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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02535-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02535-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de octubre de 2015, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia. 47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado: 05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 24 Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01 Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-02535-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: LUCILA HERNÁNDEZ DE RODRÍGUEZ
Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ - EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ - ERU

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia de 22 de octubre de 2015 proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

I.1.1. Las pretensiones

1. La señora Lucila Hernández de Rodríguez, a través de apoderado y en ejercicio
de la acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho2, presentó demanda
con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“[…] I. PRETENSIONES

A. Principales

1. Que LA NACIÓN- ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. - EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTA D.C. son administrativa y
extracontractualmente responsables de los perjuicios causados a la
demandante, con motivo de la expedición de las resoluciones Nos. 032 del
25 de febrero de 2.013 y 069 DEL 16 DE abril de 2.013, EXPROPIACIÓN
POR VÍA ADMINISTRATIVA.
2. Que se causaron perjuicios de orden económico, al no acatarse normas
sustanciales de la etapa de arreglo directo y concertación mutua del avalúo
de bienes objeto de la expropiación por vía administrativa.
3. Que se declare la Nulidad de las citadas resoluciones y en su lugar se
retrotraiga la actuación a la etapa de arreglo directo y concertación mutua
entre las partes del avalúo del apartamento 401 de la Carrera 10 No.19-86
sur de esta ciudad.

1
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “ED_C01_02Demanda(.pdf) NroActua
38”.
2
Prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997, “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

4. Como restablecimiento del derecho se ordene que la convocada ajuste el
avalúo del apartamento 401 de la Carrera 10 No.19-86 sur de esta ciudad
en la suma de $150.751.000 M/te, en su valor comercial del mismo.

B. Subsidiarias

1. Al controvertirse el precio indemnizatorio reconocido en las resoluciones
administrativas 032 y 069/13 respecto del avalúo dado al apartamento 401 de
la carrera 10 No.19-86 Sur de esta ciudad y concertado entre las partes el valor
comercial del mismo, se reconozca el valor real que asciende a la suma de
$290.751.000 M/te […]”.

I.1.2. Los hechos

2.Indicó que la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C., por medio de la
Resolución 032 de 25 de febrero de 2013 ordenó la expropiación por vía
administrativa del inmueble de su propiedad ubicado en la dirección Kr 10 19-86 sur
apartamento 401.

3. Argumentó que la referida entidad no realizó las audiencias que, en la etapa de
arreglo directo y concertación de mutuo acuerdo, prevé la ley, y desconoció las
solicitudes realizadas por la demandante donde manifestaba cual era el monto del
precio de su apartamento y los motivos por los que no estaba de acuerdo con el
valor.

4.Manifestó que la base del precio ofertado es el avalúo realizado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, el cual determinó como valor la suma de $
138.473.200, equivalentes al valor de $ 732.817.53 por metro cuadrado.

5. Adujo que la entidad demandada no la convocó para concertar el valor de su
propiedad infringiendo lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 388 de 18 de julio de
19973.

6.Solicitó que el precio del avalúo otorgado a su propiedad se ajuste a la realidad
del mercado para evitar que se cause un perjuicio e inestabilidad económica en su
patrimonio.

I.1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

7. La señora Lucila Hernández de Rodríguez afirmó que los actos acusados
transgreden los artículos 2, 29, 34 y 58 de la Constitución Política y los artículos 63
de la Ley 388 de 1997 y 87 de la Ley 1474 de 20114, por las siguientes razones:

3 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
4
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

3

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Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

i) Transgresión de las normas constitucionales relacionadas con la
indemnización justa en la expropiación

8. Señaló que los actos administrativos expedidos por la entidad demandada no
tuvieron en cuenta su participación en la determinación del precio indemnizatorio, lo
cual se traduce en la configuración de actos de confiscación.

9. Argumentó que los actos demandados son nulos porque no cumplieron con las
formalidades propias del proceso de expropiación, en específico, no se agotó la
etapa de concertación mutua del valor de la indemnización en el marco de las
garantías propias de este proceso.

10. Planteó que, para la Corte Constitucional, la expropiación puede ser definida
como una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular
a cumplir con la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en
beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa. En ciertas
ocasiones, dicha indemnización puede cumplir una función meramente
compensatoria; en otras una función reparatoria que comprenda tanto el daño
emergente como el lucro cesante y ocasionalmente, una función restitutiva.

ii) Transgresión de las normas legales relacionadas con la indemnización
justa en la expropiación

11. Refirió que la entidad demandada vulneró el debido proceso porque no concertó
ni citó a las audiencias para determinar, de mutuo acuerdo, el valor del predio objeto
de la expropiación.

12. Adujo que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no realizó el avalúo comercial
de acuerdo con las reglas determinadas en las normas y la jurisprudencia, lo que
se tradujo en la determinación de un menor valor.

13. Indicó que las leyes 1450 y 1474 definieron que el avalúo debe contener tanto
el valor comercial del inmueble como los perjuicios ocasionados al propietario.
Además, afirmó que, si el Congreso acudió a una ley cuyo objeto es aclarar que las
entidades no pueden limitarse a reconocer únicamente el valor comercial del
inmueble, sino también la obligación de reconocer la indemnización por los
perjuicios, es porque existía una conducta irregular por corregir.

I.2. Las contestaciones de la demanda

14. El Distrito de Bogotá, mediante escrito de 29 de abril de 2014 5, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, toda vez que, el demandante en ningún momento
cuestiona los actos administrativos expedidos por el alcalde mayor y con
fundamento en los cuales se adelantan los procesos de expropiación administrativa
llevada a cabo por la Empresa de Renovación Urbana – ERU.

5 Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “ED_C01_60CuadernoEnBloque(.pdf)
NroActua 38”. Folio 145 y ss.

4

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Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

15. Precisó que la Empresa de Renovación Urbana – ERU está constituida como
una Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, entidad que desarrolla
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica,
pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público que goza de prerrogativas y
privilegios otorgados por la Constitución y las normas.

16. Adujo que, como consecuencia de lo anterior, se le otorgó la facultad de adquirir
por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de expropiación
judicial o administrativa, los inmuebles que requieren para el cumplimiento de su
objeto.

17. Señaló que la ERU tiene personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio propio e independiente, en consecuencia, cuenta con capacidad para
comparecer por sí sola al proceso.

18. Presentó como excepciones las que denominó: “Inexistencia de acción omisión
por parte de Bogotá Distrito Capital en el proceso de expropiación administrativa
que se demanda”; “Inepta demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva
de Bogotá, Distrito Capital” y la excepción genérica.

19. La Empresa de Renovación Urbana – EUR, mediante escrito de 14 de enero de
20156, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por cuanto en el proceso de
expropiación administrativa se cumplieron las garantías constitucionales y las
normas que regulan la materia. Además, señaló que la determinación del precio
indemnizatorio se realizó en forma debida.

20. Argumentó que el avalúo elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
se realizó de conformidad con los preceptos normativos que regulan la materia, es
decir, el Decreto Nacional 1420 de 1998 y la Resolución 620 de 2008.

21. Señaló que no se desvirtuó la presunción de legalidad del avalúo. En efecto,
para determinar el precio indemnizatorio se revisaron las condiciones y
características específicas encontradas en los predios objeto de expropiación.
Como consecuencia del análisis realizado, se expidió el documento denominado:
“[…] Tasación de reconocimientos adicionales a la enajenación voluntaria o
indemnización de perjuicios – expropiación administrativa […]”, en el cual se
identificaron aquellos gastos en los que los propietarios tendrían que incurrir para
restablecer las condiciones existentes antes de la adquisición predial.

22.Indicó que el avalúo se practicó teniendo en cuenta el área privada del
apartamento 401 y se tuvo en cuenta el derecho proveniente de los coeficientes de
copropiedad. Por esa razón, no es procedente la comparación realizada por la
demandante en las reclamaciones respecto de otro apartamento de la unidad.

23. Precisó, respecto del avalúo presentado en el proceso, que este no tiene
referencia de la fuente utilizada para la adopción del precio, así como tampoco del

66
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“107ED_C01_25ContestacionDeLaDemanda”.

5

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Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

método utilizado. Por el contrario, en el avalúo realizado por el IGAC, se empleó el
de comparación o de mercado, y los lineamientos determinados en el Decreto
Reglamentario 1420 de 1998, dentro de los cuales se encuentran aspectos físicos
como área, ubicación, topografía y forma; las normas urbanísticas vigentes; tipo de
construcciones en la zona, y la dotación de redes primarias, secundarias y
acometidas de servicios públicos domiciliarios.

24. Aclaró que la indemnización, de acuerdo con los documentos aportados por el
propietario del inmueble, el censo y el diagnóstico que se efectuó, no podía otorgar
un valor adicional al determinado por no existir pruebas dentro del expediente de
adquisición predial.

25. Planteó que el demandante confunde los conceptos de expropiación y
confiscación. Por un lado, la expropiación es la transmisión de la propiedad de
bienes de un sujeto a la administración por causas de interés público e interés
social, previo pago de la administración expropiante al expropiado; por el otro, la
confiscación es la transmisión de la propiedad de los bienes del confiscado a la
administración, sin que medie el pago de ellos. En ese sentido, por tratarse de un
proceso de adquisición predial por motivos de utilidad pública e interés social, se
aplicaron las normas constitucionales y legales que regulan la materia.

26. Argumentó que en el proceso de adquisición no se transgredió el debido
proceso, porque la etapa de enajenación voluntaria se materializa en un contrato de
compraventa, y si esta resulta fallida, la entidad adquirente está facultada para
expedir la correspondiente resolución de expropiación, donde la ley y los
reglamentos establecen la cuantía y la manera en que se debe fijar el valor del
precio indemnizatorio.

27. Por último, determinó que la norma del Estatuto Anticorrupción citada por la
demandante es inaplicable al caso concreto, por cuanto la expropiación para
finalidades urbanísticas es objeto de regulación especial por parte de las leyes 9 de
1989 y 388 de 1997. En relación con el artículo 87 del mencionado estatuto, se trata
de una norma que para la fecha del escrito, no tenía reglamentación por lo que no
puede aplicarse.

I.3. Trámite del proceso en primera instancia

28. Mediante auto de 13 de diciembre de 20137 se admitió la demanda y se ordenó
notificar a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

29. El 10 de abril de 20158 se realizó la audiencia inicial de que trata el artículo 180
de la Ley 1437 de 2011 en la que se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas
solicitadas por las partes.

7
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “094ED_C01_12AutoAdmisorio”.
8
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “119ED_C01_37AudienciaInicial”.

6

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Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

30. El 5 de agosto de 20159 se realizó la audiencia de pruebas con la finalidad de
realizar la práctica de los testimonios solicitados en audiencia inicial y se ordenó
correr traslado a las partes para presentar escrito de alegatos de conclusión.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

31. LaSubsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 22 de octubre de 201510, negó las
pretensiones de la demanda.

32. Declaró probada la objeción por error grave formulada por la parte demandada
en contra del dictamen pericial rendido dentro del proceso, porque no se acreditó
de manera idónea la aplicación del método utilizado para determinar el valor del
avalúo.

33. Determinó, en primer lugar, que el proceso de expropiación por vía administrativa
no establece una etapa obligatoria de mutuo acuerdo para fijar el valor de bien
inmueble a expropiar. Por el contrario, las partes pueden llegar a un acuerdo de
enajenación voluntaria, que se concreta con un contrato de promesa de
compraventa. La oferta de compra deberá corresponder al valor del avalúo
comercial.

34. Indicó que la expropiación por vía administrativa no se puede equiparar con la
figura de la confiscación, porque la primera comprende la primacía del interés
general sobre el particular por motivos de utilidad pública e interés social, con la
respectiva indemnización.

35. Explicó que el procedimiento de enajenación voluntaria fue adelantado en debida
forma por la entidad demandada. Sin embargo, al no poderse concluir, dio paso a
la expropiación por vía administrativa.

36. Señaló que el avalúo rendido por el IGAC, que sirvió de fundamento para realizar
la oferta de compra y la expropiación del inmueble, utilizó el método de comparación
o de mercado y este goza de presunción de legalidad. Además, se encuentra
debidamente soportado y de conformidad con el marco normativo que regula la
materia. La parte demandante no cumplió con la carga de demostrar la posible falta
de exactitud, validez y corrección en que pudo haber incurrido el avalúo.

37. Expresó que en el valor del precio indemnizatorio se incluyó el avalúo comercial
del inmueble, el lucro cesante y el daño emergente. También se tuvo en cuenta el
informe de avalúo rendido por el IGAC, así como la tasación de reconocimientos
económicos adicionales elaborada por la Empresa de Renovación Urbana de
Bogotá.

9
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “141ED_C01_59AudienciaDePruebas”.
10
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “ED_C02_08Fallo(.pdf) NroActua 38”.

7

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

38. Consideró que, por no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que
ampara los actos administrativos demandados, negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante, así:

“[…] FALLA:
1°) Declárase no probada la excepción denominada genérica o innominada
formulada por la entidad pública demandada.
2°) Decláranse probadas las objeciones por error grave formuladas por la parte
demandada contra el dictamen pericial rendido dentro del proceso.
3°) Deniéganse las pretensiones de la demanda.
4°) Condénase en costas de esta instancia procesal a la demandante,
liquídense por la Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 366
del Código General del Proceso.
5°) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por
concepto del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del
proceso.
6°) Como quiera que la parte demandante acreditó el pago de los gastos de la
auxiliar de la justicia (fl. 540 cdno. ppal.), por Secretaría efectúese el trámite
correspondiente tendiente a la entrega del título judicial respectivo a nombre de
la perito en vista de que el pago se realizó a través de depósito a nombre del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]”.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

39. La demandante, mediante memorial de 8 de noviembre de 201511, solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia, de conformidad con los siguientes
argumentos.

40. La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá violó los derechos
constitucionales y legales en el proceso de expropiación por vía administrativa del
inmueble por cuanto: i) en la etapa de negociación no se incluyó al propietario del
bien inmueble en la determinación del valor del avalúo; y ii) el avalúo comercial
realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi fue injusto e incorrecto.

41. Respecto del primer componente de la apelación, argumentó que la entidad
demandada en la etapa de arreglo no la “convocó” para concertar el valor del
inmueble objeto de expropiación. Resaltó la diferencia entre el precio determinado
en el avalúo de un apartamento ubicado en el mismo edificio. En consecuencia,
indicó que se trata de “actos de confiscación” que no respetaron el debido proceso
y la indemnización previa y justa.

42. Agregó que, según lo considerado por la Corte Constitucional, la expropiación es
la limitación más gravosa que puede imponerse sobre el derecho de propiedad
legítimamente adquirido. Por esa razón, la fijación del valor de la indemnización
difícilmente puede hacerse de manera abstracta y general.

11
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“ED_C02_09RecursoApelacionParteActora(.pdf) NroActua 38”.

8

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

43. Señaló que las leyes 1450 y 1474 de 2011 definieron que el avalúo debería
contener tanto el valor comercial del inmueble como los perjuicios ocasionados al
propietario. En consecuencia, mencionó que no puede afirmarse que en la
expropiación por vía administrativa el único valor para determinar el precio
indemnizatorio sea el avalúo comercial.

44. En relación con el segundo punto del recurso, manifestó que el dictamen pericial
practicado se ajusta a las normas mínimas de exigencia. Que su intervención se
hizo bajó la gravedad del juramento, es decir se predica la credibilidad del
conocimiento técnico. Por el contrario, el testimonio rendido por el perito del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi lo único que aportó al proceso fue afirmar que el valor
del inmueble se realiza por una comisión nombrada por el instituto para el efecto.

45. Solicitó que se declare el ajuste del valor del avalúo y se cancelen los excedentes
dejados de pagar a la parte demandante.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

46. Esta autoridad judicial, a través de auto de 18 de abril de 201612, admitió el
recurso de apelación y corrió traslado a los sujetos procesales para que presentaran
por escrito sus alegatos de conclusión.

47. En la oportunidad procesal, se pronunció únicamente la parte demandada13 y el
Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

48. A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de los
siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) el planteamiento del problema jurídico;
(iii) los actos administrativos demandados; y (iv) el análisis del caso concreto.

V.1. Competencia

49. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política,
en el artículo 150 de la Ley 1437 y en el artículo 1314 del Acuerdo 80 de 12 de marzo
de 201915, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer,
en segunda instancia, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.

12
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“169ED_C04_05AutoQueAdmiteYOAdmiteYDecretaPruebas”.
13
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “186ED_C04_22CuadernoEnBloque”.
Folios 37 a 48.
14
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
15
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.

9

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

V.2. El planteamiento del problema jurídico

50. Corresponde a la Sala determinar si la Resolución 032 de 25 de febrero de 2013,
confirmada por la Resolución 069 de 16 de abril de 2013, transgreden o no los
artículos 2, 29, 34 y 58 de la Constitución Política; 63 de la Ley 388 de 1997 y 87 de
la Ley 1474 de 2011, en razón a que, en criterio de la recurrente, la indemnización
del bien expropiado presenta inconsistencias en cuanto a la falta de participación
en la etapa de negociación en la determinación del valor comercial del inmueble y
la incorrección del avalúo al no fijar adecuadamente el precio.

V.3. Los actos administrativos demandados

51. En la demanda se cuestionó la legalidad de la Resolución 032 de 25 de febrero
de 201316, expedida por la directora técnica de la Empresa de Renovación Urbana
de Bogotá, que resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: - Ordena la expropiación por vía
administrativa del inmueble ubicado en la dirección actual KR 10 19 86 SUR
AP 401, dirección anterior AK 10 19 86 SUR AP 401 de la ciudad de Bogotá
D.C., identificado con Cédula Catastral 20S 8A 12 18, CHIP No.
AAA0001UOEP y matrícula inmobiliaria SOS 587635, con un área privada de
188.96 M2. conforme a la escritura Escritura (sic) Pública 1756 del 6 de marzo
de 1992 Notaría 4 de Bogotá, de propiedad de LUCILA HERNANDEZ DE
RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No: […] expedida en
Bogotá, Cuyos linderos específicos de acuerdo con la escritura 1756 del 6 de
marzo de 1992 Notaría 4 de Bogotá, son los siguientes: NORTE, en línea y
discontinua y quebrada en dos metros treinta y cinco centímetros (12.35 mts)
sic., seis metros y veinticinco milímetros (6.025 mts), cuatro metros sesenta =
centímetros (4.60 mts) con dos metros setenta centímetros (2.70 mts), un metro
diez centímetros (1.10 mts), con muros columnas y fachada comunes
colindantes, con el lote número = cincuenta y cuatro (54), de la misma
manzana, con la jardinera común y el vacío sobre la terraza de ropas sobre el
apartamento número doscientos uno (201), la escalera y hall y buitrón,
comunes de ventilación y vacíos sobre el patio número dos (2) del apartamento
número doscientos tres (203). y con la zona social del apartamento alinderado
respectivamente: SUR, línea discontinua en diez metros cincuenta centímetros
(10.50 mts), siete metros noventa centímetros (7.90 mts), tres metros veinte
centímetros (3.20 mts), treinta centímetros (0.30 mts), cuatro metros veinticinco
centímetros (4.25 mts), y un metro diez centímetros (1.10 mts), con barandas
interiores, muros y columnas interiores colindantes, con vacío sobre la rampa
común de la terraza del apartamento número (101), la terraza del apartamento
alinderado, el vacío sobre el patio número dos (2), del apartamento número
doscientos tres (203) el buitrón de ventilación, la escalera, el hall y la jardinera
comunes, respectivamente; ORIENTE, línea discontinúa y quebrada de dos
metros treinta y cinco centímetros (2.35 mts), dos metros sesenta centímetros
(2.60 mts), dos metros treinta y cinco centímetros (2.35 mts), treinta y cinco
centímetros (0.35 mts), dos metros treinta centímetros (2.30 mts) cuatro metros
veinticinco centímetros ( 4.25 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts)
un metro cincuenta centímetros (1.50 mts), un metro cincuenta centímetros
(1.50 mts), diez centímetros (0.10 mts) veinticinco centímetros (0.25 mts), diez
centímetros (0.10 mts), tres metros cincuenta centímetros (3.50 mts) un metro
setenta y cinco centímetros (1.75 mts), setenta centímetros (0.70 mts),

16
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“095ED_C01_13ParteActoraAllegaActosAdministrativosDemandadosConConstanciaDeEjecutoriaIncluyeInformePasoAlDes
pacho”.

10

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

veinticinco centímetros (0.25 mts) quince centímetros (0.15 mts), tres metros
veintisiete centímetros (3.27 mts), quince centímetros (0.15 mts) treinta y cinco
centímetros (0.35 mts), dos metros quince centímetros (2.15 mts), un metro
quince centímetros (1.15 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), quince
centímetros (0.15 mts), cuatro metros doce centímetros (4.12 M) quince
centímetros (0.15 mts), veinticinco centímetros (0.25 mts), setenta centímetros
(0.70 mts), y cuatro metros diez centímetros (4.10 mts), con muros fachada
interiores, columnas comunes colindantes con el lote número cincuenta y cinco
(55), de la misma manzana, los vacíos sobre los patios número uno (1) y dos
(2), del apartamento ciento (101) y ciento tres (103), la jardinera y buitrones
comunes de ventilación la zona social y vestíbulo del apartamento alinderado,
el hall común, alcoba y servicios, del apartamento alinderado, respectivamente;
OCCIDENTE, Línea quebrada y discontinua de cuatro metros veintidós
centímetros (4.22 M) sesenta centímetros (0.60 mts), once metros sesenta
centímetros (11.60 mts), sesenta centímetros (0.60 mts), dos metros veinticinco
centímetros ( 2.25 mts), tres metros setenta y siete centímetros (3.77 mts),
cuatro metros treinta y siete centímetros (4.37 mts), cuatro metros doce
centímetros (4.12 ), cinco metros sesenta centímetros (5.60 mts), cincuenta y
cinco centímetros (0.55 mts), y un metro ochenta y cinco centímetros (1.85
mts), dos metros cuarenta y cinco centímetros (2.45 mts), con barandas,
fachadas interiores, muros y columnas comunes colindantes con el vacío sobre
el antejardín y la terraza del apartamento alinderado con la escalera común,
con el buitrón común de ventilación respectivamente. = INTERIORES: NORTE,
ORIENTE, SUR Y OCCIDENTE, en veinticinco centímetros (0.25 mts), con
cada uno de los lados de dos columnas comunes. NADIR con placa de
entrepiso que lo separa del tercer piso: POR EL CENIT, parte con la cubierta y
parte con aire de una altura de dos metros cincuenta centímetros (2.50M).”

PARÁGRAFO: De conformidad con lo pactado en el Convenio
Interadministrativo 080 de 2011, en concordancia con lo indicado en el Inciso
Final del Artículo 61 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 61 A de la misma ley,
el cual fue adicionado por la Ley 1450 de 2011, la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA adelanta el presente proceso de expropiación
administrativa a favor de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO - TRANSMILENIO S.A. Por esta razón, la titularidad del inmueble
identificado en el Artículo Primero del presente acto administrativo será
transferida en forma directa a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO - TRANSMILENIO S.A., sin que ingrese al patrimonio de la ERU.

ARTÍCULO SEGUNDO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. - El valor
del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente
resolución es de CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE
($140.308.553), valor que incluye:

1. El avalúo comercial, por valor de CIENTO TREINTA Y OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE, ($138.473.200), de
conformidad con el informe técnico de avalúo No. 8002011 ER 8735-
35 R.T. 36283 de fecha 3 de octubre de 2011 elaborado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

2. La indemnización por lucro cesante, por valor de UN MILLON
QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($
1.520.000), de conformidad con el documento de tasación de
indemnización.

3. La indemnización por daño emergente, por valor de TRESCIENTOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

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Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

MONEDA CORRIENTE (S315.353). por concepción definitiva de
servicios públicos, de conformidad con el documento de tasación de
indemnización.

ARTICULO TERCERO- FORMA DE PAGO.- LA EMPRESA DE
RENOVACION URBANA, tramitará la solicitud de pago ante la EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A, quien en su
calidad de PAGADOR - se obliga a cancelar el precio indemnizatorio en los
términos establecidos en el numeral segundo del artículo 70 de la Ley 388 de
1997, así: Un cien por ciento (100%) del valor del precio indemnizatorio, o sea
la cantidad de CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE
($140.308.553), valor que será puesto a disposición de la siguiente manera:

1) La suma de UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($1.520,000) a la señora LUCILA
HERNANDEZ DE RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No: […] expedida en Bogotá, por concepto de Lucro
cesante.

2) La suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA CORRIENTE, ($138.473.200) se colocará en un depósito
en la cuenta del Banco Agrario de Colombia, que se tiene para tales
efectos a nombre de LUCILA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No: […] expedida en Bogotá,
atendiendo los gravámenes hipotecarios registrados en las
anotaciones I y 2 del folio de matrícula 50S 587635.

3) La suma de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 97.580) a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por concepto de desconexión
del servicio público, a través de la cuenta de depósito judicial que tiene
la citada entidad en el Banco agrario de Colombia.

4) La suma de NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 96.799), a Codensa S.A.
por concepto de desconexión del servicio público.

5) La suma de CIENTO VEINTE MIL. NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (120.974), a Gas Natural.

Los anteriores pagos se realizarán por parte de la EMPRESA DE
TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO, TRANSMILENIO S.A una vez
ejecutoriada la presente resolución y efectuados los respectivos
trámites financieros.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si una vez puesto a disposición por parte de LA
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO
S.A., dicho valor no es retirado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes,
éste se consignará en la entidad financiera autorizada para el efecto. de
acuerdo con lo establecido en el numeral 2° del artículo 70 de la ley 388 de
1997, remitiendo copia de la consignación al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, considerándose que de esta manera queda formalmente
efectuado el pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se
tendrá el tratamiento tributario establecido en la ley para los bienes inmuebles
adquiridos mediante el proceso de expropiación administrativa por motivos de

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

utilidad pública e interés social. Adicionalmente se procederá a verificar con las
entidades Distritales correspondientes a efectos de determinar si existe alguna
obligación vigente por concepto de impuesto predial o contribución de
valorización, en caso positivo se procederá a la imputación del precio
indemnizatorio y al pago correspondiente.

ARTICULO CUARTO.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES:
TRANSMILENIO S.A. efectuará la correspondiente apropiación y reserva
presupuestal. El valor total de la adquisición se ampara en el presupuesto de
TRANSMILENIO según certificados de registro presupuestal Nos. 201212 2177
y 201212 2178 del 8 de diciembre de 2012, reemplazados por los certificados
de registro presupuestal 201301 1068 del 04 de enero de 2013 y 201301 1069
del 04 de enero de 2013.

ARTICULO QUINTO.- DESTINACIÓN.- El inmueble identificado en el Artículo
Primero de la presente Resolución, será destinado a la ejecución del Proyecto
de Renovación Urbana "Estación Intermedia Avenida primero de Mayo", el cual
se enmarca dentro del motivo de utilidad pública e interés social consagrado
en el Literal c y e del Artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

ARTICULO SEXTO.- SOLICITUD CANCELACION OFERTA, GRAVÁMENES
Y LIMITACIONES AL DOMINIO – Con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 68 numeral 14 de la ley 388 de 1997, se solicita por
parte de la ERU la cancelación de la anotación 14 consistente en inscripción
del oficio 0774 del 07 de septiembre de 2012, del folio de matrícula inmobiliaria
50S 587635 con el cual fue remitida a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos Zona Sur, la Resolución No. 160 del 27 de agosto de 2012, por la cual
se determinó la adquisición de un inmueble por el procedimiento de
expropiación administrativa y se formuló la respectiva oferta de compra.

Así mismo, se SOLICITA la cancelación de la (sic) anotaciones 01 y 02 del folio
de matrícula 50S 587635, consistente en Hipotecas en Mayor Extensión de
Díaz de Rodríguez Teresa a favor de Banco Central
Hipotecario – BCH

ARTICULO SÉPTIMO.- ORDEN DE INSCRIPCION. - De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68, numeral 4 de la ley 388 de 1997, se deberá solicitar
al Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur,
inscribir la presente resolución en el folio de matrícula inmobiliaria 50S 587635
a efectos de perfeccionar la transferencia del derecho de dominio en cabeza
de LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO -
TRANSMILENIO S.A.

ARTICULO OCTAVO.- ENTREGA.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 numeral 3 de la Ley 388 de 1997, efectuado el registro de la presente
resolución en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la
EMPRESA DE RENOVACION URBANA exigirá la entrega del inmueble
identificado en el artículo primero (1°). En caso de renuencia por parte del
expropiado, acudirá al auxilio de las autoridades de policía.

ARTÍCULO NOVENO.- Notifíquese la presente resolución a LUCILA
HERNANDEZ DE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No […]
expedida en Bogotá en su calidad de propietaria, de acuerdo con las reglas
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, haciéndole saber que contra la misma solo procede el recurso
de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la ley 388 de 1997, en
concordancia con el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo […]”. (Negrilla y mayúscula del texto).

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Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

52. También se cuestionó la legalidad de la Resolución 069 de 16 de abril de 201317,
expedida por el director técnica de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá,
que resolvió:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la resolución 032 del 25 de febrero
de 2013, “Por la cual se ordena una expropiación por vía administrativa”, por
las consideraciones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución a la señora LUCILA
HERNANDEZ DE RODRIGUEZ, en su calidad de propietaria, y si apoderado,
señor JUAN EMIRO AMADO BARRERA, de acuerdo con las reglas
establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, informándole que contra la presente providencia no procede
recurso alguno y queda agotada la vía gubernativa, según lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 388 de 1997 […]”.

V.4. Análisis del caso concreto

53. La demandante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, en
relación con dos argumentos; en primer lugar, adujo que en el proceso de
expropiación por vía administrativa no se determinó de mutuo acuerdo el valor del
inmueble objeto de expropiación; y, en segundo lugar, la discusión sobre la
inexactitud del avalúo comercial, porque no se determinó el valor que considera
como indemnización.

54. Para resolver estos planteamientos, la Sala pone de presente que, en los
términos del artículo 58 de la Constitución Política, el Estado podrá adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, por motivos de utilidad pública o de
interés social definidos por el legislador, mediante una indemnización previa, la cual
se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.

55. La expropiación administrativa se da solo en los casos específicos que determina
el legislador y siempre que se cumplan dos requisitos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 6318 y 64 de la Ley 388 de 1997: i) que se presenten
motivos de utilidad pública o interés social específicos que autorizan este tipo de
expropiación o ii) que existan las condiciones de urgencia taxativamente
mencionadas en la ley19.

17
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“095ED_C01_13ParteActoraAllegaActosAdministrativosDemandadosConConstanciaDeEjecutoriaIncluyeInformePasoAlDes
pacho”.
18
“Articulo 63. Motivos de Utilidad Pública. Se considera que existen motivos de utilidad pública o de interés social para
expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles, cuando,
conforme a las reglas señaladas por la presente ley, la respectiva autoridad administrativa competente considere que existen
especiales condiciones de urgencia, siempre y cuando la finalidad corresponda a las señaladas en las letras a), b), c), d), e),
h), j), k), l) y m) del artículo 58 de la presente ley.
Igualmente se considera que existen motivos de utilidad pública para expropiar por vía administrativa cuando se presente el
incumplimiento de la función social de la propiedad por parte del adquirente en pública subasta, de los terrenos e inmuebles
objeto del procedimiento previsto en el capítulo VI de la presente ley.”
19
“Articulo 65. Criterios para la Declaratoria de Urgencia. De acuerdo con la naturaleza de los motivos de utilidad pública o
interés social de que se trate, las condiciones de urgencia se referirán exclusivamente a:
1. Precaver la elevación excesiva de los precios de los inmuebles, según las directrices y parámetros que para el efecto
establezca el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
2. El carácter inaplazable de las soluciones que se deben ofrecer con ayuda el instrumento expropiatorio.

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Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

56. Asílas cosas, debe destacarse que el procedimiento de expropiación
administrativa debe agotar varias etapas a fin de que pueda cumplir con su
cometido: i) la oferta de compra, ii) la negociación y iii) el proceso expropiatorio
propiamente dicho.

57. Según lo dispone la Ley 388 de 1997, la etapa de negociación tiene la finalidad,
entre otras cosas, de modificar el precio base que la administración fijó en la oferta20
y terminar el proceso anticipadamente por la enajenación voluntaria del bien. Esta
etapa tiene un término máximo de 30 días, contado a partir de la ejecutoria del acto
que determina que la expropiación se hará por vía administrativa.

58. La Corte Constitucional ha considerado que, una vez vence el plazo para la
negociación directa sin que se haya perfeccionado el contrato de promesa de
compraventa, la autoridad competente, mediante acto administrativo motivado,
decide unilateralmente la expropiación, el precio del bien y las condiciones de
pago21.

59. El artículo 67 de la Ley 388 menciona que el acto que determine el carácter
administrativo de la expropiación “[…] deberá indicar el valor del precio
indemnizatorio que se reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo
comercial que se utiliza para los efectos previstos en el artículo 61 de la presente
ley […]”.

60. La Corte Constitucional explicó en las sentencias C-153 de 199422, C-1074 de
200223 y C-476 de 2007 que la indemnización por regla general, no se limita al precio
del bien, toda vez que esta incluye los daños y perjuicios sufridos como
consecuencia de la expropiación.

3. Las consecuencias lesivas para la comunidad que se producirían por la excesiva dilación en las actividades de ejecución
del plan, programa, proyecto u obra.
4. La prioridad otorgada a las actividades que requieren la utilización del sistema expropiatorio en los planes y programas de
la respectiva entidad territorial o metropolitana, según sea el caso.”
20
Según lo expone la Corte Constitucional en sentencia C- 1074 de 2002, ello se infiere “entre otras, de la utilización de la
expresión “precio base de la negociación (artículo 13, Ley 9ª de 1989); de la existencia de un plazo para negociar (artículo
61, inciso 6°, Ley 388 de 1997); y del hecho que la etapa de negociación pueda terminar antes de ese plazo, porque el
particular rechace cualquier intento de acuerdo (artículo 20, Ley 9ª de 1989).”.
21
Sentencia C 1074 de 2002, Exp.: D-4062, Demandante: Omar Edgar Borja Soto, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
22
La Corte Constitucional estudió la inconstitucionalidad del artículo 457 del Código de Procedimiento Civil, que permite la
entrega anticipada de inmuebles en procesos de expropiación, concluyendo que la entrega anticipada no viola el derecho a
la propiedad, siempre que se garantice la indemnización previa, y aclara el carácter reparatorio de dicha indemnización.
23
Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Las referidas reglas
tienen el siguiente alcance “[…] 1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los intereses de la comunidad y del afectado
y, por lo tanto, esos intereses deben ser ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional
la hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante o el juez contencioso en el evento
de la expropiación por vía administrativa;
4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio. Comprende tanto el daño emergente como el
lucro cesante. No obstante, en algunas circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función compensatoria. De otra parte, en
circunstancias diversas, al ser consultados los intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial,
como en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia, la indemnización puede, tanto
en su monto como en su forma de pago, asumir una modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si se paga la indemnización con instrumentos
distintos al dinero, éstos han de reunir por lo menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien expropiado; (ii) deben garantizar un
pago cierto de la obligación y no meramente simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones,
de tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben permitir que el valor de la indemnización
por expropiación reconocido como justo, en el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar que el afectado pueda convertirlos, en
dinero en el momento en que lo desee, inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

61. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.224 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos25 y 1726 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio.

62. Por lo tanto, la Sala analizará a continuación los argumentos relacionados con la
etapa de negociación en el proceso de expropiación por vía administrativa y la
incorrección del avalúo comercial por indebida determinación del precio en el caso
concreto.

V.4.1. La etapa de negociación voluntaria en el proceso de expropiación por
vía administrativa en el caso concreto

63. La parte demandante afirmó que se transgredió el artículo 63 de la Ley 388 de
1997, por cuanto no fue convocada para determinar de mutuo acuerdo el valor del
inmueble objeto de expropiación. Por esa razón considera que, la indemnización no
debe limitarse al precio del bien expropiado.

64. Con el propósito de resolver estos argumentos, es pertinente mencionar que al
decidir sobre la constitucionalidad de los artículos 61, 62, 67 y 70 de la Ley 388 de
1997, entre otros, la Corte Constitucional en la sentencia C- 1074 de 4 de diciembre
de 200227 en relación con la etapa de negociación, determinó que, por medio de
esta, la entidad intenta adquirir el bien, de tal forma que se evite la iniciación del
proceso expropiatorio propiamente dicho.

65. Se destaca que, si el proceso de negociación directa resulta exitoso, lo que sigue
es la transferencia del bien y el pago del precio acordado. Si el proceso de
negociación fracasa, empieza la etapa expropiatoria propiamente dicha, la cual
culmina con el traspaso del título traslaticio de dominio al Estado y el pago de la
indemnización al particular expropiado.

66. Cabe resaltar que el precio indemnizatorio como lo indica el artículo 67 de la Ley
388 de 1997, será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos previstos
en el procedimiento de enajenación voluntaria.

67. En el caso concreto, de los antecedentes administrativos, se tiene que, por medio
de oficio de 28 de agosto de 201228, la ERU convocó a la demandante con el fin de

24
“[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
25
Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de
1972.
26
“[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa
indemnización […]”
27
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
ED_C03_01RespuestaEmpresaDeRenovaciónUrbanaDeBogotáAllegaAntecedentesAdministrativos(.pdf) NroActua 38 folio
153.

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
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notificarle la resolución de oferta de compra, de conformidad con los artículos 67 y
68 de la Ley 1437 de 2011.

68. El director técnico de la Empresa de Renovación Urbana con oficio ERU-DT-
77429 solicitó la inscripción de la oferta de compra que determinó la adquisición por
expropiación por vía administrativa, con el fin de dar cumplimiento al artículo 66 de
la Ley 388 de 1997.

69. La señora Lucila Hernández de Rodríguez por medio de escritos de 25 de
septiembre, 2 de noviembre y 19 de diciembre de 201230, informó que no estaba de
acuerdo con el precio determinado en la oferta. Mencionó que el avalúo comercial
“[…] efectuado por el avaluador no concuerda con los precios de mercado de la
zona, ni por lo ofrecido por ERU a los propietarios del mismo inmueble31 […]”.

70. Por su parte, la entidad demandada, por medio de oficio de 3 de octubre de 2012
respondió a la solicitud. Indicó que el proceso de adquisición que se adelanta se
surte de conformidad con las normas que rigen el procedimiento de expropiación
por vía administrativa, en consecuencia, el mencionado inmueble era requerido por
motivos de utilidad pública e interés social para la ejecución del Proyecto Integral
de Renovación Urbana Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo.

71. La Sala precisa que, la etapa de negociación es el término de 30 días en el que
las partes pueden llegar a un acuerdo de enajenación voluntaria, el cual se concreta
con un contrato de promesa de compraventa, y de conformidad con el artículo 67
de la Ley 388 de 1997 la oferta de compra debe corresponder al valor comercial
determinado por el IGAC o la entidad que cumpla sus funciones. El mencionado
avalúo debe cumplir con los criterios y parámetros determinados en el Decreto 1420
de 24 de julio de 199832 y la Resolución IGAC 620 de 23 de septiembre de 200833.

72. Es decir, contrario a lo afirmado por el recurrente, la ley es clara al indicar que
este periodo de 30 días hábiles contado a partir de la ejecutoria del acto
administrativo otorga la posibilidad de llegar a un acuerdo formal para la enajenación
voluntaria. Además, dentro del término de vigencia del avalúo, en concordancia con
lo determinado en el parágrafo 1 del artículo 12 del Decreto 1420 de 1998, no es
posible solicitar el mismo avalúo a otra entidad autorizada salvo cuando haya
vencido el plazo legal.

73. Para el caso concreto, el precio de adquisición contenido en las resoluciones de
oferta de compra 160 de 27 de agosto de 201234 y que se deriva del avalúo

29
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
ED_C03_01RespuestaEmpresaDeRenovaciónUrbanaDeBogotáAllegaAntecedentesAdministrativos(.pdf) NroActua 38 folio
159.
30
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
ED_C03_01RespuestaEmpresaDeRenovaciónUrbanaDeBogotáAllegaAntecedentesAdministrativos(.pdf) NroActua 38 folio
167.
31
Ibidem.
32
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995,
los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998,
que hacen referencia al tema de avalúos”.
33
“Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997”.
34
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“ED_C03_01RespuestaEmpresaDeRenovaciónUrbanaDeBogotáAllegaAntecedentesAdministrativos(.pdf) NroActua 38” folio
205.

17

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

comercial realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se encontraba
vigente, así:

“[…]

[…]”.

74. La Ley 388 de 1997, establece como principios del ordenamiento del territorio, la
protección de la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés
general sobre el particular y el principio de distribución equitativo de cargas y los
beneficios.

75. En consecuencia, la protección a la propiedad no es absoluta y como lo ha
determinado la Corte Constitucional35 se puede limitar por la ley en beneficio del
interés general, y es admisible el decreto de la expropiación por motivos de utilidad
pública o de interés social, previa indemnización justa.

76. En línea con lo determinado por el tribunal de primera instancia, las normas no
establecen una etapa obligatoria de mutuo acuerdo para fijar el valor del bien
inmueble a expropiar, se reitera que, antes de expedirse el acto de expropiación de
una propiedad las partes pueden llegar a un acuerdo de enajenación voluntaria para
que el propietario venda su inmueble.

77. En este punto es pertinente determinar la diferencia entre la confiscación y la
expropiación, por cuanto para la recurrente los actos administrativos proferidos en
el proceso administrativo “se convirtieron en claros actos de confiscación”.

78. La confiscación está prohibida expresamente por el artículo 34 de la Constitución
Política. En los términos de la Corte Constitucional36, consiste en “[…] la apropiación
oficial indebida, sin causa y procedimiento legal, por vía de simple aprehensión, del
patrimonio de una persona […]”.

79. En ese entendido, no puede compararse con el proceso de expropiación por vía
administrativa, el cual está regulado por la Ley 388 de 1997 y permite por motivos
de utilidad pública y previa indemnización la adquisición de bienes.

80. En suma, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad el argumento
de la recurrente por cuanto no es procedente la determinación de mutuo acuerdo
del valor del inmueble a expropiar.

35
Corte Constitucional, sentencia C-192 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
36
Corte Constitucional, sentencia C-677 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.

18

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

81. Ahora bien, esta Sección ha determinado que la carga de desvirtuar el avalúo
técnico que brindó soporte legal y fáctico al acto administrativo que ordena la
expropiación administrativa recae en la parte actora37. Por esa razón, la Sala
analizará seguidamente y en los términos del recurso de apelación, si el dictamen
practicado en el proceso desvirtuó la presunción de legalidad del precio contenido
en las resoluciones demandadas.

V.4.2. El valor comercial del inmueble expropiado en el caso concreto

82. La recurrente argumentó que, el dictamen pericial presentado en el proceso es
“[…] concreto, fidedigno y ajustado […]”. Por su parte, el tribunal determinó que el
avalúo rendido por el IGAC y que sirvió de fundamento para realizar la oferta de
compra y la expropiación del inmueble, goza de presunción de legalidad y se
encuentra debidamente soportado, por cuanto el avalúo presentado como prueba
por la parte demandante utilizó una metodología no establecida por la ley.

83. En orden a resolver, la Sala destaca que el artículo 61 de la Ley 388 de 1997
dispone que el precio de adquisición por la expropiación será igual al valor comercial
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus
funciones, o por peritos privados inscritos en las lonjas o asociaciones
correspondientes, según lo determinado por el Decreto-Ley 2150 de 1995, de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el decreto
reglamentario especial que sobre avalúos expida el gobierno.

84. La norma igualmente señala que el valor comercial se determinará teniendo en
cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
oferta de compra en relación con el inmueble a adquirir y, en particular, con su
destinación económica.

85. El Decreto 1420 de 1998 señala que los avalúos comerciales de inmuebles que
se requieran con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se deberán
efectuar aplicando el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual o, si el caso lo
amerita, varios de ellos38. Igualmente, el Decreto establece que cuando las
condiciones del inmueble materia de análisis permitan la aplicación de uno o más
de los métodos enunciados, el avaluador debe realizar las estimaciones
correspondientes y sustentar el valor que se determine39.

86. La Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi define y
precisa el alcance de cada uno de los métodos referidos y su forma de aplicación,
y además regula las etapas, procedimientos y normas metodológicas para la
realización del avalúo. En relación con el método de comparación o de mercado y
el método de costo de reposición, la resolución dispone:

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de julio de 2022. Radicado:
05001-23-31-000-2008-00035-01. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
38
Artículo 25.
39
Artículo 25.

19

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

“[…] ARTÍCULO 10. MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO. Cuando para la
realización del avalúo se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario
que en la presentación del avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo
la información y la fecha de publicación, además de otros factores que permitan su
identificación posterior. Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad
horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser analizados en forma
independiente para cada uno de los datos obtenidos con sus correspondientes áreas y
valores unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal se debe
presentar el valor por metro cuadrado de área privada de construcción. Se debe verificar
que los datos de áreas de terreno y construcción sean coherentes. En los eventos en
que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en oferta o de los que se ha
obtenido datos de transacción para facilitar su posterior análisis.

ARTÍCULO 13. MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN. En desarrollo de este método
se debe entender por costo total de la construcción la suma de los costos directos, costos
indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse para la
realización de la obra. Después de calculados los volúmenes y unidades requeridos para
la construcción, se debe tener especial atención con los costos propios del sitio donde
se localiza el inmueble. Al valor definido como costo total se le debe aplicar la
depreciación. PARÁGRAFO 1o. Este método se debe usar en caso de que el bien objeto
de avalúo no cuente con bienes comparables por su naturaleza (colegios, hospitales,
estadios, etc.) o por la inexistencia de datos de mercado (ofertas o transacciones) y
corresponda a una propiedad no sujeta al régimen de propiedad horizontal.
PARÁGRAFO 2o. Para depreciar los equipos especiales que posea el bien, se emplea
el método lineal, tomando en cuenta la vida remanente en proporción a la vida útil
establecida por el fabricante […]”.

87. En el asunto sub examine, la Sala advierte que el precio del inmueble
expropiado, identificado con matrícula inmobiliaria 50S 587635 fue determinado en
el informe de avalúo comercial 8002011 ER 8735-35 de 03 de octubre de 201140
elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Del informe del avalúo se
destacan los siguientes aspectos:

“[…]

[…]

40
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“ED_C03_01RespuestaEmpresaDeRenovaciónUrbanaDeBogotáAllegaAntecedentesAdministrativos(.pdf) NroActua 38” folio
141.

20

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Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

[…]”

88. En la parte considerativa de la Resolución 069 de 16 de abril de 2013 41 por la
cual se resolvió el recurso de reposición, se indicó que, de acuerdo con la
información obtenida de la respectiva escritura pública, el área privada total del
inmueble (188.96 M2) está conformada por: (i) un área privada cubierta (122.53 M2);
y (ii) un área privada libre (66.43 M2). Las anteriores características influyen
directamente en la valoración del predio.

89. En consecuencia, respecto del argumento de la recurrente, en el cual indica que
la entidad demandada en relación con el apartamento 301 estimó un valor diferente,
señaló que no era procedente la comparación porque aquel no tiene las mismas
características que este.

90. Igualmente manifestó que, para la determinación de los valores por metro
cuadrado el IGAC empleó los métodos de comparación o de mercado, tomó en
consideración, entre otros, los lineamientos determinados por los literales A y B del

41
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“ED_C03_01RespuestaEmpresaDeRenovaciónUrbanaDeBogotáAllegaAntecedentesAdministrativos(.pdf) NroActua 38”.

21

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

artículo 22 del Decreto reglamentario 1420 de 1998, dentro de los cuales se
encuentran aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma, las
normas urbanísticas vigentes, tipo de construcciones en la zona y la dotación de
redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así
como la infraestructura vial y servicio de transporte, los elementos constructivos
empleados en su estructura y acabados, las obras adicionales o complementarias,
la edad de los materiales y el estado de conservación física.

91. En relación con la indemnización, la entidad demandada precisó que reconoció
el valor de $138.473.200; por daño emergente por desconexión definitiva de servicio
públicos y por gastos notariales y de registro el valor de $2.839.791; y por lucro
cesante $1.520.000 de conformidad con el contrato de arrendamiento suministrado
por la propietaria del apartamento. Es de resaltar que frente a los gastos de
escrituración no fueron pagados porque sobre el predio no se adelantó una
negociación directa.

92. Se evidencia que, contrario a lo aducido por la demandante, en la valoración
realizada por la entidad demandada si se analizaron los perjuicios tales como daño
emergente y lucro cesante, los cuales se determinaron a partir de la información
catastral y aquella suministrada por la propietaria.

93. Esta Sección en reiterada jurisprudencia ha sostenido que al incorporarse el
valor del avalúo oficial en el texto de los actos que decretan la expropiación por vía
administrativa, debe entenderse que este se encuentra amparado por la misma
presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la
administración. Por lo tanto, es obligación de la parte demandante demostrar en el
proceso judicial los errores que le atribuya a dicho avalúo. En sentencia de 14 de
septiembre de 2020, esta Sección expuso lo siguiente sobre el particular:

“[…] 5.2.3. [L]a Sala considera relevante precisar el alcance de la carga que
recae sobre el demandante, atendiendo las presunciones de que gozan los
actos de la administración; no basta entonces con que se argumente que los
mismos no cumplieron con lo determinado en la norma para atacar la
presunción de legalidad y veracidad de que goza el avalúo oficial. Resulta
indispensable que la parte demandante indique el defecto en que se ha
incurrido y cuál es el impacto en el precio que se ofreció por la administración
conforme las normas que regulan la materia […]”42.

94. Igualmente ha considerado que la determinación del valor comercial del bien
inmueble tiene un carácter técnico, en la medida en que se requiere la aplicación de
los métodos previstos en las normas que regulan la materia, así como la aplicación
de distintos criterios y parámetros como la reglamentación urbanística municipal o
distrital vigente, la destinación económica del inmueble, los valores unitarios para
cada una de las construcciones del terreno, aspectos físicos, la clase del suelo, las
construcciones en la zona, la estratificación socio económica del bien inmueble y
las construcciones existentes, entre otros43.

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 14 de septiembre de 2020.
Radicado: 05001-2331-000-2007-00419-01. M.P.: Oswaldo Giraldo López.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de 2022. Radicado:
05001-2331-000-2010-00195-01. M.P.: Hernando Sánchez Sánchez.

22

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

95. En ese sentido, con el fin de desvirtuar el avalúo oficial, la demandante solicitó
un dictamen pericial en el proceso, del cual se puede destacar: i) determinó como
área total 188.96 M2; ii) se usó la metodología de oferta y mercado, teniendo en
cuenta la información catastral allegada al expediente; y iii) arrojó como valor
$293.000.00044.

96. En la audiencia de pruebas llevada a cabo el día 5 de agosto de 2015, se realizó
la contradicción del dictamen y la entidad demandada presentó solicitud de
aclaración y complementación. Se destaca: i) para determinar el precio por metro
cuadrado, realizó encuestas en el sector y consultas a personas que manejan el
tema de avalúos, el cual arrojó el valor de $2.200.000; ii) en relación con la
metodología, mencionó que aplicó el método de comparación o de mercado y el
costo de reposición, además se apoyó de información obtenida de proyectos nuevos
en el sector; y iii) utilizó una tabla realizada por Metrocuadrado.com respecto de
precios en el sector Antonio Nariño realizado con 50.000 viviendas para establecer
los promedios de oferta.

97. El tribunal declaró probada las objeciones por error grave formuladas por la parte
demandada, por las siguientes razones: i) el perito aplicó de manera inapropiada el
método de comparación o de mercado y el método de costo de reposición, respecto
de este último no era procedente su uso porque el inmueble está sujeto al régimen
de propiedad horizontal; y ii) no aportó al proceso ninguna prueba de las encuestas
realizadas ni cumplió con los requisitos determinados en la Resolución del IGAC
620 de 2008.

98. Examinado el dictamen y en línea con lo determinado por el a quo, se constata,
por un lado, que el método de costo de reposición45 no podía ser usado en el caso
concreto por cuanto el inmueble está sujeto al régimen de propiedad horizontal; y
por el otro, en el método de comparación o de mercado es necesario que se haga
una mención explícita del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de
publicación, además de otros factores que permitan su identificación posterior, lo
cual no se evidenció en el dictamen rendido y su complementación, porque no
detalló ni suministró información que permita conocer y analizar las ofertas o
transacciones de bienes semejantes y comparables.

99. De acuerdo con el criterio jurisprudencial que ha sostenido esta Sección, no
basta con identificar otras alternativas probables para llevar a cabo el avalúo, sino
que es necesario demostrar el defecto en el que incurrió46.

100. Esta Sección ha expresado que en estos casos no resulta suficiente la mera
exposición de los resultados de las operaciones periciales practicadas y de las
deducciones extraídas por el perito, sin las explicaciones relativas a su origen y al
proceso lógico e intelectivo que ha conducido a su obtención, omitiendo la

44
Cfr. Índice 38, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“ED_C01_46DictamenPericialConInformePasoAlDespacho(.pdf) NroActua 38”.
45
Artículo 13 de la Resolución IGAC 620 de 2008.
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de febrero de 2021, radicación
número 25000-23-24-000-2012-00483-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

23

Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

exposición y explicación de las razones por las cuales no es dable mantener otro
criterio diferente. Esto, teniendo en cuenta que las partes y la autoridad judicial no
cuentan con los conocimientos especializados del perito. Así, en sentencia de 14 de
mayo de 200947, la Sección sostuvo:

“[…] Precisamente por el hecho de que tanto las partes como la autoridad judicial no
cuenten con los conocimientos especializados del perito, es de esperar que éste revele
los datos y los hitos de su discernimiento, que si bien un entendido en la materia puede
reputar elementales, un profano puede encontrarlos inasequibles. Obsérvese que el
cometido principal de cualquier experticia no es otro que la persuasión, y esta
difícilmente se logra cuando solamente se efectúan afirmaciones o negaciones de
manera apodíctica, negándole al juez y a las partes la posibilidad de conocer los
rudimentos básicos del análisis efectuado. La labor del perito consiste precisamente en
proporcionar, junto con el fruto de su propia interpretación, los fundamentos que lo
soportan, para situar a sus destinatarios en condiciones de poder valorar la objetividad,
la razonabilidad, la coherencia y la sensatez de las conclusiones presentadas […]”.

101. En conclusión, las falencias del dictamen pericial que han quedado
evidenciadas impiden darle plena credibilidad, lo que conduce a la Sala a tener por
cierto el avalúo que sirvió de sustento para la fijación del precio indemnizatorio
reconocido y pagado, dejando sin vocación de prosperidad los argumentos
manifestados por el recurrente en relación con el punto.

102. Así las cosas, para la Sala no tienen vocación de prosperidad los argumentos
del recurso, por cuanto el dictamen pericial practicado en la instancia judicial no se
sustentó en la normativa aplicable. En consecuencia, se confirmará la sentencia
recurrida.

103. Finalmente, se advierte que no se configuran los presupuestos previstos en el
artículo 188 de la Ley 1437 y en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, sobre
condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de octubre de 2015, proferida por la
Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.

47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado:
05001-23-31-000-2005-03509-01. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02535 01
Demandante: Lucila Hernández de Rodríguez

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Aclara voto
Aclara voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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