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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02862-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2013-02862-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida el cual quedará así: “ORDENAR a ETB, pagar por concepto de agencias en derecho en favor de las entidades demandadas, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a cada una de ellas, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia.” SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2013-02862-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

18 de julio de 2024

1

Radicado: 25000 23 41 000 2013 02862 01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. - ETB - E.S.P.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 25000 23 41 000 2013 02862 01
Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB - E.S.P.
Demandado: La Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros
Tesis: No es cierto que en el acto definitivo se negó la reclamación de ETB con base
en causales genéricas.
No son nulos, por falsa motivación, los actos administrativos que rechazaron la
inclusión de una reclamación a cargo de la masa de liquidación de una entidad pública
bajo el argumento de que se estaban solicitando pagos de gastos de administración,
cuando la demandante alega que las obligaciones reclamadas se originaron antes de
que esa entidad entrara en liquidación, si dentro del proceso judicial no logran
desvirtuarse las demás causales de rechazo contenidas en las decisiones enjuiciadas.
No es cierto que al exigirse la certificación de un supervisor sobre la ejecución del
contrato firmado entre ETB y Cajanal E.I.C.E, se creó un requisito no previsto en la
Ley o en el negocio suscrito entre esa empresa y la entidad en liquidación.
No es cierto que en los actos demandados se rechazó la reclamación presentada por
ETB, debido a que en la cuenta especial 4363215 se estaban cobrando consumos de
línea telefónicas que no estaban en servicio.
No son nulos por falsa motivación los actos administrativos que rechazaron la inclusión
de una obligación a cargo de la masa de liquidación de una entidad pública debido a
que no se aportaron en original las facturas de servicios públicos cuyo pago era
reclamado por la recurrente, si no se desvirtúan las demás razones que dieron lugar
al rechazo de la reclamación.
No es procedente que, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, se analice si con la emisión de las decisiones enjuiciadas su produjo un
enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad en liquidación y en detrimento de
la demandante.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 02862 01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. - ETB - E.S.P.

No cumplieron el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, las
pretensiones subsidiarias de la demanda.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 23 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

I. LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá S.A. - ETB - E.S.P. (en adelante ETB) interpuso demanda en contra de la
Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Salud y Protección
Social; el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Caja Nacional de Previsión
Social, Cajanal E.I.C.E. (en adelante P.A.R. Cajanal), y la Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario S.A. (en adelante Fiduagraria S.A.)1.

1.1. Pretensiones

“III. PRETENSIONES PRINCIPALES

1. Se declare la NULIDAD de las resoluciones números 519 del 17 de enero de
2011 y 4463 del 21 de mayo de 2013 (notificada el 4 de junio del mismo año)
expedidas por el entonces liquidador de la CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN a
través de las cuales fueron rechazadas las facturas identificadas con números de
cuenta 4363215 y 6473666 correspondiente a la reclamación Nº. 15362.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se disponga que las demandadas deben
Reconocer y Pagar las sumas adeudadas a mi representada por concepto de los
servicios de telefonía pública básica conmutada local, larga distancia, internet y
datos, prestados en virtud del contrato número 07 de 2005 y sus adicionales,
rechazadas mediante resoluciones números 519 del 17 de enero de 2011 y 4463
del 21 de mayo de 2013 (notificada el 4 de junio del mismo año) expedidas por el
entonces liquidador de la CAJANAL ÉICE EN LIQUIDACIÓN; la indexación de los
valores mencionados en la pretensión anterior; el ajuste del valor de las respectivas
condenas y los intereses moratorios de las respectivas condenas.

1 Visible a folios 221 a 246 del cuaderno del Tribunal.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 02862 01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. - ETB - E.S.P.

3. En consecuencia se condene a las entidades demandadas al reconocimiento y
pago de los conceptos mencionados en la pretensión anterior.

4. Se condene a las entidades demandadas a las costas del proceso.

II. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

1. Se declare que la liquidada Cajanal Eice incumplió el contrato de prestación de
servicios número 07 del 23 de diciembre de 2005 sus adicionales y anexos
celebrados con mi representada al no cancelar el valor de las sumas que fueron
reclamadas por la Etb en el proceso de liquidación de esta entidad correspondiente
a los servicios de telefonía básica conmutada local y larga distancia y servicios de
internet y datos.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se condene a las entidades
demandadas que asumieron obligaciones a cargo de la liquidada Cajanal Eice al
pago de las sumas reclamadas en dicha liquidación o las que se liquiden en la
sentencia que ponga fin al proceso así como el ajuste al valor y los intereses
moratorios respectivos.

3. Se condene a las entidades demandadas a las costas del proceso”2.

1.2. Actos cuestionados

1.2.1. La Resolución 519 del 17 de enero de 2011, que resolvió:

“LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN

Resolución 519 del 17 de enero de 2011

Por medio de la cual el Liquidador de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN efectúa
una aclaración a la Resolución No. 418 del 24 de agosto de 2010, y decide parte
de las reclamaciones presentadas oportunamente en las que se pretende el
reconocimiento de acreencias con cargo a la masa de la liquidación o excluidas de
ella, esto es, de créditos de contenido diferente al reconocimiento de prestaciones
económicas de carácter pensional.

EL LIQUIDADOR DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -
CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN

En ejercicio de sus funciones y facultades legales, en especial las consagradas en
el Decreto 2196 de 2009, el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105
de 2006, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993),
modificado parcialmente por la Ley 510 de 1999, el Decreto 2555 de 2010, y las
demás normas concordantes y complementarias y.

CONSIDERANDO

(…)

2 Folios 222 y 223 ibídem.

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Radicado: 25000 23 41 000 2013 02862 01
Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. - ETB - E.S.P.

CAPÍTULO VII

CAUSALES GENERALES DE RECHAZO

TRIGESIMO SEXTO: Son causales de rechazo de las reclamaciones
oportunamente presentadas, las siguientes:

(...).

13. Una vez revisados los soportes aportados por el reclamante y los documentos
que se encuentran en los archivos de la entidad se determinó la inexistencia de la
obligación reclamada.

Dentro de esta causal se encuentran comprendidos, los reclamos por concepto de
intereses moratorios o indemnización moratoria, presuntamente generados con
posterioridad al 12 de junio de 2009, así como el reconocimiento de indexación o
valorización monetaria.

Igualmente, se incluye en esta causal el rechazo de las reclamaciones de intereses
de todo tipo con respecto al cumplimiento de providencias judiciales que impongan
o liquiden una condena o aprueben una conciliación, cuando los beneficiarios de
las mismas no hayan acudido a la entidad para hacerla efectiva, acompañando la
documentación requerida para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

De otra parte, se incluyen en esta causal de rechazo las reclamaciones de bienes
o sumas de dinero, en los casos en que los mismos hubieren sido restituidos con
anterioridad a la supresión y orden de liquidación de CAJANAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN.

(...).

20. Se rechaza por tratarse de reclamaciones que por su naturaleza y/o fecha de
causación obedecen a gastos de la liquidación. Estas reclamaciones se
trasladarán a la dependencia Interna competente para determinar su existencia,
exigibilidad, procedencia y cuantía. Lo anterior, sin perjuicio de que con
posterioridad se determine el incumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato, que implique que el servicio prestado
o el bien suministrado constituya un hecho cumplido; o que se determine que el
contrato terminó anticipadamente, no siendo procedente el reconocimiento de
suma alguna derivada de la prestación de servicios basada en el mismo; o que se
hubiese liquidado el contrato previamente.

21. Con base en los soportes allegados y las pruebas que reposan en los archivos
de la entidad, no fue posible establecer la existencia y exigibilidad de la obligación
reclamada. Es preciso indicar que respecto de las reclamaciones presentadas por
concepto de la prestación de algún servicio o el suministro de bienes a CAJANAL
E.I.C.E. hoy en liquidación, se debió aportar copia del contrato u orden de servicio,
de la aprobación de la garantía única de cumplimiento cuando era exigida, del
recibo a satisfacción suscrito por el funcionario competente de CAJANAL E.I.C.E.,
hoy en liquidación, del soporte del pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral que permita verificar el correcto pago de los mismos por el periodo
reclamado y los demás documentos y requisitos que contractualmente se hubiesen
estipulado para el reconocimiento y pago del derecho que se reclama. Lo anterior,
sin perjuicio de que con posterioridad se determine el incumplimiento de los

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Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. - ETB - E.S.P.

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que implique que el
servicio prestado o el bien suministrado constituya un hecho cumplido.

(...).

31. No aportó el original del título ejecutivo base de la reclamación. En caso de
títulos ejecutivos complejos, con la reclamación no se allegan todos los
documentos que lo constituyen.

En el caso de facturas de servicios públicos, la factura aportada no cumple los
requisitos previstos en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el
artículo 18 de la ley 689 de 2001.

(...).

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, el liquidador de CAJANAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN podrá rechazar las reclamaciones que por cualquier causa o motivo
no cumplan los requisitos legales para su aceptación.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las reclamaciones presentadas oportunamente y que
fueron objeto de rechazo se relacionan en los anexos cuatro (4) y cinco (5) del
presente acto administrativo.

(….)

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Liquidador de CAJANAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR los considerandos Trigésimo Noveno,
Cuadragésimo Tercero, Cuadragésimo Cuarto y Quincuagésimo y el artículo
Séptimo de la Resolución No. 418 de 2010, en el sentido indicado en el
considerando décimo cuarto del presente acto administrativo.

(…)

ARTÍCULO SÉPTIMO: RECHAZAR las reclamaciones contenidas en el anexo
cinco (5) de la presente Resolución, por las causales específicas que se indican
en los mismos, respecto a cada reclamación, de acuerdo con lo expuesto en el
capítulo x de los considerandos del presente acto administrativo.”

“LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN
RESOLUCIÓN No. 000519 17 ENE 2011
ANEXO 5

RECLAMACIONES, PROCESOS EJECUTIVOS Y COACTIVOS EN QUE SE
PRETENDE EL RECONOCIMIENTO DE SUMAS A CARGO DE LA MASA DE LA
LIQUIDACIÓN

PRO RADI CAUSALES
C RAD IDENTI APE
CES CAD DE
S ICA FICACI NOMBRES LLID
O O RECHAZO
C DO ÓN OS
EJE PROV 1 2 3 4 5 6

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CUT IDEN
IVO CIA
COA JUDI
CTI CIAL
VO
(…)
EMPRESA DE
TELECOMUNIC
23 1536 899999 ACIONES DE 2 2 3
3 2 1158 BOGOTÁ S.A. 0 1 1
ESP ETB S.A.
ESP
(…)”3.

1.2.2. La Resolución 4463 del 21 de mayo de 2013 indicó:

“LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN

Resolución 4463 del 21 de mayo de 2013

Por medio de la cual el Liquidador de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN
resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 519 del 17
de enero de 2011.

EL LIQUIDADOR DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL-CAJANAL
E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN

En ejercicio de sus funciones y facultades legales, en especial las consagradas en
el Decreto 2196 de 2009 modificado por los decretos 2040 de 2011, 1229 y 2776
de 2012 y 877 de 2013, el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105
de 2006, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993),
modificado parcialmente por la Ley 510 de 1999, el Decreto 2555 de 2010, y las
demás normas concordantes y complementarias y

CONSIDERANDO

(…)

B. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Respecto de la ejecución del contrato 07 de 2005, mediante oficio de fecha marzo
20 de 2013, la Coordinadora Administrativa y Financiera indicó que:

“De acuerdo al ACTA DE INICIACIÓN DE SERVICIOS CAJANAL- ETB No 07-
2005, de fecha 14 de Marzo de 2006, se recibe a satisfacción el objeto del convenio
interadministrativo N° 07-2005 de fecha 4 de marzo de 2005 y se aclara que el
Convenio Interadministrativo N° 07-2005-3 modificó el Convenio
Interadministrativo N° 07 2005, en el sentido de que el servicio de Colocation se
cambia por Servicio de Hosting Dedicado.

Con el cambio del servicio de colocatión a Hosting dedicado varía el valor del costo
mensual de la solución pasando de $12.238.000 mensuales establecido en el
contrato 07 de 2005 a $8.968.192,00 mensual durante doce (12) meses, para un

3 Folios 379 a 396 y 413 ibídem.

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total de $107.618.304 el valor del servicio para los doce meses establecidos en el
anexo sobre permanencia mínima del contrato 07 de 2005.

Partiendo que el servicio contratado en el Convenio Interadministrativo fue de un
año, tal como se especifica en el anexo sobre permanencia mínima del contrato
07, en el numeral 1, DURACIÓN Y PRORRÓGA AUTOMÁTICA, el valor ejecutado
en el contrato 07-2005 ascendería a la suma de $ 141.101.464, tal como se detalla
a continuación:

Con la firma del otrosí N°1,2y3al contrato 07-2005 y bajo el supuesto que el otro si
N° 3 no fue ejecutado por valor de $89.096.310, tal como lo establece la cláusula
de valor total del contrato, sino como se especificó en la forma de pago que
correspondía a 12 mensualidades de $8.909.631 para un total de $106.915.572,
el valor total del contrato y sus respectivos otrosíes hasta el 14 de Marzo de 2007
quedaría de la siguiente forma:

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Como se indicó, según el anexo de permanencia mínima, la duración del contrato
era mínimo de 1 año desde la suscripción del acta de esto es, desde el 14 de marzo
de 2006 fecha de suscripción del acta y hasta el 14 de marzo de 2007, por lo tanto,
el valor total del contrato, con sus adiciones por ese término sería de
$676.606.923,00, no obstante, de la información que reposa en los archivos de la
entidad se pudo establecer que el contrato 07 de 2005 continuó ejecutándose,
como se indica en el citado oficio de la Unidad Administrativa y Financiera donde
se señala:

“(...) De acuerdo al documento presentado por ETB en fecha 18 de Julio de 2007,
mencionan que a principios del mes de Febrero de 2007 se solicitó la suspensión
del canal de Maikita, evento que coincide con el cierre de la sede y que en las
demás sedes de CAJANAL ElCE se continuo con los servicios contratados hasta
finales del mes de Mayo de 2007 cuando se solicitó la suspensión del canal de
Torre Blanca y los servicios del Data Center. Es decir que los servicios prestados
durante el periodo comprendido entre Marzo 14 de 2007 y Mayo 31 de 2007 seria
de acuerdo al siguiente detalle:

En el oficio de fecha 18 de Julio de 2007 ETB informa que continuaban los servicios
de canal dedicado a internet en la sede Can y el servidor de la página web y los
servicios que no continuaban a partir de junio de 2007 eran los servicios de canal
Torre Blanca y servicios del Data Center.

Se encuentra en el expediente oficio G.G, N° 2995 de Septiembre 24 de 2007,
donde se solicita a ETB facturar los servicios de internet canal dedicado, equipos

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y hosting en la cuenta de servicios públicos a partir del mes de agosto de 2007, de
acuerdo al siguiente detalle:

Dado que ETB facturó los anteriores servicios en la cuenta de servicios públicos
numero 4363215 a partir del consumo del mes de Agosto de 2007, se presume
que el valor del servicio correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2007 sería
$10.254.400 con cargo a la cuenta 6473666.

Detallando el contrato, sus respectivos otrosíes y la prestación de los servidos
hasta el 30 de Julio de 2007, el valor ejecutado dentro de la cuenta 6473666 donde
se facturó los servicios contratados en el convenio interadministrativo 07 de 2005,
sería de acuerdo al siguiente detalle:

Lo anterior, quiere decir que, con cargo al contrato 07 de 2005 se continuaron
facturando servicios hasta el 30 de julio de 2007, por un valor total facturado de $
706.900.803,00.

Ahora bien, de conformidad con la información suministrada por la Unidad
Administrativa y Financiera, con cargo al contrato 07 de 2005, sus respectivas
adiciones se efectuaron los siguientes pagos:

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No obstante, lo anterior, concluye la citada unidad que: “(...) no tenemos absoluta
certeza, en razón a que no contamos con las certificaciones de la prestación de los
servicios para la época ni que éstos estuvieran siendo prestados por ETB en las
sedes en las cuales se señalan, en consecuencia, no estamos en capacidad de
certificar que el saldo que se adeude a ETB sea el que arroja el análisis numérico
efectuado con los soportes disponibles (...).

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso indicar que, en primer lugar, los servicios
facturados a través de la cuenta cliente No. 6473666 no corresponden únicamente
al servicio de telefonía pública básica conmutada como lo afirma el recurrente, ya
que, como se indicó, a través de dicha cuenta se facturaron los servicios prestados
en virtud del contrato 07 de 2005, entre ellos instalaciones de equipos y obras
civiles.

Al respecto, es preciso advertir que al ser el Liquidador un tercero frente a la
relación contractual suscrita entre el reclamante y la entidad antes de su
liquidación, no puede avalar la prestación de servicios que se ejecutaron con
anterioridad al inicio de su gestión, sin que cuente con pruebas de las cuales pueda
llegar al convencimiento de que se efectuó la prestación del servicio a satisfacción
de la entidad, las cuales, en el caso de la ejecución de contratos deben provenir
del supervisor, persona a quien la entidad asigna la responsabilidad de controlar
la ejecución del objeto del contrato y de su presupuesto.

Así las cosas, se confirma la causal 21 aplicada a la reclamación frente a las
facturas 88612700, 90453261, 92293986 y 94103569 correspondientes a la cuenta
cliente 6473666.

Si bien es cierto que, a través de las mencionadas facturas no solo se efectúa el
cobro de servicios de TPBC si no también otros servicios prestados en virtud del
contrato 07 de 2005, por tratarse de una factura de servicios públicos es necesario
remitirnos a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, al respecto, la cual su artículo 130,
modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001 dispone:

"(...) La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el
representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo, con las
normas del Derecho Civil y Comercial. (...)"

Verificada la documentación remitida con la reclamación y el recurso de reposición,
se estableció que con la reclamación se allegaron copias de las facturas
reclamadas suscritas por el representante legal de la ETB autenticadas en notaria,

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S.A. - ETB - E.S.P.

por lo tanto, al no tratarse de la factura original suscrita por el representante legal
de dicha empresa se tiene que las facturas reclamadas no cuentan con los
requisitos dispuesto en el artículo 130 de la ley 142 de 1994, lo cual dio lugar a la
imposición de la causal de rechazo No. 31 a la reclamación 15362.

Como quiera que con el recurso de reposición tan solo se allego copia simple de
la factura 88612700, se tiene que no se encuentran subsanadas las falencias que
dieron lugar a la imposición de la causal 31 a la reclamación, la cual deberá ser
confirmada.

Finalmente se observa que, de la verificación efectuada por la Unidad
Administrativo y Financiera sobre las facturas remitidas por la ETB respecto de la
cuenta cliente No. 6473666 se observa que, a partir de la factura del mes de
septiembre de 2007, correspondiente al consumo del mes de agosto de 2007, no
se registra ningún valor por consumo, indicando que el valor facturado de
$28.227.920 corresponden a $27.010.029,85 de consumo anterior y $1.217.889,78
por intereses de mora.

Así las cosas, las facturas reclamadas corresponderían a los siguientes conceptos:

Por lo anterior se tiene que el valor del consumo realmente cobrado es de
$27.010.029,85 y las demás sumas de dinero reclamadas con cargo a la cuenta
cliente No. 6473666 corresponden a intereses de mora.

Así las cosas, respecto de los intereses es preciso indicar que a la reclamación de
pago de intereses que la reclamante considera causados con posterioridad al 12
de junio de 2009, se le debe aplicar la causal de rechazo No. 13 consistente en:

"13. Una vez revisados los soportes aportados por el reclamante y los
documentos que se encuentran en los archivos de la entidad se determinó la
inexistencia de la obligación reclamada.

Dentro de esta causal se encuentran comprendidos, los reclamos por
concepto de intereses moratorios o indemnización moratoria, presuntamente
generados a partir del 12 de Junio de 2009, así como el reconocimiento de
indexación o valorización monetaria.

Igualmente, se incluye en esta causal el rechazo de las reclamaciones de
intereses de todo tipo con respecto al cumplimiento de providencias
Judiciales que impongan o liquiden una condena o aprueben una
conciliación, cuando los beneficiarios de las mismas no hayan acudido a la
entidad para hacerla efectiva, acompañando la documentación requerida
para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo.

De otra parte, se Incluyen en esta causal de rechazo las reclamaciones de
bienes o sumas de dinero, en los casos en que los mismos hubieren sido
restituidos con anterioridad a la supresión y orden de liquidación de
CAJANAL EICE en liquidación."

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Lo anterior atendiendo a que no es procedente el reconocimiento de intereses
moratorios respecto de las reclamaciones presentadas, a partir del 12 de junio de
2009, fecha en la que se expidió y publicó el Decreto 2196 de 2009, por medio del
cual el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la Empresa, debido
a que el hecho irresistible que se deriva de una orden de ese tipo, es una situación
constitutiva de fuerza mayor, y a que la previa evacuación de los trámites propios
de los procesos liquidatorios, es una causa legal que impide a la deudora pagar
hasta tanto éstos se surtan, posición que se encuentra respaldada en la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia del 25 de junio de 1999 manifestó:

(…)

II. Con respecto a la reclamación de pago de las facturas Nos. 88612737,
90452431, 92293154 y 94102534 correspondientes a los servicios de los meses
de mayo, junio, julio y agosto de 2009 respecto de la cuenta No. 4363215, por los
siguientes valores:

Verificada la documentación allegada con la reclamación y el recurso de
reposición, no se encontraron documentos que permitan establecer los servicios a
los que se hace referencia a través de las facturas en mención, o si los mismos
fueron efectivamente recibidos por la entidad.

No sobra recordar que al ser el Liquidador un tercero frente al vinculo jurídico que
unió al reclamante con la entidad antes de su liquidación, no puede avalar la
prestación de servicios que se ejecutaron con anterioridad al inicio de su gestión,
sin que cuente con pruebas de las cuales pueda llegar al convencimiento de que
se efectuó la prestación del servicio a satisfacción de la entidad.

Al respecto, se observa que el recurrente manifiesta en el escrito del recurso de
reposición que existe un error de apreciación de las pruebas aportadas con la
reclamación, dado que si bien es cierto las facturas identificadas con los números
4363215 y 6473666 pertenecían al mes de junio, también es cierto que estas
facturas en realidad cobran el periodo de consumo del 1° al 31 de mayo de 2009,
tiempo para el cual aún no se había decretado la liquidación de CAJANAL ElCE y
que por lo tanto permite la constitución de estas cuentas como pasivo anterior a la
liquidación que debería entrar a pagarse con la masa liquidatoria, ergo, no debe
ser considerado como pasivo gasto de la liquidación.

Nos encontramos pues, ante una obligación que nace una vez concretada el ciclo
de consumo. Por lo tanto, si entendemos que el ciclo de consumo se concretó el
31 de mayo de 2009, es obvio que la fecha de causación de la obligación que se
redama ocurrió antes de la fecha en que se decretó la liquidación de CAJANAL
ElCE y no después de esta, como equivocadamente se colige de la resolución
impugnada. (...)”.

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Sin embargo, olvida el recurrente que en el escrito de la reclamación se indicó
claramente que:

"(...) SEGUNDO a) Que CAJANAL ElCE EN LIQUIDACION le reconozca a
la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP el valor
de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SIECIENTOS (SIC) TREINTA PESOS M.CTE ($209.381.63000) por
concepto de telefonía pública básica conmutada que CAJANAL ElCE EN
LIQUIDACION en su calidad de usuaria le adeuda a ETB SA ESP por las
cuentas especiales 4363215 y 6473666 las cuales se encuentran
discriminadas así:

Facturación de Junio-2009, correspondiente al período de Mayo 1 al 31 de
2009 (Valores de la masa)

b) Que el valor de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($31.473.690.00),
sean reconocidos como gastos de administración, de acuerdo con el artículo
38 del Decreto 2211 de 2004 en concordancia con el literal h) del numeral 9
del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual dispone
(...)".

Así las cosas, en la reclamación se indicó que las sumas reclamadas obedecían
al cobro de servicios prestados tanto antes del inicio del proceso liquidatorio, como
a servicios prestados con posterioridad, solicitando específicamente el pago de
estos últimos como gastos de administración.

Si bien es cierto, frente a la cuenta No. 4363215 se pudo establecer que el valor
reclamado obedecía solo a servicios prestados con anterioridad al 12 de junio de
2009 más intereses, no ocurre lo mismo respecto de la cuenta 6473666, frente a
la cual los servicios reclamados corresponden a consumos efectuados tanto antes
como después del 12 de junio de 2009.

Frente a los servicios que el reclamante consideró prestados con posterioridad al
inicio del proceso liquidatorio, por tratarse de gastos administrativos del a
liquidación como se reconoció en la reclamación, su trámite se remitió a la
Coordinación Administrativa y Financiera con el fin de determine la existencia,
exigibilidad, procedencia y cuantía de la obligación de pago.

Frente a la inconsistencia que se presenta entre los argumentos expuestos en la
reclamación y lo manifestado por el recurrente se aclara que siendo la finalidad del
proceso de calificación de acreencias reconocer los créditos que adeuda la entidad
en igualdad de condiciones para todos sus acreedores, el liquidador efectúa la
calificación de las reclamaciones presentadas teniendo en cuenta la
documentación allegada con la reclamación y la que repose en los archivos de la
entidad, según lo que haya reclamado el acreedor, sin que le este dado al
reclamante modificar o adicionar los conceptos reclamados a través del recurso de

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reposición sin violar los principios de los procesos concúrsales, especialmente el
de igualdad de los acreedores frente a la masa de la liquidación.

Dada la naturaleza dispositiva, rogada y preclusiva del proceso de calificación y
graduación de acreencias, las normas que lo regulan prevén un período para la
presentación oportuna de las acreencias, etapa que una vez culminada no puede
ser revivida, puesto que actuar de dicha forma afectarla a los demás acreedores.

Así las cosas, los interesados tienen la carga procesal de presentarse al concurso
dentro de la oportunidad legal, indicando claramente el contenido de sus
pretensiones, y en caso de no cumplir su carga asumen el efecto previsto
legalmente, que es la calificación de extemporánea de la reclamación, asunto que
el liquidador puso de presente en el aviso emplazatorio.

Teniendo en cuenta lo anterior, se mantiene los argumentos que dieron lugar a la
imposición de la causal de rechazo No. 20 a la reclamación 15362 a través de la
Resolución 519 de 2011, razón por la cual, se confirma.

De otra parte y frente a los servicios prestados con anterioridad al 12 de junio de
2009, se observa que corresponden al cobro de servicios de TPBC y por tratarse
de una factura de servicios públicos es necesario remitirnos a lo dispuesto en la
Ley 142 de 1994, al respecto, la cual su artículo 130, modificado por el artículo 18
de la ley 689 de 2001 dispone:

“(...) La factura expedida parla empresa y debidamente firmada por el
representante legal de la entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las
normas del Derecho Civil y Comercial. (...)”

Verificada la documentación remitida con la reclamación y el recurso de reposición,
se estableció que con la reclamación se allegaron copias autenticadas en notaría
de las facturas reclamadas, por lo tanto, al no tratarse de la factura original suscrita
por el representante legal de la ETB se tiene que las mismas no cuentan con los
requisitos dispuesto en el artículo 130 de la ley 142 de 1994, lo cual dio lugar a la
imposición de la causal de rechazo No, 31 a la reclamación 15362.

Como quiera que con el recurso de reposición tan solo se allego copia simple de
la factura 88612737, se tiene que no se encuentran subsanadas las falencias que
dieron lugar a la imposición de la causal 31 a la reclamación, la cual deberá ser
confirmada.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la calificación adoptada a través de la
Resolución No. 519 del 17 de enero de 2011, con respecto a la reclamación 15362
presentada por la abogada de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A. E.S.P. ETB S.A. E.S.P., en el sentido de ADICIONAR la causal de
rechazo No. 13 a las causales de rechazo aplicadas a la reclamación y
CONFIRMAR las causales 20, 21 y 31, de conformidad con lo manifestado en los
considerandos del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: La calificación asignada a la reclamación 15362 a través del
presente acto administrativo se considera parcial, dado que el Liquidador no se
pronunció sobre la solicitud de reconocimiento y pago de cuotas partes incluida en
la reclamación 15362.

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(…)

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2196 de 2009, y de
esta manera queda agotada la vía gubernativa”4.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

1.3.1. Como normas infringidas, la demandante invocó los artículos 1, 2, 6, 29,
31, 83, 124, 209, 228 de la Constitución Política; 1502, 1571, 1625, 1626, 1627, 1645,
1713 y 2495 del Código Civil; 774 del Código de Comercio; 130 y 148 de la Ley 142
de 1994, y 7.2.2 de la Resolución 575 del 9 de diciembre de 2002, expedida por la
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.

1.3.2. En los acápites de hechos y de fundamentos de derecho, expuso los siguientes
argumentos:

1.3.2.1. En el término correspondiente, con radicado 15362, ETB S.A. E.S.P.
reclamó a Cajanal E.I.C.E. en Liquidación el pago de las cuentas 4363215 y 6473666,
por valor total de doscientos nueve millones trescientos ochenta y un mil seiscientos
treinta pesos ($209.381.630), correspondientes a la ejecución del contrato 07 de 2005,
que tuvo por objeto los servicios de telecomunicaciones de valor agregado TPBCL y
TPBCLD.

1.3.2.2. Dentro del valor reclamado incluyó la suma de ciento setenta millones
novecientos siete mil novecientos cuarenta pesos ($177.907.940), como valor con
cargo a la masa, y la suma de treinta y un millones cuatrocientos setenta y tres mil
seiscientos noventa pesos ($31.473.690), con cargo a los gastos de administración de
la liquidación, de acuerdo con el artículo 38 del Decreto 2211 de 2004 y el literal h del
numeral 9º del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

1.3.2.3. Mediante la Resolución 519 del 17 de enero de 2011, Cajanal E.I.C.E.
en Liquidación rechazó las acreencias presentadas por ETB S.A. E.S.P. bajo el
radicado 15362, con fundamento en las causales de rechazo 20, 21 y 31,

4 Folios 358 a 378 ibídem.

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contempladas en ese mismo acto. Sin embargo, según la demandante, el acto
enjuiciado, más allá de invocar las anteriores causales, no expuso ningún argumento
de fondo que justificara el rechazo de las cuentas objeto de reclamación.

1.3.2.4. La actora señaló que, en el recurso de reposición contra la Resolución
519 del 17 de enero de 2011, frente a la aplicación de la causal 20 de rechazo, sostuvo
que las cuentas reclamadas correspondían al periodo de consumo del 1º al 31 de mayo
de 2009, momento en el que aún no se había decretado la liquidación de Cajanal
E.I.C.E., lo que ocurrió el 12 de junio de ese año. Es decir, que la reclamación
correspondía a obligaciones anteriores a la liquidación, por lo que eran pasivo de esta
y debían pagarse con cargo a la masa.

1.3.2.5. Dijo que en el recurso también alegó que las reglas invocadas en la
causal 21 de rechazo, que cuestionan la exigibilidad de la obligación reclamada con
fundamento en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, no
son aplicables a las cuentas reclamadas por ETB S.A. E.S.P., pues estas se rigen por
las normas especiales que gobiernan el servicio de telefonía básica conmutada, esto
es, entre otras, las contenidas en las Leyes 142 de 1994 y 1342 de 2009; y por las
cláusulas del contrato de adhesión que el usuario acepta una vez solicita el servicio.

Según la actora, conforme con esas disposiciones, para que las cuentas sean exigibles
y las facturas presten mérito ejecutivo, basta con que el usuario las conozca,
presupuesto que se cumplió en este caso pues Cajanal E.I.C.E. en Liquidación ya
conocía las que se presentaron en la reclamación, las cuales estaban firmadas por el
representante legal de ETB S.A. E.S.P. Agregó que, asimismo, los servicios de valor
agregado incluidos en las cuentas objeto de la reclamación también eran exigibles, lo
cual podía evidenciarse en el expediente con la oferta de servicios y la aceptación
expresa de Cajanal E.I.C.E.

1.3.2.6. Indicó que Cajanal E.I.C.E. en Liquidación resolvió el recurso de
reposición mediante Resolución 4463 del 21 de mayo de 2013, en la que, al advertir la
debilidad de las causales de rechazo inicialmente utilizadas, adicionó la causal 13.
Anotó que, al invocar esta causal, la decisión se tornó ilegal por falta de competencia
y vulneró el principio de cosa juzgada administrativa, pues la oportunidad para
esgrimirla era el acto principal, y no el que resolvía el recurso, situación que, además,

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generó la violación del debido proceso porque la reclamante no tuvo oportunidad para
controvertir la nueva causal ante el liquidador.

1.3.3. En el acápite de fundamentos de derecho, expuso que la Resolución 4463 del
21 de mayo de 2013 adicionó indebidamente otros argumentos al rechazo de la
reclamación, esto es, (i) que no existían pruebas de la prestación del servicio, pues no
había un supervisor del contrato, (ii) que ETB S.A. E.S.P. incurrió en una confusión al
reclamar parte de las obligaciones como anteriores y otras como posteriores al proceso
de liquidación, y (iii) que la reclamante no aportó los originales de las facturas, como
lo ordena el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, por lo que no se conformó el título
ejecutivo.

1.3.3.1. Con fundamento en lo anterior, alegó que la Resolución 519 del 17 de
enero de 2011 adolecía de falsa motivación porque no expuso las verdaderas
razones del rechazo de las acreencias de ETB S.A. E.S.P., las cuales solo fueron
exteriorizadas al resolver el recurso de reposición, a través de la Resolución 4463 del
21 de mayo de 2013. Además, adujo que este último acto vulneró el debido proceso
porque en la parte resolutiva indicó que contra el mismo no procedía ningún recurso.

1.3.3.2. Por otra parte, sostuvo que los actos administrativos demandados
adolecían de falsa motivación, porque (i) no es cierto que el pago de las cuentas
reclamadas estuviera sujeto al certificado de un supervisor, pues ese requisito no se
desprendía del contrato, el cual, por el contrario, establecía que los cobros se
entendían aceptados si no se presentaba reclamación oportuna, y (ii) en los términos
de la Ley 142 de 1994, las facturas firmadas por el representante legal de la empresa
de servicios públicos prestan mérito ejecutivo, sin que sea necesario el cumplimiento
de los requisitos que echó de menos el liquidador.

1.3.3.3. Con base en lo anterior, señaló que en este caso se había presentado un
enriquecimiento sin justa causa para Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, en detrimento
del patrimonio de ETB S.A. E.S.P.

Luego, arguyó que el hecho de que los créditos presentados por ETB S.A. E.S.P.
fueran graduados como pasivos de la liquidación o como gastos de administración no
constituía vulneración del principio de igualdad de los acreedores. A juicio de la

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demandante, “la graduación del crédito como pasivo de la liquidación o gasto de la
administración, viene a ser una cuestión meramente formal que en nada debe afectar
el reconocimiento de un pasivo que en últimas se encontraba plenamente justificado y
que fue presentado oportunamente dentro del proceso concursal en respeto del
principio de igualdad de los acreedores”5.

Por ello, “el rechazo total de la acreencia por una cuestión formal como lo propone el
liquidador es injustificada y desproporcionada pues al menos sobre parte de las
facturas existía plena certeza que hacían parte de los pasivos de la liquidación, hecho
que nunca fue controvertido por el liquidador”6.

Al respecto agregó que si, en gracia de discusión, se admitiera que parte de las
acreencias presentadas por ETB S.A. E.S.P. correspondían a gastos de
administración, lo cierto es que el liquidador tiene la facultad para transigir o conciliar
obligaciones, por lo que bien pudo haber encauzado debidamente la reclamación, en
salvaguarda del derecho sustancial. Y que, si el funcionario consideraba que ese
encauzamiento constituía vulneración del derecho a la igualdad, lo propio era aceptar
con cargo a la masa la parte correspondiente al pasivo de la liquidación, y ordenar el
pago efectivo de la parte de gastos de administración, en lugar de rechazar todas las
cuentas presentadas.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. El Ministerio de Salud y Protección Social contestó oportunamente la demanda
y sostuvo que entre sus funciones no se encuentra la de responder por las actuaciones
de sus entidades descentralizadas, las cuales gozan de autonomía administrativa y
financiera, ni por los actos de sus liquidadores.

2.1.1. Manifestó que Cajanal E.I.C.E. en Liquidación suscribió contratos de fiducia
mercantil con Fiduagraria S.A. y constituyó patrimonios autónomos que eran
representados por esa entidad fiduciaria. No obstante, aclaró que el objeto de dichos
patrimonios no era atender asuntos que eran competencia del liquidador.

5 Folio 241 del cuaderno del Tribunal.
6 Folio 241 y 242 ibídem.

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2.1.2. Señaló que al Ministerio le corresponde actuar como ente rector del sector salud
y protección social, y ejercer el control de tutela sobre las entidades adscritas y
vinculadas, funciones que debe cumplir dentro del marco del principio de legalidad,
esto es, sin asumir competencias o responsabilidades que no le corresponde. En tal
sentido, dijo que no podría ser considerado sucesor o sustituto procesal ni subrogatario
de la entidad liquidada.

2.1.3. Finalmente, propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, “inexistencia de daño antijurídico por parte de la Nación – Ministerio de Salud
y Protección Social”, “prescripción”, “falta de agotamiento de la vía gubernativa frente
al Ministerio de Salud y Protección Social”, “inexistencia de la obligación”, “cobro de lo
no debido”, “inexistencia de la solidaridad entre las demandadas” y “la innominada”.

2.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito público alegó que no fue él quien expidió
los actos administrativos demandados, por lo que no tiene ninguna responsabilidad
frente a las pretensiones de ETB S.A. E.S.P., y que, en el mismo sentido, no le consta
si Cajanal E.I.C.E. en Liquidación incumplió el contrato 07 de 2005, pues no intervino
en su celebración ni fue su interventor.

2.2.1. Indicó que, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 489 de 1998 y con el
principio de legalidad, el Ministerio se encuentra facultado exclusivamente para ejercer
las funciones que expresamente le asigna la ley, dentro de las cuales no está la de
proferir actos administrativos como los que aquí se controvierten.

2.2.2. Adujo que Cajanal E.I.C.E. fue creada por la Ley 6 de 1945 como un
establecimiento público del orden nacional, y luego, mediante la Ley 490 de 1998, fue
transformada en una empresa industrial y comercial del Estado con personería jurídica,
autonomía administrativa y patrimonio propio. Dijo que el Decreto 2196 de 2009, que
ordenó la liquidación, la facultó para celebrar contratos de fiducia mercantil con los que
se constituyeran patrimonios autónomos para atender los asuntos que persistieran
luego de terminado el proceso.

Que, de acuerdo con esas facultades, Cajanal E.I.C.E. en Liquidación celebró el
contrato de fiducia mercantil 14 del 16 de mayo de 2013 con Fiduagraria S.A., mediante
el cual se constituyó el patrimonio autónomo de procesos y contingencias no

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misionales, con la finalidad de ejercer la defensa legal de la entidad, de servir como
fuente de pago de los créditos contingentes judiciales y de los honorarios profesionales
de abogados, y de realizar la entrega de los remanentes al Fondo de Pensiones
Públicas del Nivel Nacional – FOPEP.

2.2.3. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“improcedencia de la acción frente al Ministerio de Hacienda al no existir acto
administrativo expedido por esta cartera”, “falta de agotamiento de la vía gubernativa
respecto de este Ministerio” y de “improcedencia del cobro de intereses en el caso de
entidades en liquidación”.

2.3. Fiduagraria S.A., como administradora y vocera del P.A.R. Cajanal, y el propio
P.A.R. Cajanal, contestaron la demanda en un mismo escrito en el que se opusieron
a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

2.3.1. La inclusión de una nueva causal de rechazo de las acreencias en la Resolución
4463 del 21 de mayo de 2013 no afectó la legalidad del acto, pues éste, en todo caso,
confirmó las causales esgrimidas en la Resolución 519 del 17 de enero de 2011, razón
por la cual no vulneró ningún principio que rija la función administrativa, especialmente el
debido proceso.

2.3.2. En relación con la cuenta 6473666, señalaron que Cajanal E.I.C.E. había
realizado pagos a ETB S.A. E.S.P. por un total de seiscientos noventa y seis millones
cuatrocientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y tres pesos con ochenta y ocho
centavos ($696.464.333,88), de los cuales seiscientos veinticuatro millones quinientos
noventa y cuatro mil trescientos cincuenta y dos pesos ($624.594.352) correspondían
a servicios derivados del contrato 07 de 2005. Que, cruzados esos dos pagos, se
generó un saldo a favor de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación de setenta y un millones
ochocientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta y un pesos con ochenta y ocho
centavos ($71.869.981,88) 7.

2.3.2.1. Luego, manifestaron que, por esa misma cuenta, en lo correspondiente al
periodo comprendido entre los meses de junio de 2007 y agosto de 2009, Cajanal E.I.C.E.

7 Cuadro No. 4, visible a folio 506 del cuaderno del Tribunal.

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adeudaba a ETB S.A. E.S.P. la suma de setenta y un millones cuatrocientos setenta y
dos mil ciento dieciocho pesos ($71.472.118), valor que fue ratificado por la reclamante
mediante oficio 3362871 del 8 de mayo de 2013.

2.3.2.2. Que, en suma, todos los servicios prestados en virtud del contrato 07 de 2005,
con sus adicionales y anexos, fueron debidamente pagados a ETB S.A. E.S.P. por
Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, y que, aplicando compensación a las dos cuentas
($71.869.981,88 - $71.472.118) quedaría un saldo a favor de esta última entidad por valor
de trescientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos ($397.849), que
debe ser pagada por la demandante.

2.3.3. Sostuvieron que la reclamación no discriminó los valores que correspondían los
servicios prestados antes y después del inicio del proceso liquidatorio, y que algunos sí
correspondían a gastos de administración de la liquidación, por lo que no podrían ser
reconocidos con cargo a la masa. Que, por lo tanto, la reclamación no brindó los
elementos necesarios para ser reconocida.

2.3.4. Indicaron que el cargo de enriquecimiento sin justa causa no debía prosperar
porque Cajanal E.I.C.E. en Liquidación pagó a la reclamante todas las obligaciones
derivadas del Contrato 07 de 2005, y que, en todo caso, la entidad no omitió ningún
pago por capricho o de manera arbitraria. Además, a su juicio, este tipo de alegatos
no proceden en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.3.5. Propusieron las siguientes excepciones:

2.3.5.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva: Dijeron que Fiduagraria S.A. no
debía asumir todas las obligaciones de la extinta Cajanal E.I.C.E., pues su
competencia se restringía a las que le fueron entregadas por el liquidador en virtud del
contrato de fiducia mercantil 23 de 2013, suscrito para la constitución del P.A.R.
Cajanal. Entre esas obligaciones, según argumentaron, no se encontraban las
reclamadas por ETB.

En este punto, agregaron que, de cualquier manera, de conformidad con el artículo
1233 del Código de Comercio y el artículo 146, numeral 7º, del Decreto 633 de 1993,
los bienes fideicomitidos se encuentran separados de los bienes propios de la

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sociedad fiduciaria, por lo que ésta no estaba obligada a pagar con su patrimonio las
obligaciones presentadas en el proceso de liquidación.

2.3.5.2. “Incumplimiento de requisitos de procedibilidad e inepta demanda y existencia
de un contrato”: Señalaron que las pretensiones subsidiarias de la demanda y el cargo
relacionado con el enriquecimiento sin justa causa no fueron presentados en la
conciliación prejudicial, por lo que el requisito de procedibilidad no se agotó en debida
forma y corresponde dar por terminado el proceso, de acuerdo con el numeral 6º del
artículo 180 del CPACA.

Además, adujeron que las obligaciones reclamadas se desprendían de un contrato, por
lo que ETB S.A. E.S.P. debió iniciar el medio de control de controversias contractuales.

2.3.5.3. “Los actos administrativos están conformes con el principio de legalidad”:
Indicaron que los actos administrativos demandados no están incursos en ninguna causal
de nulidad.

2.3.5.4. “No causación de intereses moratorios”: Sostuvieron que, de acuerdo con el
inciso segundo del artículo 1616 del Código Civil, la mora producida por fuerza mayor o
caso fortuito no daba lugar a indemnización de perjuicios, razón por la cual, teniendo en
cuenta que la extinción de Cajanal E.I.C.E. se produjo en virtud de un decreto que ordenó
su liquidación, no había lugar al reconocimiento de intereses moratorios.

2.3.5.5. “Cobro de lo no debido – Carencia del derecho – Inexistencia de la obligación”:
Alegaron que Fiduagraria S.A. y el P.A.R. Cajanal no fueron contratantes de ETB S.A.
E.S.P. ni son sucesoras o subrogatarias de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación. Que,
además, la demandante reclamó obligaciones inexistentes, pues ya habían sido pagadas
por la entidad liquidada.

2.3.5.6. “La reclamación presentada no fue soportada debidamente”: Manifestaron que
ETB S.A. E.S.P. no discriminó de manera correcta las obligaciones reclamadas, de
manera que diera lugar a su reconocimiento.

2.3.5.7. “Compensación y pago de la obligación”: Luego de cruzar las obligaciones
mutuas de ETB S.A. E.S.P. y Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, se genera un saldo a favor

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de esta última por trescientos noventa y siete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos
($397.849).

III. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES

3.1. Mediante escrito presentado el 5 de septiembre de 2014, dentro del término del
traslado de excepciones, ETB se opuso a la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por los Ministerios de Salud y Protección Social y de
Hacienda y Crédito Público, y dijo que el hecho de que esas entidades no hayan expedido
los actos demandados no implicaba que no estuvieran directamente vinculadas con la
controversia, dado el nexo que tenían con Cajanal E.I.C.E.

3.2. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa propuesta
por el Ministerio de Salud y Protección Social, alegó que ETB interpuso oportunamente
el recurso de reposición contra el acto que se cuestiona y que convocó al Ministerio a la
audiencia de conciliación extrajudicial.

3.3. En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por Fiduagraria S.A. y el P.A.R. Cajanal, adujo que lo relevante no era
determinar si esas entidades tenían la responsabilidad de atender todos los procesos
judiciales que se adelanten contra la extinta Cajanal E.I.C.E., sino analizar la legalidad
de los actos que rechazaron las acreencias de ETB y ordenar el restablecimiento del
derecho, como consecuencia del incumplimiento en el pago de éstas.

3.3.1. Indicó que, en todo caso, el P.A.R. Cajanal fue constituido para la administración
de los bienes que tenía la entidad liquidada y para el adelantamiento de las actuaciones
posteriores al cierre de ésta, como el pago de las obligaciones incluidas en el contrato,
entre las que debían encontrarse las cuentas objeto de la reclamación de ETB. Que, por
lo tanto, Fiduagraria S.A., como representante del patrimonio autónomo, está legitimada
para responder en el asunto.

3.4. Respecto de la excepción de “Incumplimiento de requisitos de procedibilidad e inepta
demanda y existencia de un contrato”, propuesta por Fiduagraria S.A. y el P.A.R. Cajanal,
señaló que convocó a audiencia de conciliación que se llevó a cabo ante la Procuraduría
General de la Nación, y en ésta se planteó como objeto del asunto la existencia de una

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obligación pendiente de pago por parte de Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, por concepto
de cuentas de un contrato de prestación de servicios de telefonía básica conmutada local
y larga distancia, y servicios de internet y datos.

IV. AUDIENCIA INICIAL.

4.1. En audiencia del 23 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Salud y
Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al considerar que estos
no tuvieron ninguna participación en la expedición de los actos administrativos
demandados.

4.2. Luego, fijó el litigio de la siguiente forma:

“2) Cumplido lo anterior, por no observarse vicios o causales de nulidad que
impidan emitir un pronunciamiento de fondo se procede a fijar el litigio en los
siguientes términos: 1) de la lectura de la demanda se tiene que los hechos en que
se fundan las súplicas se resumen en lo siguiente: a) mediante la resolución
número 1519 de 17 de enero de 2011 Liquidador de la Caja Nacional de Previsión
Social - Cajanal EICE en Liquidación (fls. 3 a 103 cdno anexos) rechazó el
reconocimiento y pago de la reclamación número 15362 respecto de las facturas
con números de cuenta 4363215 y 6473666; b) la parte demandante el 4 de febrero
de 2011 interpuso recurso de reposición contra la resolución número 1519 de 17
de enero de 2011, recurso que fue resuelto mediante la resolución número 4363
de 21 de mayo de 2013 en la que se confirmó en todas sus partes la resolución
recurrida. Frente a los elementos fácticos de la demanda el Patrimonio Autónomo
de Remanentes de Cajanal EICE manifestó que los hechos relacionados en los
numerales 1 a 6, 9 a 15, 19, 26 y 27 son ciertos; el relacionado en el numeral 18
no es un hecho; sobre el hecho enunciado en el numeral 21 manifiesta que se
atiene a lo que se pruebe; los descritos en los numerales 7 y 23 a 25 no son ciertos;
el hecho 8 es parcialmente cierto y, frente a los numerales 16, 17 y 22 no hizo
pronunciamiento expreso respecto de su postura (fls. 477 a 482 cdno. ppal.). 2).
En ese contexto el objeto principal de las pretensiones de la demanda conforme a
lo consignado en el escrito de la demanda visible en los folios 222 a 253 del
cuaderno principal del expediente es que se declare la nulidad de la resolución
número 1519 de 17 de enero de 2011 Liquidador de la Caja Nacional de Previsión
Social - Cajanal EICE en Liquidación mediante la cual se rechazó el
reconocimiento y pago de la reclamación número 15362 respecto de las facturas
con número de cuenta 4363215 y 6473666, además, que se declare la nulidad de
resolución número 4363 de 21 de mayo de 2013 mediante la cual se resolvió el
recurso de reposición en el sentido de confirmar en todas sus partes la resolución
recurrida. (fls. 222 a 223 cdno. ppal.) y, que en consecuencia de lo anterior a título
de restablecimiento del derecho se condene a la entidad demandada a pagar los
perjuicios patrimoniales generados con la expedición de los actos administrativos
demandados e indexados a la fecha en que el Tribunal profiera la correspondiente
sentencia. Una vez analizada la solicitud de nulidad de los actos administrativos

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demandados se concluye que la censura se concreta en tres cargos, a saber: a)
falsa motivación porque los actos administrativos demandadas están
fundamentados en hechos que no corresponden a la realidad y carecen de
sustento normativo; b) nulidad por violación del derecho fundamental al debido
proceso por incluir extemporáneamente una nueva causal de rechazo y decidir sin
fundamentos у alguno que frente a tal decisión no procedía el recurso de apelación;
c) enriquecimiento sin causa por parte de Cajanal y en perjuicio de la ETB. Frente
a tales súplicas la parte demandada se opone en su totalidad por estimar que los
actos administrativos se ajustan a las leyes vigentes que regulan la materia, por lo
que se opone a todas las pretensiones de la demanda para lo cual aduce en
síntesis las siguientes razones: 1) los actos administrativos están conformes con
el principio de legalidad; 2) no causación de intereses moratorios tratándose de
créditos contra la masa; 3) cobro de lo no debido; 4) la reclamación presentada no
fue soportada debidamente y 5) compensación y pago de la obligación”8.

V. LA SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 23 de abril de 2015, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, denegó las pretensiones de la
demanda con base en los siguientes fundamentos9:

5.1. En cuanto a los cargos de falsa motivación y vulneración al debido proceso, dijo
que ETB no presentó los originales de las facturas objeto de la reclamación, sino copias
autenticadas por notario público, hecho que fue analizado en los actos demandados y
que no pudo ser desvirtuado por la actora.

Mencionó que la demandante reclamó la suma de cuarenta y dos millones ciento sesenta
y siete mil setecientos diez pesos ($42.167.710) por la cuenta especial corporativa
6473666, pero la reclamación no fue clara, pues no discriminó los valores, el servicio ni
el periodo de ejecución, circunstancia suficiente para que el liquidador denegara el pago.

Alegó que la cuenta 4363215, por valor de ciento sesenta y siete millones doscientos
trece mil novecientos veinte pesos ($167.213.920), incluía el costo de líneas telefónicas
que no estaban en servicio, lo que evidenció que la accionante reclamó el pago por
servicios no prestados. Como fundamento de lo anterior, señaló que la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, en la Resolución 20098140041315 del 20 de marzo
de 2009, que decidió el recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por
Cajanal E.I.C.E. en Liquidación contra la mencionada cuenta, expuso que, de las setenta

8 Folios 541 y 542 del Cuaderno del Tribunal.
9 Visible a folios 17 a 37 del Cuaderno nro. 2 del Tribunal.

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y ocho (78) líneas incluidas en el cobro, ETB S.A. E.S.P. finalmente presentó solo
diecinueve (19), de las cuales una (1) no fue tenida en cuenta por no estar a nombre de
la entidad en liquidación.

Expresó que ETB S.A. E.S.P. cobró servicios prestados antes del inicio del proceso
liquidatorio, cuyo pago no podía ser aceptado por el liquidador sin contar con una
certificación del supervisor o funcionario encargado por Cajanal E.I.C.E. sobre la efectiva
prestación del servicio objeto del Contrato 07 de 2005.

Refirió que a la demandante no le asistió la razón al señalar que los actos demandados
carecían de sustento normativo, pues éstos se sustentaron en el Decreto 2196 de 2009,
el Decreto Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006; el Decreto Ley 663
de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado parcialmente por la
Ley 510 de 1999; el Decreto 2555 de 2010 y el artículo 130 de la Ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

Dijo que, contrario a lo alegado por la actora, los actos demandados no expusieron de
manera genérica las causales de rechazo, pues en realidad la Resolución 519 del 17
de enero de 2011 las identificó, motivó y explicó de manera suficiente. Además, la
Resolución 4463 del 21 de mayo de 2013, que resolvió el recurso de reposición,
simplemente amplió, en atención a los argumentos de la recurrente, las razones
jurídicas y probatorias que sustentaron las causales de rechazo ya expuestas por el
liquidador. Y si bien adicionó la causal de rechazo 13, que señala la improcedencia del
reconocimiento de intereses moratorios, lo cierto es que en este acto confirmó las tres
causales primigenias, las cuales eran suficientes para soportar el rechazo de las
acreencias.

5.2. En cuanto al cargo de enriquecimiento sin causa, dijo que, de acuerdo con el
artículo 1524 del Código Civil y con el auto del 30 de marzo de 2003, proferido por la
Sección Tercera del Consejo de Estado10, para que se configure el enriquecimiento sin
justa causa se deben presentar los siguientes presupuestos: “a) un aumento
patrimonial a favor de una persona; b) una disminución patrimonial en contra de otra

10 Expediente 25.662. magistrado ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

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persona, la cual es inversamente proporcional al incremento patrimonial del primero y,
c) ausencia de una causa jurídica que justifique las dos primeras situaciones” 11.

Según el Tribunal, estos supuestos de hecho no se cumplieron en el sub lite, pues las
acreencias de ETB S.A. E.S.P. fueron rechazadas por las siguientes razones jurídicas
justificadas, que no fueron desvirtuadas por la demandante:

5.7.1. Con base en la causal 21 de rechazo, reiteró que el liquidador no podía avalar el
pago de servicios anteriores al inicio del proceso sin contar con la prueba de su efectiva
prestación, esto es, con una certificación del funcionario designado por Cajanal E.I.C.E.
Específicamente, arguyó que la coordinadora administrativa y financiera de esa entidad
manifestó que no estaba en capacidad de certificar ese hecho, y que, en todo caso, el
acta de inicio del contrato 07 de 2005, suscrita el 14 de marzo de 2006, no demostraba
por sí sola la prestación de los servicios objeto de la reclamación. Además, la actora no
allegó ningún otro soporte documental que evidenciara la ejecución del contrato.

5.7.2. Contra el argumento de ETB que señaló que las facturas sí eran exigibles porque
obraban en el expediente administrativo y por tanto Cajanal E.I.C.E. en Liquidación las
conocía, el a quo adujo que la actora no refutó los actos demandados en tanto
sostuvieron que con la reclamación no se habían presentado esos documentos en
original, que fue lo que dio lugar a la aplicación de la causal 31 de rechazo.

5.8. La cuenta 6473666 incluyó servicios anteriores y posteriores al 12 de junio de
2009, fecha de inicio del proceso liquidatorio, por lo que estimó plenamente justificada
la causal 20 de rechazo, que establece la imposibilidad de reconocimiento de gastos
de la administración de la liquidación con cargo a los recursos de la masa.

5.9. Por último, sostuvo que las pretensiones subsidiarias de la demanda no cumplían
el requisito de procedibilidad consagrado en el artículo 161 del CPACA porque no
fueron incluidas en el trámite de la conciliación extrajudicial.

11 Folio 615 del cuaderno del Tribunal.

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VI. El RECURSO DE APELACIÓN

ETB interpuso oportunamente recurso de apelación en contra de la sentencia del 23
de abril de 201512. Los fundamentos se sintetizan así:

6.1. La cuenta 6473666, por valor de cuarenta y dos millones ciento sesenta y siete mil
setecientos diez pesos ($42.167.710), corresponde a servicios prestados antes de la
fecha de inicio de la liquidación de la entidad y cumple con los presupuestos de
exigibilidad que se desprenden del artículo 148 de la Ley 142 de 1994 y de lo pactado en
las cláusulas del Contrato 07 de 2005.

En esa línea indicó que, si bien las cuentas 4363215 y 6473666 fueron fechadas en junio
de 2009, en realidad cobran servicios prestados antes de la fecha de inicio del proceso
de liquidación, por lo que deben constituir un pasivo de la masa. De acuerdo con las
condiciones pactadas, el servicio se factura mes vencido y la obligación de pago surge
cuando se concreta el ciclo de consumo.

6.2. No es cierto que la cuenta 4363215, por valor de ciento sesenta y siete millones
doscientos trece mil novecientos veinte pesos ($167.213.920), haya incluido el costo de
líneas telefónicas que no estaban en servicio. El Tribunal no tuvo en cuenta el detalle de
consumo que se anexó a la factura, el cual reflejaba los servicios que recibió Cajanal
E.I.C.E. por los conceptos de telefonía local, larga distancia, internet y datos.

Anotó que Cajanal E.I.C.E. en Liquidación y el a quo adicionaron un requisito no
contemplado en la ley ni en el contrato, al exigir una certificación de la efectiva
prestación del servicio. Agregó que ETB S.A. E.S.P. prestó a Cajanal E.I.C.E. los
servicios pactados desde el 14 de marzo de 2006, fecha a partir de la cual la entidad
los recibió a satisfacción, sin expresar ninguna objeción.

6.3. De otro lado, sostuvo que las facturas presentadas en la reclamación cumplen los
requisitos establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el auto del 12
de septiembre de 200213, que manifestó que “…las facturas de servicios públicos y de

12 Folios 632 a 651 del cuaderno del Tribunal.
13 Radicación número: 44001-23-31-000-2000-0402-01(22235), consejero ponente: German Rodríguez

Villamizar.

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alumbrado público para que integren un título ejecutivo y por lo tanto presten mérito
ejecutivo deben cumplir con los siguientes requisitos: a) La factura de cobro debe ser
expedida por la empresa de servicios públicos y firmada por el representante legal; b)
La factura debe cumplir con las exigencias establecidas en el artículo 148 de la ley 142
de 1994; c) La factura debe ponerse en conocimiento del suscriptor y/o usuario, y d)
Debe adjuntarse con la factura de cobro, el contrato de servicios públicos para
establecer si el título ejecutivo es idóneo”.

Precisó que, de acuerdo con los artículos 147 de la Ley 142 de 1994 y 124 de la Ley
2150 de 1995, y con la cláusula octava del contrato 07 de 2005, ETB S.A. E.S.P.
expidió y remitió las facturas con el lleno de los requisitos legales a Cajanal E.I.C.E.,
por lo que reposaban en esa entidad, que debía custodiarlas, conforme con lo
señalado por el artículo 24 del Decreto 2196 de 2009, que ordenó la liquidación

6.6. Reiteró que Cajanal E.I.C.E. en Liquidación había vulnerado el debido proceso de
ETB S.A. E.S.P., pues en la Resolución 519 del 17 de enero de 2011 expuso
genéricamente las causales de rechazo, y solo con la Resolución 4463 del 21 de mayo
de 2013, que resolvió el recurso de reposición, expresó con detalle las verdaderas
razones para negar los créditos reclamados, acto en el que, además, adicionó
irregularmente una nueva causal.

6.7. La demandante sí demostró los elementos del enriquecimiento sin justa causa de
Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, pues (i) presentó las facturas originales con los
elementos necesarios para acreditar su exigibilidad; (ii) informó con claridad los
servicios prestados, en términos de calidad y costo; (iii) no existe norma que condicione
el pago del servicio a la existencia de un certificado sobre su efectiva prestación, y (iv)
el liquidador, de manera caprichosa, introdujo nuevas causales de rechazo, contra las
que no fue posible interponer ningún recurso.

6.8. Por último, sostuvo que no había lugar a declarar el incumplimiento del requisito
de procedibilidad frente a las pretensiones subsidiarias, pues en la solicitud de
conciliación extrajudicial se señaló que el trámite buscaba obtener el pago de los
servicios prestados por ETB S.A. E.S.P. a Cajanal E.I.C.E., que no fueron cancelados,
pese a haber sido reclamados en oportunidad dentro del proceso de liquidación. Por

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tanto, lo pedido en dichas pretensiones estaba íntimamente ligado al objeto del trámite
conciliatorio y debía entenderse incluido en este.

VII. TRÁMITE DE LA APELACIÓN

6.1. Dentro del término del traslado para alegar de conclusión, Fiduagraria S.A. y el
P.A.R. Cajanal presentaron escrito conjunto en el que reiteraron los argumentos de la
contestación de la demanda. Adicionalmente, expusieron lo siguiente:

6.1.1. Las resoluciones demandadas se expidieron con la debida motivación, pues
ETB S.A. E.S.P. no probó los tiempos y entrada de la plataforma para cada servicio ni
actas de recibo a satisfacción adicionales, por lo que no se sabe desde cuándo inició
la prestación de los servicios. Además, no aportó prueba documental de la ejecución
del contrato, de las fechas de entrega de los equipos, obras civiles o informes de
supervisión y, adicionalmente, no aportó acta de liquidación del contrato ni sus
adiciones.

6.1.2. De acuerdo con la Resolución 20098140041315 del 20 de marzo de 2009,
proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos, quedó demostrado que solo
diecisiete (17) de las líneas incluidas en la cuenta 4363215 estaban a nombre de
Cajanal E.I.C.E., y las demás fueron canceladas al momento de entregar el edificio
Malkita, que la extinta entidad ocupaba como arrendataria, situación que justificó que
de esa cuenta se excluyeran setenta y ocho (78) líneas.

6.1.3. En proceso también quedó probado que Cajanal E.I.C.E. en Liquidación pagó a
ETB los consumos correspondientes a los meses de junio de 2009 en adelante. Lo
anterior, de acuerdo con el recibo de pagos parciales 3000004632159 del 4 de agosto
de 2011, por valor de ciento setenta y seis millones setenta y un mil seiscientos sesenta
y cinco pesos con setenta y cinco centavos ($176.071.665,75), y con el recibo de
pagos parciales 3000004362159 del 28 de diciembre de 2012, por valor de ciento
veintiún millones noventa y nueve mil trescientos treinta y dos pesos ($121.099.332).

6.1.4. Sin embargo, alegaron que el a quo se equivocó al declarar en la audiencia
inicial que, en virtud de lo consagrado en el artículo 35 del Decreto Ley 254 de 2000,
modificado por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006, el P.A.R. Cajanal estaba

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legitimado en la causa por pasiva, pues esa norma no es aplicable al caso, si se tiene
en cuenta que este proceso judicial inició con posterioridad a la terminación de la
liquidación de Cajanal E.I.C.E.

6.1.4.1. Además, argumentaron que el patrimonio autónomo y las empresas que lo
conforman no son sucesores procesales de la extinta entidad, y solo tienen a cargo las
obligaciones pactadas en el contrato de fiducia.

6.2. ETB S.A. E.S.P. allegó escrito de alegatos de conclusión en el que reiteró los
argumentos del recurso de apelación.

6.3. A través de proveído del 8 de octubre de 2021, confirmado el 1 de septiembre de
2022, el Despacho sustanciador accedió a la solicitud impetrada por el Patrimonio
Autónomo CAJANAL EICE en Liquidación Procesos y Contingencias No Misionales,
encaminada a que este proceso y sus eventuales condenas sean asumidas por
Ministerio de Salud en su representación, toda vez que ya habían concluido el proceso
de liquidación y el contrato de fiducia mercantil constituido para tal fin.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.

VI. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes.

VII. CONSIDERACIONES

7.1. Competencia.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

7.2. Hechos

7.2.1. Mediante el Decreto 2196 del junio 12 de 2009, el Gobierno nacional ordenó la
supresión y liquidación de Cajanal E.I.C.E.

7.2.2. Con radicado 15362, dentro del término para presentar reclamaciones en el
proceso liquidatorio, ETB S. solicitó el pago de doscientos nueve millones trescientos
ochenta y un mil seiscientos treinta pesos ($209.381.630), incluidos en las cuentas
4363215 y 6473666, correspondientes a obligaciones derivadas del Contrato 07 de
2005, que tuvo por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones de valor
agregado TPBCL y TPBCLD.

7.2.2.1. En la suma reclamada, ETB S.A. E.S.P. incluyó obligaciones por valor de
ciento setenta millones novecientos siete mil novecientos cuarenta pesos
($177.907.940), como reclamación con cargo a la masa, y por treinta y un millones
cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos noventa pesos ($31.473.690), con cargo a
los gastos de administración de la liquidación.

7.2.2.1. Las sumas reclamadas se resumen así14:

GASTOS DE
CUENTA NOMBRE MES VALOR MASA TOTAL
ADMINISTRACIÓN
4363215 CAJANAL EICE JUNIO 2009 $137.445.010.00 $29.768.910.00 $167.213.920.00
6473666 CAJANAL EICE JUNIO 2009 $40.462.930.00 $1.473.690.00 $42.167.710.00
TOTAL $177.907.940.00 $31.473.690.00 $209.381.630.00

7.2.3. Mediante la Resolución 519 del 17 de enero de 2011, Cajanal E.I.C.E. en
Liquidación rechazó los conceptos reclamados con fundamento en las causales 20, 21
y 31, definidas en el mismo acto administrativo.

7.2.4. ETB interpuso el recurso de reposición contra el anterior acto y, mediante
Resolución 4463 del 21 de mayo de 2013, el liquidador confirmó las causales de

14 Folio 444 del Cuaderno No. 2 del Tribunal.

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rechazo 20, 21 y 31, y adicionó la causal 13, también definida en la Resolución 519
del 17 de enero de 2011.

7.2.5. Contra estos actos administrativos ETB interpuso acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyas pretensiones fueron denegadas mediante
sentencia del 23 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

7.2.6. ETB impetró recurso de apelación en contra del referido fallo.

7.3. Planteamiento

Así las cosas, se observa que las partes concuerdan en que, a través de los actos
enjuiciados, el Liquidador de Cajanal E.I.C.E. rechazó la reclamación presentada por
ETB por las obligaciones derivadas del Contrato 07 de 2005, el cual tenía por objeto
la prestación de servicios de telecomunicaciones de valor agregado TPBCL y
TPBCLD.

No obstante, discuten si las decisiones demandadas fueron emitidas con vulneración
al derecho al debido proceso, con falsa motivación y si con sus efectos la entidad
accionada obtuvo un enriquecimiento sin causa.

Sobre el primer punto, la recurrente sostiene que la entidad demandada, en la
Resolución 519 del 17 de enero de 2011, solo expuso causales genéricas de rechazo,
las cuales únicamente fueron explicadas en la Resolución 4463 del 21 de mayo de
2013, acto en el que se adicionó irregularmente una nueva causal. Mientras tanto, para
el Tribunal y las entidades accionadas no es cierto que en el acto definitivo se hayan
emitido causales generales para negar la petición de ETB y no se desconoció el debido
proceso de la actora, toda vez que el acto que resolvió el recurso de reposición se
ampliaron las razones para negar la petición y se agregó una nueva causa, a efectos
de resolver el recurso de reposición presentado por la actora en sede administrativa.

De otro lado, la actora alega que los actos enjuiciados incurren en falsa motivación, ya
que, respecto a la causal de rechazo 20 dispuesta en la Resolución 519 del 17 de
enero de 2011, no es cierto que en las cuentas 4363215 y 6473666 se hayan cobrado

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conceptos después de la fecha de entrada en liquidación de Cajanal. En ese orden,
refiere que, si bien esas cuentas fueron fechadas en junio de 2009, lo cierto era que
ello obedecía a que la obligación surgía mes vencido. Por su parte, el Tribunal y las
accionadas consideran que la reclamación presentada por ETB no era clara, pues no
discriminó los valores, el servicio prestado ni el periodo de ejecución, lo cual era motivo
suficiente para negar dicha solicitud.

Frente a la causal de rechazo 21 contemplada en la Resolución 519 de 2011, la
accionante sostiene que se adicionó un requisito no contemplado en la ley ni en el
contrato al exigir una certificación sobre la prestación efectiva de los servicios
pactados, los cuales fueron recibidos a satisfacción por Cajanal E.I.C.E. Además,
asegura que no es cierto que en la cuenta 4363215 se hayan incluido líneas que no
estaban en funcionamiento, prueba de ello son las facturas que reflejan el detalle de
los consumos. En contraposición, el Tribunal y las demandadas sostienen que era
necesaria la certificación de un supervisor o un funcionario encargado de Cajanal
sobre la efectiva prestación del servicio en el Contrato 07 de 2005. También afirman
que, en la aludida cuenta especial, sí se incluyeron costos de servicios que no estaban
en funcionamiento, circunstancia que se acreditaba con lo dispuesto en la Resolución
20098140041315 del 20 de marzo de 2009 emitida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

Por otro lado, en cuanto a la causal de rechazo 31 de la Resolución 519 de 2011, la
demandante asegura que las facturas allegadas con su reclamación cumplían con los
requisitos exigidos en los artículos 147 de la Ley 142 de 1994, 124 del decreto 2150
de 1995 y en la cláusula octava del contrato 07 de 2005, para su exigibilidad. Además,
aseguró que los originales de dichas facturas reposaban en Cajanal, quien debía
custodiarlas según lo ordenado por el artículo 24 del Decreto 2196 de 2009. Mientras
tanto, para el Tribunal y la entidad demandada, dichas facturas no cumplían con lo
exigido en las disposiciones mencionadas, ya que no se presentaron los originales,
sino copias auténticas de las mismas, sin que ese aspecto hubiera sido desvirtuado
en la demanda.

Entre tanto, difieren en cuanto a si la Cajanal E.I.C.E. en Liquidación se enriqueció
injustamente en detrimento de ETB. Para la recurrente, sí se demostraron los
elementos de esa figura, pues no le fue cancelada la acreencia que reclamó, a pesar

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de que: (i) presentó las facturas originales con los elementos necesarios para acreditar
su exigibilidad; (ii) informó con claridad los servicios prestados, en términos de calidad
y costo; (iii) no existe norma que condicione el pago del servicio a la existencia de un
certificado sobre su efectiva prestación, y (iv) el liquidador, de manera caprichosa,
introdujo nuevas causales de rechazo, contra las que no fue posible interponer ningún
recurso. Sin embargo, para el Fallador de Primera Instancia, no se produjo
enriquecimiento sin causa, ya que las acreencias de ETB fueron rechazadas por los
motivos señalados en los actos enjuiciados, los cuales no fueron desvirtuados por la
actora

Por último, la demandante asegura que las pretensiones subsidiarias sí cumplieron
con el requisito de procedibilidad consagrado en el artículo 161 del CPACA, toda vez
que se encontraban íntimamente ligadas con el objeto de la litis. Sin embargo, para el
Tribunal, dicha circunstancia no ocurrió, debido a que estas peticiones no fueron
incluidas en el trámite de conciliación extrajudicial

7.4. Del cargo de vulneración al derecho al debido proceso

7.4.1. En primer lugar, se tendrá que evaluar si vulnera el derecho al debido proceso
el acto administrativo en el que se rechazó la inclusión de unas obligaciones a cargo
de la masa de liquidación de una entidad pública, si, en criterio del demandante, en el
acto definitivo se negó su solicitud con base en causales genéricas.

De manera previa a resolver dicho interrogante, deberá absolverse si el fundamento
del cargo es cierto.

Pues bien, lo primero que debe indicarse es que en el Anexo 5 de la Resolución 519
del 17 de enero de 2011 se manifestó que las reclamaciones impetradas por la actora
serían negadas por incurrir en las causales de rechazo dispuestas en los numerales
20, 21 y 31, contempladas en la parte motiva de decisión; veamos:

“LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN
RESOLUCIÓN No. 000519 17 ENE 2011
ANEXO 5

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RECLAMACIONES, PROCESOS EJECUTIVOS Y COACTIVOS EN QUE SE
PRETENDE EL RECONOCIMIENTO DE SUMAS A CARGO DE LA MASA DE LA
LIQUIDACIÓN
PROCESO RADICADO CAUSALES DE RECHAZO
CSC RADICADO IDENTIFICACIÓN NOMBRES APELLIDOS EJECUTIVO PROVIDENCIA
1 2 3 4 5 6
COACTIVO JUDICIAL
(…)

EMPRESA DE
233 15362 8999991158 TELECOMUNICACIONES DE 20 21 31
BOGOTÁ S.A. ESP ETB S.A. ESP

(…) ”15.

Ahora, dentro de los considerandos de esa Resolución demandada, se explicaron las
siguientes razones para cada una de esas causales:

“20. Se rechaza por tratarse de reclamaciones que por su naturaleza y/o fecha de
causación obedecen a gastos de la liquidación. Estas reclamaciones se
trasladarán a la dependencia Interna competente para determinar su existencia,
exigibilidad, procedencia y cuantía. Lo anterior, sin perjuicio de que con
posterioridad se determine el incumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato, que implique que el servicio prestado
o el bien suministrado constituya un hecho cumplido; o que se determine que el
contrato terminó anticipadamente, no siendo procedente el reconocimiento de
suma alguna derivada de la prestación de servicios basada en el mismo; o que se
hubiese liquidado el contrato previamente.

21. Con base en los soportes allegados y las pruebas que reposan en los archivos
de la entidad, no fue posible establecer la existencia y exigibilidad de la obligación
reclamada. Es preciso indicar que respecto de las reclamaciones presentadas por
concepto de la prestación de algún servicio o el suministro de bienes a CAJANAL
E.I.C.E. hoy en liquidación, se debió aportar copia del contrato u orden de servicio,
de la aprobación de la garantía única de cumplimiento cuando era exigida, del
recibo a satisfacción suscrito por el funcionario competente de CAJANAL E.I.C.E.,
hoy en liquidación, del soporte del pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral que permita verificar el correcto pago de los mismos por el periodo
reclamado y los demás documentos y requisitos que contractualmente se hubiesen
estipulado para el reconocimiento y pago del derecho que se reclama.

Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se determine el incumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato que implique que
el servicio prestado o el bien suministrado constituya un hecho cumplido.

(…)

31. No aportó el original del título ejecutivo base de la reclamación. En caso de
títulos ejecutivos complejos, con la reclamación no se allegan todos los
documentos que lo constituyen.

En el caso de facturas de servicios públicos, la factura aportada no cumple los
requisitos previstos en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el
artículo 18 de la ley 689 de 2001.”16 (Subrayas de la Sala).

15 Folios 379 a 396 y 413 del Cuaderno del Tribunal.
16 Ibidem.

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En ese orden, en la causal de rechazo 20, se expuso que las acreencias serían
rechazadas toda vez que se estaban reclamando a cargo de la masa de liquidación
conceptos que correspondían gastos de administración, es decir, aquellas erogaciones
que emanaron con posterioridad al 12 de junio de 2009, fecha en la que entró en
liquidación Cajanal.

Por su parte, en la causal de rechazo 21 se mencionó que no estaba acreditada la
existencia o ejecución de las obligaciones reclamadas, ya que no se aportaron los
documentos necesarios para probar plenamente dicha circunstancia.

Finalmente, en la causal de rechazo 31 se expuso que las facturas allegadas por la
empresa recurrente no cumplían con los requisitos dispuestos en el artículo 130 de la
Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001, para su
exigibilidad.

7.4.1.1. En tal contexto, es claro que en la Resolución 519 del 17 de enero de
2011 no se indicaron meras causales genéricas, sino que, en realidad, se expusieron
las razones que dieron lugar a negar la petición efectuada por la empresa actora,
circunstancia que, inclusive, como se verá en el siguiente acápite, permitió que ETB
ejerciera su derecho de defensa e impetrara recurso de reposición en contra de esa
decisión.

En consecuencia, como el reparo parte de un fundamento que no es cierto no tiene
vocación de prosperidad.

7.4.2. De otro lado, tendrá que absolverse si vulneran el derecho al debido proceso
los actos administrativos que negaron el pago de unas acreencias a cargo de la masa
de liquidación de una entidad, si, en criterio del demandante, únicamente en el acto
que resolvió el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución
definitiva, se desarrollaron las razones por las que se negaba la solicitud y se añadió
una nueva causal de rechazo.

Pues bien, como se vio en la Resolución 519 del 17 de enero de 2011, se indicó que
la reclamación de ETB debía ser rechazada por las razones consagradas en los
numerales 20, 21 y 31 dispuestas en la parte motiva de ese acto.

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Inconforme con ello, ETB impetró recurso de reposición en el que solicitó que se
revocara esa decisión señalando que: (i) existía un error en la valoración en las
pruebas aportadas en el expediente administrativo y que de la correcta verificación de
éstas, era posible concluir que las obligaciones cobradas en las cuentas 4363215 y
6473666 correspondían a consumos anteriores al momento en que Cajanal entró en
liquidación, (ii) de conformidad con los artículos 130 y 148 de la Ley 142 de 1994,
únicamente bastaba con el que usuario tuviere conocimiento de la factura, para que la
obligación fuera exigible y tenga mérito ejecutivo, y (iii) las aludidas facturas fueron
emitidas por esa empresa y estuvieron firmadas por su representante legal, por lo que
cumplían con los requisitos de Ley para ser exigidas.

Ahora, con el fin de resolver esos reproches, en la Resolución 4463 de 2013 se
ampliaron los argumentos por los que consideraba que los reparos de la aquí actora
no eran procedentes.

En efecto, como se vio en la transcripción del mencionado acto en el acápite
correspondiente de esta providencia, frente al cuestionamiento respecto a la aplicación
de la causal 20, en la Resolución 4463 del 21 de mayo de 2013 se expuso que en la
petición de ETB se estaban reclamando sumas antes y después del inicio del proceso
liquidatorio, solicitando concretamente el pago de estas últimas como gastos de
administración. Igualmente, expresó que en la petición no se identificaron de manera
expresa cuáles conceptos correspondían a cada período, y que el Agente Liquidador
no estaba habilitado para modificar la petición efectuada por esa empresa. Además,
señaló que el recurso de reposición no era el mecanismo adecuado para subsanar
dicha falencia, por lo que confirmó los motivos que dieron lugar a la aplicación de la
mencionada causal.

En ese sentido, en dicho acto, con miras a establecer si los períodos que se facturación
correspondían a lapsos anteriores al inicio de la liquidación de Cajanal, se confrontaron
las facturas remitidas por la ETB con los consumos de esa entidad desde agosto de
2007. Particularmente, se encontró que en los períodos en los que se estaba cobrando
la cuenta 6473666, esto es, mayo, junio y julio de 2009, no existía consumo, y que, en
realidad, lo que se pedía era el reconocimiento de intereses de mora sobre consumos

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acumulados hasta ese período, por lo que añadió como causal de rechazo la dispuesta
en el numeral 13 de la parte considerativa de la Resolución 519 de 2011.

Entre tanto, de la causal 21, señaló que, respecto de la cuenta especial 6473666, ETB
estaba cobrando servicios sin que se hubiere acreditado que su ejecución hubiera sido
aprobada por un supervisor, por lo que no era posible su reconocimiento.

Por último, aseveró que debía confirmarse la causal 31 toda vez que fueron allegadas
copias de las facturas originales que eran reclamadas.

De este modo, es claro que los argumentos expuestos en la Resolución 4463 del 21
de mayo de 2013 buscaron responder a los reproches planteados por ETB en su
recurso de reposición contra el acto definitivo. Además, se advierte que, aunque se
añadió una nueva causal de rechazo, esta no excedió el marco del recurso interpuesto
por ETB, dado que esa empresa en su solicitud aseguró que estaba cobrando
únicamente períodos de consumo anteriores al inicio de la liquidación de Cajanal. Esto
llevó al Agente Liquidador de la entidad a verificar la veracidad de dicha afirmación,
advirtiendo que no era cierta y que, por el contrario, también se estaban cobrando
intereses con posterioridad al 12 de junio de 2009, por lo que añadió la causal 13 como
una de las razones del rechazo.

Por ende, es claro que no se vulneró el derecho al debido proceso administrativo de la
accionante, dado que los actos demandados expresaron de manera clara las razones
por las cuales no procedía la reclamación de ETB, permitiendo que ésta ejerciera su
derecho de defensa mediante la interposición del recurso de reposición, el cual fue
resuelto por la Resolución 4463 del 21 de mayo de 2013, acto en el que, como se vio,
se explicaron de manera suficiente las razones para despachar desfavorablemente las
peticiones de la actora.

En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.5. Del cargo de falsa motivación

7.5.1. De los reproches relacionados con la causal de rechazo 20 dispuesta en
la Resolución 519 del 17 de enero de 2011

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En este punto, se verificará si son nulos, por falsa motivación, los actos administrativos
que rechazaron la inclusión de una reclamación a cargo de la masa de liquidación de
una entidad pública bajo el argumento de que se estaban solicitando pagos de gastos
de administración, cuando la demandante alega que las obligaciones reclamadas se
originaron antes de que esa entidad entrara en liquidación.

Con miras a resolver dicho interrogante, es menester indicar que, en la petición
presentada por ETB a Cajanal, se solicitó el reconocimiento de una deuda por la
prestación del servicio de telefonía pública básica conmutada en las cuentas
especiales 4363215 y 6473666. Particularmente, en la anotada solicitud se
discriminaron las acreencias a cargo de la masa de los gastos de administración, de
la siguiente manera:

“SEGUNDO, a) Que CAJANAL ElCE EN LIQUIDACION le reconozca a la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP el valor de
DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SEISCINTOS TREINTA PESOS M.CTE ($209.381.630.00) por concepto de
telefonía pública básica conmutada que CAJANAL ElCE EN LIQUIDACION en su
calidad de usuaria le adeuda a ETB SA ESP por las cuentas especiales 4363215
y 6473666 las cuales se encuentran discriminadas así;

Facturación de Junio-2009, correspondiente al período de Mayo 1 al 31 de 2009
(Valores de la masa)

b) Que el valor de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($31.473.690.00), sean
reconocidos como gastos de administración, de acuerdo con el artículo 38 del
Decreto 2211 de 2004 en concordancia con el literal h) del numeral 9 del artículo
295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero el cual dispone “...que todas las
obligaciones que a juicio del liquidador sean necesarias para la conservación de
los activos de la entidad intervenida. En todo caso, el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras podrá señalar mediante instructivos de carácter general
todos aquellos gastos administrativos que por su naturaleza constituyen gastos de
funcionamiento..."17

17 Visible a folios 443 a 444 del Cuaderno del Tribunal.

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Asimismo, se evidencia que, junto con esa reclamación se, adjuntaron las facturas
88612737, 90452431, 94102534 y 92293154 expedidas en la cuenta especial
4363215, y las facturas 88612700, 9045361, 92293986 y 94103569 emitidas en la
cuenta 6473666. Ahora, de la verificación de estas facturas, es posible corroborar que,
al menos en las identificadas con los números 88612700 y 88612737, el periodo de
consumo cobrado correspondía a mayo de 2009, es decir, antes de la entrada en
liquidación de Cajanal.

En ese orden, asiste razón a la accionante cuando refiere que, con su solicitud,
además del cobro de gastos de administración, que eran improcedentes, pidió el
reconocimiento de acreencias a cargo de la masa.

De hecho, esa circunstancia fue admitida expresamente en la Resolución 4463 del 21
de mayo de 2013, demandada, en la que se sostuvo que las facturas proferidas dentro
de la cuenta especial 4363215 derivaban de servicios facturados antes del 12 de junio
de 2009, más intereses, y que en algunas de las facturas dispuestas en la cuenta
6473666 también se habían incluido obligaciones que se habrían originado antes de
esa fecha; veamos:

“Si bien es cierto, frente a la cuenta No. 4363215 se pudo establecer que el valor
reclamado obedecía solo a servicios prestados con anterioridad al 12 de junio de
2009 más intereses, no ocurre lo mismo respecto de la cuenta 6473666, frente a
la cual los servicios reclamados corresponden a consumos efectuados tanto antes
como después del 12 de junio de 2009.

Frente a los servicios que el reclamante consideró prestados con posterioridad al
inicio del proceso liquidatorio, por tratarse de gastos administrativos del a
liquidación como se reconoció en la reclamación, su trámite se remitió a la
Coordinación Administrativa y Financiera con el fin de determine la existencia,
exigibilidad, procedencia y cuantía de la obligación de pago”18 (Subrayas de la
Sala).

Así, el Agente Liquidador no podía negar la totalidad de la reclamación bajo la causal
de rechazo número 20, señalando que se habían solicitado gastos de administración
que serían remitidos a la Coordinación Administrativa y Financiera de esa entidad para
su reconocimiento. Esto se debe a que, como se observó, no todas las sumas
solicitadas tenían esa connotación, ya que también existían acreencias a cargo de la
masa.

18 Folios 358 a 378 ibídem.

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Sin embargo, ello no es óbice para declarar ipso facto la ilegalidad de las decisiones
censuradas, ya que la aludida causal no fue la única en la que se fundamentó Cajanal
E.I.C.E. en liquidación para negar la reclamación de la actora, de modo que es
menester definir si se logró desvirtuar su presunción de legalidad, circunstancia que
pasará a abordarse en los siguientes puntos.

7.5.2. De la controversia en relación con la causal de rechazo No. 21
contemplada en la Resolución 519 del 17 de enero de 2011

Se deberá definir si son nulos, por falsa motivación, los actos administrativos que
rechazaron la inclusión de una reclamación a cargo de la masa de liquidación de una
entidad pública, si la demandante sostiene que, al exigirse la certificación de un
supervisor sobre la ejecución del contrato firmado con Cajanal E.I.C.E, se creó un
requisito no previsto en la Ley o en el negocio suscrito entre esa empresa y la entidad
en liquidación.

De manera previa a absolver ese interrogante deberá determinarse si el fundamento
del cargo es cierto.

7.5.2.1. Lo primero que debe indicarse es que, como quedó en evidencia en el
numeral 7.4.2. de la parte motiva de esta providencia, en la Resolución 4463 del 21 de
mayo de 2013 se rechazó la reclamación presentada por ETB, dado que no existía
prueba de la ejecución de los servicios prestados en la cuenta especial 6473666.

En ese orden, es menester señalar que de la lectura de las distintas intervenciones de
las partes es posible concluir que concuerdan que dicha cuenta derivó del Contrato de
Prestación de Servicios No. 07 de 2005, cuyo objeto era la prestación de servicios de
telecomunicaciones de valor agregado (internet y datos), TPBCL (telefonía pública
básica conmutada local) y TPBCLD (telefonía pública básica conmutada de larga
distancia) por parte de ETB a Cajanal. A su vez, en la cláusula cuarta de ese negocio
se pactó que las condiciones de prestación para los servicios de TPBCL y TPBCLD
serían las previstas en el Contrato de Condiciones Uniformes.

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Ahora, en cuanto a la facturación, en ese Contrato de prestación de servicios se indicó
que los servicios TBCL y TPBCLD se facturarían mes vencido a través de la cuenta
especial corporativa. Mientras que los servicios de valor agregado se facturarían de
acuerdo con lo establecido en el Anexo de Condiciones de Prestación de Servicios No
Domiciliarios de Datos e Internet, tal y como puede evidenciarse enseguida:

“CLAUSULA OCTAVA. - FACTURACIÓN: Los servicios de TPBCL Y TPBCLD
prestados por ETB se facturarán mes vencido a través de cuenta especial
corporativa, en donde se discriminarán los servicios prestados de conformidad
como lo señala la Resolución CRT 575 de 2001, incluyendo los impuestos tasas y
contribuciones para cada uno de los servicios, así como la fecha de pago.

Los servicios de Valor Agregado se facturarán de acuerdo con lo establecido en
las condiciones del Anexo de Condiciones de Prestación de Servicios no
Domiciliarios de Datos e Internet”

Ahora, es relevante señalar que en la cláusula décima primera del Contrato de
Prestación de Servicios No. 07 de 2005, se designaron como supervisores del negocio
el Vicepresidente Comercial de ETB y un funcionario de Cajanal; veamos:

“Cláusula Décima Primera. - Terminación del Contrato: El presente contrato
terminará por cualquiera de las causales previstas en el contrato de condiciones
uniformes, y en las condiciones de prestación de los servicios de “Datos”.

Parágrafo: A la terminación del contrato por cualquiera de las causales, las pares
de común acuerdo liquidarán el contrato, para lo cual se suscribirá un Acta de
Liquidación que será suscrita por los representantes legales de las partes, previo
concepto de los supervisores del contrato designados por las partes.

Para el caso de ETB se designa como Supervisor del Contrato a: Ramón
Hernán Piñeros Gamboa de la Vicepresidencia Comercial.

Por parte de Cajanal se designa a Roberto Bula Trujjillo”19 (Subrayas y negrillas
de la Sala).

Mientras que, en el Anexo de Condiciones de Prestación de Servicios Domiciliarios de
Datos, se determinó que Cajanal designaría un supervisor para la inspección,
vigilancia, control y seguimiento de la correcta ejecución de dicho negocio, así:

“CLÁSULA DÉCIMA NOVENA: Para la administración, inspección, vigilancia y
control del cumplimiento correcto y oportuno del presente contrato. LA
ENTIDAD designará un Supervisor quien además de vigilar la continua y

19 Visible a folio 47 del Cuaderno de pruebas de la contestación de la demada.

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debida ejecución del mismo, servirá como mecanismo directo en la solución
de contingencias”20 (Subrayas y negrillas de la Sala).

Sumado a lo expuesto, se evidencia que, en el marco del Contrato 07 de 2005, las
partes suscribieron las siguientes adiciones: (i) Convenio Interadministrativo No. 07 del
23 de diciembre de 2015 para el suministro e instalación de equipos activos para las
sedes Makita y Torre Blanca, (ii) Convenio Interadministrativo No. 04 del 24 de enero
de 2006, que versó sobre la instalación de puntos de red de voz y datos para dichas
sedes, y (iii) Adición al Contrato de Servicios 07 de 2017 firmado el 24 de enero de
2006, cuya finalidad fue la instalación de tres (3) servidores en el data center de Santa
Barbara. Asimismo, vale señalar que en dichos negocios las partes acordaron designar
supervisores.

De este modo, queda claro que, para el correcto desarrollo del Contrato 07 de 2005 y
sus modificaciones, las partes acordaron la designación de supervisores, quienes
debían vigilar su continua y adecuada ejecución.

Siendo ello así, es oportuno indicar que los Agentes Liquidadores son personas
designadas para llevar a cabo, bajo su dirección y responsabilidad, el trámite de
liquidación de una entidad. Por lo tanto, no tienen conocimiento directo de si los
contratos suscritos antes de su nombramiento han sido ejecutados. Por esta razón,
están habilitados a recurrir a los mecanismos establecidos en esos negocios jurídicos
o por otros medios para verificar si los servicios pactados en ellos fueron efectivamente
prestados.

De ahí que no sea cierto que la entidad demandada y el a quo hayan creado un
requisito no contemplado en la ley o en el contrato suscrito entre ETB y Cajanal, al
exigir que los servicios derivados del Contrato 07 de 2005 estuvieran certificados por
un supervisor, pues, como se vio, dicha figura fue expresamente pactada en ese
negocio y sus modificaciones, por lo tanto, era razonable acudir a éstos a efectos de
determinar si lo convenido se ejecutó. Lo anterior, máxime cuando, según lo señalado
en los considerandos de la Resolución 4463 del 21 de mayo de 2013, la Unidad
Administrativa y Financiera de Cajanal en Liquidación, no pudo comprobar que los

20 Visible a folio 19 ibídem.

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servicios cobrados por ETB en su reclamación hayan sido efectivamente prestados;
veamos:

“Ahora bien, de conformidad con la información suministrada por la Unidad
Administrativa y Financiera, con cargo al contrato 07 de 2005, sus respectivas
adiciones se efectuaron los siguientes pagos:

No obstante, lo anterior, concluye la citada unidad que: “(...) no tenemos absoluta
certeza, en razón a que no contamos con las certificaciones de la prestación
de los servicios para la época ni que éstos estuvieran siendo prestados por
ETB en las sedes en las cuales se señalan, en consecuencia, no estamos en
capacidad de certificar que el saldo que se adeude a ETB sea el que arroja el
análisis numérico efectuado con los soportes disponibles (...)”21

En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

7.5.2.2. De otro lado, tendrá que absolverse si cierto que en los actos
demandados se rechazó la reclamación presentada por ETB debido a que en la cuenta
especial 4363215 se estaban cobrando consumos de línea telefónicas que no estaban
en servicio. De ser afirmativa la respuesta a dicho interrogante, se determinará si ello
lleva a su declaratoria de nulidad por falsa motivación.

Al respecto, se observa que dicho reparo no fue considerado en los actos impugnados
como una de las razones para la negativa de la solicitud de reconocimiento de las
obligaciones objeto de controversia a cargo de la masa de liquidación de Cajanal. Por
el contrario, como se mencionó anteriormente, el verdadero motivo por el que se invocó
la causal 21 fue la ausencia de un certificado sobre la efectiva prestación de los

21 Folios 358 a 378 del Cuaderno del Tribunal.

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servicios reclamados por parte del respectivo supervisor de los anotados negocios
jurídicos.

Prueba de ello es lo dicho sobre esa causal en la Resolución 4463 del 21 de mayo de
2013:

“Al respecto, es preciso advertir que al ser el Liquidador un tercero frente a la
relación contractual suscrita entre el reclamante y la entidad antes de su
liquidación, no puede avalar la prestación de servicios que se ejecutaron con
anterioridad al inicio de su gestión, sin que cuente con pruebas de las cuales pueda
llegar al convencimiento de que se efectuó la prestación del servicio a satisfacción
de la entidad, las cuales, en el caso de ejecución de contratos deben provenir del
supervisor, persona a quien la entidad asigna la responsabilidad de controlar la
ejecución del objeto del contrato y de su presupuesto.

Así las cosas, se confirma la causal 21 aplicada a la reclamación frente a las
facturas 88612700, 90453261, 92293986 y 94103569 correspondientes a la cuenta
cliente 6473666.”22 (Subrayas de la Sala).

Ahora, aunque no se pasa por alto que el Tribunal en la decisión recurrida indicó que
en la citada cuenta se estaban cobrando líneas que no estaban en funcionamiento, lo
cierto es que dichas consideraciones desbordaron el marco fijado en los actos
demandados, ya que allí no se expresó alguna motivación de esa naturaleza.

Por lo tanto, es irrelevante establecer la veracidad de dicho reproche a efectos de
determinar si las resoluciones demandadas incurrieron en el vicio de falsa motivación,
dado que el análisis de ese defecto requiere que el Juez valore el contenido de las
disposiciones impugnadas, limitándose a la parte considerativa y resolutiva del acto.

Por esta razón, el cargo no prospera.

7.5.3. De la controversia sobre la causal de rechazo No. 31 prevista en la
Resolución 519 del 17 de enero de 2011

Por su parte, deberá verificarse si son nulos, por falsa motivación, los actos
administrativos que rechazaron la inclusión de una obligación a cargo de la masa de
liquidación de una entidad pública debido a que no se aportaron en original las facturas
de servicios públicos cuyo pago era reclamado por la recurrente, si, en criterio de la

22 Ibidem

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empresa actora, era suficiente que éstas fueran aportadas en copia auténtica, dado
que fueron emitidas por esa entidad y firmadas por su representante legal; y que, en
todo caso, la empresa en liquidación conocía esas facturas y las tenía bajo su custodia.

7.5.3.1. En este punto, debe indicarse que el artículo 130 de la Ley 142 de 1994
establece que las facturas derivadas de la prestación de servicios públicos constituyen
un título ejecutivo siempre que sean emitidas por la respectiva empresa y estén
firmadas por su representante legal. Además, la jurisprudencia de esta Corporación ha
indicado que, para la exigibilidad de dichas facturas, es necesario con las exigencias
de los artículos 147 y 148 de la Ley 142 de 1994 y el Contrato de Condiciones
Uniformes.

En efecto, en proveído del 11 de marzo de 2010 se indicó:

“El artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificada por la ley 689 de 28 de agosto
de 2001, al hacer referencia al contrato de servicios públicos posibilitó que las
deudas derivadas de la prestación de éstos se cobraran, entre otras vías, por
jurisdicción coactiva que se debe tramitar y decidir por las mismas empresas
industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos y elevó a
título con mérito ejecutivo a la factura expedida por la empresa de servicios
públicos, con la condición de que estuviera debidamente firmada por el
representante legal de la entidad “de acuerdo con las normas del Derecho Civil y
Comercial” y siempre que cumpliera los requisitos que sobre ella establece la
misma ley, en los artículos 147 y 148.

Esos artículos en sus textos establecen:

“Artículo 130. Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de
servicios públicos, y los usuarios.

El propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios
en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser
cobradas ejecutivamente ante los jueces competentes ó bien ejerciendo la
jurisdicción coactiva por las empresas oficiales de servicios públicos. La factura
expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la
entidad, prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y
comercial”.

“Artículo 147. Naturaleza y requisitos de las facturas. Las facturas de los
servicios públicos se pondrán en conocimiento de los suscriptores o usuarios para
determinar el valor de los bienes y servicios provistos en desarrollo del contrato de
servicios públicos.

En las facturas en las que se cobren varios servicios, será obligatorio totalizar por
separado cada servicio, cada uno de los cuales podrá ser pagado
independientemente de los demás con excepción del servicio público domiciliario

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de aseo y demás servicios de saneamiento básico. Las sanciones aplicables por
no pago procederán únicamente respecto del servicio que no sea pagado.

En las condiciones uniformes de los contratos de servicios públicos podrá preverse
la obligación para el suscriptor o usuario de garantizar con un título valor el pago
de las facturas a su cargo.

Parágrafo. Cuando se facturen los servicios de saneamiento básico y en particular
los de aseo público y alcantarillado, conjuntamente con otro servicio público
domiciliario, no podrá cancelarse este último con independencia de los servicios
de saneamiento básico, aseo o alcantarillado, salvo en aquellos casos en que
exista prueba de mediar petición, queja o recurso debidamente interpuesto ante la
entidad prestataria del servicio de saneamiento básico, aseo o alcantarillado”.

“Artículo 148. Requisitos de las facturas. Los requisitos formales de las facturas
serán los que determinen las condiciones uniformes del contrato, pero contendrán,
como mínimo, información suficiente para que el suscriptor o usuario pueda
establecer con facilidad si la empresa se ciñó a la ley y al contrato al elaborarlas,
cómo se determinaron y valoraron sus consumos, cómo se comparan éstos y su
precio con los de períodos anteriores, y el plazo y modo en el que debe hacerse el
pago.

En los contratos se pactará la forma, tiempo, sitio y modo en los que la empresa
hará conocer la factura a los suscriptores o usuarios, y el conocimiento se
presumirá de derecho cuando la empresa cumpla lo estipulado. Corresponde a la
empresa demostrar su cumplimiento. El suscriptor o usuario no estará obligado a
cumplir las obligaciones que le cree la factura, sino después de conocerla. No se
cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los previstos en
las condiciones uniformes de los contratos, ni se podrá alterar la estructura tarifaria
definida para cada servicio público domiciliario”.

De tal suerte que el mérito ejecutivo de la factura de servicios públicos surge del
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 488 del Código de
Procedimiento Civil, como son: que la obligación sea expresa, clara y exigible, con
las previsiones de la ley 142 de 1994 y su modificatoria la ley 689 de 2001, sobre
requisitos de contenido y forma de la factura de servicios públicos domiciliarios y
con las disposiciones que acorde con su naturaleza de acto le sean aplicables del
Código Contencioso Administrativo, como la pérdida de fuerza ejecutoria.”23
(Subrayas de la Sala).

Igualmente, es necesario que éstas cumplan con los parámetros definidos en el
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil (en adelante CPC)24, norma que, valga

23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Auto del 11 de marzo de

2010. Proceso radicado 11001 000 000 2003 02235 01.Consejero Ponente: Filemón Jiménez Ochoa.
24 “Artículo 488. Títulos ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas,

claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de
las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de
costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el
interrogatorio previsto en el artículo 294.”

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señalar, era la vigente para el momento de expedición de las facturas adjuntadas con
la reclamación de ETB y de emisión de los actos enjuiciados

Ahora, en cuanto a la autenticidad de las facturas de servicios públicos, de la revisión
de la jurisprudencia emitida en la materia, se evidencia que esta Corporación señaló
en fallo del 6 de mayo de 2004 que únicamente la factura original tiene la calidad de
título ejecutivo, aplicando el principio de incorporación:

El reconocimiento de mérito ejecutivo para las facturas de servicios públicos
expedidas por las empresas correspondientes, solamente recae en aquella factura
debidamente firmada por el representante legal, en su original, careciendo por
consiguiente de mérito ejecutivo las copias o los duplicados de tales documentos.
Esto, como desarrollo del principio de la incorporación de los títulos ejecutivos, por
virtud del cual tan solo en el original se incorpora la obligación, original que para el
sub lite se trata de la factura suscrita por el representante legal de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.”25

Este criterio, sin embargo, ha sido objeto de controversia en esta Corporación, que ha
considerado que, tratándose de títulos ejecutivos, por regla general, las copias
auténticas tienen el mismo valor que las originales, a excepción de: (i) las acreencias
derivadas de sentencias, (ii) las obligaciones emanadas de créditos prendarios e
hipotecarios, y (iii) las originadas de títulos valores.

Al respecto, en proveído del 14 de mayo de 2014 se expuso:

“Regla general: El documento que contienen la obligación que se ejecuta se
puede aportar en copia auténtica, y con mayor razón en original.

La inconformidad del recurrente radica en la valoración que hizo el a quo de la
copia auténtica de la póliza de seguros que aportó el ejecutante, y la posterior
admisión del original de la misma; en este orden, la Sala analizará el valor
probatorio del título ejecutivo, es decir sólo sus requisitos formales: la autenticidad
y la procedencia del deudor para que constituya prueba en su contra.

De entrada se defenderá que en un proceso ejecutivo es admisible que el título
que contiene la obligación se aporte en copia; no obstante, no cualquier copia
satisface los requisitos formales y sustanciales mencionados. La jurisprudencia de
la Corporación exige que se aporten en original o en copia auténtica. Recuérdese
–como se anotó antes- que la Sección Tercera ha sostenido que en los procesos
ejecutivos las copias auténticas tienen el mismo valor que se le asigna a los
documentos originales. Esta tesis se expuso en el auto del 14 de octubre de 1999
-exp. 15.405-, donde se consideró:

25 Consejo de Estado. Sección Quinta. Auto del 6 de mayo de 2004. Proceso radicado número: 11001

000 000 2002 02026 01. Consejera Ponente: María Noemí Hernández Pinzón

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“Revisado el documento, encuentra la Sala que éste no se encuentra en
ninguno de los casos establecidos en el artículo 254 del C.P.C., puesto que
se trata de una copia de un contrato estatal no autorizada por la entidad
pública contratista, ni autenticada por notario ni aparece que haya sido
compulsado del original de copia autenticada en el curso de una inspección
judicial. Además, el compromiso que asumió la entidad de cancelar
periódicamente unas sumas de dinero, constituyó una contraprestación por
el cabal cumplimiento del contratista del servicio de vigilancia, hecho que
debía de realizarse posteriormente y de cuyo cumplimiento no existe ninguna
prueba. En estas condiciones, no se está ante la presencia de una obligación
clara y actualmente exigible en contra de la entidad demandada que permita
librar en su contra mandamiento de pago. Para que un documento preste
mérito ejecutivo, se requiere que en él se encuentren reunidos los requisitos
del artículo 488 del C.P.C., es decir, que de su literalidad se desprenda en
forma directa y clara el contenido y alcance de una obligación exigible cuyo
cumplimiento se reclama, sin necesidad de acudir a suposiciones de ninguna
índole.”

En el auto del 3 de agosto de 2000 -exp. 17.468-, en un proceso de esta naturaleza,
se concluyó que el contrato –que integraba el título ejecutivo complejo- aportado
en copia auténtica podía valorarse y admitirse como medio de prueba de la
obligación. No obstante, en esa oportunidad se negó el mandamiento de pago pero
por otra razón: porque los demás elementos de integración del título se aportaron
en copia simple:

(…)

En el auto del 14 de marzo de 2002 se aludió nuevamente al tema, y se concluyó
que nada impide que las copias auténticas se valoren en el proceso ejecutivo, y se
determine, con fundamento en éstas, la obligación y el título ejecutivo que las
sustenta. En efecto, en esa oportunidad la Sección Tercera precisó:

“Ahora bien, en los procesos que tienen por fundamento el cobro de
obligaciones derivadas del contrato de seguro suscrito por el contratista en
beneficio de la entidad contratante, como ocurre en el asunto bajo estudio,
en el cual la Fundación Pro-América, tomó con Cóndor S.A. seguros
generales, una póliza global única para garantizar el contrato 1331 de 1997,
en favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, la jurisprudencia ha
expresado que el título ejecutivo se conforma básicamente con el contrato
estatal, el acto administrativo ejecutoriado que declara la ocurrencia del
siniestro y la respectiva póliza de garantía.

(…)

“Como la parte demandada Cóndor S.A. compañía de seguros, precisamente
alega, que el actor no allegó copias auténticas de todos los documentos que
conforman el título ejecutivo complejo, la Sala distinguirá el tratamiento dado
a la autenticidad de documentos públicos y privados, concretando que bajo
esta aclaración se podrá determinar la calidad que ostentan los aportados al
proceso, partiendo de la base de que efectivamente sólo se envió, en copia
auténtica, la póliza 7203456 y del certificado de modificación expedido el 30
de septiembre de 1998 por la compañía de seguros, encontrando, en cambio,
el contrato 1331 de 1997 y las resoluciones que declararon el siniestro, en
copias informales.

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“El documento es público, cuando es otorgado por un funcionario público en
ejercicio de su cargo o con su intervención, de éstos se presume su
autenticidad y es plena prueba frente a todos, entre las partes y respecto de
terceros. Su fuerza probatoria incluye al juez, quien por principio general no
puede poner en duda el contenido del documento, razón por la cual debe
declarar plenamente probados los hechos o declaraciones emitidas a través
del mismo.

“No se puede predicar lo mismo de los documentos privados, entendiendo
por éstos, aquellos que no son considerados públicos. El privado no posee
ningún valor frente a las partes ni adquiere oponibilidad frente a terceros, a
no ser que se predique de él la autenticidad. El documento es auténtico
cuando hace plena fe contra su deudor, pues la autenticidad es aquella
característica que permite determinar el origen del documento y saber a
ciencia cierta si fue firmado, elaborado o extendido por el deudor, es decir,
no se presume su autenticidad. En términos generales, este tipo de
documento es redactado por las partes interesadas, con testigos o sin ellos,
pero sin intervención de notario o funcionario público que le dé fe o autoridad.
Probadas estas circunstancias se entiende que el documento proviene del
deudor y hace plena prueba contra él.

“El valor probatorio de los documentos privados, se basa, en primer término,
en su autenticidad y, en segundo lugar, depende de lo que resulte de aplicar
al contenido las normas de la sana crítica. No basta para esta especie de
documentos que se haya demostrado su autenticidad para que deba dársele
el valor de plena prueba a su contenido. Tal cosa no ocurre sino en los
documentos públicos cuando el funcionario se refiere a hechos ejecutados
por él mismo o que documenta en ejercicio de sus funciones.

“Partiendo de las anteriores premisas, como ya se advirtió en apartes
anteriores el título ejecutivo que se controvierte dentro de esta actuación está
conformado por varios documentos: el acto administrativo que declaró el
siniestro, es decir, las resoluciones 1110 (sic) de enero 22 de 1999 y 490 de
mayo 20 de 1999, como el contrato 1331, tienen el carácter de documentos
públicos; la póliza 7203456 de diciembre 22 de 1997 y el certificado de
modificación expedido el 30 de septiembre de 1998, por el contrario, son
documentos privados.

“En vista de lo anterior, considera oportuno la Sala precisar cómo la
autenticidad de un documento público o privado se predica de su original o,
en su defecto, de copia auténtica, en los eventos de que trata el artículo 254
del Código Procedimiento Civil.

“La anterior disposición, señala los casos en que las copias tendrán el mismo
valor probatorio del original así: (…)

“El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, señala que:

" ‘Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su
causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción,
o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o
de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía
aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia.

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“ ‘La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo,
pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294.’

“En guarda de tales principios, era necesario que el actor aportara el original
o copia auténtica del contrato 1331 de 1997 suscrito entre el Fondo
Financiero Distrital de Salud y la Fundación Pro-América, pues este
documento hace parte del título ejecutivo complejo que se controvierte en la
demanda.”

La Sección Tercera señaló luego que los documentos que acreditan la existencia
de una obligación pueden aportarse en copia auténtica, e incluso pueden aportarse
después de presentada la demanda:

“Si bien los documentos aportados con la demanda están en copia simple, lo
cierto es que el ejecutante antes de la expedición del auto que negó el
mandamiento de pago, de fecha 30 de octubre de 2003, aportó en copia
autenticada, el 20 de octubre de 2003, los documentos que integran el título
complejo como son el contrato del cual se deriva la ejecución y el acta de
liquidación del contrato. Para la Sala las pruebas allegadas por el ejecutante,
en fotocopia autenticada, después de la presentación de la demanda son de
recibo, porque él le demostró al Tribunal con la presentación de la solicitud
de ejecución de su imposibilidad de allegarlas porque el ejecutado aunque
fue requerido por él se ha rehusado a expedirlas. Pero además en el evento
hipotético de que el ejecutante hubiese allegado copias simples con la
demanda, si luego las aporta dentro del término anterior a la ocurrencia
hipotética de prescripción de la acción ejecutiva, también serían de recibo.”26

La autenticidad del documento y la valoración de las copias en el proceso ejecutivo
también fueron objeto de pronunciamiento en el auto del 12 de octubre de 2006 -
exp. 31.212-27, donde la Sección Tercera sostuvo que en el proceso ejecutivo se
requiere certeza de la procedencia del título ejecutivo y de los requisitos del artículo
488 del C.P.C. –presunción de autenticidad-. Asimismo, es necesario que el
documento o documentos que integran el título ejecutivo base de la acción se
aporte en original o copia auténtica. Sin embargo, en esta oportunidad también se
negó el mandamiento de pago, porque los requisitos de validez del título ejecutivo
se aportaron en copia simple:

“En este fallo la Corte señaló que para que la copia tenga el mismo valor del
original debe haberse tomado de alguna de las formas previstas en el artículo
254 del C. P. C. Con base en lo anterior, la Sala ha concluido que los

26 Auto del 23 de septiembre de 2003 -exp. 26.563-. Esta tesis se reiteró en la sentencia del 14 de

noviembre de 2002, exp. 22.485.
27 Sin embargo, como se sabe, la procedencia de los títulos es diversa –hay títulos ejecutivos judiciales

y contractuales- y también se distinguen los títulos valores del universo de los títulos ejecutivos. El
original y la copia auténtica, por su parte, difieren en su admisión para la aportación, siempre que se
trate de los títulos ejecutivos judiciales o contractuales. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo explica,
en forma detallada, la validez probatoria del título en consideración a su fuente, en este orden, en La
acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa sostiene: “Los contratos estatales, los acuerdos de
modificación al contrato, los actos administrativos, las constancias de notificación, las pólizas de
cumplimiento y los certificados de registro presupuestal, si no se aportan en original, el C.P.C. les otorga
el mismo valor probatorio del documento original y por tanto prestarán mérito ejecutivo de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 254, siempre y cuando: 1) hayan sido autorizados por notario, director de
oficina administrativa o de policía o secretario de oficina judicial, previa orden del juez donde se
encuentre el original o copia auténtica; 2) sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o
la copia auténtica que se le presente, y 3) sean compulsadas del original o copia autenticada en el curso
de la inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.” –pág. 262-

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documentos que se presumen auténticos, con base en el artículo 12 de la
ley 446 de 1998, son únicamente los originales de documentos públicos o de
documentos privados y las copias autenticadas de estos documentos.
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el Tribunal decidió conforme
a derecho al negar el mandamiento de pago, toda vez que los documentos
aportados con la demanda, en copias simples, carecen de valoración
probatoria, situación que da lugar a confirmar la providencia recurrida, no sin
antes hacer alusión a los argumentos esgrimidos por el recurrente.”

Sin embargo, en medio de este recuento jurisprudencial cabe hacer una
precisión que contribuye a la claridad y a la distinción que exige el tema:
recientemente, la Sala Plena de la Sección Tercera profirió una sentencia de
unificación, el 28 de agosto de 2013 -exp. 25.022-, donde concluyó que en
los procesos ordinarios –v.gr. acciones de reparación directa, controversias
contractuales, nulidad y restablecimiento del derecho, etc.- pueden valorarse
las copias simples de los documentos28; no obstante, añadió que tratándose

28 En esta sentencia de unificación se expresó que tanto en vigencia de los arts. 252 a 254 del CPC,

como de la Ley 1437 de 2011 y también del nuevo Código General del Proceso –Ley 1564 de 2012-, la
copia simple de los documentos tiene el mismo valor probatorio del original o de la copia auténtica -
siempre que no se tache de falsa y el juez la declara como tal-, sólo que la razón por la cual lo tendrá
así varía de una norma a otra. En este sentido expresó:
“Debe precisarse que la copia simple de las pruebas que componen el acervo del proceso penal, en
especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas toda vez que los medios
probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de la demandada, y solicitados como prueba
traslada por la parte demandante, petición que fue coadyuvada por las demandadas, surtiéndose así el
principio de contradicción.
(…)
“De otro lado, se advierte que el proceso penal fue aportado con la demanda en copia simple,
circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan, no obstante,
conforme a los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor a la prueba
documental que si bien se encuentra en fotocopia, respecto de la misma se surtió el principio de
contradicción.
(…)
“Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida
en el C.G.P., se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos,
lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a
245 del C.G.P., se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados,
emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que
las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de
la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla
general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en
contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar –si
lo conoce– el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser
necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.
(…)
“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de
lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que,
surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.
“El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564
de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha
imperado desde la expedición de los Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.
“En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual
los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación,
implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229
C.P.).
“Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se
encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo

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hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener
mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede
valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado
silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a
esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la
que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en
el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no
consulte los postulados de eficacia y celeridad.
(…)
“En otros términos, la hermenéutica contenida en esta sentencia privilegia –en los procesos ordinarios–
la buena fe y el principio de confianza que debe existir entre los sujetos procesales, máxime si uno de
los extremos es la administración pública.
“Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de
que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las
pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento
fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería
recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza
procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las
normas formales y procesales –necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y
eficacia de las disposiciones de índole sustantivo– es preciso efectuarse de consuno con los principios
constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre
el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad
a través de vasos comunicantes 28.
(…)
“Por último, la tesis que se acoge en esta oportunidad ha sido avalada por otras Secciones del Consejo
de Estado, de manera concreta, la Segunda, al establecer que el hecho de que no se hubieran tachado
de falsas las copias simples permite deducir la anuencia frente a los citados documentos.

Sobre el
particular, la mencionada Sección señaló:
(…)
“Y, si bien, la Corte Constitucional en reciente sentencia del 17 de abril de 2013 consideró que la
exigencia de copias auténticas deviene razonable en los términos establecidos en el artículo 254 del
C.P.C.28, lo cierto es que en criterio de esta Sección, esa hermenéutica no es compartida por las
siguientes razones: i) en ella no se analizó la problemática a la luz de los principios constitucionales de
buena fe, lealtad y confianza, ii) ni se estudió el contenido y alcance del artículo 11 de la ley 446 de
1998 (en relación con documentos emanados de las partes), así como tampoco el artículo 11 de la ley
1395 de 2010, iii) se echa de menos un análisis sobre el nuevo paradigma procesal contenido en las
leyes 1437 de 2011 (CPACA) y 1564 de 2012 (CGP), en las cuales se eliminan o suprimen esas
exigencias formales, iii) no se examinó la jurisprudencia de las demás Altas Cortes, esto es, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, iv) la sentencia de unificación de la Corte Constitucional
aborda la problemática desde un razonamiento exiguo que no permite abrir el debate sobre el tópico
analizado, y v) el simple argumento de reiterar la posición de la sentencia C-023 de 1998, no es válido
porque en esa decisión no se estudiaron las modificaciones y cambios de cosmovisión introducidos por
el legislador con las leyes 446, 1395, 1437 y 1564, antes mencionadas.
(…)
“De otra parte, resulta pertinente destacar que la posibilidad de valorar la documentación que,
encontrándose en copia simple ha obrado en el proceso – y por consiguiente se ha surtido el principio
de contradicción, no supone modificar las exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para
probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que el juez valore las copias simples que
reposan en el expediente no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento de las
solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o
circunstancias (v.gr. la constancia de ejecutoria de una providencia judicial para su cumplimiento).
“Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de
nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o
la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del
dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)28.
“De modo que, si la ley establece un requisito –bien sea formal o sustancial– para la prueba de un
determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del
mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v.gr. el registro civil, la escritura de venta, el
certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto

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de los procesos ejecutivos los títulos deben aportarse en original o en copia
auténtica, pero no en copia simple –arts. 253 y 254 del C.P.C.-.

“Lo anterior no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la
existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es
totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento
respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios –como los
procesos ejecutivos– en los cuales será indispensable que el demandante
aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el
original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de
liquidación bilateral, el título valor, etc.).”

En los términos analizados, queda claro que en la historia de la jurisprudencia de
esta Corporación ha sido pacíficamente admitido en el proceso ejecutivo la copia
auténtica del título –con mayor razón el original-. Y con la sentencia de Sala Plena
de 2013, citada antes, la anterior conclusión se confirmó para los procesos
ejecutivos, porque expresamente la Sala mantuvo la rigidez probatoria para esta
clase de procesos, no así para los ordinarios, de manera que antes y después de
ella la copia auténtica ha tenido valor probatorio.

No obstante lo anterior, la expresado tiene sub-reglas normativas y
jurisprudenciales que requieren precisión, las que se analizarán a continuación.

3.2. Primera excepción a la regla general: para ejecutar al obligado sólo se
puede aportar la primera copia de una sentencia o de un acta de conciliación,
de manera que ni la copia informal ni la copia auténtica tienen valor.

A diferencia de lo expresado antes, cuando el título ejecutivo consiste en una
providencia judicial, debe aportarse al juicio ejecutivo de conformidad con las
previsiones del artículo 115 del C.P.C.: Solamente la primera copia.

“Artículo 115. Copias de actuaciones judiciales. De todo expediente podrán
las partes o terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias,
con observancia de las reglas siguientes:

“1. Cuando la copia sea parcial, la parte que no la haya solicitado podrá pedir
a su costa que se entreguen piezas complementarias, dentro del término de
ejecutoria del auto que la ordene. El juez negará la agregación de piezas
notoriamente inconducentes y decretará de oficio las que estime necesarias
para evitar abusos con actuaciones incompletas.

“2. Si la copia pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada
que ponga fin al proceso, apruebe liquidación de costas, fije honorarios o
imponga condenas, se ordenará de oficio agregar las piezas que acrediten
su cumplimiento, si lo hubiere.

que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no
lo han tachado de falso.
(…)
“Entonces, la formalidad o solemnidad vinculantes en el tema y el objeto de la prueba se mantienen
incólumes, sin que se pretenda desconocer en esta ocasión su carácter obligatorio en virtud de la
respectiva exigencia legal. La unificación consiste, por lo tanto, en la valoración de las copias simples
que han integrado el proceso y, en consecuencia, se ha surtido el principio de contradicción y defensa
de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido.

“Por consiguiente, la Sala valorará los documentos allegados en copia simple contentivas de las
actuaciones penales surtidas en el proceso adelantado contra Rubén Darío Silva Alzate.”

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“Solamente la primera copia prestará mérito ejecutivo; el secretario
hará constar en ella y en el expediente que se trata de dicha copia. Si la
providencia contiene condenas a favor de diversas personas, a cada
una de ellas se le entregará su respectiva copia.

“En caso de pérdida o de destrucción de la mencionada copia, podrá la parte
solicitar al juez la expedición de otra sustitutiva de aquella mediante escrito
en el cual, bajo juramento que se considerará prestado con su presentación,
manifieste el hecho y que la obligación no se ha extinguido o sólo se extinguió
en la parte que se indique. Además manifestará que si la copia perdida
aparece, se obliga a no usarla y a entregarla al juez que la expidió, para que
éste la agregue al expediente con nota de su invalidación.” (Negrillas fuera
de texto)

En el mismo sentido, respecto al acta de conciliación, el parágrafo 1 del artículo 1
de la Ley 640 de 2001 dispone que también se necesita la primera copia de esta
providencia para ejecutar al obligado:.

“Artículo 1. Acta de conciliación. El acta del acuerdo conciliatorio deberá
contener la siguiente: (…)

“Parágrafo 1°. A las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica
del acta de conciliación con constancia de que se trata de primera copia que
presta mérito ejecutivo (…)”

En conclusión, tratándose de estos dos títulos ejecutivos judiciales, sólo la primera
copia presta mérito ejecutivo, con las formalidades de las normas transcritas, así
que la tesis contenida en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección
Tercera -exp. 25.022- se ajusta a este supuesto y por eso conserva validez en este
evento.

3.3. Segunda excepción a la regla general: para ejecutar al obligado
hipotecario o prendario sólo se puede aportar la primera copia de la escritura,
de manera que ni la copia informal ni la copia auténtica tienen valor.

Al igual que en el supuesto inmediatamente anterior, tampoco es posible presentar
copia auténtica de un documento y menos copia informal cuando se pretenda exigir
el cumplimiento de una obligación en un proceso ejecutivo hipotecario o prendario.

En este caso, el artículo 80 de la Ley 960 de 1970 prevé que para iniciar la acción
ejecutiva se debe presentar la primera copia de la escritura pública donde se
constituyó la hipoteca29. El tratadista Ramiro Bejarano Guzmán considera que esta
condición impide que el acreedor, con otras copias auténticas diferentes de la
primera, promueva varios procesos ejecutivos o ceda fraudulentamente su crédito
a diferentes personas. En este sentido, expresa en el texto, Procesos declarativos,
ejecutivos y arbitrales: “De acuerdo con lo previsto en el artículo 80 del decreto 960
de 1970, en la copia de la escritura pública por medio de la cual se hubiese

29 “Art. 80. Toda persona tiene derecho a obtener copias auténticas de las escrituras públicas. Pero si

se tratare de un instrumento en fuerza del cual pudiere exigirse el cumplimiento de una obligación, cada
vez que fuere presentado, el notario señalará la copia que presta este mérito, que será necesariamente
la primera que del instrumento se expida, expresándolo así en caracteres de estados, junto con el
nombre del acreedor a cuyo favor la expide.
“En las demás copias que del instrumento se compulsen en cualquier tiempo, y salvo lo prevenido en el
artículo 81 se pondrá por el notario una nota expresiva del ningún valor de dichas copias para exigir el
pago o cumplimiento de la obligación, o para su endoso.”

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constituido la hipoteca, es necesario que el notario certifique que se trata de la
primera copia y que presta mérito ejecutivo. La razón de que solamente con esa
primera copia pueda formularse la demanda ejecutiva radica en el hecho de
impedir que el acreedor, valido de otras copias auténticas que no sean las
primeras, puedan promover más de un proceso ejecutivo o ceder su crédito
hipotecario a diferentes personas.” –págs. 620 y 621-,

La Sección Tercera también se ha pronunciado respecto a la primera copia de la
escritura pública, y sobre la obligación de presentarla para ejecutar al deudor en
un proceso hipotecario, sostuvo en el auto del 3 de agosto de 2005 -exp. 29.288-:

“No se acreditó que la copia de la escritura pública, instrumento en fuerza del
cual pudiere exigirse el cumplimiento de una obligación, preste mérito para
ejecutar. Como lo dijo el A Quo era necesario que la copia de la Escritura
Pública, uno de los documentos de integración del título ejecutivo, fuera la
primera, de acuerdo con las prescripciones del artículo 80 del decreto ley 960
de 1970, reformado por el decreto ley 2.163 de mismo año. Esa norma es
atendible, por cuanto se pretende ejecutar la cesión de derechos de un
crédito personal derivado del contrato de compraventa, instrumento solemne
que se debe elevar a escritura pública. El derecho para los cesionarios no
nace solo del contrato de cesión, como lo sostuvo el apoderado de los
ejecutantes, sino del derecho que tiene el acreedor primario, en este caso el
vendedor que figura en la escritura.”

3.4. Tercera excepción a la regla general: para ejecutar al obligado sólo se
puede aportar el original de los títulos valor –cheque, pagaré, letra de cambio,
etc.-, de manera que ni la copia informal ni la copia auténtica tienen validez.

Problemática similar ofrece la misma inquietud tratándose de los títulos-valor, que
también prestan mérito ejecutivo, así que se requiere precisar si la copia informal,
la copia auténtica o el original sirven para adelantar la ejecución contra el obligado.

Del art. 624 del Código de Comercio se infiere que para cobrar ejecutivamente, y
en general para ejercer cualquier derecho que provenga del título valor, se debe
exhibir su original:

“Art. 624. El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la
exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo
pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios. En
estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá
por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título
conservará su eficacia por la parte no pagada.”

La doctrina, en cabeza de Nelson Remolina Angarita y Lisandro Peña Nossa,
apoyan la postura de la inadmisibilidad de la copia auténtica del título valor –con
mayor razón de la copia simple-, cuando se pretende ejecutar una obligación o
determinar su valor cambiario. Señalan que sólo es posible exhibirlo en original,
para proteger la seguridad jurídica y la incorporación del título. En el libro De los
títulos valores y de los valores en el contexto digital, sostienen que: “el título valor
goza de carácter constitutivo y de eficacia probatoria ad solemnitatem, lo que
significa que este (sic), de manera autónoma y originaria, da nacimiento a un
derecho cambiario, el cual se incorpora al documento.

“Por eso, quienes consideran que las fotocopias no pueden tener validez
como título ejecutivo argumentan que uno de los principios de los títulos
valores es el de la incorporación, el cual expresa la conexión indisoluble que

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existe entre el derecho y el documento, desde el nacimiento hasta su muerte.
La incorporación del derecho únicamente se realiza en el documento original.
Lo cual impide tener sobre un título valor dos derechos incorporados: uno en
el original y otro en la fotocopia.

“Ahora bien, para que el derecho pueda exigirse se necesita exhibir el título,
según lo reglado por el artículo 624 del Código de Comercio. Esto no se daría
en el caso de las fotocopias, pues se desvirtuaría el principio de
incorporación que ostenta el título valor, por el cual documento y derecho se
hallan indisolublemente unidos, esto es, el uno no puede separase del otro,
y esta sería la consecuencia de la reproducción del instrumento en varios
ejemplares.

“Así mismo, con las fotocopias la obligación a cargo del tenedor legitimo de
devolver el título valor a quien lo pague (C. de Co., art. 624) carecería de
sentido práctico, en la medida en que no habría seguridad jurídica para el
obligado cambiario que pagó en debida forma, pues cualquier poseedor de
una fotocopia podría exigirle de nuevo la obligación que se extinguió por el
pago.” –págs. 69 y 70-.

En el mismo sentido, el tratadista Hernán Fabio López Blanco sostiene que los
títulos ejecutivos pueden aportarse en copia auténtica, pero de ninguna manera
los títulos valores, puesto que por razones de seguridad jurídica es necesario su
original. En Procedimiento civil, Parte Especial, afirmó que: “[hay] eventos donde
no sólo es perentorio que conste la obligación con las características de ser clara
expresa y exigible en un documento escrito, sino que, además, éste debe ser el
original, tal como lo que sucede con los contenidos en títulos valores, donde por
razones de seguridad jurídica es menester que se utilice el original, pues evidente
sería la incertidumbre que se generaría si se permitiera adelantar ejecuciones con
base en copias de ellos.

“No significa lo anterior que sea imposible demandar ejecutivamente con
base en copias, pues de modo alguno se halla proscrita esta posibilidad, sólo
que debe tratarse de casos donde, por su naturaleza no sea menester
emplear el original. Así, por ejemplo, nada impide, es más con frecuencia así
sucede, que se demande en proceso de ejecución al arrendatario que no
paga los cánones empleando copia del contrato, sin que se requiera ninguna
habilitación especial de ellas…, y eso sí, sin perder de vista, que en ciertos
casos la ley exige una especial habilitación para las copias como sucede con
las que dan cuenta de liquidación en costas donde se debe dejar expresa
constancia de que prestan mérito ejecutivo, el conocido caso de las
obligaciones contenidas en escritura pública con garantía hipotecaria.” –
págs. 422 y 423, Editorial Dupré, 2004-.

No obstante, hay que aclarar que la Sección Tercera tiene definido que cuando el
proceso ejecutivo provenga de un título valor, así tenga por causa un contrato
estatal, la jurisdicción competente para conocer de ese proceso es la ordinaria y
no la administrativa”30 (Subrayas de la Sala).

De este modo es claro que las copias auténticas de las facturas de servicio públicos
pueden ser exigibles, siempre que cumplan con los requisitos dispuestos en los

30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “C”. Auto

del 14 de mayo de 2014. Proceso radicado número: 25000 23 26 00 1999 02657 02.

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artículos 130, 147 y 158 de la Ley 142 de 1994, el artículo 488 del CPC y el Contrato
de Condiciones Uniformes.

7.5.3.2. Descendiendo al caso en concreto, se evidencia que ETB presentó con
su reclamación a Cajanal copias auténticas de las facturas 88612737, 90452431,
94102534 y 92293154 emitidas en la cuenta especial 4363215. Sin embargo, al revisar
su contenido, no se observa que hayan sido debidamente firmadas por el
representante legal de esa empresa, de modo que no cumplen lo dispuesto en el
artículo 130 de la Ley 142 de 1994 para su exigibilidad.

En efecto, las aludidas facturas son las siguientes:

A) Factura 88612737:

“

”31

31 Visible en el Cuaderno de Pruebas de contestación de la demanda.

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B) Factura 90452431:

“

”32

32 Ibidem.

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C) Factura 94102534
“

”33

33 Ibidem.

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D) Factura 92293154

“

”34

34 Ibidem.

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De ahí que, frente a dichas facturas, el cargo parta de una premisa errónea, pues no
es cierto que las mismas se encuentren firmadas por el representante legal de ETB,
por lo que no cumplen con los requisitos para constituirse como títulos ejecutivos.

7.5.3.3. De otro lado, en cuanto a las facturas número 88612700, 9045361,
92293986 y 94103569, se evidencia que fueron aportadas en copia auténtica y están
firmadas por el representante legal de la entidad demandada. Por lo tanto, asiste razón
a la recurrente cuando afirma que en los actos enjuiciados no podía descartarse su
valoración por el simple hecho de que no se allegaron en documentos originales.

No obstante, a pesar de la prosperidad de ese cargo, en criterio de la Sala, esto por sí
solo no conduce a declarar la nulidad de las decisiones enjuiciadas, ya que, como se
ha visto a lo largo de esta providencia, la reclamación presentada por ETB también fue
rechazada por incurrir en la causal dispuesta en el numeral 21, sin que frente a esta
última se haya desvirtuado su legalidad. A este respecto, observa la Sala que la factura
deriva de un contrato que celebraron Cajanal y la demandante, en el cual
expresamente se indicó que quedaría bajo supervisión. En consecuencia, si bien es
cierto las indicadas facturas, en principio, constituirían título ejecutivo, a efectos de la
liquidación, hay que tener en cuenta que provienen del acreedor y no del deudor, no
tienen el visto bueno de la auditoría, y, además, expresamente se señala que no hay
certeza de la prestación de los servicios. En tales condiciones, no le era dado al agente
liquidador hacer el pago afectando la masa, pues esta última causal de rechazo estaba
expresamente establecida de manera autónoma; y debe tenerse en cuenta que
concurren en estos procesos todos los acreedores y a ellos se les paga atendiendo los
dineros disponibles, de donde se concluye que el incumplimiento de cualquiera de los
requisitos para acceder al pago es suficiente para el rechazo.

7.6. Del cargo de enriquecimiento sin justa causa

De otro lado, se tendrá que determinar si es procedente que, a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento se analice si con la emisión de las decisiones
enjuiciadas su produjo un enriquecimiento sin justa causa a favor de la entidad en
liquidación y en detrimento de la demandante.

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De entrada, se advierte que, en los términos en los que fue formulado dicho reproche,
es improcedente, ya que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
no es el mecanismo adecuado para discutir si con los efectos de una determinada
decisión, se produjo un enriquecimiento sin justa causa. Al respecto, es pertinente
indicar que esta Corporación ha señalado que el medio de control de reparación directa
es el escenario adecuado para ventilar pretensiones de esa naturaleza .35

Ahora, aun si, en gracia de discusión, se aceptara que es procedente hacer la
reclamación a través del presente medio de control, lo cierto es que tampoco tendría
vocación de prosperidad, toda vez que la actora fundamenta sus reparos con base en
los mismos argumentos con los que cuestionó la validez de las causales de rechazo a
su reclamación, siendo éstos despachados desfavorablemente a sus intereses, como
se vio precedentemente.

Ello, al margen de que la solicitud no cumple con los presupuestos de la figura del
enriquecimiento sin causa, que nace como principio general del derecho para los
eventos en los cuales no hay causa que justifique el enriquecimiento ni acción distinta
para reclamar; en este caso, como es evidente, ninguno de los presupuestos está
presente, pues la discusión surge de una controversia sobre facturas derivadas de un
contrato (causa) y se está reclamando en medios de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, e incluso por el medio contractual.

7.7. De la controversia alrededor de las pretensiones subsidiarias

Finalmente tendrá que verificarse si cumplieron el requisito de procedibilidad las
pretensiones subsidiarias de la demanda incoadas en el presente asunto.

En ese orden, es menester indicar que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 161
del CPACA, cuando se impetre una demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, en el que se formulen pretensiones relativas a la nulidad y
restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, deberá
agotarse el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial.

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Planea. Sentencia

del 19 de noviembre de 2012. Proceso radicado número: 73001 23 31 000 2000 03075 01. Consejero
Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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La norma en contexto prevé:

“Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la
demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes
casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial
constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen
pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación
directa y controversias contractuales.” (Subrayas de la Sala).

Así las cosas, se advierte que, dentro del trámite de conciliación extrajudicial la actora
solicitó la declaratoria de nulidad de los actos demandados y a título de
restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de los servicios prestado en
virtud del Contrato Número 07 de 2005 y sus adiciones, así como la indexación de las
respectivas condenas y/o sus intereses moratorios. De lo anterior da cuenta el
siguiente aparte del acta emitida por la Procuraduría Judicial de la Nación, dentro del
trámite de agotamiento del requisito de procedibilidad:

“Las pretensiones de la solicitud fueron las siguientes: Se declare la NULIDAD de
las resoluciones números 519 del 17 de enero de 2011 y 4463 del 21 de mayo de
2013 (notificada el 4 de junio del mismo año) expedidas por el entonces liquidador
de la CAJANAL ElCE EN LIQUIDACIÓN a través de las cuales fueron rechazadas
las facturas números 4363215 y 6473666 correspondiente a la reclamación N°.
15362; se ordene el restablecimiento del derecho consistente en el reconocimiento
y pago de los servicios de telefonía pública básica conmutada local y larga
distancia prestados en virtud del contrato número 07 de 2005 y sus adicionales; la
indexación y el ajuste del valor de las respectivas condenas y/o sus intereses
moratorios, cuyas sumas fueron negadas dentro del proceso liquidatario de
CAJANAL ElCE según lo decidido en las mencionadas resoluciones”36

Ahora, en las pretensiones subsidiarias del libelo introductorio, lo que observa la Sala
es que ETB modificó el objeto del litigio, toda vez que pasó de solicitar la nulidad de
unos determinados actos administrativos, a pedir la declaratoria de incumplimiento
contractual del anotado negocio jurídico que suscribió con Cajanal; veamos:

“II. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

1. Se declare que la liquidada Cajanal Eice incumplió el contrato de
prestación de servicios número 07 del 23 de diciembre de 2005 sus
adicionales y anexos celebrados con mi representada al no cancelar el valor
de las sumas que fueron reclamadas por la Etb en el proceso de liquidación

36 Visible a folio 220 del Cuaderno del Tribunal.

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de esta entidad correspondiente a los servicios de telefonía básica
conmutada local y larga distancia y servicios de internet y datos.

2. Como consecuencia de la anterior declaración se condene a las entidades
demandadas que asumieron obligaciones a cargo de la liquidada Cajanal Eice al
pago de las sumas reclamadas en dicha liquidación o las que se liquiden en la
sentencia que ponga fin al proceso así como el ajuste al valor y los intereses
moratorios respectivos.

3. Se condene a las entidades demandadas a las costas del proceso”37 (Subrayas
y negrillas de la Sala).

Por ende, es claro que dicha petición implica que en el proceso se ventile un aspecto
jurídico a considerar distinto al contemplado originalmente en la etapa de la
conciliación. En consecuencia, era necesario que frente a esas peticiones también se
agotara el requisito de procedibilidad, circunstancia que no ocurrió, de modo que el
cargo no tiene vocación de prosperidad.

Ello, al margen de observar que tales pretensiones no quedaron incorporadas en la
fijación del litigio que hizo el a quo en la audiencia inicial, y el demandante nada dijo
sobre el particular.

7.8. De las costas

En este punto, la Sala advierte que en el numeral 4 de la parte resolutiva de la
sentencia recurrida el Tribunal condenó en costas a la parte actora.

Ahora, conforme a lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA38 y 365 del CGP39, en
especial su numeral 8, sobre condena en costas, y a lo expuesto sobre el punto por

37 Folios 222 y 223 ibídem.
38 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
39 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.

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esta Corporación, la Sala considera que no hay lugar a imponer una condena en costas
a la parte demandante, en la medida que no se acreditó probatoriamente su causación,
de modo que no podía imponerse una condena en ese sentido.

En cuanto a las agencias en derecho, se comprueba que las entidades demandadas,
intervinieron en el proceso por conducto de apoderado debidamente constituido; por lo
tanto, se dará aplicación al Acuerdo nro. PSAA 16- 10554 del 5 de agosto de 201640
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, y se impondrá a su favor por este
concepto y a cargo de ETB, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, para cada una de ellas.

Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica41: i) objetivo porque no resulta de
un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que
es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto42 y ii) valorativo
porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en
la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del proceso43.

En consecuencia, se modificará el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida en ese sentido.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
40 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
41 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018,

C.P. Oswaldo Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente William
Hernández Gómez, Expediente número 15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado,
Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, Magistrado Ponente Milton Chaves García,
número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01.
42 Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
43 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero

Ponente William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01.

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7.9. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida el cual quedará así:

“ORDENAR a ETB, pagar por concepto de agencias en derecho en favor de las
entidades demandadas, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, a cada una de ellas, según lo explicado en la parte motiva de esta
providencia.”

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del de
18 de julio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva parcialmente voto

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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