Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-00007-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2014-00007-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-00007-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2014-00007-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Temas: Sanciones por uso de una cuenta de compensación especial
para realizar operaciones no autorizadas. Error en el registro de
la cuenta no genera nulidad de los actos acusados, pues en
materia cambiaria aplica responsabilidad objetiva. Derogatoria
o modificación de las normas que establecían la infracción
cambiaria no generó nulidad de los actos, la cual se alegó con
fundamento en el principio de favorabilidad
Decisión: Confirmar la sentencia del 19 de febrero de 2015, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, a excepción del numeral 2º de la parte resolutiva,
el cual se revoca.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Transbordos del
Caribe S.A. contra la sentencia del 19 de febrero de 2015, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que denegó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad Transbordos del Caribe S.A., actuando por intermedio de apoderado
judicial, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 2, en
contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en la cual
formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones expedidas por
la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales que se relacionan en el siguiente cuadro:
1 La demanda fue radicada el 18 de diciembre de 2013 y obra en los folios 1 a 34 del expediente.
2 Ley 1437 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
SEGUNDA: Que a título de restablecimiento del derecho: (i) se declare que no
procede la imposición de la sanción por infracción cambiaria en los términos
establecidos en los actos administrativos demandados; y (ii) se declare que no existe
deuda alguna por concepto de la sanción impuesta en los actos administrativos
demandados3.
1.2. Actos demandados
1.2.1. La Resolución 103241433601229-0076 del 24 de enero de 20134, por medio
de la cual la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión de
Liquidación, impuso una sanción a la demandante, por realizar operaciones no
autorizadas por el régimen cambiario durante los meses de junio, julio y agosto de
2011, a través de la cuenta de compensación especial núm. 10291600 del banco
Bancolombia de la ciudad de Panamá, así:
(…) Artículo-Segundo: Imponer a la sociedad Transbordos del Caribe S.A. con Nit.
830.033.189-6, una multa a favor de la Nación Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales por la suma de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE
($10.330,977.913,00), por violación de los artículo 56 y 79 parágrafo 5 de la
Resolución Externa 8 del 5 de mayo de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la
República, en concordancia con el numeral 8.6 de la Circular Reglamentaria DCIN
83 del 24 de febrero de 2011 del Banco de la República, por realizar operaciones no
autorizadas por el régimen cambiario durante los meses de junio, julio y agosto
de 2011 a través de la cuenta de compensación especial No. 10291600 de
Bancolombia de la ciudad de Panamá, con Código No. 1194139.001, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. (…).
(Resaltados de la Sala).
1.2.2. La Resolución 103236408601-502 del 31 de mayo de 20135, por medio de la
cual la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Jurídica,
resolvió el recurso de reconsideración presentado contra el anterior acto
administrativo y lo confirmó.
1.2.3. La Resolución 103241433601229-0115 del 29 de enero de 20136, por medio
de la cual la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión de
Liquidación, impuso una sanción a la demandante, por utilizar la cuenta de
compensación especial núm. 10291600 del banco Bancolombia de la ciudad de
Panamá, para operaciones diferentes a las autorizadas por el régimen cambiario,
así:
3 Folios 1 y 2.
4 Folios 55 a 60.
5 Folios 61 a 68.
6 Folios 69 a 75.
2
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
(…) ARTICULO SEGUNDO; Imponer a la sociedad TRANSBORDOS DEL CARIBE
S.A. con NIT 830.033.189-6, una multa a favor de la Nación Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, por la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS ($9.896.977.985), por violación al artículo 56
modificado por el artículo 11 de la Resolución Externa 2 del 17 de diciembre de
2010, en concordancia con el parágrafo 5° del artículo 79 de la Resolución Externa
8 del 5 de mayo de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la Republica y los
numerales 8.6, 8.6.1, 8.6.2 y el literal b) del numeral 8.6.3 de la Circular
Reglamentaria DCIN 83 del 24 de febrero de 2011 del Departamento de Cambios
del Banco de la República, por utilizar la cuenta de compensación especial No.
10291600 del Banco Bancolombia de Panamá, con Código No. 1194139.001
asignado por el Banco de la Republica para operaciones diferentes a las autorizadas
por el régimen cambiario, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
(…). (Subrayas de la Sala).
1.2.4. La Resolución 103236408610-587 del 27 de junio de 20137, por medio de la
cual la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Jurídica,
resolvió el recurso de reconsideración presentado contra el anterior acto
administrativo y lo confirmó.
1.2.5. La Resolución 103241433601229-0116 del 29 de enero de 20138, por medio
de la cual la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión de
Liquidación, impuso una sanción a la demandante, por utilizar la cuenta de
compensación especial núm. 10291600 del banco Bancolombia de la ciudad de
Panamá, para operaciones diferentes a las autorizadas por el régimen cambiario,
así:
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a la sociedad TRANSBORDOS DEL CARIBE S.A.
con NIT 830.033,189-6, una multa a favor de la Nación Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS ($342.283.838), por violación al artículo 56 y parágrafo 5° del artículo
79 de la Resolución Externa 8 del 5 de mayo de 2000 de la Junta Directiva del Banco
de la República, en concordancia con el numeral 8.6, 8.6.1 y literal b) del numeral
8.6.3 de la Circular Reglamentaria DCIN 83 del 24 de febrero de 2011 del Banco de
la República, por utilizar la cuenta de compensación especial No. 10291600 del
Banco Bancolombia de la ciudad de Panamá, con código No. 1194139.001 asignado
por el Banco de la República para operaciones diferentes a las autorizadas por el
régimen cambiario, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
1.2.6. La Resolución 103236408601-497 del 31 de mayo de 20139, por medio de la
cual la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Jurídica,
resolvió el recurso de reconsideración presentado contra el anterior acto
administrativo y lo confirmó.
1.3. Hechos
La demandante expuso los siguientes hechos:
7 Folios 76 a 83.
8 Folios 41 a 46.
9 Folios 47 a 54.
3
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
1.3.1. El 7 de diciembre de 2010 Transbordos del Caribe S.A. le solicitó al Banco de
la República (o el Banco) el registro de la cuenta corriente en dólares número
10291600 del banco Bancolombia Panamá, con el fin de recibir los pagos de su
cliente residente en Colombia, C.I. Prodeco S.A., como producto de la ejecución de
un contrato de servicios de transbordos de carbón.
1.3.2. Mediante Oficio No. DCIN-00936El 17 de enero de 2011, el Banco de la
República registró la cuenta, asignándole el código 1194139.001.
1.3.3. Durante el año 2011, la demandante recibió de CI Prodeco S.A. pagos por
concepto de servicios de manejo de transbordos, operaciones que fueron
identificadas en los formularios de reporte mensual de la cuenta de compensación
con el numeral cambiario 3000, que describe los ingresos provenientes del pago de
operaciones internas entre residentes.
1.3.4. Por un error involuntario, al diligenciar el Formulario núm. 9, la referida cuenta
fue registrada como pagadora en lugar de como receptora, que era la intención de
la empresa. Tal error no pudo ser advertido antes de que la DIAN iniciara la
investigación que ocupa esta demanda, porque la carta de registro del Banco de la
República no especificaba el tipo de cuenta. Además, el sistema informático del
Banco no rechazó los reportes mensuales de operaciones (Formularios núm. 10)
que identificaban los ingresos con el numeral cambiario 3000, que corresponde a
pagos recibidos de otros residentes por operaciones internas.
1.3.5. Una vez se percató del error, mediante escrito con radicado DER-BOG-
47673-2011 del 3 de noviembre de 2011, la demandante le solicitó al Banco de la
República la corrección del registro de la cuenta, petición que fue aceptada por el
jefe de la Sección de Registro y Procesos Cambiarios del Departamento de
Cambios Internacionales del Banco de la República mediante Oficio DCIN-25294
del 25 de noviembre de 2011. Además, el director del Departamento de Cambios
Internacionales, a través del Oficio DCIN-07127 del 3 de abril de 2012, le informó al
subdirector de Gestión de Control Cambiario de la DIAN que la corrección del
registro tenía efectos desde el momento de su inscripción inicial y que, en virtud de
esta, las operaciones que se habían considerado no autorizadas ahora se entendían
como autorizadas.
1.3.6. A pesar de esta corrección, la DIAN expidió actos de formulación de cargos
en los que consideró que las operaciones efectuadas a través de la cuenta de
compensación en los meses de mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre de
2011 no correspondían a las autorizadas para una cuenta pagadora, tal como había
sido registrada erróneamente.
1.3.7. La DIAN concluyó que la demandante había incurrido en infracción del artículo
56 y del parágrafo 5° del artículo 79 de la Resolución Externa 8 del 5 de mayo de
200010, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, en concordancia
con los puntos 8.6, 8.6.1, 8.6.2 y 8.6.3, literal b, de la Circular Reglamentaria Externa
DCIN 83 del 24 de febrero de 201111. Por lo anterior, le impuso la sanción
10 “Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales”, expedida por la Junta Directiva
del Banco de la República.
11 “Manual de Cambios Internacionales”, expedida por el Banco de la República.
4
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
establecida en el literal r del artículo 3 del Decreto Ley 1092 de 199612, modificado
por el artículo 1 del Decreto Ley 1074 de 199913, en cuanto a las operaciones
realizadas antes del 28 de junio de 201114; y la establecida en el numeral 14º del
artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 201115, respecto de las operaciones llevadas a
cabo a partir de esa fecha.
1.3.8. Según la demandante, la DIAN también inició investigación por los mismos
hechos y argumentos para los meses de abril y diciembre de 2011 y enero de 2012,
pero en estos casos, mediante los Actos de Formulación de Cargos
10324842730129-943 y 10324842730129-835 de 2012, sí aceptó la corrección del
error al registrar la cuenta de compensación especial, de acuerdo con lo
manifestado por el Banco de la República.
1.4. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación
1.4.1. Transbordos del Caribe S.A. alegó que los actos administrativos acusados
infringieron los artículos 29 y 228 de la Constitución Política; los artículos 3, 10 y 88
del CPACA; los artículos 3 y 11 del Decreto Ley 2245 de 2011, y el punto 8.6.2 de
la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2011.
1.4.2. En el concepto de la violación expuso los siguientes cargos:
1.4.2.1. “Posición de la DIAN en las resoluciones sancionatorias demandadas”
Alegó que la DIAN impuso la sanción cambiaria por incumplir las obligaciones
correspondientes a una cuenta de compensación registrada como pagadora, por
haber sido utilizada para operaciones correspondientes a una cuenta receptora, sin
tener en cuenta que tales obligaciones habían surgido de un error en el
diligenciamiento del Formulario núm. 9, correspondiente al registro de la cuenta de
compensación especial, así como la calidad del titular y el verdadero propósito para
el cual fue abierta.
Además, la DIAN consideró irrelevante que el error hubiera sido corregido por el
Banco de la República y que este hubiera manifestado que, con la corrección del
error, las operaciones realizadas en la cuenta se entendían autorizadas por el
régimen cambiario.
1.4.2.2. “El error cometido en el registro de la cuenta no genera las obligaciones
cambiarias para su titular, toda vez que por disposición legal las obligaciones
cambiarias se derivan de la calidad del titular y del propósito de apertura de la
cuenta”
Explicó que los puntos 8.6, 8.6.1 y 8.6.2 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN
83 de 2011 del Banco de la República consagraban las obligaciones cambiarias de
las cuentas de compensación especiales en atención a la calidad del titular de la
12 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a
seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.
13 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las
materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.
14 Fecha de entrada en vigor del Decreto 2245 de 2011.
15 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a
seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.
5
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
cuenta y al propósito de su apertura. Dijo que, en concreto, el artículo 8.6 establece
que los residentes podrán girar y recibir divisas para el cumplimiento de las
obligaciones entre ellos, siempre y cuando estas operaciones se realicen a través
de una cuenta de compensación abierta para el efecto, en instituciones financieras
del exterior, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 79 de
la Resolución Externa 8 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la
República. Asimismo, expuso que el punto 8.6.1 es aplicable a quienes abren la
cuenta de compensación para efectuar giro de divisas, y el 8.6.2 a quienes reciben
divisas.
Con base en lo anterior, aseveró que “es el propósito el que orienta el registro de la
cuenta pues este debe ser fiel a propósito del titular y no el registro el que determina
el propósito del titular al abrir la cuenta”. Por lo tanto, si el titular se equivoca al
informar el propósito de la cuenta, ese error no tiene la virtud de modificar ese
objetivo ni su posición contractual en la operación interna entre residentes. Tampoco
define las operaciones cambiarias que pueden realizarse a través de la cuenta. Es
decir, el error no genera derechos ni obligaciones para el titular.
En tal sentido, argumentó que la cuenta fue abierta para recibir los pagos que le
realizaría CI Prodeco S.A., en virtud de un contrato de servicios de transbordos de
carbón, y que el objeto de tal contrato es lo que determina el propósito de la cuenta.
Aseveró que, cuando el registro ante el Banco de la República no evidencia el
verdadero propósito de la cuenta y de la posición del titular en la operación interna
entre residentes, lo que debe corregirse es el registro, y no el propósito ni la
posición, pues el error no genera el derecho de los titulares de la cuenta de
compensación.
Explicó que el titular de la cuenta bancaria está obligado a realizar las operaciones
que determine el propósito que con esta se persiga, esto es, en el caso concreto,
recibir pagos para el cumplimiento de las obligaciones internas entre residentes.
Entonces, como al advertir el error se tramitó su corrección, no tuvo lugar la
infracción sancionada por la DIAN, pues en últimas la demandante sí realizó “las
operaciones que le fueron autorizadas por la ley considerando el propósito de la
cuenta”.
1.4.2.3. “Corrección del error cometido en el registro de la cuenta bancaria como
cuenta de compensación especial”
Enfatizó que el error no pudo ser advertido cuando se transmitió la información
mensualmente en el Formulario núm. 10, pues esos reportes no fueron rechazados,
y el Sistema Estadístico Cambiario (SEC) no reportó mensaje de error, pese a que
así lo ordenaba el Anexo 4 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2011.
Y dijo que, por el contrario, los reportes del referido formulario fueron aceptados por
el sistema informático.
Señaló que el error fue reconocido por parte del jefe de la Sección de Registro y
Procesos Cambiarios del Departamento de Cambios Internacionales del Banco de
la República, quien mediante Oficio DCIN-25294 del 25 de noviembre de 2011,
efectuó los ajustes correspondientes en la base de datos de la Sección de Registro
y Procesos Cambiarios. Y advirtió que el Banco, mediante el Oficio DCIN-07127 del
6
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
3 de abril de 2012, informó a la DIAN que la corrección tenía efectos desde la fecha
de registro original de la cuenta, por lo que las operaciones realizadas ya no se
consideraban no autorizadas.
Agregó que la DIAN no podía desconocer el acto administrativo contenido en el
Oficio DCIN-25294 del 25 de noviembre de 2011, ya que este goza de presunción
de legalidad y sus efectos son obligatorios para todas las autoridades, como lo
establece el artículo 88 del CPACA. Empero, la DIAN desconoció la validez de la
corrección efectuada por la autoridad competente y le dio al error un alcance que la
misma Banca Central reconoció que no existía.
Adujo que la DIAN desconoció el principio de prevalencia de la sustancia sobre la
forma, consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, toda vez que no
tuvo en cuenta que el propósito de la cuenta era recibir pagos, como lo acordó la
demandante con el residente pagador. Arguyó que la decisión de la autoridad
demandada equivale a decir que, al haber registrado equivocadamente la cuenta,
la demandante debió abstraerse de la realidad jurídica y comercial de sus
operaciones y utilizar la cuenta como pagadora.
1.4.2.4. “Ilegalidad de la sanción impuesta por inexistencia de infracción a las
normas citadas como violadas en las resoluciones demandadas”
Alegó que las normas citadas por la DIAN como violadas no regulaban la obligación
que la demandante supuestamente incumplió, o ella no era un sujeto obligado a
cumplirlas y, por tanto, la entidad le vulneró el debido proceso. Es decir, refutó la
aplicabilidad de las normas que sustentaron la imputación realizada por la DIAN,
así:
(i) Señaló que la sociedad no infringió el artículo 56 de la Resolución Externa 8 de
2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, pues este no establecía la
obligación de realizar operaciones autorizadas a las cuentas de compensación
especiales, sino: a. la autorización legal del mecanismo de compensación para la
canalización de operaciones de cambio obligatoriamente canalizables a través del
mercado cambiario; b. la obligación para el titular de la cuenta bancaria de
registrarla dentro del término legal; y c. la función del Banco de la República de
definir los términos y condiciones aplicables a las cuentas de compensación.
Entonces, arguyó que el artículo 56, citado como violado por la DIAN, no podía
fundamentar la sanción impuesta.
(ii) Alegó que no había incumplido el parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución
Externa 8 de 2000, pues las operaciones que realizó a través de su cuenta de
compensación especial son las permitidas por el literal b de este, que autoriza el
uso de los recursos allí depositados para realizar operaciones que deban
canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario.
(iii) Arguyó que el punto 8.6.1 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de
2011, citado por la DIAN, que establece las condiciones para las cuentas de
compensación utilizadas por quien efectúa el giro de divisas, no es aplicable al
asunto, pues la demandante no era quien efectuaba los giros, sino la que los recibía,
por lo que las obligaciones de esta norma recaen en C.I. Prodeco S.A. Por lo tanto,
7
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
a la actora le era imposible el cumplimiento de tal disposición, y la que le era
aplicable era el punto 8.6.2 de la misma circular, referente a las cuentas de quienes
reciben divisas.
Agregó que, en los extractos bancarios de la cuenta de compensación especial
correspondientes a los meses de julio, agosto, octubre y noviembre de 2011, no
realizó pagos a otros residentes, sino que recibió pagos de CI Prodeco S.A.,
propósito para el cual fue abierta la cuenta en el exterior.
(iv) Argumentó que cumplió rigurosamente las obligaciones del punto 8.6.2 de la
Circular DCIN 83 de 2011, el cual sí le era aplicable como receptor de divisas, en
tanto establece que “las divisas consignadas en estas cuentas solo podrán utilizarse
para realizar operaciones que deban canalizarse obligatoriamente a través del
mercado cambiario previstas en el artículo 7 de la R.E. 8/2000 J.D., y los saldos
podrán venderse a los IMC y a los titulares de otras cuentas de compensación”.
En concreto, adujo que los ingresos de la cuenta correspondieron exclusivamente
a pagos de obligaciones entre residentes, específicamente de C.I. Prodeco S.A., y
fueron debidamente reportados con el numeral cambiario 3000, según lo exige la
normativa. Tales ingresos fueron:
Y dijo que los egresos realizados desde la cuenta también se ajustaron a la norma,
ya que se utilizaron para dos tipos de operaciones autorizadas: (i) operaciones de
obligatoria canalización a través del mercado cambiario, como el pago de
amortizaciones y costos de deuda externa, o pagos anticipados de importaciones
de bienes, y (ii) ventas de saldos a los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC).
Identificó los siguientes egresos:
8
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
1.4.2.5. “La DIAN violó el derecho al debido proceso por falta de aplicación del
principio de favorabilidad al haber impuesto una sanción por una infracción que
desapareció del régimen legal colombiano”
Argumentó que la DIAN violó el debido proceso porque no aplicó el principio de
favorabilidad al sancionar una infracción que no existe en la normativa actual,
comoquiera que el artículo 4 de la Resolución Externa 1 de 2013 de la Junta
Directiva del Banco de la República derogó el Parágrafo 5º del artículo 79 de la
Resolución Externa 8 de 2000.
Además, señaló que el artículo 3 de la referida resolución eliminó la figura de las
cuentas de compensación especiales, las cuales pasaron a denominarse cuentas
de compensación, y dijo que, por lo tanto, la conducta que se sancionó dejó de ser
una infracción cambiaria.
Argumentó entonces que, con la norma favorable posterior, desapareció la conducta
violatoria del régimen cambiario, es decir, esta se convirtió en atípica y dejó de tener
relevancia, por expresa disposición del legislador, en este caso, de la Junta Directiva
del Banco de la República.
1.4.2.6. “La DIAN violó el principio de confianza legítima, de igualdad y el deber de
aplicación uniforme, pues en casos iguales con base en los mismos hechos, la DIAN
resolvió no imponer sanción por la realización de operaciones no autorizadas
derivada del error en el registro de la cuenta de compensación especial”
Argumentó que la DIAN violó los principios de igualdad, confianza legítima y
aplicación uniforme porque adoptó decisiones contradictorias en casos idénticos,
con los mismos hechos y las mismas pruebas.
Dijo que la entidad inició en su contra siete investigaciones administrativas por
operaciones realizadas en la misma cuenta de compensación especial entre marzo
de 2011 y enero de 2012. En tres de esos expedientes, aceptó la corrección del
registro de la cuenta realizada por el Banco de la República y decidió no imponer la
sanción. Sin embargo, en los otros expedientes, incluyendo los que son objeto de
esta demanda, sancionó por los mismos hechos, sin considerar la corrección.
Invocó los siguientes procedimientos administrativos:
9
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Esto, según alega, demuestra una falta de uniformidad en la aplicación de las
normas frente a situaciones fácticas y jurídicas idénticas, lo cual va en contra de los
artículos 3 y 10 del CPACA.
Dijo también que la DIAN cambió su posición de manera inesperada, razón por la
cual desconoció el principio de confianza legítima. Y agregó que la decisión
arbitraria de sancionar en unos casos e indultar en otros genera una grave alteración
de la situación jurídica de la compañía demandante, que confiaba en una aplicación
coherente de la ley por parte de la autoridad.
Como fundamento del cargo, adjuntó a la demanda los Actos de Formulación de
Cargos 1-03-248-427-301-29-943 del 22 de junio de 2012 y 1-03-248-427-301-29-
835 del 31 de mayo de 2012, en los que, según afirma, se observa la decisión de la
DIAN de aceptar las correcciones realizadas por el Banco de la República.
1.4.2.7. “La DIAN no aplicó lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 11 del Decreto
2245 de 2011”
Explicó que el parágrafo del artículo 11 del Decreto Ley 2245 de 2011 señala que
el saneamiento de la operación no elimina la infracción, si ocurre después de la
notificación del acto de formulación de cargos.
Frente a lo anterior, adujo que en este caso la corrección del registro de la cuenta
por parte del Banco de la República ocurrió el 25 de noviembre de 2011, es decir,
antes de que la DIAN expidiera y notificara los actos de formulación de cargos, que
fueron expedidos el 16 de enero, el 6 de mayo y el 30 de marzo de 2012. Al respecto,
identificó los siguientes momentos:
Por lo tanto, considera que el saneamiento de las operaciones se dio dentro del
límite temporal fijado por la norma, y que la DIAN, de acuerdo con la disposición
invocada, debió haber terminado la investigación y no imponer las sanciones.
II. TRÁMITE DE LA DEMANDA
2.1. Mediante auto del 30 de enero de 201416, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, inadmitió la demanda para que se
allegara el comprobante de pago del arancel judicial, de conformidad con lo
establecido en los artículos 6 a 9 de la Ley 1653 de julio de 2013. La demanda fue
subsanada el 12 de marzo de 201317 y fue admitida por el Tribunal a través de auto
del 21 de marzo de 201418, que ordenó notificar a la DIAN.
16 Folio 188 del expediente en primera instancia.
17 Folio 197 ibidem.
18 Folios 201 y 202 ibidem.
10
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
2.2. La DIAN presentó contestación19 por intermedio de apoderado, quien expuso
los siguientes argumentos:
2.2.1. Explicó que la sanción fue impuesta a la demandante por haber recibido
ingresos en una cuenta que estaba registrada para efectuar pagos y sostuvo que el
error aducido por la actora es una falacia.
Negó que la intención de la demandante hubiera sido abrir una cuenta para recibir
pagos, pues en el Formulario núm. 9 señaló que esta tendría por objeto “efectuar
pago de obligaciones entre residentes”, y así fue registrada por el Banco de la
República, autoridad que, por tanto, no incurrió en ningún error.
Destacó que el propósito de la cuenta no es el que se pacta en un contrato entre
particulares, como el que la demandante aduce haber celebrado con CI Prodeco
S.A., sino el que se registra formalmente en el formulario. En tal sentido, alegó que
el hecho de que la demandante haya abierto la cuenta para la ejecución de un
acuerdo con otra sociedad es irrelevante, pues ello no guarda relación con el
propósito de esta, indicado en el Formulario núm. 9 para su registro ante el Banco
de la República.
Dijo que es cierto que el numeral cambiario 3000 corresponde a ingresos
provenientes del pago de operaciones internas entre residentes, lo cual, en su
opinión, ratifica que la demandante realizó operaciones no autorizadas en su cuenta
de compensación especial.
Aseveró que, si en efecto se hubiera presentado un error al solicitar el registro de la
cuenta, la demandante solamente la hubiera utilizado para recibir pagos, pero lo
cierto es que realizó ambas operaciones, es decir, recibió y realizó pagos por
servicios e inclusive la utilizó para consignar divisas del mercado libre, como se
observa en los extractos que se adjuntaron a la demanda, “operaciones
absolutamente prohibidas a través de este tipo de cuentas”.
2.2.2. De igual manera, reconoció que la demandante solicitó al Banco de la
República el cambio del propósito de la cuenta de efectuar pagos a recibir pagos y
que, mediante Oficio DCIN-07127 del 3 de abril de 2012, el Departamento de
Cambios Internacionales del Banco de la Republica le informó al subdirector de
Gestión de Control Cambiarlo de la DIAN, el Cambio del propósito efectuado a la
cuenta corriente de compensación. Sin embargo, alegó que dicho documento no es
un acto administrativo.
Explicó que, de conformidad con las disposiciones de la Ley 31 de 1992, el Banco
de la República es una entidad de derecho público económico con autonomía
administrativa, que no forma parte de la Rama Ejecutiva ni actúa en la esfera de la
Administración Pública. Por lo tanto, solo en casos puntuales ejerce las funciones
públicas y emite manifestaciones de voluntad vinculantes de carácter general o
particular. Además, para que sus decisiones se consideren actos administrativos,
deben cumplir las previsiones del artículo 64 de dicha ley, lo que no ocurre con el
oficio invocado por la actora.
19 Folios 223 a 245 ibidem.
11
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
En tal sentido, el oficio no goza de la presunción de legalidad ni tiene la capacidad
de sanear infracciones cambiarias. Entonces, aceptar que este pudo extinguir la
sanción, sería contemplar una extralimitación de las competencias del Banco, ya
que el control cambiario y la imposición de sanciones son facultades exclusivas de
la DIAN.
2.2.3. Sostuvo que la entidad no desconoció el principio de prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal, porque el supuesto error de la demandante nunca existió,
y, en realidad la demandante, por desconocimiento o falta de asesoría, realizó
operaciones no permitidas para el tipo de cuenta de la que era titular.
2.2.4. Dijo que las sanciones cambiarias se imponen a título de responsabilidad
objetiva, según lo estipulado en el artículo 32 del Decreto Ley 2245 de 2011. Esto
significa que, una vez demostrada la infracción, la sanción se impone sin importar
las consideraciones subjetivas, como el supuesto error de la demandante. Las
únicas eximentes de responsabilidad son la fuerza mayor, el caso fortuito o que el
hecho sea atribuible a la misma administración.
2.2.5. Manifestó que la demandante sí infringió las disposiciones invocadas en los
actos administrativos demandados.
2.2.5.1. Concretamente, señaló que el artículo 56 de la Resolución Externa 8 de
2000 no puede interpretarse de forma aislada, y que este, junto con los puntos 8.6,
8.6.1 y el literal b del punto 8.6.3 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de
2011 sí establecen obligaciones claras para los titulares de cuentas de
compensación, lo que demuestra que la demandante sí incurrió en infracciones al
realizar operaciones no autorizadas para el tipo que registró.
2.2.5.2. En cuanto al parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de
2000, adujo que, cuando la actora manifiesta que se trata “de una cuenta en la que
se recibieron divisas provenientes del cumplimiento de obligaciones entre
residentes”, está aceptando que sí realizó operaciones no autorizadas por el
régimen cambiario para el tipo de cuenta de la cual era titular, con lo cual no hay
lugar a dudas de que la sanción estuvo justificada.
2.2.5.3. En cuanto a los puntos 8.6.1 y 8.6.2 de la Circular DCIN 83 de 2011,
argumentó que la demandante sí era destinataria de las normas aplicables a una
cuenta para efectuar pagos, porque así la registró voluntariamente. Por tanto, al
haber recibido pagos a través de esa cuenta, realizó operaciones no autorizadas, lo
que justifica la sanción impuesta.
2.2.6. Por otro lado, alegó que la entidad no infringió los principios de favorabilidad,
igualdad y confianza legítima.
2.2.6.1. Argumentó que la demandante confunde la aplicación del principio de
favorabilidad con la vigencia de la ley en el tiempo. Al respecto, alegó que el referido
principio solo se aplica cuando una norma sancionatoria posterior reduce o elimina
una sanción. Tal situación no se presenta en este caso, pues la sanción se impuso
por hechos ocurridos cuando la norma que sancionaba la infracción estaba
plenamente vigente. Además, alegó que la eliminación de la figura de las cuentas
de compensación especiales no borra la infracción ya cometida.
12
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Aseveró asimismo que la aplicabilidad del principio de favorabilidad debía
analizarse en relación con las disposiciones que consagraban la sanción, esto es,
el literal r del artículo 1 del Decreto Ley 1074 de 1999 y el numeral 14º del artículo
3 del Decreto Ley 2245 de 2011, que no fueron modificados por otra norma de igual
categoría que fuera más favorable. Por tanto, alegó que “en el presente caso no era
aplicable el principio de favorabilidad en la forma como erróneamente se alega en
la demanda”.
2.2.6.2. Negó haber infringido los principios de confianza legítima e igualdad. En
cuanto al primero, señaló que solo es aplicable cuando la actuación del administrado
resulta conforme a la ley, lo que no ocurrió en este caso. Además, para demostrar
que no hubo desigualdad, adjuntó copias de los actos administrativos que
resolvieron los expedientes 01-201120111484, 01-20112012249 y 01-
20112012389, los cuales, según afirma, evidencian que esas investigaciones
también culminaron con la imposición y confirmación de sanciones.
2.2.7. Adujo que la demandante interpretó erróneamente el parágrafo del artículo
11 del Decreto Ley 2245 de 2011, pues lo que este busca es evitar que los
investigados saneen la infracción después de la notificación de cargos para evadir
la sanción. En todo caso, el supuesto saneamiento con el oficio del Banco de la
República no está contemplado como una causal de terminación de la investigación
en el artículo 31 del mismo decreto, por lo que la sanción era procedente.
2.3. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 del CPACA, el despacho
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, celebró audiencia inicial el 26 de septiembre de 201420, a la cual
asistieron las partes demandante y demandada. Agotadas las etapas de
saneamiento y decisión de excepciones previas, se fijó el litigio de la siguiente
manera:
2) Cumplido lo anterior, por no observarse vicios o causales de nulidad que impidan
emitir un pronunciamiento de fondo se procede a fijar el litigio en los siguientes
términos: (…) 2). En ese contexto el objeto principal de las pretensiones de la
demanda conforme a lo consignado en el escrito de la demanda visible en los folios
1 a 15 del cuaderno principal del expediente es que se declare la nulidad de las
resoluciones números 103241433601229-0116 de 29 de enero de 2013,
103241433601229-0076 de 24 de enero de 2013 y 103241433601229-0115 de 29
de enero de 2013 el Jefe de División de Gestión de Liquidación de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) (fls. 41 a 46, 55 a 60 y 69 a 75 cdno. ppal.)
(sic) mediante las cuales impuso a la sociedad actora sanciones por las sumas de
trescientos cuarenta y dos millones doscientos ochenta y tres mil ochocientos treinta
y ocho pesos ($342.283.838), diez mil trescientos treinta millones novecientos
setenta y siete mil novecientos trece pesos ($10.330.977.913) y nueve mil
ochocientos noventa y seis millones novecientos setenta y siete mil novecientos
ochenta y cinco pesos ($9.896.977.985) respectivamente, por utilizar la cuenta de
compensación especial número 10291600 con código asignado número
1194139.001 para realizar movimientos no autorizados por el régimen cambiario
efectuados en los meses de mayo a octubre de 2011, además, que se declare la
nulidad de las resoluciones números 103236408601-497 de 31 de mayo de 2013,
103236408601-502 de 31 de mayo de 2013 y 103236408610-587 de 27 de junio de
2013 respectivamente mediante las cuales se resolvieron los recursos de
20 Folios 256 a 259 del expediente de primera instancia.
13
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
reconsideración interpuestos por la parte actora en el sentido de confirmar en todas
sus partes las resoluciones recurridas (fls. 23 a 28 cdno. ppal.), y que en
consecuencia de lo anterior a título de restablecimiento del derecho se declare que
no proceden las sanciones impuestas a la sociedad actora y en consecuencia se
declare que no existe deuda con la entidad demandada por ningún concepto, la
parte actora solicita la palabra para solicitar la corrección de la última resolución que
resolvió el recurso de reconsideración impetrado, solicitud que el despacho aprueba
y ordena corregir el número de la resolución demandada. Una vez analizada la
solicitud de nulidad de los actos administrativos demandados se concluye que la
censura se concreta en cinco cargos, a saber: a) el error cometido en el registro de
la cuenta no genera las obligaciones cambiarias para su titular, toda vez que por
disposición legal las obligaciones cambiarias se derivan de la calidad del titular y del
propósito de la apertura de la cuenta; b) ilegalidad de la sanción impuesta por
inexistencia de infracción a las normas citadas como violadas en las resoluciones
demandadas; c) la DIAN violó el derecho al debido proceso por falta de aplicación
del principio de favorabilidad por haber impuesto una sanción por una infracción que
desapareció del régimen legal colombiano; d) la DIAN violó el principio de confianza
legítima, de igualdad y el deber de aplicación uniforme, pues en casos iguales con
base en los mismo hechos la entidad demandada resolvió no imponer sanción por
la realización de operaciones no autorizadas derivada del error en el registro de la
cuenta de compensación especial; e) la DIAN no aplicó lo dispuesto en el parágrafo
del artículo 11 del decreto 2245 de 2011. Frente a tales súplicas la parte demandada
se opone en su totalidad por estimar que los actos administrativos se ajustan a las
leyes vigentes por lo que se opone a todas las pretensiones de la demanda por lo
cual aduce en síntesis las siguientes razones; a) el actor utilizó la cuenta corriente
de compensación especial para efectuar pagos por lo que no existe error alguno en
la imposición de la sanción pues el actor incumplió con su obligación de ‘no hacer’,
b) la sanción impuesta se ajusta a las disposiciones legales que regulan lo
concerniente al manejo de las cuentas corrientes de compensación especial, c) la
parte actora al expresar que la cuenta corriente de compensaciones especiales fue
usada ‘para efectuar pagos entre residentes’ tácitamente está aceptando que sí
realizó operaciones no autorizadas por el régimen cambiario para el tipo de cuenta
del que era titular, d) en este caso concreto no se debe aplicar el principio de
favorabilidad pues las infracciones cometidas por el actor se produjeron con
antelación al cambio normativo, e) la supuesta corrección del hecho constitutivo de
la infracción cambiaria no se encuentra entre los aspecto que dan lugar a la
terminación de una investigación administrativa.
Seguidamente, se agotaron las etapas de intento de conciliación y decreto de
pruebas. Al respecto, el despacho sustanciador advirtió que la DIAN había allegado
los antecedentes administrativos y que la parte actora aportó las demás pruebas
que solicitó en la demanda. Por lo tanto, prescindió de la etapa probatoria.
2.4. En esa misma diligencia, el magistrado sustanciador ordenó correr traslado
para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, y al Ministerio Público
para que rindiera concepto.
La demandante21 y la DIAN22 presentaron escritos de alegatos de conclusión. El
Ministerio Público no rindió concepto.
21 Folios 261 a 275 ibidem.
22 Folios 310 a 311 ibidem.
14
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 19 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, denegó las pretensiones de la
demandante, con base en los siguientes argumentos23:
3.1. Señaló que la responsabilidad en materia cambiaria es objetiva y que el
incumplimiento de cualquier disposición del régimen cambiario, por sí solo,
constituye una infracción. Es decir, que, para que una sanción sea impuesta, solo
se requiere demostrar que se realizó una conducta que vulnera el régimen
cambiario, sin necesidad de probar dolo, culpa o una intención subjetiva por parte
del infractor. Por lo tanto, señaló que el argumento de la demandante sobre el error
involuntario no permitía invalidar la sanción.
Señaló que la infracción que dio lugar a la sanción no fue un error en el registro,
sino el uso indebido de la cuenta. Dicho de otro modo, la demandante solicitó
registrar su cuenta como pagadora, pero la utilizó para recibir pagos. Por tanto, se
configuró un uso indebido que da lugar a la sanción.
En suma, sostuvo que Transbordos del Caribe S.A. dio un uso indebido a la cuenta
de compensación debidamente registrada al realizar operaciones no autorizadas
(recibir pago de divisas), por lo que la DIAN debía imponerle la sanción.
3.2. En cuanto al principio de favorabilidad, argumentó que, si bien el parágrafo
5º del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000 fue derogado por el artículo 4
de la Resolución externa 1 de 2013, lo cierto es que la conducta sancionada ocurrió
en el año 2011, cuando la disposición estaba vigente. Y dijo que, en todo caso, la
infracción también estaba tipificada en otras normas, esto es, el artículo 56 de la
Resolución Externa 8 de 2000, en concordancia con los puntos 8.6, 8.6.1, 8.6.2 y
8.6.3, literal b, de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2011,
“disposiciones que no han sido derogadas”.
Además, precisó que la Resolución Externa 1 de 2013 no eliminó la infracción, sino
que simplemente cambió la denominación de “cuentas de compensación especial”
a “cuentas de compensación”.
Particularmente, advirtió que el principio de favorabilidad solo opera cuando una
norma posterior a los hechos reduce o elimina la sanción sobre una determinada
infracción cambiaria, lo cual no ocurrió en este caso en relación con el literal r del
artículo 3 del Decreto Ley 1092 de 1996, modificado por el artículo 1 del Decreto
Ley 1074 de 1999, ni con el numeral 14º del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de
2011, que consagran la sanción impuesta.
3.3. Manifestó que la entidad competente para investigar y sancionar las
infracciones cambiarias es la DIAN y no el Banco de la República. Por consiguiente,
la supuesta corrección del registro de la cuenta no anulaba la sanción.
3.4. El Tribunal verificó que, en los expedientes que la demandante usó como
ejemplo de un trato diferente, la DIAN sí había sancionado a la empresa
23 Folios 314 a 365 ibidem.
15
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
demandante. Por lo tanto, concluyó que no se vulneraron los principios de igualdad,
confianza legítima ni el deber de aplicación uniforme.
3.5. Finalmente, impuso condena a la demandante por las costas causadas en
primera instancia, “en la condición de parte vencida”, al considerarlo procedente en
los términos del artículo 188 del CPACA.
IV. EL RECURSO DE APELACIÓN
La apoderada de Transbordos del Caribe S.A. interpuso recurso de apelación contra
la sentencia del 19 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y expuso los siguientes
argumentos24:
4.1. Sostuvo que la responsabilidad objetiva en materia cambiaria, aunque está
consagrada en los Decretos Leyes 1746 de 199125 (art. 21), 1092 de 1996 (art. 30)
y 2245 de 2011 (art. 32), no es absoluta y está sujeta a los límites delineados por la
Corte Constitucional en (i) la sentencia C-599 de 1992, que estableció que la
responsabilidad objetiva es exequible siempre que se garanticen los derechos del
debido proceso, como la preexistencia de la norma, el procedimiento, la controversia
probatoria y el principio de favorabilidad, (ii) la sentencia C-010 de 2003, que reiteró
la necesidad de respetar el debido proceso y señaló que factores eximentes de
responsabilidad, como el caso fortuito o la fuerza mayor, deben ser considerados, y
(iii) las sentencias C-660 de 2002 y C-595 de 2010, que establecieron las exigencias
para la aplicación de la responsabilidad objetiva, señalando que solo es
constitucional si las sanciones son a. no rescisorias, b. meramente monetarias y c.
de menor entidad.
Argumentó que en este caso no se cumplen estas exigencias, ya que la DIAN
desconoció las garantías del debido proceso, y la sanción impuesta no es de menor
entidad, ni en términos absolutos ni relativos, pues la multa aplicada,
correspondiente al 100% del valor de las operaciones canalizadas -que es la
establecida en el artículo 3, numeral 14º, del Decreto Ley 2245 de 2011- equivale
al 79% de los ingresos brutos de la demandante en 2011, un monto significativo que
hace inaplicable la responsabilidad objetiva de manera absoluta.
4.2. Por otra parte, alegó que, contra los argumentos del fallo apelado, en este caso
sí se presentó un error en el registro de la cuenta de compensación y no un uso
indebido de esta.
Para el efecto, se refirió al contrato suscrito con CI Prodeco S.A. y dijo que este
demostraba que la cuenta se abrió con el fin de recibir pagos en dólares por
servicios prestados, conforme al parágrafo 5 del artículo 79 de la Resolución
Externa 8 de 2000. Dijo que lo anterior evidencia que al diligenciar el Formulario
núm. 9, se marcó por error la casilla 23 (“Efectuar giros para el cumplimiento de
obligaciones entre residentes”) en lugar de la casilla 24 (“Recibir divisas por el
cumplimiento de obligaciones entre residentes”), a pesar de que la empresa era la
24 Mediante dos memoriales visibles a folios 368 a 410 ibidem.
25 Pormedio del cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo
Cambiario a seguir por la Superintendencia de Cambios.
16
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
receptora de los pagos. E insistió en que, ni la carta de registro del Banco de la
República, ni el sistema informático alertaron sobre el error.
Reiteró que el Banco de la República es la autoridad administrativa ante la cual se
realiza el trámite de registro de las cuentas de compensación (art. 372 CP; art. 56
R.E. 8/2000), razón por la cual la DIAN, de conformidad con el artículo 3 del Decreto
2116 de 1992, en su función de control y vigilancia, no podría desconocer la
presunción de legalidad del Oficio DCIN-25294 del 25 de noviembre de 2011, que
corrigió el error, lo cual le fue informado a través del Oficio DCIN-07127 del 3 de
abril de 2012.
Entonces, no existió una infracción cambiaria, ya que el Banco de la República, en
virtud de la corrección, reconoció que las operaciones en discusión eran
autorizadas.
4.3. Alegó que el artículo 56 de la Resolución Externa 8 de 2000, vigente en 2011,
no establecía la obligación incumplida, sino que remitía a la reglamentación del
Banco de la República. Empero, el Tribunal citó la versión modificada por la
Resolución Externa 1 de 2013.
Reiteró que la demandante sí cumplió con las obligaciones del literal b del parágrafo
5 del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000, que se refiere al uso de los
recursos recibidos, pues las operaciones de la cuenta se ajustaban a tal disposición.
Insistió en que la sociedad no podía incurrir en infracción del punto 8.6.1 de la
Circular DCIN 83 de 2011, pues este rige a quienes efectúan giros, no a quienes los
reciben, y en que sí cumplió el punto 8.6.2, que sí le era aplicable.
4.4. Argumentó que el presupuesto para aplicar la favorabilidad es que la norma
violada estuviera vigente al momento de los hechos y que una norma posterior sea
más favorable, lo que constituye una excepción constitucional a la irretroactividad
de la ley. Tal circunstancia, alegó, es la que se presenta en este caso, pues todas
las normas citadas por la DIAN para imponer la sanción (parágrafo 5, artículo 79 de
la Resolución Externa 8 de 2000 y puntos los 8.6.1, 8.6.2 y 8.6.3, literal b, de la
Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2011) fueron derogadas por la
Resolución Externa 1 de 2013 y la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 29
de enero de 2013.
Dijo que la eliminación de las cuentas de compensación especiales no fue un simple
cambio de nombre, sino una modificación sustancial del régimen cambiario, pues
con ello desapareció el propósito único de aquellas, y en adelante podrían tanto
recibir divisas como efectuar giros por obligaciones internas entre residentes. Por
tanto, la conducta sancionada, esto es, el uso indebido de una cuenta, ya no sería
una infracción.
Entonces, arguyó que, como el tipo sancionatorio del numeral 14º del artículo 3 del
Decreto Ley 2245 de 2011 recae exclusivamente sobre las cuentas de
compensación especiales, al ser estas eliminadas del régimen cambiario, la sanción
perdió aplicabilidad.
17
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
4.5. Sostuvo que el Tribunal entendió erróneamente el cargo relacionado con la
violación de los principios de confianza legítima, igualdad y el deber de aplicación
uniforme. Al respecto, presentó un cuadro comparativo en el que pretende
demostrar que, en tres de los siete expedientes invocados en la demanda, la DIAN
aceptó la corrección del Banco de la República y no formuló cargos por los mismos
numerales cambiarios que sí sancionó en los expedientes que son objeto de la
demanda.
Insistió en que tal disparidad en la aplicación de la ley a situaciones fácticas y
jurídicas idénticas constituye una violación del deber de aplicación uniforme de las
normas.
Además, anexó las constancias de pago de las multas impuestas en los expedientes
en los que la DIAN adoptó la posición favorable, lo que, según alega, demuestra
que la demandante no actuó de mala fe ni de manera temeraria.
4.6. Por otro lado, reiteró que, incluso si se aceptara la existencia de la infracción,
la corrección del error en el registro de la cuenta, realizada por el Banco de la
República con el Oficio DCIN-25294 del 25 de noviembre de 2011, saneó la
operación antes de la notificación de los actos de formulación de cargos. Por lo
tanto, conforme al parágrafo del artículo 11 del Decreto Ley 2245 de 2011, dado
que el saneamiento se realizó antes de la notificación del acto de formulación de
cargos, la DIAN estaba obligada a terminar la investigación.
4.7. Por último, alegó que no había lugar a la condena en costas, pues la
demandante no actuó con temeridad o mala fe. Además, arguyó que la controversia
sobre el derecho cambiario es importante y merece ser analizada por la jurisdicción,
mientras la condena desincentiva el acceso a la justicia.
Adicionalmente, argumentó que en el expediente no obraban pruebas de la
causación de las costas, por lo que no había lugar a tal condena, razón por la cual
la decisión del Tribunal debe ser revocada.
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue admitido mediante proveído del 3 de agosto de
201526.
5.2. Luego, mediante auto de 8 de octubre de 201827, el magistrado sustanciador
corrió traslado a las partes por el término de diez días para que presentaran sus
alegatos de conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
5.2.1. Transbordos del Caribe S.A. presentó escrito de alegatos de conclusión28
en el que reiteró los argumentos de la demanda y del recurso de apelación.
Particularmente, insistió en el incumplimiento de los presupuestos para la
configuración de la responsabilidad objetiva y agregó que, en tal escenario, la DIAN
26 Folio 4 del cuaderno de segunda instancia.
27 Folio 37 ibidem.
28 Folios 46 a 73 ibidem.
18
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
debió haber acreditado el factor subjetivo (culpa), el daño ocasionado y la relación
de causalidad, lo que no hizo.
Señaló que, de conformidad con pronunciamientos de esta corporación, que citó,
no hay responsabilidad objetiva cuando la conducta del administrado no genera un
verdadero daño a los intereses protegidos por la norma. Con base en lo anterior,
señaló que los actos demandados están viciados de falsa motivación al no
demostrar que el error era de una entidad tal que pudiera causar un daño a la
administración.
Finalmente, reiteró también los argumentos relacionados con la aplicabilidad del
principio de favorabilidad en virtud de la derogatoria de las normas que consagraban
la sanción, y dijo que la nueva normativa de 2013 permitió que las cuentas de
compensación pudieran realizar operaciones de cambio y operaciones internas sin
restricciones, evidenciando una eliminación sustancial de la infracción.
5.2.2. La DIAN presentó escrito de alegatos de conclusión29 en el que reiteró los
argumentos de la contestación de la demanda.
En particular, respecto del principio de favorabilidad, señaló que el literal r del
artículo 1 del Decreto Ley 1074 de 1999 establece una sanción equivalente al 20%
del valor de la operación, con un límite de hasta 200 salarios mínimos legales
mensuales vigentes; y a su vez, el numeral 14º del artículo 3 del Decreto Ley 2245
de 2011 consagra una sanción del 100% del valor de las operaciones realizadas en
el mes auditado. Por lo tanto, enfatizó que la aplicación de la norma posterior
resultaría menos favorable para la sociedad demandante.
5.2.3. El Ministerio Público no se pronunció en esta etapa procesal.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80
de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en
segunda instancia.
6.2. Análisis del caso
En el presente asunto se discute sobre la legalidad de las resoluciones30 por medio
de las cuales la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión de
Liquidación, le impuso a Transbordos del Caribe S.A. la sanción establecida en el
29 Folios 42 a 44 ibidem.
30 Resoluciones 103241433601229-0076 del 24 de enero de 2013, 103241433601229-0115 del 29
de enero de 2013 y 103241433601229-0116 del 29 de enero de 2013.
19
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
literal r del artículo 331 del Decreto Ley 1092 de 199632, modificado por el artículo 1
del Decreto Ley 1074 de 199933, en cuanto a operaciones realizadas antes del 28
de junio de 201134; y la establecida en el numeral 14º del artículo 335 del Decreto
Ley 2245 de 201136, respecto de operaciones llevadas a cabo a partir de esa fecha,
al encontrarla responsable de infringir el artículo 56 y el parágrafo 5° del artículo 79
de la Resolución Externa 8 del 5 de mayo de 200037, en concordancia con los puntos
8.6, 8.6.1, 8.6.2 y 8.6.3, literal b, de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de
201138, al utilizar la cuenta de compensación especial núm. 10291600 del banco
Bancolombia de la ciudad de Panamá, con código No. 1194139.001, para
operaciones diferentes a las autorizadas por el régimen cambiario. Asimismo, se
discute la legalidad de las resoluciones39 por medio de las cuales la Dirección
Seccional de Aduanas de Bogotá, División de Gestión Jurídica, resolvió los recursos
de reconsideración contra los anteriores actos administrativos y los confirmó.
6.2.1. Como primer aspecto, la Sala observa que, en la demanda, Transbordos del
Caribe S.A. no expuso argumentos orientados a desvirtuar la aplicabilidad del
régimen de responsabilidad objetiva en materia cambiaria al asunto.
Sin embargo, en el recurso de apelación, sostuvo que en este caso no se cumplieron
los presupuestos que para tal efecto estableció la Corte Constitucional en las
sentencias C-599 de 1992, C-010 de 2003, C-660 de 2002 y C-595 de 2010, porque:
(i) la DIAN desconoció las garantías del debido proceso, y (ii) la sanción impuesta
31 “Artículo 3º. Sanción. Las personas naturales o jurídicas y entidades que infrinjan el Régimen
Cambiario en operaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa que se liquidará de la siguiente
forma: (…)
Depósito. (…)
r) Por utilizar las cuentas corrientes de compensación especiales para operaciones diferentes a las
autorizadas por el Régimen Cambiario, se impondrá una multa del veinte por ciento (20%) del valor
de la operación respectiva, sin exceder de doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales. (…)”.
32 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a
seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.
33 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las
materias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.
34 Fecha de entrada en vigor del Decreto 2245 de 2011.
35 “Artículo 3°. Sanción. Las personas naturales o jurídicas y demás entidades asimiladas a estas
que infrinjan el régimen cambiario respecto de operaciones y obligaciones cuya vigilancia y control
sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la
imposición de multa que se liquidará de la siguiente forma: (…)
Cuentas de compensación (…)
14. Por utilizar la cuenta de compensación especial para canalizar operaciones diferentes a las
autorizadas por el Régimen Cambiario, se impondrá una multa del ciento por ciento (100%) del
valor de las operaciones canalizadas en el mes auditado.
Para dar aplicación al presente numeral se deberá tener en cuenta la sumatoria de todas las
operaciones no autorizadas canalizadas a través de la cuenta de compensación especial durante
el mes reportado. (…)”.
36 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a
seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.
37 “Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales”, expedida por la Junta Directiva
del Banco de la República.
38 “Manual de Cambios Internacionales”, expedida por el Banco de la República, derogada por el
artículo 109 de la Resolución 1 de 2018.
39 Resoluciones 103236408601-502 del 31 de mayo de 2013, 103236408610-587 del 27 de junio de
2013 y 103236408601-497 del 31 de mayo de 2013.
20
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
no es de menor entidad, pues la multa aplicada equivale al 79% de los ingresos
brutos de la compañía en 2011.
Además, en el escrito de alegatos de conclusión en segunda instancia, adicionó un
cargo de falsa motivación, que sustentó en que no hay responsabilidad objetiva
cuando la conducta del administrado no genera un verdadero daño a los intereses
protegidos por la norma, y en que la DIAN no demostró que el error de la sociedad
hubiera sido de una entidad tal que pudiera causar daño a la administración.
Al respecto, es pertinente tener en cuenta que, en las resoluciones que decidieron
los recursos de reconsideración, al pronunciarse sobre los argumentos de
Transbordos del Caribe S.A., la DIAN expuso que las sanciones discutidas se
imponían a título de responsabilidad objetiva. Como ejemplo, valga señalar que en
la Resolución 103236408601-502 del 31 de mayo de 2013, que resolvió el recurso
de reconsideración interpuesto contra la Resolución 103241433601229-0076 del 24
de enero de 2013, la autoridad señaló:
Y es que ha sido el mismo régimen de cambios el que expresa y taxativamente ha
establecido que la responsabilidad en materia cambiaria es OBJETIVA, y en
consecuencia no permite ningún atenuante de responsabilidad que permita, en este
caso, al interesado alegar en su favor.
El Decreto 1092 de 1996, por el cual se establecía el Régimen Sancionatorio y el
Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, DIAN; señalaba:
ARTICULO 30. RESPONSABILIDAD. En todos los casos la responsabilidad
resultante de la violación al régimen de Cambios es objetiva.
Norma que fue derogada por el artículo 43 del Decreto 2245 de 2011, pero que a su
vez consagró nuevamente en el artículo 32:
ARTÍCULO 32. RESPONSABILIDAD OBJETIVA. En todos los casos la
responsabilidad resultante de la violación al régimen cambiario, así como la que
se desprenda de los eventos previstos por el numeral 32 del artículo 3 del
presente decreto, es objetiva.
Cuyo desarrollo jurisprudencial, estableció: (…)
De los postulados normativos transcritos y de la jurisprudencia señalada, se
concluye que en materia cambiarla no es procedente analizar el grado de culpa del
investigado, por lo que la administración al adelantar el procedimiento sancionatorio
en materia cambiarla no tiene que entrar a demostrar elementos de orden subjetivo
relacionados con la conducta del infractor.
En ese orden de ideas, encuentra el Despacho que la sociedad recurrente incurrió
en infracción al régimen de cambios, toda vez TRANSBORDOS DEL CARIBE S.A.
registró la cuenta de compensación especial N° 10291600 del Banco Bancolombia
de Panamá, con código asignado N° 1194139.001, para efectuar pago de
operaciones internas entre residentes; pero desde enero hasta noviembre de 2011,
la utilizó para recibir pagos de obligaciones entre residentes, es decir canalizó
operaciones diferentes a las autorizadas.
21
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que la apoderada de la sociedad
recurrente ha reiterado en diferentes oportunidades que la situación fáctica
supuestamente se generó como consecuencia de un error al momento de la
inscripción de la cuenta corriente de compensación especial, situación que no
obstante no está llamada a tenerse en cuenta en materia de infracciones cambiaras
por tratarse de una responsabilidad objetiva; encuentra el despacho procedente
traer a colación el aforismo romano ‘Nemo auditur propiam turpitudinem allegaos’,
que consagra el principio de que nadie puede alegar en su favor su propia culpa ni
su propia torpeza u omisión en el cuidado de sus propios negocios, pues si
efectivamente la intención del usuario era otra a la realmente inscrita, no encuentra
el Despacho razón alguna para que hubiese transcurrido casi un año en percatarse
de tal situación como en efecto ocurrió en el caso sub examine”. (Subrayas de la
Sala).
De acuerdo con lo anterior, es claro que, durante la actuación administrativa, la
DIAN expuso como uno de los fundamentos para la imposición de la sanción, la
aplicabilidad del régimen de responsabilidad objetiva en materia cambiaria al
asunto, según lo estipulado en el artículo 3240 del Decreto Ley 2245 de 2011, lo que
implica que, una vez demostrada la infracción, la sanción se impone sin importar las
consideraciones subjetivas; y, particularmente, respecto del error involuntario
aducido por la demandante, agregó que la empresa no podía invocar su propia culpa
a su favor.
Sin embargo, como se dijo, la Sala advierte que en la demanda la apoderada de
Transbordos del Caribe S.A. no expuso los argumentos que pretende hacer valer
en el recurso de apelación contra la aplicabilidad del régimen de responsabilidad
objetiva al caso, y en el escrito de alegatos de conclusión de segunda instancia,
sobre una supuesta falsa motivación por ausencia de configuración de ese tipo de
responsabilidad al no haberse demostrado que el error de la sociedad hubiera sido
de una entidad tal que pudiera causar daño a la administración.
En ese sentido, debe recordarse que el Legislador estableció expresamente las
oportunidades procesales en las que la parte actora puede formular cargos de
ilegalidad contra el acto administrativo demandado, estas son: al presentar la
demanda (artículo 162 del CPACA), al reformarla (artículo 173 ibidem), y al
momento de descorrer el traslado de las excepciones propuestas por el extremo
pasivo de la litis, siempre que sus argumentos se circunscriban a los medios
exceptivos planteados (parágrafo 2 del artículo 175 ibidem). Por su parte, la
accionada está habilitada para proponer excepciones tanto en la contestación de la
demanda (artículo 175 ibidem), como en la respuesta a la reforma de esta (artículo
173 ibidem).
Frente a un escenario de esta naturaleza, esta Sección manifestó lo siguiente en la
sentencia del 11 de octubre de 201941:
“En ese orden de ideas, la Sala considera que, en virtud de los principios de
lealtad procesal, debido proceso, contradicción y de defensa y en atención a
40 “Artículo 32. Responsabilidad objetiva. En todos los casos la responsabilidad resultante de la
violación al régimen cambiario, así como la que se desprenda de los eventos previstos por el numeral
32 del artículo 3° del presente decreto, es objetiva”.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de
octubre de 2019. Proceso radicado número: 05001 23 33 000 2017 02599 01. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.
22
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
la congruencia que debe existir: por un lado, entre la demanda -la pretensión
y los argumentos que la fundamentan-, su contestación y la sentencia
proferida, en primera instancia; y, por el otro, entre estos y el recurso de
apelación; se imponen que al apelante le esté vedado exponer en el recurso
de apelación hechos, cargos y pretensiones nuevas que no hayan sido
alegados en la demanda o en su contestación. Si lo hiciere, el ad quem no
puede abordar el estudio de estos nuevos reproches, pues es su deber
salvaguardar los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de
la contraparte en el proceso”. (Subrayas de la Sala).
Entonces, como la actora no expuso en el libelo los argumentos que a su juicio
sustentan el incumplimiento de los presupuestos constitucionales para la
aplicabilidad del régimen y para la configuración de la responsabilidad objetiva en
el asunto, la Sala no puede abordar su análisis en esta sede, so pena de vulnerar
las garantías fundamentales del debido proceso, comoquiera que la entidad
demandada no tuvo la oportunidad de defenderse en relación con estos.
Se trata, en efecto, de nuevos cargos de nulidad contra los actos demandados, que
la actora buscó incluir de manera extemporánea mediante el recurso de apelación
y los alegatos de conclusión, razón por la cual la Sala no puede acometer su
análisis.
6.2.2. Por otra parte, la apoderada de la demandante en la apelación alegó que el
a quo, al concluir que en este caso no se presentó un error en el registro, sino un
uso indebido de la cuenta de compensación, desconoció las pruebas que
demostraban que el propósito de la compañía al abrirla era recibir pagos por
servicios prestados en virtud de un contrato suscrito con CI Prodeco S.A., lo que
corrobora que sí se presentó el error al diligenciar el Formulario núm. 9 ante el
Banco de la República, donde se indicó que la finalidad era utilizarla para realizar
pagos.
Al respecto, señaló que no pudo advertir oportunamente sobre la ocurrencia del
error, porque la carta en la que el Banco le informó del registro y la asignación del
código no hizo referencia al tipo de cuenta registrado, y el sistema informático no
dio cuenta de inconsistencias cuando se reportaban los pagos realizados por C.I.
Prodeco S.A.
El a quo le dio la razón a la DIAN en tanto señaló que los argumentos relacionados
con el error en el registro de la cuenta no incidían en la presunción de legalidad de
los actos acusados porque en materia cambiaria impera el régimen de
responsabilidad objetiva, en el que no tienen cabida los análisis sobre la
imputabilidad, la culpa o el dolo.
6.2.2.1. En el contexto planteado, lo primero que la Sala debe analizar en es si, en
el régimen de responsabilidad objetiva que impera en materia cambiaria, cuya
aplicabilidad al sub lite no fue desvirtuada, los argumentos de la demandante sobre
la configuración de un error en el registro de la cuenta y la imposibilidad de advertirlo
oportunamente podrían desvirtuar la validez de los actos administrativos
demandados.
23
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Para el efecto, la Sala estima pertinente recordar las implicaciones del régimen de
responsabilidad objetiva en materia cambiaria. Al respecto, se pronunció la Corte
Constitucional en la sentencia C-599 1992, que estudió la demanda promovida
contra varias disposiciones del Decreto Ley 1746 de 199142, que establece el
régimen sancionatorio a cargo de la Superintendencia de Sociedades:
Cuarta: La Responsabilidad Objetiva en la Infracción Cambiaria
Para examinar el cargo que señala la supuesta inexequibilidad del artículo 19 y del
primer inciso del artículo 21 del Decreto 1746 de 1991, por desconocer las normas
constitucionales que garantizan el debido proceso y el derecho de defensa, se hace
necesario señalar que el régimen de cambios es una manifestación del Derecho
Administrativo y de las funciones de policía económica que le corresponden por
principio al Estado Moderno, y que en nuestro sistema constitucional ha quedado
contraído a dicho ámbito, sin extenderse a las regulaciones de orden penal,
como lo entiende equivocadamente el actor.
(…)
Por dichas razones, en algunas de las partes del Derecho Administrativo, como
es la del régimen de cambios, se admite la no pertinencia de los elementos
subjetivos de la conducta tipificada previamente como sancionable, como son
la intencionalidad, la culpabilidad e incluso la imputabilidad. Además, esta
distinción entre uno y otro ámbitos de la responsabilidad por la conducta
sancionable, no sólo se funda en razones que atienden a la distinta naturaleza de
los bienes jurídicos que se persiguen directamente por estos tipos de ordenamientos
normativos, sino también por otros altos cometidos de orden constitucional,
contenidos en principios, fines y valores consagrados en la Carta, como son la
justicia, el bienestar colectivo, el desarrollo y el orden económico, social y fiscal.
(…) en verdad, lo que se propone el Constituyente es que en todo caso de actuación
administrativa exista un proceso debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el
autoritarismo, que haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así
como los demás fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales, los
intereses legítimos y los derechos de origen legal y convencional de todas las
personas. (…)
El establecer por vía de la regulación legal correspondiente, que las infracciones
cambiarias no admiten la exclusión de la responsabilidad por ausencia de
culpabilidad o de imputabilidad del infractor, o lo que es lo mismo, señalar que la
responsabilidad por la comisión de la infracción cambiaria es de índole objetiva,
como lo disponen en las partes acusadas los artículos 19 y 21 del Decreto 1746 de
1991, no desconoce ninguna norma constitucional. Claro está que al sujeto de esta
acción ha de rodeársele de todas las garantías constitucionales de la libertad y del
Derecho de Defensa, como son la preexistencia normativa de la conducta, del
procedimiento y de la sanción, las formas propias de cada juicio, la controversia
probatoria, la favorabilidad y el NON BIS IN IDEM en su genuino sentido, que
proscribe la doble sanción de la misma naturaleza ante un mismo hecho.
(Resaltados de la Sala).
42 “Por medio del cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo
Cambiario a seguir por la Superintendencia de Cambios”.
24
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
En la sentencia C-010 de 2003, la Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad
contra las disposiciones del Decreto Ley 1092 de 199643, que establecían la
responsabilidad objetiva en materia cambiaria, y manifestó lo siguiente:
Finalmente, debe precisarse que en el ámbito del régimen cambiario se pretende
alcanzar una finalidad de carácter político que consiste, básicamente, en la
protección del orden público económico. Es en desarrollo de este objetivo que el
Estado impone deberes a quienes ejecuten actos, contratos y operaciones en el
mercado cambiario, cuyo control, para que sea oportuno y eficaz, demanda total
objetividad por parte de la administración, lo cual no se lograría si la efectividad del
régimen sancionatorio en esta materia dependiera de la demostración de factores
subjetivos como el dolo y la culpa, sin descontar, claro está, que ciertas actividades
solamente son ejercidas por personas jurídicas como es el caso de los
intermediarios del mercado cambiario, que según las voces del artículo 8° de la Ley
9ª de 1991 son las instituciones financieras o entidades que tienen por objeto
exclusivo realizar operaciones de cambio, respecto de quienes obviamente no sería
posible adelantar un juicio de culpabilidad.
La circunstancia de que las sanciones impuestas a los infractores del régimen
cambiario excluyan la prueba de factores subjetivos propios de las conductas
delictivas, como son el dolo y la culpa, no significa el desconocimiento del debido
proceso, pues la imposición de las condignas sanciones no se hace de plano y sin
procedimiento alguno sino previo el agotamiento de un debido proceso en el que la
administración le debe demostrar al investigado la comisión de una infracción al
estatuto de cambios, que de ser cierta conlleva la formulación de cargos al posible
infractor con el fin de que una vez notificado de ella exponga las razones de su
defensa. Además, en la aplicación de tales sanciones se deben respetar otros
principios generales propios del derecho penal, como por ejemplo el principio de la
legalidad nullum crimen sine lege, nulla poena sino lege; o el principio de la
favorabilidad, según el cual la ley posterior se aplica de preferencia a la ley anterior
cuando es favorable al inculpado.
Igualmente, el hecho de que la administración al adelantar el procedimiento
sancionatorio en materia cambiaria no tenga que entrar a demostrar elementos de
orden subjetivo relacionados con la conducta del infractor no quiere significar que a
éste se le esté desconociendo su presunción de inocencia, pues ha quedado
establecido que aquella no puede proceder a la imposición de sanciones
económicas sin que previamente haya adelantado un trámite en el cual, quien ha
violado el régimen de cambios tenga la oportunidad de expresar las razones por las
cuales considera que no es responsable de la infracción que se le endilga. No sobra
recordar que sobre el particular la jurisprudencia ha expresado que ‘la presunción
de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad
probatoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho
fundamental se profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la
oportunidad para ser oída y ejercer plenamente su defensa’.
Sin embargo, cree la Corte que aun cuando en materia de faltas administrativas al
régimen de cambios la jurisprudencia ha considerado que no es procedente analizar
el grado de culpa del responsable, siendo factible desde luego sancionar a las
personas jurídicas que actúan como intermediarios en el mercado de divisas, de
todas formas debe aplicarse el principio general de que la fuerza mayor o caso
fortuito operan como factores eximentes de responsabilidad pues nadie está
obligado a lo imposible. En efecto, al margen de que en materia sancionatoria
43 “Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a
seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN”.
25
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
cambiaria no se pueda efectuar un juicio de culpabilidad sobre la conducta del
infractor, no sería justo ni equitativo que la administración pretendiera aplicar
sanciones sin tomar en cuenta la presencia de situaciones extremas de carácter
objetivo que en dado caso eximirían de responsabilidad a quien haya infringido el
estatuto de cambios. Al respecto, no puede olvidarse que en materia tributaria esta
Corporación ha considerado que el principio de presunción de inocencia quedaría
anulado con grave afectación del debido proceso si no se le permite al contribuyente
presentar elementos de descargo que ‘no son simples negativas de la evidencia,
sino pruebas certeras que demuestran el advenimiento de hechos ajenos a la culpa
de la persona obligada a declarar, las cuales deben ser tomadas en consideración
por la Administración, puesto que como se indicó en esta sentencia, resulta contrario
al debido proceso, a la dignidad humana y a la equidad y justicia (CP art.1°, 29 y
363) sancionar a la persona por el solo hecho de incumplir el deber de presentar
declaración fiscal, cuando la propia persona ha demostrado que el incumplimiento
no le es imputable sino que es consecuencia de un caso fortuito o una fuerza mayor’.
(Subrayas de la Sala).
De acuerdo con las providencias citadas, la administración, en el ámbito del régimen
cambiario, busca una finalidad de carácter político, esto es, la protección del orden
público económico. Para cumplir tal objetivo, es necesario que el control por parte
del Estado, quien al respecto ejerce funciones de policía económica, sea oportuno
y eficaz, lo que, a juicio de la Corte Constitucional, no se lograría si el régimen
sancionatorio en esta materia estuviera sujeto a la demostración de factores
subjetivos como el dolo, la culpa y, en ese orden, la intencionalidad, la culpabilidad
y la imputabilidad. Lo anterior se justifica en altos cometidos de orden constitucional,
como la justicia, el bienestar colectivo, el desarrollo y el orden económico, social y
fiscal.
Ahora, esto no significa que el procedimiento administrativo cambiario esté
desprovisto de las reglas del debido proceso, pues en todo caso debe cerrarse el
paso a la arbitrariedad y al autoritarismo, de manera que prevalezcan la legalidad y
la justicia. Con todo, el sujeto de esta acción debe contar con las garantías
constitucionales del derecho a la defensa, como son la presunción de inocencia, la
controversia probatoria, el principio de favorabilidad y el non bis in idem. Por tanto,
están proscritas las sanciones de plano, comoquiera que el investigado debe tener
la oportunidad de expresar las razones por las cuales considera que no es
responsable de la infracción que se le endilga y la administración le debe demostrar
la comisión de la infracción al estatuto de cambios. Además, en estos casos tienen
lugar la fuerza mayor y el caso fortuito como eximentes de responsabilidad.
Esta Sección, en la sentencia del 5 de diciembre de 201944, señaló que acoger los
argumentos de la parte recurrente, que en ese caso se centraban en aspectos de
tipo subjetivo, implicaría desconocer el precedente vinculante que fijó la Corte
Constitucional en las sentencias que acaban de citarse, las cuales señalan que en
materia de responsabilidad cambiaria se aplica el régimen objetivo, en el que no es
preciso entrar a establecer la intencionalidad, la culpabilidad ni la imputabilidad de
la conducta investigada. Puntualmente, la Sección señaló:
3.4. En cuanto al ejercicio ilegal de la potestad sancionatoria por haberse
sustentado la sanción impuesta en la naturaleza objetiva de la responsabilidad
cambiaria, cabe resaltar lo siguiente:
44 Sentencia del 5 de diciembre de 2019, consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón,
radicación: 25000-23-24-000-2010-00042-01A.
26
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
En reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha señalado que la
responsabilidad que se deriva de las infracciones cambiarias es de naturaleza
objetiva45. En efecto, en sentencias C-599 de 10 de diciembre de 1992, C-010 de 23
de enero de 2003 y C-099 de 11 de febrero de 2003, esa alta Corporación sostuvo
que en el ámbito del derecho cambiario no es preciso entrar a establecer la
intencionalidad, la culpabilidad ni la imputabilidad de la conducta investigada.
Lo anterior encuentra su sustento normativo en los artículos 19 y 21 del Decreto Ley
1746 de 1991 y 24 y 30 del Decreto 1092 de 1996, en los que se dispone que en
todos los casos la responsabilidad resultante de la violación al régimen de cambios
es objetiva, y se prescribe que las pruebas deben estimarse en su conjunto
conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo presente la naturaleza
administrativa de la infracción cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad
correspondiente y los propósitos perseguidos por el régimen de cambios.
En particular, la sentencia C-599 de 10 de diciembre de 1992, -que es reconocida
como la sentencia hito en esta materia-, la Corte Constitucional señaló textualmente
lo que sigue:
(…)
Definido el punto en discusión por la Corte Constitucional mediante providencias que
han hecho tránsito a cosa juzgada, no resulta viable atender de manera favorable
los argumentos expresados por la recurrente en sentido contrario, pues ello
entrañaría el desconocimiento de un precedente constitucional de carácter
vinculante. De ahí que la censura en estudio tampoco está llamada a prosperar.
(Resaltados de la Sala).
6.2.2.2. En el sub lite, lo que la demandante pretende demostrar con este cargo es
que el uso que le dio a la cuenta de compensación especial correspondía a la
finalidad que tenía la compañía al momento de abrirla y registrarla, cuando se
produjo el error mencionado. En efecto, el argumento se sustenta en lo que la
demanda y la apelación identifican como el propósito real con el que la compañía
abrió la cuenta de compensación especial, esto es, en el elemento volitivo de sus
representantes, quienes, según se afirma, lo que pretendían era abrir una cuenta
para recibir los pagos derivados de un contrato, pero cometieron un error en la
manifestación de esa voluntad.
La Sala advierte entonces que el argumento de Transbordos del Caribe S.A. gira en
torno al aspecto subjetivo de la responsabilidad del interviniente en el mercado
cambiario, elementos de discusión que, como se vio, no tienen cabida en el régimen
objetivo que gobierna el asunto bajo examen.
En tal sentido, es claro para la Sala que, cuando la demandante alega que en el
momento en el que realizó las operaciones que se tuvieron por constitutivas de la
infracción, ella obró bajo la premisa equivocada de que la cuenta había sido
debidamente registrada como receptora de pagos y que no pudo advertir
oportunamente el error que se había presentado, lo que busca es desvirtuar la
configuración de la culpa, mediante la acreditación de la intencionalidad que
45 Cita original: “El Consejo de Estado ha acogido la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional:
Sentencia del 10 de octubre de 2002 de la Sección Primera. Exp. 7912. Consejera Ponente Oiga
Inés Navarrete Barrero y la sentencia del 12 de diciembre de 2002 de la Sección Cuarta. Exp. No.
12150. Consejero Ponente Germán Ayala Mantilla”.
27
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
precedió al acto, con el fin de enervar la imputabilidad de la infracción que ocurrió
con posterioridad: el uso de la cuenta para operaciones no autorizadas en el
régimen de cambios.
6.2.2.3. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima necesario tener en cuenta que el
error en torno al cual la actora planteó el presente cargo habría acaecido en el
registro de la cuenta, es decir, en un momento anterior a la ocurrencia de la
infracción que dio lugar a las sanciones atacadas. No obstante, como se verá a
continuación, el registro también constituye una de las obligaciones normativamente
establecidas para los intervinientes en el mercado cambiario, por lo que, a juicio de
la Sala, también está cobijado por el régimen de responsabilidad objetiva.
En efecto, el artículo 56 de la Resolución Externa 8 del 5 de mayo de 2000, en la
versión vigente para la época de los hechos46, prescribía:
Artículo 56. En adición a lo previsto en el artículo anterior, los residentes que utilicen
cuentas bancarias en el exterior para operaciones que deban canalizarse a través
del mercado cambiario deberán registrarlas en el Banco de la República bajo la
modalidad de cuentas de compensación.El registro de las cuentas de
compensación deberá efectuarse a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha
de la realización de una operación que deba canalizarse a través del mercado
cambiario.
El Banco de la República reglamentará los términos y las condiciones aplicables
para el registro, la presentación de las declaraciones de cambio, el suministro de
información y el uso de las divisas de estas cuentas”. (Resaltados de la Sala).
Por su parte, el artículo 79, parágrafo 5°, ibidem establecía47:
Artículo 79o. Obligaciones en moneda extranjera. Las obligaciones que se estipulen
en moneda extranjera y no correspondan a operaciones de cambio serán pagadas
en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado en la
fecha en que fueron contraídas, salvo que las partes hayan convenido una fecha o
tasa de referencia distinta.
(…)
Parágrafo 5. Los residentes podrán cumplir en moneda extranjera obligaciones
derivadas de operaciones internas, si así lo acuerdan, mediante el giro o
recepción de divisas en cuentas de compensación abiertas para el efecto. (…).
(Resaltados de la Sala).
El punto 8.6 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 201148, modificada
por la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2013, señalaba49:
8.6 Cuentas de Compensación Especiales para Manejo de Operaciones Internas
Los residentes podrán girar y recibir divisas para el cumplimiento de las
obligaciones entre residentes, si así lo acuerdan, siempre y cuando éstos se realicen
46 Modificada por la Resolución 2 de 2010.
47 Se cita también la versión modificada por la Resolución 2 de 2010.
48 Modificada por la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 29 de enero de 2013.
49 Esta circular fue modificada por la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del 24 de febrero de
2013.
28
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
por conducto de una cuenta de compensación abierta para el efecto, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 79 de la R.E. 8/00 J.D”.
(Resaltados de la Sala).
El punto 8.6.1 ibidem señalaba las condiciones de las cuentas constituidas por
quienes efectúan el giro de divisas para al cumplimiento de obligaciones entre
residentes:
8.6.1 Condiciones de las cuentas establecidas por quien efectúa el giro de divisas
para el cumplimiento de obligaciones entre residentes
La cuenta de compensación que se utilice para estos propósitos, deberá ser
constituida especialmente con tal fin, en instituciones financieras del exterior, y
sus ingresos únicamente podrán provenir de operaciones que obligatoriamente
deban canalizarse a través del mercado cambiario, previstas en el artículo 7 de la
R.E.812000 JD. El registro deberá efectuarse a más tardar dentro del mes siguiente
a la fecha del primer abono de recursos provenientes de operaciones
obligatoriamente canalizables.
Las divisas consignadas en estas cuentas deberán utilizarse para el cumplimiento
de las obligaciones entre residentes. Los saldos podrán venderse a los IMC y a los
titulares de otras cuentas de compensación”. (Resaltados de la Sala).
Por su parte, el punto 8.6.2 establecía las condiciones de las cuentas constituidas
para recibir divisas provenientes del cumplimiento de obligaciones entre residentes,
así:
8.6.2. Condiciones de las cuentas establecidas por quien recibe divisas provenientes
del cumplimiento de obligaciones entre residentes
La cuenta de compensación que se utilice para estos propósitos, deberá ser
constituida especialmente con tal fin, en instituciones financieras del exterior, y
sus ingresos únicamente podrán provenir del cumplimiento de obligaciones entre
residentes. El registro deberá efectuarse a más tardar dentro del mes siguiente a la
fecha del primer abono de recursos provenientes del cumplimiento de obligaciones
entre residentes.
Los recursos provenientes de estos pagos podrán recibirse en una o varias cuentas
de compensación especiales o efectuarse traslados entre las mismas. En todo caso,
las divisas consignadas en estas cuentas solo podrán utilizarse para realizar
operaciones que deban canalizarse obligatoriamente a través del mercado
cambiario previstas en el artículo 7 de la R.E. 8/2000 J.D., y los saldos podrán
venderse a los IMC y a los titulares de otras cuentas de compensación. (…).
(Resaltados de la Sala).
Y, en particular, el punto 8.6.3 consagraba lo siguiente en relación con el registro de
las cuentas especiales y con la identificación de las operaciones realizadas:
8.6.3 Requisitos de las cuentas especiales
a. Registro. Estas cuentas deberán registrarse ante el BR directamente por el
interesado mediante la utilización del Formulario No. 9 ‘Registro de cuenta de
compensación’ en los mismos términos señalados en el punto 8.6.1 o 8.6.2 de
este Capítulo según corresponda. El BR le asignará un código de identificación
29
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
diferente que la distinguirá de las demás cuentas de compensación. (…).
(Resaltados de la Sala).
De acuerdo con las disposiciones citadas, los residentes en Colombia, que utilicen
cuentas bancarias abiertas en el exterior para realizar operaciones que deban
canalizarse a través del mercado cambiario, deben registrarlas en el Banco de la
República como cuentas de compensación, para girar o recibir divisas, según el
caso. Estas cuentas pueden ser utilizadas para el cumplimiento de obligaciones
entre residentes, si estos así lo acuerdan.
Particularmente, el registro se realiza mediante el diligenciamiento del Formulario
núm. 9, “Registro de cuenta de compensación”, indicando la finalidad
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los puntos 8.6.1 u 8.6.2, citados.
Es decir, que es una obligación del interviniente del mercado cambiario efectuar
correctamente el registro de la cuenta ante el Banco de la República, indicando si
la finalidad de esta es funcionar como receptora o como pagadora, según
corresponda.
En consecuencia, no le está dado a la demandante invocar el incumplimiento de
una de sus obligaciones —el correcto registro de la cuenta—, que además también
está sujeta al régimen de responsabilidad objetiva, como causal exculpatoria de otra
infracción —uso de la cuenta para operaciones no autorizadas—. Como lo señaló
el a quo, la actora no puede alegar su propia culpa a su favor.
De acuerdo con lo expuesto, no prospera el cargo.
6.2.3. En este orden, la demandante alegó en la apelación: (i) que, como la finalidad
de la empresa al abrir la cuenta era recibir giros y no realizarlos, no le era exigible
la obligación contenida en el punto 8.6.1 de la Circular DCIN 83 de 2011, pero sí las
establecidas en el punto 8.6.2 ibidem y en el literal b50 del parágrafo 5 del artículo
79 de la Resolución Externa 8 de 2000, las cuales, según afirma, sí cumplió; y (ii)
que el Tribunal desestimó equivocadamente el cargo relacionado con la ausencia
de incumplimiento del artículo 56 de la Resolución Externa 8 de 2000, pues citó la
versión modificada por la Resolución Externa 1 de 2013, que no estaba vigente para
la época de los hechos e incluía un inciso adicional.
6.2.3.1. La Sala estima que el primer argumento de este cargo también gira en torno
al elemento subjetivo, por lo que no es consecuente con el régimen de
responsabilidad en materia cambiaria. En efecto, lo que la parte actora alega en
este punto es que sus obligaciones como titular de la cuenta de compensación
especial no son las establecidas en las normas que rigen el propósito manifestado
en el Formulario núm. 9 al momento de registrarla —efectuar giros—, sino las que
regulan la finalidad que tenía la compañía —recibir divisas—.
Tal argumento plantea nuevamente la discusión sobre la relevancia del propósito
real con el que abrió y registró la cuenta, así como sobre la configuración del error
50“b. Los recursos de las cuentas a través de las cuales Se reciban divisas provenientes del
cumplimiento de obligaciones entre residentes solo podrán utilizarse para realizar operaciones
obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario. Así mismo, los saldos podrán
venderse a los intermediarios del mercado cambiario o a los titulares de otras cuentas de
compensación. (…)”.
30
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
en el registro y la imposibilidad de advertirlo oportunamente, aspectos que, como
se vio, se orientan a desvirtuar la estructuración de la culpa, pues la demandante
aduce que actuó bajo la convicción equivocada de que el registro se había
efectuado de manera correcta.
Siendo así, para resolver este punto del cargo, basta con remitirse a los argumentos
expuestos al decidir los anteriores problemas jurídicos, donde la Sala expuso que
en este caso no tienen cabida los argumentos de índole subjetiva.
6.2.3.2. En cuanto al segundo punto del cargo, es pertinente recordar que la
apoderada de Transbordos del Caribe S.A. alegó en la demanda que el artículo 56
de la Resolución Externa 8 de 2000 “no regula las operaciones autorizadas a las
cuentas de compensación especial, de manera que no puede fundamentar la
violación sancionada por la DIAN, toda vez que no consagra la obligación
presuntamente violada por la Demandante”, esto es, “realizar operaciones
autorizadas a las cuentas de compensación especiales” 51. En la apelación, la actora
agregó que, al resolver este cargo, el Tribunal se basó en una versión de esa
disposición que no estaba vigente para la época de los hechos e incluía un inciso
adicional52.
En suma, la parte actora cuestiona la validez de los actos administrativos
demandados, en cuanto consideraron infringido dicho artículo, pues, a su juicio, este
no consagraba la obligación cuyo incumplimiento dio lugar a la sanción.
Siendo así, la Sala debe determinar si los actos administrativos atacados son nulos
por haber impuesto la sanción que se debate, invocando como norma infringida el
artículo 56 de la Resolución Externa 8 de 2000.
Para resolver el conflicto planteado, es necesario recordar el contenido del artículo
objeto de discusión, en la versión modificada por la Resolución 2 de 2010, vigente
para la época de los hechos:
Artículo 56. En adición a lo previsto en el artículo anterior, los residentes que utilicen
cuentas bancarias en el exterior para operaciones que deban canalizarse a través
del mercado cambiario deberán registrarlas en el Banco de la República bajo la
modalidad de cuentas de compensación.
El registro de las cuentas de compensación deberá efectuarse a más tardar dentro
del mes siguiente a la fecha de la realización de una operación que deba canalizarse
a través del mercado cambiario.
El Banco de la República reglamentará los términos y las condiciones aplicables
para el registro, la presentación de las declaraciones de cambio, el suministro de
información y el uso de las divisas de estas cuentas. (Subrayas de la Sala).
La disposición citada consagra: (i) el deber de registrar en el Banco de la República,
bajo la modalidad de cuentas de compensación, las cuentas abiertas en el exterior,
51 Punto 7.4.1 de la demanda.
52 Modificada por la Resolución Externa 1 de 2013. Del siguiente tenor:
“Los residentes, si así lo acuerdan, deberán utilizar las cuentas de compensación para girar y recibir
divisas correspondientes al cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones internas cuyo
pago no está expresamente autorizado en moneda extranjera en esta resolución”.
31
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
que los residentes utilicen para operaciones que deban canalizarse a través del
mercado cambiario; (ii) que el registro de la cuenta debe efectuarse a más tardar
dentro del mes siguiente a la fecha de la realización de una de tales operaciones y
(iii) que el Banco tiene la potestad de reglamentar el registro, el suministro de
información y el uso de las divisas de estas cuentas. Entonces, es cierto que esta
versión de la norma no establecía por sí sola las operaciones autorizadas a través
de las cuentas de compensación.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en los actos demandados, la DIAN
impuso a Transbordos del Caribe S.A. las sanciones en debate al encontrarla
responsable de infringir el artículo 56 y el parágrafo 5° del artículo 7953 de la
Resolución Externa 8 de 2000, en concordancia con los puntos 8.6, 8.6.1, 8.6.2 y
8.6.3, literal b, de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2011, al utilizar la
cuenta de compensación especial núm. 10291600 del banco Bancolombia de la
ciudad de Panamá, con código núm. 1194139.001, para operaciones no autorizadas
o diferentes a las autorizadas por el régimen cambiario54.
Es pertinente recordar que el punto 8.6 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN
83 de 2011 establece que los residentes pueden girar y recibir divisas para el
cumplimiento de sus obligaciones, siempre que lo hagan a través de cuentas de
compensación abiertas para el efecto. En tal sentido, el punto 8.6.1 ibidem señala
que, quien efectúa el giro de divisas para el cumplimiento de obligaciones entre
residentes, debe constituir una cuenta de compensación en el exterior
específicamente para tal fin. Y el literal b55 del punto 8.6.3 obliga a quien efectúa
giro de divisas para el cumplimiento de obligaciones entre residentes, a registrar el
egreso bajo el numeral cambiario 3500, y a quien recibe ingresos, a registrarlos bajo
el numeral cambiario 3000.
Entonces, la Sala observa que las disposiciones invocadas por la DIAN como
sustento de las sanciones impuestas en los actos administrativos demandados
establecen: a. los deberes de apertura y registro de las cuentas de compensación
necesarias para el cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera entre
residentes; b. que las operaciones autorizadas en estas consisten en efectuar giros
o en recibir divisas, de acuerdo con la finalidad registrada por el titular; y c. las
operaciones que se pueden realizar con los recursos depositados en estas cuentas.
Siendo así, contra los argumentos de la apelante, los actos administrativos
demandados no son nulos por haber invocado el artículo 56 de la Resolución
Externa 8 de 2000, pues este, en conjunto con las demás disposiciones invocadas
por la administración determinan las operaciones autorizadas a las cuentas de
compensación. Por esa razón, a juicio de la Sala, resulta irrelevante que el a quo
53 Disposición que autorizaba el cumplimiento, en moneda extranjera, de obligaciones derivadas de
operaciones internas, conforme lo acordado por las partes, mediante el giro o recepción de divisas
en cuentas de compensación abiertas para el efecto. Sin embargo, como se verá más adelante, fue
derogada antes de la notificación de los actos que impusieron las sanciones en debate.
54 Establecida en el literal r del artículo 3 del Decreto Ley 1092 de 1996, modificado por el artículo 1
del Decreto Ley 1074 de 1999, y en el numeral 14º del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011.
55 “b. Identificación de las operaciones. Quien efectúa un giro de divisas para el cumplimiento de
obligaciones entre residentes deberá registrar el egreso de las divisas bajo el numeral cambiario
3500 denominado “Egreso para el cumplimiento de obligaciones entre residentes” y quien recibe el
ingreso deberá registrarlo bajo el numeral cambiario 3000 denominado ‘Ingreso por el cumplimiento
de obligaciones entre residentes’. (…)”.
32
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
hubiere tenido en cuenta una versión de dicha norma no aplicable al caso, como
alegó la apelante.
Por lo expuesto, no prospera el cargo.
6.2.4. Por otra parte, la apelante alegó que el error en el registro de la cuenta fue
corregido por el Banco de la República, autoridad competente para el efecto,
mediante el Oficio DCIN-25294 del 25 de noviembre de 2011, y que de esto fue
informada la DIAN a través del Oficio DCIN-07127 del 3 de abril de 2012, en el que
se señaló que tal corrección tenía efectos desde la fecha de registro original de la
cuenta, por lo que las operaciones realizadas ya no se consideraban no autorizadas.
En tal sentido, argumentó que la Banca Central validó las operaciones realizadas
durante el lapso objeto de la sanción y que la DIAN no podía desconocer la
presunción de legalidad de ese acto.
Además, alegó que la corrección del error saneó las operaciones antes de la
notificación de los actos de formulación de cargos, razón por la cual, conforme al
parágrafo del artículo 1156 del Decreto Ley 2245 de 2011, la DIAN estaba obligada
a dar por terminada la investigación.
Al respecto, la DIAN negó que los oficios que emitió el Banco de la República fueran
actos administrativos que le impidieran efectuar el control e imponer sanciones por
las infracciones al régimen cambiario, pues estas son sus facultades exclusivas. Y
agregó que el supuesto saneamiento con el oficio del Banco de la República no está
contemplado en el artículo 31 del Decreto Ley 2245 de 2011 como una causal de
terminación de la investigación, por lo que la sanción era procedente.
En el contexto planteado, la Sala debe determinar si el Banco de la República
corrigió, antes de la notificación de los actos de formulación de cargos, el error en
el que Transbordos del Caribe S.A. aduce haber incurrido en cuanto al registro de
la cuenta de compensación especial. Si la respuesta a este interrogante es
afirmativa, la Sala analizará si tal decisión del Banco impedía a la DIAN continuar
con el trámite administrativo e imponer la sanción.
6.2.4.1. Para resolver el problema propuesto, es pertinente tener en cuenta el
contenido del Oficio DCIN-25294 del 25 de noviembre de 201157, en el que el jefe
de la Sección de Registro y Procesos Cambiarios del Banco de la República
manifestó a Transbordos del Caribe S.A. lo siguiente en cuanto a la modificación
del propósito de la cuenta de compensación especial:
Nos referimos a la radicación de la referencia, mediante la cual solicita modificar el
propósito de la cuenta de compensación especial citada en el asunto.
56 “Artículo 11. Acto de formulación de cargos. Si la Dirección de Impuestas y Aduanas Nacionales
considera que los hechos investigados constituyen posible infracción cambiaria o se encuentran
enmarcados dentro de los eventos señalados por el numeral 32 del artículo 3° del presente decreto,
a través de las dependencias competentes formulará los cargos correspondientes a los posibles
infractores mediante acto administrativo motivado contra el cual no procede recurso alguno. (…)
Parágrafo. El cumplimiento de las obligaciones o el saneamiento de las operaciones o actuaciones
constitutivas de infracción cambiaria, en fecha posterior a la notificación del acto de formulación de
cargos que haya propuesto sanción de multa por las mismas, no sanea o elimina la infracción por la
cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha formulado el correspondiente acto”.
(Subrayas de la Sala).
57 Visible a folios 169 y 170 del cuaderno de primera instancia.
33
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Al respecto, nos permitimos comunicarle que se modificó en la base de datos de la
sección de Registro y Procesos Cambiarios, el propósito de la cuenta de
compensación especial con código asignado 1194139.001, de efectuar giros a
recibir divisas provenientes del cumplimiento de obligaciones entre residentes.
(Resaltados de la Sala).
En este orden, mediante Oficio DCIN-07127 del 3 de abril de 201258, el director del
Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República le informó al
subdirector de Gestión de Control Cambiario de la DIAN sobre la modificación del
registro de la cuenta de compensación de la demandante, así:
La empresa Transbordos del Caribe S.A. identificada con NIT 830033189-6 en virtud
de lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000
de la Junta Directiva del Banco de la República, radicó ante esta dependencia la
solicitud de registro de la cuenta bancaria No. 10291600 de Bancolombia Panamá
de Panamá. En el ‘Registro de Cuenta Corriente de Compensación’ Formulario No.
9, señaló en el numeral V. Cuenta Corriente de Compensación Especial como
propósito del registro ‘Efectuar pago de obligaciones entre residentes’.
El Banco de la República con base en lo previsto en el numeral 8 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN – 83 y sus modificaciones, efectuó el registro de la
cuenta del exterior 10291600 en enero 17 de 2011 y le asignó el código de
identificación 1194139.001.
De acuerdo con la información que figura en la base de datos de la Sección de
Registro y Procesos Cambiarios a la fecha, los movimientos transmitidos desde el
mes de enero de 2011 hasta febrero de 2012 corresponden a numerales de una
cuenta de compensación especial destinada a recibir el pago de operaciones entre
residentes. Dado, que la cuenta de compensación se registró para efectuar pagos,
el Banco de la República reportó a la DIAN los movimientos del período
comprendido entre marzo y septiembre de 2011.
Ante esta situación, la doctora Diana Caballero apoderada especial del titular solicitó
modificar el registro de la cuenta de compensación, manifestando que ‘(…)
TRANSBORDOS DEL CARIBE S.A de manera involuntaria registró erróneamente
el propósito de la cuenta como pagadora y no como receptora como fue la intención
de la compañía al acordar recibir los pagos en divisas de su principal cliente en
Colombia. (…)’
El Banco de la República previa la consideración expuesta por el titular de la cuenta
a través de su apoderada y teniendo en cuenta que los numerales utilizados,
excepto el 1840 ‘Servicios empresariales, profesionales y técnicos’ y el 2904
‘Otros conceptos’, correspondían a operaciones propias de una cuenta de
compensación especial destinada a recibir el pago de operaciones entre residentes,
autorizó mediante oficio DCIN-25294 de noviembre 25 de 2011, la modificación del
propósito de la cuenta de compensación especial identificada con el código No.
1194139.001. Anexo fotocopia del oficio.
Por lo anterior, los movimientos correspondientes a los numerales: 3000 ‘Ingreso
por el cumplimiento de obligaciones entre residentes’, 2240 ‘Comisiones y otros
gastos de créditos – deuda privada – otorgados por no residentes a residentes’,
4505 ‘Amortización de créditos – deuda privada – otorgados por proveedores u otros
no residentes a residentes’, 5379 ‘Compra de saldos de cuentas de compensación
58 Folios 171 y 172 ibidem.
34
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
del sector privado’ y 2017 ‘Pago anticipado de futuras importaciones de bienes,
efectuados con recursos propios de los importadores residentes en Colombia o
compra de mercancías por usuarios de zonas francas’, reportados hasta septiembre
de 2011, quedaron bajo los conceptos permitidos para este tipo de cuentas.
(Resaltados de la Sala).
De acuerdo con los documentos transcritos, la Sala observa que el Banco de la
República aceptó una solicitud de modificación del registro de la cuenta de
compensación, elevada por la apoderada de Transbordos del Caribe S.A., quien le
manifestó que, de manera involuntaria, la compañía registró erróneamente el
propósito de la cuenta como pagadora y no como receptora, que era su verdadera
intención.
Además, el Banco informó de tal modificación a la DIAN, indicándole que las
operaciones reportadas por la demandante hasta septiembre de 2011
correspondían a transacciones propias de una cuenta de compensación especial
destinada a recibir pagos entre residentes, es decir, que en efecto correspondían a
la intención de la empresa. Empero, precisó que dos de los códigos utilizados por
la demandante no correspondían a las operaciones permitidas para las cuentas de
compensación constituidas como receptoras, estos son, “el 1840 ‘Servicios
empresariales, profesionales y técnicos’ y el 2904 ‘Otros conceptos’”.
Siendo así, contra los argumentos de la alzada, lo manifestado por el Banco de la
República en los oficios invocados por la demandante no da cuenta de la corrección
de la infracción que dio lugar a las sanciones en debate —utilizar las cuentas
corrientes de compensación especiales para operaciones diferentes a las
autorizadas por el régimen cambiario—, pues, de hecho, la Banca Central dejó en
claro que, luego de efectuado el cambio a una cuenta receptora de divisas, esta
presentó operaciones no autorizadas para esa modalidad, valga reiterar, las
reportadas con los códigos 1840 y 2904.
Siendo así, los oficios citados solo dan cuenta de la modificación del propósito
registrado para la cuenta de compensación; empero, esto por sí solo no desvirtúa
la legalidad de los actos atacados, pues, se insiste, la información que reportó el
Banco siguió identificando operaciones no autorizadas.
En tal sentido, el hecho de que el Banco haya dicho en el oficio que los movimientos
reportados hasta septiembre de 2011 “quedaron bajo los conceptos permitidos para
este tipo de cuentas”, no subsanó la infracción advertida por la DIAN, pues, en el
contexto completo del documento, tal manifestación no aplicaba para todas las
operaciones realizadas en la cuenta.
Vale la pena señalar que, de acuerdo con el contenido de los actos administrativos
demandados, durante la actuación administrativa, la apoderada de Transbordos del
Caribe S.A. manifestó a la DIAN que corregiría los códigos 1840 y 2904, lo que, a
su juicio, conllevaría a la finalización de la investigación; no obstante, tal argumento
fue descartado por la administración y al respecto no se propuso ningún cargo en la
demanda.
Por lo expuesto, la Sala no observa la colisión que se plantea en la demanda y en
la apelación entre las competencias del Banco de la República y las de la DIAN, ni
el desconocimiento de la presunción de legalidad, por parte de esta última, de los
35
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
actos administrativos de la primera, pues, como acaba de verse, los oficios
invocados no tienen el alcance que la apoderada de la compañía pretendió darles.
6.2.4.2. Por las mismas razones, tampoco se configuró el saneamiento de las
operaciones constitutivas de infracción cambiaria antes de la notificación del acto
de formulación de cargos, en los términos del parágrafo del artículo 11 del Decreto
Ley 2245 de 2011, como se alegó en el libelo, simplemente porque no se produjo
tal subsanación.
En consecuencia, no prospera el cargo.
6.2.5. Por otro lado, con fundamento en el principio de favorabilidad, la apoderada
de Transbordos del Caribe S.A. alegó en la demanda que (i) el artículo 3 de la
Resolución Externa 1 de 2013 reemplazó la figura de las cuentas de compensación
especiales por la de cuentas de compensación, con lo que desapareció el propósito
único de aquellas y, en adelante, podrían tanto recibir divisas como efectuar giros,
lo que significa que la conducta sancionada, esto es, el uso indebido de una cuenta,
ya no sería una infracción. De acuerdo con lo anterior, adujo que la sanción
consagrada en el numeral 14º del artículo 3 del Decreto Ley 2245 de 2011, que
recae exclusivamente sobre dichas cuentas, dejó de ser aplicable. Asimismo,
arguyó que (ii) el artículo 4 de la Resolución Externa 1 de 2013 derogó el parágrafo
5 del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000, lo que implica que la conducta
violatoria del régimen cambiario desapareció, es decir, se convirtió en atípica.
Al respecto, el a quo expuso que la Resolución Externa 1 de 2013 no eliminó la
infracción, sino que simplemente cambió la denominación de las cuentas, y que, si
bien el parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000 fue derogado,
lo cierto la infracción ocurrió en el año 2011, cuando esa disposición estaba vigente.
Además, advirtió que la falta también estaba tipificada en el artículo 56 de la
Resolución Externa 8 de 2000, en concordancia con los puntos 8.6, 8.6.1, 8.6.2 y
8.6.3, literal b, de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2011,
“disposiciones que no han sido derogadas”.
En la apelación, la demandante insistió en este cargo y agregó que la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2013 derogó los puntos 8.6.1, 8.6.2 y 8.6.3,
literal b, de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2011, disposiciones que
los actos acusados consideraron infringidas.
La Sala no podrá tener en cuenta en esta instancia este último argumento como
soporte de la alegada infracción al principio de favorabilidad, pues se trata de un
cargo nuevo, traído con el recurso de apelación, y no planteado en la demanda,
pese a que allí hubiera podido plantearse, si se tiene en cuenta que la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2013 fue publicada el 29 de enero de 2013. De
lo contrario, se infringirían los derechos de defensa y contradicción de la DIAN,
quien no tuvo la oportunidad de exponer sus explicaciones sobre el particular desde
la contestación de la demanda.
Entonces, el estudio de este cargo se restringirá a los alegatos relacionados con la
modificación de las cuentas de compensación especiales por cuentas de
compensación, y con la derogatoria del parágrafo 5 del artículo 79 de la Resolución
Externa 8 de 2000.
36
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
6.2.5.1. En tal contexto, la Sala debe determinar, en primer lugar, si en virtud del
principio de favorabilidad, con el cambio de la figura de cuentas de compensación
especiales por la de cuentas de compensación, desapareció la infracción
relacionada con el uso indebido de aquellas, y si tal variación tiene efectos respecto
de los hechos que aquí se debaten, que ocurrieron en el año 2011.
La Resolución Externa 1 de 2013 fue publicada en el Boletín de la Junta Directiva
del Banco de la República No. 4 de 29 de enero de 2013, y en el artículo 3
estableció:
Artículo 3o. Modificación de cuentas de compensación especiales. A partir del 1°.
de febrero de 2013, las cuentas de compensación especiales funcionarán como
cuentas de compensación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la
Resolución Externa 8 de 2000. (Resaltados de la Sala).
Del contenido literal de la disposición invocada por la apoderada de Transbordos
del Caribe S.A. se desprende de manera clara que la modificación de las cuentas
de compensación especiales a cuentas de compensación se estableció con una
vigencia temporal específica, esto es, a partir del 1º de febrero de 2013. Por lo tanto,
el cambio invocado por la demandante no tiene el alcance que ella pretendió darle
en el libelo y en la apelación, esto es, no puede extenderse al manejo que se dio a
una cuenta de compensación especial durante el año 2011, cuando se configuró la
infracción que se discute en este asunto.
6.2.5.2. Seguidamente, la Sala debe establecer si, en virtud del principio de
favorabilidad, la derogatoria del parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución
Externa 8 de 2000, por la Resolución Externa 1 de 2013, conllevó a que la conducta
sancionada mediante los actos administrativos demandados, que tuvo lugar en el
año 2011, resultara atípica y no pudiera ser objeto de sanción.
Esta Sección, en la sentencia del 4 de agosto de 201659, unificó su criterio para
sostener que, como manifestación de la garantía del debido proceso, el principio de
favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar
las infracciones al régimen cambiario.
Ahora bien, el parágrafo 5º del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000
autorizaba el cumplimiento, en moneda extranjera, de obligaciones derivadas de
operaciones internas, conforme lo acordado por las partes, mediante el giro o
recepción de divisas en cuentas de compensación abiertas para el efecto. Esta
disposición perdió vigor a partir del 29 de enero de 2013, cuando se publicó la
Resolución Externa 1 de 2013, que expresamente lo derogó en el artículo 460.
De acuerdo con la información consignada en los actos administrativos que
resolvieron los recursos de reconsideración, la Sala evidencia que: (i) la Resolución
103241433601229-0076 del 24 de enero de 2013 fue notificada el 30 de enero de
2013, (ii) Resolución 103241433601229-0115 del 29 de enero de 2013 se notificó
el 2 de febrero de 2013, y (iii) Resolución 103241433601229-0116 del 29 de enero
59 Radicado número: 05001 23 33 000 2013 00701 01. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala.
60 “Artículo 4o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación y deroga el parágrafo 5
del artículo 79o de la Resolución Externa 8 de 2000”.
37
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
de 2013 fue notificada también el 2 de febrero de 2013. Es decir, que los actos que
impusieron las sanciones en debate fueron puestos en conocimiento de la
demandante luego de la derogatoria de la norma en cuestión, lo que a su vez indica
que la resolución de los recursos de reconsideración y, por tanto, el cierre de las
actuaciones administrativas se produjo por fuera de la vigencia de dicha norma.
Sin embargo, es pertinente recordar que la DIAN impuso a Transbordos del Caribe
S.A. las sanciones en debate al encontrarla responsable de infringir el artículo 56 y
el parágrafo 5° del artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000, en concordancia
con los puntos 8.6, 8.6.1, 8.6.2 y 8.6.3, literal b, de la Circular Reglamentaria Externa
DCIN 83 de 2011.
La Sala señaló en un acápite precedente que el artículo 56 de la Resolución Externa
8 de 2000, en la versión vigente a la época de los hechos, no establecía por sí solo
las operaciones autorizadas a través de las cuentas de compensación —concepto
ligado a la infracción que se le endilgó a la demandante—, pero que la sanción se
fundamentó en la aplicación conjunta de este y de las demás disposiciones
invocadas por la administración.
En tal sentido, la Sala advirtió: (i) que el punto 8.6 de la Circular Reglamentaria
Externa DCIN 83 de 2011 establecía que los residentes podían girar y recibir divisas
para el cumplimiento de sus obligaciones, siempre que lo hicieran a través de
cuentas de compensación abiertas para el efecto, y (ii) que el punto 8.6.1 ibidem
señalaba que quien efectúa el giro de divisas para el cumplimiento de obligaciones
entre residentes debe constituir una cuenta de compensación en el exterior
específicamente para tal fin.
Es claro entonces que la obligación de recibir o realizar giros de divisas mediante
cuentas registradas específicamente para una u otra de tales finalidades, según el
caso, no se encontraba consignada únicamente en el derogado parágrafo 5º del
artículo 79 de la Resolución Externa 8 de 2000, sino también en los puntos 8.6 y
8.6.1 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 de 2011. Por lo tanto, a juicio
de la Sala, la derogatoria de la primera de las normas mencionadas no conllevaba
por sí sola, en virtud del principio de favorabilidad, a la nulidad de los actos
acusados, pues la sanción también se fundamentó en otras disposiciones que,
sobre el particular, tenían similar alcance.
Por lo expuesto, no prospera el cargo de violación del principio de favorabilidad.
6.2.6. Luego, la apelante insistió en la violación de los principios de igualdad y
confianza legítima, y del deber de aplicación uniforme, pues la DIAN abrió en su
contra siete expedientes por la realización de operaciones no autorizadas en la
misma cuenta de compensación especial, y en tres de estos aceptó la corrección
efectuada por el Banco de la República y determinó que no había infracción.
Como fundamento de lo anterior, aludió a los Actos de Formulación de Cargos 1-
03-248-427-301-29-835 del 31 de mayo de 2012, 1-03-248-427-301-29-943 del 22
de junio de 2012 y 1-03-248-427-301-29-1221 del 31 de agosto de 2012,
correspondientes a los tres asuntos en los que afirmó que la entidad declaró no
configurada la infracción, aunque con la demanda únicamente allegó los dos
primeros.
38
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
La Sala observa que, en el Acto de Formulación de Cargos 1-03-248-427-301-29-
835 del 31 de mayo de 2012, la autoridad demandada sostuvo61:
En relación con el numeral cambiario 2904 por ‘OTROS CONCEPTOS’, se
encuentra que estos no están autorizados dentro de la normatividad cambiaría para
las Cuentas de Compensación Especiales autorizadas para RECIBIR pago de
obligaciones entre residentes como lo expresa el Departamento de Cambios
Internacionales mediante oficio No. DCIN-07127 del 3 de abril de 2012 y en
consecuencia sólo podía utilizar los numerales cambiarios permitidos para
operaciones propias de éste tipo de cuenta de compensación especial, por lo que la
sociedad investigada probablemente incumplió con lo dispuesto en el Artículo 55 de
la Resolución Externa 8 del 5 de mayo de 2000 modificado por el artículo 11 de la
Resolución Externa 2 del 17 de diciembre de 2010 de la Junta Directiva del Banco
de la República y el numeral 8.6.2 y el Literal b) del numeral 8.6.3 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 24 de febrero de 2011 del Banco de la
República62.
(…)
No obstante lo anterior, revisado el Formulario No. 10 de las operaciones realizadas
en noviembre de 2011 y transmitidas en diciembre de 2011, se observa que las
señaladas en el numeral cambiario 2904 por valor de US$658,18 ‘OTROS
CONCEPTOS’ no están permitidos por la Legislación Cambiaria. (Subrayas de la
Sala).
En el Acto de Formulación de Cargos 1-03-248-427-301-29-943 del 22 de junio de
2012, luego de citar lo manifestado por el Banco de la República en el Oficio DCIN-
07127 del 3 de abril de 2012, la DIAN manifestó lo siguiente63:
Por lo anterior, los movimientos correspondientes a los numerales: 3000 ‘Ingreso
por el cumplimiento de obligaciones entre residentes’. 2240 ‘Comisiones y otros
gastos de créditos deuda privada-otorgados por no residentes a residentes’. 4505
‘Amortización de créditos-deuda privada-otorgados por proveedores u otros no
residentes a residentes’, reportados hasta septiembre de 2011, quedaron bajo los
conceptos permitidos para este tipos de cuentas.
En relación con el numeral cambiario 2904 por ‘OTROS CONCEPTOS’, se
encuentra que estos no están autorizados dentro de la normatividad cambiaria para
las Cuentas de Compensación Especiales autorizadas para RECIBIR pago de
obligaciones entre residentes como lo expresa el Departamento de Cambios
Internacionales mediante oficio No. DCIN-07127 del 3 de abril de 2012 y en
consecuencia sólo podía utilizar los numerales cambiarios permitidos para
operaciones propias de éste tipo de cuenta de compensación especial, por lo que la
sociedad investigada probablemente incumplió con lo dispuesto en el Artículo 55 de
la Resolución Externa 8 del 5 de mayo de 2000 modificado por el artículo 11 de la
Resolución Externa 2 del 17 de diciembre de 2010 de la Junta Directiva del Banco
de la República y el numeral 8.6.2 y el Literal b) del numeral 8.6.3 de la Circular
Reglamentaria Externa DCIN 83 del 24 de febrero de 2011 del Banco de la
República.
(…)
61 Folios 42 a 47 ibidem.
62 El primer párrafo resulta ser idéntico a uno de los citados del anterior documento.
63 Folios 21 a 24 del cuaderno Contestación No. 1.
39
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
De otra parte, en cuanto a los movimientos financieros presentados bajo el numeral
2904, por valor de US$25 y US$0.15, este Despacho presume que la Cuenta de
Compensación Especial tuvo un manejo inadecuado al realizar operaciones no
autorizadas por el régimen cambiario a través de la cuenta de compensación
especial registrada inicialmente para EFECTUAR pagos y modificada
posteriormente para RECIBIR pagos entre residentes y en consecuencia,
probablemente incumplió lo establecido en el Artículo 56 de la Resolución Externa
8 del 5 de mayo de 2000 modificado por el artículo 11 de la Resolución Externa 2
del 17 de diciembre de 2010 de la Junta Directiva del Banco de la República y el
numeral 8.6.2 y el Literal b) del numeral 8.6.3 de la Circular Reglamentaria Externa
DCIN 83 del 24 de febrero de 2011 del Banco de la República, por lo cual se le
formulará cargos. (Subrayas de la Sala).
La Sala observa que, en los documentos citados, de manera similar a los actos cuya
legalidad se estudia en el sub lite, la DIAN advirtió, con base en las comunicaciones
del Banco de la República, ya transcritas en esta decisión, que luego de modificar
el objeto de la cuenta, algunas de las operaciones quedaron bajo los conceptos
permitidos. Empero, dejó en claro que las reportadas con el numeral cambiario 2904
no correspondían a operaciones permitidas para las cuentas registradas para recibir
pagos, razón por la cual decidió formular cargos.
Asimismo, se advierte que en el expediente obran las Resoluciones
103241433601229-0132 del 31 de enero de 201364 y 103241433601229-0134 del
31 de enero de 201365, correspondientes a las actuaciones adelantadas con los
actos de formulación de cargos antes citados, mediante las cuales la DIAN impuso
sanciones a Transbordos del Caribe S.A. por violación del artículo 56 de la
Resolución Externa 8 de 2000, y de los puntos 8.6.2 y 8.6.3, literal b, de la Circular
Reglamentaria DCIN 83 de 2011.
Siendo así, la Sala concluye que a la demandante no le asistió la razón al alegar
que, en los tres asuntos invocados, la DIAN aceptó la modificación realizada por el
Banco de la República y declaró no configurada la infracción. Como acaba de verse,
la entidad en esos casos también imputó cargos a la demandante y le impuso
sanciones por infracción del régimen cambiario. En consecuencia, no prospera el
cargo.
6.2.7. Por último, la demandante controvirtió la condena en costas, pues considera
que no actuó con temeridad o mala fe y que en el expediente no obraban pruebas
de su causación.
En observancia de los artículos 18866 del CPACA y 36567 del Código General del
Proceso (CGP), en especial de su numeral 8º, sobre condena en costas, y a lo
64 Confirmada por la Resolución 1-03-236-408-610-606 del 10 de julio de 2013 (folios 84 a 107
ibidem).
65 Confirmada por la Resolución 1-03-236-408-601-602 del 8 de julio de 2013 (folios 48 a 69 del
cuaderno Contestación No. 1).
66 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
67 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
40
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala advierte que esa clase de
condenas atiende a un criterio objetivo valorativo. Dicho criterio: (i) es objetivo
porque no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte
condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que ha
interpuesto, y (ii) es valorativo, porque se requiere en el expediente que el juez
revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con
el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad que efectivamente realiza
dentro de este.
Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran por la
totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con el numeral 8º del
artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.
En este asunto, pese a que la parte demandante resultó vencida en ambas
instancias, se advierte que no está acreditada la causación de expensas, gastos
procesales o agencias en derecho. Por lo tanto, la Sala revocará la condena que
por tal concepto impuso el a quo en el numeral 2º de la parte resolutiva, y se
abstendrá de imponerla en esta instancia.
6.3. Conclusión
De acuerdo con lo expuesto, al no haber prosperado ninguno de los cargos de
nulidad formulados por Transbordos del Caribe S.A., la Sala confirmará la sentencia
apelada, que denegó las pretensiones de la demanda, a excepción del numeral 2º
de la parte resolutiva, que impuso condena en costas a la demandante.
6.4. Reconocimiento de personería
Mediante memorial visible en el índice 36 del proceso en Samai, el abogado Félix
Antonio Lozano Manco renunció al poder que le confirió la DIAN. De igual manera,
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio
de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo
podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
41
Radicado: 25000 23 41 000 2014 00007 01
Demandante: Transbordos Del Caribe S.A.
Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
en el índice 38 se observa el poder conferido por dicha entidad a la abogada Nancy
Piedad Téllez Ramírez. Por tanto, como la renuncia cumple con los presupuestos
del artículo 76 del CGP, la Sala la aceptará. Asimismo, le reconocerá personería a
la nueva apoderada de la entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 74
ibidem.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de febrero de 2015, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, a
excepción del numeral 2º de la parte resolutiva, el cual se REVOCA.
SEGUNDO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado Félix Antonio Lozano
Manco al poder que le confirió la DIAN, y RECONOCER personería a la abogada
Nancy Piedad Téllez Ramírez, para actuar en representación de dicha entidad, en
los términos y para los fines del poder a ella otorgado.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en su sesión de once (11) de diciembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
Aclaración de voto
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
42
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.