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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02441-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02441-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de julio de 2014, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-02441-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: GRASAS DE COLOMBIA S.A.S.
Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante en
contra de la sentencia de 24 de julio de 2014, proferida por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. La sociedad Grasas de Colombia S.A.S. en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de
18 de enero de 20111, presentó demanda en la que formuló las siguientes
pretensiones:

“[…] 1. PRINCIPALES

1.1 Que se declare que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los
derechos fundamentales de GRASAS DE COLOMBIA S.A.S. a un orden económico
y social justo, a la igualdad, al debido proceso administrativo, a la defensa y a la
contradicción al no garantizar de manera efectiva la presencia de un funcionario de
GRASAS DE COLOMBIA S.A.S. al momento de realizar la inspección y control de los
productos hallados no conformes a la Resolución 16379 de 2003 y, posteriormente,
al no realizar una visita a las instalaciones de la empresa para verificar el método de
envasado, como sí ocurrió con otras empresas aceiteras a quienes también se les
hizo control en la misma época y se les disminuyó o revocó la sanción.

1.2 Que se declare que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el derecho
fundamental de GRASAS DE COLOMBIA S.A.S. al debido proceso administrativo al
no acreditar dentro del expediente la idoneidad profesional de las funcionarias que
realizaron la inspección a los productos de la empresa sancionada y al no acreditar
la idoneidad técnica de los instrumentos de medición utilizados para realizar el control
de los preempacados.

1.3 Que se declare que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los
derechos fundamentales de GRASAS DE COLOMBIA S.A.S. a un orden económico
y social justo y a la igualdad, al imponer una sanción pecuniaria excesivamente más
alta que la impuesta a otras empresas de aceite que incurrieron en la misma falta
investigada.

1
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

1.4 Que se declare que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los
derechos fundamentales de GRASAS DE COLOMBIA S.A.S. a un orden económico
y social justo y a la igualdad, al imponer una sanción pecuniaria desproporcionada e
irrazonable que no consultó la situación económica de la empresa sancionada, si
tenía antecedentes anteriores en materia de infracción a los derechos del consumidor,
si se produjo daño o no a los consumidores, si hubo un beneficio efectivo para la
empresa sancionada, entre otros factores que debieron tenerse en cuenta.

1.5 Que se declare que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los
derechos fundamentales de GRASAS DE COLOMBIA S.A.S. a un orden económico
y social justo y al debido proceso administrativo, al no tener por probada como causal
eximente de responsabilidad la culpa de un tercero, cuando dentro del expediente
quedó demostrado que la responsabilidad directa en el envasado del producto fue de
la sociedad COMERCIALIZADORA PIEDRAHITA S.A.S. con quien GRASAS DE
COLOMBIA S.A.S celebró un contrato para tal efecto.

1.6 Como consecuencia de las pretensiones 1.1 a 1.4, se declare nulo el acto
administrativo contenido en la Resolución 6206 (sic) de fecha 23 de octubre de 2012
expedida por la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y
Comercio, por la cual se impuso sanción pecuniaria a GRASAS DE COLOMBIA
S.A.S.

1.7 Como consecuencia de las pretensiones 1.1 a 1.4, se declare nulo el acto
administrativo contenido en la Resolución número 4952 de fecha 19 de febrero de
2013, expedida por la Directora de Investigaciones para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y
Comercio, por la cual se resuelve un recurso de reposición.

1.8 Como consecuencia de las pretensiones 1.1 a 1.4, se declare nulo el acto
administrativo contenido en la Resolución número 2277 (sic) de fecha 26 de abril de
2013, expedida por el Superintendente Delegado para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, por la cual se resuelve un recurso de
apelación.

1.9 En virtud de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos antes citados,
a título de restablecimiento de los derechos de mi mandante, solicito se exonere del
pago de cualquier sanción o multa que tenga relación con los hechos que sirvieron de
fundamento a los actos administrativos demandados.

1.10 Se condene a la Superintendencia de Industria y Comercio al pago de las costas
y agencias en derecho causadas como consecuencia del proceso judicial.

2. SUBSIDIARIAS

En caso de que el Honorable Tribunal decida no revocar los actos administrativos
impugnados, en forma subsidiaria solicito:

2.1 Reducir la sanción pecuniaria a un máximo de treinta (30) salarios mínimos
mensuales legales del año 2011, que corresponde a la sanción más alta impuesta a
una empresa aceitera por este tipo de infracciones, en aplicación al principio de
igualdad de trato. […]” (negrilla fuera del texto).

I.1.2. Los hechos

2.La demandante afirmó que el 21 de septiembre de 2011 las funcionarias de la
SIC Ivonne Mariana Torres Prada y Leidy Diana Chia Delgado efectuaron una visita
de inspección al establecimiento de comercio Carrefour ubicado en el municipio de
Mosquera, propiedad de Grandes Superficies de Colombia S.A., con el propósito de
verificar el cumplimiento de la Resolución 16379 de 18 de junio de 20032 en materia
2
“[…] Por la cual se reglamenta el control metrológico del contenido de producto en preempacados. […]”.

3

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

de control metrológico de productos preempacados. Dicha diligencia se realizó sin
la presencia del representante de la sociedad demandante.

3. Señaló que el producto “Aceite Oleo Sano marca Carrefour” en envase de 900
c.c. se verificó en esa visita, conforme al acta de verificación de contenidos PA-2573.

4. Indicó que la SIC empleó para el pesaje la balanza marca Mettler Toledo, con
certificado de calibración SIC 20465, documento que no se anexó al acta de
verificación ni obra en el expediente administrativo. Además, se practicaron las
pruebas de excentricidad y de invariabilidad de carga de la balanza, pero no quedó
constancia del procedimiento de comprobación, ni obra el certificado de calibración
DKD-V-47301. Incluso la SIC utilizó un picnómetro con certificado SIC 20572 para
el cálculo de la densidad promedio, del cual tampoco se dejó constancia.

5.Mencionó que el informe técnico de verificación de productos preempacados
concluyó que el producto no se ajustaba a los requisitos de la Resolución 16379 de
2003 en cuanto al contenido promedio e individual.

6. Manifestó que la SIC informó a Grasas de Colombia S.A.S. y a la
Comercializadora Piedrahita y Cía. S. en C. sobre la visita de verificación y el
término para rendir explicaciones.

7.Expuso que el empaque del producto lo realizaba la Comercializadora Piedrahita
S.A.S. mediante contrato de cuentas en participación, empresa que aplicaba
controles de trazabilidad y calidad.

8.Señaló que la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la SIC mediante la Resolución 62064
de 23 de octubre de 20124 no aceptó las explicaciones e impuso a la demandante
una sanción de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a
$321.360.000.

9.Indicó que el 7 de noviembre de 2012 presentó recursos de reposición y en
subsidio de apelación contra la anotada decisión y que mediante Resolución 4952
de 19 de febrero de 20135 se modificó la sanción, reduciéndola de 600 a 400 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Esa decisión se confirmó mediante
Resolución 22776 de 26 de abril de 20136.

10. Puso de presente que el 30 de noviembre de 2012 la SIC revocó las sanciones
impuestas a la sociedad Lloreda S.A. en los expedientes 11-117784 y 11-117776.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

11. La sociedad demandante afirmó que los actos administrativos acusados
vulneraron el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 83, 209 y 333 de la
Constitución Política; 2 (numeral 5) del Decreto 2153 de 30 de diciembre de 19927;

3
Concretamente, de un lote de 222 unidades se examinó una muestra de 50 unidades.
4
“[…] Por la cual se impone una sanción […]”.
5
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición y se concede un recurso de apelación […]”.
6
“[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]”.
7
“[…] Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones […]”.

4

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2, 20, 23 y 32 del Decreto 2269 de 16 de noviembre de 1993 8; y 4 (literal f del
numeral 4.2) de la Resolución 16379 de 2003, por las siguientes razones:

i) Vulneración del debido proceso

12. Sostuvo que la superintendencia debe garantizar el debido proceso en el ejercicio
de la función de supervisión, control y vigilancia prevista en el artículo 39 del Decreto
2269 de 1993. Sin embargo, la entidad demandada no permitió la intervención de la
sociedad investigada durante la inspección realizada el 21 de septiembre de 2011
y, como consecuencia de ello, no ejerció su derecho de contradicción frente al
procedimiento técnico de medición y pesaje.

13. Afirmó que la idoneidad y competencia de las funcionarias Leidy Diana Chia e
Ivonne Mariana Torres Prada no se acreditó. Además, la información de los
instrumentos utilizados, según el artículo 209 de la Constitución en concordancia
con el artículo 3 del Decreto 01 de 1984, debía ser pública y susceptible de
contradicción.

14. Señaló que la superintendencia envió citaciones a direcciones que no
correspondían al domicilio de la empresa, pese a conocer la dirección correcta
consignada en el informe técnico. Por ello, la demandante se enteró de la actuación
hasta el 28 de noviembre de 2011.

ii) Vulneración del principio de igualdad

15. Argumentó que la superintendencia al tasar las sanciones tiene en cuenta el
número de incumplimientos, el beneficio económico, el impacto frente a los
consumidores, el tamaño de la empresa y la importancia de los bienes jurídicos
protegidos.

16. Aludió que las Resoluciones 34520 de 9 de julio de 2009 y 26678 de 27 de abril
de 2012 acreditan que en casos similares la superintendencia impuso sanciones
inferiores. Además, frente a idénticas circunstancias actuó de manera desigual,
porque ordenó una nueva verificación con esas empresas.

17. Planteó que Grasas de Colombia S.A.S. cuestionó el procedimiento adelantado
por la entidad, el método, el personal, los instrumentos empleados y el lugar donde
se realizaron las verificaciones.

18. Expuso que la superintendencia en el procedimiento sancionatorio realizado a
otra sociedad resuelto mediante Resolución 57330 de 27 de septiembre de 2012
ordenó la práctica de una visita al punto de empaque que condujo a la revocatoria
de la sanción. Sin embargo, en su caso no se ordenó una nueva toma de muestras
en las instalaciones de la empresa y en presencia de sus empleados o autorizados,
con el fin de conocer los procesos, materiales, instrumentos y personal empleados
en la medición.

8
“[…] Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. […]”.

5

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

iii) Desconocimiento de la causal eximente de responsabilidad por hecho de
un tercero

19. Alegó que el artículo 26 del Estatuto del Consumidor vigente para la época
(Decreto 3466 de 2 de diciembre de 19829) admite como causal de exoneración el
hecho de un tercero debidamente probado, en el marco de un régimen de
responsabilidad “sin culpa”, en los que basta que exista un daño y una relación de
causalidad entre la conducta del imputado y el perjuicio.

20. Afirmó que el envasado de los productos de Grasas de Colombia S.A.S. lo realiza
la Comercializadora Piedrahita S.A.S., según el contrato de cuentas en participación
celebrado el 1 de octubre de 2010, conforme al cual el tercero debe cumplir las
normas en materia de metrología. Por esa razón, la actuación del tercero fue la
causa eficiente del incumplimiento y debía ser sancionado.

21. Agregó que la Comercializadora Piedrahita S.A.S. fue vinculada y guardó silencio
durante el traslado, por lo que resultaba aplicable el indicio grave señalado en el
artículo 95 del Código de Procedimiento Civil.

iv) Falta de proporcionalidad y razonabilidad de la sanción impuesta

22. Expuso que la sanción se fijó inicialmente en 600 salarios mínimos y se ajustó a
400 teniendo en cuenta: i) la deficiencia superior a la tolerable; ii) el beneficio
económico; iii) el alto impacto en el mercado; y iv) la calificación del Comité de
Conciliación del impacto como “ligero”.

23. Esos criterios no permiten inferir que la sanción respete el principio de
proporcionalidad, pues no se estableció un método racional que justificara el monto.
Además, no se valoró la capacidad económica del infractor, la existencia o no de
daño, la cuantía del daño al consumidor ni el beneficio ilícito obtenido.

24. Sostuvo que la sanción equivalía casi al 50% del patrimonio de la sociedad que
ascendía a $772.886.005, mientras que la utilidad neta reportada por la venta del
lote fue de $926.615.96, lo que evidenciaba la desproporción de la medida.

I.2. La contestación de la demanda10

25. La superintendencia se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar
que carecían de fundamento jurídico y legal. Dicha entidad de forma objetiva ejerció
las funciones de policía administrativa otorgadas por el Decreto 2269 de 1993 y la
Resolución 16379 de 2003, con el fin de verificar el cumplimiento de las
disposiciones sobre control metrológico de productos preempacados.

26. Expuso que la visita de inspección practicada el 21 de septiembre de 2011 en el
establecimiento Carrefour de Mosquera permitió verificar, mediante el acta PA-257,
que el producto “Aceite Oleo Sano marca Carrefour” presentaba un contenido real
promedio corregido inferior al nominal y que las 50 unidades examinadas de un lote
de 222 excedían las deficiencias tolerables.

9
“[…] Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas
y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, y
se dictan otras disposiciones. […]”.
10
Cfr. Índice 24 del expediente digital, documento denominado “ED_C01_10ContestacionDeLaDemandaSic(.pdf) NroActua
24”.

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27. Sostuvo que la investigación se adelantó conforme al debido proceso en razón
a que: i) vinculó a la sociedad; ii) comunicó el informe técnico; iii) las visitas de
inspección no requieren previo aviso ni la presencia del empacador; iv) el acta fue
suscrita sin observaciones por quien atendió la diligencia; y v) los instrumentos
utilizados contaban con certificados de calibración.

28. Agregó que no vulneró el principio de igualdad porque la administración evalúa
cada presunta infracción teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y los
precedentes invocados por la actora (Envasadora Gerco y Lloreda S.A.)
involucraban supuestos fácticos no comparables.

29. Frente al eximente de responsabilidad de hecho de un tercero, afirmó que la
sociedad que aparece en el rotulado como empacadora responde por el
cumplimiento de las normas de control metrológico. Por lo tanto, el contrato
celebrado con Comercializadora Piedrahita S.A.S. es una relación no oponible a la
investigación administrativa.

30. Sobre la proporcionalidad de la sanción, indicó que la multa se graduó conforme
a criterios jurisprudenciales de gravedad, culpabilidad y proporcionalidad,
atendiendo a que el 100% de las unidades verificadas presentó deficiencias
superiores a las tolerables, y que la sanción impuesta resultaba razonable frente al
tope legal de 1000 salarios previsto en el artículo 39 del Decreto 2269 de 1993.

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

31. Mediante auto de 5 de noviembre de 201311, el magistrado sustanciador admitió
la demanda y ordenó notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio, al
Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

32. En audiencia inicial de 20 de mayo de 2014 12 se saneó el proceso, se fijó el
litigio13, se puso de presente a las partes la posibilidad de conciliar y se decretaron
las pruebas.

33. En audiencia celebrada el 17 de junio de 2014 14, se tuvieron como pruebas los
documentos aportados por las partes y los allegados en respuesta a los oficios
librados, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento por lo que se

11
Ibidem, “ED_C01_06AutoAdmisorio(.pdf) NroActua 24”.
12
Ibidem, “ED_C01_13AudienciaInicialIncluyePoderDeLaSic(.pdf) NroActua 24”.
13
“[…] FIJACIÓN DEL LITIGIO. De conformidad con lo establecido en el numeral 7º del artículo 180 del CPACA procede el
Despacho a fijar el litigio, en el sentido de establecer los hechos relevantes dentro de la controversia en el siguiente sentido
respecto de cada una de las entidades demandadas: De los 15 hechos manifestados por la parte demandante, la
Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que son ciertos los hechos 11º y 15º y los demás hechos de la demanda
fueron admitidos como parcialmente ciertos o se hicieron algunas precisiones y anotaciones sobre los mismos, razón por la
cual, frente a éstos se ceñirá el debate probatorio dentro del presente proceso. PROBLEMA JURÍDICO. El problema jurídico
dentro de la presente acción se contrae a determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio al proferir los actos
administrativos contenidos en: a) Resolución No. 62064 del 23 de octubre de 2012; b) Resolución No. 4952 del 19 de febrero
de 2013; y c) Resolución No. 2277 del 26 de abril de 2013, Por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio impone
una sanción, y se resuelven los recursos de reposición y apelación, respectivamente; infringió los artículos 1º, 2º, 4º, 29, 83,
209 y 333 de la Constitución Política, el numeral 5º del artículo 2º del Decreto 2153 de 1992, los artículos 2º, 20, 23 y 32 del
Decreto 2269 de 1993, el literal F del numeral 4.2 del artículo 4º de la Resolución No. 16379 del 18 de junio de 2003;
incurriendo en vulneración de la garantía de contradicción inmediata de la medición que sirvió de base a la sanción, violación
del principio de igualdad, violación del debido proceso, omitió el eximente de responsabilidad de un tercero, y excedió la
proporcionalidad y razonabilidad de la sanción impuesta. En los anteriores términos ha sido fijado el litigio. Se concede el uso
de la palabra a las partes. Las partes quedan notificadas en estrados conforme al artículo 202 del CPACA. […]” (negrilla
fuera del texto).
14
Cfr. Índice 24 del expediente digital, documento denominado “ED_C01_16AudienciaDePruebasCorreTrasladoPara
PresentarAlegatosDeConclusionIncluyePoderDeLaSic(.pdf) NroActua 24”.

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corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran escrito de
alegatos de conclusión.

34.Las partes presentaron escritos de alegatos de conclusión15. El Ministerio
Público guardó silencio.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

35. LaSubsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante la sentencia de 24 de julio de 201416, negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la sociedad demandante.

36. Precisó que el objeto de la controversia consistía en establecer si las resoluciones
demandas vulneraron el debido proceso y el principio de igualdad, si la
superintendencia desconoció que se configuró un eximente de responsabilidad por
el hecho de un tercero y si la sanción transgredía el principio de proporcionalidad.

37. Explicó el marco normativo aplicable contenido en los Decretos 2153 de 1992 y
2269 de 1993 y en la Resolución 16379 de 2003. Posteriormente, analizó el material
probatorio a partir del cual estimó que la verificación metrológica podía practicarse
en cualquier etapa de distribución sin necesidad de la presencia del empacador, y
que la sociedad actora rindió explicaciones durante la actuación administrativa y
allegó las pruebas que pretendía hacer valer.

38. Consideró que se acreditó la idoneidad profesional de las funcionarias que
practicaron la visita y que los instrumentos utilizados contaban con los certificados
de calibración obrantes en el expediente. Además, las notificaciones fueron
finalmente remitidas a la dirección correcta.

39. Frente al principio de igualdad, estimó que la actora no cuestionó el método de
medición ni solicitó una nueva inspección en el punto de empaque, a diferencia del
caso de Lloreda S.A., de modo que los fundamentos fácticos eran diferentes.

40. Señaló que en el rotulado figuraba Grasas de Colombia S.A.S. como envasadora,
razón por la cual era la llamada a responder, sin que demostrara que la conducta
del tercero era la causa del incumplimiento.

41. Puso de presente que “[…] el 2 de marzo de 2012, la sociedad actora rindió las
respectivas explicaciones y allegó las pruebas que pretendía hacer valer en la
investigación administrativa, razón por la cual tuvo la oportunidad de ejercer los
derechos de contradicción y de defensa; en ese orden, la Sala considera, que no
existió vulneración de los mencionados derechos, ni del debido proceso
administrativo por parte de la SIC alegados por la sociedad actora. […]”.

42. Finalmente, consideró que la sanción se graduó conforme a la gravedad de la
infracción y la culpabilidad del agente, teniendo en cuenta que todas las unidades
verificadas presentaron deficiencias y fue reducida de 600 a 400 salarios mínimos
legales mensuales vigentes por tratarse de la primera investigación, monto que se

15
Ibidem, documentos denominados “ED_C01_17AlegatosDeConclusionPrimeraInstanciaSic(.pdf) NroActua 24” y “ED_C01_
18AlegatosDeConclusion PrimeraInstanciaParteActora(.pdf) NroActua 24”.
16
Cfr. Índice 24 del expediente digital, documento denominado “ED_C02_10OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 24”,
página 3 y siguientes.

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ajustaba a los parámetros del artículo 39 del Decreto 2269 de 1993. Por ello,
concluyó que ninguno de los cargos estaba llamado a prosperar y negó las
pretensiones de la demanda.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN17

43. La
parte demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y
Comercio vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad.

44. Insistió que: i) la inspección se practicó sin la presencia de personal de la
sociedad; ii) los certificados de calibración de la balanza, el picnómetro y las pesas
no obraban en el expediente ni se describieron las pruebas practicadas a la balanza;
y iii) la SIC debió ordenar una nueva toma de muestras en las instalaciones de la
empresa y en presencia de sus empleados.

45. Puso de presente que la inspección se hizo en un establecimiento de comercio
de Mosquera (Cundinamarca), mientras que el producto se empacó en Cartago
(Valle del Cauca), lugares con temperatura y humedad distintas. Además, en la
prueba de excentricidad no se indicaron las posiciones del receptor de carga, ni en
la de invariabilidad cuántas veces se colocó la carga. Dichos certificados solo se
aportaron como impresiones digitales que nunca se pusieron en conocimiento de la
investigada durante el trámite.

46. Señaló que aportó las planillas de trazabilidad del lote compuesto por 2.884
unidades.

47. Indicó que no controvirtió ni tachó de falsos los certificados de calibración porque
los conoció cuando ya había terminado el trámite administrativo, de modo que no
pudo controvertirlos en la oportunidad debida. Además, en los descargos advirtió
que las mediciones hechas en el lugar de empaque arrojaban resultados diferentes.

48. Adujo que los tres expedientes aportados al proceso demostraban que la SIC no
cuenta con un procedimiento confiable para las mediciones. Concretamente, en los
expedientes 11-117776 y 11-117784, la tara se reutilizó con varios productos y se
secó con servilletas, método inadecuado para los aceites cuyo líquido se adhiere al
envase.

49. Sostuvo que, cuando Lloreda S.A. cuestionó el procedimiento, la SIC accedió a
repetir la inspección en su planta de Yumbo y resolvió la duda a favor de la
investigada.

50. Propuso que la sanción no era proporcional porque equivale al 50% de su
patrimonio, lo que afecta directamente su operación. Además, la SIC carece de un
método objetivo para fijar el monto de las sanciones. No existe un manual de
dosimetría que contemple variables como el beneficio del infractor, la capacidad
económica, el tamaño de la empresa, el número de incumplimientos, el impacto en
los consumidores y las circunstancias de agravación o atenuación.

17
Cfr. Índice 24 del expediente digital, documento denominado “ED_C02_10OtrosCuadernoEnBloque(.pdf) NroActua 24”,
página 64 y siguientes.

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

51. Alegó que la entidad demandada reconoció que el impacto de la infracción fue
“ligero”, pero impuso una sanción equivalente al 40% del máximo legal, mientras
que a la sociedad Lloreda S.A., empresa de mayores ventas, solo le impuso el 3%.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

52. El magistrado sustanciador en primera instancia por auto de 3 de septiembre de
201418 concedió el recurso de apelación y remitió el expediente al Consejo de
Estado.

53. Esta autoridad judicial, a través de auto de 1 de septiembre de 201519, admitió
el recurso de apelación.

54. Por auto de 7 de junio de 201620 se corrió traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera
concepto de considerarlo pertinente.

55. La SIC reiteró en el escrito de alegatos los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda21.

56. La parte actora insistió en los argumentos de defensa de la demanda22.

57. El Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

58.A efectos de decidir la presente controversia, se analizarán los siguientes
aspectos: i) la competencia; ii) los actos administrativos demandados; y iii) el
análisis del caso concreto.

V.1. Competencia

59. De conformidad con el artículo 237 de la Constitución Política, el artículo 150 de
la Ley 1437 y el artículo 1323 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201924, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia,
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos.

V.2. Los actos administrativos demandados

60. La sociedad demandante cuestionó la legalidad de la Resolución 62064 de 23
de octubre de 2012, cuya parte resolutiva señaló:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Sancionar a la sociedad Grasas de Colombia S.A.S.,
identificada con NIT. 900.195.542-1, con una sanción pecuniaria por la suma de
Trescientos veintiún millones trescientos sesenta mil pesos moneda corriente
18
Ibidem, documento denominado “ED_C02_07AutoConcedeRecursoDeApelacion(.pdf) NroActua 24”.
19
Ibidem, documento denominado “ED_C04_04AutoQueAdmiteYOAdmiteYDecretaPruebasAdmiteRecursoDeApelacion
InterpuestoPorLaParteDemandanteContraLaSentenciaProferidaPorElTribunalAdministrativoDeCundinamarca(.pdf)
NroActua 24”.
20
Ibidem, documento denominado “ED_C04_06AutoCorreTrasladoParaPresentarAlegatos(.pdf) NroActua 24”.
21
Ibidem, documento denominado “ED_C04_07AlegatosDeConclusionSegundaInstanciaSic(.pdf) NroActua 24”.
22
Ibidem, documento denominado “ED_C04_09AlegatosParteActoraConLaCorreccion(.pdf) NroActua 24”.
23
Modificado por el artículo 1° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
24
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

10

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

($321.360.000.oo), equivalente a seiscientos (600) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución.

PARÁGRAFO. El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone,
deberá consignarse en efectivo o cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta
Corriente No. […] a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio […] El
pago deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de esta resolución. […]” (negrilla fuera del texto).

61.Igualmente, se demandó la Resolución 4952 de 19 de febrero de 2013, en la
que se resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo primero de la parte resolutiva de la
Resolución 62064 del 23 de octubre de 2012, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia, el cual quedará así:

“ARTÍCULO SEGUNDO. Imponer a la sociedad Grasas de Colombia S.A.S
identificada con NIT 900.195.542-1, una sanción pecuniaria por la suma de doscientos
catorce millones doscientos cuarenta mil pesos moneda corriente ($214.240.000.oo)
equivalentes a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes al
momento de los hechos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución” […]” (negrilla fuera del texto).

62. Finalmente, se demandó la Resolución 22776 de 26 de abril de 201325, en la
que el Superintendente Delegado para el Control y Verificación de Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal resolvió el recurso de apelación en el sentido de “[…]
Confirmar el artículo primero de la Resolución No. 62064 del 23 de octubre de 2012,
tal como fue modificada por el artículo primero de la Resolución No. 4952 del 19 de
febrero de 2013 […]”.

V.3. Análisis del caso concreto

63. De conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201226, aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, corresponde
a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de 24 de julio de
2014, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se negaron las pretensiones de
la demanda promovida por la sociedad Grasas de Colombia S.A.S.

64. La demandante afirmó en la alzada que los actos administrativos sancionatorios
eran nulos porque: i) la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el debido
proceso y el derecho de defensa al practicar la inspección; ii) desconoció el principio
de igualdad; e iii) impuso una sanción que vulnera los principios de proporcionalidad
y razonabilidad.

65. Con el fin de resolver los argumentos de la apelación de forma ordenada, la
Sala estudiará los problemas jurídicos en acápites independientes, así:

V.3.1. Vulneración del debido proceso y del derecho de defensa

66. El apelante sostiene que la SIC vulneró su derecho al debido proceso porque:
i) no le permitió intervenir en la inspección realizada el 21 de septiembre de 2011 y

25
Por la cual se resuelve un recurso de apelación
26
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

11

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

controvertir en ese momento el método, los instrumentos y el personal; ii) los
certificados de calibración solo se conocieron al final del trámite; y iii) la
superintendencia debió repetir la toma de muestras en sus instalaciones.

67. El artículo 29 de la Constitución Política precisa que el debido proceso “[…] se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]”. Asimismo,
“[…] [n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio […]”.

68. Esta Sección ha considerado que “[…] el derecho al debido proceso se erige
como una garantía a todas las personas según la cual su intervención en una
actuación administrativa o judicial está regida por reglas previamente establecidas
por el legislador, que a su vez le permiten defenderse y solicitar las pruebas
tendientes a demostrar lo que afirma, sin que la voluntad del funcionario público
pueda tener alguna injerencia [i.e] en las distintas etapas del proceso […]”27.

69. En la sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional señaló que “[…] en el
ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido proceso hace
referencia al comportamiento que deben observar las autoridades públicas en el
ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se encuentran obligadas a “actuar
conforme a los procedimientos previamente establecidos en la ley, con el fin de
garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por las decisiones de
la administración que crean, modifican o extinguen un derecho o imponen una
obligación o una sanción […]”.

70. La Corte Constitucional complementó que este derecho se garantiza cuando: i)
el trámite es adelantado por la autoridad competente; ii) se permite la participación
de todos los interesados durante el procedimiento y hasta su culminación; iii) se
brinda la oportunidad de ser oído a lo largo de toda la actuación; iv) el trámite se
desarrolla sin dilaciones injustificadas; v) las decisiones son notificadas de manera
oportuna y conforme a la ley; vi) se permite solicitar, aportar y controvertir pruebas;
vii) se garantiza plenamente el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción;
y viii) se reconocen los mecanismos para impugnar las decisiones que puedan
afectar a los interesados.

71. En este contexto la Sala advierte que el control metrológico del contenido de los
productos preempacados encuentra su fundamento en el artículo 35 del Decreto
2269 de 1993, conforme al cual el contenido neto de todo producto empacado o
envasado debe corresponder al contenido enunciado en su rotulado o empaque.

72. Respecto del procedimiento de medición la misma norma agrega que:

“[…] Las tolerancias para masa y volumen netos de los productos preempacados,
deberán cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos o las
normas técnicas colombianas obligatorias correspondientes. La selección de
muestras para la verificación del contenido neto se efectuará siguiendo los
procedimientos estadísticos establecidos en los reglamentos técnicos o las normas
técnicas obligatorias correspondientes. […]”.

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 21 de agosto de 2014. Proceso
identificado con el número único de radicación 680012333000201400413-01. C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.

12

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

73. Sobre los instrumentos de medición el Decreto 2269 de 1993 precisa:

“[…] Artículo 32. Los instrumentos utilizados en las actividades de control metrológico
deben calibrarse por la Superintendencia de Industria y Comercio o por la entidad
acreditada para tal fin. En tal sentido, los laboratorios que se dediquen a la realización
de pruebas, ensayos y mediciones científicas, investigativas, médicas, industriales o
de cualquiera otra índole y los talleres de reparación de los instrumentos y aparatos
de medición, deberán tener sus instrumentos y equipos de medición metrológicos
debidamente calibrados.

[…] Artículo 41. Los instrumentos para medir cuando no reúnan los requisitos
reglamentarios serán inmovilizados y condenados con un sello, previa orden
impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio o por el respectivo Alcalde,
y no podrán ser utilizados hasta tanto se ajusten a los requisitos establecidos. Los
que no puedan acondicionarse para cumplir los requisitos de este Decreto o de los
reglamentos técnicos pertinentes serán inutilizados. […]”.

74. El artículo 17 del Decreto 2269 de 1993 precisa que la SIC es responsable de:

“[…] Artículo 17. La Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo de las
funciones asignadas mediante el Decreto 2153 de 1992, deberá para los aspectos
relacionados con el presente Decreto:

[…] n) Oficializar los Patrones Nacionales, previa comparación con patrones
internacionales o extranjeros, conforme a lo recomendado por la Conferencia General
de Pesas y Medidas;

[…] p) Adoptar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento del Sistema
de Normalización, Certificación y Metrología;

[…] r) Las demás atribuciones que puedan surgir en desarrollo de las funciones
asignadas. […]”.

75. La Resolución 16379 de 18 de junio de 2003, incorporada en el título VI del
capítulo cuarto de la Circular Única de la SIC, estableció los requisitos metrológicos
que deben reunir los productos preempacados en cualquier nivel de distribución con
el fin de asegurar la correspondencia entre la cantidad de producto contenida en los
empaques ofrecidos a los consumidores y la cantidad anunciada en los mismos.

76. El numeral 4.3 de la citada resolución consagró dos requisitos metrológicos que
deben verificarse. El numeral 4.3.1 indicó que el contenido real promedio corregido
sea igual o superior al contenido nominal, requisito que se verifica comparando el
contenido nominal con el contenido promedio corregido. El numeral 4.3.2 dispuso
que no debe haber más unidades que las permitidas con deficiencia superior a la
deficiencia tolerable, lo cual se verifica comparando el número de unidades de
preempacados no conformes encontradas en la inspección contra el número de
aceptación de la deficiencia tolerable indicada en la columna 4 de la tabla 1, literal
d) del numeral 4.4.3 de la misma resolución.

77. En cuanto al método de verificación, el numeral 4.5.1 de la Resolución 16379
de 2003 dispone que “[…] este procedimiento permite el uso de tara seca, usada o
sin usar, para determinar el contenido real de producto en un preempacado […]".

78. Respecto de la tara seca usada, el literal c) del numeral 4.5 la define como "[…]
el material de empaque que se ha usado como parte de un preempacado, que se
ha separado del producto y se ha limpiado, usando procedimientos domésticos

13

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

normales usados por los consumidores del producto (Ej., el material no debe
secarse en un horno) […]".

79. Como puede apreciarse los artículos 17 y 35 del Decreto 2269 de 1993 y los
numerales 4.3, 4.3.1 y 4.3.2 de la Resolución 16379 de 2003 no exigen que la
verificación se practique en el punto de empaque ni en presencia del empacador.

80. En el presente caso se demostró que, mediante oficio 11-120148-0-0 del 15 de
septiembre de 2011, la Coordinadora del Grupo de Reglamentos Técnicos y
Metrología Legal de la SIC delegó a las funcionarias Ivonne Mariana Torres Prada
y Leidy Diana Chia Delgado para practicar una visita de inspección.

81. El 21 de septiembre de 2011, las funcionarias se presentaron en el
establecimiento Carrefour del municipio de Mosquera (Cundinamarca), propiedad
de Grandes Superficies de Colombia S.A., y levantaron el acta de verificación de
contenido en productos preempacados PA-257 (folios 2 a 7 del cuaderno de
antecedentes). La diligencia fue atendida por la jefe de Sección de Recibo del
establecimiento.

82. Allí se verificó el producto "Aceite Oleo Sano marca Carrefour", envase de 900
c.c., lote LMF17609/04/11R, con un lote de inspección de 222 unidades del cual se
examinó una muestra de 50 unidades.

“[…]

14

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

[…]”28 (negrilla del texto).

83. El informe técnico de verificación concluyó que el producto no se ajustaba a los
numerales 4.3.1 (contenido promedio) y 4.3.2 (contenido de preempacados
individuales) de la Resolución 16379 de 2003. Del informe se extraen los siguientes
resultados:

“[…]

28
Ibidem, páginas 89 y siguientes.

15

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

16

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

[…]”29 (negrilla del texto).

84. Mediante los oficios 11-120148-2-0 de 18 de octubre30 y 11-120148-3-0 de 23
de noviembre de 201131, la superintendencia solicitó explicaciones enviándolas a la
dirección calle 14 No. 9-66 de Cartago, teniendo en cuenta la dirección que figuraba
en el certificado de cámara de comercio de 18 de octubre de 201132,
comunicaciones que fueron devueltas por el correo certificado de 472.

85. Por escrito del 30 de noviembre de 201133, Grasas de Colombia S.A.S. informó
que se había enterado de la investigación por la prensa y solicitó que las
comunicaciones se remitieran a la carrera 5 A calle 13 esquina del municipio de
Roldanillo.

86. Mediante oficios 11-120148-7-0 de 17 de enero34 y 201211-120148-8-0 de 6 de
febrero de 201235, la Superintendencia reiteró la solicitud de explicaciones,
anexando copia del acta y del informe técnico.

87.La sociedad rindió explicaciones el 2 de marzo de 201236 y las amplió el 8 de
agosto de 201237, solicitando la vinculación de Comercializadora Piedrahita S.A.S.

88. Por oficio 11-120148-11-0 del 23 de abril de 2012, la Superintendencia solicitó
explicaciones a la Comercializadora Piedrahita y Cía. S. en C. "Comerpa", la cual
guardó silencio.

29
Cfr. Índice 24 del expediente digital, documento denominado “ED_C03_01OtrosCuadernoNo03DeAnexosYPruebas
AnexosContestacionDeLaDemandaSic(.pdf) NroActua 24”, páginas 24 y siguientes.
30
Ibidem, página 29.
31
Ibidem, página 31.
32
Ibidem, página 20.
33
Ibidem, página 33.
34
Ibidem, página 61.
35
Ibidem, página 69.
36
Ibidem, página 73.
37
Ibidem, página 116.

17

Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

89. Mediante Resolución 62064 del 23 de octubre de 201238, la Dirección impuso
sanción de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($321.360.000), por
violación del artículo 35 del Decreto 2269 de 1993 y los numerales 4.3.1 y 4.3.2 de
la Resolución 16379 de 2003.

90. La sociedad interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación. Mediante
Resolución 4952 del 19 de febrero de 201339, la Superintendencia redujo la sanción
a 400 salarios mínimos ($214.240.000) al considerar que era la primera
investigación y concedió la apelación.

91. Mediante Resolución 22776 del 26 de abril de 201340, el Superintendente
Delegado confirmó la decisión.

92. Finalmente, obran en el expediente tres certificados de calibración
correspondientes a los instrumentos utilizados en las mediciones que dieron lugar
a la actuación sancionatoria, concretamente los certificados de la balanza Mettler
Toledo de fecha 7 de febrero de 2011, el certificado de calibración de las masas
patrón de fecha 19 de mayo de 2011 y el certificado de calibración del picnómetro
de fecha 11 de marzo de 201141.

93. Del material probatorio supra la Sala advierte que la SIC respetó el debido
proceso de la sociedad demandada, pues esta garantía no se materializa en la
inspección misma, sino a partir de la vinculación formal. A la demandante se le
vinculó mediante solicitud de explicaciones a la que se anexaron el acta PA-257 y
el informe técnico. Por lo tanto, rindió explicaciones el 2 de marzo de 2012 y las
amplió el 8 de agosto de 2012, además de interponer los recursos de reposición y
apelación.

94. Se destaca que el acta PA-257 suscrita en la diligencia ya identificaba la balanza
Mettler Toledo (modelo PM 6000, serie 404469, certificado SIC 20465 de 7 de
febrero de 2011), el juego de 15 pesas (certificado DKD-K-47301 de 19 de mayo de
2011) y el picnómetro (certificado SIC 20572 de 11 de marzo de 2011), como
instrumentos aptos. Por lo tanto, el reproche asociado a que los certificados no
obraban no encuentra respaldo probatorio, máxime cuando la sociedad no los tachó
de falsos en las oportunidades procesales.

95. La demandante durante el tramite judicial y en sede administrativa no acreditó
que “[…] la tara utilizada para realizar la medición fue reutilizada con varios
productos y secada con “servilletas”, sin tener en cuenta que lo que se estaba
verificado son aceites cuya característica principal es la viscosidad cualidad que
hace que el líquido se quede adherido a los plásticos siendo esta una de las razones
por las cuales lo adecuado en la medición es la utilización de una tara seca sin usar
y no como al parecer lo hicieron las funcionarias reutilizar una y otra vez la tara,
primera razón para afirmar que los empaques no estaban totalmente limpios y
vaciados para la verificación […]”, dado que ninguna prueba desvirtúa los resultados
técnicos obtenidos por la SIC.

38
Ibidem, página 144.
39
Ibidem, página 171.
40
Ibidem, página 222.
41
Cfr. Índice 24 del expediente digital, documento denominado “ED_C03_01OtrosCuadernoNo03DeAnexos
YPruebasAnexosContestacionDeLaDemandaSic(.pdf) NroActua 24”, páginas 220 y 252 a 262.

18

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

96. Tampoco se demostró que la temperatura y humedad del lugar donde se realizó
el empaque frente al del punto de distribución justificaran los resultados menores, y
en todo caso, la Sala considera que el productor es responsable de garantizar que
la información suministrada en el empaque sea consistente con el producto ofrecido
independientemente del punto de distribución, así como de solicitar la práctica de
las pruebas que en sede administrativa y judicial acrediten la veracidad de sus
afirmaciones.

97. Aunque se aportaron las planillas de trazabilidad del lote compuesto por 2.884
unidades, de su contenido no se puede concluir que la SIC incurriera en un error
técnico al valorar la comisión de la infracción.

98. Previamente se mencionó que los artículos 17 y 35 del Decreto 2269 de 1993 y
los numerales 4.3, 4.3.1 y 4.3.2 de la Resolución 16379 de 2003 no exigen que la
verificación se practique en el punto de empaque ni en presencia del empacador.
Dichas normas tampoco indican que el acta de la visita deba precisar “[…] las
posiciones del receptor de carga […]” o “[…] cuantas veces se colocó la carga sobre
la balanza y en qué condiciones […]”.

99. Se destaca adicionalmente que, conforme al procedimiento previamente
referido, los profesionales de la SIC que adelantan la diligencia no tienen el deber
de exhibir su idoneidad al momento de la visita. Aun así, las hojas de vida de Leidy
Diana Chia e Ivonne Mariana Torres Prada acreditan su experiencia profesional en
la entidad demandada42.

100. Finalmente, para la Sala el hecho que las primeras comunicaciones se
remitieran a la dirección inicial de la entidad y que las mismas fueran devueltas por
el correo 472, no implica que la superintendencia vulnerara su derecho al debido
proceso porque a los administrados les asiste el deber de actualizar sus datos y, en
este caso, la información se remitió a la dirección registrada en la cámara de
comercio. Incluso cuando la sociedad informó su nuevo domicilio, se reenvió la
solicitud a esa dirección permitiéndole ejercer su derecho de contradicción y
defensa.

101. En consecuencia, el cargo no prospera.

V.3.2. Vulneración del principio de igualdad

102. El apelante afirma que la Superintendencia le dio un trato desigual, porque a las
sociedades Lloreda S.A. y Envasadora Gerco, que presuntamente se encontraban
en la misma situación, se les practicó una nueva verificación o se les impuso una
sanción inferior, mientras que a la entidad demandada se le negó la repetición de la
prueba y se le impuso la multa más alta del sector.

103. Para analizar la transgresión del principio a la igualdad, la Sala Plena de esta
Corporación estableció en la sentencia de 2 de mayo de 201843 que el juez debe
valorar si entre actores en situaciones iguales se otorgó un trato diferente sin

42
Cfr. Índice 24 del expediente digital, documento denominado “ED_C01_15OtrosRespuestaSicCopiasAutenticas
DeLosExpedientes Administrativos No11117776Y11117784(.pdf) NroActua 24”, página 268 y siguientes.
43
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. William Hernández Gómez, radicación núm. 11001-
03-15-000-2015-00110-00(REVPI).

19

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

justificación alguna, o si se brindó un trato igual, debiéndose adoptar uno
diferenciado, en virtud de las circunstancias disímiles.

104. El derecho a la igualdad es una garantía de naturaleza relacional, lo que trae
como consecuencia que quien pretenda la nulidad de un acto administrativo por
dicha causa debe demostrar una de dos circunstancias. Bien sea que la
administración no otorgó un trato igual a quienes se encontraban en las mismas
situaciones de hecho y de derecho, o que omitió adoptar una discriminación positiva
cuando era procedente44.

105. En la sentencia de 5 de agosto de 202145, la Sala explicó que el principio de
igualdad no obliga a la SIC a adoptar idénticas decisiones frente a investigaciones
distintas. Por ello, la autoridad puede archivar una actuación y sancionar en otra
cuando la evidencia recaudada, los indicios existentes y los supuestos fácticos
analizados son diferentes.

106. A partir de lo anterior, luego de comparar con el presente asunto los expedientes
de las 2 investigaciones sancionatorias adelantas contra la sociedad Lloreda S.A.
(11-11777646 y 11-11778447), así como la Resolución 34520 de 9 de julio de 200948
en la que la SIC sancionó a la sociedad Envasadora Gerco S.A., la Sala advierte
que no existe la identidad fáctica que reclama el apelante, por cuatro razones.

107. En primer lugar, se observa que las actuaciones involucran un producto
diferente y, en todo caso, la sociedad Lloreda S.A. controvirtió el método de
medición en el escrito de descargos y en los recursos49. En cambio, Grasas de
Colombia S.A.S. en la actuación administrativa objeto de análisis no cuestionó
específicamente el método de medición empleado por la superintendencia, sino que
se limitó a alegar la falta de constancia de los certificados de calibración y a aportar
las planillas de trazabilidad de su propio lote. Por lo tanto, ambas sociedades
ejercieron defensas distintas.

108. En segundo lugar, la sociedad Lloreda S.A. solicitó en la actuación
administrativa la práctica de una nueva prueba con "tara seca sin usar" en el punto
de empaque50. Por su parte, Grasas de Colombia S.A.S. no solicitó una nueva
inspección en sus instalaciones ni pidió la repetición de la verificación en sede
administrativa, o incluso en sede judicial.

109. En tercer lugar, en el caso de Lloreda S.A., la controversia sobre el método de
la tara generó una duda técnica sobre la efectiva configuración de la infracción, que
la superintendencia resolvió a favor de la investigada tras la nueva prueba, lo que
condujo a la revocatoria de las sanciones mediante las Resoluciones 76620 y 75629
del 30 de noviembre de 2012. En el presente caso, la sociedad no controvirtió el

44
Al respecto ver la sentencia C-178 de 2014 de la Corte Constitucional.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación
núm. 25000-23-41-000-2013-00609-01.
46
Documento denominado “ED_C01_03AnexosDeDemandaIncluyeConsignacionDe DepositosJudiciales (.pdf) NroActua 24”,
páginas 40 y siguientes.
47
Ibidem, páginas 48 y siguientes.
48
Cfr. Índice 24 del expediente digital, documento denominado “ED_C03_01OtrosCuadernoNo03DeAnexos
YPruebasAnexosContestacionDeLaDemandaSic(.pdf) NroActua 24”, página 217 y siguientes. “[…] Por la cual se impone una
sanción […]”.
49
Ibidem, documento denominado “ED_C01_15OtrosRespuestaSicCopiasAutenticasDeLosExpedientes Administrativos
No11117776Y11117784(.pdf) NroActua 24” , páginas 65 y siguientes.
50
Ibidem, páginas 128 y siguientes.

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

método ni aportó una prueba que desvirtuara el resultado, de manera que el
incumplimiento quedó acreditado.

110. En cuarto lugar, la magnitud del incumplimiento normativo en el caso de la
Envasadora Gerco (Resolución 34520 de 2009), es diferente. Allí de una muestra
de 50 unidades del "Aceite Doña Palma" solo 10 resultaron no conformes, lo que
explica que la sanción se fijara en 18 salarios mínimos. En el presente asunto de
Grasas de Colombia S.A.S., las 50 unidades verificadas presentaron deficiencias
respecto de la primera tolerancia (1T), cuyo máximo permitido era de 5 unidades,
como de la segunda (2T), cuyo máximo permitido era de cero unidades. La
disparidad en el porcentaje de unidades no conformes justifica la diferencia en el
monto de la sanción.

111. En consecuencia, el cargo no está llamado a prosperar.

V.3.3. La falta de proporcionalidad de la sanción

112. El tribunal de primera instancia consideró que la sanción impuesta a Grasas de
Colombia S.A.S. respetó el principio de proporcionalidad, por cuanto se graduó
conforme a la gravedad de la infracción y a la culpabilidad del agente y se redujo de
600 a 400 salarios mínimos por tratarse de la primera investigación.

113. La parte demandante adujo que la sanción es desproporcionada e irrazonable
por cuanto: i) equivale casi al 50% de su patrimonio, mientras que la utilidad neta
reportada por la venta del lote fue de tan solo $926.615,96; ii) la superintendencia
no consultó la capacidad económica del infractor, el daño al consumidor ni el
beneficio ilícito obtenido; iii) no existe un parámetro legal o reglamentario que
permita fijar el monto de la sanción; y iv) la superintendencia reconoció que el
impacto de la infracción era "ligero" pero impuso el 40% del máximo sancionable.

114. Para resolver la Sala pone de presente que la inobservancia de las normas
sobre control metrológico de productos preempacados da lugar a la imposición de
la sanción establecida en el artículo 39 del Decreto 2269 de 1993 51. Dicha
disposición facultó a la Superintendencia de Industria y Comercio para imponer
multas de hasta mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin
establecer los criterios de dosificación o graduación de la multa.

115. El Decreto 3466 de 1982 tampoco fijó factores de graduación aplicable a las
infracciones metrológicas.

116. Sin embargo, ello no impide a la superintendencia dosificar la sanción en el caso
concreto pues la Corte Constitucional en su jurisprudencia desarrolló los criterios
que deben orientar el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración.

117. En la Sentencia C-564 de 200052, la Corte Constitucional precisó que “[…] el
derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, suele no
establecer una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se
presente, sino que se opta por establecer clasificaciones más o menos generales
en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el

51
Modificado por el artículo 4 del Decreto 3144 de 2008 y por el artículo 1 del Decreto 3735 de 2009
52
Corte Constitucional, sentencia de 17 de mayo de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

efecto, el legislador señala unos criterios que han de ser atendidos por los
funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre
otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la
conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le
permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición,
tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso
concreto […]”.

118. En la sentencia C-703 de 201053, al examinar la constitucionalidad de las
medidas preventivas y sanciones previstas en la Ley 1333 de 21 de julio de 200954,
la Corte Constitucional precisó que el principio de proporcionalidad constituye un
límite a la actuación de las autoridades y exige que la intensidad de la medida o
sanción corresponda a la gravedad de la infracción y a las circunstancias concretas
de cada caso.

119. También esta Sección en la sentencia de 18 de agosto de 2005 consideró:

“[…] De suerte que atendiendo esas circunstancias y la relevancia de los derechos e
intereses colectivos que se buscan proteger con las normas vulneradas por la actora,
la Sala estima que la sanción impuesta es proporcional a los hechos sancionados,
siendo conveniente advertir que la proporcionalidad no está determinada por la
argumentación o retórica que alrededor de ella se haga o no en los actos
sancionatorios, sino por la relación de la magnitud de la sanción con las
características y circunstancias de los hechos que le sirvan de fundamento, […] esto
es, que sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a esos
hechos. Es, entonces, ante todo un problema de relación axiológica entre la situación
fáctica del caso y la sanción impuesta, que en principio se presume ajustada a la
normativa pertinente, dada la presunción de legalidad del acto administrativo, y que
por lo mismo el afectado debe desvirtuar cuando la controvierta, debiéndose decir
que por las razones antes expuestas no ha sido desvirtuada en este caso […]”55.

120. En la sentencia de 28 de octubre de 2021 56, se complementó que “[…] la
sanción será proporcional cuando se demuestre la relación de la magnitud de dicha
sanción con las características y circunstancias de los hechos que le sirvan de
fundamento […]”.

121. La SIC en la Resolución 4952 de 2013 analizó la proporcionalidad y la
dosificación de la sanción, disminuyendo la multa en 400 salarios mínimos legales
vigentes, por las siguientes razones:

“[…] En lo que corresponde al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria
administrativa, éste exige que la sanción correspondiente tenga fundamento legal,
que la misma sea aplicada sin afectar irrazonablemente los intereses del investigado
o que esa afectación se presente en grado mínimo, con el objeto de que se le proteja
de abusos de poder o discrecionalidades de la Administración. Así mismo, implica
que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma, resulten
adecuadas a los principios que gobiernan la función pública.

Sobre esas bases, para la imposición de la sanción pecuniaria a la sociedad Grasas
de Colombia S.A.S., esta Superintendencia tomó en consideración los criterios
señalados jurisprudencialmente, pues se determinó la gravedad de la sanción,

53
Corte Constitucional, sentencia de 6 de septiembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
54
“[…] Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones […]”.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta,
radicación núm. 20020052401.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación
núm. 15001-23-33-000-2013-00759-01.

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

la culpabilidad del agente y la graduación de la sanción, teniendo en cuenta
que la sancionada fabricó y empacó un producto para ser comercializado sin
cumplir con todos los requisitos exigidos en las normas de control
metrológico.

La ponderación de la sanción se efectuó de acuerdo con la naturaleza de la
infracción —la comercialización del producto - Aceite Oleo Sano marca Carrefour -
en presentación de 900 c.c - sin observar las disposiciones, el número de
potenciales consumidores y el número de incumplimientos.

La sanción pecuniaria se impuso teniendo en cuenta: (i) la naturaleza de la infracción
encontrada, esto es, el error al que se induce al consumidor por la falta de
correspondencia entre la cantidad de producto contenido en los empaques
ofrecidos, con la cantidad anunciada en los productos; y (ii) atendiendo al
número de incumplimientos evidenciados, es decir la violación de lo preceptuado en
el artículo 35 del Decreto 2269 de 1993, en concordancia con el numeral 4.3.1 y 4.3.2
de la Resolución 16379 de 2003 incorporada en el Capítulo Cuarto, Título VI de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

[…] Así las cosas, y con el fin de establecer el monto de la sanción pecuniaria a
imponer, el Despacho procedió a dar aplicación al principio de proporcionalidad que
rige las actuaciones administrativas, el cual en materia sancionatoria se considera
como un precepto mediante el cual se pretende evitar la arbitrariedad de la
Administración en la imposición de sanciones, y que responde a la
razonabilidad que debe existir entre el hecho constitutivo de la infracción y la
sanción impuesta. Es un principio que rige la actividad administrativa, y conforme al
cual las entidades públicas deben adoptar las decisiones correspondientes, con el fin
de que la conducta determinada en la ley o reglamento tenga fundamento jurídico, y
evite que se afecten de manera irrazonable los derechos del interesado.

[…] Realizado el correspondiente juicio de proporcionalidad para efectos de dosificar
la sanción pecuniaria a imponer, esta Superintendencia encontró afectación de
derechos protegidos por la Carta Política que tienen prevalencia sobre los
demás, y prácticas tendientes a inducir a error, los cuales por su relevancia
configuraron la imposición de una sanción pecuniaria razonable frente a los
mismos, especialmente si se toma en consideración que de acuerdo con el artículo
39 del Decreto 2269 de 1993, modificado por el Decreto 3144 de 2008, el
incumplimiento de las normas sobre control metrológico puede implicar una sanción
pecuniaria de hasta mil (1000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Son por todas las anteriores consideraciones que esta entidad al imponer la sanción
no lo hizo de manera desmedida y desmesurada, sino que por el contrario lo hace
atendiendo a los supuestos de hecho para cada caso en particular, por lo cual
el principio a la igualdad al que alude la recurrente no ha sido desconocido,
cada caso en particular que trae a colación la recurrente es diferente, pues
como puede observarse, si bien se adelantaron actuaciones administrativas
diferentes en contra de diferentes sociedades, con la finalidad de verificar el
cumplimiento de la misma disposición normativa, esto es las disposiciones legales
en materia de control metrológico en relación con el contenido en productos
preempacados, que consagra el decreto 2269 de 1993, en concordancia con la
resolución 16379 de 2003; se advierte que los fundamentos fácticos son diferentes
en cada una de las investigaciones administrativas, por lo cual no pueden
compararse. En ese orden de ideas, dicho argumento no está llamado a prosperar.

No obstante la legalidad de la actuación y de la decisión emitida por esta entidad de
control, este Despacho tomará en consideración el hecho de que es la primera vez
que la sociedad Grasas de Colombia S.A.S. es investigada por el
incumplimiento de normas sobre control metrológico.

Aunado a lo anterior, y reiterando que el incumplimiento de las normas sobre control
metrológico no ha sido desvirtuado, generándose un perjuicio a los potenciales
consumidores debido a la inducción a error, cantidad de aceite entregado debe
corresponder a la cantidad enunciada en el rotulado y a lo cobrado, se encuentra que

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Radicación núm.: 25000-23-41-000-2013-02441-01
Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

el incumplimiento de la norma sobre control metrológico por parte de la sociedad
Grasas de Colombia S.A. ha generado un ligero impacto en el vasto mercado de
la comercialización de aceites en Colombia. Por consiguiente, la Dirección
encuentra que se bebe tener en cuenta el impacto que el incumplimiento generó en
el mercado específico. […]” (negrilla fuera del texto).

122. De la lectura del acto acusado se advierte que la autoridad sancionatoria tasó
la sanción considerando la gravedad de la infracción, toda vez que las 50 unidades
verificadas presentaron deficiencias superiores a las tolerables respecto de la
primera tolerancia (1T) y segunda tolerancia (2T), cuyo máximo permitido era de
cinco unidades y cero unidades, respectivamente.

123. La SIC tuvo en cuenta el impacto de la conducta sobre los consumidores y el
carácter masivo del producto, así como la circunstancia de tratarse de la primera
investigación adelantada contra la sociedad, atenuante que precisamente condujo
a que la sanción inicial de 600 salarios mínimos fuera reducida a 400.

124. La SIC consideró la gravedad de la infracción y la culpabilidad del agente,
debido a que la actuación de la sociedad implicó el desconocimiento de los
numerales 4.3.1 y 4.3.2 de la Resolución 16379 de 2003, en concordancia con el
artículo 35 del Decreto 2269 de 1993, que exige que el contenido neto de todo
producto preempacado corresponda al enunciado en su rotulado.

125. Para la Sala la sanción impuesta es proporcional a los hechos que la motivaron,
por cuanto, según se infiere del contenido de los actos acusados, se analizó la
infracción normativa, la conducta desplegada y las explicaciones dadas por la parte
demandante.

126. De tal forma que, la SIC no ejerció de manera arbitraria o desproporcionada su
facultad sancionatoria, ya que el monto de la multa fue el producto de un ejercicio
de dosificación que se sustentó en elementos objetivos y razonables, como se
advierte del aparte previamente transcrito, los cuales estuvieron relacionados con
la gravedad de la conducta, el número de muestras que resultaron alteradas, el
perjuicio al consumidor y las circunstancias particulares de la empresa investigada.

127. En ese sentido, si bien no se valoró la utilidad neta percibida por el lote57, la
decisión no fue desproporcionada, puesto que equivale al 40% de la máxima a
imponer. Nótese que de la totalidad del producto verificado se pretendía entregar a
los consumidores una cantidad inferior a la anunciada en su rotulado.

128. En otras palabras, el hecho que la multa represente un porcentaje elevado del
patrimonio no implica que sea desproporcional, teniendo en cuenta la gravedad de
la conducta. Adicionalmente, se pone de presente que en este proceso no se discute
la legalidad del artículo 39 del Decreto 2269 de 1993, por lo que a esta Sección no
le corresponde cuestionar los estándares generales allí fijados para determinar el
monto de las sanciones.

129. Por lo tanto, el último cargo tampoco prospera.

57
Cfr. Índice 24 del expediente digital, documento denominado
“ED_C03_01OtrosCuadernoNo03DeAnexosYPruebasAnexosContestacionDeLaDemandaSic(.pdf) NroActua 24”, página 216
y siguientes. Según consta en la certificación expedida por la revisora fiscal, la utilidad neta que reportó GRASAS DE
COLOMBIA por la venta del lote que presentó los problemas en el envasado, fue de $926,615.96.

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Demandante: Grasas de Colombia S.A.S.

130. Finalmente, se pone de presente que no se configuran los presupuestos
previstos en el artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564, sobre
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de julio de 2014, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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