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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2013-02568-01

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2013-02568-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 4 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el sentido de agregar el siguiente numeral: “PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de las siguientes personas, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído: Jeferson González Pardo; Juvenal Riaño Alarcón; Leonel Rangel Gil; Francisco Becerra Fonseca; Cristian David Barrero Mejía; Fabián Molina Pachón; Rigoberto Ospina Cárdenas; Fabio Rodríguez Garzón; Jorge Andrés Torres Sabogal; Manuel Enrique Vargas Cogollo; Iván Darío Díaz Forero; Elber Germán Torres; Pedro Asencio Puentes Seco; Juan de Jesús Valero; Héctor David Beltrán Beltrán; Juan Bernardo Sánchez Ruiz; José Jesús Montoya; William Hernando Lozano Romero; Ana Rosa Romero; Guillermo Lozano Bello; Jorge Alberto Navarro Artunduaga; Hernando Alfredo Parra Callejas; Héctor José Noé Salazar; Maximiliano Antonio Ruiz Peraha; Jefferson Gualteros Núñez; William Alexander Carvajal Romero; Wilson Hernández Bohórquez; Pablo Emilio Guerrero Ramírez; Jonny Miguel Rodríguez Sierra; Luis Eduardo Milgues Sediel; Carlos Orlando Gómez Parra; José Vicente Castañeda Castellanos; José Enrique Combiza; Jhon Alexander Romero; Johan Eliecer Cantor Dotor; Heraclio Napoleón Acosta Melo; Jorge Enrique Rincón Hernández; Luis Carlos Aguilar Yate; Fernando Alfonso Silva Rodríguez; Octavio Cárdenas López; José Orlando Castañeda; Silvio Celis; Cesar Augusto Herrera Hernández; Janer Leonardo Angulo Cortés; Collin Cambel Girón; Hernando Quimbaya Montealegre; Mauricio Guzmán Rodríguez; Agustín Rubio Torres; José Julián Osorio Hernández; José Ignacio Lara León; Óscar David Coronado Buitrago; Luis Fernando Murillo Gómez; Óscar Camilo Peñuela Guatibonza; Armando Sánchez Carvajal; Juan Pablo Angulo Murillo; Omar Emilio Durán Zúñiga; Juan Carlos Ciranicicua; Jhon Mauricio Padilla; Abraham Ramírez Zárate; José Ricardo Aroca Céspedes; Marco Guillermo Duque; Agustín Vargas Hernández; Wilinton Rozada Guisa; Uriel David Contreras Gordillo; Darwin […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2013-02568-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 25000-23-41-000-2013-02568-01
Demandante: LUIS ALBERTO RUBIO CORTEZ Y OTROS
Demandado: INPEC Y OTROS

Tema: Hacinamiento carcelario. Afectación a la dignidad humana de las
personas privadas de la libertad en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. Estado de cosas inconstitucional en el sistema
penitenciario y carcelario. Se acreditó un daño imputable al
Ministerio de Justicia y del Derecho y a la USPEC. Daño a los
derechos constitucional y/o convencionalmente protegidos.
Condena en costas en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el Ministerio de Justicia y del
Derecho y la USPEC contra la sentencia del 4 de agosto de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se narra en la demanda que, en el año 2013, las condiciones de reclusión de las
personas privadas de la libertad en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de
Bogotá – La Modelo (en adelante Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.), resultaban
violatorias del derecho fundamental a la dignidad humana, dado el alto nivel de
hacinamiento y las deficiencias en la alimentación, higiene, salubridad y atención
médica brindada a los reclusos.

El grupo de demandantes, conformado por todos los internos de la Cárcel La Modelo
de Bogotá D.C., considera que la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio del Interior, la Rama Judicial, el Congreso de la República, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (en adelante

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

DAPRE), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y la
USPEC son administrativamente responsables por el daño consistente en la
afectación al derecho fundamental a la dignidad humana de las personas privadas
de la libertad en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., pues, a su juicio, los reclusos
se encuentran en condiciones indignas toda vez que, “no garantizan salubridad a
los presos, no se les garantiza la atención en salud y suministro de medicamentos,
no se les suministra el kit de aseo y para dormitorio, no se les garantiza la
oportunidad de trabajar y estudiar para redimir su pena y resocializarse, no se les
garantiza un ambiente sano, no se les garantiza el derecho a la intimidad y familia,
la estructura de la cárcel se encuentra en ruina (…) y hay deficiencias en la
alimentación”, producto del hacinamiento en el que se encuentran.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 8 de noviembre de 20131, Luis Alberto Rubio Cortez, William Fernando Apolinar
Rodríguez y otros2, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control

1 Fl. 1 a 62, C.1.
2 Jeferson González Pardo, Elkin Rojas Peña, Juan Carlos Díaz, Rodrigo Muñoz López, Juvenal

Riaño Alarcón, Leonel Rangel Gil, Francisco Becerra Fonseca, Gelvis Lemus Alvarado, Cristian
David Barrero Mejía, Fabián Molina Pachón, Selson Fabián Correa Carvajal, Rigoberto Ospina
Cárdenas, Andrés Alfonso Motavita Lemus, Edwin Eduardo Enciso Gaviria, José Wilson Rocha
Rincón, José Nicolás Rodríguez, Fabio Rodríguez Garzón, Henry Méndez Urrego, Alexander
Posada, Andrés Fonseca Barrera, Jorge Andrés Torres Sabogal y Manuel Enrique Vargas Cogollo.
Mediante auto del 9 de junio de 2017 (Fl. 1201 a 1222, C. Ppal.) se aceptó la adhesión al grupo de
las siguientes personas: Iván Darío Díaz Forero, Elber Germán Torres, Pedro Asencio Puentes Seco,
Juan de Jesús Valero, Héctor David Beltrán Beltrán, Juan Bernardo Sánchez Ruiz, José Jesús
Montoya, William Hernando Lozano Romero, Ana Rosa Romero, Guillermo Lozano Bello (estos dos
últimos en calidad de padres de William Hernando Lozano Romero), Jorge Alberto Navarro
Artunduaga (padre de uno de los reclusos), Hernando Alfredo Parra Callejas, Héctor José Noé
Salazar, Maximiliano Antonio Ruiz Peraha, Jefferson Gualteros Núñez, William Alexander Carvajal
Romero, Wilson Hernández Bohórquez, Pablo Emilio Guerrero Ramírez, Jonny Miguel Rodríguez
Sierra, Luis Eduardo Milgues Sediel, Carlos Orlando Gómez Parra, José Vicente Castañeda
Castellanos, José Enrique Combiza, Jhon Alexander Romero, Johan Eliecer Cantor Dotor, Heraclio
Napoleón Acosta Melo, Jorge Enrique Rincón Hernández, Luis Carlos Aguilar Yate, Fernando
Alfonso Silva Rodríguez, Octavio Cárdenas López, José Orlando Castañeda, Silvio Celis, Cesar
Augusto Herrera Hernández, Janer Leonardo Angulo Cortés, Collin Cambel Girón, Hernando
Quimbaya Montealegre, Mauricio Guzmán Rodríguez, Agustín Rubio Torres, José Julián Osorio
Hernández, José Ignacio Lara León, Óscar David Coronado Buitrago, Luis Fernando Murillo Gómez,
Óscar Camilo Peñuela Guatibonza, Armando Sánchez Carvajal, Juan Pablo Angulo Murillo, Omar
Emilio Durán Zúñiga, Juan Carlos Ciranicicua, Jhon Mauricio Padilla, Abraham Ramírez Zárate, José
Ricardo Aroca Céspedes, Marco Guillermo Duque, Agustín Vargas Hernández, Wilinton Rozada
Guisa, Uriel David Contreras Gordillo, Darwin Lizarazo Salas, Javier Urán Benítez, Blanca Lilia

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

de reparación de perjuicios causados a un grupo, presentaron demanda en contra
de la Nación - DAPRE, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio del Interior,
Rama Judicial, Congreso de la República y el INPEC, para que se les declare
patrimonialmente responsables por la afectación al derecho fundamental a la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C., pues, a su juicio, se presentan deficiencias en la alimentación, en el
servicio de salud, en el suministro de kits de aseo y de elementos para dormir y en
la infraestructura del establecimiento, todo ello, producto del hacinamiento en el que
se encuentra dicha población carcelaria.

Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes: i) por perjuicios morales, 20 SMLMV para cada integrante del grupo; ii)
por “afectación de derechos constitucionales”, 20 SMLMV para cada miembro del
grupo y, iii) por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma
de 150.000 para cada miembro del grupo, correspondiente al “kit de aseo y para
dormir” que, según alega, el INPEC omite suministrarles a los reclusos, pese a estar
obligado a ello, razón por la cual dicho costo ha sido asumido por sus familiares.

En apoyo de las pretensiones, el grupo demandante afirma que la población privada
de la libertad en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. no recibe el “kit de aseo y para
dormir”, compuesto por los elementos mínimos de higiene y aseo personal, así
como colchonetas, sábanas y cobijas.

Señala que gran parte de dicha población carece de celda y debe pernoctar en los
pasillos en condiciones de hacinamiento e insalubridad, y que quienes disponen de
una deben compartirla con varios internos.

Sostiene que las visitas conyugales se desarrollan sin condiciones de privacidad,
que la sobrepoblación restringe el acceso a programas de trabajo y estudio para la
redención de la pena, que existe un elevado consumo de sustancias
estupefacientes y que la alimentación es de mala calidad. Añade que la atención en

Rodríguez (esposa del recluso Mardoqueo Escarraga), Haida Martínez Jiménez (esposa del recluso
Maximiliano Ruiz Peralta) y Valentina Ruiz Martínez (hija del recluso Maximiliano Ruiz Peralta).

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

salud resulta deficiente, al punto de que muchos internos se ven compelidos a
acudir a la acción de tutela para obtener los tratamientos que requieran.

Expone que, en el marco de una acción de tutela promovida por un recluso de la
Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., la juez del caso, en desarrollo de una inspección
judicial3, constató un grave estado de hacinamiento, pues, aunque la capacidad del
establecimiento era de 2.968 internos, para entonces albergaba aproximadamente
7.096, lo que representa una sobrepoblación del 137,39%. Agregó que esta
situación incidía negativamente en la prestación de los servicios de salud, los
servicios públicos y la gestión de los trámites administrativos y jurídicos de la
población privada de la libertad.

Indica que la atención médica de urgencia era restringida, toda vez que el
dragoneante del patio era quien determinaba cuándo un interno se encontraba en
una situación de emergencia y, por regla general, rechazaba las solicitudes de
atención. Igualmente, manifestó que se reportaron fallecimientos atribuidos a la falta
o la deficiente atención médica.

Señala que el número de baños resulta insuficiente para la población recluida, que
el suministro de agua es limitado tanto para el consumo humano como para el aseo
y la lavandería, y que existe un manejo inadecuado de las basuras. Agrega que los
internos se ven obligados a comer en el piso, cerca de alcantarillas que emiten
malos olores y ocasionan inundaciones, circunstancias que favorecen la
propagación de enfermedades.

Afirma que en el presente asunto persiste el Estado de Cosas Inconstitucional (en
adelante ECI) declarado por la Corte Constitucional mediante sentencia T-153 de
1998, en tanto continúa la vulneración masiva y generalizada de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad recluidas en la Cárcel La
Modelo de Bogotá D.C.; de hecho, sostiene que dicha situación obedece a la
prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones y a

3 Llevada a cabo el 22 de enero de 2012.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

la falta de adopción de medidas legislativas, administrativas y presupuestales
eficaces para superar esa problemática.

En ese orden de ideas, el grupo demandante considera que la Nación - DAPRE, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, la Rama Judicial, el
Congreso de la República y el INPEC son administrativamente responsables por el
daño consistente en la vulneración al derecho a la dignidad humana4 de las
personas privadas de la libertad recluidas en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.,
como consecuencia de las condiciones de hacinamiento existentes en ese
establecimiento penitenciario.

2. Contestación

El 25 de noviembre de 20135, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público.

2.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho6 se opuso a la totalidad de las
pretensiones de la demanda. Sostuvo que los hechos que sustentan la demanda se
relacionan con el hacinamiento y las condiciones de los establecimientos
penitenciarios, materias cuya administración, operación, vigilancia, prestación de
servicios e infraestructura corresponden al INPEC y a la USPEC. En consecuencia,
afirmó que carece de competencia funcional sobre dichas actividades y, por tanto,
no es el llamado a responder por los perjuicios alegados. Propuso como
excepciones las de “Falta de legitimación en la causa por pasiva” e “inexistencia de
falla del servicio imputable al Ministerio de justicia y del Derecho (ausencia de nexo
causal)”.

4 Si bien la parte demandante invocó la vulneración de diversos derechos fundamentales (ambiente

sano en centro de reclusión, salud, visita conyugal, intimidad, libertad procreativa, no discriminación
sexual, maternidad, paternidad y control natal, unidad familiar, protección a la mujer embarazada,
ración alimentaria balanceada no ser torturado por aguantar hambre, trabajo, educación,
resocialización, petición, libertad de expresión y derechos políticos, culturales y sociales”, todos ellos
pueden abordarse de manera conjunta a partir del derecho a la dignidad humana, por cuanto las
afectaciones alegadas derivan de las condiciones de reclusión y constituyen expresiones de su
eventual vulneración.
5 Fl. 155 a 157, C.1.
6 Fl. 204 a 219, C.1.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

2.2. El INPEC7 se opuso a las pretensiones de la demanda al sostener que el
hacinamiento del establecimiento penitenciario constituye un hecho notorio, pero no
un daño imputable exclusivamente a esa entidad, sino que es una problemática
estructural cuya atención corresponde a diversas autoridades del Estado. En
consecuencia, afirmó que no era responsable de las condiciones de sobrepoblación
carcelaria ni de la infraestructura penitenciaria, competencia atribuida a la USPEC.

Asimismo, señaló que no se acreditó la vulneración del derecho a la dignidad
humana ni la existencia de tratos degradantes contra los internos, pues las
afirmaciones contenidas en la demanda carecen de respaldo probatorio. Por último,
sostuvo que ha actuado dentro del ámbito de sus competencias para garantizar los
derechos de la población privada de la libertad y solicitó negar las pretensiones de
la demanda por ausencia de una conducta u omisión imputable a su cargo. Propuso
las excepciones de “caducidad”, “inepta demanda”, falta de legitimación en la causa
por pasiva” y “no integración del litisconsorcio necesario”.

2.3. La USPEC8-9 se opuso a las pretensiones de la demanda al sostener que ha
ejecutado de manera permanente acciones e inversiones para atender la crisis del
sistema penitenciario y carcelario mediante la construcción y mantenimiento de la
infraestructura, la ampliación de cupos y la contratación de bienes y servicios
destinados a mejorar las condiciones de habitabilidad de los establecimientos
penitenciarios.

Afirmó que la problemática de hacinamiento es estructural y no puede solucionarse
mediante condenas dirigidas a beneficiar a un grupo específico de internos, pues
ello afectaría los recursos públicos destinados a atender las necesidades del
sistema penitenciario en su conjunto.

Sostuvo que no puede atribuírsele una falla del servicio, por cuanto ha cumplido con
su función de contratar las obras, bienes y servicios requeridos por los

7 Fl. 229 a 248, C.1.
8 Por auto del 28 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca vinculó a la USPEC

en calidad de parte demandada (Fl. 314 a 327, C.1.).
9 Fl. 329 a 333, C.1.

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establecimientos penitenciarios, de acuerdo con la priorización de necesidades
definida conjuntamente con el INPEC y conforme a la disponibilidad presupuestal.

2.4. Mediante auto del 28 de abril de 201410, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva del Ministerio del Interior, del Congreso de la República, de la Rama
Judicial y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 17 de marzo de 201511 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante12, el INPEC13 y la USPEC14, presentaron escritos de
alegatos de conclusión, en los que reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda y las contestaciones a esta.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 4 de agosto de 201615, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones, al encontrar acreditado el
daño antijurídico sufrido por el grupo demandante, consistente en la afectación de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad derivada de las
condiciones de reclusión en el establecimiento penitenciario. Señaló que, aunque la
demanda no precisó expresamente el daño, de su interpretación se desprendía que
este recaía sobre bienes constitucionalmente protegidos, especialmente la dignidad
humana.

10 Fl. 314 a 327, C.1.
11 Fl. 670, C.2.
12 Fl. 673 a 682, C.2.
13 Fl. 683 y 689, C.2.
14 Fl. 690 a 707, C.2.
15 Fl. 765 a 833, C. Ppal.

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Estimó probado el daño con fundamento en el hacinamiento carcelario, reconocido
como hecho notorio, y en las pruebas que daban cuenta de las deficientes
condiciones de reclusión, entre ellas la insuficiente entrega de elementos de aseo,
las falencias en la infraestructura, saneamiento, alimentación y atención en salud.
Concluyó que tales circunstancias desconocían el derecho de los internos a una
vida en condiciones dignas y permitían inferir, conforme a las reglas de la
experiencia, la existencia de una afectación moral.

En cuanto a la imputación, el Tribunal señaló que, si bien los daños sufridos por
personas privadas de la libertad se analizan, por regla general, bajo un régimen
objetivo derivado de la relación de especial sujeción, en este caso resultaba
procedente atribuir la responsabilidad a título de falla del servicio en su modalidad
de “falla del sistema”, por tratarse de un problema estructural asociado al ECI.
Consideró que las medidas adoptadas por el INPEC, la USPEC y el Ministerio de
Justicia y del Derecho habían sido insuficientes para superar el hacinamiento y
garantizar condiciones dignas de reclusión, sin que se acreditara alguna causal
eximente de responsabilidad. En consecuencia, declaró administrativamente
responsables a dichas entidades por los daños ocasionados al grupo demandante.

En atención a lo anterior, condenó a las demandadas a pagar al grupo demandante,
a título de daño emergente, la suma de $864.565.962 correspondiente al valor de
los “kits de aseo y colchonetas”; el equivalente a 4953 SMLMV por concepto de
perjuicio moral para los integrantes del grupo que se hayan constituido como parte
en el proceso y de los que se adhieran en debida forma, y a realizar medidas
reparatorias por la afectación a bienes constitucionalmente afectados.

En efecto, el a quo señaló que: “En el caso concreto, el mencionado daño se
encuentra probado, pues al ser el hacinamiento carcelario un hecho notorio y
encontrarse acreditado además que no se hace entrega a todos los reclusos de los
kits de aseo y de las colchonetas y cobijas con la periodicidad que la ley establece,
que existen problemas sanitarios por la escasez y pésimo estado de los baños, que
no se presta en forma eficiente el servicio de salud a todos los reclusos, que las
celdas son insuficientes y que la planta física del establecimiento no es adecuada y
que en algunas de las visitas realizadas por diversas entidades se han encontrado

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irregularidades en la prestación del servicio de alimentación, es evidente que se
está desconociendo el derecho de los reclusos a llevar una vida en condiciones
dignas […]. Luego, a pesar de que como se encuentra acreditado en el proceso las
demandadas han venido adoptando, dentro de sus posibilidades, medidas
tendientes a mejorar las condiciones de reclusión de los internos, […] lo cierto es
que las mismas han resultado insuficientes. […]”.

5. Recurso de apelación

El 2916 y 3017 de agosto de 2016, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la USPEC,
respectivamente, interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron concedidos
el 918 de junio de 2017 y admitidos el 31 de octubre de 201719.

5.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho20 solicitó revocar la sentencia de primera
instancia y negar las pretensiones de la demanda, al considerar que no se
acreditaron los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado.

En primer lugar, sostuvo que, aunque se reconocen las deficiencias estructurales
del sistema penitenciario y carcelario, la sola permanencia de los integrantes del
grupo en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. de Bogotá, no demuestra, por sí
misma, la existencia de un daño antijurídico indemnizable. Afirmó que correspondía
a la parte actora probar un daño cierto, concreto, personal e individualizado, así
como el incumplimiento de obligaciones específicas por parte de las entidades
demandadas, carga probatoria que, a su juicio, no fue satisfecha.

En cuanto a los perjuicios morales, alegó que no era procedente presumir su
existencia por el solo hecho de la reclusión, pues dicha presunción solo opera en
eventos definidos por la jurisprudencia, como la muerte, las lesiones graves o la
privación injusta de la libertad, por lo que, al no acreditarse la afectación individual

16 Fl. 873 a 886, C.Ppal.
17 Fl. 887 a 924, C.Ppal.
18 Fl. 1201 a 1222 del C. Ppal. Se concedieron los recursos de apelación presentados por el Ministerio

de Justicia y del Derecho y por la USPEC, y se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
19 Fl. 1236, C.Ppal.
20 Fl. 873 a 886, C.Ppal.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

de los integrantes del grupo, no había lugar a condena por este concepto.

Respecto al título de imputación por falla del servicio, argumentó que la situación de
hacinamiento y crisis penitenciaria responde a un problema estructural y
multicausal, derivado de las políticas criminales del Estado, del conflicto armado,
del incremento de las penas y del aumento de la población carcelaria, circunstancias
que exceden el ámbito de actuación de las entidades demandadas. Añadió que el
INPEC, la USPEC y el Ministerio han adoptado medidas para atender dicha
problemática, incluso mediante la declaratoria de emergencia penitenciaria, por lo
que no puede imputárseles una omisión constitutiva de falla del servicio.

Asimismo, sostuvo que el transcurso del tiempo sin superar la crisis carcelaria no
constituye, por sí solo, prueba de incumplimiento de las obligaciones estatales, dado
que las limitaciones estructurales, presupuestales y administrativas impiden
resolver de manera inmediata una problemática de esa magnitud, sin que ello
implique negligencia de las autoridades.

Finalmente, afirmó que el ECI declarado por la Corte Constitucional debía ser
atendido mediante el cumplimiento de las órdenes impartidas en sede de tutela,
razón por la cual resultaba improcedente utilizar la acción de grupo para reabrir
asuntos ya abordados con efectos generales.

5.2. La USPEC21 consideró que la sentencia de primera instancia debe ser
revocada, toda vez que el medio de control fue presentado por fuera del término
legal de dos años previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, por lo que
operó la caducidad. Además, afirmó que los hechos que sustentan la condena
ocurrieron, en su mayoría, antes de la creación y entrada en funcionamiento de la
USPEC, por lo que no podían serle imputados. Asimismo, indicó que la
responsabilidad en el asunto recae en otras entidades, en particular en el INPEC
frente a los kits de aseo, en las entidades territoriales respecto de la población
sindicada y CAPRECOM frente al servicio de salud, las cuales, estas dos últimas,
no fueron vinculadas al proceso, lo que vulnera el debido proceso.

21 Fl. 887 a 924, C.Ppal.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Precisó que la demanda es inepta y carece de prueba suficiente, pues no identificó
las acciones u omisiones atribuibles a la USPEC ni acreditó el daño, la falla del
servicio o el nexo causal. Agregó, que tampoco se demostró un daño individual ni
los perjuicios reclamados, por lo que no procede la indemnización de perjuicios.

Finalmente, anotó que la USPEC acreditó haber adelantado actuaciones para
mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios, por lo que no podía
atribuírsele responsabilidad por las deficiencias estructurales del sistema
penitenciario.

6. Trámite en segunda instancia

El 25 de abril de 201822 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. El grupo demandante23, el INPEC24, la USPEC25 y el Ministerio de Justicia y del
Derecho26 reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia y
en los recursos de apelación, respectivamente.

6.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado27 28 solicitó revocar la
sentencia de primera instancia al sostener que el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo es improcedente porque no se conformó
adecuadamente el grupo ni existía una causa común del daño, lo que impide
determinar la caducidad del medio de control. Además, afirmó que las pretensiones
eran imprecisas, que las vulneraciones alegadas carecían de prueba e
individualización, y que el supuesto daño por hacinamiento no podía calificarse
como un daño continuado que excluyera la caducidad del medio de control.

22 Fl. 1317, C.Ppal.
23 Fl. 1427 a 1446, C. Ppal.
24 Fl. 1447 a 1456, C.Ppal.
25 Fl. 1318 a 1338, C. Ppal.
26 Fl. 1340 a 1348, C. Ppal.
27 Fl. 1243 a 1264, C.Ppal.
28 Fl. 1407 a 1426, C.Ppal.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

También, sostuvo que la sentencia de primera instancia dio por probados de manera
genérica el daño, la imputación y la falla del servicio, sin valorar las pruebas sobre
las acciones adelantadas por las entidades para atender el hacinamiento ni acreditar
el nexo causal entre la conducta estatal y los perjuicios. Asimismo, afirmó que la
responsabilidad se fundamentó indebidamente en las sentencias del ECI, sin
analizar la situación concreta de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. ni de cada
demandante. Precisó que el Tribunal reconoció indebidamente el daño emergente
y el perjuicio moral, pues existe prueba del suministro de los kits de aseo y
dormitorio, y no hay evidencia que permita presumir el daño moral por las
condiciones de hacinamiento. Finalmente, solicitó revocar las medidas de
reparación por afectación a bienes constitucionales, al considerar que no se acreditó
una grave vulneración individual de derechos fundamentales, que las órdenes de la
Corte Constitucional ya atendían el problema de hacinamiento y que no se cumplen
los requisitos para declarar la responsabilidad del Estado ni la procedencia de la
acción de grupo.

6.3. El Ministerio Público guardó silencio.

6.4. Mediante auto del 13 de abril de 202629, entre otras cuestiones, se rechazaron
por extemporáneas unas solicitudes de adhesión al grupo y se negó la solicitud
probatoria formulada el 25 de mayo de 2018 por la parte actora en sus alegatos de
conclusión de segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa – normatividad aplicable

Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202030, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 2011 31, y en

29 Fl. 1502 a 1511, C.Ppal.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto

de 2020, Rad. 64778.
31 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6832 de la Ley 472 de 199833 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.

Al efecto, comoquiera que el 8 de noviembre de 201334, los demandantes ejercieron
el derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica
de esta Corporación, este último estatuto modificó la Ley 472 de 1998 en lo atinente
a las normas que regulan la pretensión, la caducidad y la competencia35.

2. Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el
Ministerio de Justicia y del Derecho y por la USPEC contra la sentencia del 4 de
agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en virtud de lo establecido
en los artículos 5036 de la Ley 472 de 1998 y, 15037 y 152.1638 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

32 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente

título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
33 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
34 Fl. 1 a 62, C.1.
35 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
36 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los

procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
37 “Artículo 150. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se

susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
38 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.12 39
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.

3. Medio de control procedente - Condiciones uniformes del grupo respecto
de la causa lesiva cuya reparación se pretende

La acción de grupo se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 88 de la
Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por
parte del Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472 de
1998 reguló dicha acción y en el artículo 3º la definió como aquella que es
"interpuesta por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".

En consonancia con lo anterior, los artículos 340 y 4641 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de la acción de grupo. Para el efecto,
prescriben que ésta deberá ser presentada por un número plural de personas que
no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una causa
común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un número inferior de
demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la
vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa del daño haya podido
perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló
en la sentencia C 116 de 200842:

39 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de

Estado”.
40 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un

conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
41 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones

interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
42 Corte Constitucional, sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos veinte
de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los criterios que
permitan su identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte
sostuvo en el referido fallo:

‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para
la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de
todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la
acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha
advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta
debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20
personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que
permitan la identificación del grupo afectado.’

De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por lo
menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar
los criterios para identificarlos y definirlos[…]”43. (Se resalta)

A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de los perjuicios causados a
un grupo, en los siguientes términos:

43 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211
y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia (...)”

Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional44 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.

Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la causa común desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
que pueden generar un daño común al interés del grupo45. Así, para el tribunal
constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista
fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".

En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – antes acción
de grupo - sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo46. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.

44 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
45 Sentencia C-569 de 2004.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-

000-2002-00025-02.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Con todo, en una reciente decisión de la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación se concluyó que el grupo está debidamente constituido "si el
conjunto de personas que hacen parte del mismo tienen condiciones uniformes
respecto del hecho generador del daño y no de los demás elementos que conforman
la responsabilidad; por ende, si bien la causa generadora debe ser la misma para
todos los integrantes del grupo, el daño causado y las reparaciones concretas a
favor de cada uno de ellos pueden ser disímiles" 47. De esta manera, le
corresponderá al juez en cada caso valorar la existencia de una causa común que,
al ser compartida por todos los miembros del grupo, permita su resolución en una
misma providencia48.

Pues bien, se advierte que el Ministerio de Justicia y del Derecho en el recurso de
apelación afirmó que el ECI declarado por la Corte Constitucional debía ser atendido
mediante el cumplimiento de las órdenes impartidas en sede de tutela, razón por la
cual resultaba improcedente utilizar la acción de grupo para reabrir asuntos ya
abordados con efectos generales.

Sobre el particular, la Sala advierte que no acoge el argumento expuesto por el
Ministerio de Justicia y del Derecho, toda vez que el presente medio de control tiene
por objeto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el
reconocimiento de la indemnización de los perjuicios que los demandantes afirman
haber sufrido como consecuencia de las condiciones de reclusión en la Cárcel La
Modelo de Bogotá D.C. de Bogotá. Se trata, por tanto, de una pretensión resarcitoria

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:

66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
48 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo que

incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas class
actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las Federal
Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia alguna a lo
que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en el modelo
estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal. Por el
contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir de su
pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la existencia
de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo fáctico –
casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o certificación de
la acción. GUAYACÁN ORTIZ, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones
colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano. Universidad Externado de
Colombia 2015.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

expresamente prevista en el artículo 145 del CPACA para quienes reúnan
condiciones uniformes respecto de una misma causa generadora de perjuicios.
En ese contexto, la existencia de decisiones de la Corte Constitucional encaminadas
a proteger derechos fundamentales mediante la adopción de órdenes estructurales
no excluye, por sí misma, la procedencia del medio de control de reparación de los
perjuicios cuya indemnización se reclama. Cuestión distinta es que, para la
prosperidad de las pretensiones, corresponda a la parte demandante acreditar los
presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado y la causación de los
perjuicios causados al grupo.

Precisado lo anterior, en el caso concreto, se plantea como causa común
generadora del daño el hacinamiento en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.,
situación que, según se alega, ocasionó la afectación al derecho fundamental a la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad en dicho centro de
reclusión.

Así las cosas, para acreditar el requisito de existencia de condiciones uniformes
frente a la causa común del daño, se aportaron los siguientes documentos:

Demandante: Pruebas que acreditan su vocación como
miembros del grupo actor:

1. Luis Alberto Rubio Cortez - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 20 de diciembre de 2012 se
encontraba recluido en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. (Fl. 526, CD
“Acción_Grupo_2013-2568_EC_Bogota,
Gestión_Judicial_Interno).
2. William Fernando Apolinar Cartilla biográfica del interno en la que consta
Rodríguez que desde el 11 de diciembre de 2012 se
encontraba recluido en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. (Fl. 526, CD
“Acción_Grupo_2013-2568_EC_Bogota,
Gestión_Judicial_Interno).
3. Elkin Rojas Peña - Sentencia proferida el 17 de mayo de 2013
por el Juzgado 56 Penal del Circuito de Bogotá
dentro de la acción de tutela radicada bajo el
No. 2013-00112, en la que consta que el
interno se encuentra recluido en la Cárcel La
Modelo de Bogotá D.C. desde el 7 de marzo
de 2012. (Fl. 106 a 137, C.1.
4. Juan Carlos Díaz - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 1 de octubre de 2009 se
encontraba recluido en la Cárcel La Modelo de

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Bogotá D.C. (Fl. 526, CD
“Acción_Grupo_2013-2568_EC_Bogota,
Gestión_Judicial_Interno).
5. Rodrigo Muñoz López - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que para el 17 de abril de 2012 se encontraba
recluido en la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C. (Fl. 526, CD “Acción_Grupo_2013-
2568_EC_Bogota, Gestión_Judicial_Interno).
6. Gelvis Lemus Alvarado - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 13 de septiembre de 2011 se
encontraba recluido en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. (Fl. 526, CD
“Acción_Grupo_2013-2568_EC_Bogota,
Gestión_Judicial_Interno).
7. Selson Fabián Correa Carvajal - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 15 de mayo de 2013 se
encontraba recluido en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. (Fl. 526, CD
“Acción_Grupo_2013-2568_EC_Bogota,
Gestión_Judicial_Interno).
8. Andrés Alfonso Motavita Lemus - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 10 de mayo de 2012 se
encontraba recluido en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. (Fl. 526, CD
“Acción_Grupo_2013-2568_EC_Bogota,
Gestión_Judicial_Interno).
9. Edwin Eduardo Enciso Gaviria - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 31 de octubre de 2012 se
encontraba recluido en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. (Fl. 526, CD
“Acción_Grupo_2013-2568_EC_Bogota,
Gestión_Judicial_Interno).
10. José Wilson Rocha Rincón - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 5 de julio de 2011 se encontraba
recluido en la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C. (Fl. 526, CD “Acción_Grupo_2013-
2568_EC_Bogota, Gestión_Judicial_Interno).
11. José Nicolás Rodríguez - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 7 de julio de 2012 se encontraba
recluido en la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C. (Fl. 526, CD “Acción_Grupo_2013-
2568_EC_Bogota, Gestión_Judicial_Interno).
12. Henry Méndez Urrego - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 2 de abril de 2012 se encontraba
recluido en la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C. (Fl. 526, CD “Acción_Grupo_2013-
2568_EC_Bogota, Gestión_Judicial_Interno).
13. Alexander Posada - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 18 de diciembre de 2012 se
encontraba recluido en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. (Fl. 526, CD
“Acción_Grupo_2013-2568_EC_Bogota,
Gestión_Judicial_Interno).
14. Andrés Fonseca Barrera - Cartilla biográfica del interno en la que consta
que desde el 2 de abril de 2012 se encontraba
recluido en la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C. (Fl. 526, CD “Acción_Grupo_2013-
2568_EC_Bogota, Gestión_Judicial_Interno).

Bajo el anterior contexto, y una vez valorados los documentos allegados al proceso,

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

se advierte que las catorce (14) personas referidas en el cuadro precedente tienen
vocación para integrar el grupo demandante, en la medida en que se acreditaron
condiciones uniformes respecto de la causa común generadora del daño,
consistente en el hacinamiento en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., situación
que, según se alega, ocasionó la afectación al derecho fundamental a la dignidad
humana de las personas privadas de la libertad en dicho centro de reclusión.

Ahora, en cuanto a las condiciones uniformes, aunque la demanda no discrimina la
afectación individual a la dignidad humana de cada miembro del grupo ni precisa
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cada demandante vio afectado
dicho derecho, se observa que la circunstancia uniforme, desde el punto de vista
jurídico, consiste en el hacinamiento de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. y las
deficiencias en la prestación de los servicios y en las condiciones materiales de
reclusión, para el momento en que se presentó la demanda, esto es, el 8 de
noviembre de 2013.

Así lo consideró en un asunto similar la Subsección A de esta Sección, cuando
señaló:49

“[…] El hecho común generador de los daños reclamados no tiene que ser entendido
de manera esencialmente natural sino desde una óptica jurídica, porque es posible
que se presenten varios eventos ligados en tal forma que legalmente sean uno mismo,
reconociéndose, además, que en el estudio de la causa común el aspecto fáctico es
relevante, pero también el fundamento de derecho aplicable a la situación fáctica en
la que se encuentra el grupo respecto del orden jurídico. […]. Siguiendo las directrices
de la Corte Constitucional sobre el medio de control en cuestión, la Sala observa que
no puede evaluarse el presente asunto desde una óptica fáctica pura, puesto que ello
inexorablemente impediría la construcción de una relación de identidad entre las
diversas omisiones planteadas en la demanda, las cuales, por la circunstancia de
converger en la política penitenciaria dentro de un mismo establecimiento, obligan al
juez a darle una mayor relevancia al fundamento jurídico que a ellas subyace.
Evidentemente, desde una óptica fáctica estricta, podría pensarse que, dado que se
trata de omisiones distintas, no se predicaría un carácter uniforme respecto de ellas,
pese a que, además de que convergen en el marco competencial de sistemas
interrelacionados, como lo son el SNPC y el SGSSS, se circunscriben a los internos
de un mismo reclusorio, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Sincelejo (La Vega). De allí que la valoración de las condiciones
uniformes que tienen las omisiones antedichas respecto de los daños reclamados en
la demanda deba realizarse, en palabras de la Corte Constitucional, atendiendo la
naturaleza de los intereses protegidos y la concepción solidarista de la Constitución

49Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 3 de octubre de 2019, exp. 70001233300020140018601.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Política.[…] la pluralidad de omisiones que reprocha la demanda se encuentran
ligadas de forma tal que sí se satisface el requisito legal de las condiciones de
uniformidad, no solo porque repercuten directamente en la dignidad humana de todos
los individuos privados de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega) sino también porque aquellas se
identifican con las problemáticas estructurales y sub-problemáticas identificadas por
dicho tribunal en ese específico reclusorio. Así las cosas, la Sala evidencia, de una
parte, que se encuentra de por medio el derecho fundamental a la dignidad humana
de los internos, el cual es de eficacia directa y de la mayor relevancia en virtud de la
‘relación de especial sujeción’ entre las personas privadas de la libertad y el Estado
y, de otro lado, que el reconocimiento general de la dignidad humana compromete el
fundamento mismo político del Estado, situaciones ambas que satisfacen la
valoración de las condiciones uniformes de acuerdo con los términos expresados por
la Corte Constitucional. En síntesis, la pluralidad de omisiones planteadas en el medio
de control para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, valoradas con
base en los intereses protegidos y la concepción solidarista de la Constitución Política,
justifican que sí se prediquen unas condiciones de uniformidad frente a los daños
reclamados en la demanda. […]”.

En otra oportunidad, en un asunto similar, la Subsección B de esta Corporación
expuso lo siguiente:

“La Sala entiende que para todas las afectadas, la causa del daño operó de manera
uniforme. En los términos indicados por la Corte Constitucional, el hacinamiento fue
la causa jurídica común de los daños padecidos por las internas, aunque implique
múltiples omisiones de distintas entidades. […] En definitiva, está suficientemente
acreditada la sobrepoblación extrema de la cárcel del Cunduy y las demás
condiciones que vienen con ella, que hacen del hacinamiento un hecho complejo que
ha servido de causa común de los daños por los que se ejerció esta acción de
grupo”50.

Precisado lo anterior, advierte la Sala que el grupo de personas que a continuación
se relacionan, no tienen vocación de integrar el grupo pues ninguna de las pruebas
recaudadas en el proceso permitió establecer condiciones uniformes respecto de la
causa común generadora del daño, en tanto no reposa elemento probatorio que
acredite que alguno de ellos estaba recluido en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.:

1. Jeferson González Pardo
2. Juvenal Riaño Alarcón
3. Leonel Rangel Gil
4. Francisco Becerra Fonseca
5. Cristian David Barrero Mejía

50Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 18001233300020130021601.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

6. Fabián Molina Pachón
7. Rigoberto Ospina Cárdenas
8. Fabio Rodríguez Garzón
9. Jorge Andrés Torres Sabogal
10. Manuel Enrique Vargas Cogollo
11. Iván Darío Díaz Forero
12. Elber Germán Torres
13. Pedro Asencio Puentes Seco
14. Juan de Jesús Valero
15. Héctor David Beltrán Beltrán
16. Juan Bernardo Sánchez Ruiz
17. José Jesús Montoya
18. William Hernando Lozano Romero
19. Hernando Alfredo Parra Callejas
20. Héctor José Noé Salazar
21. Maximiliano Antonio Ruiz Peraha
22. Jefferson Gualteros Núñez
23. William Alexander Carvajal Romero
24. Wilson Hernández Bohórquez
25. Pablo Emilio Guerrero Ramírez
26. Jonny Miguel Rodríguez Sierra
27. Luis Eduardo Milgues Sediel
28. Carlos Orlando Gómez Parra
29. José Vicente Castañeda Castellanos
30. José Enrique Combiza
31. Jhon Alexander Romero
32. Johan Eliecer Cantor Dotor
33. Heraclio Napoleón Acosta Melo
34. Jorge Enrique Rincón Hernández
35. Luis Carlos Aguilar Yate
36. Fernando Alfonso Silva Rodríguez
37. Octavio Cárdenas López
38. José Orlando Castañeda
39. Silvio Celis

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

40. Cesar Augusto Herrera Hernández
41. Janer Leonardo Angulo Cortés
42. Collin Cambel Girón
43. Hernando Quimbaya Montealegre
44. Mauricio Guzmán Rodríguez
45. Agustín Rubio Torres
46. José Julián Osorio Hernández
47. José Ignacio Lara León
48. Óscar David Coronado Buitrago
49. Luis Fernando Murillo Gómez
50. Óscar Camilo Peñuela Guatibonza
51. Armando Sánchez Carvajal
52. Juan Pablo Angulo Murillo
53. Omar Emilio Durán Zúñiga
54. Juan Carlos Ciranicicua
55. Jhon Mauricio Padilla
56. Abraham Ramírez Zárate
57. José Ricardo Aroca Céspedes
58. Marco Guillermo Duque
59. Agustín Vargas Hernández
60. Wilinton Rozada Guisa
61. Uriel David Contreras Gordillo
62. Darwin Lizarazo Salas
63. Javier Urán Benítez

Ahora bien, respecto de Blanca Lilia Rodríguez (esposa del recluso Mardoqueo
Escarraga), Haida Martínez Jiménez (esposa del recluso Maximiliano Ruiz Peralta),
Valentina Ruiz Martínez (hija del recluso Maximiliano Ruiz Peralta), Ana Rosa
Romero (madre de William Hernando Lozano Romero), Guillermo Lozano Bello
(padre de William Hernando Lozano Romero) y Jorge Alberto Navarro Artunduaga
(padre de uno de los reclusos), la Sala advierte que carecen de vocación para
integrar el grupo demandante, por cuanto no reúnen condiciones uniformes respecto
de la causa lesiva cuya reparación se pretende. En efecto, como se indicó
previamente, la causa común generadora del daño corresponde al hacinamiento en

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. y a la consecuente afectación del derecho
fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad recluidas
en ese establecimiento penitenciario. En esa medida, al ostentar únicamente la
condición de familiares de algunos de los internos, no comparten la causa lesiva
común que fundamenta el presente medio de control.

Bajo el anterior contexto, el grupo está conformado por las catorce (14) personas51
mencionadas ut supra que acreditaron estar privadas de la libertad en la Cárcel La
Modelo de Bogotá D.C. al momento de presentación de la demanda y que aducen
de manera uniforme haber sufrido una afectación al derecho fundamental a la
dignidad humana, como consecuencia del hacinamiento en dicho centro de
reclusión. Ello satisface los requisitos legales exigidos para la procedencia del
medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.

4. Vigencia del medio de control

Dado que la USPEC alegó la caducidad del medio de control y que la sentencia de
primera instancia estimó que tal fenómeno no se produjo, resulta necesario verificar
si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto
procesal52.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

51 Luis Alberto Rubio Cortez, William Fernando Apolinar Rodríguez, Elkin Rojas Peña, Juan Carlos

Díaz, Rodrigo Muñoz López, Gelvis Lemus Alvarado, Selson Fabián Correa Carvajal, Andrés Alfonso
Motavita Lemus, Edwin Eduardo Enciso Gaviria, José Wilson Rocha Rincón, José Nicolás Rodríguez,
Henry Méndez Urrego, Alexander Posada y Andrés Fonseca Barrera.
52 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

protección del interés general53, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción54, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio

53 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
54 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure55 que opera por
la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer
algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 56, cuya
consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El literal h) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe que, el medio de control
de reparación de perjuicios causados a un grupo deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir de “la fecha en que se causó el daño”.

Pues bien, en el sub examine se estima que el medio de control de reparación de
perjuicios a un grupo fue ejercido oportunamente, esto es, dentro del término
procesal de dos (2) años previsto por el legislador para el vencimiento de la
pretensión, teniendo en cuenta que: i) para el 22 de febrero de 2012, se encontraban
recluidas 7.373 personas en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., pese a que su
capacidad máxima era de 2.907 internos, circunstancia que evidencia el nivel de

55 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
56 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

hacinamiento existente en dicho centro penitenciario (hecho probado 8.1.2) y, ii) la
demanda se presentó el 8 de noviembre de 201357.

5. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis58.

Ahora bien, en relación con la legitimación en la causa por activa en aquellos
asuntos tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo –antes acción de grupo-, es pertinente señalar que la Sección Tercera de
esta Corporación ha señalado que “la concepción de la legitimación en la causa en
el marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la interpretación del
contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998 y al respecto
concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que existan
condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño […]”59.

5.1. Luis Alberto Rubio Cortez, William Fernando Apolinar Rodríguez, Elkin Rojas
Peña, Juan Carlos Díaz, Rodrigo Muñoz López, Gelvis Lemus Alvarado, Selson
Fabián Correa Carvajal, Andrés Alfonso Motavita Lemus, Edwin Eduardo Enciso
Gaviria, José Wilson Rocha Rincón, José Nicolás Rodríguez, Henry Méndez Urrego,
Alexander Posada y Andrés Fonseca Barrera, son las personas sobre quienes recae
el interés jurídico que se debate en este proceso y se encuentran legitimadas en la
causa por activa, habida consideración de que acreditaron haber estado recluidas
en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., así como haber sufrido una afectación al

57 Fl. 1 a 62, C.1.
58 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 2 de

febrero de 2001, Rad. AG 071 y del 31 de julio de 2020, Exp. 2013 – 00488. Esta posición fue
recientemente acogida por la Subsección C de la Sección, en la sentencia del 16 de febrero de 2026,
exp. 69982.

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derecho fundamental a la dignidad humana, como consecuencia del hacinamiento
en dicho centro de reclusión.

5.2. Los accionantes que a continuación se enlistan, no están legitimados en la
causa por activa, porque, como se advirtió con antelación, no demostraron las
condiciones uniformes respecto de la causa común del daño reclamado 60, esto es,
haber estado recluidos en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.:

1. Jeferson González Pardo
2. Juvenal Riaño Alarcón
3. Leonel Rangel Gil
4. Francisco Becerra Fonseca
5. Cristian David Barrero Mejía
6. Fabián Molina Pachón
7. Rigoberto Ospina Cárdenas
8. Fabio Rodríguez Garzón
9. Jorge Andrés Torres Sabogal
10. Manuel Enrique Vargas Cogollo
11. Iván Darío Díaz Forero
12. Elber Germán Torres
13. Pedro Asencio Puentes Seco
14. Juan de Jesús Valero
15. Héctor David Beltrán Beltrán
16. Juan Bernardo Sánchez Ruiz
17. José Jesús Montoya
18. William Hernando Lozano Romero
19. Ana Rosa Romero
20. Guillermo Lozano Bello
21. Jorge Alberto Navarro Artunduaga
22. Hernando Alfredo Parra Callejas
23. Héctor José Noé Salazar
24. Maximiliano Antonio Ruiz Peraha

60Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 9 de diciembre de 2025, exp. 67211.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

25. Jefferson Gualteros Núñez
26. William Alexander Carvajal Romero
27. Wilson Hernández Bohórquez
28. Pablo Emilio Guerrero Ramírez
29. Jonny Miguel Rodríguez Sierra
30. Luis Eduardo Milgues Sediel
31. Carlos Orlando Gómez Parra
32. José Vicente Castañeda Castellanos
33. José Enrique Combiza
34. Jhon Alexander Romero
35. Johan Eliecer Cantor Dotor
36. Heraclio Napoleón Acosta Melo
37. Jorge Enrique Rincón Hernández
38. Luis Carlos Aguilar Yate
39. Fernando Alfonso Silva Rodríguez
40. Octavio Cárdenas López
41. José Orlando Castañeda
42. Silvio Celis
43. Cesar Augusto Herrera Hernández
44. Janer Leonardo Angulo Cortés
45. Collin Cambel Girón
46. Hernando Quimbaya Montealegre
47. Mauricio Guzmán Rodríguez
48. Agustín Rubio Torres
49. José Julián Osorio Hernández
50. José Ignacio Lara León
51. Óscar David Coronado Buitrago
52. Luis Fernando Murillo Gómez
53. Óscar Camilo Peñuela Guatibonza
54. Armando Sánchez Carvajal
55. Juan Pablo Angulo Murillo
56. Omar Emilio Durán Zúñiga
57. Juan Carlos Ciranicicua
58. Jhon Mauricio Padilla

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

59. Abraham Ramírez Zárate
60. José Ricardo Aroca Céspedes
61. Marco Guillermo Duque
62. Agustín Vargas Hernández
63. Wilinton Rozada Guisa
64. Uriel David Contreras Gordillo
65. Darwin Lizarazo Salas
66. Javier Urán Benítez
67. Blanca Lilia Rodríguez
68. Haida Martínez Jiménez
69. Valentina Ruiz Martínez

No obstante, lo anterior, el grupo demandante estaría conformado, para efectos de
legitimación procesal, por la totalidad de las personas que, para la fecha de
presentación de la demanda, esto es, el 8 de noviembre de 2013, se encontraban
recluidas en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.

5.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en tanto dicha entidad,
como parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, le corresponde formular
y adoptar la política pública criminal y de asuntos penitenciarios, efectuar el
seguimiento y evaluación del impacto de las normas y directrices que regulan la
operación y funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario, y poner a
consideración del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria proyectos
de ley en materia penal y penitenciaria, de conformidad con el artículo 15 de la Ley
65 de 199361 y los artículos 16 y 18 del Decreto 2897 de 201162.

61 "Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. (…) Artículo 15. Sistema Nacional

Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el
Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y
del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos
los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el
Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
por las demás entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema.”
62 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de

Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho. (…) Artículo
16. Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Son funciones del Viceministro de

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

5.4. La USPEC se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues fue creada por
el artículo 2 del Decreto 4150 de 201163 como una entidad con personería jurídica

Política Criminal y Justicia Restaurativa, además de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 489
de 1998, las siguientes: 1. Asesorar y apoyar al Ministro en la formulación y adopción de la política
pública criminal y de asuntos penales, penitenciarios, lucha contra las drogas y justicia transicional.
(…) Artículo 18. Funciones de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria. Son funciones de la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, las siguientes: 1. Proponer los lineamientos para la
formulación de las políticas e iniciativas de Estado en materia criminal y penitenciaria, prevención
del delito, acciones contra la criminalidad organizada, y demás aspectos relacionados, en
coordinación con las entidades correspondientes, y en especial con el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, con enfoque diferencial y especializado. 2. Elaborar los estudios y presentar las
propuestas sustantivas y de procedimiento en materia de política criminal, carcelaria y penitenciaria
y del tratamiento normativo de la libertad individual. 3. Realizar estudios sobre los factores que
inciden en la comisión de conductas punibles, analizando y compilando las estadísticas de los
diferentes organismos estatales que registran los índices de criminalidad, los cuales servirán de
insumo para la formulación de la política en esta materia. 4. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación
de los sistemas penales en general, dando especial importancia al sistema de responsabilidad penal
para adolescentes en todos sus aspectos, en coordinación con las entidades competentes. 5. Efectuar el seguimiento y evaluación del impacto de las normas y directrices que regulan la operación
y funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario y los relativos a las medidas privativas de la
libertad para los adolescentes, atendiendo la finalidad del mismo. 6. Servir de enlace permanente
del Ministerio en sus relaciones con las autoridades penitenciarias nacionales y territoriales y con las
demás autoridades y entidades gubernamentales que participen en el proceso de ejecución de la
pena y de las sanciones impuestas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 7. Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo Superior de Política Criminal. 8. Apoyar
al Ministro en las propuestas al Consejo de Política Criminal en los criterios para la formulación y
adopción de la política criminal y penitenciaria a mediano y largo plazo, y lo relativo al sistema de
responsabilidad penal para adolescentes. 9. Promover la revisión anual de las condiciones de
reclusión y de resocialización del sistema penitenciario, de los centros de privación de la libertad de
los adolescentes y proponer las recomendaciones orientadas al cumplimiento de la finalidad de estos
sistemas. 10. Participar con las autoridades competentes en la elaboración de recomendaciones
sobre la estructura de la justicia penal con enfoque diferencial y especializado. 11. Proyectar
conceptos destinados a la Fiscalía General de la Nación sobre los delitos para los que se pueda
aplicar el principio de oportunidad. 12. Expedir conceptos sobre los Actos Legislativos y los proyectos
de ley que modifiquen el Código Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y la Adolescencia en
lo relativo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en coordinación con la Dirección
de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico y la Oficina Asesora Jurídica, sin perjuicio de
las competencias asignadas a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 13.

Poner a
consideración del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, los proyectos de ley que
modifiquen o adicionen el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario
y Carcelario, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y demás normas afines, con
el objetivo de que dicho organismo formule las sugerencias y observaciones a que haya lugar. 14. Proponer al Ministro los proyectos de ley o de actos legislativos en materia penal y penitenciaria, en
coordinación con las demás direcciones y oficinas relacionadas con el tema objeto de los
proyectos. 15. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 16. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional, y la observancia
de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 17. Efectuar el análisis normativo y
jurisprudencial de los temas relacionados con la Política Criminal y Penitenciaria y el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes con el fin de adoptar las recomendaciones a que hubiere
lugar en esta materia, en coordinación con las entidades competentes. 18. Las demás funciones
asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia”. 63 “Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su

objeto y estructura. (…) Artículo 2°. Creación y naturaleza jurídica. Créase una Unidad
Administrativa Especial denominada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Justicia y del
Derecho, cuyos objetivos y funciones serán los escindidos”.

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Radicado: 25000234100020130256801
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que, según el artículo 4 ibidem64, está encargada de gestionar y operar el suministro
de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo
logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC.

5.5. El INPEC se encuentra legitimado en la causa por pasiva, pues, de conformidad
con el artículo 1 del Decreto 4151 de 201165, es la entidad encargada de ejercer la
vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad.
Asimismo, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 65 de 199366, dicha entidad
es la encargada de crear, fusionar, suprimir, dirigir y vigilar los establecimientos de
reclusión del orden nacional67.

6. Problema jurídico

Previo a la formulación del problema jurídico, la Sala estima pertinente advertir que
no emitirá pronunciamiento respecto de la responsabilidad patrimonial del INPEC,
toda vez que, aunque la sentencia de primera instancia lo declaró responsable y lo
condenó, junto con la USPEC y el Ministerio de Justicia, al pago de los perjuicios y

64 “Artículo 4°. Objeto. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, tiene como objeto

gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar
el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios
penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.”
65 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se

dictan otras disposiciones. (…) Artículo 1°. Objeto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
INPEC, tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas
privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la
ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial,
de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico,
en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos”.
66 "Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. (…) Artículo 16. Establecimientos de

reclusión nacionales. Los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados,
fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados por el Inpec. El Inpec, en coordinación con la Uspec,
determinará los lugares donde funcionarán dichos establecimientos. Cuando se requiera hacer
traslado de condenados el Director del Inpec queda facultado para hacerlo dando previo aviso a las
autoridades competentes. Se faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignar los recursos
suficientes a la Uspec para la creación, organización y mantenimiento de los establecimientos de
reclusión. Parágrafo 1o. Todos los nuevos centros de reclusión contarán con un perímetro de
aislamiento de por lo menos 200 metros de distancia de cualquier desarrollo urbano. Parágrafo
2o. Todos los establecimientos de reclusión deberán contar con las condiciones ambientales,
sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento penitenciario digno”.
67 El Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta es un establecimiento de reclusión

del orden nacional, según da cuenta el Oficio No 422-COCUC-DIR del 16 de octubre de 2018,
suscrito por el director de dicho centro penitenciario y dirigido al Tribunal Administrativo del Norte de
Santander. Fl. 350 a 351, 387, C.2.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

la adopción de medidas restaurativas, dicha decisión no fue objeto de apelación por
parte del INPEC. En consecuencia, la situación jurídica de esa entidad quedó
consolidada y la condena impuesta en su contra adquirió firmeza.

Corresponde a la Sala determinar si, conforme a los cargos formulados en los
recursos de apelación, los demandantes acreditaron la afectación al derecho
fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en la
Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., con ocasión del hacinamiento en dicho centro de
reclusión, y en caso afirmativo, si este es imputable a la Nación – Ministerio de
Justicia y/o a la USPEC.

7. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre i) la responsabilidad del Estado; ii) el régimen de responsabilidad
por los daños ocasionados a las personas que se encuentran recluidas en
establecimiento carcelario y iii) la declaración del estado de cosas inconstitucional
en materia carcelaria, en cuanto al hacinamiento.

7.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199168 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a

68 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los títulos de imputación que se han desarrollado para ello,
principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, con la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño
especial.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

7.2. Régimen de responsabilidad por los daños ocasionados a personas
que se encuentran recluidas en establecimiento carcelario69

En punto de la responsabilidad patrimonial del Estado en los casos de lesión o
muerte de personas que se encuentran recluidas en establecimiento carcelario, la
jurisprudencia consolidada de la Sección Tercera del Consejo de Estado70 y
de la Corte Constitucional71 han sostenido que el régimen de responsabilidad
patrimonial del Estado aplicable, en principio, es de corte objetivo. Ello, teniendo en

69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de

abril de 2025, rad. 68050.
70 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

sentencia del 14 de julio de 2005, rad. 15389; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, rad. 22063;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 12 de agosto de 2013, rad. 31087; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014, exp. 33605; Sección
Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 18800. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2018, rad. 41766. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 11 de marzo de 2019, rad. 41766.
71 Sobre el contenido y alcance de las relaciones de especial sujeción la Corte Constitucional ha

señalado: “La jurisprudencia constitucional ha sostenido que entre el Estado y las personas que se
encuentran privadas de la libertad surge un vínculo de “especial relación de sujeción”, dentro del cual
las autoridades penitenciarias y carcelarias pueden limitar y restringir el ejercicio de ciertos derechos
de los internos, siempre y cuando dichas medidas estén dentro de los criterios de razonabilidad,
utilidad, necesidad y proporcionalidad. Sentencia T-266 de 2013. En el mismo sentido ver, entre
otras, sentencias T-596 de 1992, T-222 de 1993, T-065 de 1995, T-705 de 1996, T-153 de 1998, T-
966 de 2000, T-687 de 2003, T-175 de 2012, T-232 de 2017, T-143 de 2017.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

cuenta que estas personas se encuentran bajo una relación especial de sujeción
frente al Estado72.

Con todo, aunque es pacifica la postura en virtud de la cual se ha admitido analizar
los daños ocasionados a personas que se encuentran recluidas en establecimiento
carcelario desde la óptica de la responsabilidad objetiva, es menester precisar que,
en todo caso, para su atribución es necesario establecer el respectivo nexo causal
entre la conducta imputable a la entidad demandada y el efecto adverso que de
ella se deriva, el cual debe estar debidamente acreditado, porque el origen de la
responsabilidad gravita en la atribución del daño.

Entonces, para que la pretensión de responsabilidad extracontractual pueda tener
vocación de prosperidad en atención a este régimen que prescinde de la falla
(negligencia), el extremo activo debe acreditar, además del daño cuyo resarcimiento
persigue, que tal resultado tuvo por causa directa y adecuada aquella actividad
imputable a la demandada y de la que sobrevino la consecuencia lesiva, de lo
cual se desprende que ausente la prueba de la relación de causalidad, las
pretensiones estarían destinadas al fracaso.

No obstante, lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación73 también ha
sostenido, que en los casos en lo que se acredite que la lesión o muerte del recluso
tuvo lugar por acción u omisión de las autoridades, denotando una falla del servicio,
el juez aplicará el régimen subjetivo de responsabilidad patrimonial del Estado,
toda vez que, ante la presencia de la falla del servicio, este título de imputación tiene
aplicación preferente sobre los títulos objetivos74.

Al respecto, frente a los deberes de custodia y vigilancia, se destaca que el Estado
asume la obligación de brindarles a los reclusos la protección que requieran, puesto

72 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 18886.
73 Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 18800, Consejo de Estado, Sección

Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2018, rad. 41766. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia de 13 de noviembre de 2018, rad. 46120; Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia de 2 de agosto de 2018, rad. 46495; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de marzo de 2019, rad. 41766, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de marzo de 2019, rad. 43863.
74 Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 28832.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

que aquellos soportan la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su
propia defensa frente a las agresiones de que puedan ser víctimas al interior del
establecimiento carcelario, razón por la cual la Administración debe cumplir con la
custodia y vigilancia de los internos, con el fin de garantizar su seguridad. Es así,
que cuando el Estado falta a estos deberes, puede resultar responsable a título de
falla del servicio de los daños que aquellos puedan sufrir.

En todo caso, la postura reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado75 ha
sostenido que en los casos de lesiones o muerte de reclusos el Estado podrá
exonerarse de responsabilidad, siempre y cuando se encuentre acreditada una
causal eximente de responsabilidad, como podría ser el hecho exclusivo de la
víctima, para lo cual se requiere que haya una actuación u omisión por parte de
quien sufrió un daño, que dicha actuación sea determinante en la producción del
daño y que esta sea imprevisible, irresistible y exterior a la actividad de la entidad
demandada, con independencia de su calificación dolosa o culposa76. O en su
defecto, el hecho de un tercero, el cual supone la actuación exclusiva y
determinante de una persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del
injusto77. Esta Sección78 ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del
tercero se configura siempre y cuando se demuestre que el daño se causa por una
actuación de un agente externo a la relación que existe entre la víctima o sujeto del
daño y aquel a quien pretende atribuírsele, y que esa actuación, causa eficiente del
hecho lesivo, es completamente ajena al servicio de manera que el agente estatal
no se encuentra vinculado en manera alguna con la afectación cuyo
resarcimiento se pretende. Asimismo, indicó que para que opere la exclusión de
responsabilidad por una causa extraña, se requiere que dicha conducta irresistible,
imprevisible y externo sea la causa adecuada y/o determinante del hecho lesivo79.

75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 24972, reiterada en sentencia de la misma subsección del 23
de mayo de 2012, exp. 24325.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 11 de mayo de 2017, Exp.

40590.
77 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad. 49574.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 17179.
79 Ibídem.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Empero, es menester precisar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas
entre los mismos reclusos, en principio no tendrá cabida la causal eximente de
responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, pues se reitera el
Estado se encuentra en la obligación de garantizar por completo la seguridad,
integridad y vida de las personas privadas de la libertad. De hecho, en este tipo de
eventos, ni siquiera es posible analizar una concurrencia de culpas, en tanto el
carácter particular de la relación especial de sujeción implica que el Estado debe
proteger a los reclusos de atentados contra su vida e integridad personal cometidos
por el personal de custodia o por terceros ajenos a la administración e, incluso, por
otros detenidos.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el eximente tenga plenos
efectos liberadores de responsabilidad, resulta necesario que la causa extraña sea
la causa exclusiva y determinante del daño. En consecuencia, en cada caso
particular, en el cual se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la
Administración, se deberán analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
que se produjo el daño, para así establecer si el Estado contribuyó causalmente a
la generación del mismo.

7.3. Sobre la declaración del estado de cosas inconstitucional en materia
carcelaria, en cuanto al hacinamiento

La sentencia T-762 de 2015 constituye un referente jurisprudencial en materia de
protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. En dicha
providencia, la Corte Constitucional reiteró la existencia del Estado de Cosas
Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario, declarado en las
sentencias T-153 de 1998 y T-388 de 2013, y concluyó que el hacinamiento
carcelario ha propiciado la vulneración masiva y generalizada de derechos
fundamentales, entre ellos la vida en condiciones dignas, la salud, el acceso al agua
potable y la resocialización de las personas privadas de la libertad.

Para arribar a esa conclusión, la Corte acumuló diversas acciones de tutela
promovidas por personas recluidas en distintos establecimientos penitenciarios del
país, entre ellos la Cárcel Modelo de Bogotá. En dichas acciones, los accionantes

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

denunciaron, entre otros aspectos, las condiciones indignas de reclusión, el
hacinamiento crítico, las deficiencias de la infraestructura penitenciaria y la
prestación insuficiente o inexistente de los servicios de salud intramurales y
extramurales. A partir del correspondiente análisis, la providencia dio continuidad a
la línea jurisprudencial trazada en las sentencias estructurales T-153 de 1998 y T-
388 de 2013, con el propósito de fortalecer las medidas orientadas a superar la
crisis que afecta al sistema penitenciario y carcelario.

En el mismo fallo, la Corte profundizó en la doctrina de la relación de especial
sujeción existente entre el Estado y las personas privadas de la libertad, de la cual
derivó dos reglas constitucionales. De una parte, precisó que derechos como la vida,
la dignidad humana y la salud permanecen incólumes y, por tanto, deben ser
garantizados plenamente por el Estado, aun cuando otros, como la libertad personal
y la libertad de locomoción, se encuentren legítimamente restringidos. De otra,
señaló que, al asumir el control sobre la vida de las personas privadas de la libertad,
el Estado adquiere la posición de garante respecto de la satisfacción de sus
condiciones básicas de existencia.

Asimismo, estableció que el hacinamiento carcelario y penitenciario obedece a
múltiples causas asociadas al manejo histórico de la política criminal del
Estado. Indicó que esa situación ha ocasionado la vulneración sistemática de los
derechos fundamentales de la población privada de la libertad, en tanto les impide
acceder a condiciones mínimas de dignidad para dormir, alimentarse, satisfacer sus
necesidades fisiológicas, recibir visitas conyugales e íntimas y participar en
actividades de recreación, formación y resocialización, entre otras.

Con fundamento en ese diagnóstico, impartió órdenes de carácter general y
particular dirigidas a distintas entidades del Estado, entre ellas el INPEC, la USPEC
y el Ministerio de Justicia y del Derecho, encaminadas a adoptar las medidas
necesarias para superar el ECI que afecta al sistema penitenciario y carcelario.

8. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 4 de agosto de 2016,

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proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, el Ministerio de Justicia y del Derecho indicó que
no se acreditó un daño antijurídico indemnizable ni los presupuestos para declarar
la responsabilidad estatal. Sostuvo que la permanencia en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. no demuestra, por sí sola, la existencia de un perjuicio cierto, personal
e individualizado, ni el incumplimiento de obligaciones por parte de las entidades
demandadas; que no era procedente reconocer perjuicios morales con fundamento
en una presunción; que la crisis penitenciaria obedece a causas estructurales y
multicausales ajenas a una falla del servicio, frente a las cuales las entidades han
adoptado medidas para su atención; que la persistencia de dicha problemática no
acredita negligencia estatal; y que el ECI debía atenderse mediante las órdenes
impartidas por la Corte Constitucional en sede de tutela, por lo que la acción de
grupo resultaba improcedente para reabrir asuntos ya resueltos con efectos
generales.
Por su parte, la USPEC sostuvo que operó la caducidad del medio de control; que
los hechos que fundamentan la condena ocurrieron, en su mayoría, antes de su
creación y que la responsabilidad correspondía a otras entidades; que la demanda
era inepta y carecía de prueba sobre las acciones u omisiones imputables a la
entidad, el daño, la falla del servicio, el nexo causal y los perjuicios reclamados; y
que, además, acreditó haber adoptado medidas para mejorar las condiciones de los
establecimientos penitenciarios, por lo que no podía atribuírsele responsabilidad por
las deficiencias estructurales del sistema penitenciario.

En este sentido, y comoquiera que solo el Ministerio de Justicia y del Derecho y la
USPEC presentaron recurso de apelación contra el fallo proferido el 4 de agosto de
2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 32880 del Código General del Proceso, únicamente habrá
lugar a resolver los cargos formulados contra la decisión recurrida.

80 Artículo 328. “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. (…) El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella
(…)”.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Según lo expuesto, se analizará si los demandantes acreditaron la afectación al
derecho fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad
en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., con ocasión del hacinamiento en dicho
centro de reclusión, y en caso afirmativo, si este es imputable al Ministerio de
Justicia y/o a la USPEC.

Se precisa que la procedencia del medio de control y la excepción de caducidad ya
fueron objeto de análisis y decisión en acápites precedentes. En consecuencia, la
Sala se remite a las consideraciones allí expuestas.

Adicionalmente, se recuerda que la sentencia de primera instancia declaró
responsables al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la USPEC y al INPEC, por
los perjuicios ocasionados a los integrantes del grupo; no obstante, no se estudiará
la responsabilidad del INPEC dado que no recurrió dicha decisión y su situación
jurídica ya está consolidada. Por lo tanto, frente al INPEC, la sentencia del 4 de
agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se
mantendrá incólume.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuales son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

8.1. Hechos probados

Antes de enunciar cuales son los hechos probados, es menester poner de presente
que los recortes de prensa arrimados al plenario serán valorados según los criterios
expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29
de mayo de 2012, esto es, que servirán solo como indicador para la Sala, quien, a
partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas
al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos81.

81 En relación con la valoración de los recortes de prensa o periódicos y su valor probatorio la
jurisprudencia de la Sala Plena puntualizó: “Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento
Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera
de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en

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Asimismo, es menester poner de presente que a las fotografías aportadas por las
partes se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de esta Sala 82,
conforme al artículo 244 del Código General del Proceso, esto es, teniendo en
cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas, de
manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden acreditar. Sin
embargo, dadas las condiciones en que el material fotográfico fue arrimado al
plenario, no ofrece certeza de la persona que los realizó ni tampoco de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron, pues carecen de
georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en que
se realizaron y si corresponden al día y lugar que se expone en la demanda.

Así las cosas, debe precisarse que las fotografías que fueron allegadas al proceso
sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible
determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al carecer de
reconocimiento o ratificación83, no pueden ser cotejadas con otros medios

principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente
demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí
misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba
depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el
expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único
sustento de la decisión del juez. En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que
concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las publicaciones periodísticas “…son
indicadores sólo de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia”, y que si
bien “…son susceptibles de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la
noticia y de su inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la
veracidad y certidumbre de la información que contienen”. Lo anterior equivale a que cualquier
género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio
puede servir solo como indicador para el juez, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los
hechos. Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de
comunicación y que publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí
solas con el carácter de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso. En relación
con este último punto el Consejo de Estado ha indicado que “…las informaciones publicadas en
diarios no pueden considerarse dentro de un proceso como prueba testimonial porque carecen de
los requisitos esenciales que identifican este medio de prueba, en particular porque no son
suministradas ante un funcionario judicial, no son rendidos bajo la solemnidad del juramento, ni el
comunicador da cuenta de la razón de la ciencia de su dicho…” por cuanto es sabido que el periodista
“…tiene el derecho de reservarse sus fuentes”. Consejo de Estado. Sala Plena Contenciosa
Administrativa. Sentencia del 29 de mayo de 2012. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia
del 22 de febrero de 2018. Rad.: 1635-17.
82 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2014, Rad. 28.832.
83 Al respecto, la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 27353”, señala que la fotografía puede ser
reconocida por el testigo y su autenticidad se puede lograr a través de la confesión de la parte
contraria o de testigos al instante en que ocurrieron los hechos que se pretenden acreditar.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

probatorios allegados y valorados en el presente proceso84, por lo que no podrán
ser valoradas para resolver el presente asunto litigioso.

Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

8.1.1. Se acreditó que, el 30 de agosto de 2011, el Grupo de Asuntos Penitenciarios
y Carcelarios de la Procuraduría General de la Nación, rindió un informe de la visita
de inspección realizada en esa misma fecha a la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.,
de ello da cuenta copia del precitado informe 85, en el que se consignó lo siguiente,
respecto a las condiciones en las que se encontraban los reclusos del patio 5 para
ese momento:

“[…] Al comenzar el recorrido del Patio, se contó también con el acompañamiento del
señor Osear Alberto Campo Mora, representante del Comité de Derechos Humanos
del Patio 5° el cual dio a conocer las inquietudes y necesidades de la población
reclusa; coincidiendo el ingreso con la hora del almuerzo de los internos, por lo que
se constató la falta de área de comedores, razón por la que los reclusos reciben sus
alimentos y los consumen de pie o sentados en el piso.

El señor Campo Mora, afirmó que la encargada de suministrar los alimentos era la
firma Contratista "FABIO DOBLADO BARRETO", de acuerdo a lo establecido
contractualmente con la Dirección General del INPEC; igualmente manifestó que al
inicio del contrato se presentaron dificultades, pero fueron corregidas por la firma;
agrega que la alimentación ha mejorado, los alimentos están bien preparados, sirven
buena porción y la fruta es fresca.

La infraestructura del Patio es para albergar seiscientos (600) internos y en la
actualidad alberga mil ochocientos noventa y seis (1896). De acuerdo a las cifras
anteriores se puede concluir, que la población actual supera el 300% del cupo
disponible con que cuenta el Patio para albergar personas privadas de la libertad. De
esta situación se desprenden múltiples deficiencias para el proceso de resocialización
como: insuficiencia de baterías sanitarias, teniendo para el uso de los internos 8
baños, lo que produce problemas masivos de salubridad, afectando la salud de la
población reclusa y falta de espacio para recreación.

Continuando con la observación del Patio los pasillos donde se encuentran ubicadas
las celdas, no cuentan con espacios suficientes para que los reclusos duerman en las
mismas, lo que hace que muchos se ubiquen en los corredores, denominados por
ellos ‘carretera’ y hasta en el techo, pues se las han ingeniado para hacer una clase
de hamacas para no dormir en el piso. (Información suministrada por los internos y
verificada por la comisionada de la PGN).

84 Ibídem.
85 Fl. 446, CD “TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINARMACA”, pág. 3 a 8, C1.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

La base de la problemática de los establecimientos penitenciarios y carcelarios es el
hacinamiento, teniendo como resultado no solo la afectación a los derechos humanos
y fundamentales de los internos, sino también al proceso de resocialización que es el
propósito del sistema penitenciario. De acuerdo a lo anterior, la mayoría de los
internos del país, sufren de la falta de oportunidades para realizar actividades para
redimir pena, estimular y reeducar al individuo para que se reincorpore a la sociedad
y deje de ser una amenaza potencial para la misma. Con respecto a este
Establecimiento y Patio en particular, uno de los requerimientos realizados a la
comisionada de la PGN, fue el de la ampliación de cupos para educación y trabajo
con los fines antes descritos […].

En cuanto al tema de salud, manifiesta el representante de los derechos humanos del
Patio, que se ha comunicado con la oficina de Sanidad del Establecimiento, llegando
al acuerdo de atender los casos urgentes. Se estableció que para la atención de toda
la población reclusa solo cuentan con 8 médicos generales y que se presenta demora
en la asignación de citas con los especialistas. Otro de los aspectos que afecta las
condiciones de vida y salud de los internos, es la no entrega oportuna de los kits de
aseo personal […].

Valoración de la vista y principales problemas detectados.

De acuerdo con los aspectos antes mencionados, se deduce que el problema radica
en el hacinamiento y como consecuencia pone en riesgo el respeto y la garantía de
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Encontrándose que en
el momento de la visita el Patio 5° alberga 1896 internos y la capacidad locativa es
de 600, se concluye que supera el 300%. […] Aunado a lo anterior, el INPEC no
cumple oportunamente con la obligación establecida en el Código Penitenciario y
Carcelario en su artículo 67, del suministro de los elementos básicos de aseo, a fin
de garantizar las condiciones mínimas de dignidad y sanidad para que el ser humano
pueda subsistir […]. Por último, en el tema de salud, se evidencia la falta de personal
médico y la demora para la atención de los internos, afectando el derecho a la vida e
integridad física, los cuales son obligación de CAPRECOM, entidad que tiene a cargo
la prestación de este servicio y cubrimiento de las necesidades básicas de las
personas privadas de la libertad […]”.

8.1.2. Se verificó que, los días 22, 23 y 24 de febrero de 2012, el Grupo de Asuntos
Penitenciarios y Carcelarios de la Procuraduría Delegada para la Prevención en
materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, rindió informe de la visita de
inspección realizada al establecimiento carcelario La Modelo en los días referidos.
De ello da cuenta copia del precitado informe86, en el que se afirmó que la
infraestructura del establecimiento está deteriorada y que el hacinamiento es crítico,
lo que incide en el servicio de salud y alimentación. Textualmente, indicó:

“[…] Se trata de una construcción antigua con algunas áreas remodeladas, que entró
en funcionamiento en el año 1957, con una capacidad de alojamiento de 2.907
internos. Fue construido hace más de 50 años. Se observa un deterioro en buena
parte de la infraestructura del establecimiento. El establecimiento visitado dispone,

86 Fl. 446, CD “TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINARMACA”, pág. 8 a 45, C1.

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además de un edificio administrativo y alojamiento para personal de guardia, áreas
recreativas, aulas, talleres, aulas educativas De acuerdo con la información aportada
por el Director (e), César Fernando Caraballo Quiroz en el momento de la visita se
encontraban recluidos 7.373 relacionados así:

La capacidad del establecimiento es para 2.907 reclusos y como se puede observar
la ocupación efectiva es prácticamente de un 300 %, es decir, que se presenta
hacinamiento crítico […].

1- El Área de Sanidad no se encuentra habilitada por la Secretaría de Salud Distrital.
Esta omisión es lo suficientemente grave para cuestionar el funcionamiento del
servicio que allí se presta. La responsabilidad de la habilitación de las instalaciones
es del INPEC, según se informó se está en espera de recursos del nivel central para
proceder a las reformas del caso. 2- Las instalaciones físicas en las que se encuentra
el Área de Sanidad no son las adecuadas para que en el lugar funcionen servicios de
salud. En particular se observan deterioros en pisos, muros, techos, redes eléctricas,
tuberías de agua y ventanearía. Sus superficies no permiten su fácil limpieza. De ello
se deriva la dificultad de un aseo adecuado y sus consiguientes riesgos sanitarios. 3-
Dada la situación de hacinamiento que se presenta en el establecimiento aunado a
las malas condiciones locativas, con elevados riesgos de contagio por diversas
enfermedades, se requiere, además de la toma de medidas de contingencia, el
incremento de personal médico que permita la atención inmediata de situaciones de
peligro. Es importante que se cuente con médicos que evalúen los niveles de riesgo
de infecciones que pueden generar contagios y que tomen preventivas que
correspondan. 4- Al momento de la visita existía un acumulado de tratamientos de
salud extramural no atendidos de 689 remisiones, de las cuales 287 son para Rayos
X e imágenes diagnosticas, 77 para Ortopedia y 325 para especialidades varias
incluyendo cirugías. Si se tiene en cuenta que en promedio se pueden hacer 7
remisiones diarias, dentro de las cuales tienen prelación los casos de atención de
diálisis, tutelas y VIH, no resulta efectiva la atención externa ordinaria para quienes
requieren una atención especializada. Adicionalmente, las citas se conceden con una

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fecha de vigencia, regularmente de 30 días; su incumplimiento por falta de remisión
oportuna ha sido factor de pérdida de la atención lo que obliga a reprogramar
nuevamente un caso ya tramitado. La situación se agrava cuando se carece de
disponibilidad de vehículos para el transporte o de guardias para el acompañamiento,
o cuando se priorizan diligencias judiciales. La no atención oportuna de un tratamiento
puede traer como consecuencia, en la mayoría de los casos, el deterioro de la salud
de los pacientes y el riesgo de pérdida de la vida. Debe advertirse además de los
nefastos resultados que ello acarrea, el señalamiento de responsabilidades sobre
quienes no tomaron determinaciones efectivas para afrontar y solucionar el problema.
5- El Área de Sanidad no cuenta con la debida seguridad para el personal que presta
sus servicios. Se han presentado casos de amenazas a médicos sin que se cuente
con la inmediatez de apoyo de la guardia. Los internos que tienen cita de atención
pueden deambular libremente sin control dentro de la sala de espera y dirigirse hacia
cualquiera de los profesionales, oficinas y espacios habilitados de atención. 6- Se
debe contar con un servicio médico especial para internos afectados por diversos
tipos de discapacidad, así como para quienes se encuentren en la tercera edad. Ellos
son población de mayor vulnerabilidad que requieren atención frecuente y especial y
no deben estar sometidos a los turnos establecidos para la generalidad de internos y
bajo la discrecionalidad del monitor de salud. Se observa una forma de marginalidad
y discriminación. 7- Las condiciones de reclusión afectan la salud mental de los
internos, siendo necesario contar con la permanente y suficiente asistencia de
profesionales de sicología. 8- Si bien el proceso de producción de alimentos es
realizado bajo parámetros higiénicos debidamente controlados por personal
profesional, por el contrario, el proceso de entrega de las comidas en los patios,
además de indignante, comporta riesgos de salubridad por cuanto las raciones se
sirven en los corredores, en desorden, sin elementos adecuados y en un ambiente
malsano. 9- No se cuenta con indicadores que permitan conocer y medir las diferentes
variables que en el tema de atención en salud se presentan y sobre los aspectos de
riesgos y frecuencias de eventos que se deben prever en este tipo de
establecimientos. Los indicadores permiten medir los diferentes eventos que se estén
presentado para prevenir epidemias según su frecuencia o medir la calidad del
servicio o diseñar determinados programas o acciones, así como conocer los cambios
estadísticos que se presentan en el tiempo con sus avances o retrocesos […]”.

8.1.3. Quedó probado que, el 12 de octubre de 2012, la Procuradora Delegada para
el Ministerio Público en Asuntos Penales, le informó al director del INPEC, sobre las
graves situaciones encontradas al interior de diversos establecimientos carcelarios,
que comprometen el respeto por los derechos humanos de los reclusos. De ello da
cuenta copia del mencionado informe87, en el que, particularmente respecto a la
Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., se indicó lo siguiente:

“[…] CARCEL NACIONAL MODELO

La Cárcel Nacional Modelo alberga un total de 7.054 internos, registrando un
hacinamiento superior al 300%. Es tal la situación que en algunos patios tienen que
dormir en los baños y a la intemperie. Y si llueve, deben dormir de pie. Cada noche
deben pelear por el espacio para dormir.

87 Fl. 446, CD “TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINARMACA”, pág. 8 a 45, C1.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

La Oficina Jurídica y el CET (Comité de Evaluación y Tratamiento) dilatan
ostensiblemente el trámite de las solicitudes de cambio de fase de seguridad (de alta
a mediana seguridad, por ejemplo.) enervando la posibilidad de que los internos
disfruten de subrogados, penas sustitutivas o permisos administrativos. Esta omisión
de trámite por parte de la Oficina Jurídica y del CET genera la devolución de
solicitudes por parte de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
(en adelante JEPMS), al punto que muchos internos cumplen la pena y continúan a
la espera de dicho trámite para su liberación. Ejemplo concreto: el interno Carlos Ortiz,
del patio 4, solicitó el 21 de marzo de 2012 el cambio de fase y la cárcel no le ha
respondido.

Según el Comité de Derechos Humanos, la oficina jurídica no da respuesta oportuna
a los requerimientos de los JEPMS para efectos del trámite de subrogados, redención
de pena y permisos administrativos. También se informó de la dilación en la respuesta
a los derechos de petición.

En todos los patios existen pacientes que tienen derecho a su atención por la EPS.
Ellos radican en correspondencia la cita médica con la EPS externa y la Oficina de
Sanidad Carcelaria responde que no tienen vehículos para transportarlos, pasan
meses y no son llevados a la cita. Informa el Comité de Derechos Humanos que los
viernes en la noche se sacan las citas médicas y en Guardia Interna no deja la
autorización para sacar del patio al interno, se pierden las citas, agravándose la
situación de salud de los internos que las solicitan.

Es palmaria la deficiencia en el número de médicos para el número de internos. La
cárcel Modelo solo cuenta con tres facultativos que prestan turno. Se informó que en
dos meses, solo han tenido consulta con médico general en dos oportunidades.
Cuando se programan las citas, le dicen al interno que no hay médico general. Esta
situación se presenta con mayor frecuencia en los patios más hacinados. Cuando
logran una cita con el médico general (no hay especialistas) el examen se hace sin
auscultar al paciente, sencillamente le pregunta qué tiene, y de acuerdo a la
información del paciente, sin examinarlo, lo receta (casi siempre acetaminofén e
ibuprofeno). El turno de atención médica es de 7 p.m. a 11 p.m., sin embargo, el
médico atiende a todos los pacientes en una hora.

En todos los patios es deplorable el estado de los baños y la falta de higiene es
notoria. Los baños están en mal estado, y su número es muy escaso para el número
de internos, hay patios con más de 1.000 internos que solo cuentan con tres baños y
en el caso del patio 2A, hay un sanitario para más de 700 personas. En el Patio 4,
tres (3) sanitarios para 1.674 personas, y en el patio 5, dos (2) baños para 1.760
personas. Los internos deben madrugar a las 3:00 a.m. para alcanzarse a duchar, en
los patios donde hay servicio regular de agua, pues en los pisos 3 y 4 por la baja
presión, sólo les llega el agua a las 6 a. (sic) y a las 11 p.m., pero a esa hora ya deben
estar durmiendo.

La cárcel no cuenta con un número suficiente de motobombas para facilitar el
suministro del agua a los pisos 3 y 4. El establecimiento carcelario, por orden del
INPEC, no permite el ingreso de colchonetas, y las que ingresan por primera vez, ya
tienen varios meses o años, están en muy mal estado y pierden su contextura.

Hace un año les suministraron un "kit de aseo": un rollo de papel higiénico, una crema
dental y un cepillo, con una máquina de afeitar desechable. Informan los miembros
del Comité de Derechos Humanos, que existen donaciones que se han hecho de
materiales de aseo, pero están almacenados en la capilla. La energía eléctrica es
insuficiente, no hay bombillos, solo existen los espacios vacíos, no están las roscas

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

para colocar bombillos y el estado de los cables y conexiones es de total deterioro.
Las anteriores situaciones constituyen un informe parcial de lo que se está detectando
en los establecimientos carcelarios intervenidos y que por su gravedad ameritan
adelantar a usted los hallazgos encontrados, estando a la espera de los resultados
finales de la acción preventiva en mención […]”.

8.1.4. Se comprobó que, el 16 de octubre de 2012, el Juzgado Trece Penal del
Circuito de Conocimiento de Bogotá, resolvió la acción de tutela instaurada por el
interno Mario Flórez Guerrero en contra del INPEC, del director de la Cárcel La
Modelo de Bogotá D.C., de CAPRECOM E.P.S. y de la Compañía de Seguros La
Aurora S.A., según da cuenta copia de la precitada sentencia88, en la que se
tutelaron los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y la
seguridad social del accionante y, en consecuencia, se ordenó al director de la
Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. disponer “de forma inmediata, por conducto de
las dependencias encargadas para ello, que el interno sea valorado por el Área
Operativo Asistencial de CAPRECOM E.P.S. del establecimiento carcelario y, en el
caso de ser procedente, remitirlo a las instalaciones externas de CAPRECOM EPS
para que le ofrezcan el tratamiento que requiere para su enfermedad […]”.

8.1.5. Se verificó que, entre el 2 y el 5 y el 23 al 26 de octubre de 2012, la
Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y la
Procuraduría Delegada Preventiva en materia de Derechos Humanos y Asuntos
Étnicos, en desarrollo de la acción preventiva No. 366466/1110460000000, visitaron
la Cárcel “La Modelo”, en la que verificaron las condiciones de salud, hacinamiento,
alimentación, infraestructura física y humana, y aspectos jurídicos. De ello da cuenta
copia del informe realizado en desarrollo de dicha visita89. Específicamente, sobre
los aspectos previamente enunciados, en el informe se indicó que para el momento
en que se llevaron a cabo las visitas, la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.
presentaba un hacinamiento del 137,39%, al albergar aproximadamente a 7.096
internos pese a tener capacidad para 2.968, situación que impactaba gravemente
las condiciones de reclusión. Sostuvo que la sobrepoblación ocasionaba que
numerosos internos durmieran en pasillos y baños, agravando los problemas de
salud, higiene y acceso a los servicios básicos.

88 Fl. 138 a 145, C.1.
89 Fl. 446, CD “INFORME FINAL CÁRCELES MIN PUB Y PREVENTIVA DDHHH final 23 de nov

2012”, pág. 8 a 45, C1.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

En materia de salud encontró que, aunque el establecimiento contaba con servicios
médicos habilitados, el personal resultaba insuficiente para atender la demanda. Se
registraron demoras en la atención, dificultades para acceder a urgencias y
consultas especializadas, cerca de 650 remisiones médicas pendientes,
deficiencias en la atención de salud mental y de personas con discapacidad,
además de denuncias sobre fallecimientos asociados a la falta de atención
oportuna.

Respecto a las condiciones de higiene, evidenció que eran igualmente críticas,
debido a la falta de suministro de elementos básicos de aseo personal, la
insuficiencia de baños y agua potable, el inadecuado manejo de basuras y las
deficientes condiciones sanitarias, factores que favorecían la propagación de
enfermedades.

Sobre la alimentación, advirtió que, si bien la preparación de los alimentos cumplía
condiciones aceptables, el hacinamiento impedía una distribución digna, pues los
internos debían comer sentados en el suelo, cerca de las alcantarillas y en
ambientes insalubres, sin comedor en funcionamiento y con deficiencias en las
condiciones de higiene durante el reparto de los alimentos.

En el aspecto jurídico, la Procuraduría evidenció incumplimientos de los artículos
144 y 146 del Código Penitenciario y Carcelario, así como graves deficiencias en el
funcionamiento de la Oficina Jurídica, reflejadas en la demora para resolver
derechos de petición, solicitudes de redención de pena y libertades, el envío
incompleto de documentación a los jueces y la desactualización del sistema de
información, lo que afectaba el acceso de los internos a beneficios penitenciarios.
Asimismo, constató que el reducido número de integrantes del Comité de
Evaluación y Tratamiento (CET) generaba una mora estructural en la evaluación de
cambios de fase y otros conceptos indispensables para tramitar beneficios como la
libertad condicional, la vigilancia electrónica y los permisos administrativos,
situación agravada por la insuficiencia del personal de la Oficina Jurídico y de la
Defensoría del Pueblo.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

La Procuraduría, concluyó que persistía el ECI en los establecimientos carcelarios
visitados, entre los que se encuentra la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., derivado
de problemas estructurales que vulneran derechos fundamentales como la dignidad
humana. Destacó que el hacinamiento, la deficiente infraestructura, las falencias en
salud, saneamiento, alimentación y asistencia jurídica, así como la insuficiencia de
medidas de resocialización y de una política pública eficaz, evidenciaron la
ineficiencia de las autoridades para atender la crisis penitenciaria. Asimismo, señaló
la necesidad de adoptar acciones coordinadas entre las entidades competentes
para garantizar condiciones dignas de reclusión y la protección efectiva de los
derechos de la población privada de la libertad.

8.1.6. Se demostró que, el 30 de enero de 2013, el Juzgado Cincuenta y Seis Penal
del Circuito de Bogotá dictó sentencia de primera instancia en la acción de tutela
interpuesta por el recluso Santiago Villa Arboleda contra la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. y el INPEC. De ello da cuenta copia de la referida sentencia90, en la
que se decretó la subsistencia del ECI en la Cárcel La Modelo de Bogotá y se
adoptaron medidas para mitigarlo.

8.1.7. Se acreditó que, el 3 de abril de 2013, el jefe de la Oficina Asesora de
Planeación del INPEC informó que el programa de alimentación se ejecuta mediante
el Grupo de Alimentación y los Consejos de Interventoría y Seguimiento de
Alimentación, encargados de supervisar la prestación del servicio. Asimismo,
sostuvo que entre el 2011 y el 20 de marzo de 2013, 202 personas quedaron en
libertad en virtud del artículo 70 de la Ley 65 de 1993; 49 por habeas corpus; 81.507
por orden de autoridad judicial y que 426 fueron extraditadas. De ello da cuenta
copia del oficio 8110-OFPLA-021391.

8.1.8. Quedó probado que, el 25 de abril de 2013, el director del INPEC profirió la
Directiva Transitoria No. 16 cuya finalidad era “Impartir instrucciones para la
adquisición de elementos de dotación destinados a la población de internos en la
presente vigencia, con los recursos asignados mediante la Resolución No. 01036
del 24 de abril de 2013 ‘Por la cual se asignan unas partidas presupuestales en la

90 Fl. 86 a 105, C.1.
91 Fl. 147 a 151, C.1.

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vigencia fiscal de 2013 a los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional’”. De
ello da cuenta copia de la precitada directiva92.

8.1.9. Se probó que el 17 de mayo de 2013 la Juez Cincuenta y Seis Penal del
Circuito de Bogotá, profirió sentencia de primera instancia en la acción de tutela
interpuesta por el recluso Elkin Rojas Peña contra la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C., el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De hecho, en
esa providencia se declaró la persistencia del ECI en la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C. y se tuteló el derecho al debido proceso del accionante para lo cual, se le
ordenó al director del Establecimiento Carcelario La Modelo, vincular al accionante
a actividades de redención de pena, gestionar el traslado de las personas condenas
a establecimientos con esa oferta, adecuar la infraestructura para actividades de
resocialización, abstenerse de recibir nuevos internos hasta superar el
hacinamiento y garantizar la ausencia de represalias. Por su parte, a la USPEC y al
INPEC, les ordenó gestionar el traslado de las personas condenadas a
establecimientos donde pudieran acceder a programas de redención de pena,
coordinar la adecuación de la infraestructura y garantizar que no se adoptaran
represalias contra el accionante. Al Ministerio de Justicia y del Derecho le ordenó
coordinar la asignación de recursos para el traslado de las personas condenadas y
para la adecuación de la infraestructura de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. y,
finalmente, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público le ordenó gestionar los
recursos para la adecuación de la infraestructura. De ello da cuenta copia de la
mencionada sentencia93.

8.1.10. Quedó probado que, el 5 de julio de 2013, la directora general de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y el representante legal de la sociedad
DISERQ LTDA. (contratista), suscribieron el contrato de obra No. 062, cuyo objeto
consistió en la “(…) adecuación y mantenimiento de redes y baterías sanitarias y
del cuarto de repartición de alimentos en la EC MODELO “BOGOTÁ (…)”. De ello
da cuenta copia del referido contrato94.

92 Fl. 254 a 262, C.1.
93 Fl. 106 a 137, C.1.
94 Fl. 343 a 358, C.1.

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8.1.11. Se probó que, el 9 de octubre de 2013, el director de gestión contractual de
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y Fabio Doblado Barreto
(contratista), suscribieron el contrato de suministro No. 000153, cuyo objeto
consistió en “prestar el servicio de alimentación por el sistema ración, para la
atención de los internos de los centros de reclusión del orden nacional del INPEC
(…). En desarrollo del objeto contratado deberá suministrar el servicio de
alimentación en los establecimientos carcelarios correspondiente al grupo 19 (…),
PS. La Modelo, Bogotá La Modelo [...]”. De ello da cuenta copia del mencionado
contrato95.
8.1.12. Consta que, el 17 de diciembre de 2013, el director de la Cárcel La Modelo
de Bogotá D.C. rindió informe ante la coordinadora del grupo de tutelas del INPEC,
respecto de las acciones realizadas por el establecimiento para dar cumplimiento a
lo ordenado en los diferentes fallos de tutela. De ello da cuenta copia del oficio 114-
ECBOG-DDHH-034496, en el que se consignó lo siguiente:

“[…] 1. El establecimiento actualmente tiene 4,995 internos y su capacidad real es
para 2.907 personas, es decir que presenta una sobrepoblación del 86%.

2. De la totalidad de internos, 2.043 ostenten la calidad de CONDENADOS y 2.957
se encuentran SINDICADOS.

3. El establecimiento tenía la siguiente población a corte del día 1°, para los siguientes
meses:

Enero: 7.419
Febrero: 7.271
Marzo: 6.958
Abril: 6.204
Mayo: 5.918
Junio: 5.735
Julio: 5.579
Agosto: 5.437
Septiembre: 5.345
Octubre: 5:112
Noviembre: 4.953
Diciembre: 4.988

4. Recepción de Internos: Desde el día 1° de febrero de 2013, fecha en la cual
iniciamos a dar cumplimiento a lo ordenado por el JUZGADO 56 PENAL DEL
CIRCUITO PROGRAMA OIT en el fallo de la Tutela No. 2013-00016, se han recibido
1.813 internos en el Establecimiento, discriminados de la siguiente manera:

95 Fl. 359 a 371, C.1.
96 Fl. 249 a 253, C.1.

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• Durante los meses de abril y mayo recibimos 153 internos provenientes de las
diferentes URI y estaciones de policía, tiempo durante el cual no teníamos orden
judicial alguna que nos ordenara abstenernos de recibir más internos.
• Atendiendo la declaratoria del estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, y
dando cumplimiento a lo ordenado por mi General, se ha realizado el intercambio de
internos condenados vs sindicados con el Complejo Metropolitano de Bogotá COMEB
‘La Picota’, es decir, hemos recibido 849 internos SINDICADOS provenientes del
COMEB y así mismo hemos trasladado hacia allá 849 internos CONDENADOS.
• TRASLADOS: Gracias al apoyo de la Dirección General del INPEC, durante el
transcurso de este año han sido trasladados más de 3.200 internos hacia otros
establecimientos reclusión.
• El último fallo de tutela (2013-00126) que ordenaba al establecimiento NO recibir
más internos, fue revocado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
decisión de la cual fuimos informados el 1 de agosto del 2013: por tal motivo, de
acuerdo a las instrucciones impartidas por las Direcciones de Custodia y Vigilancia y
Regional Central del INPEC, a partir del día 16 de agosto estamos recibiendo
nuevamente internos procedentes de las diferentes URI y Estaciones de Policía,
actualmente hemos recepcionado 811 internos.

5. Mediante la Directiva Transitoria No. 00023 del 4 de junio del 2013, la Dirección
General del INPEC, impartió una serie de instrucciones a todos los establecimientos
de reclusión del orden nacional, para la intervención del Estado de Emergencia
Penitenciaria y Carcelaria, directrices que se materializan en tres planes: a) PLAN DE
SALUD, b) PLAN DESHACINAMIENTO y c) PLAN DE SEGURIDAD, a los anteriores
planes se les debe añadir una serie de estrategias o plus, con el fin de buscar su
cumplimiento.

d. PLAN DE SALUD: Encaminado principalmente a unas acciones en salud pública,
que comprende: la realización de campañas de Promoción y Detección - P y D al
interior de los patios, la reducción 0 en los casos de salud pública (Parotiditis, Hepatitis
b y TBC) que se presentaron el año anterior y al inicio de esta anualidad.

El pasado 12 de junio la Dirección General del INPEC lanzó el programa piloto de
telemedicina en el Establecimiento; programa que busca mejorar la prestación de
servicios en salud para la población privada de la libertad del país, este novedoso
sistema permitirá reducir costos y peligros durante los traslados de los internos, así
como acceder a consultas con especialistas de una manera más fácil y rápida.

El establecimiento presentó dos denuncias públicas ante el Despacho del señor
Procurador General de la Nación por el incumplimiento de CAPRECOM EPS en la
prestación de los servicios de salud del establecimiento; así como una Acción de
Tutela contra esta EPS con el fin de solicitar el amparo de los Derechos
Fundamentales a la Dignidad Humana, Vida y Salud de la población privada de la
libertad en este Establecimiento Carcelario.

Por parte de Caprecom EPS, a partir del día 5 de agosto del presenta año, se están
realizando Brigadas de Salud en Promoción y Detección - P y D, odontología y
laboratorio clínico, resultando beneficiados un total de 5.368 internos.

e. PLAN DESHACINAMIENTO: De acuerdo a las ordenes impartidas por las
diferentes autoridades judiciales en fallos de tutela y en atención a las diferentes
instrucciones impartidas por la Dirección General del INPEC, este establecimiento
con el fin de minimizar el hacinamiento ha basado sus actividades en los siguientes
temas:

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1. Traslado de Internos: 3,200 internos han sido trasladados hacia otros
establecimientos de reclusión durante el trascurso de este año.

2. Trámite de Libertades Condicionales, Penas Cumplidas Subrogados Penales y
Beneficios Administrativos: Durante el transcurso de este año el Establecimiento a
través de la oficina jurídica, ha tramitado ante los diferentes Jueces de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad un promedio de 2.000 solicitudes de Libertad
Condicional, de las cuales solo han sido resueltas favorablemente 250 y por Pena
Cumplida se han tramitado 800 solicitudes de las cuales han sido resueltas de manera
favorable 550.

Respecto a los subrogados penales y beneficios administrativos actualmente
tenemos 120 internos a los cuales se les ha concedido Detención Domiciliaria, 25
Prisión Domiciliaria, 2 Vigilancia Electrónica y 15 internos disfrutando del Permiso de
hasta 72 horas.

3. Cumplimiento Fallos Judiciales: El establecimiento ha acatado los diferentes fallos
provenientes de las autoridades judiciales, en las cuales se nos ha ordenado la NO
recepción de internos, situación que sin lugar a duda ha contribuido a reducir los
niveles de hacinamiento.

• Sumado a lo anterior, el establecimiento ha ejecutado otras actividades con el fin de
reducir los niveles de hacinamiento, a saber:

1. Apoyo universidades y entes de control: Debido a las gestiones realizadas ante las
facultades de derecho de las diferentes universidades de la ciudad, se ha logrado la
asignación de 24 estudiantes de consultorio jurídico y 19 judicantes, además
actualmente contamos con 10 defensores públicos del programa 1542 de la
Defensoría del Pueblo.
2. Asignación de cupos por parte de las entidades territoriales: Se les ha solicitado a
los señores Alcaldes de los municipios de Soacha, Funza, Chía, Facatativá y al
Director de la Cárcel Distrital, la asignación de cupos en sus establecimientos de
reclusión, hasta el momento no hemos recibido una respuesta positiva, a excepción
de la cárcel distrital que el día jueves 1 de agosto recibió 9 internos procedentes de
este Establecimiento.
3. Fortalecimiento oficina jurídica: Se crearon dos oficinas jurídicas en la parte interna
del establecimiento, con el fin de que el personal recluso tenga acceso directo a sus
trámites judiciales y administrativos.

[…]

ATENCION Y TRATAMIENTO:

Respecto a la atención y el tratamiento de los internos, el establecimiento ha
desplegado durante el presente año las siguientes actividades:

1. Se han realizado dos procesos de contratación de kit de aseo (crema dental,
enjuague bucal, seda dental, cepillo de dientes, desodorante, jabón personal y de
ropa, máquina de afeitar, papel higiénico y champú para el cabello), en el primero de
ellos se hizo entrega de este elemento a 5.550 internos y en el segundo proceso se
adquirieron 10.375 kits, además hemos tenido el acompañamiento de las diferentes
entidades que hacen parte de la red social de apoyo, las cuales han realizado
numerosas donaciones de esta clase de elementos.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

2. Se han realizado dos procesos de compras en los cuales se han adquirido 1.178
sábanas, 178 cobijas y 465 colchonetas, elementos que obviamente no alcanzan para
la totalidad de la población, pero de acuerdo a lo ordenado en los fallos de tutela, se
han entregado a la población reclusa más necesitada.
3. Fumigación: Mensualmente se están realizando jornadas cívico penitenciarias al
interior de los diferentes pabellones, en las cuales se prestan los siguientes servicios
a los internos: atención en salud, orientación jurídica, atención psicosocial y se
realizan brigadas de ornato y embellecimiento.
4. De manera mensual con la empresa contratista, se realizan jornadas de fumigación
de plagas, control de roedores, lavado y desinfección de tanques para el
almacenamiento de agua, así mismo se realizan tomas de muestras físico-químicas
y bacteriológicas, para medir la calidad del agua potable del establecimiento.

INFRAESTRUCTURA:

Durante el presente año se han adelantado con recursos propios del establecimiento
y de la Unidad Administrativa de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, trece
(13) obras civiles con el fin de mejorar la infraestructura del establecimiento, de las
cuales cinco (5) ya fueron ejecutadas, cinco (5) se encuentran en ejecución, dos (2)
se encuentran en etapa contractual y una (1) se encuentra interrumpida, para mayor
ilustración remito cuadro informativo suscrito por el Grupo de Locativas del
establecimiento.

Es importante señalar que este establecimiento fue construido en el año 1.957 y en
su estructura no se han realizado grandes obras que la modifiquen, no obstante lo
anterior, esta administración ha realizado innumerables esfuerzos y gestiones, que
permitan mejorar las condiciones de habitabilidad de toda la población privada de la
libertad en este centro de reclusión […]”.

8.1.13. Consta que, el 23 de diciembre de 2013, el director de gestión contractual
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y Fabio Doblado Barreto
(contratista), suscribieron la modificación No. 2 al contrato de suministro No. 153 de
2013, consistente, entre otras, en la inclusión de modificaciones al gramaje del
menú patrón. De ello da cuenta copia del referido contrato97, del cual se destaca lo
siguiente:

“[…] PRIMERA: MODIFICAR el Anexo Técnico del pliego de condiciones de la
Licitación Pública No. SPC-LP-003-2013, el cual hace parte integral del Contrato de
Suministro No. 153 de 2013, en el sentido de incluir modificaciones al gramaje del
menú patrón, así:

97 Fl. 435 a 437, C.1.

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Radicado: 25000234100020130256801
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[…]”

8.1.14. Se probó que, el 9 de enero de 2014, el responsable del Área de Atención y
Tratamiento del INPEC, informó al director de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.
sobre “las actividades de redención de pena expedidas por la Junta de Evaluación
de Trabajo, Estudio y Enseñanza de los internos actores de la acción de grupo del
asunto; y, en qué condiciones de actividades de redención de pena se encuentran,
o en su defecto se encuentran bajo la modalidad de contrato de trabajo”. De ello da
cuenta copia del referido informe98, en el que se señaló que, a la fecha del informe,
136 internos se encuentran con asignación de actividad válida para redención de
pena; que 16 “[…] no cuentan con asignación de actividad válida por terminación
debido al desempeño deficiente según resultado de la evaluación realizada por el
responsable de la actividad […]”, y que, a 27 reclusos no se les ha asignado una
actividad válida para redención de la pena.

8.1.15. Se acreditó que, el 22 de mayo de 2014, el director de infraestructura de la
USPEC informó que “[…] en el plan de intervenciones, adecuaciones y
mantenimientos ejecutados durante la vigencia fiscal 2013, bajo el contrato No. 062
de 2013, cuyo objeto es el ‘contrato de obra para la adecuación y mantenimiento de
redes y baterías sanitarias y del cuarto de repartición de alimentos en
establecimiento carcelario de Bogotá La Modelo’, se desarrollaron y culminaron las
actividades en los siguientes frentes de trabajo: -Intervención y mantenimiento de la

98 Fl. 459 a 465, C.1.

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Radicado: 25000234100020130256801
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red sanitaria ala norte y taller norte; - Intervención y adecuación del pabellón de
tercera edad; - Adecuación baños 5A, 4ª, 2ª y 5B (primer y cuarto piso); -
Intervención a la placa del piso patio 5B […]”. De ello da cuenta copia del
memorando 150-DINFRA-890699.

8.1.16. Quedó probado que, el 19 de septiembre de 2014, el director de la Cárcel
La Modelo de Bogotá D.C. allegó al proceso un informe suscrito por los internos
pertenecientes al Comité de Derechos Humanos del establecimiento, en el que
afirmaron que “[…] el hacinamiento y el Estado de Cosas Inconstitucional persiste
en el E.C. Bogotá […]” y, reiteran, “[…] Que son notables los esfuerzos de la
administración del E.C. Bogotá, pero que las soluciones reales contra el
hacinamiento y el Estado de Cosas Inconstitucional, lamentablemente escapan a su
órbita y a su alcance […]”. De ello da cuenta copia del referido informe100.

8.1.17. Consta que, el 19 de septiembre de 2014, la Dirección de Atención y
Tratamiento del INPEC, le informó a la coordinadora GRUDE de esa misma entidad,
que el suministro de elementos de dotación para la población interna, según lo
dispuesto en el memorando No. 0521 del 10 de marzo de 2004, “[…] se compone
así: elementos de aseo personal para entrega cada cuatro meses, corresponden a
un jabón de tocador, una crema dental, dos rollos de papel higiénico, un cepillo
dental, una máquina de afeitar, dos sobres de desodorante en crema y para las
mujeres un paquete de toallas higiénicas; colchonetas una vez al ingreso y
elementos de cama (sábana y sobre sábana para clima cálido y sábana y cobija
para clima frio), los cuales son entregados una vez al ingreso y cada año […]”. De
ello da cuenta el referido informe101.

8.1.18. Se probó que, el 22 de septiembre de 2014, el director del Grupo de
Prisiones de la Universidad de los Andes, rindió concepto en relación con la
situación de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. de Bogotá, en el que concluyó que
la situación de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. constituye una grave vulneración
de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, pues el

99 Fl. 372 a 373, C. 1.
100 Fl. 439 a 443, C.1.
101 Fl. 29, C.1.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

hacinamiento, sumado a las deficiencias de infraestructura y de prestación de
servicios, configuran un trato cruel, inhumano y degradante contrario al artículo 12
de la Constitución Política. A partir de ello, propuso la adopción de medidas
inmediatas y estructurales para superar dichas condiciones.

En cuanto al hacinamiento, señaló que el remedio principal consiste en disminuir la
población recluida mediante excarcelaciones parciales, priorizando: (i) la libertad
anticipada de internos que hubieran cumplido una parte significativa de la pena; (ii)
sustitución de medidas de aseguramiento cuando fuera procedente; (iii) la
excarcelación de personas en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores,
personas con discapacidad o con enfermedades que requieran atención especial; y
(iv) la prohibición de nuevos ingresos mientras persisten las condiciones de
sobreocupación.

Respecto de las deficiencias de infraestructura y de las condiciones materiales de
reclusión, indicó que, cuando las instalaciones no garanticen condiciones mínimas
de dignidad, salubridad, seguridad y accesibilidad, debería procederse al cierre
parcial o total de pabellones, el traslado de los internos a establecimientos que
reúnan condiciones adecuadas o, de ser necesario, la excarcelación, al considerar
que dichas falencias vulneran derechos fundamentales con independencia del nivel
de hacinamiento.

Para el caso concreto de La Modelo de Bogotá, recomendó: (i) la liberación
anticipada de internos que cumplan las dos terceras partes de la pena; (ii) la
excarcelación y reubicación de personas con discapacidad o enfermedades que
demanden atención especializada; (iii) el cierre de los pabellones “Piloto” y “Nuevo
Milenio”, por no ofrecer condiciones adecuadas para la población allí recluida; (iv)
el cierre de los patios 4 y 5 por carecer de condiciones mínimas de habitabilidad,
salubridad y seguridad; (v) la prohibición de nuevos ingresos hasta verificar
judicialmente el cumplimiento de las medidas adoptadas; y (vi) que los eventuales
traslados respeten el vínculo familiar y se realicen únicamente a establecimientos

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

con condiciones equivalentes o superiores de reclusión. De ello da cuenta el referido
documento102.

8.1.19. Se verificó que, el 23 de septiembre de 2014, la Fundación Comité de
Solidaridad con los Presos Políticos rindió un concepto ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el que, con fundamento en estándares
constitucionales e internacionales de protección de las personas privadas de la
libertad, expuso la situación del sistema penitenciario colombiano y sus
repercusiones sobre los derechos de la población reclusa. En el documento sostuvo
que el abuso de la detención preventiva, el incremento de la política punitiva y las
restricciones para acceder a beneficios penitenciarios habían contribuido al
agravamiento del hacinamiento carcelario, el cual había alcanzado niveles
históricos superiores al 40% desde el 2012 y llegó al 58.5% en noviembre de 2013,
afectando el acceso a los servicios básicos y las condiciones de vida de los internos.
Asimismo, se afirmó que las reformas normativas adoptadas, entre ellas la Ley 1709
de 2014, no constituían una solución estructural al problema de sobrepoblación.

El informe señaló que el hacinamiento y la deficiente prestación de los servicios de
salud, constituían las principales problemáticas del sistema penitenciario, por
cuanto favorecían la propagación de enfermedades, restringían el acceso al agua y
a otros servicios esenciales, deterioraban las condiciones de higiene y salubridad,
incrementaban los niveles de violencia y dificultan los procesos de resocialización.
Igualmente, refirió que persistían graves deficiencias en la atención médica,
caracterizadas por la falta de personal, medicamentos, infraestructura y oportunidad
en la prestación del servicio, situación que motivó múltiples acciones judiciales y
que evidenciaba la persistencia del ECI declarado por la Corte Constitucional en
materia de salud penitenciaria.

De igual forma, el concepto hizo referencia a denuncias sobre tratos crueles,
inhumanos o degradantes, uso prolongado del aislamiento, agresiones a personas
privadas de la libertad y la existencia de investigaciones contra funcionarios del
INPEC por hechos de violencia al interior de los establecimientos de reclusión.

102 Fl. 540 a 560, C.1.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Finalmente, concluyó que el hacinamiento crítico, las falencias estructurales en la
prestación de los servicios de salud y las condiciones de reclusión configuraban una
vulneración permanente, sistemática y generalizada de los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad. Añadió que, pese al reconocimiento estatal
de la crisis mediante la declaratoria de emergencia carcelaria y la expedición de
reformas legales, las medidas adoptadas resultaban insuficientes para superar las
deficiencias estructurales del sistema penitenciario y garantizar condiciones de
reclusión acordes con la dignidad humana. De ello da cuenta copia del mencionado
concepto103.

8.1.20. Quedó probado que, el 23 de septiembre de 2014, el director de la E.C.
Bogotá – La modelo, informó a la coordinadora del Grupo de Demandas y
Conciliaciones del INPEC, la relación de los internos recluidos para esa fecha en el
establecimiento, su capacidad real, las entregas de los elementos del mínimo vital
efectuadas al personal de internos, los internos que recobraron su libertad durante
los años 2012 a 2013 y el plan de deshacinamiento.

Respecto a la capacidad real de establecimiento, señaló que es de 2.907 internos y
que, para la fecha del informe, había una población de 4.539 personas privadas de
la libertad. Frente a las entregas de los elementos del mínimo vital (colchonetas,
cobijas y kit de aseo), indicó que en el año 2012 se entregaron 16 elementos de
mínimo vital y que en el año 2013 se entregaron 114. Informó que ha dado
cumplimiento al plan de deshacinamiento para lo cual, en el año 2013, trasladó a
3.361 internos y que para el 2014, el traslado ascendió a 1.510 internos. También,
afirmó que entre los años 2011 a 2014, se han tramitado 7.297 otorgamientos de
subrogados penales, beneficios administrativos o libertades. De ello da cuenta copia
del informe, así como la información contenida en un CD104.

8.1.21. Se demostró que, el 27 de enero de 2015, el Defensor Delegado para la
Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, “remitió con destino a
las presentes diligencias, las alertas tempranas hechas al INPEC y al Director de la

103 Fl. 447 a 453, C.1.
104 Fl. 486 a 526, C.1.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. en las que se puso de presente el hacinamiento
carcelario, y para que rindan informe del resultado de las visitas especiales
realizadas a dicho establecimiento carcelario”. Al respecto, indicó que, para enero
de 2015, el sistema penitenciario y carcelario del país registraba un hacinamiento
del 50%, equivalente a 38.634 personas privadas de la libertad por encima de la
capacidad instalada, situación que vulneraba las condiciones mínimas de dignidad
de la población reclusa. Señaló que numerosos establecimientos presentaban
niveles críticos de sobreocupación, con graves deficiencias de infraestructura,
atención en salud, espacios para dormir y programas de resocialización, lo que
incrementaba los riesgos para la vida, la integridad y la salud de los internos.

Precisó que el Sistema de Alertas Tempranas no tenía como función el seguimiento
al hacinamiento carcelario; no obstante, la Defensoría adelantó acciones orientadas
a la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, entre ellas,
la promoción de la declaratoria de emergencia social, la interposición de acciones
de tutela, requerimientos a las entidades competentes, intervenciones ante el
Congreso y el Consejo Superior de Política Criminal, el fortalecimiento de la
asistencia jurídica y las visitas de inspección a los establecimientos de reclusión.

Respecto de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. de Bogotá, indicó que durante el
año 2014 el hacinamiento disminuyó del 72.9% al 50.4%, hasta alcanzar el 45.8%
en enero de 2015, reducción atribuida, principalmente, a la denominada “operación
reglamento” adelantada por el INPEC, consistente en restringir temporalmente el
ingreso de nuevos internos y no a la superación estructural del problema.

Finalmente, informó que, al momento de rendir el informe, la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C. contaba con una capacidad aproximada para 2.907 internos, una
población de 4.666 personas privadas de la libertad y un hacinamiento del 60.5%,
equivalente a 1.759 personas en sobrecupo. Asimismo, advirtió que el
establecimiento presentaba deficiencias de infraestructura, limitaciones en la
prestación de los servicios de salud y ausencia de programas suficientes de
resocialización. De ello da cuenta copia del informe105.

105 Fl. 580 a 586, C.1.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

8.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración106-107.

8.2.1. El daño antijurídico

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que
no está amparada por la ley o el derecho108, que contraría el orden legal109 o que

106 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
107 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
108 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945.
109 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

está desprovista de una causa que la justifique110, resultado que se produce sin
derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar
una situación reconocida o protegida111, violando de manera directa el principio
alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro
sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula reducida, se dice
que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

En atención a los cargos formulados por el Ministerio de Justicia y la USPEC en los
recursos de apelación, corresponde a la Sala determinar si, en el caso en concreto,
se acreditó el daño reclamado por el grupo demandante, consistente en la
vulneración al derecho fundamental a la dignidad humana, que, presuntamente,
sufrieron las personas privadas de la libertad en la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C., como consecuencia del nivel de hacinamiento en dicho centro carcelario.

Pues bien, se advierte que, contrario a lo manifestado por los recurrentes, el daño
ocasionado por la transgresión del derecho fundamental a la dignidad humana de
las personas privadas de la libertad en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., como
consecuencia del hacinamiento en dicho centro penitenciario, se encuentra
plenamente acreditado y reviste carácter antijurídico.

En efecto, de lo probado en el proceso se constató que, para inicios del año 2012
en el precitado establecimiento de reclusión existía un índice de hacinamiento del
300% y del 137.39% para octubre de ese mismo año. Justamente, dicho centro
penitenciario tenía una capacidad para albergar 2.907 internos, no obstante, se
encontraban alrededor de 7.000 personas privadas de la libertad en la Cárcel La
Modelo de Bogotá D.C. (hecho probado 8.1.2, 8.1.3 y 8.1.5.). A su turno, en el año
2013, se verificó que el establecimiento contaba con 4.995 internos, por lo que
presentaba una sobrepoblación del 86%, y para el año 2014 alcanzó el 45.8% de

110 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
111 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

sobrepoblación, porcentaje que, si bien disminuyó, continuaba constituyendo un
hacinamiento crítico (hecho probado 8.1.12 y 8.1.21).

Asimismo, respecto al impacto cualitativo del hacinamiento, se encuentra
plenamente acreditado que las condiciones de reclusión en el citado establecimiento
penitenciario no eran adecuadas y resultaban violatorias del derecho fundamental
a la dignidad humana de los reclusos.

En efecto, a través de las diferentes visitas que realizaron funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo y del informe
rendido por el director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, se
pudo constatar que los internos no contaban con condiciones de reclusión dignas,
en lo que respecta al alojamiento, alimentación, infraestructura, salubridad,
prestación de servicios públicos y de salud, acceso a sanitarios y al acceso a los
programas de resocialización, etc. (hechos probados 8.1.2, 8.1.3., 8.1.5., 8.1.6,
8.1.18 y 8.1.21).

Justamente, se acreditó que, a raíz del hacinamiento, un número significativo de
personas privadas de la libertad debía dormir en el piso o en los pasillos de los
patios del establecimiento carcelario. Algunos contaban con colchonetas en estado
de deterioro, mientras que otros carecían incluso de estos implementos, por lo que
debían descansar sobre sábanas o directamente en el suelo (hechos probados
8.1.2, 8.1.3., 8.1.5., 8.1.6, 8.1.18 y 8.1.21).

De igual manera, se demostró la deficiencia en la prestación del servicio de salud,
debido a la insuficiencia del personal para atender la demanda de la población
reclusa. En particular, se evidenciaron demoras en la atención médica, dificultades
para acceder a los servicios de urgencias y a consultas especializadas, falencias en
la atención en salud mental y de personas con discapacidad, así como denuncias
de fallecimientos asociados a la falta de atención oportuna (hechos probados 8.1.2,
8.1.3., 8.1.5., 8.1.6, 8.1.18 y 8.1.21).

Asimismo, quedó acreditado que el suministro de alimentos se realizaba en
condiciones que comprometían la salubridad, toda vez que estos eran distribuidos

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

en los corredores, sin los implementos adecuados y en un ambiente insalubre, ante
la inexistencia de un comedor en funcionamiento (hechos probados 8.1.2, 8.1.3.,
8.1.5., 8.1.6, 8.1.18 y 8.1.21).

Igualmente, se probó que el suministro de agua y el acceso a los servicios sanitarios
eran insuficientes y restringidos. En efecto, se constató que algunos patios, con una
población superior a mil internos, disponían únicamente de tres sanitarios para
atender las necesidades básicas de la población recluida. A ello se suma el manejo
inadecuado de los residuos sólidos, circunstancia que favorecía la propagación de
enfermedades (hechos probados 8.1.2, 8.1.3., 8.1.5., 8.1.6, 8.1.18 y 8.1.21).

Del mismo modo, se acreditó que las condiciones de higiene resultaban precarias
debido a la insuficiencia en el suministro de elementos básicos de aseo personal
también denominados kits de aseo (hechos probados 8.1.2, 8.1.3., 8.1.5., 8.1.6,
8.1.18 y 8.1.21).

Además, se demostró que la infraestructura de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.
presentaba un marcado deterioro, reflejado en filtraciones de agua en techos y
paredes, problemas de humedad y deficiencias en la red eléctrica (hechos probados
8.1.2, 8.1.3., 8.1.5., 8.1.6, 8.1.18 y 8.1.21).

Por demás, cabe resaltar que la Corte Constitucional, al declarar la existencia del
estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, estableció
que el hacinamiento ha generado la vulneración masiva y generalizada de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, entre ellos, la vida
en condiciones dignas, la salud, el acceso al agua potable, la resocialización de las
personas privadas de la libertad y a una reclusión libre de hacinamiento112.

Bajo el anterior contexto, la Corte Constitucional, en aras de superar el estado de
cosas inconstitucional, estableció los parámetros mínimos para la satisfacción de
los derechos a la dignidad humana y la igualdad de las personas privadas de la
libertad, en lo que respecta al espacio para el descanso nocturno, de conformidad

112 Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015.

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Radicado: 25000234100020130256801
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a los criterios fijados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Justamente,
la Corte estableció que cada recluso debe contar con un suministro mínimo de
implementos para dormir, tales como una cama individual – o colchoneta mientras
se dota de cama al interno-, almohada, un juego de sábanas y cobijas. Asimismo,
se debe asegurar que los reclusos tengan el espacio suficiente para dormir
acostados, circular sin obstáculos dentro de su celda o dormitorio y guardar sus
artículos personales.

De igual forma, la Corte estableció que el espacio para el alojamiento de los reclusos
no puede consistir en áreas cuyo uso principal no sea el hospedaje de los internos.
En consecuencia, no puede ser considerado como zona de habitación las capillas,
pasillos o áreas de estudio, entre otras. Asimismo, se les debe asegurar a las
personas privadas de la libertad las condiciones de higiene, salubridad, alimentación
y agua potable dignas, lo cual implica que tengan acceso a instalaciones sanitarias
higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al adoptar los
“Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas”113, dispuso que los reclusos deben contar con espacio
suficiente, exposición diaria a la luz natural y ventilación adecuada. Asimismo, se
les deben proporcionar los elementos necesarios para el descanso nocturno, tales
como camas y sábanas. También, se les debe asegurar el acceso a instalaciones
sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad, así como
a productos de higiene personal.

De esta forma, la Corte Constitucional estableció que las condiciones de
hacinamiento constituyen un trato cruel, inhumano y degradante contra las personas
privadas de la libertad, con lo cual se les vulnera su derecho a la dignidad

113 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría sobre los Derechos de las Personas

Privadas de la Libertad, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas
de Libertad en las Américas. “Principio XII: Albergue, condiciones de higiene y vestido. 1. Albergue.
Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz
natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación
de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás
condiciones indispensables para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta
las necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y
niñas, las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los adultos mayores, entre otras”.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

humana114. En similar sentido, la Subsección B de esta Corporación115 explicó que
las “condiciones de hacinamiento […] constituyen, en sí mismas, un trato cruel,
inhumano y degradante absolutamente prohibido e injustificable en ninguna
circunstancia. Ese tratamiento genera un daño a la integridad y dignidad de las
internas”.

De esta forma, se advierte que las condiciones de reclusión de la Cárcel La Modelo
de Bogotá D.C. no cumplían con los estándares mínimos establecidos por la Corte
Constitucional para garantizar la dignidad humana de los reclusos. En efecto, se
reitera que el centro penitenciario presentaba un índice de hacinamiento crítico, por
lo que muchos internos debían dormir en el piso, no tenían acceso constante a
sanitarios ni agua potable, no contaban con los elementos básicos de higiene y no
se les prestaba un servicio de salud óptimo, etc. (hechos probados 8.1.2, 8.1.3.,
8.1.5., 8.1.6, 8.1.18 y 8.1.21).

Bajo el anterior contexto, se concluye que, contrario a lo argumentado por los
recurrentes, en el caso sub examine se encuentra plenamente acreditada la
afectación al derecho fundamental a la dignidad humana de los miembros del grupo
demandante, como consecuencia del hacinamiento en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C.

Más aún, cabe resaltar que, en la sentencia T-762 de 2015, la Corte Constitucional
acumuló diversas acciones de tutela promovidas por personas recluidas en distintos
establecimientos penitenciarios del país, entre ellos la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C., en el escrito de amparo los allí accionantes argumentaron que el hacinamiento
carcelario, vulneraba los derechos fundamentales de los internos y generaba
problemas de salubridad e higiene. En consecuencia, la Corte confirmó la decisión
proferida el 4 de julio de 2013 por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que en
su momento confirmó la proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, mediante la
cual amparó el derecho a la dignidad humana de los reclusos.

114 Corte Constitucional, sentencia SU-122 de 2022.
115Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 18001233300020130021601.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

En definitiva, en el presente caso se encuentra probado el daño antijurídico derivado
de la transgresión del derecho fundamental a la dignidad humana, toda vez que el
hacinamiento al que fueron sometidos los demandantes implicó una afectación
grave y directa de tal prerrogativa iusfundamental, sin amparo legal ni causa legítima
que lo justificara. En efecto, la dignidad humana y la vida digna son derechos
inherentes e inalienables de la persona y se constituyen en un presupuesto esencial
para la realización de los demás derechos, de conformidad con los artículos 1 116,
2117 y 11118 de la Constitución Política, de donde la vulneración de tales postulados
y los daños que con ello se generen resultan antijurídicos.

Justamente, con ocasión del hacinamiento carcelario, las personas privadas de la
libertad en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C. fueron sometidas a condiciones de
reclusión que no satisfacían los estándares mínimos de trato humano y condiciones
dignas de reclusión. Dicha afectación constituye un resultado contrario al
ordenamiento jurídico que vulnera el principio alterum non laedere y, por ende, el
menoscabo no estaba llamado a ser soportado jurídicamente por las víctimas, en
su condición de personas privadas de la libertad.

8.2.2. La imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico acreditado en el plenario,
esto es, la transgresión al derecho fundamental a la dignidad humana, debido al
hacinamiento en la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., es menester establecer si
este le es atribuible fáctica y jurídicamente al Ministerio de Justicia y del Derecho
y/o a la USPEC.

116 Artículo 1º. “Colombia en un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”.
117 Artículo 2º. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
118 Artículo 11. “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

68

Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Para el Tribunal de primera instancia, el daño antijurídico era imputable al Ministerio
de Justicia y del Derecho, a la USPEC y al INPEC, en atención a que eran las
entidades encargadas de la prestación del servicio carcelario y, por tanto, debían
garantizar a los reclusos el ejercicio pleno de los derechos fundamentales que no
se restringen con ocasión de la privación de la libertad.

No obstante, en el recurso de apelación, el Ministerio de Justicia y del Derecho
argumentó que, junto con el INPEC y la USPEC, han adoptado medidas para
atender dicha problemática, incluso mediante la declaratoria de emergencia
penitenciaria, por lo que no puede imputárseles una omisión constitutiva de falla del
servicio

A su turno, la USPEC alegó que los hechos que sustentan la condena ocurrieron,
en su mayoría, antes de la creación y entrada en funcionamiento de la USPEC, por
lo que no podían serle imputados. Asimismo, indicó que la responsabilidad en el
asunto recae en otras entidades, en particular en el INPEC frente a los kits de aseo,
en las entidades territoriales respecto de la población sindicada y CAPRECOM
frente al servicio de salud, las cuales, estas dos últimas, no fueron vinculadas al
proceso. Además, anotó que la USPEC acreditó haber adelantado actuaciones para
mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios, por lo que no podía
atribuírsele responsabilidad por las deficiencias estructurales del sistema
penitenciario.

Pues bien, la Corte Constitucional estableció que la violación sistemática de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad se deriva de
distintas problemáticas estructurales119. Así, la Corte identificó los siguientes
desafíos sistemáticos en materia penitenciaria: i) “La Desarticulación de la política
criminal y el Estado de Cosas Inconstitucional”; ii) “Hacinamiento y otras causas de
violación masiva de derechos”; iii) “Reclusión conjunta de personas sindicadas y
condenadas. Falta de articulación de las entidades territoriales y el Ministerio de
Justicia y del Derecho”; iv) “Sistema de salud del sector penitenciario y carcelario
del país”; y v) “Las condiciones de salubridad e higiene son indignas en la mayoría

119 Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015.

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de los establecimientos penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e inhumano
propiciado por el Estado”. Asimismo, frente al hacinamiento carcelario y
penitenciario, el alto tribunal estableció que sus causas son múltiples y están
íntimamente relacionadas con el manejo histórico de la política criminal en
Colombia.

De igual forma, se advierte que entre el Estado y las personas privadas de la libertad
se configura una relación especial de sujeción, en virtud del cual surge la obligación
en cabeza de la Administración de garantizar los derechos de los reclusos 120. Al
respecto, la Corte Constitucional ha clasificado los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad, en consideración a cuáles de ellos pueden ser
suspendidos o restringidos como consecuencia de la pena impuesta y cuáles no
pueden limitarse ni suspenderse en ninguna circunstancia, en tanto son intrínsecos
a la naturaleza humana. Por ejemplo, la vida e integridad personal, la dignidad, la
igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros. De lo anterior se deriva la
obligación de las accionadas de garantizar plenamente el derecho fundamental a la
dignidad humana de las personas privadas de la libertad en la Cárcel La Modelo de
Bogotá D.C.

Asimismo, es importante resaltar que el artículo 5 de la Ley 65 de 1993 121,
modificado por la Ley 1709 de 2014122, dispone que “en los establecimientos de
reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se
prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral. […] La carencia de recursos
no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad”.

Igualmente, la normativa internacional, en particular el numeral 2 del artículo 5 de la
Convención Americana de Derechos Humanos establece que “Nadie debe ser
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad

120 Corte Constitucional, sentencia T-560 de 2016.
121 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
122 “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000,

de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

inherente al ser humano”. En similar sentido, el Pacto Internacional de Derecho
Civiles y Políticos dispone que “toda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” 123.

Ahora bien, esta Corporación124 ha establecido que, ante una falla del servicio de
carácter estructural o sistemática, tal como la que ocurre en el sistema penitenciario
y carcelario, se debe identificar el principal centro de imputación. Así, este
corresponderá a la entidad directamente responsable por la omisión que ocasionó
el daño alegado. En ese orden de ideas, en el sistema carcelario y penitenciario
intervienen múltiples entidades, entre ellas el INPEC125, la USPEC y el Ministerio de
Justicia y del Derecho. Dichas entidades participan en las distintas etapas de la
política criminal, que comprenden su formulación y diseño, la adopción de
decisiones judiciales y la ejecución de las penas y el cumplimiento de las medidas
de aseguramiento126.

Al efecto, se recuerda que, conforme a los cargos formulados en los recursos de
apelación, la Sala solamente se pronunciara sobre la responsabilidad que podría
asistir al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la USPEC.

Pues bien, el Ministerio de Justicia y del Derecho hace parte del Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario127, y es la encargada de formular y adoptar la política
pública criminal y de asuntos penitenciarios, efectuar el seguimiento y evaluación

123 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
124 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 18001233300020130021601; y Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre
de 2019, exp. 70001233300020140018601.
125 Decreto 4151 de 2011. “Artículo 1°. Objeto. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,

INPEC, tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas
privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la
ejecución del trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión judicial,
de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y el ordenamiento jurídico,
en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos”.
126 Corte Constitucional, sentencia T-762 de 2015.
127 Ley 65 de 1993. “Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional

Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el
país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan
funciones relacionadas con el sistema”.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

del impacto de las normas y directrices que regulan la operación y funcionamiento
del Sistema Penitenciario y Carcelario, y poner a consideración del Consejo
Superior de Política Criminal y Penitenciaria proyectos de ley en materia penal y
penitenciaria, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 65 de 1993128 y los
artículos 16 y 18 del Decreto 2897 de 2011129.

128 "Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. (…) Artículo 15. Sistema Nacional

Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el
Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y
del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos
los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el
Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
por las demás entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema.”
129 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de

Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho. (…) Artículo
16. Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Son funciones del Viceministro de
Política Criminal y Justicia Restaurativa, además de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 489
de 1998, las siguientes: 1. Asesorar y apoyar al Ministro en la formulación y adopción de la política
pública criminal y de asuntos penales, penitenciarios, lucha contra las drogas y justicia transicional.
(…) Artículo 18. Funciones de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria. Son funciones de la
Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, las siguientes: 1. Proponer los lineamientos para la
formulación de las políticas e iniciativas de Estado en materia criminal y penitenciaria, prevención
del delito, acciones contra la criminalidad organizada, y demás aspectos relacionados, en
coordinación con las entidades correspondientes, y en especial con el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, con enfoque diferencial y especializado. 2. Elaborar los estudios y presentar las
propuestas sustantivas y de procedimiento en materia de política criminal, carcelaria y penitenciaria
y del tratamiento normativo de la libertad individual. 3. Realizar estudios sobre los factores que
inciden en la comisión de conductas punibles, analizando y compilando las estadísticas de los
diferentes organismos estatales que registran los índices de criminalidad, los cuales servirán de
insumo para la formulación de la política en esta materia. 4. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación
de los sistemas penales en general, dando especial importancia al sistema de responsabilidad penal
para adolescentes en todos sus aspectos, en coordinación con las entidades competentes. 5.
Efectuar el seguimiento y evaluación del impacto de las normas y directrices que regulan la operación
y funcionamiento del Sistema Penitenciario y Carcelario y los relativos a las medidas privativas de la
libertad para los adolescentes, atendiendo la finalidad del mismo. 6. Servir de enlace permanente
del Ministerio en sus relaciones con las autoridades penitenciarias nacionales y territoriales y con las
demás autoridades y entidades gubernamentales que participen en el proceso de ejecución de la
pena y de las sanciones impuestas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 7.
Ejercer la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo Superior de Política Criminal. 8. Apoyar
al Ministro en las propuestas al Consejo de Política Criminal en los criterios para la formulación y
adopción de la política criminal y penitenciaria a mediano y largo plazo, y lo relativo al sistema de
responsabilidad penal para adolescentes. 9. Promover la revisión anual de las condiciones de
reclusión y de resocialización del sistema penitenciario, de los centros de privación de la libertad de
los adolescentes y proponer las recomendaciones orientadas al cumplimiento de la finalidad de estos
sistemas. 10. Participar con las autoridades competentes en la elaboración de recomendaciones
sobre la estructura de la justicia penal con enfoque diferencial y especializado. 11. Proyectar
conceptos destinados a la Fiscalía General de la Nación sobre los delitos para los que se pueda
aplicar el principio de oportunidad. 12. Expedir conceptos sobre los Actos Legislativos y los proyectos
de ley que modifiquen el Código Penal, de Procedimiento Penal y de Infancia y la Adolescencia en
lo relativo al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en coordinación con la Dirección
de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico y la Oficina Asesora Jurídica, sin perjuicio de
las competencias asignadas a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 13. Poner a
consideración del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, los proyectos de ley que

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

Por su parte, la USPEC, quien también hace parte del Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario130, es la entidad encargada de gestionar y operar el
suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el
apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC131.

Así las cosas, la Sala considera que está probada la omisión en que incurrieron el
Ministerio de Justicia y del Derecho y la USPEC al no garantizar el derecho
fundamental a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad en la
Cárcel Modelo, como consecuencia del hacinamiento en dicho penitenciario, en su
condición de entidades directamente responsables de formular y adoptar la política
pública criminal y de asuntos penitenciarios, efectuar el seguimiento y evaluación
del impacto de las normas y directrices que regulan la operación y funcionamiento
del Sistema Penitenciario y Carcelario, y poner a consideración del Consejo
Superior de Política Criminal y Penitenciaria proyectos de ley en materia penal y
penitenciaria, y de la infraestructura carcelaria, respectivamente.

Ahora bien, la Sala advierte que no le asiste razón a la USPEC cuando sostiene que
la mayoría de los hechos que fundamentan la condena ocurrieron antes de su

modifiquen o adicionen el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código Penitenciario
y Carcelario, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y demás normas afines, con
el objetivo de que dicho organismo formule las sugerencias y observaciones a que haya lugar. 14.
Proponer al Ministro los proyectos de ley o de actos legislativos en materia penal y penitenciaria, en
coordinación con las demás direcciones y oficinas relacionadas con el tema objeto de los
proyectos. 15. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 16.
Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional, y la observancia
de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia. 17. Efectuar el análisis normativo y
jurisprudencial de los temas relacionados con la Política Criminal y Penitenciaria y el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes con el fin de adoptar las recomendaciones a que hubiere
lugar en esta materia, en coordinación con las entidades competentes. 18. Las demás funciones
asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia”.
130 Ley 65 de 1993. “Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional

Penitenciario y Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(Uspec), como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el
país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan
funciones relacionadas con el sistema”.
131 Decreto 4150 de 2011. “Artículo 4°. Objeto. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -

SPC, tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la
infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC.”

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creación y entrada en funcionamiento. En efecto, como se ha precisado a lo largo
de esta providencia, el presente asunto se circunscribe a la vulneración del derecho
a la dignidad humana derivada del hacinamiento en la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C. para la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 8 de noviembre de
2013, momento en el cual la entidad ya había sido creada mediante el Decreto 4150
de 2011132. Si bien el artículo 7 de la Ley 1709 de 2014133 incorporó la sigla USPEC,
dicha disposición no implicó la creación de una nueva entidad ni modificó su
naturaleza jurídica o las funciones que le fueron atribuidas en el decreto de creación.

Por demás, cabe precisar que, tal como lo consideró esta Corporación 134 en un
asunto de similares características al caso sub examine, si bien el manejo de la
crisis carcelaria involucra la intervención de distintas entidades e instancias, lo cierto
es que “el colapso del sistema puede impedir a una entidad cumplir a cabalidad sus
obligaciones en todos los frentes, por lo que habrá que reconocer su crisis que,
desde toda perspectiva, es ajena a las víctimas e inepta para excusar su
responsabilidad frente a ellas”. De esta forma, se advierte que la existencia de fallas
estructurales en el sistema penitenciario y carcelario no exonera de responsabilidad
a las entidades demandadas, quienes tenían la obligación de garantizar el derecho
a la dignidad humana los reclusos de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C.

Adicionalmente, la USPEC alegó que la responsabilidad en el asunto recae en otras
entidades, en particular en el INPEC frente a los kits de aseo, en las entidades
territoriales respecto de la población sindicada y CAPRECOM frente al servicio de

132 Decreto 4150 de 2011. “Artículo 2o. Creación y naturaleza jurídica. Créase una Unidad
Administrativa Especial denominada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Justicia y del
Derecho, cuyos objetivos y funciones serán los escindidos”.
133 Ley 1709 de 2014. “Artículo 7o. Modifícase el artículo 15 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará

así: Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional Penitenciario y
Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec),
como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio
independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el
país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan
funciones relacionadas con el sistema.
El sistema se regirá por las disposiciones contenidas en este Código y por las demás normas que lo
adicionen y complementen”.
134 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia del 20 de noviembre de 2020, exp. 18001233300020130021601.

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salud, las cuales, estas dos últimas, no fueron vinculadas al proceso, lo que vulnera
el debido proceso.

Respecto al INPEC, se advierte que, en efecto, fue declarada responsable por el a
quo, sin embargo, dado que no recurrió dicha decisión su responsabilidad no será
analizada en el presente asunto porque su situación jurídica se encuentra
consolidada.

Ahora, frente a CAPRECOM y las entidades territoriales, tampoco prospera el
argumento expuesto por la USPEC, dado que, en primer lugar, la demanda no
atribuyó el daño a actuaciones u omisiones aisladas de dichas entidades, sino a la
persistencia de unas condiciones estructurales de reclusión que comprometían, de
manera concurrente, las competencias de las demandadas. En particular, en
materia de salud, las deficiencias expuestas en el medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo no se circunscriben a la atención de casos
clínicos individuales atribuibles a CAPRECOM como entidad prestadora del
servicio, sino a las falencias generales en la prestación del servicio de salud al
interior del establecimiento carcelario, cuya garantía también involucra a las
autoridades encargadas de la administración y financiación del sistema
penitenciario.

De igual forma, la eventual participación de las entidades territoriales en la
financiación o prestación de determinados servicios dirigidos a la población
sindicada no desvirtúa las competencias propias de las entidades aquí demandadas
ni torna indispensable su vinculación al proceso. La controversia no versa sobre el
incumplimiento de obligaciones específicas atribuibles a una entidad territorial en
particular, sino sobre la configuración de un daño antijurídico derivado de las
condiciones generales de reclusión existentes en la Cárcel La Modelo de Bogotá
D.C., frente al cual las entidades demandadas ostentaban competencias propias e
independientes que fueron incumplidas.

Según lo expuesto, se concluye que el daño alegado es imputable al Ministerio de
Justicia y del Derecho, a la USPEC y al INPEC (tal y como lo decidió el a quo) a
título de falla del servicio, al devenir de una actuación de la Administración contraria

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

a derecho al incumplir su deber obligacional expuesto en precedencia.

No está de más precisar que la condena que se impondrá a continuación al
Ministerio de Justicia y del Derecho y a la USPEC corresponderá, para cada una de
estas entidades, al 33,33% de los perjuicios ocasionados a los demandantes, en
atención a su incidencia causal en la producción del daño. El 33,33% restante
corresponde al INPEC, cuya responsabilidad quedó definida en la sentencia de
primera instancia y se encuentra consolidada, toda vez que dicha entidad no
interpuso recurso de apelación. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 4° del artículo 140 del CPACA “[…] en todos los casos en los que en la
causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la
sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de
ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia
del daño”.
9. Liquidación de perjuicios

En la demanda se solicitó condenar a las entidades demandas a pagar, i) por
perjuicios morales, 20 SMLMV para cada uno de los integrantes del grupo; ii) por
“afectación de derechos constitucionales”, 20 SMLMV para cada miembro del grupo
y, iii) por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de
$150.000 para cada uno de los miembros de grupo, correspondiente al “kit de aseo
y para dormir”. que, según afirman, el INPEC le debe suministrar a cada uno de los
reclusos y no lo hace, razón por la cual dicho costo debe ser asumido por sus
familiares.

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
encontró acreditado el perjuicio material, moral y a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos. De hecho, la condena fue impuesta en los
siguientes términos:

“[…] PRIMERO.- DECLÁRASE responsables al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC y el
Ministerio de Justicia por los perjuicios ocasionados a las personas integrantes del
grupo conformado por los demandantes y las personas que hayan estado recluidas
en el establecimiento carcelario La Modelo de Bogotá D.C. entre el mes de noviembre
de 2013 y la fecha de expedición de esta sentencia.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

SEGUNDO.- CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC y el Ministerio de Justicia a
pagar a título de indemnización por perjuicios materiales en su modalidad de daño
emergente, la suma de mil ochocientos sesenta y cuatro millones quinientos sesenta
y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos ($864.565.962.) (sic) a favor de los
integrantes del grupo que se hayan constituido como partes en el proceso y de los
que se adhieran en debida forma al mismo.

TERCERO.- CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC y el Ministerio de Justicia a
pagar como indemnización por perjuicios morales el equivalente a 4953 SMLMV al
momento del pago a favor de los integrantes del grupo que se hayan constituido como
partes en el proceso y de los que se adhieran en debida forma al mismo.

CUARTO.- CONDÉNASE al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC y el Ministerio de Justicia y
a título de reparación a bienes constitucionalmente afectados a que a partir de la
ejecutoria del presente fallo:

• Hagan entrega periódica a todos los reclusos del EC La Modelo de los Kits de aseo
a que haya lugar y en los términos establecidos por la Corte Constitucional.
• Hagan entrega del kit de aseo y el kit de colchoneta, sábanas y cobijas a los reclusos
que ingresan al penal conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia T 762
de 2015.

• Anualmente efectúen el cambio de los kits de colchonetas, cobijas y sábanas a los
reclusos del EC La Modelo conforme al memorando 251 de 2004 o la norma vigente
a la fecha o cuando el desgaste de los mismos lo amerite en los términos establecidos
en la sentencia T-762 de 2015.

• Ofrezcan disculpas públicas, en nombre de todos los responsables del Sistema
Penitenciario Colombiano, a los reclusos del EC La Modelo por las deficientes
condiciones de reclusión a las que se han visto sometidos comprometiéndose,
además, a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los hechos que
dieron lugar a esta condena no volverán a repetirse.

Las excusas señaladas deberán presentarse en un acto público que deberá realizarse
en el EC La Modelo dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia con presencia de los representantes de cada patio y/o pabellón […]”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la USPEC sostuvieron al
unísono en sus recursos de apelación que la indemnización de perjuicios carecía
de sustento probatorio y que, en particular, el perjuicio moral no podía presumirse
por el solo hecho de la reclusión o de las condiciones de hacinamiento, dado que
dicha presunción únicamente ha sido admitida por la jurisprudencia en supuestos
específicos, como la muerte, las lesiones graves y la privación injusta de la libertad,
de manera que, al no demostrarse una afectación respecto de los integrantes del
grupo, no resultaba procedente su reconocimiento.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

En ese contexto, la Sala procede a estudiar el reconocimiento de los perjuicios
efectuado en la sentencia de primera instancia.

9.1. Perjuicio material – daño emergente

La parte demandante solicita, a título de perjuicio material en la modalidad de daño
emergente la suma de $150.000 para cada miembro del grupo, correspondiente al
“kit de aseo y para dormir” que, según alega, el INPEC omite suministrarles a los
reclusos, pese a estar obligado a ello, razón por la cual dicho costo ha sido asumido
por sus familiares.

Sobre el particular, la Sala considera que no hay lugar al reconocimiento del
perjuicio material en la modalidad de daño emergente decretado por el a quo. En
efecto, si bien la parte actora afirmó que los familiares de los integrantes del grupo
asumieron el costo del denominado “kit de aseo y para dormir”, ante el
incumplimiento de INPEC de suministrarlo, en el expediente no obra prueba alguna
que acredite la efectiva realización de tales erogaciones, su cuantía o la periodicidad
con que fueron efectuadas. En consecuencia, no se demostró la existencia de una
disminución patrimonial real, presupuesto indispensable para la procedencia de la
indemnización por daño emergente.

Así, la sola afirmación de que dichos gastos fueron asumidos por los familiares
resulta insuficiente para tener por acreditado el perjuicio reclamado, razón por la
cual no había lugar a acceder a su reconocimiento.

9.2. Perjuicio moral

Como se anotó en precedencia, el grupo demandante solicitó 20 SMLMV por
concepto de perjuicio moral para cada uno de los miembros. A su turno, en la
sentencia de primera instancia, el a quo, reconoció para cada uno de los reclusos
de la Cárcel La Modelo de Bogotá D.C., la suma equivalente a un (1) SMLMV por
concepto de perjuicio moral, por lo que, indicó que “teniendo en cuenta el número

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de internos al momento de presentación de la demanda, se fija como valor total por
este concepto el equivalente a 4953 SMLMV al momento del pago”.

Ahora bien, por regla general, el perjuicio moral, entendido como el dolor, la aflicción
y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor,
zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico,
debe ser acreditado para ser indemnizado a quien lo sufre.

Siendo lo anterior la regla general, no puede desconocerse que la Sección Tercera
del Consejo de Estado135 dispuso por vía jurisprudencial que, excepcionalmente, en
los casos de muerte de personas, lesiones y privación injusta de la libertad, los
perjuicios morales se presumen en favor de la víctima directa y sus familiares hasta
el 2° grado de consanguinidad o civil, previa demostración del estado civil o de la
convivencia de los compañeros permanentes, por lo que el asunto que aquí nos
ocupa no está contemplado dentro de esas excepciones, motivo por el cual el
perjuicio moral que alega el grupo demandante no es susceptible de presumirse
judicialmente.

En efecto, si bien las condiciones de hacinamiento y las deficiencias en la prestación
del servicio penitenciario constituyen circunstancias reprochables y susceptibles de
comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado, ello no releva a la parte
actora de acreditar la existencia del perjuicio cuya indemnización pretende, cuando,
como ocurre en este asunto, no opera ninguna presunción de la jurisprudencia.

Además, el acervo probatorio no permite tener por acreditada la afectación moral
individual de los integrantes del grupo, pues no obra en el expediente prueba alguna
que demuestre el grado de aflicción, angustia o sufrimiento experimentado por cada
uno de los internos de la Cárcel La Modelo de Bogotá, ni existen elementos de juicio
que permitan establecer la intensidad o duración de dicha afectación. Incluso,
tampoco se acreditó el tiempo durante el cual cada uno de los miembros del grupo
permaneció privado de la libertad en el establecimiento carcelario, aspecto que
resulta relevante para valorar la eventual incidencia de las condiciones de reclusión

135 Al respecto ver sentencias de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferidas

el 28 de agosto de 2014, radicados: 26251, 27709, 28804, 28832, 31170, 31172, 36149 y 32988.

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

sobre la esfera moral del afectado. En tales condiciones, la Sala carece de
elementos probatorios que permitan inferir, con el grado de certeza exigido, la
existencia y entidad del perjuicio moral cuya reparación se pretende.

9.3. Perjuicios por la afectación a los bienes constitucional y convencionalmente
protegidos

La sentencia de primera instancia condenó al Ministerio de Justicia y del Derecho,
a la USPEC y al INPEC a implementar medidas reparatorias por la afectación a los
bienes constitucional y convencionalmente protegidos. En la parte motiva de dicha
providencia, se indicó lo siguiente sobre el particular:

“De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en especial lo señalado
en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 proferida dentro del proceso
No. 1999-01063, cuyos apartes fueron transcritos in extenso en el numeral 3º de la
parte considerativa de esta sentencia, la reparación del daño a derechos convencional
y constitucionalmente amparados se realiza principalmente a través de medidas de
carácter no pecuniario privilegiándose las medias reparatorias no indemnizatorias y
solo excepcionalmente, cuando estas resulten insuficientes, puede otorgarse una
indemnización pecuniaria hasta de 100 SMLMV a la víctima directa. Lo anterior, en
razón a que el objeto de este tipo de reparación es "el de restablecer plenamente a la
víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a:
(a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de
manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas
originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las
posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo
posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c)
propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos
constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva
de la igualdad sustancial”.

Ahora, si bien la Corte Constitucional en los pronunciamientos realizados con ocasión
de la crisis penitenciaria, en especial en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de
2015, ha proferido ordenes concretas a los distintos actores del Sistema Penitenciario
y Carcelario para hacer cesar la vulneración de los derechos fundamentales de los
reclusos del EC La Modelo y cuyo cumplimiento debe verificarse en el respectivo
trámite incidental, la sala considera que para garantizar la reparación integral del daño
causado a los integrantes del grupo demandante se debe ordenar al INPEC, a la
USPEC y al Ministerio de Justicia que:

• A partir de la ejecutoria de este fallo hagan entrega periódica a todos los reclusos
del EC La Modelo de los Kits de aseo a que haya lugar y en los términos establecidos
por la Corte Constitucional en las sentencias T-388/13 y T-762/15.
• Que al momento de ingresar nuevos reclusos al penal se les haga entrega del kit de
aseo y el kit de colchoneta, sábanas y cobijas conforme a los lineamientos
establecidos en la sentencia T 762 de 2015.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

• Que anualmente se efectúe el cambio de los kits de colchonetas, cobijas y sábanas
a los reclusos del EC La Modelo conforme al memorando 251 de 2004 o la norma
vigente a la fecha o cuando el desgaste de los mismos lo amerite en los términos
establecidos en la sentencia T-762 de 201595.
-Dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia en un acto que
deberá realizarse en el EC La Modelo con presencia de los representantes de cada
patio y/o pabellón, los representantes de las entidades condenadas y, obrando en
nombre de los demás responsables del Sistema Penitenciario Colombiano, ofrecerán
disculpas a los internos del establecimiento penitenciario por las deficientes
condiciones de reclusión a las que se han visto sometidos y la afrenta que las mismas
representan para su dignidad humana. Además, se comprometerán a adoptar todas
las medidas necesarias para garantizar que los hechos que dieron lugar a esta
condena no volverán a repetirse […].

La Sala considera que no hay lugar a mantener las medidas de reparación no
pecuniarias impuestas por el a quo. Si bien la jurisdicción de lo contencioso
administrativo está facultada para adoptar medidas de reparación integral dirigidas
al restablecimiento de bienes e intereses constitucional y convencionalmente
protegidos, dicha potestad debe ejercerse de manera armónica con las decisiones
previamente adoptadas por otras autoridades judiciales competentes,
especialmente cuando estas han impartido órdenes estructurales encaminadas a
superar la misma situación de vulneración.

En el presente asunto, las medidas ordenadas en la sentencia apelada
(consistentes en la entrega periódica de kits de aseo, la dotación de colchonetas,
sábanas y cobijas y su reposición periódica) corresponden, en esencia, a
obligaciones que ya fueron impuestas por la Corte Constitucional en la sentencia T-
388 de 2013, mediante la cual, como se anotó en líneas anteriores, declaró la
existencia de un ECI en el Sistema Penitenciario y Carcelario colombiano, decisión
que posteriormente fue reiterada y desarrollada en la sentencia T-762 de 2015. En
dichas providencias, el juez constitucional impartió órdenes estructurales dirigidas,
precisamente, a garantizar condiciones dignas de reclusión, asegurar el suministro
de los elementos básicos para la satisfacción de las necesidades de la población
privada de la libertad, adoptar medidas orientadas a superar el hacinamiento y
establecer mecanismos de seguimiento para verificar el efectivo cumplimiento de
tales mandatos.

En ese contexto, reproducir en esta sentencia las mismas órdenes ya impartidas
por la Corte Constitucional no aporta un mecanismo adicional de protección del

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

derecho comprometido, ni incrementa la eficacia de las medidas de reparación
integral, sino que genera una innecesaria duplicidad de mandatos judiciales
respecto de obligaciones que ya se encuentran vigentes, son exigibles y están
sometidas a un esquema específico de seguimiento y verificación por parte del juez
constitucional.

Debe recordarse que las medidas de reparación no pecuniarias tienen por finalidad
restablecer el goce efectivo de los derechos vulnerados, remover las causas que
dieron origen a la lesión y evitar su repetición. Sin embargo, tales objetivos ya fueron
perseguidos mediante las órdenes estructurales impartidas por la Corte
Constitucional, las cuales fueron concebidas para beneficiar no solo a los
integrantes del grupo demandante, sino a la totalidad de la población privada de la
libertad afectada por la crisis penitenciaria.

En un asunto similar, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado136, se ha pronunciado en los siguientes términos, respecto a la reparación
de los bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos:

“Esta Corporación ha destacado que la reparación de los bienes y derechos
constitucional y convencionalmente protegidos es en esencia de contenido no
pecuniario y que, por excepción, cuando dicho tipo de medidas sean
insuficientes, puede otorgarse una indemnización proporcional a la intensidad
del daño que no sobrepase los 100 SMLMV. En el presente caso, la Sala
observa que no existe mérito para dictar medidas no pecuniarias que reparen
el daño a los bienes y derechos constitucional y convencionalmente
protegidos, específicamente la dignidad humana de los internos del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo
(La Vega), puesto que, con posterioridad a la sentencia del a quo:

• La Corte Constitucional, en virtud de la reiteración del estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, dictó medidas dirigidas a la
protección de los derechos de la población reclusa, las cuales satisfacen
razonablemente el criterio de suficiencia respecto de una problemática de carácter
estructural –sin perjuicio de que, en el seguimiento y control de dichas medidas,
algunas hayan sido reorientadas por esa misma Corporación–. En efecto, las órdenes
de la Corte Constitucional, según esta expresamente lo indicó en la sentencia T-762
de 2015, estuvieron orientadas por la búsqueda de las mejores opciones para
contener la problemática social que surge y se vive en la cárceles del país,
consideradas sus particulares causas, lo cual, según precisó, debía abarcar todos los
niveles de acción del aparato estatal para que, en forma coordinada, se impacten

136 Sentencia del 3 de octubre de 2019. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Rad. No.: 70001-23-33-

000-2014-00186-01(AG).

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

positivamente los derechos de las personas recluidas en los diversos y numerosos
establecimientos penitenciarios del país.

Es importante señalar que las acciones tutela que conjuntamente motivaron la
adopción de las referidas medidas por parte de la Corte Constitucional fueron
interpuestas por entidades públicas en representación de los internos y/o por estos,
recluidos en 16 establecimientos penitenciarios y carcelarios, así por ejemplo, en el
caso del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Sincelejo (La Vega), la tutela fue interpuesta por la Personería Municipal de Sincelejo
y Defensoría Regional del Pueblo de Sucre, en representación de los internos de
dicho establecimiento, contra el INPEC, CAPRECOM, el municipio de Sincelejo y el
departamento de Sucre.

• La Sección Quinta de esta Corporación, frente a una acción de tutela interpuesta por
el Defensor del Pueblo de Sucre en nombre de los internos del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo, indicó que, si bien
dicha acción, al igual que lo sucedido con la sentencia T-762 de 2015, tenían como
origen la deficiente prestación de los servicios de salud de los internos, aquella
propendía también por la prestación de los servicios médicos de los internos con VIH
y de otras patologías y porque se dicten órdenes que logren atender la epidemia de
varicela que se presenta en la cárcel de Sincelejo.

En virtud de lo anterior, frente a la sentencia de tutela de primera instancia, esta
Corporación ● la confirmó en cuanto amparó los derechos fundamentales a la vida, a
la salud y a la dignidad humana de los internos del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Sincelejo; ● la modificó respecto de la orden de
estarse a lo resuelto en la sentencia T-762 de 2015, bajo el entendido de que las
órdenes impartidas por la Corte Constitucional pretenden superar el ECI presentado
en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país; ● y la adicionó al impartir órdenes
particulares dirigidas a todas las demandadas, con el fin de que intervengan,
participen, colaboren y vigilen su cumplimiento.

Así las cosas, la circunstancia de que el único daño acreditado en el presente caso
se encuentre circunscrito a la reclamación de facetas esenciales del derecho de la
dignidad humana de los internos Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
y Carcelario de Sincelejo (La Vega), conduce a que la Sala concluya que las medidas
dictadas por la Corte Constitucional y por la Sección Quinta del Consejo de Estado
sean suficientes para la satisfacción progresiva de dicho propósito. Se advierte que
no resulta procedente ninguna indemnización pecuniaria, puesto que no por el hecho
de las dificultades en el seguimiento y cumplimiento de las medidas contenidas en las
órdenes dictadas por la Corte Constitucional, resulta dable concluir que estas sean
insuficientes. Para la Sala aceptar la excepcionalidad de la indemnización sólo sería
dable si se demostrara la indolencia e indiferencia del Estado en la superación de un
ECI en el que precisamente se ocasionan los daños en cuestión […]”

Tampoco hay lugar a mantener la medida consistente en la realización de un acto
público de disculpas, pues esta no resulta necesaria para garantizar la reparación
integral en el presente caso. En efecto, la vulneración de los derechos de la
población privada de la libertad y las condiciones inconstitucionales de reclusión en
el establecimiento penitenciario ya fueron ampliamente reconocidas por la Corte
Constitucional al declarar y mantener el ECI. En ese contexto, un acto adicional de

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

disculpas no aporta un efecto reparador distinto o complementario al ya derivado de
dicho reconocimiento institucional, ni contribuye de manera efectiva a la superación
de las causas estructurales que originaron el daño.

En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en el sentido
de adicionar un numeral que disponga declarar probada de oficio la excepción de
falta de legitimación en la causa por activa de las siguientes personas: Jeferson
González Pardo; Juvenal Riaño Alarcón; Leonel Rangel Gil; Francisco Becerra
Fonseca; Cristian David Barrero Mejía; Fabián Molina Pachón; Rigoberto Ospina
Cárdenas; Fabio Rodríguez Garzón; Jorge Andrés Torres Sabogal; Manuel Enrique
Vargas Cogollo; Iván Darío Díaz Forero; Elber Germán Torres; Pedro Asencio
Puentes Seco; Juan de Jesús Valero; Héctor David Beltrán Beltrán; Juan Bernardo
Sánchez Ruiz; José Jesús Montoya; William Hernando Lozano Romero; Ana Rosa
Romero; Guillermo Lozano Bello; Jorge Alberto Navarro Artunduaga; Hernando
Alfredo Parra Callejas; Héctor José Noé Salazar; Maximiliano Antonio Ruiz Peraha;
Jefferson Gualteros Núñez; William Alexander Carvajal Romero; Wilson Hernández
Bohórquez; Pablo Emilio Guerrero Ramírez; Jonny Miguel Rodríguez Sierra; Luis
Eduardo Milgues Sediel; Carlos Orlando Gómez Parra; José Vicente Castañeda
Castellanos; José Enrique Combiza; Jhon Alexander Romero; Johan Eliecer Cantor
Dotor; Heraclio Napoleón Acosta Melo; Jorge Enrique Rincón Hernández; Luis
Carlos Aguilar Yate; Fernando Alfonso Silva Rodríguez; Octavio Cárdenas López;
José Orlando Castañeda; Silvio Celis; Cesar Augusto Herrera Hernández; Janer
Leonardo Angulo Cortés; Collin Cambel Girón; Hernando Quimbaya Montealegre;
Mauricio Guzmán Rodríguez; Agustín Rubio Torres; José Julián Osorio Hernández;
José Ignacio Lara León; Óscar David Coronado Buitrago; Luis Fernando Murillo
Gómez; Óscar Camilo Peñuela Guatibonza; Armando Sánchez Carvajal; Juan
Pablo Angulo Murillo; Omar Emilio Durán Zúñiga; Juan Carlos Ciranicicua; Jhon
Mauricio Padilla; Abraham Ramírez Zárate; José Ricardo Aroca Céspedes; Marco
Guillermo Duque; Agustín Vargas Hernández; Wilinton Rozada Guisa; Uriel David
Contreras Gordillo; Darwin Lizarazo Salas; Javier Urán Benítez; Blanca Lilia
Rodríguez; Haida Martínez Jiménez y Valentina Ruiz Martínez.

En ese orden, de acuerdo con todo lo expuesto ut supra se revocará la condena
impuesta al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la USPEC por concepto de

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

perjuicios materiales, morales y por la afectación a bienes constitucional y
convencionalmente protegidos, toda vez que no se acreditó la existencia de los
perjuicios indemnizables reclamados y las medidas de reparación no pecuniarias
ordenadas por el a quo reproducen mandatos estructurales previamente impartidos
por la Corte Constitucional en el marco del ECI, los cuales ya cuentan con un
mecanismo específico de seguimiento y cumplimiento. La Sala precisa que, la
anterior conclusión no modifica la condena impuesta al INPEC, entidad respecto de
la cual la sentencia de primera instancia permanecerá incólume, pues lo decidido
frente a ella no fue objeto de impugnación. En consecuencia, como se indicó en
precedencia, dicha entidad deberá responder por el 33,33% de la condena impuesta
en primera instancia.

En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de este proveído se modificará la
sentencia del 4 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el
sentido de declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de algunas
personas y declarar la responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho, de
la USPEC y del INPEC.

10. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la

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Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la USPEC, por ser
la parte vencida en el proceso.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho137 en segunda instancia, se entienden
causadas debido a la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora138.

Así, el Acuerdo 1887 de 2003139 proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con cuantía
en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del valor de
las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.

En este sentido, comoquiera que la parte demandante en segunda instancia
presentó alegatos de conclusión, lo cual denota un comportamiento activo en el
trámite procesal, habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo del
Ministerio de Justicia y del Derecho y de la USPEC, en partes iguales, y a favor del
grupo demandante, las cuales se fijan en la suma equivalente al cero punto uno
(0.1%) de las pretensiones solicitadas en la demanda, que deberán ser liquidadas
por Secretaría.

137 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
138 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
139 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 4 de agosto de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en el sentido de agregar el siguiente numeral:

“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa de las siguientes personas, por las razones expuestas
en la parte considerativa de este proveído: Jeferson González Pardo; Juvenal
Riaño Alarcón; Leonel Rangel Gil; Francisco Becerra Fonseca; Cristian David
Barrero Mejía; Fabián Molina Pachón; Rigoberto Ospina Cárdenas; Fabio
Rodríguez Garzón; Jorge Andrés Torres Sabogal; Manuel Enrique Vargas
Cogollo; Iván Darío Díaz Forero; Elber Germán Torres; Pedro Asencio Puentes
Seco; Juan de Jesús Valero; Héctor David Beltrán Beltrán; Juan Bernardo
Sánchez Ruiz; José Jesús Montoya; William Hernando Lozano Romero; Ana
Rosa Romero; Guillermo Lozano Bello; Jorge Alberto Navarro Artunduaga;
Hernando Alfredo Parra Callejas; Héctor José Noé Salazar; Maximiliano
Antonio Ruiz Peraha; Jefferson Gualteros Núñez; William Alexander Carvajal
Romero; Wilson Hernández Bohórquez; Pablo Emilio Guerrero Ramírez;
Jonny Miguel Rodríguez Sierra; Luis Eduardo Milgues Sediel; Carlos Orlando
Gómez Parra; José Vicente Castañeda Castellanos; José Enrique Combiza;
Jhon Alexander Romero; Johan Eliecer Cantor Dotor; Heraclio Napoleón
Acosta Melo; Jorge Enrique Rincón Hernández; Luis Carlos Aguilar Yate;
Fernando Alfonso Silva Rodríguez; Octavio Cárdenas López; José Orlando
Castañeda; Silvio Celis; Cesar Augusto Herrera Hernández; Janer Leonardo
Angulo Cortés; Collin Cambel Girón; Hernando Quimbaya Montealegre;
Mauricio Guzmán Rodríguez; Agustín Rubio Torres; José Julián Osorio
Hernández; José Ignacio Lara León; Óscar David Coronado Buitrago; Luis
Fernando Murillo Gómez; Óscar Camilo Peñuela Guatibonza; Armando
Sánchez Carvajal; Juan Pablo Angulo Murillo; Omar Emilio Durán Zúñiga; Juan
Carlos Ciranicicua; Jhon Mauricio Padilla; Abraham Ramírez Zárate; José
Ricardo Aroca Céspedes; Marco Guillermo Duque; Agustín Vargas
Hernández; Wilinton Rozada Guisa; Uriel David Contreras Gordillo; Darwin
Lizarazo Salas; Javier Urán Benítez; Blanca Lilia Rodríguez; Haida Martínez
Jiménez y Valentina Ruiz Martínez.

SEGUNDO: REVOCAR la condena impuesta al Ministerio de Justicia y del Derecho
y a la USPEC por concepto de perjuicios materiales, morales y por la afectación a
bienes constitucional y convencionalmente protegidos.

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Radicado: 25000234100020130256801
Demandante: Luis Alberto Rubio Cortez y otros

TERCERO: CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia de primera instancia.

CUARTO: CONDENAR en costas al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la
USPEC, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando
en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del
Proceso.

Como agencias en derecho en esta instancia, se fija el cero punto uno (0.1%) de las
pretensiones solicitadas en la demanda, a cargo del Ministerio de Justicia y del
Derecho y de la USPEC y a favor del grupo demandante.

QUINTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto
VF

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