO sea
expedido a su nombre y/o en el de la persona que éste determine.
[…]”. (Negrillas, subrayas y mayúsculas originales)
En el expediente de responsabilidad fiscal se evidencia que vencido el
plazo determinado en la oferta de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición, la sociedad Green Mountain Consulting abonó al
departamento de Casanare la suma de dos mil quinientos siete millones
doscientos cuarenta y cuatro mil ciento diez y seis pesos con 41 centavos
($2.507.244.116.41) por concepto de capital, y la suma de novecientos
millones de pesos ($900.000.000, 00) por concepto de rendimiento
financieros, para lo cual obra el siguiente soporte contable24:
24
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 2 Folio
201 a 400 (…)”
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Así mismo, en la rendición de cuentas correspondiente al período de julio
a septiembre de 2007 suscrito por la gerente nacional de gestión
Fiduciaria de Fiduagraria S.A., quedó consignado lo siguiente25:
“[…] El 16 de noviembre se canceló la cartera colectiva abierta del
mercado monetario Confirenta (antes denominada Fondo Común
Ordinario) administrado por la Fiduagraria, mediante giro efectuado al
Inversionista Beneficiario Departamento de Casanare, por valor de
$3.407.244.116.41, suma que fue depositada en la cuenta de ahorros
No. (…) del Banco de Bogotá a nombre del Departamento del Casanare,
según instrucción impartida por Green Mountain en comunicación GMC-
100-57 y carta del Departamento del Casanare No. D.T.T 1500 del 15 de
noviembre de 2007.
De acuerdo con lo anterior y debido a que ya no existen más obligaciones
vigentes del Patrimonio Autónomo, La Fiduciaria procederá a la
liquidación del Fideicomiso […]”
Conforme con lo anterior, quedó un saldo insoluto de siete mil
cuatrocientos noventa y dos millones setecientos cincuenta y cinco mil
ochocientos ocho y tres pesos con 60 centavos ($7.492.755.883.60) a
25
Ibidem.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
favor al departamento de Casanare, que constituyó precisamente el
detrimento patrimonial.
6.3.3. El proceso de responsabilidad fiscal
Está acreditado lo siguiente26:
6.3.1. La Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, por auto
nro. 000101 del 15 de febrero de 2008, abrió indagación preliminar bajo
el radicado nro. CD 000153, con ocasión de una serie de denuncias
presentadas en medios de comunicación relacionadas con las inversiones
de excedentes de tesorería por concepto de regalías que el departamento
de Casanare efectuó en el año 2006.
6.3.2. Mediante auto nro. 000188 del 11 de marzo de 2008 proferido por
el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría General de la República se dio apertura al
proceso de responsabilidad fiscal nro. 000153.
6.3.3. Por auto del 19 de agosto de 2010 la Contralora Delegada de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República profirió auto de imputación de responsabilidad
fiscal, entre otros, en contra del señor Pedro Alejandro Martínez Gómez,
en el que se dispuso:
“[…] PRIMERO: Imputar responsabilidad fiscal, a las personas que a
continuación se relacionan, por los hechos objeto del proceso de
responsabilidad fiscal N° 000153, cuya entidad afectada es el
Departamento de Casanare:
(…)
7) Pedro Alejandro Martínez Gómez C.C. No. (…) Ex Vicepresidente
Comercial de FIDUAGRARIA S.A.
(…)
26
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2013 02252 01. Archivo PDF “CUAD3CD1FOLIO599 (…)”.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
TERCERO: Notificar a los imputados por Secretaria Común, de manera
personal el contenido de esta decisión, y al tercero civilmente
responsable COMPAÑÍA ASEGURADORA LA PREVISORA S.A. de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo, haciéndoles saber que contra la presente providencia no
procede recurso alguno.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
De dicho auto se destaca lo siguiente frente a las razones por las que se
imputó responsabilidad fiscal al hoy demandante27:
“[…] 3.2.1. Servidores Públicos de FIDUAGRARIA S.A.:
• PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ, C.C. No. (…) Laboró
desde el 4 de noviembre de 2003 hasta el 6 de febrero de 2008
desempeñando el cargo de Vicepresidente Comercial.
Funciones Principales:
1. Dirigir y coordinar la investigación de mercados de los diferentes
sectores económicos.
2. Dirigir, coordinar y promover la estructuración de negocios
fiduciarios.
3. Dirigir, supervisar y controlar las labores de post venta, el monitorio
y seguimiento de las relaciones con el cliente.
4. Efectuar las alianzas estratégicas que se definan en el plan de
mercado.
(…)
De acuerdo con el procedimiento de estructuración y entrega del
negocio, sistema de gestión de calidad, le correspondía diseñar, costear
y verificar la viabilidad de un negocio y describir los pasos que se realizan
para concretar los detalles del negocio, una vez el cliente ha tomado la
decisión para asegurar la estructuración y presentación eficiente del
negocio estableciendo los mecanismos y controles para el comienzo de
la operación.
(…)
De ahí que, para estructurar el negocio fiduciario, necesariamente se
inicia el proceso con los estudios previos.
Estudios Previos.
(…)
Lo anterior indica indefectiblemente que Fiduagraria no tenía estudios
previos ni la medición, evaluación y limitación de riesgos contemplados
en el Título I, capítulo 9, su numeral 7.5.2. de la Circulara (sic) Básica
Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, con
27
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 18 Folio
3401 a 3600 (…)”
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
fundamento en las facultades contenidas en el artículo 326 del Estatuto
Orgánico del sistema Financiero.
(…)
En conclusión, la intervención del área de la Vicepresidencia Comercial
en cabeza del señor Pedro Alejandro Martínez Gómez, Vicepresidente
Comercial para la época de los hechos, fue omisiva al no iniciar, cumplir
y agotar las acciones, etapas y fases, como variables y factores que
reclama la estructuración de esta clase de negocios fiduciarios, que
contribuyó a las operaciones en virtud de las cuales la entidad territorial
giró recursos públicos al patrimonio autónomo, recursos que no fueron
reintegrados, es decir, inició la producción del daño estudiado en este
proceso.
(…)
El montaje del negocio fiduciario y la permisión de inversión de recursos
de entidades territoriales en contravía con las disposiciones legales, los
principios de la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993,
así como el pronunciamiento transcrito de quien en virtud de las
funciones de la entidad debía estructurar los negocios fiduciarios (Manual
de Funciones) derivan la responsabilidad fiscal que con ocasión de la
gestión fiscal y por omisión recae sobre el entonces Vicepresidente
Comercial.
(…)
El ahora imputado, con su omisión, permitió la generación y
estructuración de un negocio contrario a la Ley y que produjo un
detrimento patrimonial al Estado. En ese sentido, la Fiduciaria no podía
autorizar el ingreso de recursos públicos en un patrimonio autónomo de
fiducia mercantil.
(…)
Adicionalmente, de haberse procurado un manejo oportuno y
garantizado de tales recursos, se habría constituido el fondo de reserva
con recursos suficientes para garantizar los pagos a los inversionistas
beneficiarios, se habrían asegurado los recursos y/o designado
interventor o, en términos generales, se habrían tomado las medidas
para hacer seguimiento y control a la efectiva inversión de recurso en
orden a cumplir el objeto del contrato de fiducia.
No obstante, el implicado actuó omisivamente y al desconocer el deber
funcional vulneró el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que
dispone el deber de cumplir y hacer cumplir el manual de funciones.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales, subrayas ajenas)
6.3.4. Mediante fallo con responsabilidad fiscal nro. 000297 del 22 de
noviembre de 2012, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial
nro. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de
la Contraloría General de la República, se falló con responsabilidad fiscal
solidaria en cuantía de NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
($9.055.030.347), entre otros, en contra del señor Pedro Alejandro
Martínez Gómez, en calidad de ex vicepresidente comercial de Fiduagraria
S.A28.
En dicho fallo quedó consignado lo siguiente frente al detrimento29:
“[…] Realizada la visita especial a FIDUAGRARIA S.A. (…) se estableció
que entre esta y la sociedad GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A. se
suscribió el día 6 de septiembre de 2006 un contrato de fiducia mercantil
irrevocable de administración y fuente de pago, al que se le dio, por
expresa referencia, correspondencia a lo que se denominó como
‘OFERTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE BENEFICIO CON PACTO DE
READQUISICIÓN’(…)
De igual manera se determinó que el Departamento del CASANARE, con
ocasión a esa misma ‘oferta comercial de cesión de derechos de beneficio
con pacto de retroventa’ suscrita el día 16 de noviembre de 2006 con la
sociedad GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A., giró el 17 de
[n]oviembre de 2006 a [ó]rdenes del patrimonio autónomo constituido
por esta última en la sociedad FIDUAGRARIA S.A., la suma de DIEZ
MIL MILLONES DE PESOS ($10.000.000. 000.oo). En la mencionada
oferta se estipuló obligación a cargo de la sociedad GREEN MOUNTAIN
CONSULTING S.A. el reintegro al ente territorial de dichos recursos
aumentados en un nueve por ciento (9%). Operación a la que GREEN
MOUNTAIN CONSULTING S.A. denominó como ‘readquisición de
derechos’(…) en la oferta y que debió cumplirse el 17 de noviembre de
2007.
En ‘garantía’ de la ‘readquisición de derechos’, la sociedad GREEN
MOUNTAIN CONSULTING S.A. cedió al Departamento de CASANARE
unos ‘derechos de beneficio’ dentro del contrato de fiducia constituido,
para que en el caso en que GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A. no
cumpliera, FIDUAGRARIA S.A. saliera a hacerlo, siempre y cuando
hubiere disponibilidad de recursos en el patrimonio autónomo.
Pues bien, de los DIEZ MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS
($10.900.000.00) que GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A. se
obligó a cancelar al Departamento del CASANARE, ante el
incumplimiento del Fideicomitente del pacto de readquisición celebrado
solo fueron girados por la fiduciaria TRES MIL CUATROCIENTOS
SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO
DIECIS[É]IS PESOS ($ 3.407.244.116.00).
A la fecha, ni GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A., ni
FIDUAGRARIA S.A. han cancelado al Departamento del CASANARE el
saldo de la obligación, que equivale a SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
28
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2013 02252 01. Archivo PDF “CUAD3CD1FOLIO599 (…)”.
29
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2013 02252 01. Archivo PDF “CUAD3CD1FOLIO599 (…)”.
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($7.492.755.884.00), suma que en el presente asunto corresponde al
daño ocasionado, es decir, a la lesión causada al patrimonio público.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
En lo que tiene que ver con el señor Pedro Alejandro Martínez Gómez se
precisó lo siguiente:
“[…] PEDRO ALEJANDRO MART[Í]NEZ G[Ó]MEZ Vicepresidente
comercial de la Fiduciaria el 4 de noviembre de 2003 hasta el 6 de febrero
de 2008 (…).
Dentro de las funciones a cargo de esta dependencia se concretan
básicamente en las siguientes:
1. Dirigir y coordinar la investigación de mercados de los diferentes
sectores económicos a fin de identificar oportunidades de negocio.
2. Dirigir, coordinar y promover la estructuración de negocios
fiduciarios.
3. Dirigir y coordinar la creación y promoción de nuevos productos
fiduciarios.
4. Dirigir y controlar las labores de postventas, el monitoreo y
seguimiento de las relaciones con el cliente.
1. Actuación del funcionario con ocasión a la gestión fiscal
En el conjunto de las funciones a él designadas se encuentra la dirección,
coordinación y promoción de la estructuración de negocios fiduciarios,
complementada con la función de dirección, supervisión y control de las
labores de post venta, monitoreo y seguimiento de las relaciones con el
cliente, es decir, era quien al interior de la sociedad fiduciaria se
encargaba de desarrollar todo el andamiaje necesario para la ejecución
de los negocios de esa naturaleza, específicamente el diseño y
verificación de la viabilidad de los mismos.
La contribución causal de la conducta y la concreción del daño
En el desarrollo de estas atribuciones, el señor PEDRO ALEJANDRO
MART[Í]NEZ G[Ó]MEZ omitió al igual que su colega Cesar Augusto
Torres Suescun, adelantar estudios previos de los riesgos que pudieran
derivarse de la ejecución de los contratos de fiducia estructurados de tal
forma que preveían la vinculación posterior de Inversionistas
Beneficiarios, a través como ya se ha dicho de un Contrato de Adhesión
consistente en una Oferta Comercial de Cesión de Derechos de Beneficio
con Pacto de Readquisición, suscrita en este caso entre GREEN
MOUNTAIN CONSULTING S.A. y la Gobernación de CASANARE, de tal
manera que se estaba comprometiendo la responsabilidad de la
fiduciaria en la supuesta cesión de derechos y ser fuente de pago,
máxime cuando por obra del mencionado negocio de cesión ingresaron
recursos al fideicomiso que eran de carácter público.
Pues bien, conforme al numeral 7.3. del Capitulo Noveno de la Circular
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, en ejercicio del control
interno a que están obligadas las entidades financieras, estas deben
implementar políticas y procedimientos tendientes a evitar que sean
utilizadas para la realización de fraudes y a que los riesgos previamente
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establecidos se concreten, objetivos en el presente asunto no se
cumplieron y que permitieron de manera determinante el daño aquí
juzgado, toda vez que de manera inexplicable no se realizaron los
respectivos estudios de riesgos (…), no siendo aceptable por este
Despacho la equivalencia que le quiere dar por parte del imputado a los
datos comerciales del cliente, ya que con estos ni siquiera es posible
determinar la factibilidad (…) de la operación en relación al objeto del
contrato de fiducia como es la administración y fuente de pago.
A pesar de estar obligada, la entidad a través de sus funcionarios
competentes en este caso uno de ellos el señor Pedro Alejandro Martínez
Gómez, no realizó los tan nombrados estudios de riesgos, los que de
haberse realizado hubiesen servido ostensiblemente para evitar la
pérdida de los recursos públicos dada la falta de cualquier fuente de pago
efectiva, lo que lleva a concluir, que el comportamiento del funcionario
en mención facilitó el escenario para que el Fideicomitente tuviera acceso
a recursos públicos y dispusiera de ellos en forma indiscriminada.
La Superintendencia Financiera en torno a la no práctica de los estudios
de riesgos en Resolución 1982 de 2008, manifestó lo siguiente:
‘[…] evaluada la documentación allegada no existen documentos en los
cuales se sustente el debido cumplimiento de las obligaciones a cargo de
la Sociedad Fiduciaria, pues no se encontró la evaluación antes
mencionada (documentación de cada inversionista beneficiario la
procedencia de los recursos entregados al fidecomiso) para cada uno de
los inversionistas Beneficiarios en los contratos objeto de la presente
actuación”
Lo anterior para señalar la conducta gravemente culposa desplegada por
el señor PEDRO ALEJANDRO MART[Í]NEZ G[Ó]MEZ, a quien le son
aplicadas las mismas consideraciones efectuadas a la conducta del señor
Cesar Augusto Torres Suescun, teniendo en cuenta, que los dos les
fue dirigido el memorando de observaciones elevado por la doctora
Lucero Jiménez Jiménez el cual fue contestado igualmente por los dos
en el sentido ya analizado con anterioridad y cuya conclusión fue la
siguiente: ‘para finalizar u como respuesta a la solicitud de contar con
las observaciones de esa Vicepresidencia como paso previo suscripción
de los contratos de Fiducia con el respeto debido le manifestamos que
no la encontramos procedente, porque la competencia de la
estructuración y elaboración de los contratos esta asignada de manera
restringida a las áreas Comercial y Jurídica’.
Igualmente, argumento que cualquier negocio de cesión con pacto de
readquisición era ajeno a la fiduciaria (…), independencia que el mismo
encartado en su versión libre deslegitimó (…) y que este despacho
rechaza, toda vez que es innegable la conexidad entre el contrato de
fiducia y la oferta de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición, tal como lo concluyó la Superintendencia Financiera en su
resolución N° 0838 de 2010 al citar la Jurisprudencia Italiana (citada por
Jorge Suescun Meló, Derecho Privado, Legis 2003, Pagina 147) que
expuso; “..../los varios y distintos negocios, aunque conservando la
individualidad propia de cada tipo negocial, son, sin embargo, concebidos
y queridos como sobrevenidos teleológicamente dentro de un nexo de
interdependencia, de modo que las vicisitudes del uno han de
repercutir en el otro condicionando su validez y eficacia….’ (…)
También considero oportuno la Superintendencia Financiera citar lo
sostenido por el Consejo de Estado en la Sala de lo Contencioso
Administrativo al respecto: ‘..../los contratos conexos son negocios que
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se celebran bajo un régimen de dependencia, y en algunos eventos de
accesoriedad, de manera que las prestaciones que surgen de uno
y otro se interrelacionan o combinan entre si….’ (Negrilla fuera de
texto) (Sección tercera, Sentencia del 21 de junio de 1999). Con base
en lo anterior, concluyo la Superintendencia Financiera que ‘.... El hecho
de que Fiduagraria S.A. no hiciera parte de los negocios de cesión o que
estos se celebraran si su consentimiento, en manera alguna, la eximía
de su deber de realizarlos actos necesarios para logar (sic) la finalidad
de los negocios fiduciarios, para lo cual, se resalta, era necesario que
efectuara las verificaciones que le permitieran determinar que los
recursos entregados por los cesionarios podían destinarse a financiar el
desarrollo del objeto social de los Fideicomitentes y servir como fuente
de pago’.
En consecuencia, la posición asumida por el señor MART[Í]NEZ
G[Ó]MEZ en la ejecución del contrato de fiducia, lo hace responsable
fiscalmente a título de culpa grave, toda vez que no reparó en que el
negocio de cesión de derechos y el contrato de fiducia eran instrumentos
para que GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A. recibiera recursos
públicos, aspecto que era de su competencia al ser el encargado de
dirigir y controlar las labores de postventas, el monitoreo y seguimiento
de las relaciones con el cliente y al no haber ejecutado acción alguna
tendiente a evitar los riesgos señalados que efectivamente Se
concretaron con la pérdida parcial de los recursos públicos invertidos por
el Departamento de Casanare en el Patrimonio Autónomo constituido por
GREEN MOUNTAIN CONSULTING S.A. y administrado por la
Fiduciaria, habiendo contado con el tiempo y momento oportuno para
ello, ya que al igual que sus compañeros se enteró de la procedencia de
los recursos antes de que estos hubiesen ingresado a la Fiduciaria,
conducta que con ocasión de la gestión fiscal indirecta ejercida por el
funcionario al permitir como ya se ha manifestado el ingreso ilegal de los
recursos públicos a un Patrimonio Autónomo constituido por un
particular, una vez se enteró el origen de los mismos, y de otra, no haber
adelantado como estructurador del Negocio Fiduciario las acciones
necesarias para impedir oportunamente que el Contrato de Fiducia fuera
utilizado como instrumento para la realización de operaciones no
permitidas directamente al Fideicomitente contribuyó eficazmente a la
causación del daño al erario público del Departamento de Casanare.
[…]”.
Finalmente, en cuanto al monto del detrimento y la responsabilidad
solidaria de los implicados se indicó:
“[…] ACTUALIZACION DEL DAÑO
La inversión realizada por el ente territorial correspondió a DIEZ MIL
MILLONES DE PESOS, ($10.000.000.000.oo) efectuada el 16 de
noviembre de 2006 la que debía ser reintegrada el día 17 de [n]oviembre
de 2007 junto con los intereses calculados a la rata de 9 % anual y
equivalentes a NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS
($900.000.000. oo) (…)
Mediante traslado realizado por parte de FIDUAGRARIA S.A. al
DEPARTAMENTO del CASANARE, el ente territorial recibió la suma de
TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
(3.407.244.116.00), con la que se cubrió en primera medida los
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intereses adeudados ($900.000.000.oo) para luego abonarse a capital
la suma de DOS MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIS[É]IS PESOS ($
2.507,244.116.00), quedando un saldo de SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($
7.492.755.884.oo).
Pues bien, a efectos de la actualización del daño se procederá a efectuar
el cálculo del valor presente de la inversión dejada de recuperar es decir
la diferencia entre el capital invertido y los dineros recuperados, esto es,
la suma de $6.592.755.883.59, así como también el cálculo
correspondiente a la actualización de los intereses pactados en
$900.000.000 teniendo en cuenta la variación del IPC, atendiendo el
concepto de pérdida de poder adquisitivo de la moneda sobre las cifras
señaladas, labor adelantada por el grupo de Apoyo Técnico de la
Contraloría General de la República, que arrojó el siguiente resultado:
a). El valor presente para el daño fiscal imputado por $6.592.883.59
y correspondiente al capital invertido y no recuperado, tomando como
índice final el IPC del mes de septiembre de 2012, es de
$7.967.376.159,25.
b) El valor presente para el daño fiscal imputado por $900.000.000,
correspondiente a los intereses pactados a recibir el 17 de noviembre de
2007, tomando como índice final el IPC del mes de septiembre de 2012,
es de $1.087.654.187,41
c) En total el valor actualizado de los dineros referidos como presunto
daño fiscal en el auto que ordenó la apertura del Proceso de
Responsabilidad Fiscal N° 000188 del 11 de marzo de 2008, es de
NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($9.055.030.347).
Por otra parte, en la Teoría General de las obligaciones la regla general
es de que estas cuando exige pluralidad de sujetos deudores, se divide
pro parte o pro cuota, sin embargo, existe el régimen de obligaciones
jurídicamente indivisibles, denominadas solidarias, el cual origina su
pago IN SOLIDUM (por entero). Este tipo obligacional se desarrolla en el
artículo 1568 inciso 3° del Código Civil. La característica definitiva de la
solidaridad es que la relación externa entre acreedores y deudores, o
deudores y acreedores, no cabe la división de los créditos o de las
deudas, según sea el caso, sin perjuicio de que internamente la situación
de cada miembro del grupo sea autónomo y en principio tenga una parte
de la deuda.
En el caso que nos ocupa, no es posible determinar o cuantificar hasta
donde llega la responsabilidad patrimonial de cada uno de los vinculados,
teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico tutelado por la
responsabilidad fiscal, que es el patrimonio público, que, según la
experiencia al pensar de muchos doctrinantes, tienen una dimensión
jurídica y ética que les hace distinguir de los simples efectos
patrimoniales derivadas de las obligaciones comunes.
[…]”.
6.3.5. Mediante fallo de grado de consulta nro. 005 del 23 de enero de
2013, proferido por la Contralora General de la República “por medio del
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cual se decide un Grado de Consulta del Fallo No. 000297 del 22 de
noviembre de 2012, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal CD
000153., se confirmó la anterior decisión30.
6.3.6. Por auto nro. 193 del 27 de febrero de 2013, se resolvieron unos
recursos de reposición contra el fallo nro. 000297 del 22 de noviembre de
2012 y se concedieron unos recursos de apelación, proferido por el
Contralor Delegado Intersectorial nro. 2 de la Unidad de Investigaciones
Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República,
confirmando la anterior decisión31.
6.3.7. Mediante Fallo nro. 0015 del 6 de marzo de 2013 expedido por la
Contralora General de la República fueron resueltos los recursos de
apelación y se confirmó parcialmente el artículo primero del Fallo con
Responsabilidad 00297 de fecha 22 de noviembre de 2012, proferido
entre otros, en contra del señor Pedro Alejandro Martínez Gómez.
6.3.8. Por oficio radicado bajo el nro. 2013ER0022203 del 12 de marzo
de 2013, el actor solicitó la aclaración y adición al Fallo nro. 0015 del 6
de marzo de 2013, en el siguiente sentido:
“[…] PEDRO ALEJANDRO MART[Í]NEZ G[Ó]MEZ identificado con la
cédula de ciudadanía número (…), haciendo uso de lo establecido en el
código de procedimiento civil artículo 309 y haciendo uso del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la constitución nacional en
concordancia con el artículo 13 y siguientes de la ley 1437 de 2011, con
todo respecto (sic) me permito solicitarle la aclaración y adición al fallo
de apelación n.0015 del 16 de marzo de 2013, notificado por estado el
pasado 8 de marzo de 2013:
PRIMERO: En el fallo de apelación mencionado para el proceso en
referencia en el folio 47,49, porque se menciona que en los recursos
interpuestos actué a través de apoderado? Esto no es cierto, como el
despacho puede verificar los sustentos de la nulidad que interpuse y al
revisar los recursos de reposición y en subsidio apelación y documento
adicional complementario para la apelación, en los cuales actué en
nombre propio, por lo cual solicito aclaración.
SEGUNDO: Dentro del fallo de apelación folio 50, se hace mención a un
recurso de nulidad que presente al despacho del contralor delegado
antes del fallo definitivo, solicito se aclare el fallo de apelación
30
Ibidem.
31
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
mencionando las razones por las cuales el contralor delegado
intersectorial n .2 , no se pronunci[ó] conforme a los términos y forma
que predica la ley, y más a[ú]n cuando el sustento de este recurso era
precisamente la violación al debido proceso, en una clara trasgresión que
ha sido objeto de pronunciamiento jurisprudenciales como lo sustente.
TERCERO: Teniendo en cuenta que el folio 47 del fallo de apelación al
citar un aparte de la resolución 1982 de 2008 de la Superintendencia
financiera de Colombia no encontró dentro de la documentación revisada
por ella documentación de cada inversionista beneficiario la procedencia
de recursos entregados al fideicomiso, el despacho de la Contraloría
aclara que en su consideración no solamente el ente de control
(superintendencia financiera) hace referencia no solamente al no estudio
efectuado por parte de la fiduciaria una vez puesto en ejecución el
contrato, si no (sic) que ampl[í]a tal conclusión a la creación previa e
implementación por parte de la fiduciaria del control sobre la
capacidad de los inversionistas y legalidad de su inversión.
Solicito se complemente el fallo trascribiendo el punto pertinente de la
resolución 1982 de 2008, que hace extensiva la falta de verificación de
los inversionistas a la etapa previa a la firma del contrato fiduciario.
CUARTO: En el folio 48 y 49 del fallo se menciona tras evaluar la
consideración tercera del contrato, la cl[á]usula segunda parágrafo
cuarto literal a), y la inexistencia de un fondo de reserva, todos estos
elementos definidos por la vicepresidencia jurídica al redactar el
clausulado dentro de sus funciones y competencias. Solicito, que
complemente o aclare su pronunciamiento, sobre el porqué no
solamente se tuvo en cuenta el contenido del contrato fiduciario
redactado y aprobado por otra área jurídica en desarrollo de su
competencia para llegar a sus conclusiones y, no la oferta comercial que
contenía la concepción del negocio, donde si se previeron aspectos
relacionados con estos temas.
QUINTO: Tomando lo manifestado por el despacho en el folio 48 del
fallo, al mencionar el concepto emitido de fecha 20 de noviembre de
2006 y en particular lo referente a la aplicación de normas de derecho y
circulares de la superintendencia financiera de Colombia sobre origen de
recursos (sarlaft -aspectos eminentemente jurídicos), solicite se aclare o
adicione el sustento jurídico para no aplicar en mi caso, igual argumento
para las evaluaciones que realizan en la exoneración de la
responsabilidad del vicepresidente jurídico de la fiduciaria y más a[ú]n
cuando se menciona en el folio 46 del fallo que sobre la imposibilidad de
conocer la procedencia de los recursos invertidos en el patrimonio
autónomo a la fiduciaria, solo le estaba obligado seguir los lineamientos
del sarlaf, dando en este aparte si sentido a los argumentos de defensa
sobre el mismo tema de otro imputado y no a los m[í]os. Esta aclaración
en particular la realizo, en virtud al principio de igualdad
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
6.3.9. Igualmente, por oficio nro. 2013ER0022098 del 12 de marzo de
2013, el señor Pedro Alejandro Martínez Gómez, dirigió la siguiente
solicitud al Contralor Delegado Intersectorial nro. 2 de la Unidad de
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General
de la República, para que se aplicara la prescripción en el caso32:
“[…] De conformidad con el artículo 9 de la Ley 510 de 2000 solicito se
decrete la prescripción de la responsabilidad fiscal en el proceso
anotado al rubro petición que se encuentra fundamentada con los
siguientes argumentos:
Hechos
Primero: De conformidad al auto que obra en el folio 940 y siguientes
del proceso el día 11 de marzo de 2008, se dio apertura al proceso de
responsabilidad fiscal número 000188, que corresponde hoy al anotado
al rubro.
Segundo: Desde aquella época a la fecha ha transcurrido cinco (5) años.
Tercero: En este estadio procesal dentro del diligenciamiento de la
determinación de [l]a responsabilidad fiscal que nos ocupa no se ha
dictado providencia en firme que la declare.
Cuarto: Que además de este nuevo hecho, presente una solitud (sic) de
nulidad procesal por violación al debido proceso sobre la cual, no
obstante he insistido que el despacho personalmente y por escrito que
se pronuncie, no ha habido respuesta.
Quinto: La prescripción es una institución jurídica de regulación legal,
en virtud de la cual, se adquieren o se extinguen derechos, por haberse
agotado un término de tiempo fijado por la ley.
La Corte Constitucional en sentencia C- 556 de 2001, al analizar la
prescripción en materia disciplinaria, la definió como un instituto jurídico
liberador, que opera por el transcurso del tiempo y cuya consecuencia,
no es otra, que la pérdida de la facultad sancionatoria por parte del
Estado. En este sentido el Alto Tribunal advirtió:
‘La prescripción de la acción es un instituto de orden público, por virtud
del cual el Estado cesa su potestad punitiva- lus puniendi por el
cumplimiento del término señalado por la ley.
La Corte con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de una norma
que pretendía ampliar el término de prescripción, en ciertas
circunstancias tuvo oportunidad de precisar el significado de esta figura
frente a la potestad disciplinaria de la administración. Al respecto
precisó:
‘La prescripción de la acción es un instituto jurídico liberador, en virtud
del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el
derecho del Estado de imponer una sanción.
Este fenómeno tiene operancia en materia disciplinaria cuando la
Administración o la Procuraduría General de la Nación, dejan vencer el
plazo señalado por el legislador, -5 años, sin haber adelantado y
concluido el proceso respectivo, con decisión de mérito. El vencimiento
de dicho lapso implica para dichas entidades la pérdida de la potestad de
32
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 25 Folio
4803 a 5000 (…)”
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
imponer sanciones, es decir, que una vez cumplido dicho periodo sin que
se haya dictado y ejecutoriado providencia que la ponga fin a lo
actuación disciplinaria, no se podrá ejercitar la acción disciplinaria en
contra del beneficiario con la prescripción.
Del texto transcrito, se desprende que si el Estado dentro del término
concedido por la ley, no ejercita su potestad sancionatoria mediante la
expedición de una decisión, que dicho sea de paso debe estar
ejecutoriada antes del vencimiento del término de prescripción, pierde la
posibilidad de hacerlo, es decir su facultad decae por expreso mandato
legal
Es de especial importancia anotar que la figura de la prescripción no se
produce automáticamente por el vencimiento del término preclusivo,
sino que debe ser alegado por el interesado, así lo precisa el doctor
Fernando Hinestroza, en su texto ‘Tratado de las Obligaciones’,
Universidad Externado de Colombia, la edición. ‘la prescripción no tiene
efecto Ope Legis o per ministerium legis, sino ope exceptionis o, mejor
dicho, que requiere su invocación y que el juez acogiéndola, desestime
la pretensión del acreedor y declare extinguido su derecho en razón de
declarar prescrita la obligación del excepcionante o, en su caso,
pronuncie sentencia estimatoria de la demanda de prescripción
interesada por el deudor con los mismos efectos’.
Sobre este particular, la Oficina Jurídica de la contraloría general de la
república, en concepto 80112 IE 13959 de abril 19 de 2005, precisó
‘…[c]omo se señaló, las normas del Código de Procedimiento Civil son
aplicables al proceso de responsabilidad fiscal, por remisión del artículo
65 de la Ley 610 de 2000 y en defecto de norma especial, [p]or lo tanto,
el principio de la declaración de la prescripción operaría en materia de
responsabilidad fiscal, sólo a solicitud de parte…’
Sexto: De conformidad al concepto número 4828B de 16 de diciembre
de 2005 de la oficina jurídica de la [C]ontraloría [G]eneral de la
[R]epública la prescripción podrá solicitarse o alegarse durante el trámite
del proceso de responsabilidad fiscal, antes que el respectivo fallo quede
en firme.
[…]”. (Mayúsculas, negrillas y subrayas del original)
6.3.10. Por oficio nro. 2013EE0018401 del 13 de marzo de 2013, el
Contralor Delegado Intersectorial nro. 2 de la Unidad de Investigaciones
Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República,
dio respuesta al señor Martínez Gómez, en los siguientes términos33:
[…] Señor
PEDRO ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ
Kr 9 No. 103ª – 36 Of. 602B
Asunto: Derecho de Petición de fecha 12-03-2013
Cordial Saludo.
33
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 25 Folio
4803 a 5000 (…)”
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
En atención al derecho de petición de la referencia, me permito
informarle, que esta Contraloría Delegada Intersectorial No2 de la
Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, dio traslado
del expediente del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. C.D. 000153,
al despacho de la Señora Contralora General de la República, con el fin
de que se surtiera el trámite de Apelación Interpuesto por usted contra
el Fallo de primera instancia, proferido por esta Delegada.
Teniendo en cuenta lo anterior, le comunico, que la Institución Jurídica
de la Prescripción en los Procesos de Responsabilidad Fiscal,
efectivamente opera a los cinco (5) años, posteriores al auto que da
inicio a la investigación fiscal.
En el proceso en comento, no se puede predicar la prescripción que usted
invoca, debido a que el día 08 de [m]arzo de 2013, antes de cumplirse
los cinco años que la ley 610 de 2000 en su Art. 9 impone para que se
extinga la acción fiscal, el fallo de segunda instancia quedo ejecutoriado,
y por lo tanto en firme la Apelación que se surtió sobre la sentencia
recurrida que fue proferida por la Delegada Intersectorial No.2.
En estos términos y con las razones antes expuestas, doy por resuelto
su derecho de petición estando dentro de los términos de ley.
[…]”. (Mayúsculas y negrillas del original)
6.4. Examen de los cargos
En el recurso de apelación, el recurrente insistió en que están configurados
los cargos de (i) prescripción de la responsabilidad fiscal; (ii) la violación
de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa; (iii) la
violación del debido proceso por aplicación indebida del artículo 18 de la
Ley 610 de 2000 por haberse surtido inoportunamente el grado de
consulta, incurriendo en prejuzgamiento; (iv) la falsa motivación por
asignarle al demandante la calidad de gestor fiscal con desconocimiento
de la ratio decidendi de la sentencia C- 840 de 2001 y (v) la indebida
valoración fáctica, falsa motivación y desconocimiento del principio de
culpabilidad.
Por lo tanto, la Sala para resolver se referirá frente a cada uno de los
reparos:
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
6.4.1. El cargo de prescripción de la responsabilidad fiscal
En este punto el recurrente insistió en que el tribunal se equivocó al
considerar que no operó la prescripción. De manera específica alegó: “(…)
yerra el a quo, en tanto que, en primer lugar, erróneamente asume que
los términos de suspensión del proceso son también términos de
suspensión de la prescripción. En efecto, la suspensión de términos
dispuestas por las Resoluciones Reglamentarias 0087 de marzo 18 de
2009 y 0112 de septiembre 13 de 2010, motivadas por simples razones
logísticas y administrativas, tan solo es aplicable a las actuaciones y
diligencias en curso dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, y de
ninguna manera tiene la virtualidad de suspender o interrumpir los
términos de prescripción de la acción fiscal, ampliándolos indebidamente.
Menos aun cuando, como ocurrió con la Resolución No. 0112 del 13 de
septiembre de 2010, por ejemplo, la suspensión del término se debió
exclusivamente a un cierre de Secretaría dispuesto por la Contralora
General, quien para la fecha no tenía a su cargo el conocimiento del
expediente, para la realización de un inventario de procesos, motivado,
no por el cambio de algún Secretario de Despacho, que es el que autoriza
la norma invocada en la Resolución (artículo 121 del C. P. C.), sino por el
cambio de administración, es decir, por cambio de Contralor General. No
faltaba más que los términos de prescripción extintiva se ampliaran cada
vez que se produzca un cambio del titular del Despacho, o, como ocurrió
en este caso, cada vez que haya un cambio de Contralor General. Los
términos de prescripción son de orden legal, determinados por el
legislador en ejercicio de su potestad de configuración normativa, que si
bien eventualmente puede ser renunciable por la parte a la que favorece,
o por razones subjetivas u objetivas determinadas legalmente, de
ninguna manera sus términos pueden ser modificados por decisión
unilateral del juzgador o de una de las partes, como ocurre en el caso
bajo análisis”.
En los términos en que se formuló este reproche, la Sala advierte que no
le asiste razón al recurrente, por lo siguiente:
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
(i) Respecto de la prescripción, el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 dispuso
que “la responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a
partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro
de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare”.
Por su parte, el artículo 13 de la misma ley 610 previó que “el cómputo
de los términos previstos en la presente ley se suspenderá en los eventos
de fuerza mayor o caso fortuito, o por la tramitación de una declaración
de impedimento o recusación. En tales casos, tanto la suspensión como
la reanudación de los términos se ordenará mediante auto de trámite, que
se notificará por estado al día siguiente y contra el cual no procede recurso
alguno”.
(ii) En relación con la prescripción y la suspensión de términos, esta
Sección ha explicado que “(…) una de las consecuencias de la suspensión
de la prescripción es que el término debe ajustarse en el lapso
suspendido, pero incluyendo el tiempo transcurrido antes de esa
situación”34. En la precitada sentencia35 la Sala trajo a colación la
providencia del 3 de octubre de 2019 en la que esta Sección precisó36:
“[…] Visto el artículo 13 de la Ley 610 sobre suspensión de términos que
señala que el cómputo de los términos se suspenderá en los siguientes
eventos: i) de fuerza mayor o caso fortuito (…).
(…) en relación con la fuerza mayor, el caso fortuito, esta Sección ha
señalado que visto el artículo 1° de la Ley 95 de 2 de diciembre de 1890
[…] se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público
[…]”.
(…) finalmente la Corte Constitucional en la sentencia SU- 498 de 14 de
septiembre de 2016, determinó que los eventos que afectan la
prestación continua del servicio, esa circunstancia tendría efectos en
derecho, en aplicación de la doctrina del caso fortuito y la fuerza mayor,
de acuerdo con la cual no se pueden derivar consecuencias adversas
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 11 de marzo de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.
25 000 23 41 000 2016 0247 01.
35
Ibidem.
36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 3 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro.
85 001 23 33 000 2017 00129 01.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
ante la presencia de circunstancias que impidan material o físicamente
el cumplimiento de cargas procesales.
[…]”.
Por consiguiente, contrario a lo señalado por el recurrente, la suspensión
de términos en el proceso de responsabilidad fiscal sí tiene incidencia en
el cómputo de la prescripción y, dado que el motivo de reproche se
sustenta únicamente en dicho argumento, ello sería suficiente para
negarlo. Con todo, al efecto se verifica que en el proceso de
responsabilidad fiscal ocurrieron las siguientes suspensiones:
(i) La primera, según Resolución nro. 0087 del 8 de marzo de 2008
expedida por el Contralor General de la República, que dispuso:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. En los términos de días de las actuaciones y
procesos administrativos, disciplinarios, indagaciones preliminares,
procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva que se
adelanten en la Contraloría General de la República no se tomarán en
cuenta los días 6, 7 y 9 de abril de 2008.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los términos para las actuaciones y procesos
enunciados en el artículo anterior se reanudarán el día 13 de abril de
2008, fecha en la cual se reabrirá la actuación al público.
[…]”.
(iii) La segunda, mediante la Resolución nro. 00112 del 13 de septiembre
de 2010 expedida por la Contralora General de la República que ordenó:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Cerrar por inventario para efectos de los
procesos de Responsabilidad Fiscal e indagaciones preliminares, las
secretarías comunes de Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, (…) por el término de trece (13)
días contados a partir de la fecha de publicación de la presente
resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. Suspender términos en todos los Procesos de
Responsabilidad Fiscal e indagaciones preliminares que se adelanten
tanto en el nivel central como desconcentrado por el término de 13 días
a partir de la fecha de publicación de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO. Los términos dentro de los Procesos de
Responsabilidad Fiscal e indagaciones preliminares se reanudarán a
partir del 4 de octubre de 2010.
[…]”.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Valga indicar que la sentencia de primera instancia señaló que mediante
la Resolución reglamentaria nro. 0087 del 18 de marzo de 2009 el
Contralor General ordenó la suspensión de términos en los procesos de
responsabilidad fiscal, por lo que, no se tendrían en cuenta los días 6, 7
y 8 de abril de 2009. Así mismo, por medio de la Resolución reglamentaria
nro. 0112 del 13 de septiembre de 2010, el Contralor ordenó la
suspensión de términos en los procesos de responsabilidad fiscal durante
trece días, de donde concluyó que, el término de prescripción inició con
el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal nro. 000188 el
11 de marzo de 2008 y finalizó con la notificación de la última decisión
adoptada dentro del proceso de responsabilidad fiscal nro. 000153, el 1
de abril de 2013, en la que se le remitió por correo certificado al señor
Pedro Alejandro Martínez Gómez la respuesta a la solicitud de aclaración
y adición en contra del fallo de apelación y teniendo en cuenta los
términos de suspensión, la prescripción se había prolongado hasta el 5 de
abril de 2013, por lo que no había operado la prescripción de la
responsabilidad fiscal, aspectos éstos que no fueron desvirtuados en sede
de apelación por el recurrente, en consecuencia este reparo no prospera.
6.4.2. En relación con la falta de notificación del auto de
imputación
El recurrente a partir del contenido del artículo 42 de la Ley 610 de 2000
consideró que la designación de apoderado de oficio no se trata de una
facultad de la que pueda hacer uso el operador fiscal a su arbitrio y, que
en este caso, se desconoció que como investigado podía comparecer
directamente al proceso. Alegó también que, teniendo en cuenta que, en
la diligencia de versión libre rendida el 15 de octubre de 2009 manifestó
que no estaba interesado de estar asistido por un apoderado no podía
designársele uno de oficio, y en todo, caso tampoco tuvo una defensa
técnica, según estaba acreditado en el plenario puesto que, ninguna
actividad desarrolló el apoderado de oficio “designado irregularmente por
el operador fiscal”.
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La Sala para resolver este reproche tendrá en cuenta lo siguiente:
(i) El artículo 42 de la Ley 610 de 2000 dispuso como garantía de defensa
del implicado que, “(…) quien tenga conocimiento de la existencia de
indagación preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra
y antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal,
podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición
libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que
lo asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber al
implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo
actuado”.
(ii) A su turno el artículo 43 de la misma Ley 610 frente al nombramiento
de apoderado de oficio estableció que “si el implicado no puede ser
localizado o citado no comparece a rendir la versión se le nombrará
apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del proceso. //
Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos
de las Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de las listas de
abogados inscritos en las listas de auxiliares de la justicia conforme a la
ley (…)”.
(iii) En el caso concreto está acreditado que, por auto del nro. 000188 del
5 de marzo de 2008 el Contralor Delegado Ad Hoc para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la
República ordenó la apertura del Proceso de Responsabilidad fiscal, y allí
dispuso37:
“[…] Escuchar en declaración juramentada a las siguientes personas:
• PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ, quien se desempeñó como
Vicepresidente Comercial de FIDUAGRARIA hasta el 6 de febrero de
2008, con el fin de determinar si constituía política de la entidad hacer
ofrecimientos comerciales a las entidades territoriales para inversión
de sus recursos así como los antecedentes de conocimiento del cliente
e inversionistas beneficiarios en los patrimonios autónomos y todas
las demás relacionadas con los hechos investigados
[…]”
37
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 5 Folio
801 a 1000 (…)”
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
(iv) El señor Pedro Alejandro Martínez Gómez fue citado para recibirle
declaración juramentada el día 14 de abril de 200838 y en acta de la fecha
del 14 de abril de 200839 se dejó constancia que “se levanta la diligencia
teniendo en cuenta que el declarante no compareció a rendir declaración”.
(v) El señor Martínez Gómez fue nuevamente citado para el 16 de mayo
de 200840 y según acta de dicha fecha41 se llevó a cabo la diligencia de
declaración juramentada del señor Pedro Alejandro Martínez.
(vi) Luego de aperturado el proceso de responsabilidad fiscal, el 9 de
septiembre de 2009, la Contralora Delegada para Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República
dispuso la vinculación, entre otros, del señor Pedro Alejandro Martínez
Gómez y oírlo en versión libre, así42:
“[…] Encontrándose el expediente en estado probatorio, una vez
analizado el acervo que compone el plenario y como quiera que en las
irregularidades objetos (sic) de reproche fiscal por este Despacho
participaron varias dependencias de la FIDUAGRARIA S.A. evidenciando
una posible responsabilidad, se procederá a vincularlas, así:
(…)
2) PEDRO ALEJANDRO MART[Í]NEZ G[Ó]MEZ, identificado con la C.C.
No. (…) en su calidad de Vicepresidente Comercial quien tuvo a su cargo
la estructuración del negocio y suscribió el Memorando VCIA-341 de
noviembre 20 de 2006. Laboró en dicha entidad desde el 4 de noviembre
de 2003 hasta el 6 de febrero de 2008. Dentro de las funciones
desempeñadas en el cargo fueron principales 1. Dirigir y coordinar la
investigación de mercados de los diferentes sectores económicos.2.
Dirigir, coordinar y promover la estructuración de negocios fiduciarios.
3. Dirigir y controlar las labores postventas, el monitoreo y seguimiento
de las relaciones con el cliente.
De acuerdo con el Manual de funciones y procedimiento y estructuración
de los negocios fiduciarios le correspondía dirigir, coordinar y promover
la estructuración de los negocios fiduciarios, dirigir, supervisar y
controlar las labores postventa, el monitoreo y seguimiento de las
38
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 6 Folio
1001 a 1200 (…)”
39
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 7 Folio
1201 a 1400 (…)”
40
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 9 Folio
1600 a 1800 (…)”
41
Ibidem.
42
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 16 Folio
3002 a 3202 (…)”
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
relaciones con el cliente y verificar la procedencia de los recursos que
ingresaban a los patrimonios autónomos previo al registro de
operaciones.
El ingreso de recursos públicos a patrimonios autónomos conllevó a que
el negocio Fiduciario sirviera de medio para la realización de operaciones
prohibidas por la Ley.
Como participe en la elaboración y estructuración de los contratos de
fiducia y de la verificación del origen de los recursos a invertirse en los
Patrimonios Autónomos, le correspondía el deber de evitar que el
negocio fiduciario se presentara para la realización de operaciones
prohibidas, debiendo previo al registro, verificar la documentación de
cada inversionista Beneficiario y procedencia de recursos entregados al
fideicomiso.
(…)
El montaje del negocio fiduciario y la permisión de inversiones de
recursos de entidades territoriales en contravía con las disposiciones
legales (…) así como el pronunciamiento transcrito de quien en virtud de
las funciones de la entidad, le correspondía dirigir, coordinar y promover
la estructuración de los negocios fiduciarios: dirigir, supervisar y
controlar las labores postventa, el monitoreo y seguimiento de las
relaciones con el cliente y verificar la procedencia de los recursos que
ingresaban a los patrimonios autónomos, permiten entrever una
presunta responsabilidad fiscal con ocasión de la gestión fiscal y de la
que se deriva la propia actuación de quien tenía a su cargo la
estructuración y monitoreo de los negocios fiduciarios.
(…)
PRIMERO: Vincular al presente Proceso de Responsabilidad Fiscal No.
000179 CUYA ENTIDAD AFECTADA ES EL Departamento de Casanare a:
(…) PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ identificado con la C.C. No.
(…) en su calidad de Vicepresidente Comercial de la FIDUAGRARIA S.A.
(…).
SEGUNDO: Oír en versión libre y espontanea a (…) PEDRO ALEJANDRO
MARTÍNEZ GÓMEZ (…) en la fecha que señale el despacho.
[…]”. (Negrillas y mayúsculas originales)
(vii) La diligencia de versión libre y espontánea del señor Pedro Alejandro
Martínez Gómez se llevó a cabo el 15 de octubre de 2009, en la que se
dejó consignado lo siguiente:43
“[…]En la ciudad de Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de
octubre del año dos mil nueve (2009), comparece a las dependencias de
la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y
Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, el señor
PEDRO ALEJANDRO MART[Í]NEZ G[Ó]MEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. (…), en su condición de Ex Vicepresidente
Comercial de Fiduagraria S.A., con el fin de rendir versión libre
43
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
espontánea por los hechos que son materia de la presente investigación.
Acto seguido el Despacho le hace saber al versionista, que a la presente
diligencia es libre de todo apremio y juramento, que no está obligado a
declarar contra si mismo o contra su cónyuge, compañero permanente
o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, conforme lo consagrado en el artículo 33 de la
Carta Política de Colombia. Así mismo, se le hace saber que si es su
voluntad puede estar asistido por un abogado que lo represente en esta
diligencia o durante el transcurso del proceso. A lo cual manifiesta que
no.
[…]”. (Negrillas y mayúsculas originales, subrayas ajenas)
(viii) Por auto nro. 00434 del 21 de julio de 2010, la Contralora Delegada
para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la
Contraloría General de la República explicó44:
“[…] CONSIDERACIONES
1. Se viene adelantando el proceso de Responsabilidad Fiscal No. 00153
en Dependencias del Departamento de Casanare.
2. El presunto responsable PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ C.C.,
aun cuando compareció a rendir versión libre y espontánea carece de
apoderado que asuma su respectiva defensa jurídica dentro de las
presentes diligencias fiscales.
3. En tal virtud en aras de garantizarle el debido proceso, señalado en
el artículo 29 de la Constitución Política, la Ley 610 de 2000 y los
lineamientos de la Oficina Jurídica de este órgano de Control para
proseguir el proceso de responsabilidad fiscal, se hace necesario
designarle apoderado de oficio.
4. Para tal efecto, se solicitó a Universidades del País la colaboración en
el sentido de poner a disposición un estudiante de los últimos años
de derecho para que suma la defensa técnica en condición de
apoderado de oficio.
5. La Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, atendiendo nuestra
solicitud autorizó a CARLOS ALBERTO OSORIO DUSSAN identificado
con cédula de ciudadanía número (…) miembro activo del consultorio
Jurídico para que actúe como DEFENSOR DE OFICIO, según
comunicación de la Universidad, facultad de Derecho Doctor [Ó]SCAR
ANDRÉS VILLADA FAJARDO.
En mérito de lo expuesto, la suscrita Contralora Delegada para
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como apoderado de oficio del presunto
responsable PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ C.C. (…) al
estudiante CARLOS ALBERTO OSORIO DUSSAN, identificado con cédula
de ciudadanía número (…) designado por la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS
ARTÍCULO SEGUNDO: Dar posesión al designado CARLOS ALBERTO
OSORIO DUSSAN, identificado con cédula de ciudadanía número (…),
44
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 17 Folio
3203 a 3400 (…)”
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
como apoderado de oficio de PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ C.C.
(…), dentro de los cinco (5) días siguientes a esta providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar esta decisión por anotación en Estado,
de conformidad con el Artículo 321 del Código de Procedimiento Civil
[…]”. (Negrillas y mayúsculas originales, subrayas ajenas)
(ix) El 23 de julio de 201045, el señor Carlos Alberto Osorio Dussan se
posesionó como apoderado del señor Pedro Alejandro Martínez Gómez y;
por auto del 19 de agosto de 2010 la Contralora Delegada de
Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de la República profirió auto de imputación de responsabilidad
fiscal, entre otros, en contra del señor Pedro Alejandro Martínez Gómez46.
La citada decisión le fue notificada al defensor de oficio mediante Edicto
nro. 000852 del 7 de septiembre de 201047.
Por escrito del 17 de mayo de 2011, que obra en el expediente fiscal 48,
se encuentra manifestación del director del Consultorio Jurídico de la
Corporación Universitaria de Colombia – IDEAS, en el que indicó:
[…] Durante el segundo semestre del año 2010, tuvimos un consultorio
jurídico satélite en la Contraloría, conformado por los siguientes
alumnos:
(…)
8. CARLOS OSORIO
(…)
Dichos alumnos ya egresaron de la facultad por terminación de estudios,
pero no tuvieron la precaución de rendir informe sobre el estado del
proceso en que quedaba el caso a ellos encomendado.
Lo anterior, me obliga a acudir a usted con el fin de que se sirva, salvo
mejor opinión, informarme que casos fueron adjudicados a cada uno de
los aquí mencionados, y, de ser posible, indicando la entidad en que se
están ventilando, y su correspondiente radicación, a fin de, si usted lo
45
Ibidem.
46
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 18 Folio
3401 a 3600 (…)”
47
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 19 Folio
3601 a 3801 (…)”
48
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 21 Folio
4001 a 4203 (…)”
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
considera prudente, continúen dichos procesos los nuevos practicantes;
o de lo contrario se servirá a impartirnos las instrucciones que considere
pertinentes.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
(x) Por auto nro. 000732 del 29 de junio de 201149, se designó como
nuevo apoderado de oficio del señor Martínez Gómez, al estudiante José
Alejandro Martínez Parra y, por auto nro. 000244 del 22 de octubre de
201250, se designó como nuevo apoderado del investigado al señor Edgar
Ebrail Ochoa Albarracín.
Ahora bien, el órgano de control en la contestación de la demanda
manifestó que “(…) si bien la designación de apoderado de oficio se
efectúa posterior al auto de imputación de responsabilidad, ésta se realizó
en nuestro caso previo al auto de imputación, con el ánimo de garantizar
y maximizar los derechos del investigado, y así se debe entender, de
acuerdo a lo indicado por la Corte Constitucional51”.
Al respecto, en la sentencia citada por la parte demandada, esto es, la
proferida por la Corte Constitucional el 6 de julio de 2010 52 expuso lo
siguiente sobre el alcance de la interpretación del carácter facultativo de
la defensa técnica en los procesos de responsabilidad fiscal:
“[…] La sentencia C-131 de 2002 estudió la constitucionalidad del
artículo 42 de la Ley 610 de 2002[5], en el contenido normativo referido
a que la diligencia de exposición libre y espontánea dentro del proceso
de responsabilidad fiscal podrá llevarse a cabo incluso si quien rinde la
exposición, no cuenta con apoderado judicial; por lo cual la designación
de un defensor resulta facultativa. La Corte mediante la sentencia en
mención, declaró que la norma era exequible y no vulneraba los
principios constitucionales del debido proceso, ni los derechos de defensa
y contradicción. Esto por cuanto de la naturaleza del proceso de
responsabilidad fiscal, “se infiere que la responsabilidad que se discute
es patrimonial más no sancionatoria pues lo que se pretende es la
reparación del daño causado al patrimonio del Estado y no derivar
responsabilidades judiciales por faltas cometidas. Si así fuera, el
legislador se encontraría en el deber de establecer mecanismos que
49
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 21 Folio
4001 a 4203 (…)”
50
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 22 Folio
4204 a 4407 (…)”
51
Corte Constitucional. Sentencia T- 549 de 2010.
52
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
permitan un mayor ejercicio de las garantías que integran el debido
proceso pues las graves implicaciones de una actuación que conlleve
responsabilidad judicial exigirían equilibrar la relación procesal para que
el investigado no esté en desventaja frente a quien lo investiga. No
obstante, como esa no es la situación que se presenta en el proceso de
responsabilidad fiscal, la atribución de una naturaleza facultativa al
derecho a la defensa técnica en la exposición libre y espontánea no
rompe el equilibrio procesal ni coloca al investigado en situación de
desventaja frente a la administración.”[6]
Sin embargo, a renglón seguido la Corte introduce una aclaración
consistente en que el mencionado carácter facultativo de la defensa
técnica no puede mantenerse durante todas las etapas del proceso; por
lo que después de proferido el auto de imputación de cargos, se debe
entender que la expectativa de afectación del imputado es tal que
resultaría desproporcionado que enfrentara el proceso sin defensa
jurídica técnica.
(…)
13.- Para esta Sala de Revisión, el alcance de la anterior determinación
hermenéutica no puede significar que en todos los casos se genere la
obligación del ente de control fiscal de designar defensor de oficio en
supuestos distintos al del artículo 43 de la misma ley 610 de 2000[8],
según el cual si el implicado no puede ser localizado o citado o no
comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con
quien se continuará el trámite del proceso.
La anterior conclusión se basa en que la naturaleza del proceso de
responsabilidad fiscal consistente en perseguir la reparación de un daño
patrimonial ocasionado al Estado, implica una garantía distinta de los
derechos derivados del debido proceso, que no tienen el mismo alcance
de las garantías consagradas para los procesos sancionatorios. Tal como
lo afirmó la Corte en la sentencia aludida C-131 de 2002, en los procesos
de responsabilidad fiscal tienen gran peso “los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
que, según el Artículo 209, orientan la función administrativa”[9]; así
como los demás principios constitucionales sobre los que se soporta la
consagración de herramientas legales efectivas para velar por los
recursos del Estado y dar cuenta de la prácticas relacionadas con la
corrupción administrativa.
14.- En este orden, la interpretación adecuada de la consagración de la
obligación de contar con defensa técnica después de proferido el auto de
imputación de cargos en un proceso de responsabilidad fiscal consagrada
en la sentencia C-131 de 2002, es que dicha obligación resulta una carga
en principio del imputado y no de la administración. Esto es, que lo
afirmado en dicha sentencia se dirige de manera directa a quien ha sido
acusado, con el fin de establecer un deber a su cargo. Por lo que su
incumplimiento no puede derivar en el desgaste del ente de control,
mediante la declaratoria de nulidad de lo actuado, cuando el imputado
no obre de conformidad, es decir, cuando no cumpla con su deber de
designar un apoderado judicial.
Por supuesto, la anterior interpretación sólo es posible cuando el
presunto responsable fiscal, conozca la existencia y los pormenores del
proceso que se adelanta en su contra. Pues, no de otra manera se le
puede exigir que cumpla con su deber de designar defensa técnica. De
lo que a su vez se concluye, que en la hipótesis en que el presunto
responsable no esté al tanto del proceso, entonces la perspectiva cambia
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
y resulta una carga de la contraloría la designación del defensor de oficio.
Tal como es la esencia del contenido normativo del artículo 43 de la Ley
610 de 2000.
Una interpretación distinta a la que se acaba de presentar, significaría
que una persona imputada en un proceso de responsabilidad fiscal,
puede estar al tanto del proceso e incluso participar en él, ejerciendo el
derecho de defensa y contradicción a nombre propio, y al dictarse el fallo
definitivo todo sería nulo porque no nombró un abogado de oficio. Esta
situación no tendría sustento constitucional alguno, pues la esencia del
debido proceso es la garantía de ejercer los derechos de defensa y
contradicción, lo que se logra no solamente mediante apoderados
judiciales.
[…]” (subrayas ajenas a la providencia)
Lo señalado significa que si bien es cierto, como lo afirma el recurrente,
el órgano de control no tenía el deber de designarle un apoderado de
oficio que lo representara, puesto que, había acudido a la diligencia de
versión libre; tampoco puede desconocerse que los motivos
argumentados por el ente investigador para designarle apoderado de
oficio en el auto del 21 de julio de 2010, fueron porque “(…) el presunto
responsable PEDRO ALEJANDRO MARTÍNEZ GÓMEZ C.C., aun cuando
compareció a rendir versión libre y espontánea carece de apoderado que
asuma su respectiva defensa jurídica dentro de las presentes diligencias
fiscales (…)” y, en todo caso, lo que denota el anterior recuento hecho por
la Sala, es que el implicado se desentendió del proceso fiscal y, el órgano
de control hizo todos los esfuerzos necesarios para que tuviera un
defensor de oficio que lo representara.
En ese sentido, no le asiste razón al recurrente cuando afirma que no se
atendió lo previsto por el artículo 49 de la Ley 610 de 2000, que dispone
que “(…) el auto de imputación de responsabilidad fiscal se notificará a
los presuntos responsables o a sus apoderados si los tuvieren (…) en la
forma y términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo//
Si la providencia no se hubiere podido notificar personalmente a los
implicados que no estén representados por apoderado, surtida la
notificación por edicto se les designará apoderado de oficio, con quien se
continuará el trámite del proceso”, toda vez que, la notificación se surtió
al apoderado de oficio y, aunque, finalmente éste tampoco actuó de
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
manera eficaz en el proceso, como lo señaló la primera instancia, se trata
de una circunstancia ajena a las actuaciones del órgano de control, que
no tiene la virtualidad de desvirtuar la legalidad de los actos, prueba de
ello es que la parte actora se notificó personalmente del fallo con
responsabilidad fiscal y tuvo la oportunidad de apelar la decisión, por lo
tanto, este cargo tampoco prospera.
6.4.3. En relación con la señalada aplicación indebida del artículo
18 de la Ley 610 de 2000, por haberse surtido inoportunamente
el grado de consulta dispuesto en la norma, incurriendo
adicionalmente en prejuzgamiento
El recurrente alegó que con la indebida aplicación del artículo 18 de la Ley
610 de 2000, en la providencia apelada se desatendió que con el trámite
inoportuno del grado de consulta se le vulneró al demandante el debido
proceso y el derecho a la defensa y, como se indicó en la demanda, la
Contralora General de la República incurrió en prejuzgamiento, toda vez
que con posterioridad a la decisión del grado de consulta resolvió los
recursos de apelación impetrados.
Frente a este punto, la Sala considera que no le asiste razón al recurrente
por los siguientes motivos:
(i) El artículo 18 de la Ley 610 dispone que “(…) se establece el grado de
consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los
derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se
dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o
cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere
estado representado por un apoderado de oficio.// Para efectos de la
consulta, el funcionario que haya proferido la decisión, deberá enviar el
expediente dentro de los tres (3) días siguientes a su superior funcional
o jerárquico, según la estructura y manual de funciones de cada órgano
fiscalizador (…)” . (se destaca)
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
(ii) En el caso concreto, se advierte que, las decisiones fueron proferidas
y se notificaron así:
-) El fallo con responsabilidad fiscal nro. 000297 del 22 de noviembre de
2012, proferido por el Contralor Delegado Intersectorial nro. 2 de la
Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la
Contraloría General de la República53, fue notificado por aviso nro. 0023-
2013 del 4 de febrero de 2013, a las personas que no acudieron a la
diligencia de notificación personal. En el caso del señor Martínez Gómez,
el mismo fue notificado de manera personal el 31 de enero de 2013, según
obra en el expediente, así54:
53
Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Proceso con
radicado nro. 25 000 23 41 000 2013 02252 01. Archivo PDF “CUAD3CD1FOLIO599
(…)”.
54
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 23 Folio
4408 a 4599 (…)”
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
-) El Fallo en grado de consulta nro. 005 del 23 de enero de 2013,
proferida por la Contralora General de la República “por medio del cual se
decide un Grado de Consulta del Fallo No. 000297 del 22 de noviembre
de 2012, dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal CD 000153”,55 fue
notificado por estado 0013 del 25 de enero de 2013, así56:
-) El auto nro. 193 del 27 de febrero de 2013, por el cual se resuelven
recursos de reposición contra el fallo nro. 000297 del 22 de noviembre de
2012 y se conceden unos recursos de apelación, proferido por el Contralor
Delegado Intersectorial nro. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales
Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, que
confirmó la anterior decisión, fue notificado por estado nro. 0034 del 28
de febrero de 2013, tal como consta en la constancia dispuesta por la
Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la
Contraloría Delegada Intersectorial nro. 2 de la Contraloría General de la
República, así57:
55
Ibidem.
56
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 22 Folio
4204 a 4407 (…)”
57
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 25 Folio
4803 a 5000 (…)”
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
-) El Fallo nro. 0015 emitido el 6 de marzo de 2013 por la Contralora
General de la República, de responsabilidad fiscal, fue notificado por
estado nro. 0039 del 8 de marzo del 2013, así58:
En consecuencia, el hecho de que, atendiendo lo señalado por el citado
artículo 18 de la Ley 610, el órgano de control hubiera remitido primero
el fallo de responsabilidad fiscal para que se surtiera la consulta debido a
que algunos de los implicados estuvieron representados por apoderado
de oficio, no equivale a un prejuzgamiento, ya que, en todo caso, se
garantizó el derecho de contradicción de los implicados y cada una de las
decisiones fueron proferidas por los funcionarios competentes.
Así las cosas, no le asiste razón al recurrente cuando alega una indebida
interpretación del señalado artículo 18 con fundamento en que primero
se resolvió el grado de consulta y de manera posterior los recursos de
apelación alegando que se incurrió en un prejuzgamiento y en violación
del debido proceso, lo anterior, por cuanto, la precitada disposición no
establece el orden en que la Contraloría debe pronunciarse cuando es
58
Ibidem.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
procedente surtir el grado de consulta y decidir los recursos de apelación.
En ese escenario, no se advierte la violación al debido proceso por la
indebida interpretación del artículo 18, pues en él no consta el
procedimiento que reclama el recurrente, ni tampoco puede predicarse
un prejuzgamiento, dado que la finalidad del grado de consulta y de la
apelación son distintos.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que, “(…)
el recurso de apelación genera el pronunciamiento del superior sobre los
aspectos de inconformidad propuestos por la parte recurrente en el
recurso, mientras que, el grado de consulta pretende la defensa del
interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías
fundamentales”59 y procede en los eventos previstos en la ley y que
fueron señalados en precedencia. En ese escenario, la Sección Primera ha
reconocido que comoquiera que el grado de consulta tiene como finalidad
la defensa del interés público “permite examinar íntegramente y sin
limitación alguna el asunto”60. Este último aspecto, lo ha sostenido con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha
reconocido que el grado de consulta es “un control automático, oficioso y
sin límites”61.
A estos efectos, resulta pertinente traer a colación la sentencia del 3 de
octubre de 201962 proferida por esta Sección en la que se decidió un
asunto que, si bien no es idéntico, sí resulta similar, en el sentido que, allí
se reprochaba que la Contraloría resolvió en un mismo acto administrativo
los recursos de apelación y el grado de consulta, lo que el interesado
consideraba vulneraba el debido proceso por existir un prejuzgamiento.
La Sección estimó que no existía violación al debido proceso porque la Ley
59
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 3 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro.
85001 23 33 000 2017 00129 01.
60
Ibidem.
61
Corte Constitucional. Sentencia T- 005 de 2013.
62
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 3 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro.
85001 23 33 000 2017 00129 01.
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80
Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
610 no prohíbe resolver en un mismo acto el grado de consulta y el
recurso de apelación; lo mismo ocurre en el presente caso, en la medida
que el actor no identificó o invocó alguna disposición que estableciera el
orden en que debía resolverse, ni tampoco que el órgano de control no
pudiera pronunciarse de manera independiente.
Aunado a lo dicho, el reproche planteado por el recurrente no se traduce
en la violación del debido proceso, dado que lo alegado no encuadra en
las garantías mínimas que lo componen, esto es63: (i) ser oído durante
toda la actuación; (ii) la notificación oportuna y de conformidad con la
ley; (iii) que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas; (iv) que se
permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su
culminación; (v) que la actuación se adelante por la autoridad competente
y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento
jurídico; (vi) gozar de la presunción de inocencia; (vii) el ejercicio del
derecho de defensa y contradicción; (viii) solicitar, aportar y controvertir
pruebas; (ix) impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas
obtenidas con violación al debido proceso.
Por lo tanto, este cargo tampoco tiene prosperidad.
6.4.4. El cargo de falsa motivación
El recurrente afirmó que el fallo de responsabilidad fiscal incurrió en falsa
motivación por asignarle la calidad de gestor fiscal con desconocimiento
de la ratio decidendi de la sentencia C- 840 de 2001 de la Corte
Constitucional. Que durante toda la etapa de estructuración del negocio
fiduciario, y al momento de la suscripción del correspondiente contrato,
el único cliente conocido, y sobre el que debían adelantarse todas las
indagaciones exigidas por la ley y por el manual interno de la Fiduciaria,
era la sociedad Green Mountain Consulting S.A., sociedad de derecho
privado, legalmente constituida e inscrita en la Cámara de Comercio de
63
Corte Constitucional. Sentencia T-105 de 2023.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Bogotá, sociedad sobre la que ni la Superintendencia Financiera, ni
Fiduagraria, ni la Contraloría General de la República, ni órgano alguno
de control alguno ha formulado hasta la fecha ningún reparo que permita
predicar, ni siquiera en grado de duda, que con dicho cliente no debió
celebrarse el contrato de fiducia mercantil de administración y fuente de
pago, que fue objeto del proceso de responsabilidad fiscal. Que como
vicepresidente comercial de Fiduagraria S.A. y estructurador del negocio
no podía imputársele responsabilidad fiscal y, que, no obra prueba alguna
que indique que durante la etapa de estructuración del fideicomiso
suscrito con Green Mountain Consulting S.A., ni en momento alguno
previo a la entrega que de dicho negocio hizo la vicepresidencia comercial
a la vicepresidencia de negocios fiduciarios hubieran ingresado recursos
de inversionistas beneficiarios, ni mucho menos procedentes de entidades
estatales.
Para resolver este reproche la Sala observa lo siguiente:
(i) Esta Sección ha dicho que la falsa motivación como vicio de nulidad
debe ser entendido desde tres enfoques distintos, a saber: la falsa
motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida
motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el
contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance
interno, lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el
acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva64.
El primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento sobre
ciertos hechos que se esgrimen como fundamento para expedir la decisión
cuestionada. Así, de advertir que son falsos, el juez no tiene opción
diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión
que el acto toma.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
64
del 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 47 001
23 31 000 2012 00414 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado
a atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que
sustentan la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que
la normativa que invoca la administración no tiene el alcance para definir
la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad
será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.
Finalmente, la indebida motivación surge del análisis del acto a partir de
la congruencia entre la motivación y la resolución, de modo que aquella
debe ser el fundamento lógico y consecuencial de ésta.
(ii) La parte recurrente aduce que no podía asignársele la calidad de
gestor fiscal y, que, con ello, se desconoció la ratio decidendi de la
sentencia C- 840 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, que según
observa la Sala, al estudiar la exequibilidad, entre otros, del artículo 6 de
la Ley 610 de 2000, precisó que, el daño patrimonial puede ser ocasionado
por los servidores públicos o los particulares que causen una lesión a los
bienes o recursos “(…) en forma directa o contribuyendo a su realización”.
Al efecto, la Sección ha señalado que, para que pueda predicarse la
responsabilidad fiscal, deben estar reunidos los elementos previstos por
el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 y, en coherencia con lo dispuesto por
la Corte Constitucional en la referida sentencia C- 840 de 2001, ha
explicado65:
“[…] el artículo 5 [de la ley 610 de 2000], señala los elementos que deben
concurrir para acreditar la existencia de la responsabilidad fiscal, a saber:
-) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza
gestión fiscal; -) un daño patrimonial causado al Estado y -) el nexo causal
entre los dos elementos anteriores.
65
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
noviembre de 2019. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 25000 23
41 000 2012 00710 01.
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Radicación: 25 000 23 41 000 2013 02252 01
Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
En cuanto a los presupuestos que deben estar reunidos, esta Sección ha
dicho66:
“[D]e lo anterior se coligen tres elementos de la responsabilidad fiscal: i)
elemento objetivo, consistente en que exista prueba que acredite con
certeza, por un lado, la existencia del daño al patrimonio público, y, por
el otro, su cuantificación; ii) elemento subjetivo, que evalúa la actuación
del gestor fiscal y que implica que aquél haya actuado al menos con culpa
y iii) elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse
que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.
[…]”.
(iv) Respecto al daño patrimonial, el artículo 6 precisa que debe tratarse
de una lesión al patrimonio público que se representa en el menoscabo,
disminución, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna; este puede provenir de
la acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o
jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.
En tal sentido, no sólo son sujetos de responsabilidad fiscal los servidores
públicos y los particulares que de manera directa administren o manejen
recursos o fondos públicos sino también quienes encontrándose bajo esa
misma circunstancia por su acción u omisión hayan incidido de manera
determinante en causar un daño patrimonial; consideración que se
reafirma en la sentencia C-840 de 2001, a la cual hizo alusión el
recurrente, en donde la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad
de la expresión “contribuyan”, precisó:
“[…] En efecto, el talante descriptivo de la norma censurada no provoca
duda alguna en cuanto al fin primordial de su contenido: definir el daño
patrimonial al Estado. Aclarando que dicho daño puede ser ocasionado por
los servidores públicos o los particulares que causen una lesión a los
bienes o recursos públicos en forma directa, o contribuyendo a su
realización. Se trata entonces de una simple definición del daño, que es
complementada por la forma como éste puede producirse. Donde además,
no se hace referencia alguna a las autoridades competentes para conocer
y decidir sobre las responsabilidades que puedan dimanar de unas tales
conductas.
(…)
La definición del daño patrimonial al Estado no invalida ni distorsiona el
bloque de competencias administrativas o judiciales que la Constitución y
la ley han previsto taxativamente en desarrollo de los principios de
legalidad y debido proceso. Por lo mismo, cuando el daño fiscal sea
consecuencia de la conducta de una persona que tenga la titularidad
jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado materia del
detrimento, procederá la apertura del correspondiente proceso de
responsabilidad fiscal, sea que su intervención haya sido directa o a guisa
de contribución. En los demás casos, esto es, cuando el autor o partícipe
66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
del 12 de septiembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicado nro. 17001-
23-31-000-2010-00313-01.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
del daño al patrimonio público no tiene poder jurídico para manejar los
fondos o bienes del Estado afectados, el proceso atinente al resarcimiento
del perjuicio causado será otro diferente, no el de responsabilidad fiscal.
Y la Sala reitera: la responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar
respecto de los servidores públicos y particulares que estén jurídicamente
habilitados para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio
sobre fondos o bienes del Estado puestos a su disposición. Advirtiendo
que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los
fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del titular
de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones prescritos
por la ley. Lo cual implica que si una persona que ejerce gestión fiscal
respecto de unos bienes o rentas estatales, causa daño a ciertos haberes
públicos que no se hallan a su cargo, el proceso a seguirle no será el de
responsabilidad fiscal, pues como bien se sabe, para que este proceso
pueda darse en cabeza de un servidor público o de un particular, necesaria
es la existencia de un vínculo jurídico entre alguno de éstos y unos bienes
o fondos específicamente definidos. Es decir, la gestión fiscal está ligada
siempre a unos bienes o fondos estatales inequívocamente estipulados
bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor público o de
un particular, concretamente identificados. […]” (Se resalta)
(…)
Asimismo, si los bienes sobre los cuales se haya causado el daño
patrimonial que se imputan se encontraban en su rango de acción y su
conducta (acción u omisión) fue determinante para producir dicho
resultado. […]”
(iii) En el asunto bajo examen, se tiene que, como lo analizó la primera
instancia, la forma en que reestructuró el negocio jurídico permitió que la
sociedad Green Mountain Consulting S.A. dispusiera de unos recursos sin
garantía para su devolución y, Fiduagraria S.A. tuvo una importante
injerencia en el mismo, pues en cabeza del hoy demandante estructuró
un negocio a sabiendas de la deficiencia del contrato de cesión de
beneficios con pacto de recompra y los riesgos que representaba para los
inversionistas, en este caso, para el departamento del Casanare.
(iv) Al respecto, se advierte que, los bienes del fideicomiso estaban
compuestos por: i) los ingresos provenientes del contrato de prestación
de servicios mineros celebrado entre Green Mountain Consulting S.A., y
la compañía Colombiana de Explotaciones Mineras S.A. – Coexminas, y,
ii) los recursos aportados por los inversionistas y, las falencias en la
estructura del negocio estaban en la garantía del cumplimiento de la
obligación de readquisición, puesto que los recursos del fideicomiso
estuvieron siempre a disposición del fideicomitente, esto es, de Green
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
Mountain Consulting S.A., quedando a su arbitrio mantener o consignar
los recursos suficientes para cumplir con la obligación de readquisición de
los derechos cedidos y devolver las sumas de dinero invertidas por el
departamento del Casanare, que se trataba de recursos públicos.
Por ello, teniendo en cuenta las deficiencias en la estructuración del
contrato de oferta de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición, la Contraloría General de la República declaró fiscalmente
responsable a varios funcionarios del departamento del Casanare, a la
sociedad Green Mountain Consulting S.A. y, entre otros funcionarios de
Fiduagraria S.A. al señor Pedro Alejandro Martínez en condición de
vicepresidente comercial de Fiduagraria, por estructurar un negocio
fiduciario en el cual no se adelantaron acciones necesarias para impedir
que el contrato fuera utilizado como instrumento para la realización de
operaciones no permitidas directamente al Fideicomitente, siendo esta la
razón por la que se le declaró fiscalmente responsable al actor y se le
ordenó responder de manera solidaria por el detrimento, sin que, por ello
se pueda concluir que los actos acusados estén falsamente motivados.
En este punto, considera importante la Sala destacar que obra en el
proceso el memorando con consecutivo nro. 140 del 7 de noviembre de
2006 suscrito, entre otros, por la vicepresidente de Negocios Fiduciarios
de Fiduagraria S.A. en donde quedaron evidenciados los vacíos
encontrados para la definición del esquema operativo de los contratos de
fiducia mercantil y se advirtieron los riesgos existentes, entre otros, con
la sociedad Green Mountain Consulting S.A., sin que esté acreditado que
los mismos hayan sido atendidos67:
“[…]
CONSECUTIVO 140
No.
PARA: Dr. CÉSAR AUGUSTO TORRES SUESCUN
Vicepresidente Jurídico
Dr. PEDRO ALEJANDRO MART[Í]NEZ
G[Ó]MEZ
Vicepresidente Comercial
67
Ibidem, Archivo PDF CUAD3CD1FOLIO599 (…)” documento “Carpeta Principal 8 Folio
1401 a 1600 (…)”
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
DE: LUCERO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
Vicepresidente de Negocios Fiduciarios
REFERENCIA: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS
FECHA: NOVIEMBRE 7 DE 2006
ASUNTO:
De manera atenta y con el propósito de definir el esquema operativo de
los Contratos de Fiducia Mercantil de Administración y Fuente de Pago
suscritos con CONSORCIO BOGOTÁ FUSA, CONSORCIO PROYECTAR,
PROYECTO CARBONÍFERO CHAC[Ó]N BERNAL, CONSORCIO
CARBONERO, GREEN MOUNTAIN CONSULTING, COSACOL, ENSACAR y
UNIÓN TEMPORAL KPITAL GEOFÍSICA, no permitimos informar que
analizados dichos contratos, encontramos que la estructuración
comercial y jurídica de los mismos presentan vacíos al momento de
ejecutar la operación del negocio generando riesgos en la administración
de negocio, dado que en los mismos no se definen claramente algunos
aspectos esenciales para realizar dicha administración. Generando
igualmente confusiones o interpretaciones diferentes en los
Inversionistas Beneficiarios, lo cual conlleva a malestar de parte de los
clientes.
A continuación detallamos los conceptos generales en los que hemos
encontrados vacíos sobre los cuales requerimos claridad jurídica y
económica para efectos de operar los negocios y proceder a solicitar los
respectivos otrosíes:
1. Inexistencia de relación entre los ingresos esperados de los
CONTRATOS CEDIDOS que constituyen la fuente de pago y el monto
máximo de INVERSIONES, vía OFERTA DE CESI[Ó]N DE DERECHOS
DE BENEFICIO CON PACTO DE READQUISICI[Ó]N, lo que implica que
no existe contractualmente un tope para comprometer la fuente
pago, posibilitando así un endeudamiento ilimitado para los clientes.
En ese tema igualmente debe tenerse en cuenta si la relación antes
mencionada debe establecerse ente los ingresos esperados (Flujo de
Caja Esperado) vs. El valor de recompra y no el valor de la inversión,
e igualmente contemplar otros gastos asociados tales como
comisiones, impuestos, etc.
2. En lo referente al manejo y disposición de los recursos proveniente
de contratos cedidos, no se establece con claridad si estos deben
permanecer pignorados hasta completar el monto de las obligaciones
existentes o si son de libre disposición por parte del Inversionista.
Al respecto, es preciso mencionar que algunos de los contratos,
establecen la constitución de un FONDO DE RESERVA cuyo objeto es
la recompra de los derechos de beneficio; fondo cuyo porcentaje
determinarán entre el FIDEICOMITENTE Y El- INVERSIONISTA y que
efectuando el análisis de los ingresos que serán recaudados de esta
fuente de pago vs. El valor de inversiones, salvo que dicho porcentaje
sea igual al 100% de dichos ingresos, el Fideicomiso no tendría en
ningún momento del tiempo, los ingresos necesarios para atender las
readquisiciones, lo que conllevará a la liquidación en el primer
incumplimiento.
Adicionalmente, no encontramos claro que los contratos estipulen
que las ofertas de cesión deben ser canceladas directamente por el
Fideicomitente, teniendo en cuenta que se encuentran cedidos al
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Patrimonio Autónomo los contratos que constituyen la Fuente de Pago
de las obligaciones.
En punto de los temas anteriores, salvo mejor opinión consideramos
que siendo el ingreso por los contratos una fuente de pago de
inversiones, esta debe permanecer pignorada hasta tanto existan los
recursos suficientes para atender las obligaciones existentes.
Mediante comunicación VJSG-1195 de [o]ctubre 30, la
Vicepresidencia Jurídica trata el tema en comento: no obstante,
continuamos con las inquietudes antes planteadas, dado que en la
comunicación se concluye en un punto que el destino de los recursos
de contratos es única y exclusivamente el pago de obligaciones con
inversionistas, y en otro de los puntos que debe existir un porcentaje
de FONDO DE RESERVA lo que conllevaría a concluir que el diferencial
entre el 100% de los ingresos y el % establecido como reserva, se
podría destinar a otros fines.
A continuación, citamos textualmente los puntos antes mencionados:
• ´Conforme a las instrucciones del Fiduciario, se concluye que los
recursos provenientes de los derechos económicos de LOS CONTRATOS
deben destinarse al pago de las obligaciones adquiridas con los
INVERSIONISTAS, mientas que los dineros de la segunda fuente, tienen
como destinación especifica, servir de fuente de pago de las obligaciones
relacionadas con LOS CONTRATOS’.
• ´Debemos aclarar que en el contrato no se acordó la pignoración de
los recursos fideicomitidos, sino la creación de un fondo de Reserva
destinado a la recompra de los derechos de beneficio. El porcentaje
mensual de esta provisión se determinará entre los INVERSIONISTAS y
EL FIDEICOMITENTE. Es recomendable que no se permita la utilización
de recursos originados en LOS CONTRATOS hasta tanto no se formalice
el porcentaje a provisionar con destino al FONDO DE RESERVA, lo cual
se debe comunicar en forma prioritaria a la Fiduciaria’.
• fue consultado por escrito con la Vicepresidencia Jurídica, cuya
respuesta
Consideramos igualmente que el % de reserva debe quedar definido
desde el inicio del contrato, de tal forma que los inversionistas al declarar
en su oferta de cesión de derechos de beneficio que conocen el contrato,
igualmente estaría otorgando su aval y aceptación sobre dicho
porcentaje.
3. En el evento de incumplimiento de la primera oferta, en la cual nos
veamos abocados a iniciar el proceso liquidatorio, no existe la claridad
contractual que permita efectuar el prorrateo y cesión y activos
fideicomitidos, ya que se configuran los siguientes interrogantes:
• Para el pago de la oferta vencida se contemplarán la totalidad de
recursos existentes o se deben extraer los que provengan de otros
inversionistas beneficiarios?
• El prorrateo para la cesión se efectúa sobre el valor de la inversión o
sobre el valor de recompra?
• Cuál es el trámite en el evento que existan otras ofertas de cesión y su
vencimiento es posterior?, Las demás ofertas se aceleran?, Qué valor de
las ofertas de cesión no vencidas se tiene en cuenta para el prorrateo,
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es decir, se debe tener en cuenta que no se ha causado el total del monto
establecido para recompra?
• La cesión de maquinaria y vehículos se efectúa en común y proindiviso,
o se debe gestionar su venta?
• Cuál sería el procedimiento a seguir, dado que los [b]ienes se
encuentran en comodato?
Al respecto, consideramos que el contrato debe contemplar los posibles
escenarios en -el evento de liquidación de tal manera que los
Inversionistas Beneficiarios conozcan desde el inicio de la operación el
proceso de distribución.
4. Dado que se ha visto en el desarrollo de los contratos la figura de
reinversión, es necesario que el contrato contemple la misma y sus
condiciones y que igualmente el modelo de oferta de cesión
contemple que no ingresarán nuevos recursos al fideicomiso.
5. Aun cuando el contrato y la oferta de cesión determinan que previo
al ingreso de recursos la Fiduciaria debe recibir la oferta de cesión y
analizar el origen de los recursos, la realidad de la operación actual
es que ingresan los recursos y que con posterioridad allegan a la
fiduciaria los documentos requeridos, por lo que consideramos que le
contrato debe determinar claramente que el Fideicomitente no podrá
disponer de recursos hasta tanto se hayan efectuado las
verificaciones requeridas y siempre que se haya constituido
válidamente la cesión de contratos como fuente de pago.
Igualmente consideramos, que el área comercial debe ser muy clara
con los clientes sobre las obligaciones previas a la utilización de los
recursos, toda vez que simultáneamente con la entrega del negocio
se está solicitando la apertura de la cuenta para el ingreso de
recursos, sin adelantar los trámites correspondientes a la cesión de
contratos.
Dados los temas antes mencionados, consideramos necesario evaluar los
mismos y proyectar modificaciones al marco contractual de tal forma que
se tenga claridad absoluta por cada uno de los actores y se disminuya el
riesgo que se puede generar en la ejecución del negocio y frente a las
responsabilidades de la fiduciaria e igualmente se evite desgaste en
interpretaciones, inconformidad del cliente y por ende se produzca
mayor agilidad en la atención del negocio.
Para futuros negocios de este tipo, solicitamos que previo a su
suscripción se cuente con las observaciones de esta Vicepresidencia.
Nos encontramos dispuestos a concretar las reuniones que se consideren
necesarias para la definición requerida.
De otra parte, en lectura de los contratos existentes surgen algunas
inquietudes de las cuales requerimos su concepto, con el propósito de
determinar las incidencias en la Administración del Negocio, así:
1. En los diferentes clausulados se indica: ‘Las partes aceptan y
entienden, que la oferta de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición no configura ni conlleva a que los INVERSIONISTAS
adquieran la calidad de Fideicomitente Cesionarios. Dicha operación, sólo
trae como consecuencia que tales INVERSIONISTAS se registren en el
patrimonio autónomo como beneficiarios del fideicomitente, a quienes
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en el evento de existir recursos disponibles en el Fideicomiso y ante un
eventual incumplimiento de la obligación de readquisición por parte del
Fideicomitente, se les pagará el monto pactado en la oferta de cesión’.
• Qué se entiende por beneficiarios del fideicomitente?
• Cuál es la diferencia entre beneficiarios del fideicomiso y beneficiarios
del fideicomitente?
• Qué significa el término ‘CESI[Ó]N DE DERECHOS DE BENEFICIO’ y
qué alcances tiene frente al contrato, especialmente en caso de
incumplimiento?
• Es viable que la oferta y aceptación de la misma estén en el mismo
documento?
2. Otra cláusula establece; ‘Para estos efectos y con el propósito de
evitar que el negocio fiduciario sea utilizado como medio para la
realización de operaciones prohibidas, la Fiduciaria previo al registro
enunciado, verificará la documentación de cada INVERSIONISTA así
como la procedencia de los recursos entregados al fideicomiso’.
• A qué se refiere el término operaciones prohibidas?
• Solo con el cumplimiento de la verificación del sipla se entiende
cumplida la misión?
• Cómo se verifica que no corresponda a operaciones prohibidas cuando
el inversionista es una entidad estatal territorial?
• Cómo se verifica la procedencia de recursos entregados cuando se trate
de entidades territoriales y estatales?
• Tratándose de entidades territoriales y estatales debe verificarse que
quien suscriba la oferta cesión sea el representante legal de la entidad y
sus atribuciones o la existencia de ordenanzas en tal sentido?
[…]” (Mayúsculas, negrillas y subrayas propias del original)
Por consiguiente, lo que se determinó es que el actor contribuyó a la
realización del detrimento patrimonial, comoquiera que, como se dijo en
el fallo con responsabilidad fiscal “(…) el ingreso de recursos públicos a
patrimonios autónomos conllevó a que el negocio Fiduciario sirviera de
medio para la realización de operaciones prohibidas por la Ley” y el actor
participó “(…) en la elaboración y estructuración de los contratos de
fiducia y de la verificación del origen de los recursos a invertirse en los
Patrimonios Autónomos, le correspondía el deber de evitar que el negocio
fiduciario se presentara para la realización de operaciones prohibidas,
debiendo previo al registro, verificar la documentación de cada
inversionista Beneficiario y procedencia de recursos entregados al
fideicomiso”.
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Demandante: Pedro Alejandro Martínez Gómez
De contera, tampoco le asiste razón al recurrente cuando afirma que los
dineros invertidos por parte de la sociedad Green Mountain Consulting
S.A. no tenían el carácter de públicos, puesto que el hecho de que se
hubieran invertido por dicha sociedad en una oferta de cesión de derechos
de beneficio con pacto de readquisición no hizo que perdieran su
naturaleza de públicos, dado que provenían de regalías del departamento
del Casanare.
Por las razones anotadas, se confirmará la decisión de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda, como quiera que no fue
desvirtuada la legalidad de los actos acusados.
6.4. Costas procesales en segunda instancia
El artículo 188 del CPACA estableció que, “salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código
de Procedimiento Civil (…)”. A su vez, el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, lo adicionó en el siguiente sentido: “en todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, no
obstante, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera
instancia, - 29 de septiembre de 2016-, esta última modificación no
estaba vigente.
Conforme con lo previsto por el artículo 365 del Código General del
Proceso, la condena en costas está sujeta, entre otras, a las siguientes
reglas: - se condenará a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación; - debe ordenarse en
la sentencia o en el auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella,
y - solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.
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Como lo ha expuesto esta Sección68, el criterio objetivo valorativo de la
condena en costas implica que es objetivo, por lo que, no resulta de un
obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada,
sino que es el resultado de su derrota en el proceso o en el recurso
propuesto, y valorativo, porque se requiere que en el expediente el juez
revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación, el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro de éste.
Atendiendo las normas señaladas en precedencia, se condenará en costas
en esta instancia a la parte actora, dado que le será resuelto
desfavorablemente el recurso.
Para ello, está acreditado que, la Contraloría General de la República
acudió a este proceso por conducto de apoderado. En consecuencia, se
dará aplicación a lo previsto por el Acuerdo nro. 1887 del 27 de agosto de
200369, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que estableció
las tarifas de las agencias en derecho para los procesos Contencioso
Administrativos, en el capítulo tercero del artículo sexto, y se impondrá
su favor, el pago de la suma equivalente a un salario mínimo mensual
legal vigente a cargo de la parte actora70.
Por último, dado que no está demostrada la causación de gastos
procesales, esta Sala no condenará en costas por dicho concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
68
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
4 de febrero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.
25000234100020150018001.
69
Gaceta de la judicatura. Consultado en actosadministrativos.ramajudicial.gov.co.
70
Atendiendo a que la disposición establece que en los procesos de segunda instancia con
cuantía se impondrá hasta el cinco por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas en la sentencia.
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de septiembre de
2016, por la Sección Primera, Subsección B, del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, según las
razones explicadas en la parte motiva.
SEGUNDO: Condenar a la parte actora a pagar a favor de parte
demandada Contraloría General de la Repúbica por concepto de agencias
en derecho la suma equivalente a un salario mínimo mensual legal
vigente.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclara voto
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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