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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-00041-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-00041-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2015 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección “B”. SEGUNDO: CONDENAR en costas al José Javier Gómez Fonseca, por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la DIAN TERCERO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado Carlos Orlando Saavedra Trujillo al poder que le fue conferido para representar a la DIAN, por cumplir las exigencias previstas en el inciso 4º del artículo 76 del CGP. 39 “ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […] III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […] 3.1.3. Segunda instancia. […] Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.” 40 Anotación núm. 50 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40 Radicación: 25000-2341-000-2014-00041-01 Demandante: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2014-00041-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

17 de julio de 2025

Radicación: 25000-2341-000-2014-00041-01
Demandante: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-2341-000-2014-00041-01
Actor: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –
DIAN

Tesis: No están viciadas de nulidad las resoluciones acusadas
proferidas por la DIAN, mediante las cuales declaró el
incumplimiento de la obligación consistente en poner
una mercancía a disposición de dicha autoridad
aduanera y afectó la póliza de cumplimiento, por
cuanto, del material probatorio, se podía advertir la
desatención aduanera por parte del actor.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación1 interpuesto por el
señor José Javier Gómez Fonseca en contra de la sentencia dictada por el
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera
• Subsección “B”- el 22 de enero de 20152, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1
Páginas 306 a 309 de archivo denominado ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 34
en el Índice 34 del Sistema de Gestión Documental SAMAI
Enlace del proceso
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002341000201400041011
100103
2
Páginas 268 a 291 de archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua 29 ubicado en el Índice 29

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1

Radicación: 25000-2341-000-2014-00041-01
Demandante: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA

1.1. La demanda

El señor José Javier Gómez Fonseca, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011 en contra de la DIAN, en la cual formuló las siguientes:

1.1.1. Pretensiones

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 0466 del 1°. De marzo
de 2013, por medio de la cual la Dirección seccional de Aduanas de Buenaventura
declaró el incumplimiento de la obligación y ordenó hacer efectiva la garantía

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de las resoluciones: resolución 0861 del 24
de abril de 2013 y en segunda instancia con la Resolución 1180 del 6 de junio de
2013,- por medio de las cuales se confirmó la decisión adoptada, cuando se
resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos.

TERCERA: De no ser atendidas mis peticiones anteriores, solicito al despacho se
corrija la resolución en el sentido que el valor a hacer efectivo corresponde a
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
OCHENTA Y OCHO pesos m/c ($174.454.088.oo) que corresponde al valor en
aduana de la mercancía, pues los tributos ya habían sido cancelados en su
totalidad y como se probara en el expediente la declaración de importación fue
aceptada por la misma entidad cuando ofreció como formula conciliatoria
continuar con el trámite de la declaración.

CUARTA: La liquidación de las anteriores condenas deberá efectuarse mediante
sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustaran dichas
condenas tomando como base el índice de precios del consumidor que certifique
el DANE, o por mayor conforme a lo dispuesto en el Articulo 170 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTA: Solicito se condene a la parte demandada al pago de los gastos, costas
judiciales y agencias en derecho, en el evento de que las anteriores pretensiones
sean favorables a mi poderdante.”

1.1.2 Hechos

1.1.2.1. El señor José Javier Gómez Fonseca, el día 5 de diciembre de
2011, presentó la declaración de importación núm. 0352011000295792
con autoadhesivo núm. 011860030580233 del 9 de diciembre de 2011,

3
Páginas 4 a 18 de Ibidem

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Demandante: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA

la cual tuvo levante automático núm. 352011000249115 del 15 de
diciembre de 2011.

1.1.2.2. El actor procedió a retirar la mercancía de la Sociedad Portuaria;
no obstante, la mercancía fue revisada documentalmente por la Policía
Fiscal, encontrando que la resolución de autorización para importar
textiles núm. 011617 del 26 de octubre de 2009 ya no se encontraba
vigente, puesto que se había vencido el día 9 de noviembre del 2011 y la
solicitud de renovación de la autorización se había presentado de manera
extemporánea, hasta el día 13 de octubre de 2011, y fue resuelta hasta
el día 23 de diciembre de 2011.

1.1.2.3. El día 19 de diciembre de 2011 se levantó el acta de hechos núm.
4485, en la que se señaló que la resolución de autorización para importar
textiles y sus manufacturas, calzado y sus partes, exigida para
nacionalizar mercancías clasificadas en los capítulos 54 al 61 del Arancel
de Aduanas, se encontraba vencida, razón por la cual el contenedor quedó
inmovilizado hasta que llegaran los documentos solicitados a Bogotá.

1.1.2.4. Posteriormente, el día 04 de enero de 2012, se presentó
declaración de legalización con aceptación 352012000002158 y
autoadhesivo núm. 23030016773986, tipo de legalización voluntaria, con
pago de rescate del 20% del valor de la mercancía, de conformidad con
lo señalado en el inciso 3 de del artículo 231 del decreto 2685 de 1999,
toda vez que la mercancía no había sido aprehendida. No obstante, la
DIAN no autorizó el levante, mediante auto y acta de inspección núm.
352012000000531 del 4 de enero de 2012, señalando expresamente:
"Causal para rechazar el levante... 13.9 Otros NO CONFORME NUMERAL
3 ART 128 DECRETO 2685/99" "OBSERVACIONES: El declarante presenta
declaración de legalización voluntaria, pero no procede levante dado que
no se puso a disposición la mercancía para la inspección, como tampoco
se observa la carta de distribución".

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Demandante: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA

1.1.2.8. La DIAN procedió a la aprehensión de la mercancía con el Acta
834-13500011 del 25 de enero de 2012. La actora, el día 9 de febrero de
2012, presentó objeciones al decomiso, y con ellas igualmente aportó la
garantía núm. 33-43-1010002149 expedida el 3 de febrero de 2012 por
la Compañía Seguros del Estado S.A. en cuantía de $222.710.088.oo,
tomando como base el valor dado a la mercancía más los tributos
aduaneros a los que había lugar, la cual fue aceptada mediante Auto núm.
0315 del 15 de febrero de 2012, presentada por la Agencia de Aduanas
Cicorex S.A.S Nivel 1 en su calidad de declarante autorizado, y ordenó la
entrega de la mercancía, por constitución de garantía en reemplazo de
aprehensión.

1.1.2.9 La DIAN, mediante la Resolución núm. 0701 expedida el 30 de
marzo de 2012, ordenó el decomiso de la mercancía, el cual fue
confirmado mediante la Resolución núm. 1371 del 26 de junio de 2012,
con fundamento en que la autorización para importar textiles se
encontraba vencida al momento de la importación, sin atender el hecho
de que la mercancía había sido legalizada, presentando la autorización
exigida.

1.1.2.10. Con posterioridad, el 20 de septiembre de 2012, se presentó
solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación,
diligencia que se llevó a cabo el día 17 de octubre de 2012, en la que el
Comité de Conciliación de la DIAN "presenta formula conciliatoria
consistente en otorgar el levante correspondiente a la declaración
de legalización voluntaria con No. de aceptación
352012000002158 del 4 de enero de 2012". No obstante, el anterior
acuerdo conciliatorio fue negado en primera instancia por considerar que
los procesos por aprehensión de mercancías no son conciliables y, al
resolverse el recurso de apelación contra la decisión adoptada, este fue
rechazado, en atención a que contra dicha decisión la única entidad que
podía recurrir era la procuraduría y en este caso no lo hizo.

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Demandante: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA

1.1.2.11. Como consecuencia de lo anterior, la administración abrió el
expediente administrativo PT2012201200078 y, mediante resolución
núm. 0466 del 1 de marzo de 2013, declaró el incumplimiento de la
obligación aduanera y ordenó hacer efectiva la garantía. De igual manera,
la anterior decisión fue confirmada en sede de reposición, mediante la
resolución núm. 0861 del 24 de abril de 2013; y en sede de apelación,
mediante la resolución núm. 1180 del 6 de junio de 2013, la DIAN
confirmó las resoluciones recurridas.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

La parte demandante indicó como vulneradas las siguientes normas: los
artículos 1, 123 y 209 de la Constitución Política, los artículos 10, 79 y 80
del CPACA, el artículo 2 del decreto 2685 de 1999, el artículo 233 del
Decreto 2685 de 1999 y artículos 522 y 522-1 de la Resolución 4240 de
2000.

Fundamentó el concepto de la violación a partir de los siguientes cargos:

1.1.3.1. “FALSA MOTIVACION”4

Explicó que la Resolución núm. 0466 del 1° de marzo de 2013 fundamentó
su decisión de declarar el incumplimiento de la póliza de garantía en el
marco de un proceso aduanero, específicamente en el incumplimiento de
la obligación de poner a disposición de la DIAN la mercancía objeto de
controversia una vez definida la situación jurídica.

Adujo que, en el presente caso, el objeto de la póliza y obligación
garantizada núm. 33-43101002149 fue presentada en reemplazo de la
aprehensión, permitiendo la entrega provisional de la mercancía a la
actora.

4
Página 9 Ibidem

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De otra parte, señaló que, mediante la Resolución núm. 701 del 30 de
marzo de 2012, se ordenó el decomiso de la mercancía, y, mediante la
Resolución núm. 1371 del 26 de junio de 2012, se confirmó
administrativamente dicha decisión. Indicó que los anteriores actos
quedaron en firme y en esa medida la obligación de entregar la mercancía
se hizo exigible.

Explicó que el Comité de Conciliaciones de la DIAN reconoció un error en
el trámite y propuso voluntariamente continuar con la legalización de la
mercancía para resolver el conflicto mediante una conciliación. Sin
embargo, el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá no aprobó la
conciliación, y en esa medida la entidad continuó con el proceso de
declaración de incumplimiento de la póliza, basándose en el decomiso en
firme.

En ese orden, señaló que el auto que imprueba la conciliación estableció
que la definición de la situación jurídica de mercancías no es conciliable,
según el Decreto 412 de 2004, que reglamenta los artículos 38 y 39 de la
Ley 863 de 2003, que establecieron una amnistía para ciertos procesos
tributarios y aduaneros, pero excluyeron expresamente los casos de
definición de situación jurídica de mercancías, ya que no involucran
tributos ni sanciones; de igual manera, adujo que la Ley 863 de 2003 y
sus reglamentos solo tenían vigencia entre la fecha de su expedición y
hasta el 30 de junio de 2004.

Adujo que la Circular 0175 de 2001 de la DIAN resaltaba que las sanciones
deben estar sustentadas en normas claras, procedimientos definidos y la
existencia de daño al Estado. Además, enfatizó en señalar que las
actuaciones debían respetar la irretroactividad de las normas, la
publicidad de los actos administrativos y la prevalencia de lo sustancial
sobre lo formal, garantizando así los derechos de los contribuyentes y
usuarios.

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Concluyó señalando que el fundamento legal de la declaratoria de
incumplimiento de la póliza estaba viciado, porque la DIAN reconoció su
error y propuso una solución conciliatoria antes de que se produjera la
aprehensión. Sin embargo, la entidad no corrigió su actuación, lo que llevó
a que la parte actora resultara perjudicada por un aspecto formal, a pesar
de que la conciliación fue propuesta por la propia DIAN.

1.1.3.2. “LA POLIZA SOLO DEBE HACERSE EFECTIVA POR EL
VALOR DE LA MERCANCIA, PUES LOS IMPUESTOS YA HABIAN
SIDO CANCELADOS EN SU TOTALIDAD”5

Explicó el demandante que la autoridad aduanera debió revisar el valor
exigido por el supuesto incumplimiento de la obligación garantizada por
una póliza en el contexto de un proceso de decomiso de mercancía, para
lo cual adujo que la mercancía involucrada en el proceso fue debidamente
nacionalizada mediante una declaración de importación y una declaración
de legalización, ambas aceptadas oficialmente, y con los tributos
aduaneros correspondientes ya liquidados y pagados.

Insistió en indicar que, mediante declaración de importación núm.
3520101000295792 y la declaración de legalización núm. 018603058023
del 9 de diciembre de 2011, constaba el pago de los tributos aduaneros,
por un monto total de $48.173.000; en esa medida, señaló que, si se
mantiene la decisión de ejecutar la póliza por incumplimiento, el valor
exigido no debía exceder el valor de la mercancía en aduana, es decir, sin
tener en cuenta el valor de los tributos ya pagados, evitando así un doble
cobro.

Al respecto, explicó que el valor de ejecución de la póliza debía
corresponder solamente al valor en aduana de la mercancía, pues los
tributos ya habían sido cancelados en su totalidad en cuantía de
$48.173.000, y que fueron sumados para determinar el valor de la

5
Página 14 Ibidem

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mercancía aprehendida; por lo tanto, consideró que, al valor afectado en
los actos acusados correspondientes a la suma de $222.710.088, se les
debió descontar el valor ya pagado de $48.173.000, lo cual daba como
resultado un monto total de $174.537.088.

Concluyó la parte actora que, con base en los hechos y en la normativa
aplicable, en caso de mantenerse la decisión de declarar el incumplimiento
de la póliza, el valor a exigir era únicamente el valor en aduana de la
mercancía más los tributos ya pagados, para un total de $174.537.088,
evitando así un doble cobro y un perjuicio injustificado al importador; y,
en esa medida, la DIAN debía reconocer los pagos ya efectuados y la
aceptación de la legalización, y que la póliza no puede hacerse efectiva
por un valor superior al realmente adeudado, conforme a la finalidad de
la garantía y a la protección de los derechos del administrado.

II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL

2.1. La demanda fue admitida a través de auto del 27 de febrero de 20146
y se ordenó su notificación al ministro de Hacienda y Crédito Público y a
la DIAN, al procurador administrativo delegado y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, así como se ordenó la vinculación de la
Compañía de Seguros del Estado S.A.

2.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda7
oponiéndose a las pretensiones, para lo cual expuso los siguientes
argumentos:

En primer lugar, manifestó que dicho Ministerio no es la persona llamada
a responder por las pretensiones de la demanda, en la medida en que no
fue la entidad que expidió los actos acusados.

6
Páginas 73 a 74 Ibidem
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Páginas 101 a 110 ibidem

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En segundo lugar, propuso como excepciones (i) la falta de Agotamiento
de la Vía Gubernativa respecto de ese Ministerio, (ii) Autonomía
Administrativa, Presupuestal y Patrimonial de la DIAN, y (iii) Falta de
legitimación en la causa por pasiva.

2.3. La Compañía Seguros del Estado S.A. contestó la demanda8, para
lo cual expuso los siguientes argumentos:

Señaló que el propósito de la intervención era apoyar las pretensiones de
la demanda relacionadas con la solicitud de declaratoria de nulidad de las
Resoluciones núm. 0466, 0861 y 1180 de 2013 expedidas por la División
de Gestión y Liquidación de la DIAN en Buenaventura, mediante las cuales
declararon el incumplimiento de una obligación aduanera atribuida al
demandante, hicieron efectiva la garantía y resolvieron los recursos de
reposición y apelación interpuestos contra dichas decisiones,
respectivamente.

De igual manera, la aseguradora señaló que no participó en los recursos
porque no fue notificada de los actos administrativos, a pesar de ser un
tercero con interés directo, debido a la relación jurídica sustancial que
mantiene con las partes involucradas. Esta falta de notificación, en su
consideración, constituía un cargo adicional para solicitar la nulidad de los
actos, sumándose a los argumentos ya presentados por el demandante
principal.

La aseguradora también solicitó que el restablecimiento del derecho, de
acuerdo con lo pedido por la parte actora, se extienda a su favor en
relación con la devolución de la suma que eventualmente deba pagar a la
DIAN por la ejecución de la garantía, debidamente indexada. El monto
reclamado asciende a $222.710.088, correspondiente al valor declarado
como siniestro.

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Páginas 101 a 110 ibidem

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2.4. La DIAN contestó la demanda9 oponiéndose a las pretensiones, para
lo cual expuso los siguientes argumentos:

En primer lugar, se pronunció frente a la validez y efectos del acuerdo
conciliatorio, explicando que los acuerdos conciliatorios en materia
administrativa deben ser aprobados mediante auto proferido por el juez
competente para que produzcan plenos efectos jurídicos. Por lo anterior,
explicó que, para el caso bajo estudio, en efecto se había presentado Acta
de Conciliación núm. 383-2012 del 20 de septiembre de 2012 ante el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá para su
homologación, en cumplimiento del artículo 74 de la Ley 446 de 1998. Sin
embargo, el juez improbó el acuerdo, lo que impidió su perfeccionamiento
y efectos vinculantes para las partes.

Precisó que el proceso giraba en torno a la legalidad de las resoluciones
expedidas por la División de Gestión y Liquidación de la DIAN en
Buenaventura, que declararon el incumplimiento de la obligación
aduanera relacionada con la entrega de mercancía aprehendida y
ordenaban la ejecución de la póliza de garantía, con fundamento en que
la mercancía había sido aprehendida bajo acta núm. 1350011 POLFA del
26 de enero de 2012, y dentro del trámite aduanero se presentó la póliza
de seguro núm. 034-3-1010002149, expedida por Seguros del Estado
S.A., para garantizar la obligación de poner la mercancía a disposición de
la DIAN en caso de requerirse.

En ese orden, informó que la DIAN expidió la Resolución núm. 701 del 30
de marzo de 2012, ordenando el decomiso de la mercancía, y la
Resolución núm. 1371 del 26 de junio de 2012, confirmando el decomiso.
Posteriormente, se le solicitó a la actora, mediante oficio núm. 008668 de
fecha 16 de noviembre de 2012, poner a disposición de la DIAN la
mercancía objeto de decomiso y, al no cumplir con dicho requerimiento,

9
Páginas 198 a 202 ibidem

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se declaró el incumplimiento de la póliza y se ordenó su ejecución por un
valor de doscientos veintidós millones setecientos diez mil ochenta y ocho
pesos ($222.710.088).

De otra parte, frente al argumento de que la administración no podía
ejecutar la garantía porque el acuerdo conciliatorio, que proponía una
solución alternativa al conflicto, fue presentado oportunamente y
admitido por la DIAN, señaló que el mismo no fue homologado por el juez,
lo que impidió su perfeccionamiento.

De igual manera, frente al argumento consistente en que la
administración debió abstenerse de continuar el proceso sancionatorio
mientras el acuerdo conciliatorio no fuera resuelto de fondo, pues ello
vulnera el principio de buena fe y el derecho de defensa, explicó la DIAN
que dicha solicitud no era viable, en la medida en que, al no ser aprobado
por la autoridad competente el acuerdo conciliatorio, no existían
fundamentos jurídicos que le impidieran a la entidad aduanera continuar
con el procedimiento administrativo de definición jurídica de la mercancía.

En este orden de ideas, manifestó que no había existido una falsa
motivación en los actos acusados, puesto que las razones expuestas por
la administración al tomar la decisión fueron acorde con la realidad
jurídica y fáctica, y en esos términos, señaló que la actora no desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos, ni en instancia administrativa, ni
dentro del presente proceso judicial, razón por la que las resoluciones
acusadas deben conservar su validez, en la medida en que la entidad
demandada dio cumplimiento a los principios orientadores contenidos en
el Decreto 2685 de 1999.

De otra parte, frente a la argumentación conforme a la cual la póliza solo
debía hacerse efectiva por el valor de la mercancía, puesto que, según la
actora, los tributos aduaneros ya habían sido cancelados en su totalidad,
señaló que el artículo 233 del Estatuto Aduanero establece la constitución

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de garantía que respalde el pago de los derechos aduaneros y el valor en
aduanas de las mercancías objeto de aprehensión, en caso de no
colocarse estas a disposición de la autoridad aduanera una vez en firme
el acto administrativo que ordena el decomiso. Por lo tanto, la afectación
de la póliza y su valor no es potestativa para la DIAN y, en esa medida,
no pueden calcular un valor diferente para la efectividad de la garantía.

2.5. La audiencia inicial y de alegaciones y juzgamiento

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011,
el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección “B” celebró audiencia inicial el 1 de agosto
de 201410, a la cual asistieron las partes demandante y demandada, así
como la representante del Ministerio Público. Se agotaron las etapas de
saneamiento y decisión de excepciones previas, en el siguiente sentido:

Frente a las excepciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:

“- A continuación se procede a decidir sobre las excepciones de falta de
agotamiento de vía gubernativa, autonomía administrativa, presupuestal y
patrimonial de la DIAN y falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas
por el apoderado de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la
advertencia de que según lo consagrado en el artículo 180 numeral 6 del Código
Contencioso Administrativo si bien la última de ellas tiene la connotación de ser
de mérito puede ser alegada como previa. Por razones metodológicas se analizará
en primer lugar la excepción procesal relacionada con la falta de legitimación en
la causa por pasiva; la excepción propuesta está sustentada en el hecho de que
dicha cartera ministerial no tuvo intervención en el trámite de la expedición de
los actos demandados. Al respecto, el Despacho encuentra que le asiste la razón
pues los actos administrativos de los cuales se discute su legalidad en este
proceso fueron proferidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) en los cuales la mencionada cartera ministerial no tuvo injerencia ni
participación alguna, por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 159 de la
Ley 1437 de 2011 carece de legitimación para actuar en el presente proceso por
pasiva; por consiguiente, ante la prosperidad de la excepción se excluye de este
proceso al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como integrante de la parte
demandada, circunstancia esta por la cual ya no es menester analizar el mérito
de la excepción de falta de agotamiento de vía gubernativa y de la falta de
agotamiento de requisito de procedibilidad.”

Posteriormente el despacho fijó el litigio en el siguiente sentido:

“Una vez analizada la solicitud de nulidad de los actos administrativos
demandados se concluye que la censura se concrete en dos cargos, a saber: a)

10
Páginas 222 a 226 Ibidem

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Demandante: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA

falsa motivación; b) la póliza solo debe hacerse efectiva por el valor de la
mercancía más no por los impuestos los cuales ya habían sido cancelados en su
totalidad al momento de la expedición de los actos administrativos demandados.
Frente a tales súplicas la sociedad Seguros del Estado S.A. en su calidad de
garante en el presente proceso coadyuva y complementa los cargos de nulidad
propuestos por el actor y la parte demandada se opone en su totalidad por
estimar que los actos administrativos se ajustan a las leyes vigentes por lo que
se opone a todas las pretensiones de la demanda por lo cual aduce en síntesis
las siguientes razones: los actos administrativos proferidos por la DIAN están
debidamente motivados pues se encuentran ajustados a derecho y las normas
que regulan la materia impiden constituir las pólizas de seguros con valores
menores al total de la mercancía decomisada.”

Seguidamente se surtieron las etapas de intento de conciliación, se
decidió sobre las solicitudes probatorias de las partes y se finalizó la
audiencia.

2.6. Mediante auto del 12 de septiembre de 201411, el Tribunal corrió
traslado para presentar alegatos de conclusión obteniendo lo siguiente:

2.6.1. La Compañía de Seguros del Estado presentó alegatos de
conclusión12 en los cuales reiteró lo manifestado en la contestación de la
demanda.

2.6.2. La DIAN presentó alegatos de conclusión13 en los cuales reiteró lo
manifestado en la contestación de la demanda.

2.6.3. La actora presentó alegatos de conclusión14 en los cuales reiteró
lo manifestado en la demanda.

2.6.4. El Ministerio Público emitió el concepto núm. 2014-05215 en el
cual manifestó lo siguiente:

“estima esta Procuraduría que en el caso concreto no se configuró la falsa
motivación, ya que la sanción impuesta obedece a que el importador omitió poner
a disposición de la autoridad aduanera las mercancías y teniendo en cuenta que
la conciliación extrajudicial fue improbada por el juez, este documento no hizo

11
Páginas 244 a 245 ibidem
12
Páginas 247 a 248 ibidem
13
Páginas 249 a 250 ibidem
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Páginas 251 a 253 ibidem
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Páginas 254 a 253 ibidem

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tránsito a cosa juzgada, en consecuencia, el importador tenía la obligación de
cumplir lo dispuesto por la autoridad aduanera, por lo cual el cargo no prospera.

(…)

(…) se equivoca el llamado en garantía al manifestar que únicamente se le
comunico de la decisión que resolvió el recurso de apelación, ya que quedo
demostrado que la Resolución No. 466 de 2013, ordeno la notificación de la
decisión a la compañía aseguradora, en consecuencia, no se violó el debido
proceso, ni el derecho de defensa. Por otra parte, no puede la compañía Seguros
del Estado S.A., esgrimir violación alguna teniendo en cuenta que, aunque le fue
notificada la decisión no interpuso ningún recurso, por lo cual, aunque tuvo la
oportunidad de controvertir la decisión no lo hizo, en consecuencia, el cargo no
prospera.”

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de 22 de enero de 201516 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección “B” negó las
pretensiones de la demanda, así:

“1°) Deniéguense las pretensiones de la demanda.

2) Condenase en costas al señor José Javier Gómez Fonseca según lo consagrado
en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2012, por Secretaria liquídense.

3°) Notifíquese esta providencia en los términos establecidos en el artículo 203
del Código Contencioso Administrativo.

4°) Devuélvase a la parte actora el remanente que hubiese a su favor por
concepto del depósito de expenses para atender los gastos ordinarios del proceso.

5°) Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente previas las constancias
secretariales de rigor.”

Como fundamento de su decisión se expusieron las siguientes
consideraciones:

3.1 En primer lugar, frente al cargo de falsa motivación, señaló el
Tribunal, luego de hacer un recuento del proceso administrativo
adelantado por la DIAN, que, una vez fue definida la situación jurídica de
la mercancía con la orden de decomiso, el importador tenía la obligación
de poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía decomisada
en forma inmediata, so pena de hacerse efectiva la póliza número 33-43-

16
Páginas 268 a 291 Ibidem

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100002149 de 3 de febrero de 2012, expedida por la compañía Seguros
del Estado S.A. a favor de la DIAN en cuantía de $222,710,088, como lo
preceptúa el artículo 233 del Decreto 2585 de 1999.

En ese orden, explicó que la parte actora no puso a disposición de la DIAN
la mercancía objeto de decomiso y, por ende, se declaró el incumplimiento
de la obligación; al respecto, el Tribunal aclaró que, si bien la parte actora
había suscrito un acuerdo conciliatorio con la DIAN en el que se autorizaba
el levante a la declaración de legalización voluntaria con número de
aceptación 23030016773986 de 4 de enero de 2012, lo cierto era que en
el expediente no se encuentra acreditado que tal acuerdo prejudicial
hubiere sido aprobado por la autoridad competente, requisito este
necesario para que produjera efectos jurídicos, según lo consagrado en el
artículo 24 de la Ley 640 de 2001.

Por lo anterior, adujo que la orden de decomiso de la mercancía se
encontraba en firme y por lo tanto la autoridad aduanera declaró el
incumplimiento de la obligación de poner a disposición la mercancía
objeto de decomiso y ordenó la efectividad de la póliza no. 33-43-
101002149, expedida el 3 de febrero de 2012 por la compañía Seguros
del Estado S.A., a favor de la DIAN.

Concluyó señalando que, luego de revisado el contenido de los actos
administrativos acusados, no existía una falsa motivación, puesto que,
entre los antecedentes legales y de hechos previstos en el ordenamiento
jurídico y la decisión tomada por la administración, no existía
incongruencia alguna.

Por lo tanto, en este caso concreto, la sustanciación fáctica en la que se
apoyó la administración sí corresponde a la realidad, ya que la decisión
de declarar el incumplimiento de la obligación aduanera y hacer efectiva
la póliza de seguros se basó en que la parte actora no puso a disposición
de la autoridad aduanera la mercancía decomisada.

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3.2 En segundo lugar, frente al cargo de que la efectividad de la póliza
solo debió hacerse por el valor de la mercancía, señaló el Tribunal que:

Explicó el Tribunal que el demandante sostuvo que la póliza solo debería
hacerse efectiva por el valor de la mercancía, ya que los tributos
aduaneros ya fueron pagados. Sin embargo, explicó el a-quo que el
artículo 233 del Decreto 2685 de 1999 establece que la garantía en
reemplazo de aprehensión debe cubrir tanto el valor de la mercancía como
el 100% de los tributos aduaneros que correspondan, cuando en el
proceso administrativo se determine su decomiso.

En ese orden, la Resolución núm. 1180 del 6 de junio de 2013, que
resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm.
0466 de 2013, se confirmó que la mercancía decomisada fue declarada
con un valor en aduanas de USD 89,526.40, según declaración de
aceptación núm. 352012000002158 de 4 de enero de 2012, a una tasa
de cambio para esa fecha de $1,949,56, lo que daba como resultado un
valor de $174,537,088, más el 100% de los tributos aduaneros,
equivalentes a $48,173,000 para un total de $222,710,000; es decir el
monto total por el que fue constituida la garantía.

En consecuencia, se concluye que la póliza debe cubrir el valor de la
mercancía y el 100% de los tributos aduaneros, como lo exige la norma,
y no únicamente el valor de la mercancía, como argumenta el actor. Por
tanto, el cargo presentado por el demandante no está llamado a
prosperar.

3.3 El Tribunal señaló que la sociedad Seguros del Estado S.A. alegó que
se le había vulnerado su derecho al debido proceso y defensa porque solo
fue notificada de la Resolución núm. 1180 de 2013, que resolvía el recurso
de apelación, y no de la Resolución núm. 0466 de 2013, que declaró el
incumplimiento de la obligación aduanera. Sin embargo, el Tribunal

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advirtió que la falta de notificación de un acto administrativo no generaba
su nulidad, sino su ineficacia o inoponibilidad frente al interesado, ya que
nadie puede ser obligado por una decisión que desconoce.

No obstante, el reproche argumentado por la compañía de seguros, según
el Tribunal, carecía de fundamento, porque en la Resolución núm. 0466
de 2013 se ordenó la notificación personal a Seguros del Estado S.A. y,
al no poderse realizar personalmente, la DIAN cumplió con lo dispuesto
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 y notificó el acto mediante aviso
enviado a la dirección de la aseguradora, informándole sobre la posibilidad
de interponer recursos dentro de los diez días siguientes a la entrega del
aviso. Sin embargo, la aseguradora no ejerció estos recursos.

Por lo tanto, la DIAN no vulneró los derechos al debido proceso ni de
defensa de Seguros del Estado S.A., ya que la aseguradora fue
debidamente notificada y tuvo la oportunidad legal de controvertir la
decisión, pero no hizo uso de los mecanismos de impugnación disponibles.

3.4 Por último, el Tribunal condenó en costas a la parte actora por resultar
vencida.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte demandante interpuso oportunamente recurso
de apelación contra la sentencia de 22 de enero de 201517, en el que
solicitó que se revoque la decisión adoptada, con sustento en los
siguientes planteamientos:

En primer lugar, explicó que, mediante la Resolución núm. 0466 del 1°
de marzo de 2013 y los actos administrativos subsiguientes, que hicieron
efectiva la póliza en reemplazo de la mercancía aprehendida y luego

17
Páginas 306 a 309 Ibidem

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decomisada, fundamentaron su decisión en la obligación que tenía la
actora de poner a disposición de la DIAN la mercancía una vez definida su
situación jurídica.

Adujo que, en el caso concreto, la administración y la parte actora estaban
interesados en conciliar; no obstante, el Juzgado Sexto Administrativo de
Bogotá, aplicando la Ley 446 de 1998, consideró que la conciliación no
era procedente en este tipo de procesos, ya que la definición de la
situación jurídica de la mercancía no es materia conciliable. Sin embargo,
la parte actora consideraba que dicho acuerdo conciliatorio debía
respetarse.

Frente a lo anterior, el recurrente manifestó que en el proceso se
encontraba acreditado que la administración no corrigió su actuación tras
admitir errores en el trámite y proponer la conciliación, lo que llevó a una
situación injusta y carente de lógica jurídica, al declarar el incumplimiento
basándose exclusivamente en un decomiso que estaba viciado de nulidad
por haberse reconocido un error previo y haberse propuesto la conciliación
antes de la aprehensión de la mercancía.

Enfatizó en la importancia de los principios de buena fe, debido proceso y
proporcionalidad en la actuación administrativa, resaltando en la
necesidad de que las sanciones tengan un fundamento legal, que
corresponda a una infracción real y se apliquen de manera proporcional
al daño ocasionado al Estado.

En síntesis, explicó que la DIAN debió reconsiderar su actuación a la luz
de la conciliación propuesta y de los errores admitidos en el trámite
administrativo, en vez de continuar con el proceso sancionatorio basado
en un decomiso cuya validez es cuestionable.

En segundo lugar, no compartió la argumentación del Tribunal referente
a que la póliza debía hacerse efectiva por la totalidad, porque, en su

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consideración, la norma aduanera señalaba que debe constituirse al 100%
del valor en aduana de la mercancía y al 100% de los tributos aduaneros,
y que así se constituyó exactamente, puesto que, si el administrado
pretende obtener la mercancía con la constitución de una póliza, es lo
debe hacer, en los términos y condiciones que señala el estatuto
aduanero; pero cosa distinta es el riesgo que se ampara y como debe
hacerse efectivo el siniestro.

En ese orden, procedió a describir el procedimiento seguido para la
nacionalización de una mercancía importada, detallando que, una vez
aceptada la declaración de importación, se deben cancelar los tributos
liquidados ante una entidad bancaria autorizada por la DIAN, y el banco,
al recibir el pago, coloca un autoadhesivo en la declaración que certifica
la realización de este; en este caso, el autoadhesivo núm.
01186030580233 del 9 de diciembre de 2011.

Posteriormente, explicó que la declaración obtuvo el levante núm.
352011000249155 del 15 de diciembre de 2011, lo que demuestra que el
proceso fue automatizado y que no es posible omitir pasos: si se otorga
el levante, es porque los tributos aduaneros fueron pagados en su
totalidad.

Indicó que el problema que motivó la aprehensión de la mercancía no fue
la falta de pago de tributos, sino la ausencia de la autorización para
importar textiles y sus manufacturas, exigida por el Decreto 1299 de 2006
y sus modificaciones. En ese orden, aclaró que la copia de la declaración
de importación, que reposa en el expediente, evidencia el pago de
$48,173,000 por tributos aduaneros, y la entidad no argumentó en ningún
momento que este pago no se hubiera realizado.

Continuó señalando que la póliza de garantía debe cubrir el valor en
aduana de la mercancía y los tributos aduaneros a que haya lugar. Sin
embargo, si los tributos ya fueron pagados, como en este caso, no pueden

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ser exigidos nuevamente al importador, pues ello implicaría un doble
cobro y un enriquecimiento injusto para la administración, y, en suma,
adujo que la efectividad de la póliza no siempre debe ser por el valor total;
si solo una parte de la mercancía no se entrega, la ejecución debe ser
proporcional.

Insistió en señalar que, en el caso concreto, el valor en aduana de la
mercancía es de $174,537,088 y por tributos aduaneros se cancelaron
$48,173,000, sumando un total de $220,710,088. Además, informó que
pagó por concepto de rescate, en la legalización posterior, la suma de
$34,907,000.

Por todo lo anterior explicó que la ejecución de la póliza debe limitarse al
valor en aduana, ya que los tributos fueron pagados y no pueden ser
cobrados dos veces, pues la norma es clara en que la garantía cubre
únicamente lo adeudado y no lo ya cancelado. Por lo tanto, solicitó que
se revoque la decisión que ordenó la ejecución total de la póliza, pues
hacerlo en estas condiciones resultaría injusto e ilegal, generando un
detrimento patrimonial para el importador y un enriquecimiento sin causa
para la entidad estatal.

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El 19 de febrero de 201518 el despacho sustanciador del Tribunal
concedió el recurso de apelación. Tras ser repartido entre los despachos
de la Sección Primera, el recurso fue admitido a través de proveído de 14
de mayo de 201519.

18
Página 312 Ibidem
19
Página 5 de archivo denominado ED_C4_01 OTROS - CUADERNO 04 APELACION SENTENCIA (.pdf) NroActua
34 - ubicado en el Índice 34 del Sistema de Gestión Documental SAMAI

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5.2. Mediante auto de 11 de septiembre de 201820 el despacho
sustanciador de la Sección Primera corrió traslado a las partes por el
término de diez días para que presentaran alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto. En dicha etapa se obtuvo lo
siguiente:

5.2.1. La parte demandante21 no presentó alegatos de conclusión, de
conformidad con lo señalado en la constancia secretarial del 29 de octubre
de 2018.

5.2.2. La DIAN reiteró la tesis que expuso en la contestación de la
demanda22.

5.2.3. El Ministerio Público no emitió pronunciamiento.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del CPACA y el artículo 1323 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de
esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto en segunda instancia.

6.2. Los actos administrativos acusados

20
Páginas 57 a 58 de archivo denominado CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 29 ubicado en el Índice 29
del Sistema de Gestión Documental SAMAI
21
Páginas 70 Ibidem
22
Páginas 65 a 69 Ibidem
23
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se
modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85,
86, 87, 88, 89 y 90. […]”.

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6.2.1. Resolución núm. 0466 del 1 de marzo de 201324, “POR MEDIO DEL
CUAL SE DECLARA DE OFICIO EL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION
ADUANERA Y SE ORDENA HACER EFECTIVA UNA GARANTÍA”, dictada por
La jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Buenaventura

6.2.2. Resolución núm. 0861 del 24 de abril de 201225, “POR MEDIO DE
LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE
APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 0466 DE
MARZO 1° DE 2013, EN LA CUAL SE DECLARA UN INCUMPLIMIENTO DE
UNA OBLIGACIÓN ADUANERA Y SE ORDENA HACER EFECTIVA LA
GARANTÍA”, dictada por la jefe de la División de Gestión de Liquidación
de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, en
el sentido de confirmar la decisión recurrida.

6.2.3. Resolución núm. 1180 del 6 de junio de 201326, “POR MEDIO DE
LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL
SEÑOR JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA CONTRA LA RESOLUCIÓN NO.
0466 DE MARZO 1° DE 2013, EN LA CUAL SE DECLARA UN
INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN ADUANERA Y SE ORDENÓ HACER
EFECTIVA LA GARANTÍA”, dictada por la jefe de la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

6.3. Problemas jurídicos

De conformidad con los fundamentos del fallo de primera instancia y el
recurso de apelación formulado por el demandante, le corresponde a la
Sala determinar si existió una falsa motivación de los actos acusados por
cuanto, según el recurrente, el hecho de existir un acuerdo conciliatorio

24
Páginas 21 a 28 de archivo denominado ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 34
ubicado en el Índice 34 del Sistema de Gestión Documental SAMAI
25
Páginas 33 a 38 Ibidem
26
Páginas 44 a 51 Ibidem

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entre la DIAN y el actor invalidaba las ordenes de (i) poner a disposición
de la entidad la mercancía que había sido decomisada, y (ii) hacer efectiva
la póliza de garantía al 100% por el incumplimiento de la anterior orden.

En el evento de ser negativa la respuesta al anterior problema, se deberá
resolver si es cierto que la DIAN debió hacer efectiva la póliza de garantía
únicamente por el valor de la mercancía en aduanas, puesto que, según
el apelante, la parte actora ya había cancelado los tributos aduaneros y,
en esa medida, el hecho de haber afectado la póliza al 100% (tributos
aduaneros y valor de la mercancía) se configuraba un doble pago.

De acuerdo con la respuesta a los anteriores interrogantes, la Sala
decidirá si hay lugar a revocar la sentencia que negó las pretensiones del
demandante.

6.4. Análisis del asunto

6.4.1. La parte actora, en el escrito de la demanda así como en el recurso
de apelación, insistió, en primer lugar, en señalar que en el presente caso
existía una falsa motivación de los actos acusados, por lo siguiente: (i) la
DIAN no tuvo en cuenta que había existido un acuerdo conciliatorio frente
a la actuación administrativa correspondiente al decomiso; (ii) el hecho
de que no fuera aprobada la conciliación por el Juez Sexto Administrativo
no desvirtuaba que la DIAN se había equivocado al aprehender y
decomisar la mercancía, y (iii) se equivocó la DIAN al haber declarado
incumplida la obligación de poner a disposición de la entidad aduanera
una mercancía aprehendida y haber hecho efectiva la póliza de garantida
al 100%, sin tener en cuenta que había existido un acuerdo conciliatorio
y que previamente se habían cancelado los tributos aduaneros.

En ese orden, la Sala procederá a trascribir las partes pertinentes de los
actos acusados, de la siguiente manera:

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6.4.1.1 Resolución núm. 0466 del 1 de marzo de 201327, “POR MEDIO
DEL CUAL SE DECLARA DE OFICIO EL INCUMPLIMIENTO DE UNA
OBLIGACION ADUANERA Y SE ORDENA HACER EFECTIVA UNA
GARANTÍA.”

“La investigación jurídica a resolver en el caso objeto de análisis, consiste, en
determinar el presunto Incumplimiento del Importador JOSE JAVIER GOMEZ
FONSECA con NIT 79.114.969, en lo inherente a la obligación de poner la
mercancía aprehendida con Acta No. 1350011POLFA del 26 de enero de 2012, a
disposición de la Aduana una vez determinado el Decomiso dentro del proceso de
definición de situación jurídica.

El decomiso se determinó con Resolución No. 0701 de marzo 30 de 2012 (folio
39-51), acto administrativo notificado por correo en fecha 04 de abril de 2012,
quedando debidamente ejecutoriado el día 29 de junio de 2012, después de haber
rechazado el Recurso de Reconsideración por parte de la División de Gestión
Jurídica.

Es necesario precisar que a través de Auto No.0315 de febrero 15 de 2012, la
mercancía consistente en “BOBINAS DE HILADOS TEXTURIZADOS DE NYLON
MARCA MEIDA”, fue entregada dentro del proceso de definición de situación
jurídica de la misma, ante la presentación y aceptación de la Garantía No. 33-43-
1010002149 de febrero 03 de 2012 expedida por la COMPANIA SEGUROS DEL
ESTADO S.A. con NIT 860.009.578 por valor de DOCIENTOS VEINTIDOS
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE
($222.710.088.oo) vigencia comprendida desde febrero 03 de 2013 hasta 03
mayo de 2013.

El objeto de la mencionada póliza establece; "Garantizar la obligación de poner
la mercancía a disposición de la aduana cuando en el proceso administrativo
determine su decomiso..."

Lo anterior se encuentra conforme con lo establecido en el Artículo 233° del
Decreto 2685/99 que a la letra dice:

(…)

A continuación, se procede analizar lo que establece la norma frente a los hechos;
en ese sentido es pertinente observar lo siguiente; La Resolución No. 0701 de
fecha 30 de marzo (folios 39-44), que ordena el decomiso y que se impugna
mediante presentación de recurso de reconsideración, quedó en firme en fecha
28 de junio de 2012, fecha desde la cual nace inmediatamente la obligación al
importador JOSE JAVIER GOMEZ FONSECA con NIT 79.114.969 de poner la
mercancía Aprehendida con Acta No. 1350011PGLFA del 26 de enero de 2012 a
disposición de la DIAN.

Para ser consecuente con lo anterior la Jefe de la División de Gestión de
Liquidación solicita a través de Oficio No. 0428 de noviembre 14 de 2012 (folio
32) al Jefe del G.l.T de Comercialización informe si el importador JOSE JAVIER
GOMEZ FONSECA con NIT 79.114.969 colocó la mercancía a disposición de la
autoridad aduanera, respuesta que se manifiesta en el Oficio No. 0897 de

27
Páginas 21 a 28 de archivo denominado ED_C1_01 OTROS - CUADERNO 01 PRINCIPAL(.pdf) NroActua 34
ubicado en el Índice 34 del Sistema de Gestión Documental SAMAI

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noviembre 14 de 2012 (folio 34) en el cual el Jefe del GIT Comercialización de
esta Dirección Seccional, informa:

“en atención a su oficio de la referencia me permito informarle que
verificado y realizado los cruces de información con el depósito Almagrario,
se pudo constatar que el importador JOSE JAVIER FONSECA no cumplió
con la obligación de colocar a disposición de la autoridad aduanera, la
mercancía consistente en bobinas de hilados texturizados, amparada en
el Diiam número 39351100714, conforme lo dispuesto en el acto 701 de
marzo 30 de 2012 confirmado mediante resolución 1371 del
26/06/2012...”

Como se aprecia del análisis anterior se concluye que efectivamente la Resolución
que determine el Decomiso de la mercancía; en este caso la Resolución 0701 de
marzo 31 de 2012, quedo en firme en fecha 28 de junio de 2012 después de
haberse resuelto el recurso de reconsideración por parte de la División de Gestión
Jurídica de esta Dirección Seccional, quedando claro que el importador JOSE
JAVIER GOMEZ FONSECA con NIT 79.114.969 debió colocar la mercancía a
disposición de la Autoridad Aduanera en forma inmediata y encontrando que
hasta el momento no se ha realizado.

Expuesto lo anterior, es importante mencionar que con el fin de dar cumplimento
al procedimiento establecido en el Artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, la
División de Gestión de Fiscalización mediante Oficio No. 008668 de fecha 16 de
noviembre de 2012 (folio 31) el Jefe de la División de Gestión de Fiscalización
solicita al importador JOSE JAVIER GOMEZ FONSECA con NIT 79.114.969 poner
a disposición de la Autoridad Aduanera, las mercancías amparadas en el Acta de
Aprehensión No. 1350011POLFA del 26 de enero de 2012, el cual allegue
respuesta a través de escrito radicado bajo No. 0038023 en fecha 05 de diciembre
de 2012 (folio 3) en el cual manifiesta que en Audiencia de conciliación
extrajudicial, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN presento
formula conciliatoria consistente en que se otorgue levante a la Declaración de
legalización voluntaria presentada dentro del desarrollo de la vía gubernativa,
resaltando que una vez aceptada la formula, las diligencias fueron trasladadas a
los Juzgados administrativos para que se profiera la aceptación de la conciliación
acordada.

En razón a lo anterior, la presente División dispone a través de Auto No. 2857 de
fecha 27 diciembre de 2012 (folios 54-56) ordenar periodo probatorio por el
termino de dos (2) meses con el fin de obtener la documentación legal que
demuestre la conciliación acordada entre las partes, así como la prueba de
aceptación de dicha formula por parte de la entidad competente.

Por lo tanto, a través de Oficio No. 0009, radicado con No. 0000113 en fecha 14
de enero de 2013 (folio 57) la presente División solicita a la Subdirección de
Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección con el
fin solicitar Copia Certificada del Acta de Conciliación No. 383-2012 de fecha 17
de octubre de 2012, en la cual se formula conciliación extrajudicial entre la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el importador JOSE JAVIER
GOMEZ FONSECA con NIT 79.114.969 copia de la Ficha Técnica y Certificación
del Acta, así como también Copia del Auto Aprobatorio de la misma, emitido por
parte del Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá.

Pese a lo anterior y cumplido el termino de dos meses dispuesto en el Auto No.
285 de diciembre 27 de 2012, la documentación requerida no fue allegada a este
Despacho y por ende la existencia de una conciliación acordada entre la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales y el importador JOSE JAVIER GOMEZ
FONSECA con NIT 79.114.969 no queda demostrada en el presente estudio,
resaltando que de acuerdo con las pruebas que conforman esta investigación, el

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importador incumple con la obligación de poner a disposición las mercancías
objeto de aprehensión, una vez en firme la Resolución No. 0701 de marzo 30 de
2012, que ordena el decomiso de las mismas.

Es necesario precisar que el Decomiso es un acto administrativo de carácter
particular valido y que adquirió firmeza cuando la División de Gestión Jurídica
rechaza el recurso de reconsideración interpuesto, agotando así la vía
gubernativa.

(…)

De la normatividad anterior, claramente se entiende que mal haría este Despacho
en no declarar el incumplimiento de la obligación aduanera respaldada con Póliza
de Seguros No. 33-43-1010002149 de febrero 03 de 2012 expedida por la
COMPANIA SEGUROS DEL ESTADO S.A. con Ni 860.009.578 toda vez que
ejecutoriado el acto administrativo que ordena el decomiso y la entrega de las
mercancías a la Autoridad Aduanera, el proceso de efectividad de la garantía
resulta independiente de actuaciones judiciales en curso adelantadas contra las
decisiones de la Autoridad Aduanera y discutidos por la misma en proceso de
Definición de Situación Jurídica de mercancías ya culminado, resaltando como lo
dice el concepto citado, la decisión del proceso judicial no es necesaria, al existir
suficientes elementos de juicio para evaluar los hechos la Seccional consideró
para proferir la actuación administrativo y no debe suspender dicho proceso por
la causal de prejudicialidad.

A fin de continuar con el proceso se acude al Artículo 530° del Decreto 2685/99
que trata de la efectividad de las garantías en los siguientes términos (…)

(…)

Visto lo anterior, la División de Gestión de Liquidación, a partir de la
documentación que reposa en presente investigación, determina el valor del
Incumplimiento Aduanero con base en el valor sobre el cual fue constituida la
garantía y que corresponde a DOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS
DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE ($222.710.088.oo) valor por el cual
será afectada la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales No.
33-43-1010002149 de febrero 03 de 2012 expedida por la COMPANIA SEGUROS
DEL ESTADO S.A. con NIT 860.009.578 por valor de DOCIENTOS VEINTIDOS
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE
($222,710,088.00) vigencia comprendida desde febrero 03 de 2012 hasta 03
mayo de 2013.

De igual forma, el Artículo 1081 del Código de Comercio establece que la
prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de la
disposiciones que lo rigen, podrá ser ordinaria o extraordinaria; la prescripción
ordinaria será de dos (2) anos, empieza a correr desde el momento en que el
interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la
acción y la prescripción extraordinaria será de cinco (5) anos y correrá contra
toda clase de persona y empezara a contarse desde que nace el respectivo
derecho.

(…)

En este orden de ideas, según el Artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000, la
División de Gestión de Liquidación tiene la competencia para declarar de oficio y
mediante Resolución motivada el Incumplimiento de las obligaciones respaldadas
con garantía bancarias o de compañía de seguros y en consecuencia ordenar su
efectividad por el monto correspondiente, previó procedimiento cuando su pago
no este condicionado a un procedimiento sancionatorio.

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(…)

RESULVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento al Importador JOSE JAVIER
GOMEZ FONSECA con NIT 79.114.969 de la obligación de poner a disposición
mercancías aprehendidas con Acta No. 1350011POLFA del 26 de enero de 2012,
por la suma de DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS diez mil
OCHENTA Y OCHO pesos M.CTE ($222,710,088,00), según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la efectividad de la Póliza No 33-43-1010002149
de febrero 03 de 2012 expedida por la COMPANIA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
con NIT 860.009.578 a favor de la Nación - UAE Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, en la suma de DOCIENTOS VEINTIDOS
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M.CTE
($222.710.088.oo).

ARTICULO TERCERO: Determinar cómo obligación a pagar la suma liquida de
dinero de DOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL OCHENTA
Y OCHO PESOS M.CTE ($222,710,088.00) y que debe ser consignada en Recibo
Oficial de Pagos de Tributes Aduaneros, en las entidades Bancarias autorizadas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y acreditar el pago
ante esta dependencia.” (…)

6.4.1.2 Resolución núm. 0861 del 24 de abril de 201228, “POR MEDIO DE
LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE
APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. 0466 DE
MARZO 1° DE 2013, EN LA CUAL SE DECLARA UN INCUMPLIMIENTO DE
UNA OBLIGACIÓN ADUANERA Y SE ORDENA HACER EFECTIVA LA
GARANTÍA”, en el sentido de confirmar la resolución recurrida:

“Como primera medida, la Resolución impugnada expresa los motives que dieron
lugar a al pronunciamiento sobre el incumplimiento de la obligación y la
efectividad de la póliza, con base en hechos que se tienen como ciertos tales
como la Resolución No. 0701 de marzo 30 de 12012 (folios 06-11) proferida por
la División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, la cual ordena
el decomiso de las mercancías objeto de aprehensión y dejarla a disposición de
la Autoridad Aduanera en forma inmediata.

(…)

Es entonces que conforme lo expuesto por el interesado, la Autoridad Aduanera
presento formula conciliatoria consistente en otorgar levante a la Declaración de
Legalización con Autoadhesivo No. 23030016773986 de enero 04 de 2012,
presentada de manera voluntaria previamente al proceso de aprehensión,
resaltando que el Acta de Conciliación fue repartida al Juzgado 6 Administrativo
de Circuito de Bogotá en donde se encuentra en trámite, manifestando así que
ninguna de las decisiones adoptadas respecto del decomiso de las mercancías y
por ende la declaratoria de Incumplimiento proferida mediante Resolución 0461
28
Páginas 33 a 38 Ibidem

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de marzo 01 de 2013, no proceden toda vez que aún no se ha definido la totalidad
del proceso iniciado, violando así el derecho de defensa dado que se configure la
violación del debido proceso contemplado en la legislación aduanera y en
Constitución Política Nacional.

Ahora, teniendo en cuenta el argumento expuesto por el recurrente es importante
mencionar que conforme lo establecido en el Artículo 3° de la Ley 640 de 2001,
el proceso de Conciliación extrajudicial se realiza antes o por fuera de un proceso
judicial, denominándose en derecho cuando se realice a través de los
conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de
funciones conciliatorias.

Según lo dispuesto en el Artículo 24 de la ley precitada, las actas que contengan
conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se
remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración,
al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial
respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o aprobación.

Es entonces que según lo manifestado por el recurrente y documentos allegados
al expediente en curso, la Autoridad Aduanera y el importador concilian autorizar
levante de mercancías amparadas en Declaración de Legalización No.
23030016773986 de enero 04 de 2012, presentada por el declarante AGENCIA
DE ADUANAS CICOREX LTDA NIVEL en representación del importador JOSE
JAVIER GOMEZ FONSECA NIT 79.114.969, presentada con antelación a la
Aprehensión adelantada mediante Acta No. 13500011POLFA de fecha 26 de enero
de 2012 y en la cual el declarante liquida y cancela sanción equivalente al 20%
del valor en aduana de las mercancías, conforme lo establecido en el Artículo 231
del Decreto 2685 de 1999.

La anterior conciliación registrada mediante Acta No. 383-2012 de septiembre 20
de 2012 ante la Procuraduría General de la Nación (folio 87)

Visto lo anterior y revisadas las pruebas allegadas a la presente investigación de
la aprobación o improbación del Acta de Conciliación acordada por las partes, aún
no ha sido manifestada por parte del Juzgado Administrativo al cual fueron
remitidas las diligencias, razón por la que de no existir Auto Aprobatorio proferido
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las acciones adelantadas
carecen de mérito ejecutivo, aclarando que tal situación se surte una vez
ejecutoriada Acta del Acuerdo y el Auto Aprobatorio de la misma.

(…)

En este orden de ideas es necesario nuevamente precisar que el Decomiso es un
acto administrativo de carácter particular, valido y que adquirid firmeza cuando
la División de Gestión Jurídica rechaza el recurso de reconsideración interpuesto,
agotando así la vía gubernativa, por lo que se trae a colación lo establecido en la
Circula 0124 de 1997 que manifiesta que la legislación aduanera ratifica la
competencia de la DIAN para aprehender, Decomisar y disponer de las
mercancías, al igual que determinación del valor aduanero de las mismas,
resaltando que además del proceso penal que se siga por la comisión de dichos
delitos, la Dirección Seccional adelantara los procesos administrativos en forma
independiente sin que pueda alegarse prejudicialidad alguna, respecto de
procesos judiciales. En consecuencia, la mercancía aprehendida será decomisada
y comercializada por la DIAN, quedando a su disposición, sin perjuicio de los
procesos que deban adelantar las autoridades judiciales.

(…)

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Visto lo anterior se entiende, que la garantía constituida cubre completamente el
valor en aduana de la mercancía objeto de aprehensión y el 100% de los tributes
aduaneros causados, resaltando que la disposición de la misma es posible porque
aunque no se han cancelado los tributes aduaneros dado que la declaración inicial
presentada No produce efecto al no haber obtenido levante conforme los
establecido en el Artículo 132 del Decreto 2685 de 1999, si existe una garantía
que está cubriendo el riesgo que el declarante no los cancele, aclarando que si
las mercancías no son puestas a disposición de la Autoridad Aduanera una vez en
firme la Resolución que ordena el Decomiso, se hará efectiva la garantía por el
monto asegurado; que en este caso asciende a la suma de DOSCIENTOS
VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($222,710,000) M.CTE.

(…)

Mal haría este Despacho en ordenar la efectividad de la garantía constituida en
reemplazo de aprehensión, excluyendo de la misma el cobro del valor de los
tributes aduaneros causados y que no se consideran cancelados, dado que como
se resaltó anteriormente, la declaración de importación presentada en la cual los
mismos son liquidados y pagados, no produce efecto ante la Autoridad Aduanera
luego de ser aprehendidas por esta, siendo legalmente procedente ordenar la
efectividad por el monto total asegurado.

En conclusión, existe plenitud probatoria para que la DIAN no reponga el acto
atacado, quedando más que demostrado que el interesado no colocó a disposición
de esta Seccional la mercancía aprehendida mediante Acta No.13500011POLFA
de enero 26 de 2012, de conformidad con los documentos soporte del presente
libro investigative. Así las cosas, no puede esta instancia aceptar los argumentos
expuestos por el memorialista, es por ello que el importador JOSE JAVIER GOMEZ
FONSECA NIT 79.114.969 incurra en el incumplimiento de la obligación que tenía
con esta Dirección Seccional, generando la declaratoria del mismo y se haga
efectiva la póliza No. 33-43-1010002149 de febrero 03 de 2012, expedida por
parte de la COMPANIA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT 860.009.578 y
constituida en reemplazo de aprehensión.”

6.4.1.3 Resolución núm. 1180 del 6 de junio de 201329. “POR MEDIO DE
LA CUAL SE RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL
SEÑOR JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA CONTRA LA RESOLUCIÓN NO.
0466 DE MARZO 1° DE 2013, EN LA CUAL SE DECLARA UN
INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN ADUANERA Y SE ORDENÓ HACER
EFECTIVA LA GARANTÍA”, en el sentido de confirmar la resolución
recurrida:

“Se alega por parte del señor José Javier Gómez Fonseca que el decomiso que da
origen a la efectividad de la garantía fue conciliado por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, lo que pierda su piso legal la exigibilidad de la póliza No.
3343-1010002148 (folios 21-22) por no haberse puesto a disposición de la
autoridad aduanera la mercancía objeto de decomiso.

(…)

29
Páginas 44 a 51 Ibidem

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A pesar de lo anterior, este Despacho adelanto los trámites pertinentes tendientes
a determinar la existencia o no del auto aprobatorio del referido acuerdo
conciliatorio, obteniéndose los siguientes resultados:

El acuerdo conciliatorio contenido en el Acta No, 383-I012, correspondió por
reparto al Juzgado 6 Administrativo del Circuito de Bogotá en cumplimiento de lo
ordenado por el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, expediente que fue aperturado
bajo el radicado 2013-074y en el que mediante Auto del 07 de marzo de 2007
ese Despacho imprueba la conciliación que nos ocupa, auto que es apelado por
el interesado (José Javier Gómez Fonseca) siendo entonces enviado el expediente
al Tribunal ©contencioso Administrativo de Cundinamarca para que se resuelva
dicho recurso.

A folio 99 del expediente obra consulta de procesos realizada al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la cual se observa que mediante© Auto
Interlocutorio del 23 de mayo de 2013 se inadmite el Recurso de apelación
presentado, lo que significa que se encuentra en firme el auto que imprueba dicho
acuerdo por ende la conciliación aludida por el señor José Javier Gómez Fonseca
como fundamento para archivar la presente Investigación, carece de bases
legales para tal fin.

El que no haya sido aprobado el acuerdo conciliatorio por el juez Competente,
traer como consecuencia que el acto administrativo que Ordena el Decomiso de
la mercancía que da origen a la exigibilidad de la póliza de seguros No. 33-
491010002140 y el que folla el recurso se encuentren en firma, por ende es
totalmente ajustado a derecho en esta etapa procesal confirmar lo ordenado por
la División de Gestión de Liquidación de esta Dirección Regional mediante
Resolución No. 0466 del 01 de marzo de 2013.

(…)

Para el caso que nos ocupa, la mercancía que debió ponerse a disposición de la
autoridad aduanera por parte del señor JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA, fue
declarada con un valor en aduanes de USD 89,526.40 USD según declaración de
aceptación núm. 352012000002158 de 4 de enero de 2012 (folios 100-101) a
una tasa de cambio para esa fecha de $1,949,56 lo que nos da un valor de
$174,537,088 más el 100% de los tributes aduaneros equivalentes a
$48,173,000 para un total de $222,710,000, lo que significa que es el valor por
el que se debe hacer exigible la póliza en cumplimiento de lo previsto por el
artículo 233 del Decreto 2685 de 1999.”

6.4.1.4 De igual manera, la Sala considera importante trascribir los
apares más importantes del acta conciliación, así:

6.4.1.4.1 Acta núm. 383 – 2012 - CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL30

“(…) así las cosas el comité de conciliación de la DIAN presenta formula
conciliatoria consistente en otorgar el levante correspondiente a la declaración de
la legalización voluntaria con numero de aceptación 352012000002158 de 04 de
enero de 2012 y autoadhesivo 23030016773986. Allegue certificación No. 931 de
fecha 16 de octubre de 2012 suscrita por la subdirectora de gestión externa en

30
Páginas 59 a 60 Ibidem

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30

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la que consta la decisión del comité de conciliación de la DIAN un (01) folio. Acto
seguido hace uso de la palabra la apoderada del convocante: acepto la propuesta
hecha por la apoderada de la DIAN en los términos antes anotados.

El suscrito Procurador pone de presente que existen varias decisiones de la
Sección Primera del Consejo de Estado en las que han manifestado, que en los
asuntos en que se controvierten decomisos por efectos de la importación de
mercancías no son asuntos conciliables de acuerdo la ley 863 de 2003, posición
de la que respetuosamente se aparta el despacho por considerar que dicha norma
estuvo diseñada para hacer efectivo el recaudo tributario por un tiempo limitado
y por considerar que dicha norma no se encuentra hoy vigente. Bajo esta
consideración considera el despacho que el asunto en mención no reviste el
carácter tributario y en consecuencia puede ser objeto de conciliación y así surtir
el trámite correspondiente.

Así las partes (CONCILIAN INTEGRALMENTE) en los términos antes anotados El
Procurador Decimo Judicial II Administrativo, por considerar que en principio el
acuerdo conciliatorio se ajusta al cuadro normative que regula la materia, se
dispone el envío de las diligencias a los Juzgados Administrativos del circuito de
Bogotá (Reparto) de esta ciudad, a efecto de que imparta su aprobación o
aprobación (artículo 24 de la Ley 640 de 2001) dentro de sus competencias.
Igualmente. manifiesta que en virtud de los artículos 66 y 70 de la Ley 446 de
1998, al regular los efectos de los acuerdos conciliatorios, entre ellos los que
surjan del trámite conciliatorio administrativo ante la Procuraduría General de la
Nación, establece que el acta del acuerdo y el auto aprobatorio proferido por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, debidamente ejecutoriado, hacen
tránsito a cosa juzgada y prestaran merito ejecutivo, y que las partes se declaran
recíprocamente, a paz y salvo por el concepto conciliado y que no habrá lugar a
ninguna reclamación extrajudicial o judicial por el mismo concepto una vez
aprobada y ejecutoriada la anterior conciliación. por el Juez Administrativo de
Bogotá (Reparto), y cancelada la misma. (…)”.

6.4.2. Bajo el anterior contexto, la Sala se pronunciará frente al
argumento de la parte actora mediante el cual sostuvo que existió una
falsa motivación en los actos acusados.

Para abordar el análisis del cargo de falsa motivación, la Sala recordará
el concepto que ha desarrollado la jurisprudencia de esta Corporación
frente a la falsa motivación como causal de nulidad de los actos
administrativos:

“El citado vicio de nulidad en cuestión debe ser entendido desde tres (3)
enfoques distintos, a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación
en derecho y la indebida motivación, aspectos estos que deben ser analizados
siempre desde el contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo
su alcance interno, lo que impone que el análisis haga referencia a lo que
expone el acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.

Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el
cuestionamiento acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como
fundamento para expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que

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son falsos, el Juez no tiene opción diferente que acoger la pretensión de
nulidad que se funda en la mencionada argumentación, si ellos son
determinantes para la decisión que el acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a
atacar los supuestos jurídicos esgrimidos en la parte motiva y que sustentan
la expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa
que invoca la Administración no tiene el alcance para definir la situación
jurídica en el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad será la de
desaparecer del orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación emerge del análisis del acto a partir de
cinco (5) tipos de inferencias lógicas que se excluyen entre sí, pues cada una
de ellas depende de la tesis y sus fundamentos, y se presenta cuando la
decisión vertida en la parte resolutiva del acto no es la causa eficiente de lo
expuesto en la parte motiva. El impugnante entonces puede controvertir la
certeza de lo expuesto en cada una de ellas para determinar que lo definido
en el acto no es eficiente para producir la decisión. (...).31 (Énfasis de la Sala).

Descendiendo del abordaje jurisprudencial a su aplicación en la valoración
del asunto sub examine, encuentra la Sala que la parte demandante
aduce que se configura el vicio de la falsa motivación en los actos
cuestionados por cuanto la DIAN: (i) no tuvo en cuenta el acta de
conciliación celebrado entre la entidad aduanera y la actora, en donde se
evidenciaban los errores cometidos en el procedimiento que ordenó el
decomiso y en esa medida resultaba injusta la declaración de
incumplimiento de la obligación de poner a disposición de la entidad
aduanera la mercancía decomisada, y (ii) hacer efectiva la póliza de
garantía al 100% por cuanto, en consideración de la actora, esta había
cancelado los tributos aduaneros con anterioridad y, en esa medida, en el
presente caso se advertía un doble pago.

6.4.2.1 Ahora bien, dentro del expediente administrativo se advierte que
la DIAN, mediante la Resolución núm. 0701 expedida el 30 de marzo de
2012, ordenó el decomiso de la mercancía, el cual fue confirmado
mediante la Resolución núm. 1371 del 26 de junio de 2012, con
fundamento en que la autorización para importar textiles se encontraba
vencida al momento de la importación.

31
Sentencia de 28 de abril de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Actor: Nicolás Arango Vélez. Demandado:
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Radicado núm. 47001 23 31 000 2012 00414 01.

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Demandante: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA

Asimismo, se tiene que dicha entidad aduanera, mediante las resoluciones
acusadas en este proceso, declararon el incumplimiento de las
obligaciones adquiridas por el demandante y ordenaron hacer efectiva la
Póliza de cumplimiento de disposiciones legales expedida por la compañía
aseguradora Seguros del Estado S.A.

Ahora bien, la sociedad actora planteó en el recurso de apelación que la
DIAN no podía declarar el incumplimiento de la obligación de la entrega
de la mercancía y hacer efectiva la póliza de cumplimiento porque, en su
consideración, la situación jurídica de la mercancía no se encontraba
definida, por cuanto los actos que ordenaron el decomiso no tuvieron en
cuenta el acta de conciliación 383 – 2012.

Ahora bien, se advierte, tal y como lo señaló el Tribunal, que los actos
administrativos que ordenaron el decomiso se encontraban en firme, por
cuanto el acta de conciliación a la que alude la actora había sido
improbada por el Juzgado 6 Administrativo del Circuito de Bogotá, y así
mismo, el recurso de apelación presentado en contra de esa decisión
había sido rechazado por el Tribunal administrativo de Cundinamarca
(hechos que no fueron objeto de controversia en sede judicial), de
conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 640 de 200132.

De lo anterior se advierte que, para la fecha en que se expidieron los
actos demandados, las resoluciones que sirvieron de fundamento para
que la DIAN declarara el incumplimiento de una obligación e hiciera
efectiva la póliza de garantía se encontraban en firme, de conformidad
con lo establecido en el numeral 2 del artículo 87 del CPACA; y en esa
medida, una vez adquirido el atributo de la firmeza y, consecuentemente,
el de la ejecutoria, los actos que ordenaban el decomiso resultaban de

32
ARTICULO 24. APROBACION JUDICIAL DE CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN MATERIA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo
contencioso administrativo se remitirán a mis tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración,
al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción Judicial respective, a efecto de que
imparta su aprobación o aprobación. El auto aprobatorio no será consultable."

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Demandante: JOSÉ JAVIER GÓMEZ FONSECA

obligatorio cumplimiento, a menos que fueren anulados por esta
jurisdicción o concurriere alguna de las causales de pérdida de ejecutoria
indicadas taxativamente en el artículo 91 del ejusdem, situación que no
ocurrió en el presente caso.

En suma, de lo anterior se debe tener en cuenta que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 89 del CPACA, los actos que queden en firme al
concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos,
para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos
necesarios para su cumplimiento33; en esa medida, la Sala advierte que
en este punto no existió una falsa motivación por parte de la DIAN en los
actos acusados, por cuanto los mismos se sustentaron en la realidad
fáctica y jurídica del caso bajo estudio.

De ahí que el cargo planteado por el apelante no está llamado a prosperar,
por cuanto la ejecutoria de los actos administrativos que decretaban el
decomiso y ordenaban poner a disposición la mercancía no se
encontraban supeditados a alguna situación jurídica que afectaran su
firmeza ni su carácter ejecutorio.

Ahora, no desconoce la Sala que el apelante insiste en que resulta injusto
que, reconociendo su error al adelantar el decomiso de la mercancía, la
DIAN declare el incumplimiento de la obligación y haga efectiva la
garantía; a este respecto, lo que observa la Sala es que estamos ante dos
escenarios distintos, pues lo que aquí se reprocha es que el actor no haya
puesto a disposición de la DIAN la mercancía que fue decomisada, pues
aquella obligación bien hubiera podido cumplirse, independientemente del
resultado de esta última actuación.

33
“[…] Artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo disposición
legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan
ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad.
Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional. […]”.

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34

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6.4.2.2 Ahora bien, la Sala se pronunciará al cargo de falsa motivación
relacionado con que la DIAN no debió hacer efectiva la póliza de garantía
al 100% por cuanto, en consideración de la actora, esta había cancelado
los tributos aduaneros con anterioridad, y, en esa medida, en el presente
caso se advertía un doble pago.

Para determinar lo anterior se verificará cual fue el compromiso adquirido
por la actora, así

Mediante oficio del 7 de febrero de 201234, el importador, José Javier
Gómez Fonseca, a través del declarante AGENCIA DE ADUANAS CICOREX
SAS, presentó la póliza núm. 33-43-101002149 de fecha 03 de febrero
de 2012, en los siguientes términos:

El objeto de la póliza 33-43-101002149 de fecha 03 de febrero de 201235
presentada, era la de “GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN DE PONER LA
MERCANCÍA A DISPOSICIÓN DE LA ADUANA CUANDO EN EL PROCESO
ADMINISTRATIVO SE DETERMINE SU DECOMISO SEGÚN ACTA DE

34
Página 36 del archivo denominado ED_C3_01 ANEXOS - CUADERNO 03 PRUEBAS Y ANEXOS -
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS (.pdf) NroActua 34 ubicado en el Índice 34 del Sistema de Gestión
Documental SAMAI
35
Página 38 Ibidem

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APREHENSIÓN NO 13500011FISCA DE ENERO 26 DE 2012 DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 233 DEL DECRETO 2685 DE
1999 Y 522 DE LA RESOLUCIÓN 4240 DE 2000 Y SUS ADICIONES Y/O
MODIFICACIONES”

En ese orden, resulta necesario trascribir el artículo 233 del Decreto 2685
de 1999, que señala:

“ARTICULO 233. GARANTÍA EN REEMPLAZO DE APREHENSIÓN.

<Artículo modificado por el artículo 4 del Decreto 4431 de 2004. El nuevo texto
es el siguiente:> La autoridad aduanera podrá autorizar la entrega de las
mercancías aprehendidas, cuando sobre estas no existan restricciones legales o
administrativas para su importación, o cuando se acredite el cumplimiento del
respectivo requisito, previo el otorgamiento, dentro del término para presentar el
documento de objeción a la aprehensión de que trata el artículo 505-1 del
presente decreto, de una garantía por el valor en aduana de la misma y el
ciento por ciento (100%) de los tributos aduaneros a que hubiere lugar,
cuyo objeto será respaldar en debida forma la obligación de poner la
mercancía a disposición de la Aduana, cuando en el proceso
administrativo se determine su decomiso. El término de constitución será
fijado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El reemplazo de la aprehensión de la mercancía por la garantía de que trata el
inciso anterior se deberá solicitar en el documento de objeción a la aprehensión
anexando la garantía correspondiente, sobre la cual se pronunciará la autoridad
competente a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación.

Contra la negativa de la solicitud procederá el recurso de reposición que se
resolverá dentro de los tres (3) días siguientes a su interposición.

El otorgamiento de la garantía, de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior,
permite la disposición del bien por parte del declarante.

La garantía se hará efectiva cuando una vez ordenado el decomiso de la
mercancía, esta no pueda colocarse a disposición de la autoridad
aduanera, por haber sido consumida, destruida o transformada. Si la mercancía
es un bien no perecedero y se ha ordenado su decomiso, deberá presentarse
declaración de legalización, en la que se cancele, además de los tributos
aduaneros, el rescate en los términos previstos en el artículo 231 del presente
decreto, so pena de que se haga efectiva la garantía.

Una vez se haga efectiva la garantía, no procederá la imposición de sanción
alguna, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda hacer efectivo el
decomiso, cuando no se hubiere presentado declaración de legalización de
mercancías no perecederas.

Cuando en el proceso administrativo se determine que no había lugar a la
aprehensión, la garantía no se hará efectiva y se devolverá al interesado.

PARÁGRAFO. No habrá lugar a la constitución de la garantía en reemplazo de
aprehensión, cuando no sea procedente la presentación de la declaración de

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legalización de las mercancías aprehendidas en los términos previstos en este
decreto.” (Subrayas de la Sala)

Y, al respecto del procedimiento para hacer efectiva la póliza, es
procedente citar el artículo 530 de la Resolución 4240 de 2000:

ARTÍCULO 530. PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS GARANTÍAS CUYO
PAGO NO ESTA CONDICIONADO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO PREVIO.

En aquellos eventos en los que las garantías deban hacerse efectivas, sin que
medie un procedimiento administrativo para la imposición de sanción por
infracción aduanera o para la definición de la situación jurídica de una mercancía,
o para la expedición de una liquidación oficial, la Dependencia competente
deberá, dentro del mes siguiente a la fecha en que establezca el incumplimiento
de la obligación garantizada, comunicar al usuario o responsable este hecho,
otorgándole un término de diez (10) días para que dé respuesta al oficio o
acredite el pago correspondiente o el cumplimiento de la obligación, si a ello
hubiere lugar.

Vencido el término anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el
pago o el cumplimiento de la obligación, se remitirá el expediente a la
División de Liquidación para que dentro de los quince (15) días siguientes
profiera la resolución que declare el incumplimiento de la obligación y,
en consecuencia, ordene hacer efectiva la garantía por el monto
correspondiente. Esta providencia se notificará conforme a lo previsto en el
Código Contencioso Administrativo y contra ella procederán los recursos previstos
en el mismo Código.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la citada resolución, el
usuario, el Banco o la Compañía de Seguros deberá acreditar, con la presentación
de la copia del Recibo Oficial de Pago en Bancos la cancelación del monto
correspondiente. Vencido este término, sin que se hubiere producido dicho pago,
se remitirá el original de la garantía y copia de la resolución con la constancia de
su ejecutoria a la División de Cobranzas.”

De todo lo anterior, se advierte que, de la revisión de la póliza otorgada
por la actora, ésta estaba dirigida a garantizar la obligación de poner la
mercancía a disposición de la aduana cuando en el proceso administrativo
se determinara su decomiso, condición que se encuentra cumplida en el
presente proceso; por lo tanto, le era exigible a la DIAN hacer efectiva la
póliza, como efectivamente aconteció.

Ahora bien, frente a la inconformidad del apelante de que la póliza se
hiciera efectiva al 100%, es necesario precisar que dicha garantía
correspondía al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por
solicitud del mismo importador y que fueron aceptadas por la

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DIAN. Al respecto, debe considerarse que la aceptación de garantías
contiene una serie de instrucciones que imparte la entidad al importador
y que éste está obligado a cumplir; por lo tanto, la administración la debía
hacer exigible bajo los términos establecidos en su expedición.

De otra parte, el apelante manifiesta haber pagado los tributos aduaneros
con la declaración de legalización con aceptación núm. 352012000002158
del 4 de enero de 2012 y con autoadhesivo núm. 23030016773986; no
obstante, en el presente caso, en consideración de la Sala, la DIAN no
estaba realizando un nuevo cobro de tributos aduaneros, sino que estaba
haciendo efectiva una póliza que garantizaba la obligación de poner a su
disposición una mercancía decomisada, que constaba de la suma
resultante del valor en aduana de la mercancía y el ciento por ciento
(100%) de los tributos aduaneros a que hubiere lugar, “cuyo objeto
será respaldar en debida forma la obligación de poner la
mercancía a disposición de la Aduana, cuando en el proceso
administrativo se determine su decomiso.”36, es decir, que el valor
de la póliza de garantía lo que busca es garantizar la entrega de la
mercancía y no el pago de los tributos aduaneros. Por lo tanto, la Sala
advierte que, en este punto, tampoco existió una falsa motivación por
parte de la DIAN en los actos acusados.

Finalmente, la Sala tampoco encuentra que la afectación de la póliza de
la garantía se constituya en una fuente de enriquecimiento de la parte
demandada o del propio Estado, dado que esta correspondió al valor
fijado de conformidad con el artículo 233 del Estatuto Aduanero.

6.4.3. De acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala confirmará
la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca - Sección Primera - Subsección “B”- el 22 de enero de
2015, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda.

36
Artículo 233 del Decreto 2685 de 1999

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6.5. Condena en costas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y el
numeral 1 del artículo 365 del CGP, “Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso (…)”

Al respecto, el artículo 361 del CGP establece que las costas se integran
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las
agencias en derecho, y solo habrá lugar a su imposición, de acuerdo con
el numeral 8 del artículo 365 ibidem, “cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación”.

En este asunto, el recurso fue resuelto de manera favorable a quien lo
propuso y, comoquiera que no está acreditada la causación de gastos
procesales, la Sala no condenará en costas por dicho concepto. Por otra
parte, en cuanto a las agencias en derecho, revisado el expediente, se
advierte la intervención de la demandada en segunda instancia con la
radicación del memorial de alegatos de conclusión por parte de su
apoderado37.

Así las cosas, y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 1° del
artículo 366 del CGP38, se condenará en costas al señor José Javier Gómez
Fonseca, por concepto de agencias en derecho, al pago de la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. Lo anterior en
aplicación de lo previsto en el capítulo III, artículo sexto, del Acuerdo

37
Páginas 112 a 117 - Índice 35 Sistema de Gestión Documental SAMAI - archivo denominadoED_C03_01
OTROS-CUADERNO 3 APELACIÓN SENTENCIA (.pdf) NroActua 35
38
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:

(…)

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.”

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39

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núm. 1887 de 27 de agosto de 2003, sobre las tarifas de las agencias en
derecho para los procesos Contencioso Administrativos39.

6.6. Reconocimiento de personería

Se aceptará la renuncia al poder del abogado Carlos Orlando Saavedra
Trujillo en calidad de apoderado de la DIAN, en aplicación del inciso cuarto
4º del artículo 76 del CGP40, visible la anotación núm. 28 del historial de
actuaciones del proceso disponible en SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de enero de 2015
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca - Sección
Primera - Subsección “B”.

SEGUNDO: CONDENAR en costas al José Javier Gómez Fonseca, por
concepto de agencias en derecho, al pago de la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de la DIAN

TERCERO: ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado Carlos
Orlando Saavedra Trujillo al poder que le fue conferido para representar
a la DIAN, por cumplir las exigencias previstas en el inciso 4º del artículo
76 del CGP.

39
“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […]
III
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. […]
3.1.3. Segunda instancia.
[…]
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia.”
40
Anotación núm. 50 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI.

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CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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