Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02687-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02687-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2013-02687-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
5 de diciembre de 2024
Radicación: 25000 23 41 000 2013 02687 01
Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 41 000 2013 02687 01
Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Tesis: No son nulos los actos administrativos mediante los cuales
se sancionó a una sociedad por incurrir en la infracción
cambiaria consistente en informar extemporáneamente la
cancelación de una inversión extranjera, habida cuenta de
que en la actuación administrativa la demandante se allanó
de forma expresa y por la totalidad de los cargos que le
formularon por ese hecho y en la demanda no controvirtió la
validez de dicho acto, en tanto no desconocieron normas
superiores ni fueron expedidos con falsa motivación, ni
violación del derecho de audiencia y defensa ni del principio
de confianza legítima.
El monto de la sanción impuesta es proporcional en la medida
en que no resulta excesiva en consideración a la conducta
que dio lugar a ella y la actuación desplegada por la
investigada en el trámite administrativo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 22 de enero de 2015, mediante
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección, B negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho formulada en contra de la Superintendencia
de Sociedades.
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1
Radicación: 25000 23 41 000 2013 02687 01
Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Münchener Rückversicherungs1, actuando por conducto de
apoderado judicial, presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011, en contra de la Superintendencia de Sociedades, en
la cual formuló las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“A. Pretensiones Declarativas
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 230-005220 del 2 de
octubre de 2012 (Radicación No. 2012-01-282441), expedida por la Coordinadora
del Grupo de Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades y
notificada personalmente a mi representada el 17 de octubre de 2012, en cuanto
a través de la misma se declaró́ que Munich Re contravino lo dispuesto en el
numeral 7.2.9. de la Circular Externa Reglamentaria DCIN-83 y los artículos 3° y
22° del Decreto 1716 de 1991, y, en consecuencia, se le impuso una sanción
pecuniaria, habida cuenta de que fue expedida con infracción de las normas en
que debería fundarse.
Primera Pretensión Subsidiaria a la Primera Pretensión: Que se declare
la nulidad de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012
(Radicación No. 2012- 01-282441), expedida por la Coordinadora del Grupo de
Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades y notificada
personalmente a mi representada el 17 de octubre de 2012, en cuanto a través
de la misma se declaró que Munich Re contravino lo dispuesto en el numeral
7.2.9. de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 y los artículos 3° y 22° del
Decreto 1716 de 1991, y, en consecuencia, se le impuso una sanción pecuniaria,
habida cuenta de que fue expedida mediante falsa motivación.
Segunda Pretensión Subsidiaria a la Primera Pretensión: Que se declare
la nulidad de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012
(Radicación No. 2012-01-282441), expedida por la Coordinadora del Grupo de
Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades y notificada
personalmente a mi representada el 17 de octubre de 2012, en cuanto a través
de la misma se declaró que Munich Re contravino lo dispuesto en el numeral
7.2.9. de la Circular Externa Reglamentaria DCIN-83 y los artículos 3° y 22° del
Decreto 1716 de 1991, y, en consecuencia, se le impuso una sanción pecuniaria,
habida cuenta de que fue expedida con (sic) desconociendo el derecho de
audiencia y defensa de Munich Re.
1
En adelante Munich Re.
2
Folios 1 a 33 del cuaderno núm. 1 de primera instancia, el cual se encuentra digitalizado en el índice núm.
35 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI.
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Radicación: 25000 23 41 000 2013 02687 01
Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se declare la
nulidad de la Resolución No. 301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No.
2013-01-127235), expedida por la Directora de Supervisión de Sociedades de la
Superintendencia de Sociedades, en cuanto a través de la misma se confirmó en
todas sus partes la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012, habida
cuenta de que fue expedida con infracción de las normas en que debería fundarse.
Primera Pretensión Subsidiaria a la Segunda Pretensión: Que, como
consecuencia de la anterior declaración, se declare la nulidad de la Resolución
No. 301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No. 2013-01-127235),
expedida por la Directora de Supervisión de Sociedades de la Superintendencia
de Sociedades, en cuanto a través de la misma se confirmó en todas sus partes
la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012, habida cuenta de que
fue expedida mediante falsa motivación.
Segunda Pretensión Subsidiaria a la Segunda Pretensión: Que, como
consecuencia de la anterior declaración, se declare la nulidad de la Resolución
No. 301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No. 2013-01-127235),
expedida por la Directora de Supervisión de Sociedades de la Superintendencia
de Sociedades, en cuanto a través de la misma se confirmó en todas sus partes
la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012, habida cuenta de que
fue expedida desconociendo el derecho de audiencia y defensa de Munich Re.
TERCERA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se declare que la Superintendencia de
Sociedades se encuentra obligada a restituirle a Munich Re, la suma de dos mil
veinticinco millones ciento tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos
($2.025.103.264.00), la cual fue pagada por Munich Re en cumplimiento de lo
ordenado por la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación
No. 2012-01-282441), confirmada por la Resolución No. 301- 002669 del 19 de
abril de 2013 (Radicación No. 2013-01-127235).
CUARTA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se declare que la Superintendencia de
Sociedades se encuentra obligada a restituirle a Munich Re, la suma de dinero de
que trata la pretensión anterior debidamente actualizada a la fecha de su pago,
de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor -IPC debidamente
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE.
QUINTA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se declare que la Superintendencia de
Sociedades se encuentra obligada a indemnizarle a Munich Re todos los daños y
perjuicios materiales que le causó como consecuencia de la sanción impuesta la
Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-01-
282441), confirmada por la Resolución No. 301- 002669 del 19 de abril de 2013
(Radicación No. 2013-01-127235), en el monto en que se pruebe en el presente
proceso, incluyendo, pero sin limitarse a, el lucro cesante y el daño emergente.
SEXTA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se declare que la Superintendencia de
Sociedades se encuentra obligada a indemnizarle a Munich Re todos los daños y
perjuicios inmateriales, particularmente el daño a su buen nombre y a su
reputación, que le causó como consecuencia de la sanción impuesta mediante la
Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-01-
282441), confirmada por la Resolución No. 301- 002669 del 19 de abril de 2013
(Radicación No. 2013-01-127235), en el monto en que se pruebe en el presente
proceso.
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Radicación: 25000 23 41 000 2013 02687 01
Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
SÉPTIMA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
declare que la Superintendencia de Sociedades se encuentra obligada a pagar las
costas y agencias en derecho que se causen por razón del presente proceso.
B. Pretensiones de condena
OCTAVA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia de Sociedades a
restituirle a Munich Re, la suma de dos mil veinticinco millones ciento tres mil
doscientos sesenta y cuatro pesos ($2.025.103.264.00), la cual fue pagada por
Munich Re en cumplimiento de lo ordenado por la Resolución No. 230-005220 del
2 de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-01-282441), confirmada por la
Resolución No. 301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No. 2013-01-
127235).
NOVENA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia de Sociedades a
restituirle a Munich Re, la suma de dinero de que trata la pretensión anterior
debidamente actualizada a la fecha de su pago, de conformidad con el Índice de
Precios al Consumidor —IPC debidamente certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística — DANE.
DÉCIMA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia de
Sociedades a indemnizarle a Munich Re todos los daños y perjuicios materiales
que le causó como consecuencia de la sanción impuesta mediante por la
Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-01-
282441), confirmada por la Resolución No. 301- 002669 del 19 de abril de 2013
(Radicación No. 2013-01-127235), en el monto en que se pruebe en el presente
proceso, incluyendo, pero sin limitarse a, el lucro cesante y el daño emergente.
DÉCIMA PRIMERA: Que, también como consecuencia de las anteriores
declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
Superintendencia de Sociedades a indemnizarle a Munich Re todos los daños y
perjuicios inmateriales, particularmente el daño a su buen nombre y a su
reputación, que le causó como consecuencia de la sanción impuesta mediante por
la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-
01-282441), confirmada por la Resolución No. 301-002669 del 19 de abril de
2013 (Radicación No. 2013-01-127235), en el monto en que se pruebe en el
presente proceso.
DÉCIMA SEGUNDA: Que, también como consecuencia de las anteriores
declaraciones, se condene a la Superintendencia de Sociedades a pagar las costas
y agencias en derecho que se causen por razón del presente proceso.
PRETENSIONES SUBSIDIARIARIAS
A. Pretensiones Declarativas
PRIMERA: Que se declare la nulidad del artículo primero de la Resolución No.
230- 005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-01-282441),
expedida por la Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa de la
Superintendencia de Sociedades y notificada personalmente a mi representada el
17 de octubre de 2012, en cuanto a través del mismo se sancionó a Munich Re
por una suma por la cual no podría ser sancionada, habida cuenta de que fue
expedida con infracción de las normas en que debería fundarse.
Primera Pretensión Subsidiaria a la Primera Pretensión: Que se declare
la nulidad del artículo primero de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000 23 41 000 2013 02687 01
Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
de 2012 (Radicación No. 2012-01-282441), expedida por la Coordinadora del
Grupo de Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades y
notificada personalmente a mi representada el 17 de octubre de 2012, en cuanto
a través del mismo se sancionó a Munich Re por una suma por la cual no podría
ser sancionada, habida cuenta de que fue expedida mediante falsa motivación.
Segunda Pretensión Subsidiaria a la Primera Pretensión: Que se declare
la nulidad del artículo primero de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre
de 2012 (Radicación No. 2012-01-282441), expedida por la Coordinadora del
Grupo de Inversión y Deuda Externa de la Superintendencia de Sociedades y
notificada personalmente a mi representada el 17 de octubre de 2012, en cuanto
a través del mismo se sancionó a Munich Re por una suma por la cual no podría
ser sancionada, se le impuso una sanción pecuniaria, habida cuenta de que fue
expedida con (sic) desconociendo el derecho de audiencia y defensa de Munich
Re.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se declare la
nulidad del artículo primero Resolución No. 301-002669 del 19 de abril de 2013
(Radicación No. 2013-01-127235), expedida por la Directora de Supervisión de
Sociedades de la Superintendencia de Sociedades, en cuanto a través de la
misma se confirmó el artículo primero de la Resolución No. 230-005220 del 2 de
octubre de 2012, habida cuenta de que fue expedida con infracción de las normas
en que debería fundarse.
Primera Pretensión Subsidiaria a la Segunda Pretensión: Que, como
consecuencia de la anterior declaración, se declare la nulidad del artículo
primero Resolución No. 301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No.
2013-01- 127235), expedida por la Directora de Supervisión de Sociedades de
la Superintendencia de Sociedades, en cuanto a través de la misma se confirmó́
el artículo primero de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012,
habida cuenta de que fue expedida mediante falsa motivación.
Segunda Pretensión Subsidiaria a la Segunda Pretensión: Que, como
consecuencia de la anterior declaración, se declare la nulidad del artículo
primero Resolución No. 301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No.
2013-01- 127235), expedida por la Directora de Supervisión de Sociedades de
la Superintendencia de Sociedades, en cuanto a través de la misma se confirmó́
el artículo primero de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012,
habida cuenta de que fue expedida desconociendo el derecho de audiencia y
defensa de Munich Re.
TERCERA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se declare que la Superintendencia de
Sociedades se encuentra obligada a restituirle a Munich Re, la suma de dos mil
veinticinco millones ciento tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos
($2.025.103.264.00), la cual fue pagada por Munich Re en cumplimiento de lo
ordenado por el artículo primero la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre
de 2012 (Radicación No. 2012-01-282441), confirmado por el artículo primero de
la Resolución No. 301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No. 2013-01-
127235).
Primera Pretensión Subsidiaria a la Tercera Pretensión: Que, como
consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del
derecho, se declare que la Superintendencia de Sociedades se encuentra
obligada a restituirle a Munich Re la diferencia entre la suma que determine el
H. Tribunal como monto de la sanción y el mayor valor pagado por Munich Re
en cumplimiento de lo ordenado por el artículo primero de la Resolución No.
230-005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-01-282441),
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Radicación: 25000 23 41 000 2013 02687 01
Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
confirmado por el artículo primero de la Resolución No. 301-002669 del 19 de
abril de 2013 (Radicación No. 2013-01- 127235).
CUARTA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se declare que la Superintendencia de
Sociedades se encuentra obligada a restituirle a Munich Re, la suma de dinero de
que trata la pretensión anterior debidamente actualizada a la fecha de su pago,
de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor —IPC debidamente
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE.
QUINTA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se declare que la Superintendencia de
Sociedades se encuentra obligada a indemnizarle a Munich Re todos los daños y
perjuicios materiales que le causó como consecuencia de la sanción impuesta
mediante el artículo primero de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre
de 2012 (Radicación No. 2012-01-282441), confirmada por el artículo primero de
la Resolución No. 301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No. 2013-01-
127235), en el monto en que se pruebe en el presente proceso, incluyendo, pero
sin limitarse a, el lucro cesante y el daño emergente.
SEXTA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se declare que la Superintendencia de
Sociedades se encuentra obligada a indemnizarle a Munich Re todos los daños y
perjuicios inmateriales, particularmente el daño a su buen nombre y a su
reputación, que le causó como consecuencia de la sanción impuesta mediante el
artículo primero de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012
(Radicación No. 2012-01-282441), confirmada por el artículo primero de la
Resolución No. 301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No. 2013-01-
127235), en el monto en que se pruebe en el presente proceso.
SÉPTIMA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, se
declare que la Superintendencia de Sociedades se encuentra obligada a pagar las
costas y agencias en derecho que se causen por razón del presente proceso.
B. Pretensiones de Condena
OCTAVA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia de Sociedades a
restituirle a Munich Re, la suma de dos mil veinticinco millones ciento tres mil
doscientos sesenta y cuatro pesos ($2.025.103.264.00), la cual fue pagada por
Munich Re en cumplimiento de lo ordenado por el artículo primero de la
Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-01-
282441), confirmado por el artículo primero de la Resolución No. 301-002669 del
19 de abril de 2013 (Radicación No. 2013-01-127235).
Primera Pretensión Subsidiaria a la Octava Pretensión: Que, como
consecuencia de las anteriores declaraciones, y a tiítulo de restablecimiento del
derecho, se declare que la Superintendencia de Sociedades se encuentra
obligada a restituirle a Munich Re la diferencia entre la suma que determine el
Despacho como sanción y el mayor valor pagado por Munich Re en cumplimiento
de lo ordenado por el artículo primero de la Resolución No. 230-005220 del 2
de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-01-282441), confirmado por el
artículo primero de la Resolución No. 301- 002669 del 19 de abril de 2013
(Radicación No. 2013-01-127235).
NOVENA: Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia de Sociedades a
restituirle a Munich Re, la suma de dinero de que trata la pretensión anterior
debidamente actualizada a la fecha de su pago, de conformidad con el Índice de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000 23 41 000 2013 02687 01
Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
Precios al Consumidor —IPC debidamente certificado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística -DANE.
DÉCIMA: Que, también como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a
título de restablecimiento del derecho, se condene a la Superintendencia de
Sociedades a indemnizarle a Munich Re todos los daños y perjuicios materiales
que le causó como consecuencia de la sanción impuesta por el artículo primero
de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación No. 2012-
01-282441), confirmada por el artículo primero de la Resolución No. 301-002669
del 19 de abril de 2013 (Radicación No.2013-01-127235), en el monto en que se
pruebe en el presente proceso, incluyendo, pero sin limitarse a, el lucro cesante
y el daño emergente.
DÉCIMA PRIMERA: Que, también como consecuencia de las anteriores
declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
Superintendencia de Sociedades a indemnizarle a Munich Re todos los daños y
perjuicios inmateriales, particularmente el daño a su buen nombre y a su
reputación, que le causó como consecuencia de la sanción impuesta por el artículo
primero de la Resolución No. 230-005220 del 2 de octubre de 2012 (Radicación
No. 2012-01-282441), confirmada por el artículo primero de la Resolución No.
301-002669 del 19 de abril de 2013 (Radicación No. 2013-01-127235), en el
monto en que se pruebe en el presente proceso.
DÉCIMA SEGUNDA: Que, también como consecuencia de las anteriores
declaraciones, se condene a la Superintendencia de Sociedades a pagar las costas
y agencias en derecho que se causen por razón del presente proceso.” 3
1.1.2. Hechos fundamento de la demanda
1.1.2.1. En el año 2001 la sociedad Munich Re formalizó una operación
de inversión extranjera directa en Colombia por valor de US$ 40.000.000.
Como resultado de la operación, para el 1 de julio de 2008 la demandante
era propietaria de 12.424 acciones en la sociedad SIA Inversiones S.A.,
inversión que se encontraba registrada en el Banco de la República.
1.1.2.2. El 1 de agosto de 2008 se perfeccionó la fusión entre SIA
Inversiones S.A. y el Grupo Suramericana de Inversiones S.A.4 en virtud
de la cual esta última sociedad absorbió la primera. Como consecuencia
de ello, los accionistas de SIA Inversiones recibieron 926,3598 acciones
en el Grupo Suramericana por cada acción de la que eran propietarios en
SIA. Así, por la participación que tenía Munich Re inicialmente le
correspondía recibir 11.509.094 acciones de la sociedad Grupo
3
Folios 12 a 18 del cuaderno núm. 1 de primera instancia, disponible en el índice 35 del historial de actuaciones
de SAMAI.
4
En adelante “Grupo Suramericana”
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Radicación: 25000 23 41 000 2013 02687 01
Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
Suramericana. No obstante, en el lapso entre el compromiso de fusión y
su protocolización, el Grupo Suramericana le entregó a la demandante
139 acciones de SIA Inversiones S.A., de manera que para la fecha en la
que se perfeccionó la fusión resultó siendo titular de 12.563 acciones de
SIA Inversiones S.A., por lo que le correspondieron 11.637.858 acciones
en Grupo Suramericana.
1.1.2.3. En el año 2009 Munich Re vendió su participación accionaria en
Grupo Suramericana, lo que implicaba la cancelación de la inversión
extranjera directa en Colombia. La operación se realizó entre el 5 de
marzo y el 18 de noviembre de 2009 y, mediante comunicación con
radicado DER-BOG-61111-2009 de 18 de diciembre de 2009, la
demandante solicitó la sustitución de la inversión extranjera por cambio
en la empresa receptora de la inversión, que ocurrió como consecuencia
de la fusión entre SIA Inversiones S.A. y Grupo Suramericana.
1.1.2.4. El 31 de marzo de 2010, bajo el código DER-BOG-14156-2010,
la demandante presentó ante el Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República un memorial solicitando la
cancelación de la inversión extranjera debido a la venta de las acciones
que tenía en Grupo Suramericana.
1.1.2.5. A través de comunicación DCIN-12703 de 12 de julio de 2010 el
Departamento de Cambios Internaciones del Banco de la República le
informó a la demandante que la solicitud de cancelación de inversión
extranjera directa no se había presentado en debida forma, por cuanto en
la base de datos de la entidad no reportaba que la sociedad Munich Re
tuviera acciones registradas en la sociedad Grupo Suramericana. En
consecuencia, el Banco le otorgó a la demandante el término de 2 meses
para aclarar el origen de las 139 acciones relacionadas en la solicitud de
registro de sustitución de inversión extranjera en la cual el Grupo
Suramericana absorbió a SIA Inversiones S.A. y advirtió que el registro
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de la cancelación de la inversión procedería una vez se realice el registro
de sustitución de inversión extranjera anterior.
1.1.2.6. El 12 de agosto de 2010 Munich Re remitió comunicación al Banco
de la República con el fin de aclarar que el origen de las 139 acciones
corresponde a que le fueron otorgadas por el Grupo Suramericana como
compensación por variaciones patrimoniales en SIA Inversiones S.A.
entre la fecha del compromiso de fusión y el perfeccionamiento de esa
operación.
1.1.2.7. A través de comunicación de 24 de septiembre de 2010 el
Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República le
pidió a la demandante remitir el “Registro de Inversión Extranjera”
(formulario núm. 11) actualizado con los valores correctos, tras advertir
que en el caso de las sustituciones por el cambio de empresa receptora,
incluidas las fusiones, el documento soporte es la escritura pública con la
cual se perfeccionó el acto. En la comunicación se le dijo que, según la
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83, la sustitución se debe solicitar
ante el Departamento de Cambios a más tardar el 31 de marzo del año
siguiente al de la realización de la operación. Por ende, se le otorgó a la
demandante el plazo de 2 meses para allegar el documento requerido y,
en cuanto a la solicitud de cancelación de la inversión, el Banco reiteró
que primero se debía realizar la sustitución de la inversión y luego se
procedería con el trámite de la cancelación.
1.1.2.8. El representante legal de Munich Re solicitó la celebración de una
reunión con los funcionarios del Banco de la República con el fin de aclarar
la confusión persistente, la cual tuvo lugar el 22 de diciembre de 2010 y
en la que se acordó que la demandante reuniría la información y
documentos pertinentes.
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1.1.2.9. El 9 de febrero de 2011 Munich Re radicó la información pedida
y en esa misma fecha el Banco de la República registró la cancelación de
la inversión extranjera en carta de la Cancelación de Registro CIE03305.
1.1.2.10. Mediante oficio DCIN-07981 de 15 de abril de 2011 el Banco de
la República informó sobre los sujetos que realizaron registros por
concepto de inversiones internacionales, entre las cuales se incluyó a la
demandante. De acuerdo con el oficio, la fecha de la contabilización de la
cancelación de la inversión extranjera directa de Munich Re fue el 18 de
noviembre de 2009, de manera que el reporte respectivo se debía
presentar el 31 de marzo de 2010; no obstante, la fecha de registro de la
cancelación fue el 9 de febrero de 2011.
1.1.2.11. Por auto núm. 230-017273 de 26 de octubre de 2010 la
coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa de la
Superintendencia de Sociedades abrió la investigación administrativa
cambiaria y formuló cargos en contra de Munich Re “por posible violación
al artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 y sus modificaciones en
concordancia con el numeral 7.2.9 punto 2 de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN-83 de 2003 y sus modificaciones, por no haber informado
al Banco de la República dentro del término legal, la cancelación del
registro de la inversión extranjera”5.
1.1.2.12. El 26 de diciembre de 2011, la apoderada de la parte
demandante radicó un memorial en el que manifestó su allanamiento total
al acto de formulación de cargos en los siguientes términos: “La suscrita,
en calidad de apoderada del Inversionista, me permito manifestar que, a
nombre del mismo me allano a todos y cada uno de los cargos formulados
por la Superintendencia de Sociedades dentro del expediente 230-27960.
Para el efecto, acepto que la solicitud de cancelación de inversión
extranjera mencionada anteriormente, no se registró́ ante el Banco de la
5
Folio 532 del cuaderno núm. 1 del expediente de primera instancia, disponible en el índice 35 del historial de
actuaciones de SAMAI.
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República dentro del término legal”6. En consecuencia, solicitó que en la
liquidación de la multa a imponer se tuviera en cuenta la reducción a la
que se refiere el artículo 22 del Decreto 1746 de 1991, de manera que el
monto sea proporcional a la infracción y a la manifestación de
allanamiento.
1.1.2.13. A través de la Resolución núm. 2030-005220 de 2 de octubre
de 2010 la Superintendencia de Sociedades sancionó a Munich Re por
violación a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2080 de 18 de octubre
de 2000, en concordancia con el numeral 7.2.9 punto 2 de la Circular
Reglamentaria DCIN-83 de 21 de noviembre de 2003, por la cancelación
extemporánea de la inversión contabilizada el 18 de noviembre de 2009.
En consecuencia, le impuso una multa por la suma de $2.025.103.264.00
“equivalente al 0.91% del valor total de la infracción cambiaria
comprobada, que ascendió a la suma total de US$113.181.073.86, a una
tasa de cambio de S1.966.22, equivalentes a $222.538.82.216 (sic),
correspondientes a 11.637.858 acciones o derechos”7, en consideración a
la extemporaneidad de 10 meses y fracción.
1.1.2.14. La demandante interpuso recurso de reposición en contra de la
anterior decisión, en el que solicitó que la multa impuesta fuera reducida
con fundamento en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y
argumentando que en el asunto no existe identidad entre la operación
objeto de reporte y la infracción cambiaria.
1.1.2.15. El recurso fue decidido a través de la Resolución núm. 301-
002669 de 19 de abril de 2013, en el sentido de confirmar integralmente
el acto recurrido.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
6
Folio 558 del cuaderno núm. 1 del expediente de primera instancia, disponible en el índice 35 del historial de
actuaciones de SAMAI.
7
Folio 10 del cuaderno núm. 1 de primera instancia, disponible en el índice 35 del historial de actuaciones de
SAMAI.
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La parte demandante fundamentó el concepto de la violación a partir de
los siguientes cargos:
1.1.3.1. INFRACCIÓN DE LAS NORMAS EN QUE LAS
RESOLUCIONES DEMANDADAS DEBERÍAN FUNDARSE
La parte demandante reprochó que la Superintendencia desconoció la
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 y el Decreto 1746 de 1991, por
la cual se establece el procedimiento administrativo cambiario. Afirmó que
en el asunto existió una confusión respecto de las acciones que Munich
Re vendió para cancelar su inversión en el Grupo Suramericana, lo cual
fue equiparado a un supuesto incumplimiento en la fecha que se debió
informar de la cancelación de la inversión extranjera, cuando en realidad
no existió infracción al régimen cambiario, tal como, a su juicio, lo
demuestra el registro CIE30305 de 9 de febrero de 2011.
Explicó que, en cumplimiento del numeral 2 del artículo 7.2.9. de la
Circular Reglamentaria DCIN-83, el 31 de marzo de 2010 Munich Re
informó sobre la cancelación de la totalidad de la inversión en el país, a
través de una comunicación en la que se cumplieron los requisitos
exigidos por la ley, al haberse presentado la información requerida para
la cancelación del registro, a saber: los datos de la empresa receptora,
los datos de cancelación de la inversión extranjera directa en Grupo de
Inversiones Suramericana S.A., el desarrollo de la enajenación de las
acciones de propiedad de Munich Re, y la solicitud al Banco de la
República.
Con todo, al Banco de la República le surgió una inquietud, a partir de lo
cual se inició un trámite que no se encuentra regulado y que se extendió
hasta el 9 de febrero de 2011, cuando finalmente se aclaró el estado de
las acciones de las cuales Munich Re era titular. Por ello, puso de presente
que la Circular Reglamentaria no establece cuál es el término que debe
seguirse en caso de que la autoridad cambiaria tenga duda sobre la
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información de la cancelación de una inversión en el país, y que tampoco
impone que el deber de informar antes del 31 de marzo del año siguiente
al de la realización de la inversión comprenda la subsanación de las
inquietudes de la autoridad cambiaria.
Planteó que la Superintendencia partió de dos premisas equivocadas
frente al registro de 9 de febrero de 2011, a saber: la primera, relativa a
que el plazo al que se refiere la Circular aplica para el registro de la
cancelación, no solo para informar de ella, cuando lo cierto es que, según
el numeral 2 del artículo 7.2.9., la única obligación del inversionista es la
de informar mediante comunicación escrita la cancelación el 31 de marzo
siguiente a la operación. Y la segunda, consistente en que la entidad
confundió el acto de informar con el de registrar. En ese sentido, adujo
que la obligación que recae sobre el inversionista que pretende cancelar
su inversión es la de informar sobre dicho evento, mientras que el registro
está a cargo del Banco de la República, al punto en el que la entidad
realiza esa actuación sin tener un término perentorio para el efecto. Por
ello, la Superintendencia erró al pretender trasladarle a Munich Re la
responsabilidad por el registro de la cancelación de la inversión
extranjera.
Por todo ello, planteó que el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 fue
indebidamente aplicado por la Superintendencia, en tanto no era
procedente la aplicación de una sanción por infracción al régimen
cambiario.
1.1.3.2. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
Refirió que, cuando Munich Re informó sobre la cancelación de su
inversión extranjera el Banco de la República, le requirió información
sobre el origen de 139 de las 12.563 acciones que esa empresa tenía en
SIA Inversiones antes de que se fusionara con Grupo Suramericana.
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Afirmó que, en colaboración con la entidad, le suministró al Banco las
aclaraciones requeridas, y habida cuenta de lo inusual del requerimiento,
solicitó una reunión con los funcionarios del Banco de la República con el
fin de aclarar lo concerniente al origen de las 139 acciones cuestionadas,
la cual solo pudo programarse tres meses después por disponibilidad de
los funcionarios de la entidad.
Aseveró que el representante de Munich Re estuvo en contacto
permanente con los funcionarios del Banco de la República, circunstancia
que, aunada a la de la reunión programada, le hizo confiar legítimamente
a la demandante que no resultaría sancionada por infracción al régimen
legal cambiario. Así, celebrada la reunión el 22 de diciembre de 2010,
Munich se comprometió a reunir la información sobre el particular y el 9
de febrero de 2011 radicó dichos documentos con el fin de zanjar la
confusión sobre la cancelación de su inversión extranjera.
Por ello, afirmó que las Resoluciones representaron un cambio sorpresivo
que afectó gravemente la convicción de la demandante de que las
actuaciones posteriores de la autoridad cambiaria serían coherentes con
la conducta hasta entonces desplegada.
1.1.3.3. DESPROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN IMPUESTA POR
LA SUPERINTENDENCIA A TRAVÉS DE LAS RESOLUCIONES
DEMANDADAS
Trajo a colación el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 que, respecto de
la sanción por infracción del régimen cambiario, indica que se podrá
imponer multa hasta por el 200% del monto de la infracción cambiaria
comprobada, y resaltó que, para imponer la multa, es necesario
preguntarse cuál es la supuesta infracción. En ese sentido, insistió en que
en el presente asunto se trató de un inversionista extranjero que enajenó
una inversión extranjera directa en Colombia, operación que fue
debidamente registrada ante el Banco de la República, pero que, por una
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confusión no imputable a aquel, excedió el plazo para informar su
cancelación. Por ello, a su juicio, no podía concluirse que el monto de la
inversión correspondía al monto de la infracción comprobada, ya que la
conducta sancionada no corresponde a la realización de una operación
proscrita por regulación cambiaria, sino a una omisión formal respecto de
una operación legítima, debidamente adelantada.
Así, destacó que en este caso no hay identidad entre la operación objeto
de reporte y la supuesta infracción, razón por la cual la Superintendencia
trasgredió los principios de proporcionalidad y razonabilidad, al imponer
una sanción tomando como base para su tasación el valor de la
cancelación de la inversión extranjera de Munich Re.
1.1.3.3. FALSA MOTIVACIÓN
La demandante reprochó que las Resoluciones demandadas se
fundamentaron en dos errores que configuran el vicio de falsa motivación.
Por un lado, los hechos que dieron lugar a su expedición no existieron, en
tanto Munich Re no incumplió la obligación de informar al Banco de la
República sobre la cancelación de su inversión en el Grupo Suramericana,
de manera que no hubo infracción al régimen cambiario. Por otra parte,
la demandada calificó erradamente la situación fáctica, pues consideró
equivocadamente que el trámite de solución de dudas equivalía al
incumplimiento de una obligación cambiaria que en realidad no existe.
1.1.3.4. DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA Y DE
DEFENSA DE MUNICH RE
La parte actora alegó que la Superintendencia desconoció las pruebas
documentales que aportó en el curso de la actuación, invirtió la
presunción de inocencia que la amparaba y valoró de forma amañada lo
obrante en el expediente para justificar una sanción ilegítima, lo cual
explica el alcance equivocado que le dio a la comunicación mediante la
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cual Munich Re dio cumplimiento a la obligación de informar sobre la
cancelación de su inversión extranjera en Colombia.
Finalmente, trajo a colación un aparte de la Resolución núm. 230-005220,
en el que se afirmó que “de lo allegado al expediente se observa que tal
solicitud se presentó mediante escrito radicado Der-bog-14156-2010, el
31 de marzo de 2010 (folio 12), dentro del término establecido en el
régimen cambiario”. Con ello, advirtió que era claro que Munich Re
cumplió con los términos de su obligación, por lo que no había explicación
para que la Superintendencia hubiere insistido en acomodar la norma e
imponerle una sanción carente de prueba.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. La demanda fue admitida a través de auto de 13 de febrero de 2014,
en el que se ordenó su notificación a la Superintendencia de Sociedades,
al Ministerio Público a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. La Superintendencia de Sociedades contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones, para lo cual expuso los siguientes
argumentos8:
En primer lugar, al referirse a los hechos relatados en la demanda, aclaró
que, a través de la comunicación DCIN-12703 de 12 de julio de 2010, el
Banco de la República observó que, de acuerdo a lo previsto en la Circular
Reglamentaria DCIN-83 y sus modificaciones, la solicitud no se presentó
en debida forma, y que las correcciones pertinentes debían efectuarse en
el lapso de los 2 meses siguientes, lo cual no fue cumplido por Munich Re.
Destacó que, según el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo,
de no acatarse lo pertinente en el plazo señalado, la petición inicial se
8
Folios 468 a 478 del cuaderno núm. 1 de primera instancia, disponible en el índice 35 del historial de
actuaciones de SAMAI.
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entendería desistida, tal como ocurrió en el presente caso. Por ello, afirmó
que la solicitud contenida en el escrito radicado ante el Banco de la
República el 9 de febrero de 2011 correspondió a una nueva petición y en
consecuencia el requerimiento relacionado con la cancelación de la
inversión extranjera en Colombia fue extemporáneo.
Advirtió que, luego de notificado el Auto 230-017273 de 26 de octubre de
2011, por el cual la Superintendencia dio apertura a la investigación y
formuló cargos en contra de la demandante, ésta radicó un escrito en el
término para presentar descargos en el cual la abogada Ana María
Rodríguez Maldonado, en calidad de apoderada del inversionista, expresó:
“me allano a todos y cada uno de los cargos formulados por la
Superintendencia de Sociedades dentro del expediente 230-27960. Para
el efecto, acepto que la solicitud de cancelación de inversión extranjera
mencionada anteriormente, no se registró ante el Banco de la República
dentro del término legal”9.
Por otra parte, en cuanto a la determinación de la cuantía impuesta,
manifestó que el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991 le confiere a la
Superintendencia la facultad de graduar la sanción en un porcentaje que
oscila entre el 0 y el 200% del monto de la infracción cambiaria
comprobada, teniendo en cuenta las circunstancias objetivas que rodean
su comisión. Dijo que en el asunto examinado correspondió al valor del
registro de la inversión cancelada, que tuvo en cuenta la naturaleza
objetiva de la responsabilidad en materia cambiaria, los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, así como el artículo 22 del Decreto 1746
y el total del allanamiento manifestado, consecuencia de lo cual impuso
una sanción del 0,91% del total de la infracción cambiaria comprobada.
Así, destacó que el mencionado artículo 22 señala que en caso de
allanamiento la sanción no puede superar el 70% del monto de la
infracción, lo cual no ocurrió en el presente caso, y recordó que la
9
Folio 470 ibídem.
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Superintendencia de Sociedades cuenta con discrecionalidad para
imponer la sanción.
Aseveró que en el asunto examinado la demandante no acató las
disposiciones del Decreto 2080 de 18 de octubre de 2000 y sus
modificaciones, ni lo previsto en el numeral 7.2.9, punto 2, de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-83 de 21 de noviembre de 2003 del Banco
de la República y sus modificaciones, porque se realizó una cancelación
extemporánea de la inversión –contabilizada el 18 de noviembre de 2009-
. A su juicio, según las disposiciones referidas, la cancelación debió
haberse informado por el inversionista al Departamento de Cambios
Internacionales del Banco de la República a más tardar el 31 de marzo
siguiente; sin embargo, tal deber fue cumplido con el escrito DER-BOG-
05281-2011, al haber sido radicado el 9 de febrero de 2011, es decir, por
fuera del término concedido por el Banco.
Explicó que, ante el incumplimiento del plazo otorgado para subsanar, se
entendió que la accionante desistió de la petición inicial, por lo que el
Banco expidió el registro CIE03305 teniendo en cuenta la fecha de la
segunda petición. Recordó que la información que la demandante
presentó ante el Banco de la República el 31 de marzo de 2010 estaba
incompleta y que no era claro el origen de las 139 acciones de solicitud
de registro de sustitución de inversión.
Recalcó que, en todo caso, la demandante se allanó a los cargos que le
fueron imputados por la Superintendencia, al punto en el que admitió la
extemporaneidad por la cual se le sancionó.
Indicó que, si bien no existe duda en relación con el registro de las
inversiones objeto de investigación, esa circunstancia no constituye
causal de justificación ni permite exonerar la conducta infractora.
Además, el artículo 21 del Decreto 1746 de 1991 indica que la sola acción
u omisión que constituya violación de las disposiciones del régimen
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cambiario constituye una infracción cambiaria, porque la finalidad de esa
regulación es la protección del orden económico. Por ello, las
circunstancias objetivas o subjetivas que antecedieron a la investigación
no exoneran de responsabilidad a la demandante.
Finalmente, argumentó que los actos no incurrieron en falsa motivación
porque las razones que sustentaron la decisión fueron debidamente
demostradas en la investigación y explicados en la parte motiva de los
actos demandados, al punto en el que es claro que el supuesto que dio
lugar a la infracción consistió en el hecho de no haber registrado la
cancelación de la inversión extranjera en Colombia dentro del término
legal que es de forzoso cumplimiento. Insistió en que se encuentra
probada la conducta constitutiva de infracción cambiaria y los sujetos
responsables, por lo que había lugar a la imposición de la multa.
2.3. La audiencia inicial y de alegaciones y juzgamiento
2.3.1. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437
de 2011, el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, celebró audiencia inicial
el 18 de julio de 2014. Agotadas las etapas de saneamiento y decisión de
excepciones previas, el despacho fijó el litigio en el siguiente sentido:
“[…] el problema jurídico en este caso se contrae a determinar si con la expedición
de las resoluciones números 230-005220 del dos (2) de octubre de dos mil doce
(2012) y 301- 002669 del diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013) a
través de las cuales la Superintendencia de Sociedades sancionó con multa a la
sociedad demandante por la cancelación extemporánea de la inversión
contabilizada el dieciocho (18) de noviembre de dos mil nueve (2009) y resolvió́
el recurso de reposición interpuesto en contra de dicha decisión en el sentido de
confirmarla en su integridad, se infringieron normas de rango superior en que los
mismos debían fundarse, se vulneró el principio de confianza legítima, se incurrió́
en falsa motivación, se desconoció́ el derecho de audiencia y de defensa y se
impuso una sanción desproporcionada.”
2.3.2. El 26 de agosto de 2014 se llevó a cabo la audiencia de pruebas en
la cual se recibió el testimonio de Ana María Rodríguez Maldonado,
solicitado por la parte demandante. La diligencia fue suspendida y
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reanudada el 16 de septiembre de 2014, en la que rindieron testimonio
los señores José Armando Ospina Guevara y Maribel Romero Fajardo.
Finalmente, se corrió traslado para la presentación de los alegatos de
conclusión.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia de 22 de enero de 2015 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, negó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas a la demandante. Como fundamento de
su decisión en la providencia se expusieron las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, el a quo expuso que no había lugar a tener por
presentada en tiempo la solicitud de cancelación del registro de la
inversión extranjera ante el Departamento de Cambios Internacionales
del Banco de la República. Explicó que, aunque la demandante
inicialmente radicó su solicitud el 31 de marzo de 2010, la petición no fue
admitida por el Banco de la República porque no estaba clara la situación
relacionada con las 139 acciones que no estaban registradas ante el
mismo Banco. Por ello, la entidad le concedió el término de 2 meses
establecido en el artículo 13 del CCA para aclarar dicha cuestión; sin
embargo, la demandante no cumplió con la carga de completar los
requisitos en el término otorgado, lo que llevó a que la solicitud fuera
considerada como desistida, de acuerdo con la norma citada y la Circular
Reglamentaria que dispuso que el plazo no es prorrogable. Así las cosas,
advirtió que la solicitud radicada el 9 de febrero de 2011 fue claramente
extemporánea, ya que trascurrieron 11 meses desde la fecha en que la
demandante tenía la obligación de reportar la cancelación –31 de marzo
de 2010-.
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Demandante: MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS
En esa medida, dijo que, aun cuando la demandante llevó a cabo
gestiones para tratar de explicar la confusión en el trámite de las acciones,
esas labores personales no se encuentran previstas en el trámite que
regula la Circular Reglamentaria Externa y no tienen como efecto jurídico
la suspensión del término legal que tenía la sociedad para acreditar el
cumplimiento del requisito de reporte de las acciones no registradas en el
emisor. Por ello, determinó que no es cierto que se hubiere desconocido
el principio de confianza legítima, ya que las gestiones de acercamiento
entre la demandante y el Banco de la República no tuvieron como
propósito suspender el cumplimiento del requisito sobre las acciones,
mucho menos si se tiene en cuenta que el oficio de requerimiento remitido
a Munich Re señaló claramente que el incumplimiento generaba el
desistimiento de la petición y que el plazo no era prorrogable.
De otra parte, puso de presente que, durante la actuación adelantada por
la Superintendencia de Sociedades con ocasión del trámite extemporáneo
de la cancelación de inversión extranjera, la sociedad demandante se
allanó expresamente a los cargos formulados por la entidad, tal como
consta en el memorial de descargos presentado por la apoderada especial
de Munich Re, debidamente facultada para el efecto. Con fundamento en
esa manifestación, la abogada le pidió al emisor la liquidación de la multa
según lo establecido en el Decreto 1746 de 1991 y proporcional a la
infracción. Por esa razón, al haber un reconocimiento expreso de la
radicación extemporánea de la solicitud de cancelación, el Tribunal
determinó que la ocurrencia de la infracción al régimen de cambios no
podía ser objeto de discusión en el proceso, pues la actora admitió el
hecho sin restricciones, al punto en el que interpuso recurso de reposición
contra la resolución que impuso la sanción sin cuestionar el hecho
constitutivo de infracción y limitándose a exponer su desacuerdo con el
monto de la sanción impuesta. Por lo mismo, dijo que el planteamiento
sobre la supuesta confusión en las acciones de Munich Re no reportadas
quedó sin sustento ante el reconocimiento de la sociedad de la infracción
cambiaria. Por todo ello, el a quo concluyó que no se encontraba probada
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la violación de la Circular Reglamentaria DCIN 83 de 2003 ni del Decreto
1746 de 1991.
Luego determinó que el monto de la sanción no es desproporcionado ni
irrazonable, pues se ajusta a los parámetros previstos en el Decreto 1746
de 1991, teniendo en cuenta que el valor de la infracción cambiaria
imputada y reconocida por la demandante es de $222.538.820.216, de
manera que el monto de la sanción tasado en $2.025.103.264 representa
un porcentaje mínimo, frente al 200% máximo que admite la disposición,
y responde al allanamiento de la sancionada.
Seguidamente, el Tribunal adujo que los actos no están viciados de falsa
motivación, en la medida en que la demandante reconoció la infracción
cambiaria al haberse allanado a los cargos de manera libre y espontánea,
por lo que no puede aceptarse que el hecho que originó la imposición de
la sanción sea inexistente. Además, dijo que en todo caso el
incumplimiento de la presentación oportuna de la solicitud de cancelación
del registro de la inversión luego de la operación de venta llevada a cabo
por la demandante se encontraba probado en el expediente, de manera
que no es cierto que la Superintendencia de Sociedades haya calificado
erróneamente el supuesto fáctico. Por último, advirtió que la parte
demandada tuvo en cuenta las pruebas aportadas por Munich Re, tal
como se desprende de la lectura del análisis sobre el incumplimiento del
término y la situación de las 139 acciones cuestionadas, efectuado en los
actos acusados. En ese punto, recordó que la presunción de inocencia que
invoca la demandante quedó desvirtuada con su reconocimiento de
responsabilidad y que en la actual regulación del régimen de cambios la
configuración de las infracciones está caracterizada por la responsabilidad
objetiva.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
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La apoderada de la demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de 22 de enero de 2015 con sustento en los siguientes
argumentos:
En primer lugar, afirmó que el Tribunal omitió pronunciarse sobre el
primero de los cargos formulados en la demanda, según el cual “las
Resoluciones demandadas se encuentran viciadas de nulidad, habida
cuenta de que fueron expedidas en abierto y flagrante desconocimiento
de la reserva legal de que son objeto los procedimientos administrativos
sancionatorios”10. En ese sentido, afirmó que dijo que la Superintendencia
de Sociedades no estaba facultada para sancionar a la demandante, en la
medida en que la supuesta infracción y la sanción imputada se encuentran
reguladas en el Decreto 1746 de 1991 expedido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el cual corresponde a un “acto administrativo
que no goza de rango legal”11, y que debió ser inaplicado de acuerdo con
el artículo 4 de la Constitución.
Así, dijo que, para la expedición de los actos acusados, era necesario que
existiera una ley que les sirviera de fundamento y que regulara el
procedimiento sancionatorio correspondiente. En esa línea, reprochó que
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de
Sociedades usurparon las funciones del legislador al crear, la primera
entidad, un régimen sancionatorio y procedimiento administrativo
cambiario, e imponer una multa por supuesta comisión de una infracción
cambiaria sin fundamento legal, la otra entidad. En ese punto, invocó el
artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 3 y 47 del CCA para
decir que las autoridades administrativas no están facultadas para regular
los procedimientos administrativos porque ello representa una
extralimitación de sus competencias. Entonces, resaltando que el Decreto
1746 de 1991 contiene una codificación de carácter sancionatorio por
infracciones al régimen cambiario, manifestó que resultaba evidente la
10
Folio 819 del cuaderno núm. 2, del expediente de primera instancia.
11
Ibidem.
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inconstitucionalidad del Decreto y la ilegalidad de los actos demandados
por falta de competencia de la Superintendencia de Sociedades para
imponer una sanción con base en esa norma. Por ello, solicitó que el juez
de segunda instancia declare que el Decreto 1746 de 1991 no puede
aplicarse en el presente asunto por ser inconstitucional y que las
resoluciones demandadas son nulas, al punto en el que la sanción
impuesta no le podía ser exigible.
De otra parte, reiteró en que la Superintendencia “infringió las normas en
que debió fundarse, habida cuenta de que desconoció por completo los
términos del Decreto 1746 de 1991”12, ya que en el asunto no existió
infracción al régimen cambiario porque lo que hubo fue una confusión
respecto de las acciones que tenía Munich Re en el Grupo Suramericana,
lo cual se equiparó indebidamente a un incumplimiento de la fecha en que
se debió informar la cancelación, para lo cual reiteró lo dicho en la
demanda.
En ese sentido, dijo que el Tribunal se equivocó al decir que la solicitud
de cancelación no se presentó en tiempo porque la solicitud de aclaración
del Banco de la República impidió que el registro se efectuara el 31 de
marzo de 2010. Insistió en que la demandante cumplió con la única
obligación que le era exigible – informar sobre la cancelación del registro
de su inversión en Colombia en el término legal previsto -, de manera que
el hecho de que surgieran dudas sobre la información entregada no puede
entenderse como si la solicitud no hubiera sido presentada. Mucho menos,
si se tiene en cuenta que, atendiendo a la advertencia del Banco según la
cual la solicitud se entendería desistida si no se entregaba la información
solicitada en el oficio de 12 de julio de 2010 en el término de 2 meses,
Munich Re respondió el requerimiento el 12 de agosto de 2010, por lo que
cumplió con lo ordenado.
12
Folio 822 del cuaderno núm. 2, del expediente de primera instancia.
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Según la apelante, a partir del contenido de las comunicaciones emitidas
por el Banco de la República, es claro que la entidad sí tuvo por
presentada la solicitud de cancelación aludida, por lo que,
independientemente de las dudas sobre la información entregada que
impidieron que el registro de cancelación se efectuara el 31 de marzo de
2010, lo cierto es que Munich Re sí informó oportunamente de la
cancelación de su inversión.
Agregó que, contrario a la conclusión de Tribunal, el asunto no versa sobre
una infracción al régimen cambiario, sino que es consecuencia de la
confusión sobre las acciones en el Grupo Suramericana que la
demandante vendió y sobre las cuales operaría la cancelación de su
inversión. Dicha confusión, en todo caso, tuvo lugar después de que la
demandante hubiera dado cumplimiento a la obligación de información,
de lo que deviene equivocado confundir el acto de información con el acto
de registro que tuvo lugar el 9 de febrero de 2011, bajo radicado CIE3305.
Reiteró que la Circular Externa no indica cuáles son los términos y plazos
que deben observarse en caso de inquietud de la autoridad cambiaria
respecto de la información de cancelación de una inversión en el país, al
punto en el que el testigo José Armando Ospina Guevara explicó que hay
solicitudes de información que pueden tardar largos períodos en
resolverse. Igualmente, que la Circular no indica que el deber de informar
antes del 31 de marzo del año siguiente también comprende la
subsanación de todas las inquietudes de la autoridad cambiaria.
Insistió en que la sanción impuesta vulneró la confianza legítima de
Munich Re, quien realizó importantes esfuerzos por aclarar ante el Banco
de la República la confusión respecto de las 139 acciones. Así, se refirió
al testimonio rendido por José́ Armando Ospina Guevara que dio cuenta
de esas diligencias, y dijo que con base en un oficio inexacto y equivocado
del Banco de la República se reseñó el supuesto registro tardío de la
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cancelación de la inversión, que dio lugar a la sanción impuesta por la
Superintendencia.
Del mismo modo, la demandante repitió el planteamiento sobre la
desproporcionalidad de la sanción impuesta, que fundó en que en los
eventos en los que la infracción consiste en el incumplimiento de un plazo
no puede concluirse que el monto de la operación equivalga al monto de
la infracción. Además, dijo que la Superintendencia no consideró todos
los factores objetivos que rodearon la imposición de la sanción, como el
hecho de que se hubiere presentado la información oportuna de la
cancelación y la constante colaboración de Munich Re para lograr aclarar
las dudas existentes. En ese sentido, recordó que en el testimonio rendido
por la Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa de la
Superintendencia de Sociedades admitió que para la imposición de la
sanción solo se tuvo en cuenta la extemporaneidad y planteó que no se
tuvieron en cuenta los criterios para la graduación de la sanción “como
los previstos en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo
(sic)”13, aspecto frente al cual la funcionaria señaló que no eran aplicables
porque primaba la norma especial.
La demandante agregó que, a pesar de que “se allanó a los cargos
formulados por la Superintendencia, con el ánimo de obtener una
reducción de la posible sanción”14, acogiendo la recomendación de la
entonces apoderada, la Superintendencia no tuvo en cuenta esa
circunstancia en la graduación de la sanción, al punto en el que la
sociedad no resultó beneficiada por el allanamiento, ya que la multa es
excesiva frente a la supuesta infracción cometida. A su juicio, ello es así
porque la multa se impuso en consideración a la totalidad del monto de
la inversión, a pesar de que: (i) la confusión únicamente se presentó
respecto de 139 de las 11.637.858 acciones; (ii) no existe norma que
admita equiparar el monto de la inversión con el monto de la infracción
13
Folio 831 del cuaderno núm. 2 del expediente de primera instancia.
14
Ibidem.
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y, (iii) porque no se sancionó la ejecución de una operación prohibida sino
el supuesto incumplimiento en el plazo para informar de una cancelación.
Dijo que se contrarió la instrucción interna de la Superintendencia de
Sociedades conforme la cual se debe aplicar un porcentaje más bajo en
la medida en que la cuantía de la infracción sea mayor, de la que dio
cuenta el testimonio de la Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda
Externa, pues en el asunto “se consideró el monto total de la inversión
efectuada por Munich Re, y no un porcentaje menor”.
Finalmente, reiteró que los actos están viciados de falsa motivación
porque los hechos en que se fundaron son inexistentes y la
Superintendencia no actuó con la diligencia necesaria para conocer la
realidad del asunto. Del mismo modo, repitió el alegato sobre la violación
del derecho de audiencia y defensa en la actuación administrativa porque
la Superintendencia invirtió la presunción de inocencia que cobijaba a
Munich Re y no valoró las pruebas que demostraban que no incurrió en
violación al régimen de cambios.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue admitido a través de proveído de 28 de
mayo de 2015. Mediante auto de 16 de octubre de 2015 el despacho
sustanciador de la Sección Primera denegó la práctica de pruebas en
segunda instancia solicitada por la parte demandante y, a través de
providencia de 4 de mayo de 2016, corrió traslado a las partes por el
término de diez días para que presentaran alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto. En dicha etapa se obtuvo lo
siguiente:
5.1.1. La parte demandante reiteró lo expuesto en el recurso de
apelación.
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5.1.2. La Superintendencia de Sociedades se remitió a los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y en los alegatos presentados
ante el juez de primera instancia. En consecuencia, reiteró que la entidad
no incurrió́ en violación a norma alguna y solicitó se nieguen las
pretensiones de la demanda
5.1.3. El Ministerio Público rindió concepto en el que manifestó que los
argumentos de la apelante no tienen la entidad para lograr la revocatoria
del fallo de primera instancia.
En primer lugar, manifestó que, si bien es cierto que la demandante
desarrolló varios actos con el fin de facilitarle al Banco la tarea del registro
de la cancelación de inversión extranjera, esas actuaciones se le
solicitaron por medio de oficio de julio de 2010 en el que se le otorgó un
plazo de 2 meses, de acuerdo con el artículo 13 del Código Contencioso
Administrativo, para ejecutarlas. Por ello, la demandante no podía
generarse expectativas sobre la no imposición de la sanción, teniendo en
cuenta que dejó vencer dicho término y con ello condujo a que el Banco
considerara desierta la petición.
Consideró que no hubo violación al derecho de defensa y audiencia porque
en la expedición de los actos se siguió el procedimiento establecido y se
valoraron las pruebas aportadas. Luego, realizó un recuento de los hechos
acreditados en la actuación administrativa a partir de lo cual señaló que
el motivo que dio lugar a la sanción fue haber incumplido con el
requerimiento para cumplir con los requisitos de la cancelación dentro del
plazo de los dos meses que le fueron otorgados por el Banco de la
República, y no la fecha del registro de la cancelación de la inversión
extranjera. Además, llamó la atención sobre el hecho de que la
demandante se allanó a todos los cargos de acuerdo con el artículo 22 del
Decreto 1746 de 1991, por lo que dijo que no podía ser objeto de
discusión la existencia de los hechos.
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Adujo que en las resoluciones existió una adecuada dosificación de la
sanción, que atendió a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, y
que la multa no excedió el 70% del total de la infracción, por lo que es
acorde con el artículo 3 del Decreto 1746 de 3001 y el artículo 22 del
Decreto 1746 de 1991. Además, puso de presente que, en atención a la
fecha en que se formularon cargos en contra de la demandante, al asunto
no le eran aplicables los criterios de graduación de la sanción establecidos
en el artículo 50 del CPACA.
Finalmente, manifestó que el cargo relativo a que los actos eran nulos por
fundarse en una norma inconstitucional no fue planteado en la demanda,
lo que impide que sea abordado en esta instancia procesal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto en segunda instancia.
6.2. Los actos administrativos acusados
6.2.1. Resolución 230-005220 del 2 de octubre de 201215, mediante
la cual la Coordinadora del Grupo de Inversión y Deuda Externa de la
Superintendencia de Sociedades impuso una multa en contra de la
demandante por valor de $2.025.103.264.00. La sanción se impuso tras
encontrar demostrada la violación del artículo 8° del Decreto 2080 del 18
de octubre de 2000 y sus modificaciones, en concordancia con lo previsto
en el numeral 7.2.9., punto 2°, de la Circular Reglamentaria Externa
15
Folios 657 a 664 del cuaderno núm. 1, del expediente de primera instancia.
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DCIN-83 del 21 de noviembre de 2003 y sus modificaciones del Banco de
la República, por la cancelación extemporánea de la inversión.
Como fundamento de la decisión en el acto se expusieron las siguientes
consideraciones:
“[…] 8.1. RESPECTO DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS POR LA APODERADA
DE LA SOCIEDAD INVERSIONISTA EXTRANJERA Y LOS DOCUMENTOS QUE
REPOSAN EN EL EXPEDIENTE
A través del escrito de descargos presentado por la apoderada de la sociedad
inversionista extranjera doctora ANA MARÍA RODRÍGUEZ MALDONADO, se allana
expresa y totalmente a los cargos formulados, y solicita que la multa a imponerse al
representante sea proporcional a la infracción cometida, y que la misma se reduzca al
tenor de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1746 de 199 (sic), por lo que
procederá a su análisis para efectos de tenerlo en cuenta y aplicar la sanción
correspondiente.
[…]
8.1.1. RESPECTO AL ALLANAMIENTO DE LOS CARGOS FORMULADOS
Señala el artículo 14 del Decreto Ley 1746 de 1991:
[…]
Teniendo en cuenta que el allanamiento presentado reúne los requisitos establecidos
en la ley, este Despacho lo acepta y al momento de graduar la sanción otorgará el
beneficio consagrado en el artículo 22 del citado decreto.
8.1.2.- RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBAN LA INFRACCIÓN
CAMBIARIA.
Para efectos de solicitar la Cancelación de la Inversión Extranjera en Colombia,
efectuada por la sociedad inversionista extranjera MUNCHENER
RUECKVERSICHERUNGS — GESELLSCHAFT, se contaba con un término oportuno hasta
el 31 de marzo de 2010, y de lo allegado al expediente se observa que tal solicitud se
presentó́ mediante el escrito radicado DER-BOG-14156-2010, el 31 de marzo de 2010
(folio 12), dentro del término establecido en el Régimen Cambiario. A dicha solicitud,
el Banco de la República, mediante el oficio DCIN-12703 del 12 de julio de 2010 (folio
10) respondió́ y solicitó documentos e información para continuar con los trámites de
la cancelación de la inversión extranjera, en los términos del artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo, y otorgó un plazo de dos (2) meses para atender el
requerimiento, es decir, que la sociedad investigada tenía plazo hasta el 12 de
septiembre de 2010 y tal requerimiento fue atendido mediante el radicado número
DER-BOG-05281-2011 hasta el 09 de febrero de 2011 (folio 06), por fuera del término
establecido.
En consecuencia, el Banco de la República otorgó el registro CIE03305 el 9 de febrero
de 2011, lo que demuestra que la sociedad inversionista extranjera MUNCHENER
RUECKVERSICHERUNGS — GESELLSCHAFT, incurrió en una extemporaneidad de diez
(10) meses y fracción, hecho este que configura una infracción cambiaria, que conlleva
la correspondiente sanción de conformidad con el artículo 3 del Decreto 1746 de 1991.
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[…]
Así las cosas, de los documentos allegados, se concluye que frente a la cancelación de
la inversión efectuada por la sociedad inversionista extranjera MUNCHENER
RUECKVERSICHERUNGS — GESELLSCHAFT, el término para informar al Banco de la
República venció el 31 de marzo de 2010, siendo efectuado el 09 de febrero de 2011
comprobándose así la infracción cambiaria.
8.4. RESPECTO DE LA GRADUACIÓN, PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD
DE LA SANCIÓN.
El Decreto 1746 de 1991, en su artículo 3° señala lo siguiente:
[…]
Con fundamento en esta jurisprudencia y en la norma citada, ha de señalarse que el
artículo 3° del Decreto 1746 de 1991 limita o circunscribe la facultad que tiene le
funcionario administrativo para la imposición de la sanción, evitando que su decisión
se pueda basar en consideraciones de tipo subjetivo y arbitrario, al tiempo que
permiten al administrado su contradicción, puesto que la administración no puede
actuar caprichosamente, pues si bien la Superintendencia de Sociedades tiene la
facultad discrecional para sancionar, también lo es que está limitada legalmente hasta
el 200% del monto de la infracción cambiaria, por tanto, demostrada la comisión de la
infracción, esta Entidad atendiendo los criterios ya enunciados impondrá la respectiva
sanción.
8.5. SOBRE LA SANCIÓN A IMPONER.
De lo anteriormente expuesto, se concluye efectivamente que la sociedad inversionista
extranjera MUNCHENER RUECKVERSICHERUNGS — GESELLSCHAFT, identificada con
el NIT. 860.005.023-2, incurrió en una infracción cambiaria, por tanto, teniendo en
cuenta las circunstancias objetivas que rodearon los hechos; el no cumplimiento de la
obligación dentro del término establecido; así como los criterios de proporcionalidad y
razonabilidad que deben presentarse entre la conducta de la investigada o hecho que
se investiga y la sanción a imponer, este despacho procederá a graduar la multa en la
suma de DOS MIL VEINTICINCO MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y CUATRO PESOS ($2.025.103.264.00), MONEDA LEGAL de conformidad con los
artículos 3 y 22 del Decreto 1746 de 1991, a través de los cuáles se faculta a esta
Superintendencia para imponer sanciones hasta el 200%, cuando se trate de
allanamiento no podrá exceder del 70% del valor total de la infracción cambiaria
comprobada.”
6.2.2. Resolución 301-002669 del 19 de abril de 2013, expedida por
la Directora de Supervisión de Sociedades de la Superintendencia de
Sociedades. En dicho acto resolvió el recurso de reposición interpuesto
por la demandante, en el sentido de confirmar en todas sus partes el acto
recurrido. En respuesta a los argumentos del recurso, el acto señaló:
“[…] 6.2. DE LA INFRACCIÓN CAMBIARIA COMPROBADA Y PROPORCIONALIDAD Y
RAZONABILIDAD DE LA SANCIÓN IMPUESTA
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6.2.4. Conforme a lo precedentemente expuesto y partiendo de la base normativa
que la responsabilidad en materia cambiaria es objetiva, e igualmente, que la
conducta de incurrir en infracción al Régimen de Inversiones Internacionales genera
como consecuencia jurídica la imposición de una sanción dentro del límite señalado
por la ley, se observa que, contrario a lo expresado por la recurrente, la resolución
impugnada respetó o tuvo en cuenta los elementos que los artículos 2°, 3° y 21 del
Decreto 1746 de 1991 le imponen a la administración para dosificar el valor de la
multa, como fueron la objetividad de la conducta, que el monto de la sanción atienda
a las circunstancias objetivas que rodean la comisión de la infracción, y que no exceda
del límite establecido por el legislador hasta el 200% del monto de la infracción
comprobada.
[...]
Conforme a lo expuesto, claramente se encuentran en la motivación que antecede
debidamente cumplidos los dementas señalados por el legislador para la imposición
de la sanción recurrida, a saber: 1°) la comisión de una infracción cambiaria,
originada en la cancelación por fuera del término legal de la obligación o deber legal
de informarla al Banco Emisor; 2°) el cumplimiento de dicho deber legal con la
extemporaneidad mencionada en la providencia recurrida; 3°) una multa que
corresponde al porcentaje del 0.91.% sobre el valor total de la infracción cambiaria
comprobada que ascendió́ a la cantidad de Ciento Trece Millones Ciento Ochenta y un
Mil Treinta y siete con 86 dólares americanos (USD$113'.181.037.86), equivalentes
a la suma de Doscientos Veintidós Mil Quinientos Treinta y Ocho Millones Ochocientos
Veinte Mil Doscientos Sesenta y uno con 78 Pesos colombianos
($222.538'.820.261.78) y 4°) las circunstancias objetivas que rodearon la comisión
de la infracción.
6.2.5. Resulta pertinente observar, que la apoderada de la sociedad sancionada y
ahora impugnante al rendir sus descargos frente a los cargos formulados por esta
entidad manifestó́ lo siguiente: […]
Conforme a las elocuentes palabras expresadas en sus descargos por la ahora
impugnante sin perjuicio de la decisión de haber ejercitado su derecho de
contradicción mediante el recurso que por esta providencia se decide, y luego de
haber aceptado de manera expresa e indudable que la solicitud de cancelación de la
inversión extranjera investigada no se registró dentro del término legal, mal puede
ahora en la vía gubernativa, contradiciendo sus propios argumentos, sostener que “la
multa se tasó de forma oscura y puramente discrecional, evitando que mi
representada ejerza plenamente su derecho de contradicción” (fl. 164).
Por las precedentes consideraciones, no pueden ser acogidas por el Despacho los
argumentos de la recurrente fundados en la falta de proporcionalidad y razonabilidad
de la sanción, por cuanto para la imposición de esta se tuvieron en cuenta los
preceptos 2°, 3° y 21 del Decreto 1746 de 1991 que le imponen a la administración
para dosificar el valor de la multa, criterios como la objetividad de la conducta, que
el monto de la sanción atienda las circunstancias objetivas que rodearon la comisión
de la infracción, y que no exceda del límite establecido por el legislador hasta el 200%
del monto de la infracción comprobada.
Así mismo, fue aceptado el allanamiento por la totalidad de los cargos formulados por
este organismo atendiendo los términos del Parágrafo del artículo 14 del Decreto-ley
1746 de 1991, al haberse incluido expresamente en el poder conferido a la recurrente
la facultad de allanarse; y graduada la sanción sin exceder del 70% del valor de la
infracción cambiaria comprobada acorde con el artículo 22 ibidem.
6.3. LA RECURRENTE INVOCÓ UN MOTIVO DE INCONFORMIDAD NO PREVISTO POR
EL LEGISLADOR. RESPETO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
[…]
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6.3.2. El legislador extraordinario del Decreto-ley 1746 de 1991, estableció en los
artículos 2° y 3° que la infracción cambiaria como transgresión de las disposiciones
constitutivas del Régimen de Cambios, es una contravención meramente
administrativa de las disposiciones vigentes al momento de la infracción, a la que
corresponde una sanción coercitiva cuya finalidad es el cumplimiento de tales
disposiciones. Y que las personas naturales o jurídicas que no sean intermediarios del
mercado cambiario, serán sancionadas con la imposición de multa hasta el 200% del
monto de la infracción cambiaria comprobada, la cual se graduará atendiendo las
circunstancias objetivas que rodearon la comisión de la infracción.
Como podrá observarse, el legislador en el Decreto-ley 1746 de 1991 no ha
establecido la distinción que hizo la recurrente de “operaciones obligatoriamente
canalizables por fuera del mercado cambiario” y de “eventos en que la infracción
consiste en violaciones formales”, para de allí deducir la manera como debe
interpretarse y aplicarse el artículo 3° de dicho decreto a efectos de graduar la cuantía
de la sanción a imponer, como consecuencia de la infracción a las normas de derecho
sustancial contempladas en el Régimen de Inversiones Internacionales. […]”
6.3. Planteamiento del asunto y problema jurídico a resolver
En primer lugar, la Sala advierte que en la apelación la recurrente
reprochó que el Tribunal “omitió pronunciarse sobre el primero de los
cargos formulados”16, relativo a que los actos demandados se encuentran
viciados de nulidad porque fueron expedidos desconociendo el principio
de reserva legal aplicable respecto de los procedimientos administrativos
sancionatorios y con fundamento en una norma inconstitucional que debía
ser inaplicada de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política.
Por otro lado, de conformidad con los fundamentos del fallo de primera
instancia y en atención a lo alegado en el recurso de apelación, la Sala
advierte que existe discrepancia en torno a la legalidad de la sanción
impuesta a la demandante. En efecto, la sentencia de primera instancia
plantea que la sanción fue debidamente impuesta porque la infracción al
régimen de cambios internacionales se encuentra demostrada, en tanto
la solicitud de cancelación del registro de la inversión extranjera no podía
entenderse como presentada en tiempo, hecho que fue aceptado por la
demandante cuando se allanó a los cargos que por ese motivo le
formularon en la actuación administrativa. Por su parte, la recurrente
afirma que en el asunto no hubo infracción al régimen cambiario en tanto
16
Folio 819 del cuaderno núm. 2 del expediente de primera instancia.
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cumplió con la obligación de informar en término de la cancelación de la
inversión extranjera y atendió a los requerimientos de información
adicional que realizó el Banco de la República, por lo cual reprochó que la
sanción impuesta desconoció lo previsto en el Decreto 1746 de 1991 y la
Circular Reglamentaria Externa DCIN- 83, así como el principio de
confianza legítima que amparaba su convicción de que no sería
sancionado, ya que había atendido los requerimientos de información del
Banco. Por lo mismo, en criterio de la apelante, los actos adolecen de
falsa motivación al estar fundados en hechos inexistentes y fueron
expedidos con violación de su derecho de audiencia y defensa porque se
desconoció la presunción de inocencia y las pruebas que demostraban la
ausencia de la infracción.
Igualmente se presenta desacuerdo en cuanto al monto de la multa
impuesta como sanción pues, mientras que el Tribunal concluyó que no
es desproporcionado ni irrazonable en tanto responde al valor de la
infracción imputada y tuvo en cuenta el allanamiento a los cargos que
hizo la demandante, la recurrente plantea que el valor de la sanción es
excesivo porque: (i) se determinó en consideración a la totalidad del
monto de la inversión, a pesar de que solo hubo confusión sobre una parte
de ella; (ii) no hay fundamento normativo para equiparar el monto de la
inversión con el monto de la infracción; (iii) la conducta sancionada era el
supuesto incumplimiento de un término y no la ejecución de una
operación prohibida, y (iv) no tuvo en cuenta el allanamiento efectuado
con el fin de obtener un rebaja, la colaboración de la demandante, ni los
criterios de graduación de la sanción señalados en el artículo 50 del
CPACA.
A la luz de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar,
si es cierto que el a quo omitió pronunciarse sobre uno de los cargos que
le correspondía dilucidar en la sentencia de primera instancia, caso en el
cual corresponderá analizar si son nulos, por infracción de normas
superiores, los actos mediante los cuales se multó a una sociedad por
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incurrir en la infracción cambiaria consistente en informar
extemporáneamente la cancelación de una inversión extranjera, al
haberse expedido con fundamento en un régimen sancionatorio que
desconoce el principio de reserva legal.
De otra parte, se deberá determinar si en el asunto bajo examen se
encuentra demostrada la infracción cambiaria consistente en el reporte
tardío de la cancelación de la inversión extranjera, si en la actuación
administrativa la demandante se allanó a los cargos que le formularon por
ese hecho, pero en la demanda aduce que la infracción al régimen de
cambios es inexistente. De acuerdo con la respuesta a ese interrogante,
corresponderá decidir si son nulos, por infracción de normas superiores,
los actos mediante los cuales se multó a una sociedad por incurrir en la
infracción cambiaria consistente en informar extemporáneamente la
cancelación de una inversión extranjera. En el mismo sentido, de acuerdo
con la respuesta al primer interrogante de este grupo, se decidirá si los
referidos actos son nulos, por falsa motivación, y fueron expedidos con
violación del derecho de audiencia y defensa de la demandante, así como
desconociendo el principio de confianza legítima.
Seguidamente, la Sala deberá estudiar si es cierto que el monto de la
sanción impuesta desconoció el principio de proporcionalidad en la medida
en que resulta excesiva en consideración a la conducta que dio lugar a
ella y la actuación desplegada por la investigada en el trámite
administrativo. Consecuentemente, se establecerá si son nulos, por
infracción de normas superiores, los actos acusados al haber fijado la
multa por concepto de infracción al régimen cambiario.
Finalmente, en atención a la respuesta a los anteriores interrogantes, la
Sala establecerá si procede el restablecimiento del derecho en los
términos solicitados por la parte actora.
6.4. Análisis del asunto
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6.4.1. Del desconocimiento del principio de reserva legal en los
procedimientos administrativos sancionatorios
La Sala advierte que, si bien el recurrente funda el primero de sus
reproches en el planteamiento según el cual el Tribunal dejó de resolver
el primero de los cargos de la demanda, lo cierto es que el argumento
relativo a que las Resoluciones demandadas se encuentran viciadas de
nulidad porque para su expedición era necesario que existiera una ley que
les sirviera de fundamento y que regulara el procedimiento sancionatorio,
no fue planteado en el escrito de la demanda. En dicha actuación procesal
la demandante tampoco expuso la cuestión según la cual el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Sociedades actuaron
por fuera de sus competencias al crear un régimen sancionatorio y
procedimiento administrativo cambiario, por parte de la primera entidad,
e imponer una multa por supuesta comisión de una infracción cambiaria
sin fundamento legal, por la otra entidad, ni adujo que resultaba evidente
la inconstitucionalidad del Decreto y la consecuente ilegalidad de los actos
demandados por falta de competencia de la Superintendencia de
Sociedades para imponer una sanción con base en esa norma.
Así, es claro que en el recurso de apelación la parte demandante modificó
los cargos de la demanda en el sentido de adicionar otros motivos por los
cuales considera que los actos acusados están viciados de nulidad que,
por lo mismo, no fueron estudiados ni decididos por la Sala de Decisión
del Tribunal de primera instancia.
En ese sentido, conviene recordar que “ha sido característica de esta
jurisdicción que las pretensiones formuladas dentro de los asuntos
sometidos a su conocimiento deben regirse por la "rogatio" o rogación 17
17
Nota original de la providencia en cita: “Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Consejera ponente: María Elizabeth García González, Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil catorce (2014), Radicación
número: 25000-23-24-000-2005-00434-01 y Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Primera.
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 21 de junio de 2018. Radicación número: 05001-23-31-
000-2006-93419-01. Actor: José Gabriel Velásquez Sánchez, Bernardo Ramírez Zuluaga y Manuel Antonio Muñoz Uribe.
Demandado: Departamento de Antioquia. Referencia: Naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia”
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y que existe una estrecha e ineludible relación entre ésta y el principio
dispositivo18, de manera que el actor dentro del proceso contencioso
administrativo debe cumplir con la carga de orientar el ámbito de acción
dentro del cual considera que el juez deba pronunciarse, aludiendo a los
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan sus pretensiones.19”20.
Bajo la anotada premisa, es claro que el juez realiza el estudio de
legalidad con fundamento en los cargos expuestos en la demanda y, por
lo mismo, que a la parte demandante no le es permitido adicionar los
cargos de nulidad que le reprocha a los actos demandados en el recurso
de apelación porque ello desconocería los principios de lealtad procesal,
contradicción, defensa y congruencia que debe existir entre el recurso y
la sentencia apelada. Por lo tanto, no tienen vocación de prosperidad los
argumentos del recurso de apelación estudiados en este acápite.
Con todo, en gracia de discusión, basta señalar que tampoco resultaría
procedente acceder a lo solicitado por la parte actora en el recurso, pues
su planteamiento parte del entendimiento equivocado de la naturaleza
normativa del Decreto 1746 de 1991, “Por medio del cual se establece el
régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a
seguir por la Superintendencia de Cambios”. En efecto, la demandante
funda su alegato en que dicha norma corresponde a un acto
administrativo en el que se estableció un régimen sancionatorio
desconociendo el principio de reserva legal, cuando en realidad
18
Nota original de la providencia en cita: “« [...j en el terreno de la justicia administrativa, orientada por el principio dispositivo
el juzgador -tal y como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia- requiere para hacer su pronunciamiento de la
individualización de las peticiones anulatorias debidamente apoyadas en las razones de derecho contentivo& del concepto
de la violación que a juicio del actor conduzcan a la invalidación del acto administrativo atacado. En tal virtud, en tratándose
de las acciones que tienen por objeto ejercer un control de legalidad de los actos administrativos, el accionante al formular la
causa petendi tiene la carga procesal ineludible de enunciar en forma puntual y específica las normas que estima infringidas
lo mismo que el concepto de la violación, habida consideración que el control asignado al contencioso administrativo no
reviste, en estos casos, un carácter general, sino que, por el contrario, se encuentra estrictamente delimitado por los aspectos
que el actor le solicite sean revisados [...]» Ver Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera.
Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio. Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil nueve (2009). Radicación
número: 11001-03-24-000-2000-06198-01(18509). Actor: Manuel Antonio Ruan Perdomo y Otro. Demandado: Nación-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Referencia: acción de nulidad.”
19 Nota original de la providencia en cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera,
Subsección A. Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil dieciséis
(2016). Radicación número. 11001-03-26-000-2014-00101-00 (51754)A Actor: Luis Alfonso Arias García. Demandado:
Agenda Nacional De Minería. Referencia: Suspensión Provisional.”
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. Auto de 28 de febrero de 2020,
radicado: 11001032400020180022700, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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corresponde a un Decreto Ley, expedido expedido por el Presidente de la
República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el
artículo 32 de la Ley 9 de 199121, de manera que se trata de una norma
con fuerza material de Ley.
6.4.2. Sobre la legalidad de la sanción impuesta por comisión de
una infracción cambiaria
6.4.2.1. En el recurso de apelación la demandante insistió en que la
Superintendencia de Sociedades desconoció el Decreto 1746 de 1991
porque le impuso una sanción a pesar de que no cometió infracción alguna
al régimen cambiario. El reproche contra la sentencia de primera
instancia, en este punto, se fundó en que: (i) la demandante cumplió con
la única obligación que le era exigible, esto es, informar sobre la
cancelación del registro de su inversión en Colombia en el término legal
previsto e incluso dio respuesta a la petición de ampliación de información
en el plazo de los 2 meses otorgados para el efecto; (ii) se presentó una
confusión sobre las acciones objeto de la cancelación y ello ocurrió luego
de que Munich Re cumplió con su obligación de informar en tiempo; (iii)
en el asunto se confundió el acto de informar con el acto de registro de la
cancelación de la inversión; (iv) las normas aplicables no indican que el
deber de informar antes del 31 de marzo del año siguiente también
comprende la subsanación de todas las inquietudes de la autoridad
cambiaria, y (v) Munich Re se esforzó por aclarar la confusión ante el
Banco de la República.
Ahora bien, de la enunciación de los argumentos de la apelación se
advierte que la demandante no controvirtió la conclusión del fallo de
primera instancia conforme la cual, teniendo en cuenta que la
demandante se allanó a los cargos formulados por la Superintendencia de
21
“Artículo 32. Facultades extraordinarias. De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución
Política, revístese de facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de un año contado
a partir de la publicación de la presente Ley, para los siguientes efectos: […] 2. Establecer el régimen
sancionatorio de las infracciones a las normas que contempla esta Ley y demás disposiciones que la
desarrollen, en particular, el aplicable a los intermediarios del mercado cambiario, así como el procedimiento
para su efectividad. Ese nuevo régimen tendrá un carácter estrictamente administrativo y en él no podrán
fijarse penas privativas de la libertad personal.”
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Sociedades, es claro que aceptó expresamente la radicación
extemporánea de la solicitud de cancelación de la inversión extranjera,
por lo que “la ocurrencia de la infracción al régimen de cambios no puede
ser objeto de discusión en este proceso, pues la actora admitió el hecho
sin restricciones”22. De hecho, sobre ese aspecto, en el escrito de
impugnación lo que dijo la sociedad actora fue que “se allanó a los cargos
formulados por la Superintendencia, con el ánimo de obtener una
reducción de la posible sanción”23.
De lo anterior se desprende que no existe controversia en punto de la
aceptación de la comisión de la infracción en sede administrativa por parte
de la demandante.
A este respecto, el Decreto 1746 de 1991 indica que en la actuación
administrativa para determinar la comisión de infracciones cambiarias,
finalizadas las diligencias preliminares, el funcionario competente
formulará los cargos correspondientes a los posibles infractores a través
de acto motivado y que de éste se correrá traslado a los presuntos
infractores por el término de 15 días hábiles. El artículo 14 del Decreto
señala que en dicho plazo los presuntos infractores podrán, entre otros
actos procesales, allanarse expresa y totalmente a los cargos formulados.
El parágrafo de dicha norma dispone: “El allanamiento expreso y por la
totalidad de los cargos formulados por la Superintendencia sólo será
válido si lo efectúa directamente el investigado o su apoderado
expresamente facultado al efecto y a condición de que el allanado no se
encuentre dentro de las previsiones del artículo 94 del Código de
Procedimiento Civil”. Finalmente, en virtud del artículo 22, cuando el
infractor se haya allanado totalmente a los cargos, la multa
correspondiente no excederá el 70% del monto de la infracción.
22
Página 13 de la sentencia de primera instancia – folio 805 del cuaderno núm. 2 del expediente de primera
instancia.
23
Ibidem.
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Ahora bien, la Sala advierte que la decisión adoptada en los actos
acusados es consecuencia de la conducta que la demandante desplegó en
la actuación administrativa, al punto en el que en la Resolución 30-005220
de 2 de octubre de 2012 la Superintendencia analizó el contenido y
alcance del memorial por el cual la apoderada de la demandante se allanó
a los cargos formulados y, tras concluir que el reunía los requisitos
establecidos en la norma, lo aceptó. Igualmente, al resolver el recurso de
reposición con el que solo se discutió el monto de la sanción impuesta, la
Superintendencia estructuró sus consideraciones a partir de la aceptación
de la demandante del hecho de que la solicitud de cancelación de la
inversión extranjera no se registró en el término legal.
De lo anterior se desprende que los argumentos que la sociedad Munich
Re expuso en la demanda y reiteró en el recurso de apelación no guardan
coherencia con la conducta que desplegó en la actuación administrativa
que dio lugar a la expedición de los actos acusados, pues en esa ocasión
reconoció de forma inequívoca la existencia de la infracción cambiaria que
ahora alega inexistente.
A ello se agrega que la sociedad Munich Re no desconoció la manifestación
de allanamiento, ni planteó ninguna circunstancia por la cual debiera
entenderse que tal actuación adoleció de vicios que pudieran tornarla
inválida. Por el contrario, en este trámite judicial, la demandante
simplemente omitió hacer referencia al allanamiento, pasando por alto
que constituye un hecho relevante en el examen sobre la legalidad de los
actos que cuestiona.
En ese sentido, la Sala tampoco advierte la existencia de alguna
circunstancia que pudiera invalidar el reconocimiento expreso de la
infracción cambiaria imputada a la demandante, toda vez que: (i) el
memorial de allanamiento fue presentado por la apoderada de la sociedad
demandante, facultada expresamente para allanarse a través de poder
especial que obra a folio 559 del cuaderno principal de primera instancia;
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(ii) en el memorial manifestó “me allano a todos y cada uno de los cargos
formulados por la Superintendencia de Sociedades dentro del expediente
230-27960”, lo que implica un reconocimiento expreso y por la totalidad
de los cargos formulados por la Superintendencia, y (iii) el allanado no se
encontraba en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 94 del
Código de Procedimiento Civil24, entonces vigente.
Así las cosas, llama la atención de la Sala que la accionante invoca como
una de las razones de invalidez de los actos acusados la violación del
principio de confianza legítima, pero al mismo tiempo desconoce y
pretende ir en contra de sus actos propios sin desvirtuar de forma alguna
la validez de estos.
Por todo lo anterior, la Sala concluye que se encuentra demostrada la
infracción cambiaria consistente en el reporte tardío de la cancelación de
la inversión extranjera, teniendo en cuenta que en la actuación
administrativa la demandante se allanó de forma expresa y por la
totalidad de los cargos formulados por la Superintendencia, y en la
actuación judicial no controvirtió la validez de ese acto de reconocimiento.
6.4.2.2. Dilucidado lo anterior, la Sala observa que los reproches sobre la
violación de normas superiores, falsa motivación y desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, así como del principio de confianza
legítima que la demandante endilga a los actos acusados, parten del
supuesto conforme el cual la sanción impuesta es contraria a la ley porque
no existió la infracción al régimen cambiario sobre la cual se fundó.
Ahora bien, habiéndose concluido que en el asunto se encuentra probada
la infracción al régimen cambiario que dio lugar a la multa impuesta a
24
Artículo 94. El allanamiento será ineficaz en los siguientes casos: 1. Cuando el demandado no tenga
capacidad dispositiva. 2. Cuando el derecho no sea susceptible de disposición de las partes. 3. Cuando el
demandado sea la Nación, un departamento, una intendencia, una comisaría o un municipio. 4. Cuando los
hechos admitidos no puedan probarse por confesión. 5. Cuando se haga por medio del apoderado y éste
carezca de facultad para confesar. 6. Cuando la sentencia deba producir efectos de cosa juzgada respecto de
terceros. 7. Cuando habiendo litisconsorcio necesario, no provenga de todos los demandados.
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través de los actos acusados, lógicamente se colige que no le asiste razón
a la apelante en cuanto alega que aquellos fueron expedidos con
desconocimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 1746 de 1991 y de la
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83. Por lo mismo, no es cierto que
las Resoluciones demandadas hayan sido expedidas bajo falsa
motivación, ya que el supuesto de hecho que las sustenta fue expresa e
incondicionalmente reconocido por la demandante.
Tampoco le asiste razón a la demandante en cuanto alega que los actos
violaron su derecho de audiencia y defensa de la accionante, pues la
presunción de inocencia que le asistía en la investigación administrativa
fue desvirtuada por su propio acto de reconocimiento expreso de la
comisión de la infracción, a lo que se agrega que en dicha actuación se
limitó a expresar su allanamiento libre y espontáneo a los cargos.
Finalmente, es claro que no hubo vulneración al principio de confianza
legítima, en tanto las actuaciones de la administración fueron la respuesta
lógica y consecuente al reconocimiento de la demandante de su condición
de infractora, de lo que deviene ilógico que luego de haber aceptado la
responsabilidad, aquella esperara una consecuencia distinta a la
imposición de una sanción reducida.
6.4.3. Sobre la legalidad del monto de la sanción impuesta por
infracción al régimen cambiario
En este punto, la recurrente reprochó que el monto de la multa impuesta,
que asciende a $2.025.103.264.00, trasgredió los principios de
proporcionalidad y razonabilidad. En concreto, planteó: (i) que la multa
es excesiva porque se determinó en consideración a la totalidad del monto
de la inversión, a pesar de que solo hubo confusión sobre una parte de
ella; (ii) que no hay fundamento normativo para equiparar el monto de la
inversión con el monto de la infracción; (iii) que la conducta sancionada
era el supuesto incumplimiento de un término y no la ejecución de una
operación prohibida, y (iv) que al imponer la sanción en dicho monto, la
Superintendencia no tuvo en cuenta el allanamiento efectuado con el fin
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de obtener un rebaja, la colaboración de la demandante, ni los criterios
de graduación de la sanción señalados en el artículo 50 del CPACA.
A este respecto, sea lo primero señalar que el artículo 3º del Decreto Ley
1746 de 1991 prevé que “Las personas naturales o jurídicas que no sean
intermediarios del mercado cambiario, que infrinjan el régimen cambiario,
serán sancionadas con la imposición de multa a favor del Tesoro
Nacional hasta el 200% del monto de la infracción cambiaria
comprobada.|| La multa se graduará atendiendo las circunstancias
objetivas que rodearon la comisión de la infracción”.
Así, la norma establece como monto máximo de la sanción a imponer
cuando se ha verificado la infracción cambiaria el 200% del monto de la
misma, para lo cual la misma disposición reconoce un cierto margen de
discrecionalidad en la Administración, a efectos de graduar la sanción,
atendiendo las circunstancias objetivas que rodearon la comisión de la
infracción. Como se ha dicho, el ejercicio de esa facultad discrecional no
implica arbitrariedad, sino que deberá fundarse en criterios objetivos
verificables, así como en las finalidades de la norma jurídica que lo está
autorizando, tal como lo señala el artículo 36 del CCA, aplicable a la
actuación administrativa que aquí se analiza, en tanto dispone: “En la
medida en que el contenido de una decisión de carácter general o
particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que
la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa”.
Ahora bien, en orden a absolver los cuestionamientos de la apelante
resulta necesario determinar, en este punto, a cuánto asciende el monto
de la infracción cambiaria comprobada, pues es en consideración a ese
valor que se calcula la multa a imponer e igualmente, es sobre dicha suma
la que la demandante censura, pues dice que se tuvo en cuenta un valor
que no correspondía. Al respecto, el artículo 2 del Decreto Ley define la
infracción cambiaria como la transgresión de las disposiciones
constitutivas del Régimen de Cambios, que constituye una contravención
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administrativa de las disposiciones vigentes al momento de la infracción,
a la que corresponde una sanción coercitiva cuya finalidad es el
cumplimiento de tales disposiciones.
En el asunto que se examina, se advierte que la sanción se impuso tras
encontrarse demostrada la infracción al régimen de cambios derivada de
la extemporaneidad en el trámite de cancelación del registro de inversión
extranjera al que se refiere el numeral 7.2.9, numeral 2, de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN-83. En efecto, mediante auto núm. 230-
017273 de 26 de octubre de 2011 la Superintendencia de Sociedades
formuló cargos a la sociedad demandante en los siguientes términos:
“[…] ARTICULO PRIMERO.- ABRIR la investigación administrativa cambiaría a la
sociedad inversionista extranjera MUNCHENE GESELLSCHAFT de Alemania, identificada
con Nit. 860.005.023-2, para determinar la posible comisión de la infracción al Régimen
de Cambios Internacionales, por la cancelación extemporánea del registro de la inversión
extranjera según carta de registro CIE-03305 del 09 de febrero de 2011, cancelada el
18 de noviembre de 2009, por la suma de $222.538.820.261-78.
[…]
ARTICULO TERCERO. FORMULAR CARGOS a la sociedad inversionista extranjera
MUNCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT de Alemania identificada con Nit.
860.005.023-2, por posible violación al artículo 8 del Decreto 2080 de 2000 y sus
modificaciones en concordancia con el numeral 7.2.9 punto 2 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN- 83 de 2003 y sus modificaciones, por no haber informado
al Banco de la República dentro del término legal, la cancelación del registro de la
inversión extranjera, conforme se señala a continuación y de acuerdo a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia:
INVERSIONISTA FECHA - PLAZO ACCIONES VALOR $ REGISTRO EXTEMPORANIDAD
CONTABILIZACIÓN REGISTRO FECHA (SIC)
MUNCHENER 18-11-09 31-03-10 11.637.858 222.538.820.261.78 CIE03305 10 MESES Y
RUECKVERSICHERUN 9-02-11 FRACCIÓN
GS-GESELLSCHAFT
de Alemania
[…]”25
A la luz de lo anterior, la Sala advierte que no le asiste razón a la
demandante en su argumentación por cuanto, siendo claro que la
25
Folio 532 del cuaderno núm. 1 del expediente de primera instancia.
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infracción imputada – y cuya comisión aceptó a través del memorial de
allanamiento a los cargos que presentó el 26 de diciembre de 2011-
corresponde al hecho de no haber informado al Banco de la República de
la cancelación del registro de la inversión extranjera en tiempo, lo cierto
es que el monto de la infracción se corresponde con el valor de la
operación respecto de la cual fue incumplido ese deber legal. En esa
medida, no es admisible el entendimiento de la demandante de acuerdo
con el cual la sanción debió calcularse con base en el valor de las 139
acciones sobre las cuales se gestó el debate que dio lugar al retraso en la
cancelación del registro de inversión pues, en definitiva, el incumplimiento
imputado a la sociedad Munich Re tuvo lugar sobre la totalidad de las
acciones que representaban su inversión.
Además, debe tenerse en cuenta que las disposiciones del Régimen
Sancionatorio Cambiario no establecen como causal de atenuación de la
sanción el que la conducta sancionada consista en el cumplimiento tardío
de la obligación a cargo, en contraposición con el incumplimiento total de
dicho deber, en los términos que sugiere la demandante.
A ello se agrega que, según se explicó en el acápite precedente, la
demandante aceptó de forma libre e incondicional los cargos que le fueron
formulados a través del auto núm. 230-017273 de 26 de octubre de 2011,
en el cual, entre otras cosas, se le informó que el valor de la operación
objeto de registro y, por ende, objeto de la investigación por posible
infracción al régimen cambiario, era de $222.538.820.261.78, y frente a
tal consideración tampoco presentó objeción.
Ahora bien, el artículo 22 del citado Decreto Ley 1746 establece como
máximo posible de la multa a imponer el 70% del monto de la infracción
cambiaria, en aquellos casos en los que el infractor se allane totalmente
a los cargos, tal como ocurrió en el asunto que se examina. Con todo, la
parte actora reprocha que en la multa impuesta no refleja la rebaja
esperada por concepto del allanamiento efectuado con el fin de obtenerla
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ni tomó en consideración la conducta colaborativa del demandante ni los
criterios de graduación de la sanción señalados en el artículo 50 del
CPACA.
Sin embargo, como quiera que, de acuerdo con el pliego de cargos
formulado a la actora y aceptado por esta, el valor de la infracción
cambiaria comprobada ascendió a la suma de $222.538.820.261.78, la
Sala encuentra que el monto de la sanción impuesta obedece a lo
dispuesto en el artículo 22 del Decreto 1746 de 1991, pues, no obstante
que éste permite que la multa a imponer sea de hasta el 70% de la
infracción cambiaria comprobada, la Administración, en este caso, le
impuso a la demandante una multa equivalente al 0,91%, esto es, por
valor de $2.025.103.264.00.
Así, teniendo en cuenta que para imponer la sanción en el presente asunto
la demandada contaba con un rango que oscilaba entre el 0% y el 70%
sobre el valor total de la infracción y, en el presente asunto, la
Superintendencia de Sociedades aplicó el 0.91%, resulta evidente que el
valor impuesto dista notablemente del porcentaje señalado como límite
máximo por el que se podía condenar, a pesar de que en todo caso
corresponde a una suma cuantiosa, pues esto último obedece solamente
al elevado valor de la operación objeto de investigación.
De la anterior constatación salta a la vista que, en efecto, la demandante
sí fue beneficiaria de una importante rebaja respecto del valor de la
sanción que le habría correspondido evaluar, de no haberse allanado a los
cargos. Por lo anterior, la Sala concluye que la imposición de la sanción
económica en una suma equivalente del 0,91% a la infracción cambiaria
comprobada respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad
alegados por la parte apelante, y se ajusta, por demás, a los criterios de
discrecionalidad que ampara la imposición de dicha sanción.
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En consecuencia, la Sala concluye que tampoco tiene vocación de
prosperidad el cargo expresado por la demandante en su recurso de
apelación frente al monto de la sanción impuesta, por lo que confirmará
en todas sus partes, la sentencia apelada.
6.5. Condena en costas
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, se advierte que la parte demandante
resultó vencida porque se le resolvió desfavorablemente su recurso de
apelación; por lo tanto, asumirá las costas procesales de la segunda
instancia.
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las
agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.
En este asunto, pese a que el recurso será resuelto de manera
desfavorable a quien lo propuso, comoquiera que no está acreditada la
causación de gastos procesales, la Sala no condenará en costas por dicho
concepto. Por otra parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el
expediente se advierte que la intervención de la demandada se encuentra
probada en esta instancia con la radicación del memorial de alegatos de
conclusión por parte de su apoderado.
Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 4° del artículo
366 del CGP26, se condenará en costas a la sociedad demandante, por
26
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:
(…)
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concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente a favor de la Superintendencia de
Sociedades27. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el capítulo III,
artículo sexto, del Acuerdo núm. 1887 de 27 de agosto de 2003, sobre las
tarifas de las agencias en derecho para los procesos Contencioso
Administrativos28.
6.6. Reconocimiento de personería
Se reconocerá a la abogada PAULA JULIANA TÉLLEZ BAQUERO como
apoderada de la demandante, en los términos y para los fines de la
sustitución poder visible en la anotación núm. 33 del historial de
actuaciones del proceso de SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2015
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, por concepto
de agencias en derecho, a pagar la suma equivalente a un (1) salario
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.”
27
Monto que corresponde al 0,05% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia.
28
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […]
III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]
3.1.3. Segunda instancia.
[…]
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”
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mínimo legal mensual vigente, a favor de la Superintendencia de
Sociedades.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada PAULA JULIANA
TÉLLEZ BAQUERO como apoderada de la demandante, en los términos y
para los fines establecidos en la sustitución poder que le fue otorgada.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Aclaración de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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