Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-00810-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2014-00810-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2014-00810-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
24 de octubre de 2024
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 00810 01
Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 25000 23 41 000 2014 00810 01
Actor: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Tesis: No son nulos, por vulneración de norma superior, concretamente por
desconocer el principio de tipicidad, los actos que, en criterio de la accionante, le
impusieron una sanción reprochando el incumplimiento del deber de verificación
continua de las presiones de red durante todo el periodo de vigencia del proyecto, si
el orden jurídico no exige ningún tipo de periodicidad específica y únicamente refiere
a que dichos controles deben efectuarse conforme a lo dispuesto en los manuales
correspondientes.
No es cierto que en la parte considerativa de los actos acusados se afirme
contradictoriamente que las mediciones de presiones no se realizaban conforme a los
manuales de operación, pero también que éstos no existen, y al mismo tiempo se
desconozca que fueron aportados con el recurso de reposición en el procedimiento
administrativo.
No es cierto que la actora haya cumplido el deber de instalar macromedidores en la
operación de la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.
No es cierto que la accionante haya cumplido con la obligación de exhibir los manuales
de operación y mantenimiento.
No son nulos, por infringir el derecho de defensa, los actos administrativos que
impusieron una sanción a una empresa de servicios públicos, si la SSPD no modificó
el cargo de imputación referido a la existencia de los manuales al resolver el recurso
de reposición.
No son nulos, por violación del principio de imparcialidad, los actos que impusieron
una sanción a una empresa de servicios públicos, si la dependencia que formuló
cargos no fue la misma que practicó una prueba en sede de reposición para confirmar
la contravención indicada en la primera de las citadas decisiones.
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 00810 01
Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
No son nulos, por desviación de poder, los actos que impusieron una sanción a una
empresa de servicios públicos, si no se demostró el fin espurio o perverso que
determinó la expedición de los citados actos.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 29 de octubre de 2015, emitida por la Subsección “B” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
(en adelante Hydros Melgar), presentó la demanda de la referencia en contra de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD).
1.1. Pretensiones
“DECLARACIONES Y CONDENAS
Con base en los hechos y fundamentos fácticos que expondré y en las
disposiciones y normas que más adelante se invocarán, previo el trámite que
consagra Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, por medio
del procedimiento ordinario y con citación y audiencia del Ministerio Público, solicito
al Honorable Tribunal Administrativo proferir las siguientes declaraciones y
condenas:
PRIMERA. Que se declare la Nulidad de la Resolución No. SSPD -
20134400013695 del 2013-05-14, Expediente: 2012440350600133E por medio de
la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso como
sanción a la empresa HYDROS MELGAR S en C.A. E.S.P. la prohibición de prestar
los servicios públicos domiciliarios por el término de 10 (años). En su artículo
primero expresamente dispuso:
"Prohibir la prestación de servicios públicos, directa o indirectamente, por un
término de Diez (10) Años, a la empresa Hydros Melgar S. en C. E.S.P, término
que empezará a contar a partir de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de
la presente Resolución. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución” y en su artículo segundo “Comunicar al señor
Alcalde Municipal de Melgar - Departamento de Tolima, en su calidad de
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 00810 01
Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
representante legal del municipio, para que una vez quede en firme la presente
resolución y vencido el plazo previsto en el artículo primero de la misma, dé
aplicación al artículo 5 de la Ley 142 de 1994, de acuerdo a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución
SEGUNDA: Que se declare la Nulidad de Resolución No. 20134400045165 del
2013-11- 08 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición'' expedida
por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios el 8 de Noviembre de
2013 que expresamente dispuso:
“Imponer sanción de Prohibir la Prestación de Servicios Públicos Domiciliarios
directa o indirectamente, por un término de tres (3) años, término que empezará a
contar a partir de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
Resolución. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente Resolución.
TERCERA: Que se restablezca el derecho del demandante y se condene a la
demandada a pagar la suma de veintisiete mil treinta y un millones ciento noventa
y nueve mil cincuenta y un pesos ($27.031.199.051), que corresponde
aproximadamente a la suma dejada de percibir por parte del demandante como
consecuencia de la prohibición impuesta por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios por el término de tres (3) años, junto con los intereses
moratorios a la tasa máxima permitida por la ley y la indexación de la suma
correspondiente.
CUARTA: Que a las sumas que resultaren probadas a cargo de la entidad
demandada y por las cuales ésta sea condenada, se les apliquen los artículos 187,
192 y 193 de la ley 1437 de 2011, en cuanto a ajuste de valor por indexación e
intereses moratorios.”1
1.2. Actos cuestionados
1.2.1. La Resolución No. SSPD – 20134400013695 del 14 de mayo de 2013, dispone:
“RESOLUCIÓN No. SSPD - 20134400013695 DEL 2013-05-14
EXPEDIENTE: 2012440350600133E
POR LA CUAL SE IMPONE UNA SANCIÓN
EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
En ejercicio de las funciones conferidas por el parágrafo 2 numeral 7 del artículo
79 de la Ley 142 del 11 de julio de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley
689 del 28 de agosto de 2001, y conforme a las previsiones del numeral 81.6 del
artículo 81 y demás normas concordantes de la Ley 142 del 11 de julio de 1994,
el Decreto 01 de 1984 y,
CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES
1 Visible a folio 1 a 2 del Cuaderno del Tribunal
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 00810 01
Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
PRIMERO.-. La empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.. identificada con
ID 3242 y NIT 8090102810, es prestador de los Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el municipio de Melgar, departamento de
Tolima, cuya fecha de inicio de operaciones es el primero de octubre de 2002 y
con más de 2.500 suscriptores, según consta en el Registro Único de Prestadores
de Servicios Públicos (RUPS), administrado por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
SEGUNDO.- La Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo solicitó al
Director de Investigaciones (A), de la misma Superintendencia Delegada, analizar
la viabilidad de investigar a la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., por
presuntos incumplimientos del servicio en el municipio de Melgar (Tolima)
detallados en el pliego de cargos, a través del memorando No. 20124200036703
del 22 de junio de 2012, entregado a la Dirección de Investigaciones el 25 de junio
de 2012. Lo anterior, basado en los resultados obtenidos en la visita de verificación
a la empresa realizada el 20 y 21 de marzo de 2012, por la Dirección Técnica de
Gestión de Acueducto y Alcantarillado de la Superintendencia Delegada para
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
La Directora Técnica de Gestión de Acueducto y de la Superintendencia Delegada
para Acueducto. Alcantarillado y Aseo aportó los siguientes documentos, soporte
de la solicitud mencionada: i) Acta de visita de verificación adelantada el 20 y 21
de marzo de 2012. ii) Informe de la visita adelantada durante el 20 y 21 de marzo
de 2012, junto con sus respectivos anexos, iii) Comunicación con radicado SSPD
No. 20125290268392 del 31 de mayo de 2012, mediante la cual la empresa
HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. procedió a exponer las consideraciones
necesarias frente al oficio radicado SSPD No. 20124230198071 del 9 de abril de
2012. iv) Acuerdo de mejoramiento, v) Oficio radicado SSPD No. 20124210412551
del 22 de junio de 2012.
TERCERO.- De acuerdo con esta información y para determinar las presuntas
omisiones y/o cumplimientos de la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.
descritos en el numeral anterior, la Dirección de Investigaciones de esta
Superintendencia Delegada inició la actuación administrativa No.
2012440350600133E e imputó al prestador, los siguientes cargos:
PRIMER CARGO: “PRESUNTA OMISIÓN EN EL CONTROL CONTINUO DE
PRETENSIONES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA RED, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN 1096 DEL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2000 POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO TÉCNICO
PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – RAS”.
SEGUNDO CARGO: “PRESUNTA FALTA DE MACROMEDICIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA
RESOLUCIÓN 1076 DE 2000, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1º DE LA
RESOLUCIÓN 0668 DEL 19 DE JUNIO DE 2003 POR EL ENTONCES
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LOS
ARTÍCULOS 2.1.1.8. Y 2.1.1.9. DE LA RESOLUCIÓN CRA 151 DE 2001”
TERCER CARGO: "PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULO 22 Y 25 DE LA
LEY 142 DE 1994, POR NO CONTAR CON LOS PERMISOS DE CAPTACIÓN
PARA PODER OPERAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO".
CUARTO CARGO: “PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 199 Y
202 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000 DEL MINISTERIO DE
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 00810 01
Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
DESARROLLO ECONÓMICO, AL NO CONTAR CON MANUALES DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO”
QUINTO CARGO. “PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 1570 DEL MAVT”
El pliego de cargos, junto con los documentos relacionados en el acápite de
pruebas, se comunicó al representante legal del prestador investigado, mediante
oficio No. 20124400438831 del 27 de junio de 2012, para que en el plazo de “DIEZ
(10) DÍAS HÁBILES”, contados a partir de la fecha de recibo y en ejercicio de su
derecho de defensa y contradicción, presentara por escrito (medio físico y
magnético) los descargos del caso, solicitara y aportara las pruebas que
pretendiera hacer valer en la Investigación y/o controvirtiera las existentes. Los
documentos debían radicarse en horas hábiles en la oficina de correspondencia
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ubicada en la Carrera
18 No. 84 -35 de la Ciudad de Bogotá D.C. o enviados por fax al número 6913142.
Finalmente, se le informó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35
del Código Contencioso Administrativo y 111 de la Ley 142 de 1994, la decisión
administrativa se tomaría una vez fueran escuchados los interesados, basado en
las pruebas e informes disponibles en el expediente.
La citada comunicación se envió desde el correo electrónico de la cuenta
institucional sspdd@superservicios.gov.co a la cuenta
lrodriguez@caudalesdecolombia.com.co, el 28 de junio de 2012, y confirmado el
recibido por la señora Leila Rodríguez en la misma fecha, quien se identificó como
secretaria de la empresa prestadora, como consta en el reporte de transmisión que
obra en el expediente.
II. ETAPA DE DESCARGOS
El escrito de los descargos se radicó en esta Entidad bajo el No. 20125290339352
del 2012-07- 13 y aportó las siguientes pruebas documentales:
1. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa
HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., certificado nacional, expedido por la
Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. (9 folios - páginas 10 a 18)
2. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa
GESTAUAS S.A. E.S.P. certificado nacional, expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá (7 folios – páginas 20 a 26)
3. Copia del fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito – Sala de Decisión
Penal de Ibagué, frente a la Acción de tutela instaurada por José Vicente Rubio
Ramírez decisión del nueve (9) de julio de 2012 (15 folios – páginas 28 a 42).
Los documentos aportados se Incorporan al expediente.
III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
De acuerdo con lo previsto en los artículos 111 de la Ley 142 de 1994 y 35 del
C.C.A los cuales advierten que "Habiéndose dado oportunidad a los interesados
para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se
tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a
particulares...” el despacho procede a analizar las pruebas obrantes en el
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 00810 01
Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
expediente, así como los descargos presentados por la empresa, para determinar
si se configuran los incumplimientos endilgados a HYDROS MELGAR S. EN C.A.
E.S.P. en el pliego de cargos.
3.1 Argumentos del escrito de descargos
La empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. presenta sus descargos y el
despacho procede a analizarlos, así:
ARGUMENTOS CONTRA EL PRIMER CARGO
Frente al primer cargo consistente en la PRESUNTA OMISIÓN EN EL CONTROL
CONTINUO DE PRESIONES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA RED,
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 199 DE RESOLUCIÓN 1096 DEL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2000 POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO TÉCNICO
PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - RAS, el
prestador realiza los siguientes planteamientos:
PRIMER GRUPO DE ARGUMENTOS
De acuerdo con los descargos presentados por la empresa, sus argumentos se
resumen en los siguientes aspectos: primero, que el ente investigador hace una
apreciación subjetiva; segundo, justifica su conducta; su indicador de continuidad
del servicio muestra 98.17 % para el 2011, cifra reportada a través del SUI.
Adicionalmente, considera que en caso de no existir la cantidad suficiente de agua
podría presentarse baja presión en la red o suspensión del servicio en algunos
sectores dada la complejidad topográfica.
En cuanto a que el ente investigador hace una apreciación subjetiva, se precisa lo
siguiente:
No es cierto que la Dirección de Investigaciones haya abierto la actuación
administrativa basada en percepciones, argumentos o intereses particulares, tal
como lo asegura la empresa. Las razones están fundamentadas en que la
dependencia señaló en debida forma los cargos, las normas presuntamente
vulneradas, los hechos con la demostración de las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en la que se suceden los acontecimientos materia de investigación.
Adicionalmente, se muestra el concepto de la violación y el material probatorio
tenido en cuenta por la Entidad, para presumir las conductas objeto de
investigación. Asimismo, se incluye el Acta de Visita de Verificación realizada a la
empresa, del 21 de marzo de 2012, en la que participó y firmó la Directora Ejecutiva
y el suplente del Representante Legal de la empresa.
El otro argumento se soporta en el informe de visita, mediante el cual la Empresa
manifiesta que no realiza el control continuo de presiones de suministro de agua
potable en la red, tal y como se evidencia en cuando señaló:
“ (…) 3.1.6. Distribución
La empresa informa que en la actualidad existe sectorización hidráulica, el
sistema está dividido en varios sectores hidráulicos que se muestran en la
ilustración 3.1.
La empresa informa que en la actualidad no realiza control continuo de
presiones de suministro de agua potable en la red, por lo que la empresa no
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 00810 01
Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 199 de la Resolución
1096 del 2002 del entonces Ministerio de Desarrollo Económico.
Actualmente, Hydros Melgar tiene como proyecto la instalación de 8 puntos
de control de presión, se dejaría de forma permanente manómetros
instalados en la red de distribución "La empresa tiene establecido, dentro de
su contrato de Condiciones Uniformes, que el servicio de acueducto se
presta con una presión de 10 m.c.a. en condiciones dinámicas" Es decir en
condiciones de funcionamiento normal y con la red presurizada.
C 5. Conclusiones (...)
5. La empresa informa que en la actualidad no realiza control continuo de
presiones de suministro de agua potable en la red, por lo que presuntamente
no está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 199 de la
Resolución 1096 del 2002 del entonces Ministerio de Desarrollo Económico.
(".. ) 6. Recomendaciones (...) (...)
15. La empresa Hydros Melgar EN C.A. E.S.P debe dar cumplimiento a los
requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y
procedimientos correspondientes al sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico y sus actividades complementarias, los mismos que están
establecidos en la Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000 por la cual
se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico - RAS.
Lo anterior se refiere principalmente a realizar el respectivo seguimiento y
control a las presiones con que se realiza el suministro de agua potable a la
población, a contar con los catastros de redes de acueducto y alcantarillado
actualizados, contar con los manuales de operación y mantenimiento. Lo
anterior encaminado al cumplimiento de los siguientes artículos (...)”
Así mismo, a folio 14 de la correspondiente Acta de Visita, se lee lo siguiente:
"(...) 1.6. Distribución
En la Actualidad existe sectorización Hidráulica, el sistema esta dividió en 4
sectores hidráulicos.
La empresa está en proyectos de instalar 8 puntos de control de presión.
Para ello dejarla de forma permanente manómetros instalados en la red de
distribución. En la actualidad se hace medición ocasional de presión en la
red. (...)"
De lo anterior se desprende que la omisión discutida en el este punto no obedece
a apreciaciones subjetivas, pues es claro que la empresa HYDROS MELGAR S.
EN C.A. E.S.P. estaba en evidente incumplimiento de lo dispuesto por el artículo
199 de la Resolución 1096 del 17 de noviembre 2000
En consecuencia, se desvirtúa que la investigación se abrió o formuló con
apreciaciones subjetivas, por el contrario fue por hechos completamente objetivos
y comprobables de acuerdo con lo expuesto a través del radicado
20124400438831 del 27/06/2012, el cual contiene 19 folios. No con ello desestima
las imputaciones realizadas por esta Entidad. Por lo dicho, este argumento no
prospera.
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En cuanto al cumplimiento de los indicadores, otro argumento para desvirtuar el
cargo se puntualiza lo siguiente:
• El indicador de continuidad del servicio no se ha afectado, muestra 98,17 %
para el 2011, lo cual se ha reportado a través del SUI, ya que considera que en el
evento de no existir la cantidad suficiente de agua podría presentarse baja presión
en la red o suspensión del servicio en algunos sectores dada su complejidad
topográfica.
• No se ha afectado la salud pública y el bienestar de la población, ya que el
indicar IRCA está en 4.1. % y cumple con lo dispuesto en la Resolución 2115 de
2007.
• Los indicadores de PQR confirman que los usuarios no han sido afectados y así
como tampoco la salud pública, ni la falla en la prestación del servicio.
• Que la Coordinadora Grupo Reacción Inmediata determinó, mediante radicados
20114100230171 del 4 de mayo de 2011; 20114100367931 de fecha 22 de julio
2011 y 20114100868101 de fecha 4 de noviembre de 2011, que no hay falla en la
prestación del servicio
Estos argumentos no están llamados a prosperar, por cuanto el prestador confunde
los conceptos de calidad, cantidad, continuidad y cobertura de los Sistemas de
Agua Potable y Saneamiento Básico, de que trata la Resolución 1096 de 2000, con
los parámetros del agua para consumo humano que señala Resolución 2115 de
2000, expedida por el Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, los cuales son completamente diferentes. Estas
son las razones que justifican dicha desigualdad.
Así se tiene, que la Resolución 1096 de 2000, expedida por el Ministerio de
Desarrollo Económico, establece como alcance, el siguiente:
“ALCANCE: Por diseño, obras y procedimientos correspondientes al Sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico se entienden los diferentes procesos
involucrados en la conceptualización, el diseño, 'la construcción, la
supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de
los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo que se desarrollen en la
República de Colombia, con el fin de RAS 2000. Aspectos Generales de los
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico garantizar su seguridad.
durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad y
redundancia dentro de un nivel de complejidad determinado’'.
De lo que se deduce que lo que se quiere garantizar es la seguridad, durabilidad,
funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad del Sistema de Agua
Potable y Saneamiento Básico, no del agua como tal.
Por otro lado, la Resolución 2115 de 2007, expedida por los ministerios de la
Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la
cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, establece en
el artículo 15, la clasificación del nivel de riesgo del agua suministrada para el
consumo humano.
En cumplimiento de esa disposición y del Decreto 1575 de 2007. por medio del
cual se establece el sistema para la protección y control para la calidad de agua
para el consumo humano, entre otras normas, es que se originan o crean los
indicadores que la empresa menciona; sin embargo, en el presente caso, no se
cuestiona la violación de estas normas ni por esos aspectos.
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En consecuencia, es claro que los argumentos no están llamados a prosperar, por
cuanto la empresa al confundirse se justificó en aspectos que no son materia de
reproche en la investigación y que no guardan relación entre sí para demostrar la
conducta investigada, pues esto conduciría a determinar que la calidad, cobertura,
cantidad y continuidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado,
particularmente en lo que se refiere al control de presiones de red de acueducto,
se puede garantizar a partir de la buena o mala calidad del agua o del grado de
riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las
características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo
humano, medidos por el IRCA; o por las peticiones que realicen los usuarios del
servicio.
Lo anterior resulta inconducente porque la norma se refiere a un aspecto
netamente técnico y operativo del sistema (infraestructura: redes, instrumentos de
medición, entre otros) y no respecto a la calidad del agua como se señala en el
artículo 199 de la Resolución 1096 de 2000 en mención, donde se establece la
obligación del prestador de verificar las presiones en los diferentes puntos de la
red, de acuerdo con los manuales de operación y mantenimiento.
Por el contrario, la visita realizada, indica que “la empresa está en proyectos de
instalar 8 puntos de control de presión. Para ello dejaría de forma permanente
manómetros instalados en la red de distribución en la actualidad se hace medición
ocasional de presión en la red” (ver folio 14 del acta de visita).
Estas razones son motivo suficiente para descartar los argumentos de la empresa
prestadora.
En cuanto al argumento relacionado con el fallo proferido por el Tribunal Superior
del Distrito - Sala de Decisión Penal de Ibagué, frente a la Acción de Tutela
instaurada por el señor José Vicente Rubio Ramírez, decisión de fecha nueve (9)
de julio de 2012, teniendo en cuenta la presunta vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, que manifiesta el accionante, en donde se tratan
asuntos relacionados con la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado, pretensión que fue DENEGADA POR IMPROCEDENTE versa como
bien se enuncia con un tema que no es objeto de discusión en esta actuación
específicamente en el cargo primero que aquí se estudia, de manera que entrar a
analizar de fondo su contenido resulta infructuoso para los fines que se persiguen
en el presente análisis pues dentro del contenido del fallo aportado no se efectúa
pronunciamiento alguno que guarde relación con el incumplimiento por la omisión
al control de presiones en diferentes puntos de la red, de acuerdo con los manuales
de operación y mantenimiento
En relación con los motivos expuestos por la empresa prestadora en cuanto a los
indicadores de POR esta superintendencia corroboró que tampoco versan sobre
el asunto que aquí se debate, por lo tanto no se constituyen en elementos
materiales de prueba que nutran el contradictorio frente al enunciado cargo y sin
la fuerza probatoria para derrumbar la obligación imputada, objeto de reproche.
Por lo expuesto, no está llamado a prosperar este argumento.
Que no hay mérito para abrir investigación y que la empresa ha obrado de manera
diligente al suministrar el recurso técnico y humano para reanudar la prestación y
así realizar los mantenimientos preventivos y correctivos. Además, que la
superintendencia pone en pánico a la comunidad.
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No es cierto que la empresa hubiese obrado con diligencia, al Justificar su
conducta en que realizo los mantenimientos, por cuanto esto corresponden a otra
obligación diferente que tiene el prestador, contenida en el artículo 22 del Decreto
302 de 2000 que establece lo siguiente: “Artículo 22. Mantenimiento de las redes
públicas. La entidad prestadora de los servicios públicos está en la obligación de
hacer el mantenimiento y reparación de las redes públicas de acueducto y
alcantarillado. Así mismo deberá contar con un archivo referente a la fecha de
construcción de las redes, especificaciones técnicas y demás información
necesaria para el mantenimiento y reposición de la misma.”, en concordancia con
lo dispuesto en el artículo 202 de la Resolución 1096 del 2000. Por el contrario, lo
que quedó demostrado en toda la investigación es la negligencia de la empresa;
no realizó el control de presiones en los diferentes puntos de la red, de acuerdo
como lo exigía la norma endilgada.
Ahora bien, en lo concerniente a las afirmaciones que realiza la investigada, según
las cuales las apreciaciones que realiza esta superintendencia, “… puede colocar
en pánico a la comunidad…”, también se le aclara al representante de la empresa
legal de la prestadora que no puede, so pretexto de ejercer el derecho a la defensa,
hacer imputaciones temerarias e irrespetuosas.
Sobre el punto particular, del debido respeto que deben prodigar las partes a la
administración de justicia, recuerda este despacho que la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ha sido reiterativa en señalar:
“(...) El articulo 50 del Decreto 196 de 1971, cuyo texto reza:
"Artículo 50.- Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración
de justicia, las injurias y las acusaciones temerarias contra los funcionarios,
abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales,
sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar comedidamente, por los
medios competentes, las faltas cometidas por dichas personas
El responsable de una estas fallas incurrirán en amonestación
(...) El citado precepto normativo protege el debido respeto que debe
tenérsele, entre olios, a la administración de justicia, representada por los
órganos competentes establecidos por la Constitución y la ley, asegurando
de esta forma, su respetabilidad por quienes intervienen en los diversos
asuntos sometidos a su consideración.
(...) El abogado en el ejercicio de la función social de la profesión, a que se
contrae el artículo 1º. del decreto 196 de 1971, según el cual “La abogada
tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la
conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de justicia”, asume
responsabilidades que le exigen ser respetuoso con quienes intervienen en
la realización de esa labor, pero especialmente con los funcionarios que
representan al Estado en la aplicación de casos particulares.
Dentro de los deberes del abogado que contempla el artículo 47 del Estatuto
Forense se encuentran el de observar y exigir mesura: el de la seriedad y el
respeto debido en la interacción con los funcionarios judiciales, con los
colaboradores y auxiliares de la justicia, con la contraparte v sus abogados
v con las demás que intervengan en los asuntos de su profesión Lo cual
implica entre otros comportamientos, el uso en sus escritos de un lenguaje
cauteloso y ceñido a la severidad jurídica, sin que puedan aceptarse
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válidamente las aseveraciones que impliquen acusaciones infundadas o
temerarias o expresiones injuriosas en contra de los administradores de
justicia y las demás parles dentro del proceso.
(...) No puede desconocer esta Colegiatura que el ejercicio del derecho está
al servicio tanto de la administración da justicia como de las personas que
buscan la defensa de sus intereses dentro de cada uno de los procesos y
que precisamente la controversia y el debate son la esencia de los
compromisos adquiridos por los abogados, pero todo ello debe situarse
dentro del marco del respeto por los demás y especialmente de los
funcionarios que están investidos de la facultad de dirimir los conflictos, pues,
como acertadamente lo refirió el a quo, actuar de manera diversa conlleva a
la barbarie. en la aplicación de la ley a los casos particulares
(...) Las decisiones judiciales, aún con la posibilidad de que se dicten por
fuera de los márgenes de la Constitución y de la Ley, deben ser acatadas y
como admiten su censura. esta debe estar precedida de la elegancia y los
buenos modales, pues no se requiere calificar de tramposa o mezquina una
decisión, para que el superior funcional de quien la emitió, logre comprender
que la misma carece de la fundamentación necesaria o que está dictada con
fundamento en pruebas irregularmente recogidas o aportadas, pues ello des
dice del honor, el buen nombre y la reputación jurídica de quien, como la
Fiscal 37 analizó los mencionados medios de convicción y les dio un valor
sujeto a controversia.(...)''.
Por lo anterior, este despacho no comparte los términos y expresiones agraviantes
utilizados por el prestador en su escrito de descargos, pues no es cierto que esta
Entidad pretenda con sus apreciaciones generar algún tipo de pánico en la
comunidad receptora del servicio, de quien se investiga, ya que como es bien
sabido, esta superintendencia actúa siempre dentro del marco legal de sus
funciones, acatando las disposiciones legales que lo regulan, siendo respetuosa
de los derechos constitucionales del prestador, al debido proceso y su
consecuente derecho a la defensa, sin existir ningún propósito diferente al de
ejercer las competencias que en materia de inspección, control y vigilancia le
asigna la ley, como se puede corroborar en el expediente, por lo que las
afirmaciones de la empresa resultan inaceptables y se le solicita mayor mesura en
sus apreciaciones, ya que no se puede so pretexto de ejercer su derecho a la
defensa, irrespetar a las autoridades públicas, indicando que existen propósitos
diferentes a los atribuidos, mucho menos cuando éstas se encuentran en ejercicio
de sus funciones y en protección del interés general.
Por lo expuesto, no está llamado a prosperar este argumento.
La baja presión está porque se han creado asentamientos sin control administrativo
y la empresa ha asumido esas fallas técnicas ocasionadas por el incumplimiento
de las normas urbanísticas.
Frente a lo anterior, esta superintendencia se permite señalar, que las
manifestaciones que aquí realiza la investigada no vienen acompañadas de
soporte probatorio que las sustente, por lo que es preciso traer a colación el
principio de la carga probatoria, según el cual corresponde a las partes probar los
supuestos de hecho que alegan. Sobre el particular, es obligatorio tener en cuenta
lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra
dice:
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"Carga de la Prueba. Incumbe a las parles probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen..."
Sin embargo, si aún en gracia de discusión de que fueran ciertas dichas
afirmaciones, tampoco pueden considerarse como una causal justificable para la
omisión atribuidas en el cargo primero, dentro de la actuación, pues no se discute
dentro del presente caso problemas de índole urbanístico o de planeación para la
construcción en el municipio de Melgar, pues como bien se enuncio al comienzo
de este punto, lo que ocupa el cargo primero es la omisión en el control continuo
de presiones de suministro de agua potable en la red. atendiendo los manuales de
operación y mantenimiento, no las posibles situaciones que enuncia la investigada.
Por lo expuesto, este argumento no está llamado a prosperar.
ARGUMENTOS CONTRA EL SEGUNDO CARGO
Con relación al segundo cargo, consistente en la PRESUNTA FALTA DE
MACROMEDICIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 86 DE LA RESOLUCIÓN 1096 DE 2000, MODIFICADO POR EL
ARTÍCULO V DE LA RESOLUCIÓN 0668 DEL 19 DE JUNIO 2003 POR EL
ENTONCES MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL Y LOS ARTÍCULOS 2.1.1.8 Y 2.1.1.9 DE LA RESOLUCIÓN CRA
151 DE 2001, la investigada expone lo siguiente:
ARGUMENTOS DEL PRESTADOR
De los planteamientos expuestos en relación con este cargo, el prestador señala:1)
Reitera lo manifestado por el gerente en el radicado del 9 de abril de 2012. 2) Que
la medición se realiza a través de Canaleta Parshall, debidamente calibrada y que
es medida de referencia para el caudal recibido, medido y registrado cada hora en
la planilla de operación de la planta de tratamiento, así como los procesos de
captación, aducción, tratamiento y distribución con control permanente de
caudales, registrados en planillas, bitácoras y libros. 3) Que está trabajando en la
realización de inversiones para garantizar la continuidad, cantidad, calidad y
eficiencia de la prestación del servicio. 4) Que ha fortalecido el programa de
macromedición 5) Que no se puede desconocer que la Canaleta Parshall está
debidamente calibrada y que es un instrumento de macromedición del caudal.
Ahora bien, desde ya advierte este despacho, que las afirmaciones realizadas por
el prestador y con las cuales busca ser eximida del cargo en estudio, no
controvierte el cargo segundo endilgado dentro de la presente actuación y. por
tanto, estos argumentos no están llamados a prosperar, por los motivos
mencionados a continuación:
SI bien es cierto que la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. menciona
acciones en caminadas al cumplimiento de la norma (utilización de la Canaleta
Parshall) objeto de violación del presente, cargo, el prestador no probó, dentro de
la presente actuación administrativa, que efectivamente contaba con instrumentos
apropiados para la macromedición. Adicionalmente, la superintendencia comprobó
que la empresa no contaba con los registros de los caudales, en planillas, bitácoras
y libros, teniendo la carga de la prueba, conforme a lo dispuesto por el artículo 177
del Código de Procedimiento Civil.
Por lo que es claro que la empresa se aparta de los presupuestos en el artículo 86
de la Resolución 1096 de 2000, el cual establece lo siguiente:
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““ARTÍCULO 1. El artículo 86 quedará así:
ARTÍCULO 86.- MACROMEDICIÓN. Debido a que los volúmenes, las
presiones y los niveles entregados al sistema de distribución de agua potable
son un parámetro importante que debe ser considerado en la relación de
balance de distribución en las labores de operación y mantenimiento y en la
planeación futura, se deben instalar macromedidores para correspondiente
obtención de datos de suministros reales.
En los sistemas de acueducto y para los niveles de complejidad del sistema
debe hacerse macromedición de acuerdo a los siguientes criterios:
1) Captación. Se deben realizar mediciones hidráulicas en los puntos de
captación de agua superficial o subterránea y registrar en un libro de bitácora
o archivo magnético dicha medición.
2) Se deben instalar macromedidores a la entrada del sistema de tratamiento
y registrar en el libro de bitácora o archivo magnético el caudal que ingresa
al sistema por lo menos una vez al inicio de cada turno de operación.
3) Se deben instalar macromedidores a la salida de las plantas de
tratamiento y registrar en el libro de bitácora o archivo magnético el caudal
de agua tratada suministrada por lo menos una vez al inicio de cada tumo de
operación.
4) En los casos en que la red de distribución sea operada por empresas
diferentes, se deben instalar macromedidores al inicio de la red concedida y
registrar en el libro de bitácora o archivo magnético los datos, con el fin de
contabilizar el agua que esté siendo entregada a cada una de ellas.
5) En los tanques de almacenamiento y/o compensación se deben instalar
medidores de forma que permita medir en cualquier momento el nivel del
agua."
Así mismo, otra norma violada por parle del prestador es la señalada en los
artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la Resolución CRA 151 de 2001, "Regulación integral
de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", donde se establece:
“ARTÍCULO 2.1.1.8. PROGRAMAS DE MEDICIÓN. Todas las personas
prestadoras del servicio deben realizar programas de macromedición. Los
instrumentos de macromedición deben estar presentes por lo menos a la
salida de la planta de tratamiento o de las tuberías de entrega de los pozos
profundos.
ARTÍCULO 2.1.1.9. PLAZOS DE LOS PROGRAMAS DE
MACROMEDICIÓN. Las personas prestadoras del servicio disponen de un
plazo de un (1) año contado a partir del 22 de julio de 1997, para iniciar o
complementar programas de macromedición, en concordancia con esta
resolución, y de máximo tres (3) años para concluirlos, y deberán ajustarse
a lo estipulado por las normas que le sean complementarias”
Por lo expuesto, el artículo 06 de la Resolución 1096 de 2000 exigía la instalación
de macromedidores en la captación, en la entrada del sistema de tratamiento, en
las salidas de la plantas de tratamiento, en la red de distribución y en los tanques
de almacenamiento y compensación y que, adicionalmente, se debía registrar
dicha medición en un libro de bitácora o archivo magnético, lo cual no fue
demostrado por el prestador.
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Por otro lado, se encuentran pruebas dentro del expediente que comprometen la
responsabilidad de la empresa, particularmente se tiene el Acta de la Visita técnica
realizada en las instalaciones de la empresa prestadora para el 20 y 21 de marzo
de 2012. suscrita por la Directora Ejecutiva y el Suplente de Gerente de la empresa
investigada, en donde señalan, a folio 14, lo siguiente:
“(…) 1.1.1. Macromedición
Actualmente la empresa no tiene instalado macromedidores en la PTAT ni
en ningún punto de la red de distribución (…)”
Del mismo modo, se observa en el Informe de la visita a folio 26, lo siguiente:
“(…) 3.1.11. Macromedición
Actualmente, la empresa no tiene instalados macromedidores en la PTAP ni
en ningún punto de la red de distribución. Por lo tanto, no está dando
cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.1.1.8. y 2.1.1.9. de la
Resolución CRA 151 DE 2001 y en el artículo 1 de la Resolución 0668 de
2003 del entonces MADT (…)”
De lo expuesto, también se deduce que el prestador no realiza las inversiones para
el programa adecuado de macromedición: continuidad, cantidad, calidad y
eficiencia de la prestación del servicio ni fortalece el programa de macromedición,
como ella afirma.
Así pues, las afirmaciones de la investigada no son acogidas por este despacho.
No puede afirmar que por contar con la canaleta Parshall, considerada un
instrumento de macromedición, dé cumplimiento a la normativa establecida en
materia de macromedición en el servicio público de acueducto, pues como ya se
enunció, la forma como debe proceder en cuanto al servicio de acueducto en red
distribución, debe obedecer a las disposiciones legales establecidas para ello, no
a la libre elección o criterio de la forma o método que considere adecuado a la
empresa prestadora, para realizar la macromedición.
Por lo expuesto, los argumentos del prestador no están llamados a prosperar.
Del mismo modo, el señor LUIS FABIAN CASTILLA RODRIGUEZ, allegó oficio
radicado SSPD No. 20125290268392 del 31 de mayo de 2012, por medio del cual
rindió las explicaciones que consideró necesarias frente al oficio radicado SSPD
No. 20124230198071 del 9 de abril de 2012 y frente al incumplimiento que aquí se
discute pronunció a folio 7 del referido oficio, indicando, entre otros aspectos, que
“actualmente la empresa tiene implementado un sistema de medición en la PTAP
por medio de una Canaleta Parshall, con este sistema de medición se toma los
caudales hora a hora, con los cuales se determinan los volúmenes de distribución”.
Además, en el acápite del informe de visita titulado RECOMENDACIONES página
55 se lee: La empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P debe dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la Resolución
C.R.A. 151 de 2001..."
De lo aquí estudiado, se comprobó en la visita que la empresa prestadora no
realizaba la macromedición en red de distribución, de acuerdo con lo establecido
en la norma.
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Por tanto, el prestador incurrió en la conducta investigada e incumplió con los
estándares estipulados para la macromedición. la cual dicta que se deben realizar
en los diferentes puntos de la red de distribución; puntos de captación de agua
superficial o subterránea, entrada y salida del sistema de tratamiento, tanques de
almacenamiento, entre otros.
Entonces, quedó demostrado el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de
la Resolución No. 1096 de 2000 del entonces Ministerio de Desarrollo Económico,
modificado por el artículo 1 de la Resolución 668 de 2003 del Ministerio de
Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial y artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la
Resolución CRA 151 de 2001.Sin duda, estas normas se promulgan para su
estricto cumplimiento.
Se tiene entonces que el prestador tiene la responsabilidad exclusiva sobre su
infraestructura para que esta sea la adecuada para cumplir con las obligaciones
impuestas en la normatividad que rige el sector. Pese a que se puedan ejecutar
dichos registros y mantenimientos, las acciones realizadas por el prestador no
borran de ningún modo los incumplimientos normativos encontrados el 20 y 21 de
marzo de 2012, por lo que en forma alguna.
En consecuencia, estos argumentos no prosperan.
ARGUMENTOS CONTRA EL TERCER CARGO
Con relación al tercer cargo consistente en la PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS
ARTICULOS 22 Y 25 DE LA LEY 142 DE 1994, POR NO CONTAR CON
PERMISOS DE CAPTACIÓN PARA PODER OPERAR EL SERVICIO DE
ACUEDUCTO, el prestador expone:
ARGUMENTOS DE LA EMPRESA
El prestador manifestó que ha realizado todas las diligencias necesarias para
obtener la prórroga de concesión de aguas, para lo cual cita diversos oficios que
soportan sus afirmaciones. Agrega que CORTOLIMA EMPUMELGAR E.S.P. le
han impuesto requisitos arbitrarios fuera de las normas, sin que se le otorgue la
concesión de aguas. Cita los artículos 15. 26 y 22 de la Ley 142 de 1994, y solicita
a esta entidad coadyuvancia para dicho trámite
Antes de pronunciarnos sobre los argumentos que expone el prestador, es
pertinente señalar, que la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de
los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones" contempla
dentro del Régimen Jurídico de las Empresas de Servicios Públicos, en especial
en su artículo 22, que estas últimas deben obtener para entrar a operar el servicio
de las autoridades competentes, según sea el caso, las licencias o permisos que
correspondan, tal como se indica a continuación:
“ARTÍCULO 22 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. Las empresas de
servicios públicos debidamente constituidas y organizadas no requieren
permiso para desarrollar su objeto social, pero para poder operar deberán
obtener de las autoridades competentes, según sea el caso, las concesiones,
permisos y licencias de que tratan los artículos 25 y 26 de esta ley, según la
naturaleza de sus actividades (…)”
Además de lo anterior, la misma ley en su artículo 25, indica que:
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“(…) Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión,
con las autoridades competentes según la ley, para usar las aguas: para usar
el espectro electromagnético en la prestación de servicios públicos
requerirán licencia o contrato de concesión.
Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la
índole misma de sus actividades haga necesarios, de acuerdo con las
normas comunes.
Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el
mantenimiento y recuperación del bien público explotado a través de
contratos de concesión.
Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento
básico, de conformidad con la distribución de competencias dispuestas por
la ley, las autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y
solvencia financiera del solicitante para efectos de los procedimientos
correspondientes”.
Acorde con lo dispuesto en los artículos 3. 22 y 25 de la Ley 142 de 1994, se tiene
que quienes presten servicios públicos domiciliarios para poder operar requieren
contratos de concesión con las autoridades competentes y además obtener
previamente los permisos ambientales y sanitarios.
De acuerdo con lo anterior, es claro que las citadas disposiciones le son exigibles
a la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., prestador de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para el Municipio de Melgar
(Tolima), para poder prestar u operar dichos servicios enunciados.
Ahora bien, revisado el expediente, se tiene que la empresa allega a la
investigación, sendos oficios en los que se constata que el prestador realizó
gestiones ante la autoridad ambiental, CORTOLIMA, para la obtención de la
prórroga y renovación de la concesión de aguas, para la quebrada La Palmara y
bocatoma San José La Colorada (de Sumapaz), tal como se verifica a folio 152 del
expediente en el que obra la comunicación de fecha 12 de diciembre de 2011,
radicada bajo el número 00989 y 00990 ante CORTOLIMA, respectivamente
(pruebas que fueron aportadas en la visita realizada al prestador).
Así mismo, menciona en su escrito de descargos, folio 268 del expediente, que se
emitieron por lo menos seis comunicaciones que datan del 2011 y 2012 en relación
con el trámite de la prórroga y renovación de la concesión de aguas, las cuales no
allegó con el escrito de descargos
Igualmente existe un pronunciamiento de la Dirección Técnica de Gestión de
Acueducto y Alcantarillado, mediante memorando No 20124200036703 del 22 de
junio de 2012 en el cual informó a la Dirección de Investigaciones de la misma
Delegada, los hallazgos, resultado de la Visita de inspección, donde se
encontraron que la investigada incumplía presuntamente con lo dispuesto en los
artículos 22 y 25 de la Ley 142 de 1994, al no contar con la concesión de aguas tal
como fue reconocido en el acta de visita, a folio 15 . cuando se lee lo siguiente:
“(...) 1.14. Concesión de Aguas
Mediante Resolución 2825 del 25 de octubre de 1995 y Resolución 1913 del
20 de octubre de 1997. la Corporación Autónoma Regional de Tolima
concede a la Alcaldía de Melgar, un caudal de agua de 18.02 l/s de la
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quebrada La Palmara y un caudal de 83.70 L/s de la fuente denominada Río
Sumapaz.
La concesión de aguas se otorgó al municipio por 10 años y actualmente ya
no está vigente. La empresa entrega soportes de los trámites que inicio para
la renovación de las concesiones de agua, sin embargo la autoridad
ambiental competente le explica que debe obtener una autorización de
EMPUMELGAR ESP para la realización del trámite y EMPUMELGAR E.S.P.
a su vez le aclara a la empresa que son ellos los que deben tramitar dichos
permisos.
La empresa manifiesta que desconoce en qué estado está el trámite por
parte de EMPUMELGAR E.S.P. (…)”
Así mismo, del estudio realizado por ese despacho al Informe de la Visita realizada
se encontró a folio 26 lo siguiente:
“(...) 3.1.14 Concesión de Aguas
Mediante Resolución 2885 del 25 de octubre de 1995 y Resolución 1913 del
20 de octubre de 1997. la Corporación Autónoma Regional del Tolima.
concede a la Alcaldía de Melgar, un caudal de agua de 18.02 l/s de la
quebrada La Palmara y un caudal de 83.70 l/s de la fuente denominada Rio
Sumapaz (Ver Anexo 5).
La concesión de aguas se otorgó al municipio por 10 años y actualmente ya
no está vigente La empresa entrega soportes de los trámites que inició para
la renovación de las concesiones de agua, así:
Oficio 00989 del 12 de diciembre do 2011 con el que la empresa radica
solicitud de prórroga y renovación do concesión de aguas Quebrada La
Palmara.
Oficio 00990 del 12 de diciembre de 2011 con el que la empresa radica
solicitud de prórroga y renovación de concesión de aguas bocatoma San
José La Colorada (Río Sumapaz)
Mediante oficio 125.1.4.1.1. del 19 de diciembre de 2011, la Corporación
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA da respuesta al oficio 00989
solicitando varios documentos entre los que se encuentra una autorización
de EMPUMELGAR E.S.P. para la realización del trámite.
A su vez. mediante oficio 501-282 del 27 de diciembre de 2011,
EMPUMELGAR E.S.P. le aclara a HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P que
dentro de la Escritura pública No. 9156 del 6 de septiembre de 2002, no se
trasladó a HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. la facultad para tramitar
dichos permisos ante CORTOLIMA. la cual se encuentra de manera única y
exclusiva en cabeza de la administración municipal a través de su entidad
descentralizada EMPUMELGAR E.S.P. Además le requiere que desista de
tal trámite y rinda un informe ante la Gerencia de EMPUMELGAR E.S.P
sobre las actuaciones surgidas hasta la fecha.
La empresa manifiesta que desconoce en qué estado está el trámite de
renovación de las concesiones de agua por parte do EMPUMELGAR E.S.P.
(...)”.
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Teniendo en cuenta el análisis del material documental antes enunciado, es
evidente que el prestador no tenía los permisos de captación que otorga la
Autoridad Ambiental para poder operar el servicio de acueducto, vulnerando así de
manera flagrante las disposiciones establecidas en los artículos 22 y 25 de la Ley
142 de 1994, lo que evidencia una situación contraria a derecho, pues la concesión
resulta ser un requisito indispensable para operar el servicio de acueducto, del cual
no se puede desprender la empresa investigada mientras sea la responsable de
su prestación.
Así mismo, no resulta una explicación válida de, su actuar, justificar, en el curso de
una investigación, que ha tenido inconvenientes con autoridades públicas, como
lo resulta ser CORTOLIMA, dado que esta superintendencia no es superior
jerárquico ni funcional de la autoridad ambiental, ni conoce de los asuntos que a
ella le competen. Tampoco resulta ser este procedimiento administrativo, la
instancia pertinente para resolver las solicitudes que se plantearon ante la
mencionada autoridad, así como tampoco resulta ser el medio procesal adecuado
para atender los presuntos impedimentos, que le haya podido generar la empresa
EMPUMELGAR.
De otro lado, la investigada pretende indicar que su omisión debe atribuirse a la
Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), entidad encargada de
otorgar el permiso y a EMPUMELGAR E.S.P, quien contaba anteriormente con la
respectiva concesión. Con esto busca trasladar la responsabilidad de la culpa en
el hecho un tercero. Esto no resulta adecuado de acuerdo con lo señalado por la
jurisprudencia:
“Doctrina y jurisprudencia han sostenido, de tiempo atrás, que el hecho de
tercero debe tener unas características específicas que lo configuren, para
que el demandado pueda alegar prósperamente la exoneración de
responsabilidad, pues no toda participación plural en la causación del daño,
permite configurar dicho fenómeno exoneratorio.
Se ha sostenido que los elementos básicos que configuran el hecho de
tercero son la causalidad, no imputabilidad y existencia de un “verdadero
tercero”.
En efecto, un sector de la doctrina francesa, ha caracterizado el fenómeno en los
siguientes términos:
“Causalidad. Si el hecho del tercero no es la causa del perjuicio, resulta
evidente que no puede surtir ningún efecto sobre la responsabilidad del
demandado.
No imputabilidad. Se encuentra en esto un requisito exigido siempre para
que el demandado sea absuelto; el hecho del tercero que haya causado el
perjuicio no debe ser imputable al demandado. Cuando la culpa del
demandado haya provocado el hecho del tercero del que haya resuelto el
daño, esa culpa es la causa verdadera del perjuicio; el hecho del tercero no
es “ajeno al demandado”.
Persona de la cual debe provenir el hecho de un “tercero”. Se habla del hecho
“de un tercero” ¿Qué ha de entenderse por eso? Se designa como “tercero”
a toda persona distinta de la victima o del demandado” (1) (C.E., Sec.
Tercera. Sentencia 12407, feb 8/99 M.P. Daniel Suárez Hernández).
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De lo anterior debe decirse, que respecto de esos presupuestos, el prestador no
demostró su ocurrencia en el curso de la presente investigación, por lo cual no se
configurara la causal exonerativa, y menos aún en procedimientos administrativos
de esta naturaleza.
Así, junto con las normas ya descritas a lo largo del presente acto, debe quedar
claro que esta superintendencia no es responsable por lo que hagan o dejen de
hacer los prestadores, y mucho menos es competente para verificar las
actuaciones que puedan realizar otras entidades o atender los posibles
inconvenientes que puedan surgir entre prestadores como en el presente caso,
pues tales actuaciones se escapan del ámbito de competencia otorgado a esta
Superintendencia como se tratará en detalle en el siguiente punto.
Ahora bien, si la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. es conocedora
de actuaciones por parle de otras entidades que contraríen de manera clara la
Constitución Política y la demás normatividad que regula la materia o atenten de
manera ostensible contra sus derechos, debió manifestarlo ante las Autoridades
Competentes, tan pronto como se presentaron las mismas.
Por último y en relación la solicitud de coadyuvancia ante CORTOLIMA con el fin
de obtener la concesión de aguas, es pertinente señalar que se despachará de
manera desfavorable pues esta superintendencia no está facultada de manera
legal para tales efectos, y por ende no le es dable ejercer coadyuvancia en los
tramites que adelanten los prestadores, ante otra autoridad por no ser una
actividad de su competencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de
la Ley 142 de 1994.
Por lo anterior, los argumentos presentados por el prestador, no están llamados a
prosperar.
Siguiendo con lo enunciado por la investigada y con el presente análisis, y dado
que el prestador afirma que no está obligado a lo imposible, es del caso señalarle
que como ella misma lo menciona en su escrito de descargos, por ostentar la
calidad de prestador de servicios públicos, se encuentra sujeta a lo dispuesto por
el artículo tercero de la Ley 142 de 1994 el cual estipula "Todos los prestadores
quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley,
a todo lo que esta ley dispone para las empresas y sus administradores y en
especial, a las regulaciones de las Comisiones, al control, inspección y vigilancia
de la Superintendencia de Servicios Públicos..:”, así pues los prestadores de
servicios públicos, por imposición legal deben desplegar todos los esfuerzos
necesarios con el fin de desarrollar su actividad, de conformidad con los
lineamientos normativos establecidos en la lev 142 de 1994 y particularmente en
los artículos: 3, 22 y 25.
En concordancia con lo anterior, resulta imperativo, que el prestador hubiese
demostrado que actuó con total diligencia y cuidado, que contaba los permisos y
licencias de las autoridades respectivas, de que tratan los artículos 22 y 25 de la
ley 142 de 1994, lo cual como quedó ampliamente demostrado, no se evidencia en
la presente investigación, por el contrario lo que se logró demostrar fue su total
negligencia, conforme a las pruebas ya detalladas.
Así las cosas, y de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la
empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. se encontraba prestando el
servicio público de acueducto en el municipio de Melgar (Tolima.) sin contar con
los permisos de captación para poder operar el servicio de acueducto.
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Por lo anterior, este argumento del prestador no prospera.
ARGUMENTOS CONTRA EL CUARTO CARGO
Referente al cuarto cargo consistente en el PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A
LOS ARTICULOS 198, 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000 DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. AL NO CONTAR CON
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, la prestadora expone:
ARGUMENTOS DEL PRESTADOR
En relación con este punto se aclara que el cargo se encuentra referido de manera
expresa a NO CONTAR CON MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, contrariando las
disposiciones establecidas en los artículos 198, 199 y 202 de la Resolución No.
1096 de 2000, frente a lo cual el prestador, reitera los argumentos por ella
esbozados frente al cargo segundo.
Para mayor claridad respecto del tema que aquí se debate, el despacho considera
necesario precisar lo siguiente.
La Resolución 1096 de 2000, expedida por el entonces Ministerio de Desarrollo
Económico, por medio de la cual se “Adopta el Reglamento Técnico de Agua
Potable y Saneamiento Básico - RAS", estableció en el artículo 2. lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.- OBJETO: El presente Reglamento tiene por objeto señalar
los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y
procedimientos correspondientes, al Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico y sus actividades complementarias, señaladas en el artículo 14,
numerales 14, 19, 14.22, 14.23 y 14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten
las Entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de
acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces” (Se resalta)
A su turno, los artículos 198, 199 y 202 ibidem, establecen:
“ARTÍCULO 198.- PUESTA EN MARCHA. Los procedimientos y medidas
pertinentes a la puesta en marcha de los diferentes componentes de un
sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos
establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de puesta en
marcha suministrados por el diseñador, constructor, fabricante o proveedor
al entregar a la entidad contratante las obras, bienes o servicios que le fueron
contratados. Cuando se utilicen métodos alternativos de diseño y
construcción y/o suministros que incorporen tecnologías no
institucionalizadas aún en el país, el constructor, fabricante o proveedor
deberá poner en marcha y operar, o acompañar la operación al menos
durante seis meses en la nueva tecnología, de forma que se verifique su
correcta operación y se asegure la capacitación del personal que se
encargará posteriormente de su administración, operación y mantenimiento.”
“ARTÍCULO 199.- OPERACIÓN. Los procedimientos y medidas pertinentes
a la operación continua y permanente de los diferentes componentes de un
sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos
establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de operación que
deben tener disponibles en todo momento los operadores de las Entidades
Prestadoras de los servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo
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para cada uno de sus componentes, con el fin de brindar a los usuarios el
respectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad exigidos en el
presente Reglamento Técnico.
PARAGRAFO 1: Presiones en la red: Una vez que la red de distribución, o
su ampliación, entre en operación, y durante todo el período de vida útil del
proyecto, deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red,
teniendo en cuenta los manuales de operación y mantenimiento.
PARAGRAFO 2: Calidad de agua en la red. Una vez que la red de
distribución se encuentre en operación y durante todo el período de vida útil
de ésta, deben verificarse la calidad del agua en la red, teniendo en cuenta
lo establecido en el Capitulo III del Decreto 475 de 1998 del Ministerio de
Salud Pública, o el que lo reemplace.”
“ARTÍCULO 202.- MANTENIMIENTO. Los procedimientos y medidas
pertinentes para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de
los diferentes componentes de un sistema de agua potable y saneamiento
básico seguirán los requerimientos establecidos en los Planos de Instalación
y los Manuales de Operación y Mantenimiento que deben tener disponibles
en todo momento los operadores de las Entidades Prestadoras de los
servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo para cada uno de
sus componentes en el caso de sistemas que están en operación. O los
suministrados por el diseñador, constructor, fabricante o proveedor al
entregar a la entidad contratante las obras, bienes o servicios que le fueron
contratados, para el caso de las obras nuevas a partir de la vigencia de este
reglamento.”
Conforme al lineamiento normativo presente, es claro que los prestadores, tal y
como es el caso de la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., que tengan
bajo su cargo los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, deben contar
con manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado.
Con el fin de verificar el cumplimiento a la normatividad transcrita, la Dirección
Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado realizó visita de vigilancia los
días 20 v 21 de marzo de 2012. a la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A.
E.S.P., en el municipio de Melgar - Tolima, y como resultado de la misma, se
evidenció que el prestador investigado no contaba con manuales de operación y
mantenimiento para los sistemas de acueducto y alcantarillado, como se registró
en la correspondiente acta de visita, numeral 1.16 página 16, numeral 2.8 página
18, al igual que en el informe correspondiente, página 30 numeral 3.1.16 y numeral
3.1.8, página 38. veamos:
“(...) 1.16. Documentación y Manuales
Según la información recopilada en la visita técnica, la Empresa HYDROS
MELGAR S. EN C.A. E.S.P.. no cuenta con manuales de operación y
mantenimiento y el Plan de Contingencia está en revisión por parte de la
SSPD.
La empresa informa que los operarios de la PTAP, están certificados en
competencias laborales (…)”.
Luego, este despacho procedió a estudiar el informe de la visita realizada y
encontró a folio 38, lo siguiente:
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“(…).2.8. Documentación y Manuales”
Según la información recopilada en la visita técnica la Empresa Hydros
Melgar S. EN C.A. E.S.P. no cuenta con manuales de operación y
mantenimiento del servicio de alcantarillado.
Dado lo anterior, la empresa no está dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 198, artículo 199 y artículo 202 de la Resolución 1096 de 2002 del
entones Ministerio de Desarrollo Económica.
La empresa informa que los operarios encargados del sistema de
alcantarillado no están certificados en competencias laborales. Dado lo
anterior, la empresa no está dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 2 de la Resolución 1570 de 2004 del MAVDT (…)”
No obstante el hallazgo, con el ánimo garantista que se ha caracterizado esta
Entidad, informó al prestador lo relativo a la falta de manuales, a través de la
Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, mediante el radicado
No. 20124230198071 del 09 de abril de 2012, para que rindiera las explicaciones
del caso, frente a lo cual el señor LUIS FABIÁN CASTILLA RODRÍGUEZ.
Representante Legal de la empresa investigada, se pronunció mediante oficio
radicado No. 20125290268392 del 31 de mayo de 2012, indicando a folio 10 frente
a este incumplimiento: ‘'Actualmente se encuentra en etapa de diseño los
manuales dé operación y mantenimiento, para los procesos de acueducto y
alcantarillado".
La anterior manifestación, que fue realizada por el Representante Legal de la
empresa prestadora, es considerada una confesión que produce efectos jurídicos,
y que además es concordante con el cargo imputado y está relacionado con los
hechos objeto de la investigación, motivo por el cual, es posible atribuirle toda
credibilidad a la confesión del representante legal, veamos:
“ARTÍCULO 198. CONFESIÓN POR REPRESENTANTE. Vale la confesión
del representante legal, el gerente, administrador o cualquier otro mandatario
de una persona, mientras esté en el ejercicio de sus funciones, en lo relativo
a actos y contratos, comprendidos dentro de sus facultades para obligar al
representado o mandante”.
Por lo anterior, es claro que la investigada no tenía manuales de operación y
mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, tal y como consta en
el acta de visita conjunta, suscrita tanto por funcionarios de dicha entidad, como
representantes de la empresa investigada y para dicha fecha se encontraba
transgrediendo lo estipulado en los artículos 198, 199 y 202 de la Resolución 1096
del 2000, hecho que no fue desvirtuado, ni controvertido por la empresa HYDROS
MELGAR S. EN C.A E.S.P., así como tampoco se acreditó que contara con
manuales de operación y que los sistemas de acueducto y alcantarillado (Sic).
Por lo expuesto, el argumento del prestador no prospera.
ARGUMENTOS CONTRA EL QUINTO CARGO
En cuanto al quinto cargo, referente al PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 1570 DE 2004 DEL
MAVDT, el prestador señala:
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En este grupo de planteamientos, el prestador señala que la nómina de la empresa
HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. viene de una sustitución patronal y que si
bien sus empleados tienen escasa formación académica, cuentan con más de
quince (15) años de experiencia, los cuales cumplen sus funciones de forma
eficiente. Agrega que se ha preocupado por capacitar y certificar a sus funcionarios
y culmina diciendo que esta superintendencia no puede pasar por alto que en el
municipio nunca se han presentado problemas de alcantarillado, ni siquiera en la
época de ola invernal.
Lo primero que se debe señalar con respecto al presente grupo de argumentos, es
que ninguna de las aseveraciones hechas por el prestador en este argumento,
viene acompañada de algún elemento probatorio que la sustente, por lo que las
mismas se tienen como meras manifestaciones, sin relevancia jurídica para el
caso, ya que al tener el prestador la carga de la prueba y no haber probado sus
dichos, estos se constituyen en meras afirmaciones sin sustento probatorio que las
respalde.
Sobre el particular, es obligatorio tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 177
del Código de Procedimiento Civil, citado en reiteradas oportunidades. Por lo tanto,
es claro que los hechos señalados por el prestador además de ser inocuos para el
presente estudio, no tienen relevancia jurídica para desvirtuar la conducta que se
le reprocha como incumplida, precisamente por no estar fundamentados en
pruebas.
No obstante, ser ello motivo suficiente para desechar el presente grupo de
argumentos, esta superintendencia se permite añadir que ninguno de los hechos
que expone el prestador, aún si llegasen a ser probados, que no lo están, tendría
la facultad de desvirtuar el incumplimiento que se le atribuye en el cargo en estudio,
por las razones que se pasan a ver:
La primera de ellas se encuentra referida al hecho de que para el despacho no
está en discusión dentro del presente cargo, si los trabajadores de la investigada
que realizan labores técnico-operativas o de administración en la operación y
mantenimiento del sistema de alcantarillado, vienen de una sustitución patronal y
tampoco se puede discutir las disminuciones físicas de alguno de ellos. Lo que sí
se encuentra en estudio dentro de la presente actuación el incumplimiento de la
empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., a lo establecido en el artículo 2
de la Resolución 1570 de 2004 del MAVDT, el cual indica:
“ARTÍCULO 2. El artículo 11 de la Resolución 1076 de 2003 quedará así
“artículo 11. Exigibilidad de la certificación para los trabajadores vinculados.
Los trabajadores vinculados a las entidades prestadoras de los servicios de
acueducto y/o alcantarillado y/o aseo, que tengan más de seis (6) meses de
labor en puestos de trabajo técnico-operativos o administrativos deberán
estar certificados en su respectivo oficio, de acuerdo con el siguiente
cronograma….”
Entonces, de acuerdo con la norma transcrita, vale decir que el cargo encuentra
su fundamento en los hallazgos encontrados el 20 y 21 de marzo de 2012, en
ejercicio de las funciones permanentes de vigilancia y control por parte de esta
entidad. La Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado realizó una
visita técnica de vigilancia y control a la investigada, en el municipio de Melgar
(Tolima), y los hechos encontrados en la misma quedaron consignados en el acta
y el informe de visita, en la primera de ellas a folio 16, se anotó lo siguiente:
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"(...) 1.16. Documentación y Manuales
La empresa informa que los operarios de la PTAP, están certificados en
competencias laborales. (...)"
No obstante, al estudiar el correspondiente Informe de la Visita realizada, encontró
a folio 39 lo siguiente:
"(...) 3.2.6 Documentación y Manuales
La empresa informa que los operarios encargados del sistema de
alcantarillado no están certificados en competencias laborales. Dado lo
anterior, la empresa no esté dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 2 de la Resolución 1570 de 2004 del MAVDT.”
Adicionalmente, el Representante Legal del prestador allegó oficio radicado SSPD
No. 20125290268392 del 31 de mayo de 2012, por medio del cual procedió a rendir
las explicaciones que consideró necesarias respecto a este incumplimiento y entre
otras cosas dijo: "La empresa ha iniciado el proceso de solicitud para continuar con
la certificación del personal operativo, para esto se envió una comunicación al
SENA solicitando dicho programa. Se anexa oficio mencionado."
Ahora bien, este despacho verificó el material probatorio obrante en el expediente,
que junto con el radicado No. 20125290268392 del 31 de mayo de 2012, remitido
por la empresa prestadora a folio 31 del mismo, se señala que el prestador solicito
asesoría del Sena "capacitación para certificación de competencia laborales
orientado a fontaneros y operarios de la planta de tratamiento de agua potable...",
oficio que data del 26 de marzo de 2012; es decir, fecha posterior a la visita
efectuada por la superintendencia. Por tanto, la misma se realizó con posterioridad
a los días 20 y 21 de marzo del presente año. Como consta en las pruebas
obrantes en el expediente y lo ratifica el prestador en el oficio radicado bajo el No.
20125290268392 del 31 de mayo de 2012.
No obstante, esta superintendencia debe ser clara en señalar, que esta solicitud
por si sola tampoco permite tener certeza sobre el cumplimiento de la obligación
del prestador, más aún cuando a la fecha en la cual se expide el presente acto
administrativo, la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. no aportó prueba
de la cual pueda concluir este despacho, que ya se allanó a la obligación de la cual
se predica el incumplimiento en el presente cargo.
Lo anteriormente señalado, junto con la evidencia que forma parte del expediente,
indica el incumplimiento por parte del prestador, al no contar con personal
calificado en competencias laborales para la operación y mantenimiento del
sistema de alcantarillado, hecho que indica la inobservancia de lo previsto en el
artículo 2 de la Resolución 1570 de 2004 del MAVDT, por parte de la empresa, al
omitir los requisitos señalados, esto es que cuenten con más de seis meses de
labor en puestos de trabajo técnico-operativos o administrativos y certificados en
el oficio que desempeñan, conforme a los cronogramas establecidos en la referida
norma.
Aunado a lo anterior, y dado que la investigada asevera que se ha preocupado por
capacitar e incentivar a sus empleados para que continúen con sus estudios
académicos, lo cual según su dicho se prueba con el hecho en la actualidad
algunos de ellos se encuentran terminando el bachillerato y otros cursando
estudios de pregrado, el despacho debe indicar que pese a asegurar tales hechos,
y aún en gracia de discusión fueran reales, el prestador no puede pretender con
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su argumento desligarse de su responsabilidad derivada del incumplimiento
normativo en el que se ve incursa, por cuanto a nadie le es dable alegar su propia
culpa para derivar de ella un beneficio, y en este sentido hay que advertir que dicho
argumento no justifica el incumplimiento normativo en que se hallaba incurso el
prestador.
Al respecto, la H. Corte Constitucional en Sentencia No. C-083-95, marzo 1, en
relación con el principio "NEMO AUDITUR PROPIAM TURPITUDINE ALLEGANS”
PRINCIPIO “NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA” Y PRINCIPIO DE LA
BUENA FE. sostuvo:
“(…) No hay duda de quien alega su propia culpa para derivar de ella algún
beneficio, falta a la buena fe entendida como la ausencia de dolo, a la
conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al
derecho, y los fines que persigue están amparados por éste. Ahora bien: el
artículo 83 de la Carta del 91, impone la buena fe como pauta de conducta
debida, en todas las actuaciones, tanto de las autoridades públicas como de
los particulares. Y los artículos 1525 y 1744 del Código Civil, tan anteriores
en el tiempo a nuestra Constitución actual, constituyen, sin embargo, cabal
desarrollo de ese principio al impedir – el primero- la repetición de lo que se
ha pagado “por un objeto o causa ilícita a sabiendas”, y el segundo al privar
de la acción de nulidad al incapaz, a sus herederos o cesionarios, si aquel
empleó dolo para inducir al acto o contrato. Ejemplar es también, en esa
misma dirección, el artículo 156 del mismo estatuto que impide al cónyuge
culpable, invocar como causal de divorcio aquélla en que él mismo ha
incurrido. Tales disposiciones, justo es anotado, eran reductibles inclusive a
la carta anterior que, no obstante, no consagraba explícitamente el deber de
actuar de buena fe”
La segunda razón para que los argumentos de la investigada no prosperen, se
halla referida al hecho que si el prestador pretende ser exonerada de la conducta
atribuida argumentando que los empleados bajo su cargo cumplen con sus
funciones de forma eficiente, de acuerdo a su experiencia y formación académica,
es preciso indicar, que de ser verdaderas estas afirmaciones, con las mismas no
se logra demostrar que el personal que se encuentra encargado de ejecutar
labores técnico-operativos o administrativas en la empresa, estén debidamente
certificados en los oficios que realizan y de estar desempeñando sus labores de
forma eficiente, tal acción tampoco implica por si sola, que el aludido personal
cuente con la certificación correspondiente, conforme lo exige la norma.
En lo referente al supuesto hecho que en el Municipio de Melgar nunca se hayan
presentado problemas de prestación, ni siquiera en la pasada ola invernal, hecho
que tampoco se debate el- presente asunto y que como ya se señaló carece de
sustento probatorio, por lo que es acertado enfatizar, en que aún de ser cierto, sin
lugar a dudas la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., es la única
responsable de la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado en el MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA, y por el solo
hecho de ostentar tal calidad de prestador, debe observar y acatar de manera
estricta y en todo momento, las normas que le son aplicables dada su condición, y
por ende de prestar un servicio de calidad es obligación de la investigada, dentro
de los cuales se encuentra brindar un servicio de acueducto y alcantarillado en
excelentes condiciones.
Si bien, esta entidad observa que la empresa alega haber cumplido con las
obligaciones que la constitución y la ley le han impuesto dada su calidad de
prestador de servicios públicos, esta nunca demostró ni en la fecha en la cual se
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realizó la visita técnica por parte de esta superintendencia, ni con posterioridad,
haber dado cumplimiento a la norma endilgada.
Por lo expuesto, este argumento no prospera.
Por último, en lo que atañe a las manifestaciones de la empresa investigada, en
las cuales afirma que no es dable por factores sociales y de Derecho laboral,
despedir trabajadores que vienen de una sustitución patronal y que están ad portas
de pensionarse...", debe ser claro este despacho en señalar, que tales
afirmaciones no guardan relación con el cargo quinto endilgado a la investigada,
pues como se dejó claro al comenzar este análisis, el cargo se encuentra referido
al incumplimiento por parte del prestador a lo ordenado por el artículo 2 de la
Resolución 1570 de 2004 del MAVDT, y como bien se desprende del artículo atrás
transcrito, la norma en ningún momento menciona o exige a la empresa HYDROS
MELGAR S. EN C.A. E.S.P., el despido de los empleados que no estén certificados
en sus respectivos oficios, ni tampoco se refiere a la vulneración de derechos de
los trabajadores que se encuentran a cargo de la investigada, como lo plantea el
prestador, lo que si exige la norma es que aquellos empleados vinculados a la
empresa prestadora y que ocupen lugares de trabajo técnico-operativos o
administrativos y que cuenten con más de seis (6) meses de vinculación a la
empresa prestadora, deben estar certificados en su oficio, lo cual no demostró el
prestador.
En este orden de ideas, no entiende este despacho como puede confundir el
prestador la conducta que se le atribuye, con el despido de personal a que hace
referencia y no es admisible para este despacho, ya que so pretexto de justificar
su falta, el prestador se refiera al despido de empleados, cuando esta situación no
está planteada en la actual investigación, ni es competencia de esta entidad
Habida cuenta lo anterior, debe quedar claro que para la fecha en la cual se toma
la presente decisión, la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. no logró
demostrar que para la fecha en la cual se realizó la visita de inspección, contara
con el personal certificado en competencias laborales para la operación y
mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, ni tampoco para la
fecha actual, por lo que evidentemente el cargo se encuentra debidamente
probado.
Por lo expuesto, el argumento del prestador no prospera.
Así las cosas, los cargos imputados al prestador se encuentran debidamente
probados, por lo cual estos prosperan y el prestador será sancionado en
consecuencia por las infracciones normativas en que incurrió de acuerdo con los
postulados del artículo 81 de la Ley 142 de 1994
IV. SANCIÓN ADMINISTRATIVA:
Las sanciones administrativas que puede imponer la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios se encuentran enumeradas en el artículo 81 de la
Ley 142 de 1994 de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la falla de cada uno
de los cargos.
Así las cosas, el despacho procede a calificar las conductas imputadas a través de
los cargos y a realizar el análisis sobre la naturaleza y gravedad de las faltas que
quedaron comprobadas dentro de la presente investigación, así:
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• PRIMER CARGO: OMISIÓN EN EL CONTROL CONTINUO DE PRESIONES
DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN AL RED, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN 1096 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2000
POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL SECTOR DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -RAS.
SEGUNDO CARGO: INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 86 DE LA
RESOLUCION No. 1096 DE 2000 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO. MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN 668
DE 2003 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL AL NO CONTAR CON MACROMEDICIÓN EN RED DE
DISTRIBUCION Y LOS ARTICULOS 2.1.1,0 Y 2.1.9 DE LA RESOLUCIÓN CRA
151 DEL 2001.
• CUARTO CARGO: INCUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 19B. 199 Y 202 DE
LA RESOLUCION No. 1096 DE 2000 DEL MINISTERIO DE ECONÓMICO, AL NO
CONTAR CON MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
De acuerdo con la naturaleza de la falta, las conductas consagradas en estos tres
cargos transgredieron de forma grave, los bienes jurídicos, consagrados mediante
la Resolución 1096 de 2000, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS, de la siguiente manera:
En la medida en que afecta la competitividad, integración y desarrollo de los
sectores productivos del agua potable y saneamiento básico, por cuanto los
sistemas de acueducto y alcantarillado de la empresa HYDROS MELGAR S. EN
C.A. E.S.P. no se ajustan a las exigencias señaladas en las normas mencionadas,
con los cual se desconoce además la política del Gobierno Nacional en materia
social, dada la afectación en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Se omite atender con los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos
y procedimientos que utilicen las Empresas de Servicios Públicos del Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico, siendo esto grave, en la medida en que se
comprobó que la empresa no realizaba control de presiones en la red de suministro
de agua, ni de macromedición en la red de distribución y tampoco contaba con los
manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, desconociendo con ello la operatividad y el adecuado
funcionamiento de dichos sistemas, contribuyendo con esto al deterioro de los
implementos, sin tener en cuenta que quienes asumen el costo de dicha
infraestructura es también el usuario final.
Adicionalmente, la empresa no tiene en cuenta el impacto económico que esto
ocasiona en los usuarios, ya que los mismos pagan dentro de la tarifa por el
servicio de mantenimiento de las redes de los públicos de Acueducto y
Saneamiento Básico, sin que la empresa cumpla efectivamente las obligaciones
que dan cuenta las normas objeto de reproche.
Igualmente atenta el prestador contra la seguridad y protección de la vida y salud
humana y entre otros aspectos, al afectar conceptos de calidad, cantidad,
continuidad y cobertura, de los sistemas de acueducto y alcantarillado, pues las
normas violadas por el prestador amparan la salud pública y el bienestar de la
población
Se suma a lo anterior que las conductas atribuidas al prestador menoscaban el
desarrollo de la economía; no permite la mejora progresiva de la calidad de los
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bienes y servicios que están a cargo de las empresas prestadoras de servicios
públicos.
Desconoce los programas de macromedición que tiene como objetivo el uso
eficiente del agua potable, en la medida en que con esta herramienta se puede
medir tos volúmenes de agua y controlar su uso y posibles pérdidas de este
recurso natural.
En conclusión, se tiene que efectivamente se comprobó, a partir del material
probatorio que reposa en el expediente, los graves y negligentes incumplimientos
en los que incurrió la empresa en su calidad de prestadora de los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Melgar (Tolima). por lo que
amerita severamente ser sancionada.
En relación con el cargo tercero, se procede a calificar la conducta y a realizar el
análisis sobre la naturaleza y gravedad de la falta que quedó debidamente probada
dentro de la presente investigación, así:
• TERCER CARGO; VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULO 22 Y 25 DE LA LEY 142 DE
1994, POR NO CONTAR CON LOS PERMISOS DE CAPTACIÓN PARA PODER
OPERAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO.
De acuerdo con la naturaleza de la falta, es claro que la violación que se atribuye
a la investigada, resulta de una alta gravedad, ya que la empresa investigada
evade el control total del Estado sobre la conservación y preservación de los
recursos hídricos, de la quebrada La Palmara y la bocatoma San José La Colorada
(rio Sumapaz), al no contar con los contratos de concesiones, permisos y licencias
que la ley tiene para el efecto. Recursos que se encuentran amparados por la
Constitución Política de Colombia, y que están instituidos para la conservación de
la vida humana.
El prestador desconoce que solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de
concesión y que las actividades que Implican captar, controlar, conducir,
almacenar o distribuir el caudal de agua solo pueden ser utilizadas mientras su uso
esté autorizado, por parte de la autoridad ambiental. Situación que a todas luces
resulta incumplida por el prestador tal como quedó suficientemente probado en la
presente investigación.
Se adiciona a lo anterior, que la empresa prestadora, no tiene en cuenta que esa
concesión resulta ser importante, dado que constituye el título habilitante para que
la autoridad ambiental inspecciones el uso y aprovechamiento óptimo del recurso
hídrico, que constituyen la quebrada La Palmara y la bocatoma San José La
Colorada (Rio Sumapaz), teniendo en cuenta las condiciones técnicas de
disponibilidad y demanda del recurso, título que no se sustituye con los meros
trámites administrativos, que mencionó el prestador a lo largo de la presente
investigación y respecto de los cuales la autoridad ambiental le indicó en su debido
momento, el trámite que debía acotar, sin que la empresa demostrara en el curso
de esta investigación, que había obtenido la concesión para operar el servicio de
acueducto, prestando éste en forma irregular
Esta omisión no podía pasarse por alto, dado que existen bienes jurídicos
tutelados, que el ordenamiento constitucional y legal impone su inmediata
protección.
En cuanto a la conducta que fue imputada a través del cargo que se estudia a
continuación, procede este despacho a calificar la misma y a realizar el análisis
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sobre la naturaleza y gravedad de la falta comprobada, dentro de la presente
investigación, así:
QUINTO CARGO: INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2
DE LA RESOLUCIÓN 1570 DE 2004 DEL MAVDT
De acuerdo con la naturaleza de la falta, se tiene que la conducta consagrada en
este cargo vulnera en forma grave, los bienes jurídicos, consagrados en la
RESOLUCIÓN 1570 DE 2004 DEL MAVDT, por la cual se "modifica la Resolución
1076de octubre 9 de 2003 que actualiza el Plan Nacional de Capacitación y
Asistencia Técnica para el sector de Agua Potable, Saneamiento Básico y
Ambiental y se toman otras disposiciones", de la siguiente manera:
No contar con el personal capacitado atenta de manera grave contra el
mejoramiento de la calidad de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo e impacta de manera negativa y económica a los usuarios de la empresa
investigada, quienes asumen las ineficiencias por falta de conocimiento del
personal que opera los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como también
asumen la falta de asistencia técnica en relación con el servicio de aseo, lo cual
frena el desarrollo del sector de agua potable y saneamiento básico.
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA HYDROS MELGAR S .EN C.A.
E.S.P.:
Una vez analizada la naturaleza y gravedad de la falta y previo a imponer la
sanción, por violación de las normas conforme se establece en el artículo 81 de la
Ley 142 de 1994, la entidad puede dejar pasar por alto el análisis de la difícil
situación financiera que afronta HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. la cual está
inmersa en una de las causales de disolución que contempla el Código de
Comercio, específicamente en su artículo 351 que la letra señala:
“ARTÍCULO 351. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES POR REDUCCIÓN DE PATRIMONIO NETO. La comandita por
acciones se disolverá también, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el
patrimonio neto a menos del cincuenta por ciento del capital suscrito”
En efecto, en el citado memorando se indica que el cierre del año 2011, el capital
suscrito alcanzó $400 millones, no obstante el patrimonio neto del prestador cayó
a un valor negativo de $ 319 millones, esto debido a las pérdidas acumuladas. Así
se corrobora en la siguiente tabla, identificada con el No. 1. Veamos:
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Valga señalar, que como se detalla en el enunciado memorando, de la lectura de
los datos, en conjunto con las cifras de balance, las notas y las aclaraciones
producto de las entrevistas a la administración de la empresa, se desprende lo
siguiente:
La utilidad bruta generada por la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P..
equivale al 41,25% de los ingresos operacionales, monto que cubre los gastos
administrativos y dejó un remanente operacional de $703 millones, equivalente al
10.7% de los ingresos, sin embargo esta suma fue insuficiente para cubrir los
gastos no operacionales,. por lo cual la empresa presentó pérdida de $73 millones
antes de impuestos y $533 millones después de impuestos
En lo que respecta a los ingresos, según se indica en el memorando No.
20124200036703 del 22 de junio de 2012. se evidencia que los mismos son
sostenibles y corresponden en su totalidad a la prestación del servicio en el
Municipio de Melgar.
Otro factor a tener en cuenta, se encuentra relacionado con la deuda que el
prestador tiene con la DIAN, así, los gastos administrativos incluyen la partida
“Impuestos contribuciones y tasas", que alcanzó $1.181 millones. De esta suma,
$935 millones se explican en intereses moratorios generados por deudas antiguas
con la DIAN. Esto se detalla en la siguiente tabla, en la cual se resumen estas
deudas, así:
Por su parte, la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado
manifiesta frente a este aspecto
“(..) La deuda del 2011 se pagó este año. según el calendario tributario. El
resto de la deuda, es decir $3.021 millones, está causando intereses a favor
de la DIAN a la tasa tributaria, que hoy está al 30.76% E.A.
Esta deuda es, puede ser, el problema más delicado que tiene la empresa.
Si la tasa de mora tributaria no cambia, se causarán al año $930 millones por
intereses, monto que castigará el estado de resultados y que, de contera, no
es deducidle tributariamente. Tampoco es revocable o negociable: la DIAN
no cuenta con facultades para acordar descuentos en intereses, tasas de
interés o deudas. Hydros Melgar no puede pagar esta deuda en este
momento Queda, entonces, la opción de sustituirla por una deuda de costo
comercial o, incluso, más bajo (…)”
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Continuando con el presente análisis, se debe Indicar que de la información
reportada por la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, en lo
referente a los pasivos de la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., se
señaló lo siguiente:
(...) La empresa tenía un pasivo acumulado, al cierre de 2011, de $6.025
millones. De ese valor, varias partidas corresponden con el giro ordinario del
negocio, pero hay otras cuentas particulares, entre ellas las que se detallan
en la Tabla No. 4.
En lo que respecta a las Partidas no registradas, se señala que "el patrimonio
neto llegaría a menos $5.623 millones, con lo cual se profundiza la causal de
disolución. Bajo este escenario. la capitalización de todas las acreencias a
favor de Gestaauas sería insuficiente cara recuperar el patrimonio y enervar
la causal de disolución”
Así, luego del correspondiente análisis de los datos financieros de la empresa
prestadora la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, agrega
que:
“(…) Adicionalmente. la difícil situación financiera por la que atraviesa la
empresa, incidió en el no cumplimiento del acuerdo de mejoramiento suscrito
por el prestador con esta entidad el cual venció el 25 de diciembre de 2011
y del cual se dio concepto final a través de ofició radicado SSPD No. del
20124210412551 del 22 de junio de 2012.
Bajo este escenario financiero, se observa que la empresa no está en
capacidad de llevar a cabo inversiones requeridas, con recursos propios o
con financiación, en la infraestructura de acueducto y alcantarillado en
búsqueda do mejorar los servicios prestados, (...)”
Lo anterior se refuerza al revisar que de acuerdo con los estados financieros
reportados en el año 2012, la empresa presenta un nivel de endeudamiento de
103%. indicando que la totalidad de los activos se encuentra comprometida con
acreedores.
De acuerdo con los estados financieros reportados a través del $UI. a diciembre
31 de 2012 se observa que el patrimonio se ha reducido en 68,5% respecto al
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capital suscrito, manteniéndose, de esta forma la causal de disolución de (a
empresa.
Del cuadro antes descrito, se evidencia un ligero incremento de ingresos del 2012
en $568.863.197. lo cual no resulta suficiente para la generación de utilidades ni
para soportar las acreencias que acumulan a diciembre de 2012 ($7.740.582.703)
o por las pérdidas retenidas en su patrimonio que acumulan para diciembre de
2012 (-$2.128.000.000).
Adicionalmente, se observa que los activos están comprometidos en el 104%
respecto al total de los pasivos.
De otra parte, el nivel de cartera de servicios públicos no se recupera en el corto
plazo, lo que ocasiona problemas de flujo de caja y la cancelación de las deudas
a proveedores.
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En lo que se refiere a los impuestos, aumentó del 2011 al 2012 lo cual equivale a
$4.457.000.000 según los estados financieros reportados al SUI en el 2012, dentro
de los cuales hay $2,083.000.000 correspondientes a intereses de mora,
evidenciando la falta de pago por este concepto.
Así mismo, la empresa ha consumido su capital social debido a las pérdidas que
han sido recurrentes en años anteriores y que a diciembre de 2012 suman
aproximadamente - $2.128.000.0000, como se describe a continuación:
Es importante anotar que con la baja generación de utilidades, los altos pasivos
que presenta la empresa por concepto de impuestos y otros acreedores, así corno
la causal de disolución en la que está incursa, según los estados financieros de
2012, la empresa no puede afrontar el pago de sus obligaciones en el corto plazo,
lo cual genera un riesgo para la operación de los servicios en la medida que no
podría soportar la operación ni asumir inversiones que demanden la atención de
daños o de emergencias que se puedan presentar en el sistema.
Ahora bien, una vez consultado el Sistema Único de Información -SUI. no se
evidenció en los soportes de los estados financieros reportados a este aplicativo
para el año 2012 el dictamen del revisor fiscal.
Sin embargo, en el dictamen del revisor fiscal, para los años 2010 y 2011, informó
sobre algunos hechos económicos que no han sido registrados de manera correcta
en su contabilidad, tales como:
1. Cartera Empumelgar E.S.P. por valor de $1.911 millones
2. Registro en “otros cargos diferidos” Intereses de préstamos recibidos y
provisionados a favor de Gestaguas S.A. pendientes de amortizar por $192.9.
millones
3. Sentencias de demandas por $985 millones
4. No se ha realizado avalúos técnicos a los activos fijos como lo estipula el
decreto 2649 de 1993
5. Indebida contabilización de bono de éxito por valor de $4.470 millones, que se
asimilan a gastos de funcionamiento.
Esta situación podría agravar la situación financiera de la empresa.
Finalmente, los socios de la Empresa Hydros Melgar S en C.A E.S.P no han
tomado medidas para enervar la causal de disolución. Ante esta situación, la
Superintendencia mediante oficio radicado SSPD No. 20124200783951 del 16 de
octubre de 2012, puso en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades
esta situación, entre otras, con el fin que desde sus competencias se analizara
esta situación.
Por todo lo expuesto, y al haberse comprobado que la empresa HYDROS
MELGAR S EN C.A. efectivamente incurrió en las conductas señaladas en los
cinco (5) cargos que se le atribuyen en esta investigación, en forma grave, y
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teniendo en cuenta la situación financiera del prestador considera el despacho que
la sanción procedente es la prevista en el numeral 81.6. del artículo 81 de la Ley
142 del 11 de julio de 1994, esto es, la prohibición a la infractora de prestar directa
o indirectamente servicios públicos domiciliarios por el término de diez (10) años.
La mencionada sanción resulta procedente para garantizar el interés general que
protege el ordenamiento violado y descrito en las consideraciones del despacho,
así como también para salvaguardar los derechos de los usuarios de la empresa
afectados con la prestación deficiente en los servicios de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo.
Para el despacho es completamente inadmisible, que una persona jurídica que se
precia de ser prestador de los servicios públicos domiciliarios esenciales, como lo
son los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, lo haga sin respeto por los
incumpliendo normas de carácter constitucional y legal, violando así el
ordenamiento jurídico existente en Colombia, frente a la forma en que debe
desarrollarse la actividad de prestar servicios públicos domiciliarios.
Es por todo lo anterior, que, la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A... E.S.P.,
debe ser apartada de la posibilidad de prestar los servicios públicos domiciliarios,
por el término máximo que señala la Ley, tal y como efectivamente se hará.
De acuerdo a lo anterior, esta superintendencia de Servicios Públicos, en procura
de la protección de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Melgar - Departamento del
Tolima. y con el fin de que la prestación de dichos servicios no se vea afectada por
la salida obligada del prestador del mercado prohibiéndole ser prestador de
servicios públicos, deberá velar por dicha protección haciendo uso de los
mecanismos establecidos para tal fin.
Para el efecto, se comunicará la sanción impuesta a la prestadora al Alcalde
municipal de Melgar, con el fin de que atienda la obligación de asegurar la
prestación de los públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de acuerdo,
conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 142 de 1994. el cual establece:
“Artículo 5. COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN CUANTO A LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Es competencia de los
municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los
términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los
concejos.
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía
eléctrica y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios
públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el
artículo siguiente…”
Igualmente, se informa al Concejo Municipal de Melgar – Tolima para que
acompañe la gestión del alcalde.
De esta forma, se asegura esta superintendencia que se cumpla los postulados de
la Ley 142 de 1994 para con los habitantes de Melgar (Tolima), con el fin de que
estos tengan eficientes servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo.
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En este punto, se deja claro el despacho que el hecho de solicitarle al señor Alcalde
Municipal de Melgar, que asegure a los habitantes del municipio la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, de modo
alguno significa que se le está haciendo entrega de las redes o infraestructura con
la que se vienen operando dichos servicios en ese sector, pues no está dentro de
las competencias de esta entidad definir a quien corresponde la propiedad o
posesión de dichas redes.
Resulta perentorio adoptar esta sanción para proteger el interés general de los
habitantes del municipio de Melgar, con el fin de que no se vayan a quedar sin los
referidos servicios, teniendo en cuenta los graves incumplimientos de la empresa
HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. que fueron evidenciados en esta
investigación.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo previsto por el parágrafo del artículo 16 de la Ley
142 del 11 de julio de 1994. el cual señala que cuando haya servicios públicos
disponibles de acueducto y saneamiento básico será obligatorio vincularse como
usuario y cumplir con los deberes respectivos o acreditar que se dispone de
alternativas que no perjudiquen a la comunidad. La Superintendencia de Servicios
Públicos será la entidad competente para determinar si la alternativa propuesta no
causa perjuicios a la comunidad":
Se debe tener en cuenta que los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo son un derecho colectivo que prevalece sobre el derecho individual a la libre
elección del prestador, máxime cuando la indebida prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de la empresa HYDROS
MELGAR S. EN C.A. E.S.P. pone en riesgo a la colectividad.
Así mismo, se ordenará a los usuarios, actualmente atendidos por la empresa
HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., que una vez quede en firme el presente
acto administrativo, se vinculen al prestador del servicio público domiciliario de
acueducto, alcantarillado y aseo que resulte escogido en cumplimiento de la
aplicación del artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y que además esté legal y
formalmente constituido y opere en el municipio de Melgar (Tolima), con el fin de
prevenir conductas como las investigadas.
Valga la oportunidad para señalar que, si bien no es objeto de discusión dentro de
la presente actuación, este despacho procedió a efectuar una verificación en el
aplicativo "SANCIONADOS" del Sistema de Gestión Documental de la Entidad -
ORFEO identificando que esta entidad ha impuesto sets (6) sanciones al citado
prestador, que se encuentran en firme cuyo valor total asciende a la suma de
$181.041.000, como a continuación se detalla:
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Lo anterior, permite ver, que aunque no se encuentre en discusión dicha situación
dentro de la presente actuación, la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.
demuestra constantes incumplimientos a sus deberes como prestador de servicios
públicos, e incluso es renuente a dar cumplimiento a las ordenes administrativas
que se le imponen, hecho que corrobora una vez más que la investigada no se
encuentra en capacidad de continuar asumiendo sus deberes legales, como
responsable de los servicios públicos del Municipio de Melgar – Departamento del
Tolima.
Por lo todo lo expuesto, el despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO – PROHIBIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS directa o indirectamente, por un término DIEZ (10) AÑOS a la empresa
HYDROS MELGAR EN C.A. E.S.P., término que se empezará a contar a partir de
los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución. Lo anterior,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución
ARTICULO SEGUNDO. - Comunicar al Señor Alcalde Municipal de Melgar -
Departamento del Tolima, en su calidad de representante legal del Municipio, para
que una vez quede en firme la presente Resolución y vencido el plazo previsto en
el artículo primero de la misma, dé aplicación al artículo 5 de la Ley 142 de 1994,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
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ARTÍCULO TERCERO; Comunicar la presente Resolución al Concejo Municipal
de Melgar - Departamento del Tolima. con el fin de que apoye la gestión de la
Administración Municipal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente Resolución.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar, en desarrollo de lo establecido en el Parágrafo del
artículo 16 de la Ley 142 de) 11 de julio de 1994, que como consecuencia del
presente acto administrativo, una vez el mismo esté en firme, y transcurridos tres
(3) meses, los usuarios actualmente atendidos por la empresa HYDROS MELGAR
S. EN C.A. E.S.P., se vinculen al prestador de los servicios públicos domiciliarios
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, legal y formalmente establecido y constituido,
que opere en el Municipio de Melgar - Departamento del Tolima
ARTÍCULO QUINTO. - Notificar personalmente la presente Resolución al señor Dr.
LUIS FABIAN CASTILLA RODRIGUEZ en calidad de REPRESENTANTE LEGAL
de la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. O a quien haga SUS veces,
quien puede ser citado en la Calle 7A No 15 - 49 Barrio Versalles de la ciudad de
MELGAR - TOLIMA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole
que contra esta Resolución procede el recurso de reposición, que deberá
interponerse ante el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en caso de que
lo considere pertinente.
De no ser posible llevar a cabo la notificación personal, se dará aplicación a lo
previsto por el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO. - PUBLICAR el contenido de la presente Resolución en el
Diario Oficial, una vez esté en firme.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
notificación.”2
1.2.2. La Resolución No. SSPD – 201344000045165 del 8 de noviembre de 2013,
prevé:
“RESOLUCIÓN NO. SSPD – 201344000045165 del 2013-11-08
EXPEDIENTE: 2012440350600133E
POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION
I. ANTECEDENTES
PRIMERO-Agotada la etapa de descargos, y teniendo en cuenta el material
probatorio obrante en el expediente, mediante la Resolución N° Superintendente
de Servicios Públicos resolvió la investigación administrativa No.
2012440350600133E, imponiendo como sanción a la empresa HYDROS MELGAR
S. EN C.A. 20134400013695 del 2013-05-14, la E.S.P. la prohibición de la
prestación de servicios públicos directa o indirectamente por un término de diez
(10) años, término que se empezará a contar a partir de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de la aludida resolución, tras haberse comprobado los
cargos endilgados. Además, ordenó lo siguiente:
2 Visible a folios 34 a 48 del Cuaderno del Tribunal.
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Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
“(…) ARTICULO SEGUNDO. - Comunicar al Señor Alcalde Municipal de
Melgar - Departamento del Tolima, en su calidad de representante legal del
Municipio, para que una vez quede en firme la presente Resolución y vencido
el plazo previsto en el artículo primero de la misma, dé aplicación al artículo
5 de la Ley 142 de 1994, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de
la presten resolución.
ARTÍCULO TERCERO; Comunicar la presente Resolución al Concejo
Municipal de Melgar - Departamento del Tolima. con el fin de que apoye la
gestión de la Administración Municipal, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente Resolución.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar, en desarrollo de lo establecido en el
Parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de) 11 de julio de 1994, que como
consecuencia del presente acto administrativo, una vez el mismo esté en
firme, y transcurridos tres (3) meses, los usuarios actualmente atendidos por
la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., se vinculen al prestador
de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
legal y formalmente establecido y constituido, que opere en el Municipio de
Melgar - Departamento del Tolima (…)”
SEGUNDO. - Con el fin de notificar personalmente la Resolución No.
20134400013695 del 2013-05-14, se envió citación al Representante Legal de la
empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., mediante oficio N”.
20135000250441 del 17 de mayo de 2013, advirtiéndole que en caso de no
comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante edicto, conforme lo
dispone el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
El citado oficio fue remitido mediante correo certificado el día 17 de mayo de 2013,
bajo la planilla 201306440, como se observa en el expediente.
TERCERO. - La Resolución No. 20134400013695 del 2013-05-14 se notificó de
manera personal el 25 de junio de 2013 al doctor Iván Better Simons.
APODERADO de la empresa, corno se evidencia en la constancia que hace parte
del expediente.
CUARTO. - Mediante escrito que fue radicado en esta entidad en mil ochocientos
diecisiete (1.017) folios, bajo el No. 20136290322142 del 2013-07-03. presentado
dentro de la oportunidad concedida para el efecto, la doctora JHOANA MILENA
RINCON ZAPATA, en calidad de APODERADA de la empresa HYDROS MELGAR
S. EN C.A. E.S.P., interpuso recurso de reposición contra la Resolución No.
20134400013695 del 2013-05-14. con el cual aportó documentos para que fueran
tenidos en cuenta dentro de la presente actuación.
QUINTO. - Mediante auto de fecha 3 de septiembre de 2013, la Superintendente
de Servicios Públicos incorporó al expediente los documentos aportados por la
empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. con su escrito de recurso de
reposición, radicado bajo el No. 20135290322142 del 2013-07-03 y se decretó de
oficio la práctica de pruebas.
Se fijó como periodo probatorio un término de quince (15) días, contados a partir
del día siguiente de la expedición del referido auto, término que se extendía hasta
el veinticuatro (24) de septiembre de 2013.
SEXTO. - El auto de pruebas de fecha 3 de septiembre de 2013 fue comunicado a
la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. mediante oficio No.
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Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
20134400562701 de la misma fecha, advirtiendo que contra el enunciado auto no
procedía recurso alguno.
Dicho oficio fue entregado de manera personal en la dirección de notificación del
apoderado de la empresa prestadora, el día 11 de septiembre de 2013, y fue
recibido por la Señora Shirley Ávila, según consta en el expediente.
SÉPTIMO. -A través de radicado No. 20134400562751 del 3 de septiembre de
2013, se ofició a la Corporación Autónoma del Tolima, para que allegara la
información solicitada en el auto de fecha 3 de septiembre de 2013. Dicha
comunicación fue remitida vía correo electrónico a la citada Corporación, el día 13
de septiembre de 2013, y su recibido fue confirmado por la señora Paola Méndez,
tal como consta en el reporte de transmisión, anexo al expediente.
OCTAVO. – Asimismo, mediante memorando interno radicado No.
201344000055563 del 3 de septiembre de 2013, se ofició a la Dirección Técnica
de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de esta Superintendencia, para que
conforme a lo decretado en el auto de fecha 3 de septiembre de 2013, allegara la
información allí solicitada, comunicación que fue remitida a la citada Dirección, a
través del sistema Orfeo.
NOVENO. - El término probatorio establecido en el Auto de fecha 3 de septiembre
de 2013, se adicionó mediante Auto de fecha 24 de septiembre de 2013, en quince
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la expedición del mismo,
esto es, hasta el dieciséis (16) de octubre de 2013, con el fin de que se allegara
las pruebas oportunamente decretadas.
DÉCIMO. – El auto de fecha 24 de septiembre de 2013 fue comunicado a las
empresas HYDROS MELGAR S EN C.A. E.S.P., mediante oficio No.
20134400628621 del 24 de septiembre de 2013, advirtiendo que contra el
enunciado auto no procedía recurso algo.
El referido oficio fue entregado de manera personal en la dirección de notificación
del apoderado de la empresa prestadora, el día 02 de octubre de 2013, y fue
recibido por la señora Shirley Ávila, según consta en el expediente.
DÉCIMO PRIMERO. -A través de radicado N”. 20134400628881 del 24 de
septiembre de 2013. se ofició a la Corporación Autónoma Regional del Tolima,
para que allegara la información solicitada, en el auto de fecha 3 de septiembre de
2013.
Dicha comunicación fue remitida vía correo electrónico a la citada Corporación, el
día 09 de octubre de 2013, y su recibido fue confirmado por la señora Paola
Méndez, tal como consta en el reporte de transmisión, anexo al expediente.
DÉCIMO SEGUNDO- Mediante memorando interno radicado No.
20134400062763 del 24 de septiembre de 2013, se ofició a la Dirección Técnica
de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de esta Superintendencia, para que
conforme a lo decretado en el auto de fecha 3 de septiembre de 2013, allegara la
información solicitada.
DÉCIMO TERCERO. - Mediante oficio radicado en esta Superintendencia bajo el
No. 20135290507852 del 30 de septiembre de 2013, la Corporación Autónoma del
Tolima allegó la información solicitada en el auto de fecha 3 de septiembre de 2013
adjuntando material documental para soportar su respuesta.
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DÉCIMO CUARTO. - Mediante memorando N°. 20134200058633, remitido el 25
de septiembre de 2013, la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y
Alcantarillado allegó la información solicitada en el auto de fecha 3 de septiembre
de 2013.
DÉCIMO QUINTO. - A través de los oficios radicados en esta Superintendencia
bajo los Números 20135290538512 y 20135290546052 del 17 y 21 de octubre de
2013, respectivamente, ambos de idéntico contenido, la Corporación Autónoma
del Tolima efectuó un alcance a la respuesta ofrecida mediante el radicado
20135290507852 del 30 de septiembre de 2013.
DÉCIMO SEXTO. - Mediante auto de fecha 29 de octubre de 2013, este Despacho
incorporó al expediente las respuestas remitidas por la Corporación Autónoma del
Tolima y por la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, y así
mismo ordenó correr traslado de dichos documentos a la prestadora por el término
de tres (3) días hábiles, para que, si a bien lo tenía, se pronunciase al respecto.
DÉCIMO SÉPTIMO. - Mediante escrito radicado N.^ 20135290577632 de 6 de
Noviembre de 2013, la prestadora por intermedio de su apoderada se pronunció
frente a las respuestas emitidas por la Corporación Autónoma del Tolima y por la
Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, y aportó las siguientes
pruebas para que obren en el expediente:
1. Informe financiero sobre el pago de la concesión de aguas, elaborado por la
Contadora de la Investigada.
2. Informe técnico sobre el control de presiones y la macromedición elaborado por
la Directora Ejecutiva de la Investigada, con los siguientes anexos:
• Récord toma de presiones año 2012.
• Información SUI reportada mes a mes sobre toma de presiones
• Registro fotográfico toma de presiones
• Planilla F-50 Lectura de Macromedidores
• Bitácora de obra No. 1 Instalación de macromedidores
• Bitácora de Obra No. 2 Instalación de macromedidores
• Ficha Técnica Macromedidores de 6, 8, 10 y 12
3. Información financiera de HYDROS MELGAR, elaborado por la contadora de la
investigada.
Tras todo lo anterior, procede este Despacho a pronunciarse de fondo sobre el
recurso de reposición interpuesto.
II. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.
El escrito contentivo del recurso de reposición fue radicado bajo el N*".
20135290322142 del 2013-07‘-03, y será estudiado en el acápite correspondiente,
en donde se analizarán los argumentos del apoderado de la prestadora, en el
orden en que fueron expuestos.
2.1. Situación probatoria.
La actuación probatoria adelantada con ocasión a la interposición del recurso de
reposición, se encuentra detallada en el capítulo de antecedentes, numerales
quinto al décimo séptimo, del presente acto administrativo, debiéndose precisar
que además los documentos aportados por la empresa mediante radicado No.
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20135290577632 de 6 de noviembre de 2013, en su valor legal, se incorporan al
expediente y serán valorados junto con las demás pruebas para efectos de resolver
el presente recurso.
III. ANÁLISIS DEL DESPACHO
Procede ahora el Despacho a efectuar el análisis correspondiente de los
argumentos presentados en el recurso de reposición interpuesto por parte de la
empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P, contra la Resolución No.
20134400013695 del 2013-05-14. así:
3.1 DE LOS ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
La recurrente, luego de realizar las consideraciones previas, en las cuales hace
una breve descripción de los hechos de la presente actuación, en el literal D de su
escrito, titulado “EXPRESIÓN CONCRETA DE LOS MOTIVOS DE
INCONFORMIDAD", señala que sustentará sus argumentos en 8 ejes temáticos,
los cinco primeros, referidos a los cargos atribuidos, el sexto se refiere a la
situación financiera de la empresa analizada en el acto sancionatorio, el séptimo a
las sanciones citadas en la resolución recurrida y el octavo se refiere a la parte
resolutiva del acto recurrido.
ARGUMENTOS CONTRA EL PRIMER CARGO: OMISIÓN EN EL CONTROL
CONTINUO DE PRESIONES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA RED.
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN 1096 DEL 17
DE NOVIEMBRE DE 2000 POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO
TÉCNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO –
RAS.
PRIMER ARGUMENTO
De la presunta vulneración del principio de tipicidad por parte de esta entidad.
En este argumento titulado por la prestadora como la tipicidad administrativa,
comienza por referir a la conducta que se le endilga en el cargo bajo estudio y
realiza un breve recuento del análisis efectuado dentro del acto recurrido y culmina
afirmando que el Despacho encontró probado “que la empresa no realizaba control
de presiones en la red de suministro de agua”, allegando documentos y
explicaciones con el fin de que esta Superintendencia revalúe las conclusiones y
motivaciones hechas, en la resolución recurrida.
Adicionalmente, la empresa cita el artículo 199 de la Resolución 1096 del 17 de
noviembre de 2000 e indica que la conducta se encuentra definida a través de la
expresión “deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red” y
manifiesta que la norma en estricto sentido no dispone del método de verificación,
las características, la frecuencia, la continuidad y las condiciones de tiempo, modo
y lugar, para exigir el cumplimiento de la misma.
Agrega que la tipicidad administrativa se circunscribe al deber regulatorio y
asegura que, en atención a ello, las características de continuidad contenida en el
pliego de cargos y con base en la cual se impone la sanción, no se encuentra
prevista en la norma citada por esta entidad.
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Respecto a lo expuesto por la recurrente, el Despacho considera pertinente citar
lo establecido en el artículo 199 del capítulo XVIII de Resolución 1096 del 17 de
noviembre de 2000, cuyo tenor dispone:
“ARTÍCULO 199.- OPERACIÓN. Los procedimientos y medidas pertinentes
a la operación continua y permanente de los diferentes componentes de un
sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos
establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de operación que
deben tener disponibles en todo momento los operadores de las Entidades
Prestadoras de los servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo
para cada uno de sus componentes, con el fin de brindar a los usuarios el
respectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad exigidos en el
presente Reglamento Técnico.
PARAGRAFO 1: Presiones en la red: Una vez que la red de distribución, o
su ampliación, entre en operación, y durante todo el período de vida útil del
proyecto, deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red,
teniendo en cuenta los manuales de operación y mantenimiento.
PARAGRAFO 2: Calidad de agua en la red. Una vez que la red de
distribución se encuentre en operación y durante todo el período de vida útil
de ésta, deben verificarse la calidad del agua en la red, teniendo en cuenta
lo establecido en el Capítulo III del Decreto 475 de 1998 del Ministerio de
Salud Pública, o el que lo reemplace.” (Subrayas del Despacho).
Partiendo de la norma ibidem cuyo incumplimiento es reprochado por parte de esta
Superintendencia, y ante las manifestaciones de la recurrente, relacionadas con la
tipicidad de la conducta, este Despacho debe señalar que sus argumentaciones
no desvirtúan la conducta que se le atribuye en el cargo bajo estudio, por las
razones que se pasan a explicar.
Lo primero que se debe precisar, es que cuando una norma es clara y no exige
mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, por tanto, resulta
ajustado a derecho, dar a las palabras de la ley el significado que tienen en el
lenguaje común, o bien el sentido más obvio al entendimiento también corriente.
Así las cosas, en lo que respecta a la interpretación de las normas, es oportuno
señalar que las mismas son en esencia previsiones generales, impersonales y
abstractas; sin embargo, es necesario que los textos normativos se interpreten de
acuerdo con los fines para los cuales fueron previstos, pues la aplicación e
interpretación de la norma no puede ser exegética o gramatical cuando ello vulnere
el sentido lógico y finalista de la norma, sino que debe hacerse de forma tal que se
garantice la igualdad y la protección de los derechos que las mismas protegen.
Esta tarea entonces debe hacerse atendiendo los postulados constitucionales, que
implican el aseguramiento de la efectividad de los derechos.
En este orden de ideas, no le está dado a los prestadores de servicios públicos
interpretar las normas según su criterio, pues para el caso específico, la aplicación
de lo establecido por el artículo 199 de la Resolución 1096 del 17 de noviembre de
2000, no obedece a una facultad discrecional delegada en cabeza de los
responsables de los servicios públicos, ni tampoco a un capricho interpretativo de
esta entidad, por el contrario su aplicación y estricta observancia es un deber legal
de estricto cumplimiento para la empresa HYDROS MEGALR S. EN C.A. E.S.P.
que no puede ser evadido, so pretexto de interpretaciones subjetivas.
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Para el caso bajo estudio, el artículo 199 de la Resolución 1096 de 200 debe ser
analizado integralmente y en contexto, pues es claro que lo procedimientos y
medidas allí establecidas están dirigidos a una operación continua y permanente
de los diferentes componentes de un sistema de agua potable y saneamiento
básico con el fin de brindar a los usuarios el respectivo servicio con los patrones
de calidad y continuidad exigidos en el reglamento técnico adoptado por la
Resolución citada y máxime cuando la disposición vulnerada es clara al señalar la
exigencia de unos manuales de operación y mantenimiento del sistema respectivo
con el que, para el caso específico no contaba la empresa para la fecha de la visita
(tal y como se explicará más adelante dentro del análisis del cuarto cargo)
pudiéndose establecer que nisiquiera existió para la fecha de los hechos una
verificación de presiones de conformidad con la norma.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-853 del 17 de agosto de 2005,
resaltó que:
“En efecto, el principio de legalidad está integrado por tres elementos
esenciales: la lex praevia, la lex scripta y la lex certa. La lex praevia exige
que la conducta y la sanción antecedan en el tiempo a la comisión de la
infracción, es decir, que estén previamente señaladas; la lex scripta, en
materia de ius puniendi, significa que los aspectos esenciales de la conducta
y de la sanción estén contenidas en la ley, y la lex certa alude a que tanto la
conducta como la sanción deben ser determinadas de forma que no hayan
ambigüedades (M.P. Rodrigo Escobar Gil)
Ahora bien, el principio de legalidad -como ya se afirmó- se aplica con menor
rigidez en el derecho administrativo sancionador por cuanto éste busca hacer
efectiva la actuación de la administración. Cfr, Corte Constitucional
Sentencia C-406 del 4 de mayo de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández). Sin embargo, ello no obsta para exigir la tipicidad de las
conductas reprochables, una sanción predeterminada y un procedimiento
que asegure el derecho de contradicción. Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia C-099 del 11 de febrero de 2003.
En efecto, el legislador debe indicar el procedimiento para aplicar la sanción
y, con miras a garantizar el principio de tipicidad, debe determinar las
conductas que son objeto de sanción. Sin embargo, no es exigible en este
campo el parámetro propio del derecho penal “por cuanto la naturaleza de
las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados y la teleología de
las facultades sancionadoras en estos casos, hacen posible también una
flexibilización razonable de la descripción típica, en todo caso, siempre
erradicando e impidiendo la arbitrariedad y el autoritarismo, que se haga
prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los demás
principios y fines del Estado, y que se asegure los derechos constitucionales,
los intereses legítimos y los derechos de origen legal o convencional de todas
las personas”. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-406 de 2004, ya citada.
Esa flexibilización ha llevado a la Corte ha admitir que la forma típica pueda
tener un carácter determinable, siempre que la legislación o el mismo
ordenamiento jurídico establezcan criterios objetivos que permitan
razonablemente concretar la hipótesis normativa. Lo anterior permite a la
administración tener cierto grado de movilidad para cumplir de manera
eficiente y eficaz sus cometidos constitucionales, sin que con ello se
desconozca el principio de legalidad.
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Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
Así, el principio de legalidad citado por la prestadora, -como ya se afirmó- "se
aplica con menor rigidez en el derecho administrativo sancionador por cuanto
éste busca hacer efectiva la actuación de la administración". Sin embargo,
ello no obsta para exigir la tipicidad de las conductas reprochables, una
sanción predeterminada y un procedimiento que asegure el derecho de
contradicción”.
En efecto, con miras a garantizar el principio de tipicidad, el legislador debe
determinar las conductas que son objeto dé sanción. Sin embargo, no es
exigible en este campo el parámetro propio del derecho penal “por cuanto la
naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados y
la teleología de las facultades sancionadoras en estos casos, hacen posible
también una flexibilización razonable de la descripción típica".
Así las cosas, la tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio exige que
haya una norma que imponga una obligación a un administrado y de otra parte que
se otorgue a la administración la facultad de sancionar al administrado cuando
incumpla su obligación.
Para el caso en concreto tal y como se observa en el pliego de cargos, la
prestadora no logró desvirtuar el incumplimiento al artículo 199 de la resolución
1096 de 2000, veamos:
Debido a que la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada
para Acueducto, Alcantarillado y Aseo procedió a consultar el acta de visita
realizada los días 20 y 21 de marzo de 2012, y encontró que en dicho documento
se anotó a folio 14 lo siguiente:
“(…) 1.6. Distribución.
En la actualidad existe sectorización Hidráulica, el sistema está dividido en 4
sectores hidráulicos.
La empresa está en proyectos de instalar 8 puntos de control de presión.
Para ello dejaría de forma permanente manómetros instalados en la red de
distribución. En la actualidad se hace medición ocasional de presión de red
(…)”
Luego, este Despacho procedió a estudiar el Informe de la Visita realizada los días
20 y 21 de marzo de 2012, y encontró a folio 22 lo siguiente:
“(…) Actualmente Hydros Melgar tiene como proyecto la instalación de 8
puntos de control de presión, se dejaría de forma permanente manómetros
instalados en la red de distribución. “La empresa tiene establecido, dentro de
su Contrato de Condiciones Uniformes, que el servicio se presta con una
presión de 10 m.c.a en condiciones dinámicas”. Es decir en condiciones de
funcionamiento normal y con la red presurizada (…)”.
Lo anterior se evidencia nuevamente mediante oficio No. 201252902268392
del 31 de mayo de 2012, mencionado igualmente en el Pliego de Cargos, en
el cual la empresa reconoce que solo hasta el mes de abril de hizo
verificación de presiones, tal y como se evidencia a continuación:
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Radicado: 25000 23 41 000 2014 00810 01
Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
Por consiguiente, de las pruebas obrantes en el expediente, se evidencia que la
empresa para la fecha de visita, no cumplía con su obligación de verificar las
presiones en diferentes puntos de la red, de acuerdo con los manuales de
operación y mantenimiento. que son los libros donde debe constar el método de
verificación, las características, la frecuencia, la continuidad y las condiciones de
tiempo, modo y lugar de conformidad con la Resolución 1096 de 2000.
En este contexto, es claro que en el caso que nos ocupa se encuentra cumplido a
cabalidad el principio de tipicidad pues todos sus elementos se hayan presentes
En efecto cuanto a la lex praevia es claro que la obligación de realizar el control
continuo de presiones de suministro de agua potable en la red de conformidad con
el artículo 19 de la resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000 y la posibilidad
que tiene esta Superintendencia para sancionar la infracción de esta obligación,
antecedan en el tiempo a la comisión de la infracción, es decir, están previamente
señaladas. Con relación a la lex scripta se encuentra que los aspectos esenciales
de la conducta y la sanción están contenidos en el artículo 199 de la Resolución
1096 del 17 de noviembre de 2000 y en lo que respecta a la lex certa también es
claro que tanto la conducta como la sanción están determinadas de forma precisa
en la ley.
De conformidad con lo expuesto, es evidente que la conducta sancionada, no
carece de tipicidad por tanto su cumplimiento se hace exigible a la empresa
prestadora, quien no puede pretender dar un alcance diferente al contenido
normativo, so pretexto de justificar su incumplimiento.
Por lo expuesto el argumento de la prestadora no prospera
De la presunta vulneración al debido proceso
Manifiesta además la recurrente, que en desarrollo al derecho del debido proceso
y en general a las garantías del derecho a la defensa, la jurisprudencia ha
explicado que la sanción a la conducta debe ser indicada en el pliego de cargos y
según su dicho, la prohibición de prestar el servicio hasta por diez (10) años debió
haber sido conocida desde el momento en que se formuló el pliego de cargos y
que si bien a folio 5 del citado pliego, se enuncia que de llegar a comprobarse el
incumplimiento, la sanción sería grave, no se señala nada referente a la
prohibición.
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Continúa señalando que cualquier investigación que implique la aplicación del
derecho sancionatorio requiera que se garantice el principio de legalidad
predeterminando la sanean en la formulación de cargos. Reitera que en las
actuaciones adelantadas por la administración es indispensable que las conductas
infringidas y atribuidas, así como su triplicación, estén descritas en una norma o
existan criterios para su determinación. Para soportar sus afirmaciones, trajo
diferentes extractos de sentencias proferidas por la Corle Constitucional.
Adicionalmente señala que, dentro del principio de legalidad, se encuentra inmerso
el de tipicidad e igualmente que exista correlación entre la conducta y la sanción a
imponer, agrega que esta serie de garantías de orden constitucional fueron
reflejadas en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo en su artículo 47.
Concluye este argumento, solicitando considerar los aspectos expuestos en el
presente punto.
Ante los planteamientos aquí expuestos y dado que la recurrente es reiterativa en
señalar, que en el pliego de cargos que dio apertura a la actuación administrativa
No. 2012446350600133E esta Superintendencia debió señalar de marera expresa,
la posible sanción que se impondría a la empresa prestado, agregando que estas
garantías constitucionales fueron incluidas en la Ley 1437 de 2011, lo primero que
debe precisarse es que si bien a la fecha en la cual se produjo la resolución
recurrida ya había entrado a regir el nuevo Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011- esta ley no se aplica en la
presente investigación adelantada en contra de la empresa HYDROS MELGAR S.
EN C.A. E.S.R. habida cuenta del régimen de transición previsto en su artículo 308
el cual dispone que dicho código soto es aplicable a tos procedimientos y
actuaciones administrativas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia,
y que aquellas cuyo inicio se dio en vigencia del Decreto 01 de 1984, continuarán
rigiéndose y culminaran de conformidad con el régimen jurídico anterior.
Así las cosas, no puede perderse de vista que la apertura de la actuación
administrativa No. 2012440350600133E fue el 27 de junio de 2012, fecha en la
cual se profirió pliego de cargos. Por lo tanto, la investigación en curso se tramita
bajo el imperio la ley 142 de 1994 (Capitulo M del Título Vil) y en lo allí no previsto
por las normas del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984 -
vigente al momento de inicio de la presente actuación.
Además, bajo el amparo del anotado procedimiento no se exige a esta entidad,
que dentro del acto que da apertura a la investigación, se consigne de manera
expresa la sanción que podría aplicarse en caso de comprobarse el incumplimiento
normativo investigado, no obstante, a folio 1 del Citado pliego de cargos, se señala
de manera expresa el procedimiento bajo el cual se llevaría a cabo la presente
actuación citando además de la normatividad ya referida en el 81 de la Ley 142 de
1994, el cual hace referencia a las sanciones que esta superintendencia puede
imponer ante una vulneración normativa, atendiendo la naturaleza y gravedad de
la falta, y una de ellas es precisamente la contemplada en el numeral 81 6. que a
la letra señala:
“(…) 8.1.6. Prohibición al infractor de prestar directamente o indirectamente
servicios públicos hasta por diez años (…)”
En este caso, el artículo 199 de resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000
contempla una orden para los prestadores de servicios públicos mientras que el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994 contempla unas sanciones para los prestadores
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que violen las normas a las que se encuentren sujetas, de ahí que la violación
normativa si pueda ser endilgada como vulnerada, a la recurrente.
Entonces, no puede la prestadora señalar que desconocía la posible sanción que
se le podría aplicar, de llegar a comprobarse los cargos que dieron inicio a la
actuación administrativa en su contra, pues el artículo 8 de la Ley 142 de 1994 es
claro en indicar “(…) La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
podrá imponer las siguientes sanciones a quienes violen las normas a las que
deben estar sujetas según la naturaleza y la gravedad de la falla” facultad que se
ejerce cuando se va a proferir la decisión que culmina la investigación, cuando se
han comprobado las conductas y la responsabilidad del investigado.
En efecto, no puede perderse de vista, que en materia del Derecho Administrativo
sancionatorio para efectos de la fijación de la sanción a imponer, la doctrina
subsume la competencia discrecional y el principio de proporcionalidad al principio
de legalidad, en los siguientes términos:
“La gama de posibilidades discrecionales no se opone de ninguna manera,
al sometimiento perpetuo a todos los órganos del Estado al principio de
legalidad, cuya garantía se funda en la motivación expresa del acto, cuando
afecta a alguien particular (Art. 35 CCA) y a la necesidad de adecuar el acto
a la norma que lo autoriza y de hacerle proporcional a los hechos que le
sirven de causa (Art. 36 CCA)”.
“El principio de proporcionalidad hace relación a la comprobación de la
adopción de una medida en ejercicio de una potestad administrativa, no
sacrifique valores, principios y derechos que tengan un mayor valor
constitucional que aquellos que se requiere satisfacer mediante el ejercicio
de las atribuciones discrecionales reconocidas en la Ley”
En síntesis solamente cuando un acto discrecional en aquello que la facultad
reglada se lo permita, involucre un vicio de procedimiento en su formación, o
sea constitutivo de error de apreciación o de desviación de poder, o suponga
la falta de aprobación de los juicios de necesidad y proporcionalidad, puede
considerarse que dicho acto administrativo es manifiestamente arbitrario, y
por lo mismo, contrario al principio de legalidad que fundamenta el derecho
fundamental al debido proceso administrativo”
De conformidad con lo expuesto, debe señalar esta Superintendencia que para el
análisis de las conductas desplegadas por la empresa HYOROS MELGAR S. EN
C.A. E.S.P. caso específico, la atribuida en el primer cargo, debemos remitirnos al
desarrollo del concepto de la naturaleza jurídica de una sanción exigido por la
norma, como en efecto se hizo en el acto sancionatorio. respecto del cual la teoría
y la práctica jurídicas han desarrollado algunos criterios relevantes para su
Resolución.
Así, han considerado que la sanción puede definirse con base en el tipo de derecho
afectado, por lo que, a manera de ejemplo, será en general sanción penal si afecta
la libertad. En otros casos, es posible mirar un criterio orgánico, esto es, la
naturaleza de la sanción depende del ente que la impone. Así por ejemplo, una
sanción impuesta por un alcalde tiende a configurarse como una medida
administrativa En otros eventos, es pertinente observar la ratio de la sanción y el
tipo de bien jurídico que busca proteger.
En consecuencia, es claro que existe correlación entre la conducta atribuida y la
sanción impuesta, máxime si se tiene en cuenta que la sanción impuesta remite al
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análisis de una proporcionalidad jurídica, que se relaciona de manera directa con
los “hechos que le sirve de causa" y para el caso específico corresponde a la
totalidad de los incumplimientos atribuidos a la prestadora pues su fijación no se
determinó exclusivamente por el primer cargo atribuido dentro de la actual
investigación.
Sin perder de vista lo anterior es preciso indicar que, todas las actuaciones que
adelanta ésta superintendencia, para el caso específico, la investigación
administrativa N* 2012440350600133E se ciñe a los parámetros establecidos para
su desarrollo en la constitución y la ley
Para redundar en razones, debe hacerse referencia al debido proceso dentro del
cual esta circunscrito el principio de legalidad y respecto a este es claro que la
Constitución Política de 1991. en su artículo 29 regula lo relacionado con el debido
proceso que también es aplicable a todas las actuaciones administrativas. La
norma citada establece que el debido proceso consta de tres elementos a saber a)
Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes b) la actuación se
debe surtir por el juez competente y c) La actuación debe observar a plenitud las
formas que le son propias
Al revisar el caso que nos ocupa, se bien que no resulta predicable vulneración
alguna al debido proceso, pues la misma se ha surtido de conformidad con las
normas preexistentes a los cargos formulados, se ha adelantado por la autoridad
legalmente competente para ello y con plena observancia de tas formalidades que
le son propias.
Al respecto, la Corte Constitucional ha sido ciara en muchas de sus providencias
al señalar los elementos que conforman el debido proceso administrativo. En uno
de sus fallos expresa:
“El debido proceso administrativo tiene por objeto garantizar a través de la
evaluación de las autoridades administrativas competentes y de los
tribunales contenciosos, si los actos proferidos por la administración, se
ajustan al ordenamiento jurídico legal previamente establecido para ellos,
con el fin de tutelar la regularidad jurídica y afianzar la credibilidad de las
instituciones del Estado, ante propia organización y las asociaciones y
asegurar los derechos de los gobernados
El debido proceso tiene reglas de legitimación, representación, notificación,
términos para pruebas, competencias, recursos e instancias, garantías
establecidas en el beneficio administrado, etapas que deben cumplirse
dentro del procedimiento administrativo señalado. Se concluye que estos
actos deben formar mediante procedimientos previstos en la ley, que se
observa de la forma es la regla general, no sólo como garantía para evitar la
arbitrariedad, sino para el logro de una organización administrativa racional
y ordenada en todo en su ejercicio, el cumplimiento para asegurar la vigencia
de los fines estatales, y para constituir pruebas de los actos respectivos que
permitan examinarlos respecto de la formación, esencia, eficacia y validez
de los mismos”
Así las cosas esta superintendencia ha actuado con respeto a las normas
legalmente aplicables, y en atención a las decisiones que este ente de control debe
adoptar en desarrollo de los procesos de investigaciones bajo su cargo, se
encuentran condicionadas o limitadas a los procedimientos previstos por la ley por
lo tanto esta entidad ha sido respetuosa de las normas que regulan su actuar, y
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consciente de la obligación constitucional y legal que le asiste, se ciñe de manera
estricta a las normas que regulan el desarrollo de una investigación.
Por todo lo expuesto, es de concluir que el argumento de la prestadora no resulta
de recibo.
SEGUNDO ARGUMENTO
Es titulado por la empresa como “la realización de verificaciones" y en este punto
manifiesta que en el acto administrativo se consideró que la empresa efectuaba
verificaciones ocasionales y no continuas de la presión afirmando que dicha
ocasionalidad fue entendida por este Despacho como excluyente de la
continuidad, y acto seguido cita el significado de la palabra continuidad, según el
diccionario de la real academia de la lengua, para señalar que la palabra
continuidad significa unión de las partes que en todo caso pueden ser entendidas
con frecuencias distintas, según la realidad que se analice.
Señala el prestador que cuanto a la obligación de verificar las presiones, pueden
presentarse variaciones en la forma, frecuencia y método con que se cumple dicha
obligación, y que cuando el prestador ha referido a la realización de verificaciones
ocasionales, ello no puede entenderse por el Despacho como una confesión sobre
la no realización continua de la misma, que le permitiera asumir como probada la
vulneración da la norma, en orden a prohibir la prestación del servicio por diez
años.
Agrega que por el contrario, la expresión ocasional se dio dentro del contexto de
una visita y quiso afirmar que con su método la prestadora efectuaba verificación
de acuerdo a su condición técnica Seguidamente pone a consideración del
Despacho el informe técnico aportado por la empresa prestadora, en el cual explica
la forma como realiza las verificaciones de presión.
Adicionalmente señala que en la actualidad ejecuta el programa de medición en
diferentes puntos de la red y afirma que. pese a la existencia de diferentes criterios
técnicos referentes al método que debe ser utilizado para medir las presiones, el
informe aportado por la prestadora fue respaldado por un examen efectuado por
un ingeniero civil, que aporta igualmente con su escrito de recurso y cuyo
contenido, afirma la recurrente, da cuenta de las condiciones técnicas ya
señaladas.
Además, mediante escrito radicado N* 20135290577632 de 6 de Noviembre de
2013, la apoderada de la empresa ratifica que la prestadora actualmente está
cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo 199 del RAS. señalando para el efecto
que el informe puesto a consideración del Despacho prueba la realización de
medición de presiones en algunas épocas (año 2003), lo que a su parecer 'no
significa que nunca se hubiera cumplido con la obligación de realizar la medición
de presiones.
Por último, la recurrente pone a consideración de esta Superintendencia la
realización de cambios y modificaciones tendientes a mejorar el cumplimiento de
las obligaciones atendiendo las recomendaciones dadas por esta entidad
buscando modificar la evaluación realizada y que se revoque la sanción impuesta
Como primera medida, es de resaltar que la imputación no refiere a que la empresa
nunca hubiera efectuado mediciones de presión en el sistema sino a que no lo ha
hecho conforme lo establecen los manuales de operación, entre otros, con criterios
de continuidad de la verificación de las presiones, tema que fue extensamente
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tratado en el punto anterior por lo que el Despacho reitera lo allí manifestado a este
respecto y en consecuencia no efectuará un nuevo pronunciamiento
Ahora bien, debe señalar esta entidad, que la conducta atribuida a la prestadora
en el presente cargo, no se basa en una suposición que realizara este ente de
control derivada de la "ocasionalidad” a que hace referencia la prestadora, pues el
cargo atribuido tiene su fundamento en el material probatorio obrante en el
expediente, dentro del cual se encuentra el acta de visita, el informe de la misma
y las explicaciones dadas por la prestadora a través del oficio radicado SSPD No
20125290266392 del 31 de mayo de 2012, del cual no se pudo evidenciar que la
empresa prestadora estuviera dando aplicación a lo señalado en la norma cuyo
incumplimiento se reprocha, en las condiciones allí establecidas, por el contrario,
fue la misma prestadora la que señaló que dentro de sus proyectos se encontraba
la instalación de 8 puntos de control de presión (folio 14 del acta de visita),
afirmando además dentro del oficio precitado, que soto hasta abril de 2012
comenzó a hacer la verificación de la presión en red.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta, que para la fecha en la cual se profirió la
resolución sancionatoria recurrida, la prestadora tampoco logró demostrar el
cumplimiento de lo señalado por el artículo 199 de la resolución 1096 del 17 de
noviembre de 2000, pues si en efecto, se encontrara realizando el control de
presiones conforme a los lineamientos normativos debió probarlo en la oportunidad
procesal establecida para ello, lo que no ocurrió en el presente cargo.
En consecuencia no es admisible que la prestadora, ahora con ocasión de la
interposición del recurso de reposición, pretenda dar un alcance diferente a las
manifestaciones realizadas por el representante en el visita técnica efectuada a la
investigada, y que constan en el acta de visita suscrita por las partes, alegando
que lo que pretendió la prestadora con sus manifestaciones fue afirmar que con su
método efectuaba verificación de acuerdo a su condición técnica, máxime cuando
ni siquiera en el oficio radicado SSPD No 20125290260392 del 31 de mayo de
2012, se encuentra dicho señalamiento
De otro lado, teniendo en cuenta que la impugnante pone a consideración de esta
entidad el informe técnico elaborado por el Ingeniero Edgardo Herrera Pertuz, al
igual que un dictamen técnico, para soportar sus afirmaciones y señalar que ha
efectuado modificaciones con el fin de adaptarse a la norma, este Despacho
decretó de oficio la práctica de pruebas, justamente con el fin de establecer la
veracidad de las afirmaciones del apoderado de la recurrente.
Fue así que mediante auto de pruebas del 3 de septiembre de 2013 se decretó un
periodo probatorio dentro del trámite del recurso de reposición, y en él la
Superintendencia de Servicios Públicos dispuso de oficio, con relación al primer
cargo, la siguiente prueba a fin obtener concepto técnico respecto de los informes
aportados por el apoderado de la prestadora:
“(…) 1. OFICIAR a la DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO de la Superintendencia Delegada para
Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con el fin de que dentro de los OCHO (8)
DÍAS HÁBILES contados a partir del recibo de la respectiva solicitud, se sirva
informar lo siguiente:
III. FRENTE AL PRIMER CARGO
A. Si la documentación aportada por la recurrente en su escrito de recurso
(FLS. 14 al 24) (PARTE 2 fls. 209 al 213 y 214 al 294), coincide con las
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condiciones de tiempo, modo y lugar, de la visita de vigilancia realizada los
días 20 y 21 de marzo de 2012.
B. Si dicha documentación permite técnicamente determinar que para la
fecha en la cual se llevó a cabo la visita de vigilancia 20 y 21 de marzo de
2012, la prestadora se encontraba realizando el control de presiones
conforme a las especificaciones técnicas señaladas por la norma.
C. Si con los documentos aportados, se puede establece si para la fecha
actual, la prestadora se encuentra dando cumplimiento a la referida norma,
en las condiciones establecidos (…)”
La respuesta alegada por parte de la Dirección Técnica de Gestión Acueducto y
Alcantarillado radicada bajo el No. 20134200050633, plantea varios puntos a tener
en cuenta:
En primer lugar, de la respuesta dada por la referida Dirección Técnica, se
establece una vez más, que contrario a lo afirmado por la prestadora, al momento
de la realización de la visita de vigilancia la investigada no probó que se encontrara
haciendo verificación de presiones atendiendo lo exigido por la norma, tal y como
se evidencia a continuación:
“(…) Pues su bien, se puede concluir que para realizar la modelación del
sistema en la red de distribución, la empresa realizó las mediciones de
presión consignadas en el cuadro (2003), no hay evidencia con la
información suministrada que para la fecha 20 y 21 de marzo de 2012 se
estuviera dando cumplimiento al control de presiones en la red de
distribución”
En consecuencia, debe quedar claro, que para la fecha de la visita la empresa no
realzaba la verificación de la presión en los puntos de red de conformidad con el
artículo 199 de la Resolución 1096 de 2000.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente argumento, la prestadora afirma
que en la verificación de presiones pueden presentarse variaciones en la forma,
frecuencia y método con que se cumple dicha obligación, que realizar
verificaciones ocasionales no significa oponerse a la continuidad ni tampoco una
vulneración de la norma, y que realizaba la verificación conforme a su condición
técnica este Despacho se permite señalar que la verificación de presiones en la
red, debe realizarse teniendo en cuenta las exigencias de la misma, esto es,
acorde con el manual de operación y mantenimiento con el cual valga aclarar no
contaba la empresa a la fecha de la visita, como se señaló dentro de la resolución
sancionatoria y en consecuencia no corresponde a la prestadora entrar a
establecer dentro del presente recurso, los criterios o la forma en la cual se cumple
con dichas exigencias.
De otra parte, la recurrente manifiesta que en la actualidad ejecuta el programa de
medición en diferentes puntos de la red, lo cual es reiterado por su apoderada
mediante escrito radicado 20135290S77652 de 6 de Noviembre de 2013 en los
términos ya señalados.
Respecto a lo anterior, frente al informe técnico y el dictamen efectuado por un
ingeniero civil, allegado por la prestadora, es preciso traer a colación lo señalado
en su oportunidad por la Dirección Técnica a través de memorando debidamente
trasladado a la empresa y en el cual manifestó lo siguiente:
“(…) La documentación aportada por la empresa con el oficio radicado SSPD
No. 20135290322142 del 3 de julio de 2013, por medio del cual presentó el
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recurso de reposición contra la Resolución SSPD No. 20134400013695 del
14 de mayo de 2013, obedece el catastro de redes del acueducto del
municipio de Melga, realizando en el año 2003 por la empresa INCARD
LTDA y en él se determinaron las condiciones de funcionamiento del sistema
de distribución. Para ello, establecieron los puntos de medición de presión
que le permitieran realizar el balance hidráulico del sistema de distribución.
Para ese año, es decir 2003, la empresa informa que verificó las presiones
en la red en los siguientes puntos (pág. 15 a 24 parte 1, y 209 a 213 parte
3), remitiendo como soportes los datos arrojados de la medición en ese año
(…)”
“(…) Ahora bien, de folio 15 al 24 parte 1 y de folio 289 al 293 parte 3 del
oficio radicado SSPD No. 20135290322142 del 3 de julio 2013, por medio
del cual la empresa HYDROS MEGAL S. EN CA E.S.P. presentó recurso de
reposición contra la Resolución SSPD No. 20134400013695 del 14 de mayo
de 2013, se observa que de los 8 puntos que se establecieron en su
momento (año 2003) la empresa informó que inició el proceso de medición
de presiones en red de distribución, desde el mes de junio 2012, en uno de
ellos (Santa Bárbara). Asimismo, informa que dichas mediciones, se
realizarán en otros seis puntos como pasa a observarse:
Con relación a los otros puntos relacionados en párrafos arriba citados, en
los cuales la empresa HYDROS MEGAL S. EN C.A. E.S.P. realiza
verificación desde el mes de junio 2012 de las presiones en red, es
importante señalar que los mismos no se encuentra contenidos en los
manuales de operaciones y mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado de acuerdo con lo exigido por la Resolución 1096 de 2000,
pues estos últimos datan del año 2004 y la verificación en tales puntos,
informa la empresa se realiza desde junio 2012.
Por otra parte, en el folio 213 de la parte 3 del recurso la empresa menciona,
además:
“Adicionalmente a lo anterior la empresa realizaba antes de la fecha de
imputación del cargo verificaciones de la presión en la red en diferentes
puntos de la red, en el momento que se encontraban problemas puntuales,
debido a la estabilidad de las presiones en la red de distribución de agua
potable. Lo cual es concordante con lo que solicita la Resolución No. 1096
de 17 de noviembre de 2010”
Adicionalmente a folio 213 de la parte 3 del recurso, la empresa menciona
que verificaba las presiones en la red controlando los niveles de agua en los
tanques de almacenamiento, práctica que no demuestra que efectivamente
se haya realizado el control de presión en la red ya que el control de presión
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debe realizarse a través de mediciones o que se cumplan las presiones
mínimas requeridas en la red de acuerdo de acuerdo a lo estipulado en el
RAS.
Al respecto, una vez analizado la información que hace parte del escrito del
recurso de reposición, no obra documentación que permita vislumbrar que
para la fecha de la vista 20 y 21 de marzo de 2012 HYDROS MEGAL S. EN
CA E.S.P., estuviera dando cumplimiento al deber de verificar las presiones
en red de distribución como lo dispone el primer parágrafo del artículo 199
de la Resolución No. 1096 de 17 noviembre de 2000, emanada por el
entonces Ministerio de Desarrollo Económico.
En este punto, se debe resaltar que una cosa es que se tengan establecidos
puntos en la red de distribución con el objeto de verificar las presiones y
eventualmente como informa el recurso sin adjuntar sin ningún soporte se
realice verificación de presión y otra diametralmente distinta es que tales
presiones sean verificadas continuamente como lo exige la Resolución 1096
de 2000.
En consideración a lo expuesta y a partir de la documentación allegada por
la empresa, no se observa que para la fecha en la cual se llevó a cabo la
visita de vigilancia 20 y 21 de marzo de 2012, la prestadora estuviera
realizando el control de presiones conforme a lo dispuesto por el artículo 199
de la Resolución No. 1096 del 17 de noviembre de 2000.
“C. Si con los documentos aportados, se puede establecer si para la fecha
actual, la prestadora se encuentra dando cumplimiento a la referida norma,
en las condiciones establecidas”
Tal como se expuso en la respuesta dada al planteamiento contenido en el
literal b) de los folios 15 al 24 parte 1 y de los folios 289 al 293 parte 3 del
oficio radicado SSPD No. 20135290322142 del 3 de julio de 2013, por medio
del cual la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. presentó el
recurso de reposición contra la Resolución SSPD No. 2013440013695 del
14 de mayo de 2013, se observa que de los 8 puntos que se establecieron
en su momento (año 2003), con el fin de medir presión en la red de
distribución, tal verificación, sólo se realiza desde el mes de junio de 2012 en
uno de ellos (Santa Bárbara).
Con relación a los otros puntos relacionados en los arriba citados, en los
cuales la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. realiza verificación
desde el mes de junio de 2012 de las presiones en red es importante señalar
que los mismos no se encuentran contenidos en los manuales de operación
y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, allegados por
el prestador con su escrito de recurso, puestos últimos datan del año 2004 y
la verificación en tales puntos se realiza desde junio de 2012 (…)”
De lo anterior, se evidencia que la información aportada por la empresa prestadora,
según lo informado por la Dirección Técnica, obedece a un catastro de redes del
acueducto del Municipio de Melgar efectuado para el año 2003 por la empresa
INARCAD LTAD. y para ese año la prestadora informa que verificó las presiones
en determinados puntos, remitiendo como soportes datos de ese acto, no obstante
los datos suministrados no permiten concluir de manera alguna, que con
posterioridad al año 2003 o para la fecha de la visita de vigilancia, la empresa
HYDROS MELGAR S. EN C.A. E S P. se encontrara dando cumplimiento a la
norma ya Citada, en las condiciones establecidas en ese sentido, el argumento
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planteado por la prestadora en su oficio 20135290577632 de 6 de Noviembre de
2013 al manifestar que “el hecho de no encontrarse probada la realización de
mediciones de presión en los días correspondientes a la visita no significa que
nunca se hubiera cumplido con la obligación realizar la medición de presiones", no
resulta idóneo para desvirtuar la imputación en el presente cargo, toda vez que la
norma exige que la verificación de presiones debe hacerse durante todo el periodo
de vida útil del proyecto en diferentes puntos de la red, teniendo en cuenta los
manuales de operación y mantenimiento, lo cual supone continuidad en la
ejecución de dicha obligación. En otras palabras, la imputación no consiste en que
el prestador nunca haya efectuado la medición de presiones de que trata la norma,
sino que no la efectuó con la continuidad y en los términos que la misma exige.
De la misma manera, en los folios 15 al 24 parte 1 y de folios 289 al 293 parte 3
del escrito de recurso de reposición se observa que “de los 8 puntos que se
establecieron en su momento (año 2003), la empresa informó que inició el proceso
de medición de presiones en red de distribución, desde el mes de junio 2012 en
uno de ellos (Santa Bárbara). Así mismo informa que dichas mediciones se
realizan en otros seis puntos” no obstante, en la respuesta dada por la ciada
Dirección Técnica, se señala que dichos puntos no se encuentran contenidos en
los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado de acuerdo con lo exigido por las Resolución 1096 de 2000,
aportados por la recurrente “pues estos últimos datan del año 2004 y la verificación
en tales puntos, informa la empresa se realiza desde junio de 2012”
Es preciso en este punto reiterar enfáticamente que la imputación endilgada a la
prestadora en el pliego de cargos y por la cual se impuso sanción respecto de esta
conducta, decisión que ahora se recurre, refiere expresamente a la ausencia de
medición de presiones evidenciaba en la visita realizada los días 20 y 21 de marzo
de 2012 y en ese sentido dado que la argumentación y el debate probatorio
propuesto por la recurrente frente a este aparte se orienta a establecer el
cumplimiento posterior del prestador, el Despacho considera que estos
planteamientos no están llamados a desvirtuar el cargo elevado
Otro aspecto a tener en cuenta es el que está relacionado con la afirmación de la
prestadora, según la cual verificaba las presiones en la red controlando los niveles
de agua en los tanques de almacenamiento, hecho que según indica la Dirección
Técnica, no permite demostrar que se haya realizado el control de presiones en
red teniendo en cuenta las características exigidas por la norma y en ese sentido
no puede ser de recibo.
Así las cosas, teniendo en cuenta el análisis técnico y conforme al material
documental obrante en el expediente, no se puede concluir que, para la lecha de
los hechos, la recurrente estuviera realizando el control continuo de presiones en
red, de conformidad con lo señalado por la normatividad establecida para tal electo.
Por ello se debe tener claro, que existe una gran diferencia entre el hecho de tener
identificados los puntos en la red de distribución y otra muy diferente es
efectivamente realizar la verificación en dichos puntos que es lo exigido por la
norma.
Por último, en lo que respecta a la afirmación de la prestadora relacionada con el
hecho que en la actualidad ejecuta el programa de medición en diferentes puntos
de la red y la realización de cambios y modificaciones tendientes a mejorar el
cumplimiento de las obligaciones atendiendo las recomendaciones dadas por esta
entidad, buscando modificar la evaluación realizada, este Despacho se permite
aclarar que de la respuesta dada por la Dirección Técnica de Acueducto y
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Alcantarillado, de los 8 puntos establecidos en el año 2003, la verificación de
presión se realiza únicamente en uno de ellos y a partir del mes de junio de año
2012, no obstante, si bien este Despacho evidencia actuaciones tendientes al
cumplimiento de sus obligaciones en materia de control continuo de presiones lo
cierto es que no se desvirtuó el incumplimiento evidenciado con ocasión de la visita
técnica efectuada los días 20 y 21 de marzo de 2012
En consecuencia, debe recordarse a la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A.
E.S.P. que dada su calidad de prestadora de servicios públicos, debe observar en
todo momento la normatividad que le es aplicable, así como lo señala el artículo 3º
de la Ley 142 de 1994 “Todos los prestadores quedarán sujetos, en lo que no sea
incompatible con la Constitución o con la ley, a todo lo que esta Ley dispone para
las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las
Comisiones, al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios
Públicos, y a las contribuciones para aquéllas y ésta”. En ese sentido dado que el
acervo probatorio permite establecer con claridad que la empresa sancionada no
se encontraba dando cumplimiento a la medición de presiones en la red y menos
aún, acorde con los requerimientos establecidos en la normatividad vigente, resulta
predicable que el cargo bajo estudio debe mantenerse íntegramente y por tanto,
será confirmado.
ARGUMENTOS CONTRA EL SEGUNDO CARGO: FALTA DE MACROMEDICIÓN
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA
RESOLUCIÓN 1096 DE 2000, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1 DE LA
RESOLUCIÓN 0668 DEL 19 DE JUNI DE 2003 POR EL ENTONCES MINISTERIO
DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LOS ARTÍCULOS
2.1.1.8. Y 2.1.1.9. DE LA RESOLUCIÓN CRA 151 DE 2001.
PRIMER ARGUMENTO
La recurrente comienza por citar la norma vulnerada y manifiesta que el Artículo
86 de la Resolución 1096 de 2000, señala una serie de criterios para realizar la
macromedición y cumplimiento el objetivo previsto en la primera parte del artículo,
más no establece una única modalidad para dar cumplimiento a la macromedición.
Agrega que la citada norma tiene una finalidad prevista de manera expresa en su
primer párrafo, al indicar que la instalación de macromedidores para la obtención
de datos fidedignos, tiene el fin de servir para el balance de distribución en las
labores de operación y mantenimiento en la planeación futura. Agrega la norma
crea una serie de deberes encaminados al cumplimiento de unas finalidades por
medio de un tipo normativo complejo, de aquellos que pueden ser calificados como
textos abiertos y que según el grado de experiencia de la técnica y el estado del
arte, debe ser integrado y desarrollado.
Igualmente, manifiesta que en el pliego de cargos se consideraron presuntamente
vulnerados los artículos 2. 1.1.0 y 2.1.1.9 de la Resolución CRA 151 de 2001,
normas que según la recurrente indican que se debe contar con instrumentos de
macromedición por lo menos a la salida de la planta de tratamiento, por lo que si
la prestadora realiza la macromedición en dicho punto estaría dando cumplimiento
a las normas señaladas como vulneradas.
Además, cita el informe elaborado por el Ingeniero Civil Edgardo Herrera Pertuz,
para referir que el balance de distribución se realiza con base en el volumen de
distribución obtenido 7. partir de los registros de los caudales que se toman hora a
hora por medio de las planillas de a Id Documento:
25000234100020140081001270111270013 control diario de la planta". Indica que
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el citado informe técnico señala que los volúmenes de agua distribuidos son
igualmente obtenidos con base en la Canaleta Parshall por medio de operadores,
las 24 horas al día, quienes realizan el control y lo registran en las planillas.
Transcribe de manera textual el aparte de dicho informe.
A la vez, el apoderado de la recurrente manifiesta que el ingeniero civil Leandro
Leal Coronado, efectuó un peritazgo técnico sobre el cumplimiento por parte de la
empresa HYDROS MELGAR de las obligaciones en materia de macromedición.
en el que además de valorar el cumplimiento de los objetivos de la norma, explica
el sistema utilizado, aportando un documento para sustentar sus afirmaciones y
solicitando a esta Superintendencia reconsiderar el cumplimiento de la normativa
señalada como vulnerada en el acto recurrido, teniendo en cuenta que a su juicio,
los objetivos y finalidades que se buscan se logran con la macromedición “en todo
caso en la empresa Hydros Melgar S. EN C.A. E.S.R, se satisfacen teniendo en
cuenta los especiales parámetros y características del sistema según lo describe
la parte técnica, y alegando que como la norma no establece la forma en la que
tiene que hacérsela macromedición. la Canaleta Parshall que emplea la prestadora
puede ser considerado un instrumento de macromedición. En tal sentido, la
apoderada de la Investigada mediante radicado 20135290577632 de 6 de
Noviembre de 2013 agrega que el uso de la canaleta PARSHALL es altamente
recomendada por ACODAL y el CEPIS, por ser un buen instrumento de medidas
que además impide la coagulación, con el fin que se revalúe la afirmación hecha
el representante legal de la empresa en la visita de marzo 20 y 21 de 2012, cuando
dijo que en la actualidad la empresa no tiene macromediciones instalados en
ningún punto de la red de distribución, teniendo en cuenta que lo conceptos
técnicos no fueron debidamente explicados en dicha visita.
Finalmente, la apodera de la investigada mediante radicado 20135290577632 del
6 de noviembre de 2013, manifiesta que “igualmente al día de hoy con el fin de
implementar mejoras al sistema, Hydros Melgar S. en C.A E.S.P. ejecutó la
instalación de macromedidores en tuberías en conducción de 6, 8, 10” aguas abajo
del tanque de salida de la PTAP y se encuentra realizando seguimiento de lecturas
mediante formato 50 “lectura de macromedidores”, para lo cual se anexan planillas
de los días 17 de septiembre al 29 de octubre del año en curso, asimismo se realizó
instalación de macromedidores de 3” en la tubería de carga para el llenado de
carrotanques…” aportando copia de las actas de instalación de macromedidores a
la salida de la PTAP y en la tubería de carga, así como las fichas técnicas de los
mismos, con el mismos, con el ánimo de mostrar que está dando cumplimiento a
la norma.
Con relación el argumento de la recurrente encentra necesario el Despacho reiterar
que no puede pretender la prestadora realizar una interpretación de la norma
cuando esta es clara en señalar los presupuestos bajo los cuales se debe realizar
la macromedición en la red de distribución sin que de la lectura de la norma surja
algún vacío normativo que merezca una interpretación adicional.
El artículo 86 de la Resolución 1096 de 2000, establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 1. El artículo 86 quedará así:
ARTÍCULO 86.- MACROMEDICIÓN. Debido a que los volúmenes, las
presiones y los niveles entregados al sistema de distribución de agua potable
son un parámetro importante que debe ser considerado en la relación de
balance de distribución en las labores de operación y mantenimiento y en la
planeación futura, se deben instalar macromedidores para correspondiente
obtención de datos de suministros reales.
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En los sistemas de acueducto y para los niveles de complejidad del sistema
debe hacerse macromedición de acuerdo a los siguientes criterios:
1) Captación. Se deben realizar mediciones hidráulicas en los puntos de
captación de agua superficial o subterránea y registrar en un libro de bitácora
o archivo magnético dicha medición.
2) Se deben instalar macromedidores a la entrada del sistema de tratamiento
y registrar en el libro de bitácora o archivo magnético el caudal que ingresa
al sistema por lo menos una vez al inicio de cada turno de operación.
3) Se deben instalar macromedidores a la salida de las plantas de
tratamiento y registrar en el libro de bitácora o archivo magnético el caudal
de agua tratada suministrada por lo menos una vez al inicio de cada tumo de
operación.
4) En los casos en que la red de distribución sea operada por empresas
diferentes, se deben instalar macromedidores al inicio de la red concedida y
registrar en el libro de bitácora o archivo magnético los datos, con el fin de
contabilizar el agua que esté siendo entregada a cada una de ellas.
5) En los tanques de almacenamiento y/o compensación se deben instalar
medidores de forma que permita medir en cualquier momento el nivel del
agua."
A su vez, los artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la Resolución CRA 151 de 2001,
"Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo",
establecen:
“ARTÍCULO 2.1.1.8. PROGRAMAS DE MEDICIÓN. Todas las personas
prestadoras del servicio deben realizar programas de macromedición. Los
instrumentos de macromedición deben estar presentes por lo menos a la
salida de la planta de tratamiento o de las tuberías de entrega de los pozos
profundos.
ARTÍCULO 2.1.1.9. PLAZOS DE LOS PROGRAMAS DE
MACROMEDICIÓN. Las personas prestadoras del servicio disponen de un
plazo de un (1) año contado a partir del 22 de julio de 1997, para iniciar o
complementar programas de macromedición, en concordancia con esta
resolución, y de máximo tres (3) años para concluirlos, y deberán ajustarse
a lo estipulado por las normas que le sean complementarias”
Teniendo en cuenta el anterior lineamiento normativo, no le asiste razón a la
prestadora al señalar que nos encontramos ante un texto abierto, pues el artículo
86 de la Resolución 1096 de 2000 es claro en señalar que debe proveerse la
instalación de macromedidores, en la entrada del sistema de tratamiento, en las
salidas de las plantas de tratamiento, en la red de distribución y en los tanques de
almacenamiento y compensación para la obtención de datos de consumos
inequívocos y describe además de qué tipo deben ser y los aspectos que deben
tener en cuenta para su instalación.
Ante tales señalamientos encuentra oportuno el Despacho reiterar a la recurrente
que cuando una norma es clara no cabe sino su directa aplicación agregando que
es adecuado, en principio, dar a las palabras de la ley el significado que tienen en
el lenguaje común, o bien el sentido más obvio al entendimiento también natural.
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Ahora como bien lo afirma la prestadora, el artículo 2.1.1.8. de la Resolución CRA
151 de 2001 señala que se debe contar con macromedidores por lo menos en la
salida de la planta de tratamiento, sin embargo el artículo 2.1.1.9 que fija el plazo
para la implementación de los programas de macromedición, indica que dichos
programas deben ajustarse a las normas que sean compatibles, entre las que se
encuentra, por supuesto, el artículo 86 de la Resolución 1096 de 2000, por lo que
la prestadora no puede dar un alcance diferente a las normas que se le reprochan,
para justificar el incumplimiento que se le atribuye en el cargo objeto de estudio.
Se debe entonces concluir que el artículo 86 de la Resolución 1096 de 2000 no es
una norma de texto abierto que permita diferentes interpretaciones sobre los
instrumentos que se deban emplear para realizar la macromedición, ya que dicha
norma expresamente señala que se deben instalar macromedidores.
Ahora bien, no obstante es claro que la macromedición se debe realizar mediante
la instalación de macromedidores en la red de distribución, y no a través de otros
métodos, como sería el de la canaleta PARSHALL, teniendo en cuenta que en el
recurso el apoderado de la empresa aporta un informe técnico elaborado por el
Ingeniero Herrera Pertuz, que concluye que la empresa si cumple con la
macromedición a través del empleo de la referida canaleta, que le permite a la
empresa efectuar el balance de distribución y obtener los volúmenes de agua, con
operadores que registran el control diario en las planillas. Al respecto, esta
Superintendencia profirió el auto de pruebas de 3 de septiembre de 2013, mediante
el cual decretó, entre otras, una prueba dirigida a la Dirección Técnica de Gestión
de Acueducto y Alcantarillado, en los siguientes términos:
“(...) FRENTE AL SEGUNDO CARGO
a. Si la documentación aportada por la recurrente en su escrito de recurso
(FIs. 27 al 31) (PARTE 2 DEL RECURSO FIs. 207 al 20S y 214 al 293),
coincide con las condiciones de tiempo modo y lugar, de la visita de vigilancia
realizada los días 20 y 21 de marzo del año 2012.
b. Emita concepto técnico que señala si los informes aportados por la
empresa (FIs. 27 al 31) (PARTE 2 DEL RECURSO Fis. 207 al 208 y 214 al
293) son válidos técnicamente, para establecer si para la fecha en la cual se
llevo a cabo la visita de vigilancia, la prestadora se encontraba realizando la
macromedición, atendiendo (as exigencias técnicas de le norma.
c. Señale si la forma en la cual la prestadora realiza la macromedición del
consumo, teniendo en cuenta los informes técnicos aportados, se ajusta a
las condiciones técnicas que exige la norma.”
En respuesta a lo anterior, la Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
señaló lo siguiente:
“Así las cosas es preciso mencionar que analizada la información que hace
parte del escrito del recurso de reposición, la canaleta Parshall ubicada a la
entrada de la planta de tratamiento si bien pueden considerarse como una
estructura por medio de la cual se pueden calcular los caudales, no puede
definirse como macromedidor teniendo en cuenta que la misma no permite
medir y acumular el consumo de agua conforme a las definiciones referidas
en las normas citadas anteriormente y no se ajusta a la condiciones técnicas
exigidas por el artículo 86 de la Resolución 1096 de 2000.
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En consecuencia, se vislumbra que para la fecha de la visita de vigilancia
llevada a cabo por la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y
Alcantarillado de la Superintendencia para Acueducto, Alcantarillado y Aseo,
los días 20 y 21 de marzo de 2012, la empresa HYDROS MELGAR S. EN
C.A E.S.P. no tenía instalados macromedidores a la entrada del sistema de
tratamiento, a la salida de la planta de tratamiento y en los tanques de
almacenamiento y/o compensación, conforme lo dispone el artículo 86 de la
Resolución No. 1096 de noviembre 17 de 2000, modificado por el artículo 1
de la Resolución No. 0568 del 19 de junio de 2003, razón por la cual el
prestador no se encontraba realizando la macromedición atendiendo la
exigencia técnicas de la norma.
(…)
Tal como se expuso en la respuesta dada al planteamiento contenido en el
literal b), analizada la información que hace parte del escrito del recurso de
reposición, la empresa HYDROS MEGAR S. EN C.A. E.S.R, actualmente no
tiene instalados macromedidores a la entrada del sistema de tratamiento, a
la salida de la planta de almacenamiento y en los tanques de
almacenamiento y/o compensación, conforme lo dispone el artículo 86 de la
Resolución No. 1096 de noviembre 17 de 2000, modificado por el artículo 1
de la Resolución No. 0666 del 19 de junio de 2003 razón por la cual el
prestador no se encontraba realizando la macromedición atendiendo las
exigencias técnicas de la norma.
Ahora bien, según informa la empresa realiza la medición de caudales
provenientes de la quebrada La Palmara y el Rio Sumapaz a la entrada de
la planta a través de canaleta Parhall con los niveles de agua en los tanques,
estos últimos datos como se ha expuesto no permiten medir y acumular el
agua conforme a las definiciones referidas en las normas citadas en párrafos
precedentes.
Así mismo, la herramienta "Canaleta Parshall", no se ajusta a las condiciones
técnicas establecidas en el artículo 86 de la Resolución 1096 de 2000, en
razón a que la misma no puede asimilarse a un macromedidor de tipo
electromagnético, de hélice y de turbina.
(…)
Conforme a la información remitida por la empresa en el radicado SSPD
20135290322142 del 03 de julio de 2013, y a las razones de hecho y de
derecho que se esgrimieron en los literales b) y c), no se evidencia que a la
fecha la empresa esté realizando la macromedición conforme a lo
establecido en el artículo 36 de la Resolución No. 1096 de 2000, modificado
por el articulo 1 de la Resolución No. 0668 del 19 de junio de 2003;
adicionalmente, no informa si ha adquirido o realizado la instalación de los
equipos de medidas mínimos requeridos en la citada resolución. (...)"
De lo anterior se concluye, que la canaleta Parshall ubicada a la entrada de la
planta de tratamiento, puede ser considerada corno una estructura por medio de
la cual se pueden calcular los caudales, sin embargo, ésta no puede definirse como
macromedidor.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Superintendencia debe reiterar lo tratado
sobre este punto en el acto recurrido, esto es, que la canaleta Parshall no puede
ser sustituida por la macromedición, al no cumplir con las exigencias técnicas de
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que trata el artículo 86 de la Resolución 1096 de 2000, y por tal razón, no puede
pretender la recurrente que se tenga por cumplida la obligación establecida en
dicha norma, cuando es evidente su incumplimiento a la misma.
En efecto, las pruebas aportadas por la prestadora con el recurso, lejos de
controvertir el cargo en estudio, lo que permiten es corroborar lo que las demás
pruebas obrantes en el expediente demuestran, que la empresa prestadora no
realiza la macromedición de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Resolución 1096 de 2000, modificado por el artículo 1 de la resolución 0668 del 19
de junio de 2003 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y los artículos 2.1.1.8. y 2.1.1.9. de la Resolución CRA 151 de 2001.
Así las cosas, no es posible desconocer la afirmación del representante legal de la
prestadora en la visita del 20 y 21 de marzo de 2012 cuando admitió que la
empresa no cuenta con macromedidores en ningún lugar de la red de distribución,
ni siquiera a la salida de la planta de tratamiento de Agua, ya que todas las demás
pruebas obrantes en el expediente dan cuenta que precisamente la empresa no
cuenta con macromedidores.
Finalmente, en relación con las pruebas de la instalación de macromedidores.
aportadas por la apoderada de la investigada mediante radicado 20135290577632
de 6 de noviembre de 2013 este Despacho ha de señalar que dicha instalación
tuvo lugar con posterioridad a los hechos objeto de investigación, e incluso, con
posterioridad a la fecha de interposición del recurso de reposición, como lo
reconoce la propia apoderada de la empresa, y en esa medida no desvirtúan en
absoluto el incumplimiento reprochado a la prestadora.
De conformidad con lo anterior, el argumento de la empresa no es de recibo y en
tanto es el único presentado contra al segundo cargo, éste se confirmará
ARGUMENTOS CONTRA EL TERCER CARGO: VIOLACIÓN DE LOS
ARTICULOS 22 Y 25 DE LA LEY 142 OE 1994. POR NO CONTAR CON LOS
PERMISOS DE CAPTACIÓN PARA PODER OPERAR EL SERVICIO DE
ACUEDUCTO.
PRIMER ARGUMENTO
Manifiesta la recurrente que con soporte en la visita realizada por la
Superintendencia se mencionó que la Corporación Autónoma Regional del Tolima,
concedió al Municipio de Melgar mediante tas Resoluciones 2825 (sic) y 1913 del
20 de octubre de 1997. un caudal de agua de la quebrada La Palmara y la fuente
del Rio Sumapaz por 10 años, información que a su juicio, es incompleta, dado
que no se aclaró ni adjuntó la Resolución 1387 de 2004 por medio de la cual se
otorgó la correspondiente concesión para la toma de agua, actualmente vigente.
Afirma igualmente el recurrente que en la última resolución citada se especificó
claramente que entre otros usos, se autorizaba para tomar agua para el acueducto
de la cabecera municipal de Melgar, a efectos de poder atender las necesidades
de la población existente y flotante. Reitera que en la citada resolución se asignó
la correspondiente concesión “al acueducto de la cabecera municipal" y agrega
que dicho acueducto corresponde al que opera desde el año 2003 Hydros Melgar
S en C.A. E.S.P.. precisando que la aludida resolución identifica como destinatario
u objeto de la concesión un particular sistema de acueducto que es el mismo que
actualmente opera la recurrente.
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Idéntica argumentación realiza la apoderada de la investigada mediante escrito No.
20135290577632 del 6 de noviembre de 2013, en el cual señala que es claro que
el Municipio de Melgar tiene concesión de agua y que la misma está a favor de
quien preste el servicio, que desde el año 2002 es HYDROS MELGAR por lo cual
es claro que la empresa tiene permiso de captación de aguas.
Finalmente aduce la empresa que con base en lo expuesto por ella, CORTOLIMA
ha venido facturando a Hydros Melgar S. EN CA E.S.P. las contribuciones
correspondientes a la concesión de agua, para el efecto aporta diversas
facturas expedidas por la mencionada CORPORACIÓN a la recurrente, así
como imágenes del sistema transaccional y de administración de negocios
de la Fiduciaria de Occidente en la cual manifiesta que se pagos a Cortolima
por ese concepto, concluyendo entonces su argumentación indicando que
comoquiera que la concesión no se ha revocado y se mantiene para el uso
que fue otorgada para la toma del agua por parte de la empresa recurrente
para operar el acueducto de Melgar y atendiendo las necesidades de agua
potable de la población de dicho Municipio, por fuerza debe concluirse que
Hydros Melgar S en C.A. E.S.P. está cumpliendo su objeto bajo el amparo
de la ley.
Previo al análisis del argumento de la recurrente, el Despacho considera oportuno
recordar las normas cuyo incumplimiento se atribuye a la empresa en el tercer
cargo de la presente actuación administrativa, que son precisamente los artículos
22 y 25 de la Ley 142 de 1994, los cuales prevén:
“ARTICULO 22. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. Las empresas de
servicios públicos debidamente constituidas y organizadas no requieren
permiso para desarrollar su objeto social, pero para poder operar deberán
obtener de las autoridades competentes según sea el caso, las concesiones,
permisos v licencias de que tratan los artículos 25 y 26 de esta ley. según la
naturaleza de sus actividades. (...)" (Subrayado fuera del texto.)
Por su parte el artículo 25 indica:
“(..) Quienes presten servicios públicos requieren contratos de concesión,
con las autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; para usar
el espectro electromagnético en la prestación de servicios públicos
requerirán licencia o contrato de concesión.
Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la
índole misma de sus actividades haga necesarios, de acuerdo con las
normas comunes.
Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el
mantenimiento y recuperación del bien público explotado a través de
contratos de concesión.
Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento
básico, de conformidad con la distribución de competencias dispuestas por
la ley, las autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y
solvencia financiera del solicitante para efectos de los procedimientos
correspondientes.”
Claro lo anterior, lo primero que debe señalar el Despacho, y que admite el propio
apoderado de la recurrente, es que ni en la visita practicada a la empresa el 20 y
21 de marzo de 2012, ni en la respuesta de la empresa al informe de dicha visita,
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ni en los descargos al pliego de cargos que le fue formulado en la presente
Investigación, la empresa alegó que estuviera vigente la concesión de aguas ni
mucho menos aportó prueba de ello. Por el contrario, como se pasa a ver, la
empresa siempre manifestó que la concesión no estaba vigente y que por ello
estaba tramitando la concesión de aguas ante CORTOLIMA, por lo cual el tercer
cargo, por la presunta violación a los artículos 22 y 25 de la ley 142 de 1994,
prosperó.
En efecto, frente al cargo tercero todas las pruebas que obraban dentro del
expediente para el momento de expedición de la Resolución recurrida dejaban en
claro que la empresa estaba incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 22 y
25 de la ley 142; en el acta de la visita realizada a la prestadora los días 20 y 21
de marzo de 2012 consta que quienes atendieron la visita por parte de la empresa
manifestaron que la concesión de aguas otorgada al Municipio por CORTOLIMA
mediante Resolución 2885 de 1995 y Resolución 1913 de 1997, no se encontraba
vigente, y que precisamente por ello, la empresa se encontraba adelantando el
trámite ante CORTOLIMA para obtener la concesión de aguas; las Resoluciones
2885 de 1995 y 1913 de 2007 expedidas por CORTOLIMA daban fe de la
concesión de aguas otorgada al Municipio, pero solamente por 10 años que
finalizaban en el año 2005 lo cual corroboraba lo manifestado en la visita; las
respuestas de la empresa al Informe de la visita en el cual se concluyó que la
concesión de agua no estaba vigente, se limitaron a señalar que por no estar
vigente la concesión, la empresa estaba adelantando el trámite ante CORTOLIMA
para obtener la renovación de la concesión, lo cual reforzaba el que la empresa no
tenía concesión de aguas; y finalmente los argumentos de la empresa en sus
descargos frente al tercer cargo, únicamente se dirigieron a justificar el por qué la
empresa no tenía concesión de aguas, más en ningún momento se indicó que la
captación se encontrara amparada en una concesión de aguas vigente a nombre
del municipio
De todo lo anterior es claro que la conclusión de este ente de control al momento
de expedir la resolución recurrida no podía ser otra más que la empresa estaba
prestando el servicio de acueducto sin tener permiso de captación, lo cual
constituye una violación a lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la ley 142 de
1994, y por ende el cargo debía prosperar y la empresa ser sancionada, en virtud
de la gravedad del incumplimiento.
Ahora bien, es con ocasión de la interposición del recurso de reposición, que el
prestador ofrece un nuevo argumento, consistente en que, en virtud de lo dispuesto
en la Resolución 1387 del 13 de diciembre de 2004 expedida por la Corporación
Autónoma Regional del Tolima, se otorgó al Municipio de Melgar la concesión para
beneficio del Acueducto Municipal - departamento del Tolima y en consecuencia la
empresa que preste el servicio de acueducto en el Municipio de Melgar tiene
autorización para captar el agua de la Quebrada La Palmara y del río Sumapaz,
por un término de diez (10) años, los cuales vencen en el año 2014; y que la
empresa HYDROS MELGAR es quien presta el servicio de acueducto en el
Municipio de Melgar desde el año 2002 y hasta la fecha, el apoderado de la
recurrente concluye que su representada sí tiene concesión de aguas vigente.
El anterior argumento, junto con el material documental aportado con el recurso
llevó a este ente de control a decretar de oficio la práctica de pruebas, justamente
con el fin de establecer la veracidad de las afirmaciones del apoderado de la
recurrente con relación al cargo tercero.
Fue así que mediante auto de pruebas del 3 de septiembre de 2013 se decretó un
periodo probatorio dentro del trámite del recurso de reposición, y en él la
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Superintendente de Servicios Públicos ordenó de oficio la práctica de la siguiente
prueba con el fin que la Corporación Autónoma Regional del Tolima se pronunciara
sobre las manifestaciones de la empresa respecto de la concesión de aguas:
“(...) OFICIAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA,
para que dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la
respectiva solicitud:
a. Se pronuncie frente a la veracidad de los aspectos planteados por la
empresa, a folios 34 al 37 de su escrito de recurso
b. Informe si en la actualidad existe concesión de aguas vigente para el
Municipio de Melgar y de ser afirmativo, quien es su titular
c. Indique si de encontrarse vigente la concesión de aguas, la empresa
HYDROS MELGAR S EN CA E.S.P. está facultada legalmente para hacer
uso de la misma
d. Se pronuncie frente a las facturas expedidas por CORTOLIMA, al igual
que impresiones del STN-SAN de FIDUCIARIA de OCCIDENTE
correspondientes al reporte de pago de concesión de aguas (Folios 249 al
345 - parte 2 del recurso), señalando de manera expresa si efectivamente
recibe pagos por parte de la empresa HYDROS MELGAR S EN CA E.S.P.
por concepto de concesión de aguas y de ser afirmativo, explique las razones
para ello.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional del Tolima deberá remitir
con destino a la investigación, el soporte probatorio de la información que
suministre, por lo que es indispensable que allegue evidencia de su
respuesta. (...)”
Teniendo en cuenta que la respuesta de CORTOLIMA no llegó dentro del periodo
probatorio inicialmente decretado, mediante auto del veinticuatro (24) de
septiembre de 2013 se decretó una adición del período probatorio.
La respuesta allegada por parte de la autoridad ambiental fue radicada en esta
entidad el 30 de septiembre de 2013 con el No. 201352990507852 y
posteriormente la aludida autoridad dio alcance a su respuesta a través de los
radicados No. 20135290538512 del 17 de octubre de 2013 y 20135290546052 del
21 de octubre de 2013.
En su primera respuesta la Corporación Autónoma Regional del Tolima indica
“(...) En atención al radicado de la referencia le informo lo siguiente:
3. Con la Resolución No. 1387 del 13 de diciembre de 2004, se reglamentó
las corrientes de uso público denominadas quebrada La Palmara y sus
afluentes (Calera y pan de azúcar), La Melgara, Agua Fría y El Porvenir del
Municipio de Melgar, Departamento de Tolima, quedando registrada la
bocatoma del acueducto de la cabecera municipal.
Si existe concesión de aguas vigentes para el Municipio de Melgar,
identificado con NIT No. 890701933-4, quien es el titular de las concesiones
de agua, según las Llaves No. 5111 y 2512.
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3. Como se expresó en el punto anterior, las concesiones de aguas se
encuentran vigentes y el titular es el Municipio de Melgar. Le corresponde a
la administración municipal de Melgar, establecer si le otorgó algún tipo de
autorización o suscribió algún convenio con la empresa HYDROS MELGAR
S. EN C. E.S.P, para la administración u operación del acueducto municipal.
(...)"
En el alcance dado de manera posterior, CORTOLIMA manifiesta:
“(...) En atención al oficio de la referencia, me permito manifestar que
mediante oficio 2208 de septiembre 26 de los corrientes el cual adjunto, se
dio respuesta a su inquietud respecto al punto Tercero, manifestando que la
concesión se encuentra vigente para el Municipio de Melgar quien es el titular
de la misma, según las Llaves números 2511 y 2512. (...)"
Lo primero que se debe advertir es que según la documentación que reposa en el
expediente, el acueducto del Municipio de Melgar se abastece del agua
proveniente de la quebrada La Palmara y la bocatoma San José La Colorada (Rio
Sumapaz), frente a lo cual no existe ninguna controversia.
Conforme a la respuesta emitida por CORTOLIMA este Despacho puede
establecer sin duda alguna que “SI existe concesión de aguas vigente para el
Municipio de Melgar, identificado con NIT No. 890701933-4, quien es el titular de
las concesiones de agua, según las Llaves Nos. 2511 y 2512", respuesta que fue
reiterada por la citada Corporación en el alcance que realizara a la información
remitida en primera oportunidad, lo que lleva a este Despacho a señalar que las
manifestaciones del apoderado de la empresa recurrente, referentes a que existe
concesión de aguas vigente para el municipio de Melgar - Departamento del
Tolima, son ciertas.
De la citada respuesta también se puede establecer que a través de la Resolución
No. 1367 del 13 de Diciembre de 2004, “por la cual se reglamentaron las corrientes
de uso público denominadas quebradas La Palmara y sus afluentes, La Melgara,
Agua Fría y El Provenir”, quedó registrada la bocatoma del acueducto de la
cabecera municipal por el término de diez (10) años, por lo que la concesión de la
bocatoma al Acueducto del Municipio está vigente.
Ahora bien, dentro de los interrogantes planteados a la aludida Corporación se
encontraba el de señalar si la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A, E.S.P. tenía
autorización para emplear la concesión de aguas del Municipio de Melgar, y la
respuesta de CORTOLIMA fue: “(...) Le corresponde a la administración municipal
de Melgar, establecer si le otorgó algún tipo de autorización o suscribió algún
convenio con la empresa HYDROS MELGAR S. EN C. A. ESP, para la
administración u operación del acueducto municipal (…)”
Frente a la anterior respuesta, para el despacho se hizo evidente que de existir
algún tipo de autorización por parte de la Administración Municipal de Melgar a la
empresa HYDROS MELGAR para la administración u operación del acueducto
municipal de Melgar, era predicable que la empresa si estaba autorizada para
utilizar la concesión de aguas otorgada al Municipio mediante la Resolución 1387
de 2004.
Así las cosas, este Despacho procedió a revisar las pruebas obrantes en el
expediente y encontró que mediante la escritura pública de constitución de la
empresa HYDROS MELGAR S, EN C.A. E.S.P. aportada por el apoderado de la
prestadora con el recurso, la Administración Municipal de Melgar, por intermedio
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de su empresa de servicios público, EMPUMELGAR otorgó a la empresa HYDROS
MELGAR S. EN C.A. E.S.P. la administración y operación del acueducto del
Municipio de Melgar y una lista de permisos y licencias que le habían sido
concedidas y se encontraran vigentes a la fecha de dicha escritura.
Por lo anterior es evidente que la empresa HYDROS MELGAR estaba autorizada
por la Administración Municipal de Melgar para la administración y operación del
acueducto municipal de Melgar, y en tal sentido, según lo manifestado por
CORTOLIMA en la referida respuesta, es igualmente claro que existe concesión
de aguas vigentes para el municipio de Melgar, identificado con NIT No
6907019334 quien es el titular de las concesiones de agua, según las Llaves Nos
2511 y 2512 (bocatomas) administradas por HYDROS MELGAR según las
escrituras públicas obrantes en el expediente, en tal sentido la empresa HYDROS
MELGAR operaba el acueducto que sirve a la población de Melgar bajo concesión
de aguas vigente para el momento de la visita y que incluso aún hoy está vigente.
Más aún, en el artículo 64 de la referida escritura se estipuló que EMPUMELGAR
ESP haría entrega a la empresa HYDROS MELGAR de una lista de licencias,
permisos, servidumbres, y autorizaciones que le hubiesen sido concedidas a dicha
empresa, y que se encontraran vigentes a la firma de dicha escritura, y como para
esa fecha, septiembre del año 2002, la concesión de aguas otorgada por
CORTOLIMA al Acueducto de la cabecera Municipal mediante la Resolución 2885
del 25 de octubre de 1995, se encontraba vigente, es claro que esa concesión de
aguas le fue permitido utilizarla a la empresa HYDROS MELGAR, desde su
constitución.
Hechas las anteriores precisiones, se evidencia que sí existe concesión de aguas
vigente para el Municipio de Melgar - Tolima, específicamente para las llaves que
abastecen el acueducto de dicho municipio, Nos, 2511 y 2512, y en tanto es
innegable que desde el año 2002 y hasta la actualidad, la empresa HYDROS
MELGAR S. EN C.A. E.S.P. es quien está operando el acueducto del Municipio y
capta el agua de dichas llaves, resulta forzoso concluir que dicha empresa está
suministrando agua concesionada, y que por tanto no está incumpliendo lo
dispuesto en los artículos 22 y 25 de la ley 142 de 1994
Por lo expuesto, el argumento de la recurrente prospera y en consecuencia el
tercer cargo endilgado a la empresa deberá ser archivado, por lo que el Despacho,
por economía procesal, no se pronunciará sobre los demás argumentos en contra
de dicho cargo, más sí hará una aclaración importante con respecto a las facturas
allegadas junto con el recurso por el apoderado de la prestadora, las cuales no
corresponden a la tasa recaudo ambiental - tasa uso de agua sino al pago de la
TASA RETRIBUTIVA por los vertimientos hechos por el servicio de alcantarillado,
teniéndose que a través del escrito radicado N“ 20135290577632 de 6 de
noviembre de 2013 si bien es cierto que la empresa manifiesta que paga tasa de
uso dicho hecho no lo prueba toda vez que trae una relación sin aportar las facturas
correspondientes que soporten sus afirmaciones.
En este punto el Despacho debe señalar que, teniendo en cuenta que el cargo
tercero reprochado a la empresa no prospera, se modificará la sanción impuesta
en el acto recurrido.
ARGUMENTOS CONTRA EL CUARTO CARGO: INCUMPLIMIENTO A LOS
ARTÍCULOS 198 199 Y 202 DE la RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000 DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO AL NO CONTAR CON
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
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PRIMER ARGUMENTO
La impugnante señala que si bien en la visita se dijo por el representante legal
suplente de la empresa que no se contaba con los manuales de operación y
mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo cierto es que la
empresa desde mucho ante de la visita, contaba con un manual de calidad, el cual
estaba implementado desde el año 2004 y un manual de operación y
mantenimiento de la planta de tratamiento de Agua Potable, el cual se aplica desde
el año 2007, como se corrobora en la certificación expedida por la directora
ejecutiva de la empresa. Manifiesta que dado que la actuación administrativa no
ha culminado, aporta los manuales enunciados, y solicita que éstos sean tenidos
en cuenta para desvirtuar el cargo imputado.
Indica además que la afirmación hecha por el representante legal de la prestadora
en el oficio de respuesta al informe de visita, en el cual refiere que “se encuentra
en estado de diseño los manuales de operación y mantenimiento” no implica
necesariamente que no existan otros manuales de otros años o periodos anteriores
como efectivamente ocurre en el presente caso y se está probando mediante el
presente recurso” por lo que solicita no tener como válida dicha declaración.
Finaliza indicando que según certificación expedida por la directora ejecutiva de la
empresa, a la fecha la prestadora tiene actualizados y ajustados todos sus
procedimientos, atendiendo lo exigido por la norma técnica NTC-ISO 9001:2000.
Posteriormente, mediante radicado 20135290577632 de 6 de Noviembre de 2013,
la apoderada de la investigada ratifica que la no exhibición de los manuales en la
visita no prueba que los mismos no estuviesen disponibles, al punto que al haber
sido aportados con el recurso se prueba que si existen dichos manuales incluso
desde antes de la visita, y como el cargo es por no contar con los manuales y no
por no tenerlos en lodo momento, el cargo no debe prosperar.
Previo a analizar el argumento de la recurrente, conviene efectuar las siguientes
precisiones:
En primer lugar, si bien con ocasión del recurso el prestador remite como prueba
copia de los manuales de operación de fecha 2004 y 2007, no es posible acceder
a su solicitud de no tener como válidas las manifestaciones del señor representante
legal de la empresa en su respuesta al informe de visita, en la cual refiere que los
citados manuales se encuentran en diseño. Lo anterior por cuanto, el acervo
probatorio dentro de la presente actuación, está conformado por la totalidad de
diligencias practicadas y la documentación aportada e incorporada al expediente,
y en ese sentido, corresponde a la autoridad, proceder a la valoración de los
elementos allí obrantes y que resulten pertinentes.
Así mismo, resulta necesario aclarar al prestador que se equivoca cuando refiere
que el cargo cuarto se eleva por “no contar con manuales y no por no tenerlos en
todo momento'’, pues, de hecho, la imputación correspondiente en el pliego de
cargos resulta clara y contundente en orden a establecer su alcance.
CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 198, 199
Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000 DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO, AL NO CONTAR CON MANUALES DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
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Como puede apreciarse, el Cargo Cuarto del pliego de cargos endilgado al
prestador no atiende al hecho de que éste no cuente con los manuales, es decir,
si existen o no, sino a la vulneración de los artículos 198, 199 y 202, en virtud de
dicha carencia en los términos allí planteados, esto es, en todo momento.
En efecto, ese es el sentido de la imputación y es por ello que el pliego de cargos
concluye refiriendo al respecto:
“De llegarse a comprobar este tipo de infracción, seria grave ya que se
estaría incumpliendo con la obligación del prestador de contar con los
procedimientos, correspondientes al Sector de Agua, Potable y Saneamiento
Básico y sus actividades complementarias, lo que incidiría de manera
gravísima en la prestación de los servicios de agua y alcantarillado afectando
conceptos de calidad, cantidad, continuidad y cobertura, perjudicando muy
probablemente la salud pública y el bienestar de la población y de contera va
en detrimento de la una de las obligaciones que tiene la prestadora respecto
de cada uno de sus usuarios en tanto que se debe operar el tratamiento del
agua de manera continua y con calidad, por lo cual recibe como
contraprestación el pago de una tarifa.".
En ese sentido, resulta también pertinente citar la normatividad que se predica
vulnerada por la prestadora para el cargo concreto:
“ARTÍCULO 198.- PUESTA EN MARCHA. Los procedimientos y medidas
pertinentes a la puesta en marcha de los diferentes componentes de un
sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos
establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de puesta en
marcha suministrados por el diseñador, constructor, fabricante o proveedor
al entregar a la entidad contratante las obras, bienes o servicios que le fueron
contratados. Cuando se utilicen métodos alternativos de diseño y
construcción y/o suministros que incorporen tecnologías no
institucionalizadas aún en el país, el constructor, fabricante o proveedor
deberá poner en marcha y operar, o acompañar la operación al menos
durante seis meses en la nueva tecnología, de forma que se verifique su
correcta operación y se asegure la capacitación del personal que se
encargará posteriormente de su administración, operación y mantenimiento.”
“ARTÍCULO 199.- OPERACIÓN. Los procedimientos y medidas pertinentes
a la operación continua y permanente de los diferentes componentes de un
sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos
establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de operación que
deben tener disponibles en todo momento los operadores de las Entidades
Prestadoras de los servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo
para cada uno de sus componentes, con el fin de brindar a los usuarios el
respectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad exigidos en el
presente Reglamento Técnico.
PARAGRAFO 1: Presiones en la red: Una vez que la red de distribución, o
su ampliación, entre en operación, y durante todo el período de vida útil del
proyecto, deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red,
teniendo en cuenta los manuales de operación y mantenimiento.
PARAGRAFO 2: Calidad de agua en la red. Una vez que la red de
distribución se encuentre en operación y durante todo el período de vida útil
de ésta, deben verificarse la calidad del agua en la red, teniendo en cuenta
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lo establecido en el Capitulo III del Decreto 475 de 1998 del Ministerio de
Salud Pública, o el que lo reemplace.”
“ARTÍCULO 202.- MANTENIMIENTO. Los procedimientos y medidas
pertinentes para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de
los diferentes componentes de un sistema de agua potable y saneamiento
básico seguirán los requerimientos establecidos en los Planos de Instalación
y los Manuales de Operación y Mantenimiento que deben tener disponibles
en todo momento los operadores de las Entidades Prestadoras de los
servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo para cada uno de
sus componentes en el caso de sistemas que están en operación. O los
suministrados por el diseñador, constructor, fabricante o proveedor al
entregar a la entidad contratante las obras, bienes o servicios que le fueron
contratados, para el caso de las obras nuevas a partir de la vigencia de este
reglamento.”
Teniendo presente la normativa anterior, así como la imputación clara y expresa
referida en el cargo cuarto del pliego de cargos, antes trascrita, resulta evidente
que los presupuestos allí establecidos parten de la premisa de que el prestador
debe contar con dichos manuales de puesta en marcha, de operación y de
mantenimiento en todo momento en orden a llevar a cabo las operaciones
referidas.
En ese sentido, no resulta de recibo como eximente de cargo, el argumento de la
recurrente, según el cual, para los días en tos cuales realizó la visita técnica a sus
instalaciones, los referidos manuales si existían a pesar de no haber sido
aportados en desarrollo de la misma y aunque su representante legal refirió que
los mismos se encontraban en diseño, pues lo cierto, es que el cargo cuarto, tal
como se encuentra planteado, supone la vulneración 198, 199 y 202 del RAS 2000,
cuando quiera que los manuales no se encuentren "disponibles todo momento”,
por tanto, al haber quedado demostrado dentro de la actuación que los referidos
manuales fueron requeridos con ocasión de la visita sin que el prestador los
hubiera aportado, situación que se mantuvo durante más de un año durante el cual
el prestador tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de los hallazgos de la visita
y presentar descargos resulta predicable que los mismos no estuvieron
disponibles, vulnerando así las normas endilgadas.
Por lo anterior, el argumento de la prestadora no está llamado a prosperar y siendo
el único presentado contra el cuarto cargo, la prosperidad del mismo habrá de
confirmarse.
ARGUMENTOS CONTRA EL QUINTO CARGO: INCUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 1570 DE 2004 DEL
MAVDT
ARGUMENTO DE LA PRESTADORA
Expone el apoderado de la recurrente que de acuerdo con la información
entregada por la prestadora, tanto el mantenimiento operativo como el correctivo
que realiza la empresa, es efectuado en su mayoría por contratistas de la
prestadora, según cuadro que anexa al recurso.
Agrega que ello evidencia que la prestadora sí atiende sus obligaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo en la red de alcantarillado y solicita que esta
situación sea tenida en cuenta como relevante, al momento de evaluar el
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desempeño de la prestadora, como un todo, en lo que al cumplimiento de sus
deberes se refiere.
Valga señalar que mediante escrito radicado N^ 20135290577632 de 6 de
Noviembre de 2013 la apoderada de la Investigada no expuso ningún argumento
frente a este cargo.
El Artículo 2 de la Resolución 1570 de 2004, establece:
“ARTÍCULO 2. El artículo 11 de la Resolución 1076 de 2003 quedaré así:
"Artículo 11. Exigibilidad de la certificación para los trabajadores vinculados.
Los trabajadores vinculados a las entidades prestadoras de los servicios de
acueducto y/o alcantarillado y/o aseo, que tengan más de seis (6) meses de
labor en puestos de trabajo técnico- operativos o administrativos deberán
estar certificados en su respectivo oficio, de acuerdo con el siguiente
cronograma.”.
En consecuencia, la norma es clara en señalar que quienes tengan bajo su
responsabilidad la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, y aseo, tal y como es el caso de la empresa HYDROS MELGAR S.
EN C.A E.S.P., además de. desempeñarse adecuadamente en la prestación de los
servicios bajo su cargo, deberán contar con personal calificado y certificado en
competencias laborales para la operación y mantenimiento del sistema, conforme
lo exige la norma.
Así las cosas, la argumentación traída por la recurrente en su recurso de reposición
se dirige a señalar que por ser contratista quienes en su mayoría realizan las
acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, no estaría incursa en el
incumplimiento de la norma señala que se refiere a los trabajadores vinculados a
las empresas.
Al respecto se debe indicar que está demostrado en la presente actuación que la
empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. no contaba con persona calificado
en competencias laborales para la operación y mantenimiento del sistema de
alcantarillado, como constan las pruebas obrantes en el expediente, y por lo tanto
evidentemente la prestadora, no estaba comprimiendo con los señalado en el
artículo 2 de la Resolución 1570 de 2004 del MADVT.
Así se señaló en el acta de visita realizada los días 20 y 21 de marzo de 2012, a
folio 16:
“(…) 1.1.6. Documentación y Manuales
La empresa informa que los operarios de la PTAP, están certificados en
competencias laborales (…)”
Adicionalmente en el correspondiente informe de visita, a folio 39 se indicó:
“(…) Documentación y Manuales
La empresa informa que los operarios encargados del sistema de
alcantarillado no están certificados en competencias laborales. Dado lo
anterior, la empresa no está dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 2 de la Resolución 1570 de 2004 del MAVDT”
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Por su parte el señor LUIS FABIÁN CASTILIJ\ RODRIGUEZ, en calidad de
Representante Legal de la prestadora, allegó oficio radicado SSPD No.
20125290268392 del 31 de mayo de 2012, por medio del cual procedió a
rendir las explicaciones que consideró necesarias respecto a este
incumplimiento, y entre otras cosas dijo lo siguiente:
“La empresa ha iniciado el proceso de solicitud para continuar con la
certificación del personal operativo, para esto se envió una comunicación al
SENA solicitando dicho programa. Se anexa oficio mencionado."
Ahora bien, teniendo en cuenta que la prestadora en su recurso de reposición
aporta diferentes documentos buscando desvirtuar la conducta bajo estudio, y
justamente con el fin de someter dicha información al análisis técnico
correspondiente, en el auto de pruebas de fecha 3 de septiembre de 2013, se
solicitó a la Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado de esta
Superintendencia que informara lo siguiente:
“(…) FRENTE AL QUINTO CARGO
a. Indique si la documentación remitida por la recurrente (PARTE 2 DEL
RECURSO FIs. 168 al 202), es técnicamente válida para demostrar que los
trabajadores vinculados a la empresa prestadora que cuenten con más de
seis (6) meses de labor en puestos de trabajo técnico operativos o
administrativos, están certificados en su respectivo oficio, conforme a los
niveles que señala el cronograma que fija la norma. (. ..)“
La respuesta allegada por parte de la Dirección Técnica de Gestión
Acueducto y Alcantarillado radicada bajo el No. 20134200058633 señaló
sobre este asunto lo siguiente:
“(.. .) Luego, a folios 169 al 202 de la parte 3 del recurso, se evidencia relación
de transporte de lodos de la Unión Temporal de la Sabana, 18 órdenes de
servicios y 15 proformas de condiciones generales de las ordenes de
servicios, estas últimas todas sin firma del proveedor o contratista.
En consideración a lo expuesto, no se evidencia que la documentación
allegada por la empresa recurrente dé cumplimiento a lo quo establece el
artículo 2 de la Resolución 1570 del 28 de diciembre de 2004, del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, pues lo que exige la norma
claramente es que los trabajadores vinculados a las entidades prestadoras
de los servicios de acueducto y/o alcantarillado y/o aseo, que tengan más de
seis (6) meses de labor en puestos de trabajo técnico-operativos o
administrativos deban estar certificados en su respectivo oficio. Certificación
que valga la pena señalar, es una constancia por escrito expedida por el
Servicio Nacional de Aprendizaje. Sena, o cualquier otro organismo de
certificación de competencias laborales, acreditado de acuerdo a la ley para
tal efecto, donde señala que una persona cumple con los requisitos de
idoneidad, criterios de desempeño y nivel de cualificación especificados en
una Norma Técnica Colombiana de Competencia Laboral, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1 de la Resolución 1570 del 28 de diciembre de 2004,
situación que para el caso sub examine no sucede. Por lo tanto, la
información allegada no es técnicamente válida para demostrar que los
trabajadores vinculados a la empresa prestadora que contaba con más de
seis (6) meses de labor en puestos de trabajo técnico – operativos o
administrativos, están certificados en su respectivo oficio, conforme a los
niveles que señala el cronograma que fija la norma”
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De la respuesta anterior se evidencia en primer término que para la fecha en la
cual se llevó a cabo la visita de vigilancia y control, la empresa prestadora no aportó
documentación alguna que demostrara que sus operarios de los servicios de
acueducto y alcantarillado, con más de seis meses de labor en puestos de trabajo
técnico-operativos o administrativos estuvieran debidamente certificados en su
respectivo oficio de acuerdo cori el cronograma establecido en dicha norma y ello
tampoco fue probado por la prestadora en todo el curso de la presente actuación
administrativa.
Ahora bien, de la Citada respuesta también se puede establecer que la
documentación aportada por la recurrente no evidencia el cumplimiento a lo
señalado por el artículo 2 de la Resolución 1570 de 2004 pues la misma
corresponde a la relación de transporte de lodos de la Unión Temporal la Sabana,
18 órdenes de servicio y 15 proformas de condiciones generales de las ordenes
de servicios, estas últimas todas sin firma del proveedor o contratista, es decir,
ninguno de estos documentos corresponde a la certificación exigida por la norma
en comento, por lo que esta documentación no demuestra el cumplimiento de la
obligación cuyo incumplimiento se le reprocha a la prestadora en el presente cargo,
ya que ninguna de las pruebas obrantes en el expediente corresponde a una
certificación expedida por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, o cualquier
otro organismo de certificación de competencias laborales, acreditado de acuerdo
a la ley para tal efecto, en la cual conste el cumplimiento de los requisitos de
idoneidad, criterios de desempeño, y el grado o nivel de calificación de los
trabajadores que realizan el mantenimiento del sistema de alcantarillado operado
por la empresa investigada, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 1570 del
28 de diciembre de 2004.
Valga agregar a lo expuesto que si acaso el apoderado de la empresa, al señalar
que gran parte de las labores de mantenimiento del sistema las realizan
contratistas, no empleados de la empresa, quiere dar a entender con ello que la
empresa no incumple la Resolución 1570 del 28 de diciembre de 2004, dicho
argumento tampoco sería de recibo por las siguientes dos razones:
En primer lugar, el apoderado de la empresa no aporta medio probatorio alguno
que sustente que la mayoría de las labores de mantenimiento del sistema son
realizadas por contratistas, pero además de ello, aun cuando así fuera, tal hecho
no eximiría al prestador de la obligación de exigir que el personal que adelante
tales labores se encuentre debidamente capacitado para el efecto, como
claramente se desprende de la finalidad de la norma, cual es que sea personal
capacitado el que realice dicha labor, por lo que independientemente del vínculo
jurídico que exista entre la prestadora y quienes realizan el mantenimiento del
sistema de alcantarillado, sea un contrato laboral o un contrato de prestación de
servicios, el argumento no sería de recibo.
Por lo expuesto, el argumento no está llamado a prosperar, y en consecuencia se
ratifica el incumplimiento reprochado a la prestadora en el quinto cargo.
IV. DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PRESTADORA
Manifiesta la prestadora que en la Resolución No. 20134400013695 de 2013,
luego del análisis sobre la naturaleza y gravedad de las faltas, se hace alusión al
tema financiero de la empresa.
Indica que los socios de la empresa no han decretado su disolución, y que en el
evento de decretarse, puede adoptar las medidas necesarias con el fin de
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enervarla, conforme a lo establecido por el artículo 24 de la ley 1429 de 2010 y el
artículo 220 del Código del Comercio.
Agrega que la empresa tiene la aptitud jurídica de continuar desarrollando su objeto
social, desde la fecha de la visita como en la época actual y aporta distintos datos
financieros para soportar sus afirmaciones, con lo cual busca demostrar que entre
el año 2012 y el 2013 mejoró su situación financiera, cumplió con sus obligaciones
y refinanció la deuda con la DIAN.
Solicita revaluar la conclusión referida al hecho que no puede atender las deudas
a corto plazo, teniendo en cuenta la situación financiera de la empresa.
Por último, la empresa en el recurso pone en consideración del Despacho la
posibilidad de excluir de la motivación de la sanción y de su graduación, la situación
financiera, teniendo en cuenta que ésta no fue objeto del pliego de cargos que dio
apertura a la actuación.
Debiéndose señalar que a través de radicado 20135290577632 de 6 de noviembre
de 2013 la empresa remite un informe financiero firmado por la señora Angélica
Maldonado, quien se identifica como contadora de la empresa, respecto al cual
este Despacho debe realizar las Siguientes precisiones:
Dentro del precitado decreto se establece en su artículo 19 que los estados
financieros son el medio principal para suministrar información contable a quienes
no tienen acceso a los registros de un ente económico. Así mismo, en el artículo
22 ibídem establece como estados financieros básicos los siguientes: 1. El balance
general. 2. El estado de resultados. 3. El estado de cambios en el patrimonio. 4. El
estado de cambios en la situación financiera, y 5. El estado de flujos de efectivo.
Por otra parte, el artículo 33 del mencionado decreto establece que son estados
financieros tipificados aquellos firmados por el representante legal, por el contador
público que los hubiere preparado y por el revisor fiscal, si lo hubiere, dando así
testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros.
El Código de Comercio, en su artículo 203 establece quienes deben tener revisor
fiscal:
I) Las sociedades por acciones
II) Las sucursales de compañías extranjeras y
III) Las sociedades en la que, por ley o por los estatutos, la administración a
corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número
de socios excluidos de la administración que representan no menos del
veinte por ciento del capital.
Es así, que de la información remitida por la empresa, se advierte que no se anexan
estados financieros básicos certificados y dictaminados tal como lo establece el
Decreto 2649 de 1993; la información remitida no pertenece a ninguno de los
estados financieros básicos establecidos en el artículo 22 ibídem ya que lo que se
remite son algunos cuadros o apartes pero no como tal, estados financieros en el
estricto sentido de conformidad con la norma ya citada, sin dejar de lado que el
documento certificado no contiene el número de la tarjeta profesional de la
contadora contradiciendo lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 3 de la ley
43 de 1990 que establece "En todos los actos profesionales, la firma del Contador
Público deberá ir acompañada del número de su tarjeta profesional".
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Por lo anterior y de acuerdo con la información aportada por la empresa, la misma
no alcanza el calificativo jurídico de estados financieros en los términos previstos
por los artículos 37 y 38 de la ley 222 de 1995, por carecer de las condiciones que
ha señalado para el efecto la mencionada ley y el alcance dado por el concepto
que se transcribe a continuación:
Mediante CONCEPTO 166 CTCP del Consejo Técnico de la Contaduría Pública
del 23 de agosto de 2005, se indica que:
“(…) con fundamento en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, el
representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se
preparó la información financiera la cual de suyo incluye las notas a los
estado financieros, son las personas encargadas de certificarlos con su
firma, en los casos en que sean sometidos a consideración o conocimiento
de los de los asociados o puestos a disposición de terceros en general, lo
cual es garantía del adecuado registro en libros y preparación de dichos
estados financieros, de conformidad con los principios o normas de
contabilidad de general aceptación. (...)
(…) Adicionalmente, como expresamente lo señala el inciso segundo del
transcrito artículo 38 de la Ley 222 de 1995, los estados financieros
dictaminados debe suscribirlos el revisor fiscal o falta de éste, el contador
público independiente que los hubiere examinado, anteponiendo la
expresión “ver la opinión adjunta” u otra similar. El sentido y alcance de su
fina será el que se indique en el dictamen correspondiente (…)”
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, mediante concepto 023 del 23 de
julio de 2003, puntualizó:
“(...) se concluye que la atestación, dictamen y firma de los estados
financieros por parte del revisor fiscal o contador independiente que los
examina, constituyen, desde el punto de vista de la normatividad contable,
elemento fundamental para configurar estados efectivamente dictaminados,
pues es esta la manera en que se concreta la opinión expresa que sobre
ellos hace el profesional y la vía de materializar la credibilidad que ellos
merecen. (...)
(...) Si los estados financieros no están certificados ni dictaminados como en
los párrafos precedentes se describe, existiendo la obligación legal de
hacerlo, no serla dable, en estricto sentido, hablar de estados financieros y
más bien podría pensarse en unos informes financieros que no alcanzan el
calificativo jurídico de estados financieros en los término s previstos por los
artículos 37 y 38 de la ley 222 de 1995, por carecer de los requisitos allí
señalados, los que en concepto de este organismo, reiteramos, son
esenciales para considerarlos certificados y dictaminados."
Así las cosas, no se observa en los documentos aportados un reflejo del estado
financiero actual de la prestadora.
Ahora, con relación a lo manifestado por la recurrente, se debe aclarar que en el
pliego de cargos no se imputó la situación financiera como reproche e imputación,
como en efecto no lo fue, ni lo ha sido a lo largo de la actuación, por lo que no se
accederá a excluir dichas consideraciones de la parte motiva de la resolución
recurrida.
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En adición, es de resaltar que, si bien la naturaleza y gravedad de la falta fueron
los criterios determinantes y legalmente procedentes para la imposición de la
sanción de prohibición, no podía, ni puede el Despacho desconocer la muy
compleja situación financiera del prestador en orden a precaver que la medida que
se imponga termine generando un efecto nocivo en la prestación del servicio,
contrario al objetivo que esta Superintendencia persigue en el ejercicio de sus
funciones cual es la garantía en la eficiente prestación en los servicios públicos por
parte de los prestadores de los mismos.
Así en el acto recurrido se evaluó en contexto la situación financiera de la empresa
para establecer los aspectos ya señalados, y en este acto se evalúa nuevamente,
con idéntica finalidad.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el apoderado de la prestadora afirma que
la situación financiera de la empresa investigada le permite continuar desarrollando
su objeto social, y que en prueba de ello aporta una serie de datos financieros con
los cuales busca evidenciar que su situación financiera es favorable, en el auto de
pruebas de 3 de septiembre de 2013 se decretó de oficio la práctica de la siguiente
prueba:
“(…) RESPECTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
a. Se pronuncie frente al material documental aportado por la prestadora e
indique si la información financiera remitida (fls. 47 al 54 y parte 2 fls. 1 y 203
al 206) corresponde a la registrada oficialmente por la empresa HYDROS
MELGAR S. EN CA E.S.P. al Sistema Único de Información SUI”
En la respuesta remitida por la Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
radicada bajo el N° 20134200058633, se indica respecto de este asunto que:
“ Al respecto, una vez verificada la información aportada por la empresa
Hydros Melga S en C E.SP. mediante oficio 20135290322142 del 13 de julio
de 2013, se evidencia la remisión del Estado de Resultados con las cuentas
de ingresos, costos y gastos, los cuales coinciden con la información
reportada en el Sistema Único de Información – SUI- en las cuentas 4, 5, 6,
respectivamente, así como relacionan la utilidad operacional la cual
evidencia valores positivos de la operación, sin embargo, no relacionan los
resultados del ejercicio o utilidad neta de los periodos 2011 y 2012, debido a
que no incluye ingresos operacionales (financieros, extraordinarios, ajustes
ejercicios anteriores), gastos no operacionales (intereses, financieros,
extraordinarios, ajustes ejercicios anteriores) y provisión para impuesto de
renta. Así las cosas, la utilidad operacional del año 2011 se contrajo un
175.67 % pasando de 703 millones de utilidad operacional a 532 millones en
utilidad neta, para el año 2012, se redujo un 96,60 % pasando de 13.083
millones de utilidad operacional a 44 millones de utilidad, lo cual refleja el
fuerte impacto que tienen los otros gastos dentro de la utilidad de ejercicio.
La compañía está en causal de disolución: Sobre este ítem, la empresa
argumenta que la sociedad no ha decretado la disolución de la empresa, y
en el evento en que detecte que se presenta la causal puede adoptar
medidas conducentes a enervarla de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 24 de la Ley 1429 de 2010, en armonía con lo señalado en artículo
220 del Código de Comercio.
Sin embargo, esta Dirección ha sido clara en el sentido en que si bien la
Junta Directiva no ha determinado declarar la causal de disolución y por ende
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pretender enervarla, ello no es óbice para que la misma no se encuentre en
causal de disolución de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 351 del
Código de Comercio donde se determina que la sociedad en comanditaria
por acciones se disolverá, también, cuando ocurran pérdidas que reduzcan
el patrimonio neto a menos del cincuenta por ciento del capital suscrito. Lo
anterior en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 457
ídem. Es de anotar que la empresa recurrente se encuentra en causal de
disolución desde el año 2011 a la fecha, lo cual claramente está poniendo en
riesgo la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo por riesgo
de default o no pago.
Lo anterior aplicables a las sociedades anónimas, por lo cual verificando el
Código do Comercio TÍTULO IV. DE LAS SOCIEDADES EN COMANDITA;
CAPITULO III. SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, se encontró
en el Artículo 351 donde claramente establece “La comanditarla por acciones
se disolverá, también, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio
neto a menos del cincuenta por ciento del capital suscrito”.
La existencia de una deuda con la DIAN: Sobre esto informa un acuerdo de
pago con la DIAN para solventarlos impuestos pendientes de pago de los
años 2002, 2006, 2007 y 2009 a cinco años, sin embargo estos acuerdos no
garantizan el saneamiento contable en el corto plazo, así como la falta de
garantías para el cumplimiento de sus obligaciones financieras en cuanto a
que su nivel de endeudamiento supera el 100% desde el año 2010 hasta
mano 2013, de acuerdo con la información remitida.
Alto nivel de endeudamiento: La empresa solicita reevaluar la conclusión en
la cual establece que la empresa no puede atender las obligaciones de corto
plazo, sin embargo, una revisada la información, nuevamente, se debe
reiterar y ser concisos en cuanto a que la empresa de acuerdo con lo
registrado en sus estados financieros no cuenta con activos de corto plazo
que le permitan atender con prontitud el pago de sus obligaciones en el corto
plazo, lo cual genera un riesgo para la operación de los servicios en la
medida que no podrá soportar la operación, ni asumir inversiones que
demande la atención de daños de emergencia que se puedan presentar en
el sistema
(..)
Según los resultados obtenidos del análisis se observa que la empresa no
tiene capacidad de pagar sus deudas a corto plazo, al realizar la prueba acida
aún mantiene su capacidad las deudas a corto plazo son superiores a los
recursos que puede llegar a conseguir en ese periodo de tiempo, indicando
una alta probabilidad de incumplimiento en el pago.
El EBITDA aumentó debido al incremento de los ingresos en un 9% y la
reducción de costos, según las notas a los estados financieros, éste se
generó por la conversión de costos a gastos administrativos, lo cual no
expresa un mejoramiento efectivo de la administración de la empresa.
Así mismo, a continuación, se relacionan los Estados Financieros de la
Empresa, realizados con la información reportada para los años 2011 y 2012,
en el Sistema Único de Información-SUI.
En cuanto a la estructura del balance general, se observa un disminución 1
% en el total de activos y un 42 % del total de los activos para 2012, se
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encuentra representado en la cuenta deudores, que si bien se registra como
corto plazo, evidencia un atraso por parte de los deudores y la imposibilidad
de la empresa de generar caja a través de la recuperación de activos
situación que se grava año tras año y que se evidencia un crecimiento de la
cuenta de un 15 % entre un año y el otro y en que los mismos corresponden
aproximadamente a un 50 % del total de los ingresos operacionales
generados en el año 2012.
De acuerdo con los estados financieros reportados a través del SUI, a
diciembre 31 de 2012, se observa que el patrimonio se ha reducido en 63,5%
respecto al capital suscrito, manteniéndose de esta forma la causal de
disolución de la empresa.
(…)
Del cuadro antes descrito, se evidencia un ligero incremento de ingresos del
2012 en $568.863.197, lo cual no resulta suficiente para la generación de
utilidades ni para soportar las acreencias que acumulan a diciembre de 2012
($7.740.582.703) o por las pérdidas retenidas en su patrimonio que
acumulan para diciembre de 2012 ($2.128.000.000).
Adicionalmente, se observa que los activos están comprometidos en el 104%
respecto al total de los pasivos.
De otra parte, el nivel de cartera de servicios públicos no se recupera en el
codo plazo, lo que ocasiona problemas de flujo de caja y la cancelación de
las deudas a proveedores.
En lo que se refiere a los impuestos, se evidencia un incremento del 2011 al
2012 que equivale a $4.457.000.000 según los estados financieros
reportados al SUI en el 2012, dentro de los cuales hay $2.083.000.000
correspondientes a intereses de mora, evidenciando la falta de pago por este
concepto.
Así mismo, la empresa ha consumido su capital social debido a las pérdidas
que han sido recurrentes en años anteriores y que a diciembre de 2012
suman aproximadamente $2.128.000.0000.
Es importante anotar que con la baja generación de utilidades, los altos
pasivos que presenta la empresa por concepto de impuestos y otros
acreedores, así como la causal de disolución en la que está incursa, según
los estados financieros de 2012. la empresa no puede afrontar el pago de
sus obligaciones en el corto plazo, lo cual genera un riesgo para la operación
de los servicios en la medida que no podría soportar la operación ni asumir
inversiones que inversiones que demanden la atención de daños o de
emergencias que se puedan presentar en el sistema.
Ahora bien, una vez consultado el Sistemas Únicos de Información -SUI. no
se evidenció en los soportes de los estados financieros reportados a este
aplicativo para el año 2012 el dictamen del revisor fiscal.
Sin embargo, en el dictamen del revisor fiscal, para los años 2010 y 2011,
informó sobre algunos hechos económicos que no han sido registrados de
manera correcta en su contabilidad tales como:
1. Cartera empumelgar E.S.P. por valor de $ 1.911 millones
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2. Registro en “otros cargos diferidos” intereses de préstamos recibidos y
provisionados a favor de Gestaguas S.A. pendientes de amortizar por $192.9
millones
3. Sentencias demandadas por $985 millones
4. No se ha realizado avalúos técnicos a los activos fijos como lo estipula
el decreto 2049 de 1993
5. Indebida contabilización de bono de éxito por valor de $4.470 millones,
que suman a gastos de funcionamiento. Esta situación podría agravar la
situación financiera de la empresa.
Finalmente, ante los conflictos acaecidos entre los socios de la Empresa
Hydros Melgar S en C.A E.S.R, en el sentido de no reunirse como órgano
social y por ende no lomarlas medidas para enervar la causal de disolución,
esta Superintendencia a través de oficio radicado SSPD No.
20124200783951 del 16 de octubre de 2012 -se anexa copia simple-,
procedió a poner en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades
esta situación, entre otras, con el fin que desde sus competencias se
analizara la misma.
En consecuencia, a través de oficio radicado SSPD No. 20125290579592
del 20 de noviembre de 2012 – se anexa copia simple-, la Coordinadora del
Grupo de Investigaciones Administrativas de la Superintendencia de
Sociedades informó que esa Entidad por intermedio del Grupo de trámites
societarios, viene adelantando una actuación administrativa tendiente a
regularizar la situación de la sociedad HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P.
Luego, con oficio radicado SSPD No. 20134210416991 del 17 de Julio de
2013-se anexa copia simple-, la Dirección Técnica de Gestión da Acueducto
y Alcantarillado, procedió a remitir a la Superintendencia de Sociedades,
información adicional sobre los conflictos societarios y no aprobación de
Estados Financieros de la empresa HYDROS MELGAR SA EN C.A. ESP,
situación que reafirma que pese a que la empresa se encuentra en causal
de disolución los socios no han tomado las acciones tendientes a enervar la
misma. (...)"
De lo anterior se observa que, contrario a las afirmaciones del apoderado de la
recurrente, la situación financiera de HYDROS MELGAR, lejos de mejorar, está
incluso peor de lo que estaba al momento de iniciarse la presente Investigación,
tal es así que revisados los estados financieros reportados por la empresa en el
Sistema Único de Información -SUI- a 5 de noviembre del presente año esta
Superintendencia encontró lo siguiente:
La situación observada en los estados financieros a diciembre de 2012 se
evidencia aún más gravosa de acuerdo con la información reportada por la
empresa a junio de 2013. El capital de trabajo pasa de $-409 millones en diciembre
de 2012 a -$712 millones a junio de 2013, afectando su capacidad de asumir los
pasivos de corto plazo; por su parte, el nivel de endeudamiento continua en niveles
bastante altos del 103%, lo que indica que el capital de los socios está en su
totalidad comprometido en una parle con los acreedores y la otra a largo plazo con
la administradora de impuestos nacional, entre otros acreedores importantes.
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Es de notarse que la empresa patrimonialmente no cuenta con recursos para hacer
frente a sus obligaciones y tampoco genera periodo a periodo importante volumen
de utilidades que permita hacer frente o enjugar las pérdidas acumuladas a nivel
patrimonial que a junio de 2013 suman - $2.008 millones; tal como se observa se
mantiene la causal de liquidación teniendo en cuenta que las pérdidas han
generado que su patrimonio sea inferior al 50% del capital social, con lo cual la
situación se mantiene en los últimos periodos analizados, lo que de manera alguna
se traduce en interpretaciones o argumentaciones del futuro financiero de la
empresa.
En consecuencia, las aseveraciones del apoderado de la recurrente, respecto de
la eventual mejoría en la situación financiera de la empresa, no resaltan de recibo
a la luz del análisis anterior.
IV.El TEMA RELACIONADO CON OTRAS SANCIONES
Señala el apoderado de la recurrente que ninguna de las sanciones que han sido
impuestas a la empresa con anterioridad a la resolución sanción cuyo recurso se
resuelve mediante el presente acto administrativo, se encuentra relacionada con
los cargos que se le atribuyeron dentro de la investigación 2012440350600133E
por lo que solicita revaluar las conclusiones hechas frente a este asunto en el acto
recurrido
Sin embargo, ninguna de las mencionadas sanciones fue tenida en cuenta por este
Despacho a efectos de determinar la sanción a imponer a la empresa, sino como
una acotación que en nada influyó en la decisión adoptada mediante la resolución
objeto de debate ya que los criterios para imponer la sanción fueron únicamente la
naturaleza y gravedad de cada uno de los 5 cargos por los cuales la empresa fue
sancionada.
VI. DE LA SOLICITUD DE LA EMPRESA
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El apoderado de la empresa prestadora solicita revocar la sanción de prohibición
de la prestación del servido impuesta en el acto recurrido a la empresa HYDROS
MELGAR, con base en las pruebas aportadas con el recurso, las cuales, según
sus afirmaciones, desvirtúan los cargos atribuidos a la empresa en la presente
actuación.
Soporta su petición en que la graduación de la sanción debe obedecer a los
criterios de proporcionalidad y razonabilidad.
Posteriormente, en escrito radicado No. 20135290577632 de 6 de Noviembre de
2013 la apoderada de la Investigada solicita que se acuerde un plan de
mejoramiento, pero que no se le prohíba la prestación de servicios.
Al respecto se debe señalar que, en virtud de la argumentación expuesta a lo largo
de la presente resolución, esta Superintendencia no accede a su solicitud de
revocar la sanción inicialmente impuesta, toda vez que, como resultado del debate
procesal se tiene que los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron las
vulneraciones endilgadas al prestador frente a los cargos 1, 2, 4 y 5 se mantienen
incólumes, así como la valoración de la gravedad que reviste cada uno de ellos en
los términos originalmente planteados en la resolución 20134400013695 del 2013-
05-14.
Por otra parte, es claro que la facultad sancionatoria de esta Superintendencia se
ejerce con ocasión del incumplimiento de los prestadores a las normas que les son
aplicables en materia de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994.
Así las cosas, la ley otorgó a esta Superintendencia la competencia para sancionar
a quienes violen las normas a las que deben estar sujetos, sin condicionar dicho
proceso sancionatorio o la imposición misma de una determinada sanción, al
hecho de que se adopten compromisos de mejoramiento entre el prestador y la
entidad, pues esta Superintendencia tiene el deber de aplicar las consecuencias
que la normatividad prevé frente a las vulneraciones en que incurren los
prestadores.
Sin embargo, en atención a que frente al cargo tercero prosperaron los argumentos
de la recurrente, el despacho considera procedente modificar la sanción impuesta
mediante la resolución 20134400013695 del 2013-05-14.
Naturaleza y dosimetría de la sanción.
El artículo 81 de la Ley 142 de 1994, establece un catálogo de sanciones que
pueden ser aplicables a tos prestadores de servicios públicos por parte de esta
Superintendencia en consideración a los criterios de naturaleza y gravedad de la
falta incurrida.
En aplicación de dichos criterios, esta entidad, en el acto recurrido refirió
claramente cómo las conductas probadas y constitutivas de los cargos Primero,
Segundo y Cuarto, que tras el análisis del recurso se mantienen, transgredieron en
forma grave los bienes jurídicos protegidos mediante la Resolución 1096 de 2000,
por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, RAS, en la medida en que dicha norma lo que pretende es
que se brinde un servicio con calidad a los usuarios, y en tal sentido, el no realizar
un control continuo de presiones sobre la red de distribución, la ausencia de
macromedidores y la ausencia de manuales de operación y mantenimiento en todo
momento, traen como consecuencia que el prestador no pueda conocer
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permanentemente la calidad del servicio que presta y por lo mismo tornar medidas
para mejorar la prestación, así tampoco, ser eficiente en la prestación del servicio
al ejecutar las actividades de operación y mantenimiento, todo lo cual repercute en
contra de la calidad y continuidad del servicio.
De igual manera, los incumplimientos referidos a dichos cargos afectan la
competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos del agua
potable y saneamiento básico, por cuanto los sistemas de acueducto y
alcantarillado de la empresa HYDROS MELGAR no se ajustan a las exigencias
señaladas en las normas mencionadas, con lo cual se desconoce además la
política de Gobierno Nacional en materia social, dada la afectación a la prestación
de los servicios públicos domiciliarios.
Adicionalmente se presenta un impacto económico desfavorable para los usuarios,
ya que los mismos pagan dentro de la tarifa por un servido con calidad, y en tanto
la empresa no cumpla a cabalidad con las obligaciones que le impone el régimen
de servicios públicos, el servicio que los usuarios reciben no será aquél por el cual
están pagando.
Se suma a lo anterior que las conductas atribuidas a la prestadora no permiten la
mejora progresiva de la calidad de los bienes y servicios que están a cargo de las
empresas prestadoras de servicios públicos.
En relación con el Cargo Quinto, este despacho reitera que, el hecho de no contar
con el personal capacitado para realizar una tarea técnica, como resulta ser el
mantenimiento del sistema de alcantarillado, atenta de manera grave contra el
mejoramiento de la calidad del servicio público de alcantarillado e impacta de
manera, negativa y económica a los usuarios de la empresa investigada, quienes
asumen las ineficiencias del sistema por la falta de conocimiento del personal que
le realiza el mantenimiento.
En consideración a lo expuesto, la gravedad de los cuatro cargos que se mantienen
como resultado del debate jurídico planteado con ocasión del recurso, aunada a
las consideraciones esbozadas en el numeral IIII de la parte considerativa de esta
resolución, resulta de tal significancia que impone a esta Superintendencia la
necesidad de mantener la naturaleza de la sanción originalmente impuesta, esto
es, la prohibición para la prestación de servicios públicos de acuerdo con el
numeral 01.6 del artículo 01 de la Ley 142 de 1994.
No obstante lo anterior, tal como se señaló previamente, la argumentación de la
recurrente respecto del Cargo Tercero fue de recibo en el análisis del Despacho, y
por tanto el mismo debe ser desestimado.
En ese sentido, es de considerar que, de acuerdo con el análisis de la conducta
constitutiva de este cargo, el despacho expuso en el acto administrativo recurrido,
que la violación atribuida resultaba de una alta gravedad, toda vez que implicaba
una evasión al control estatal sobre la conservación y preservación del recurso
hídrico de la quebrada La Palmara y la bocatoma San José La Colorada (rio
Sumapaz), al no contar con la concesión de aguas requerida para la captación y
aprovechamiento del mismo destinado a la prestación del servicio público, el cual
se encuentra amparado por la Constitución Política de Colombia y que está
instituido para la conservación de la vida humana.
En ese escenario se planteó cómo la prestadora desconocía que solo puede
hacerse uso de las aguas en virtud de una concesión y que las actividades que
implican captar controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal de agua "solo
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pueden ser desarrolladas a la luz de una autorización por parte de la autoridad
ambiental mediante el título habilitante que garantiza por parte de ésta las
inspecciones al uso y aprovechamiento óptimo del recurso hídrico, que constituyen
la quebrada La Palmara y la bocatoma San José La Colorada (Rio Sumapaz),
teniendo en cuenta las condiciones técnicas de disponibilidad y demanda del
recurso.
Así las cosas, esta omisión resultaba determinante en su gravedad y de sustancial
ponderación para la dosificación de la sanción impuesta, dados los bienes jurídicos
tutelados involucrados, al punto que en dicha oportunidad se impuso el máximo
término legalmente posible para la prohibición.
En virtud de todo lo expuesto, si bien, como ya se señaló, la naturaleza de la
sanción a imponer al prestador debe mantenerse en la prohibición para la
prestación de servicios públicos, resulta necesario considerar que ante la
desestimación del Cargo Tercero, y en aplicación de los criterios de razonabilidad
y proporcionalidad, procede revaluar la dosificación originalmente planteada, esto
es. el término de diez (10) años, para en su lugar, establecer que dicho término se
modifique y reduzca a un término de tres (3) años durante los cuales el prestador
no podrá acometer directa o indirectamente la prestación de servicios públicos.
En atención a la sanción, se comunicará Alcalde Municipal de Melgar -
Departamento del Tolima, en su calidad de representante legal del Municipio, para
que adelante las actuaciones que considere pertinentes en atención a lo previsto
por el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, y al Concejo Municipal de Melgar -
Departamento del Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Despacho
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución
20134400013695 del 2013-05-14, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución el cual quedará así:
“Imponer sanción de PROHIBIR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,
directa o indirectamente, por un término de TRES (3) AÑOS, a la empresa
HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.R, término que se empezará a contar a partir
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la presente resolución. Lo
anterior, de conformidad con lo expuesto en la parde motiva de la presente
Resolución."
Los demás términos de la Resolución 20134400013695 del 2013-05-14 quedan
incólumes”3.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
1.3.1. Como normas infringidas, la demandante señaló los artículos 199 de la
Resolución 1096 de 2006, los derechos al debido proceso, de audiencia y
contradicción y el principio de proporcionalidad.
3 Visible a folios 51 a 69 del Cuaderno del Tribunal.
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1.3.2. En la "violación directa de la norma superior en la que debió fundarse la
decisión"4, se indicó que los cargos formulados por la SSPD y la sanción impuesta a
la actora se basaron en normas inexistentes, producto de la interpretación de la entidad
demandada, lo que vulneró el principio de tipicidad.
Argumentó que en el parágrafo primero del artículo 199 de la Resolución 1096 de 2006
no se exige que la medición de presiones se realice de manera continua. Por el
contrario, indicó que esa disposición únicamente establece que las mediciones deben
efectuarse según los términos previstos en los manuales de operación y
mantenimiento. De este modo, alegó que la accionada vulneró el principio de tipicidad
pues le exigió realizar la medición de las presiones en la red de acueducto y
alcantarillado de manera continua, sin que dicha obligación esté consignada dentro del
ordenamiento jurídico.
1.3.3. Sobre la “Falsa motivación por error”5, aludió al alcance de esa causal de
ilegalidad y procedió a cuestionar cada uno de los cargos que le formulados por la
SSPD dentro del trámite administrativo, de la siguiente manera:
1.3.3.1. Respecto de la “falsa motivación en cuanto atañe al cargo relacionado
con la verificación de las presiones”6, argumentó que, conforme al parágrafo 1º del
artículo 199 de la Resolución 1096 de 2000, las sanciones basadas en dicha
disposición solo procederán cuando: (i) no se realice la verificación de las presiones
en los diferentes puntos de la red o (ii) las verificaciones llevadas a cabo no se hagan
teniendo en cuenta los diferentes manuales de operación. Señaló que, como la SSPD
asumió sin fundamento que no se efectuaban mediciones, dejó de comprobar si estas
se ajustaban a los manuales.
Reprochó que se haya desestimado sin justificación técnica los informes de los
ingenieros Edgardo Herrera Pertuz y Hernando Leal Coronado, que allegó dentro el
recurso de reposición que interpuso en contra del acto sancionatorio y en los que se
4
Visible a folio 11 del Cuaderno del Tribunal.
5 Visible a folio 12 del Cuaderno del Tribunal.
6 Visible a folio 13 del Cuaderno del Tribunal.
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concluía que esa sociedad sí cumplía con las mediciones de presiones según el tipo y
dimensión del sistema de acueducto y alcantarillado.
Anotó que en la Resolución No. SSPD 2013440045165 del 8 de noviembre de 2013,
que resolvió el recurso de reposición contra el acto definitivo, se cometieron los
siguientes errores: (i) afirmó que no existían manuales de operación al momento de la
visita técnica realizada por la SSPD, cuando estos sí fueron elaborados, pero no fueron
exhibidos durante la vista, (ii) se reiteraron los mismos argumentos expuestos en la
decisión sancionatoria sin realizar un análisis de los documentos presentados con el
recurso. Precisó que no existía ninguna norma que le impidiera presentar esos análisis
técnicos con el recurso de reposición contra el acto definitivo, y (iii) se indicó que la
imputación se refería a que las mediciones no se realizaban conforme a lo indicado en
los manuales de operaciones, a pesar de que de manera contradictoria se concluyó
que esos manuales no existían.
1.3.3.2. En cuanto a la “falsa motivación en cuanto atañe al cargo relacionado
con la no existencia de Macromedición”7 citó los artículos 86 de la Resolución No. 1096
de 2000, 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la Resolución CRA 151 de 2011 e indicó que, contrario a
lo afirmado por la SSPD, sí acató esas disposiciones. Como sustento de esto,
mencionó que en el informe elaborado por el ingeniero civil Edgardo Herrera Pertuz,
remitido al expediente administrativo en respuesta al acto de formulación de cargos,
se explicó que el balance de la distribución de las macromediciones se realiza
utilizando una canaleta Parshall y calculando el volumen a partir de registros de
caudales tomados hora a hora mediante planillas de control diario.
Aseveró que, con la demanda, anexó un peritazgo técnico elaborado por el ingeniero
civil Hernando Leal Coronado, en el que se llega a la misma conclusión sobre el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la macromediciones.
1.3.3.3. De la “Falsa motivación en cuanto atañe al cargo relacionado con la no
existencia de Manuales de Operación”8, tras aludir a los artículos 198, 199 y 202 de la
Resolución 1096 de 2000, alegó que no discutía que durante las visitas realizadas los
días 20 y 21 de marzo de 2012, no se entregaron a los funcionarios de la SSPD los
7 Visible a folio 15 del Cuaderno del Tribunal
8 Ibidem.
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Manuales de Calidad y el Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable. Sin embargo, explicó que en el recurso contra el acto
sancionatorio se presentaron pruebas de la existencia de dichos documentos, así
como una certificación de la Directora Ejecutiva de esa sociedad, que demostraba que
estos habían sido adoptados en años anteriores a la visita.
Dijo que los actos enjuiciados incurrieron en contradicciones, ya que en un primer
momento afirmaron que no existían los manuales, luego que sí se contaba con ellos
pero que no estaban disponibles, y finalmente que no fueron exhibidos el día de la
visita.
1.3.4. Frente a la “violación del derecho al debido proceso y de audiencia y
contradicción”9, indicó que en el acto de formulación de cargos no se le advirtió de la
sanción que podía imponérsele en caso de que se acreditara la infracción de las
normas que le fueron sindicadas.
Mencionó que la SSPD, en el trámite administrativo sancionatorio, vulneró los
principios de objetividad e imparcialidad, toda vez que decretó una “prueba fabricada
por ella misma a través de los conceptos y análisis que realizó su propia dependencia
de las pruebas y demás argumentos presentados en el recurso de reposición, y
convirtió una prueba en un escenario de alegatos de conclusión, que luego fueron
utilizados por el despacho del Superintendente para resolver el asunto”10.
En ese sentido, reprochó que, a pesar de que la Dirección de Gestión Técnica haya
formulado los cargos, posteriormente se le encargó la obligación de realizar un estudio
técnico para desvirtuar los documentos adjuntados con el recurso de reposición en la
sede administrativa.
1.3.5. Respecto de la “Desviación de poder”11, dijo que la sanción impuesta
excedió el principio de proporcionalidad, ya que fue la más grave posible, perjudicando
de manera ilimitada a la sociedad, sus trabajadores y a la comunidad del Municipio de
Melgar, Tolima.
9
Visible a folio 19 del Cuaderno del Tribunal.
10 Ibidem.
11 Visible a folio 20 del Cuaderno del Tribunal.
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Mencionó que, incluso en el caso de haberse acreditado la infracción de las normas
señaladas en el acto de formulación de cargos, a lo sumo se estaría “ante
cumplimientos imperfectos de las actividades de medición de presiones,
macromedición, manuales y certificaciones, y no ante conductas que llevasen a la
necesidad de prohibir el servicio”12.
Resaltó que el “cumplimiento imperfecto”13 de los deberes a su cargo podían ser objeto
de corrección y mejora, de ahí que existieran otras medidas idóneas y adecuadas que
le podían ser impuestas para la administración con el fin de garantizar el control y
eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
Concluyó que la sanción era arbitraria por lo que existía una clara desviación de poder
de la accionada.
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. La SSPD, respondió el libelo introductorio pidiendo que se nieguen sus
pretensiones, bajo los siguientes argumentos14:
2.1.1. En primer lugar, solicitó tener en cuenta las consideraciones plasmadas en los
actos demandados.
2.1.2. Posteriormente se refirió al régimen de los servicios públicos y los fundamentos de
la intervención estatal, e indicó que no vulneró el derecho al debido proceso de la parte
actora, ya que la sanción impuesta era acorde con los cargos formulados. Señaló que,
aunque en el acto definitivo se incluyeron aspectos no previstos en el citado acto de
formulación de cargos, esto no era motivo para declarar su nulidad, dado que dichas
razones no fueron determinantes para la emisión de la sanción.
12
Visible a folio 24 del Cuaderno del Tribunal.
13 Ibídem.
14 Visible a folios 655 a 685 del Cuaderno del Tribunal.
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2.1.2. Aseveró que, si bien el aspecto financiero de la parte actora no constituía una
causa de sanción, sí era relevante su determinación, ya que afectó su cuantificación.
Precisó que una eventual sanción económica habría generado un mayor perjuicio para
Hydros Melgar, que atravesaba una grave crisis, y también habría puesto en mayor
riesgo la prestación del servicio a la población civil.
2.1.3. Respecto al cargo relacionado con la falta de objetividad, se refirió a las funciones
de las Direcciones Técnicas de Gestión de las Superintendencias Delegadas
establecidas en el artículo 15 del Decreto 991 de 2002, y a las funciones del
Superintendente de la SSPD, según lo dispuesto en el artículo 7 del mismo decreto.
Concluyó que la actuación administrativa obedeció al estricto cumplimiento del ámbito
funcional de cada dependencia de esa entidad.
2.1.4. De otro lado, tras citar el contenido del artículo 199 de la Resolución 1096 de 2000,
emitida por el Ministerio de Desarrollo Económico, mencionó que no infringió el principio
de tipicidad de la sanción, toda vez que la citada disposición impone la obligación al
prestador de verificar las presiones de red durante todo el periodo de vida útil del
proyecto. Resaltó que, si bien esa norma no indicó de manera precisa la frecuencia de
esos controles, lo cierto es que éstos debían ser habituales atendiendo a los manuales
de operación.
Argumentó que, conforme a las pruebas obrantes en el expediente administrativo, en
particular el oficio con radicado SSPD No. 20125290268392 de 2012 expedido por la
misma actora, era posible evidenciar que la prestadora no cumplió con la obligación
mencionada. Incluso, reconoció que hasta abril de 2012 comenzó con dicha verificación,
y que tenía planeada la instalación de ocho (8) puntos de red como parte de sus
proyectos.
2.1.5. Expuso que eran infundados los reproches concernientes a que fueron
desestimados sin motivación los informes de los ingenieros Edgar Herrera y Hernando
Leal, ya que estos fueron valorados en la Resolución SSPD 20134400045165 del 8 de
noviembre de 2013, e inclusive, con el fin de establecer la claridad de lo consignado por
esos técnicos, se abrió a pruebas el trámite en el recurso de reposición.
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Mencionó que en el Informe con radicado No. 20134200058633, remitido por la Dirección
Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, se pudo comprobar que, contrario a
lo señalado por la prestadora, después de 2003 y concretamente para el momento de
realización de la visita de vigilancia, no se estaban realizando las verificaciones de las
presiones atendiendo lo exigido en el ordenamiento jurídico vigente, máxime cuando para
ese momento dicha sociedad no contaba con los respectivos manuales de operación.
2.1.6. Luego de mencionar los artículos 86 de la Resolución 1096 de 2000 y 2.1.1.8. y
2.1.1.9. de la Resolución CRA 151 de 2001, afirmó que esas disposiciones textualmente
hacen referencia a la obligación de instalar macromedidores. Anotó que la actora no
acató ese mandato pues se limitó a la construcción de una canaleta Parshall, que,
aunque puede considerarse una estructura para registrar los niveles de los caudales, no
cumple con la función de un macromedidor al no permitir el cálculo del consumo de agua.
2.1.7. Sobre la inexistencia de manuales, indicó que la actora no desvirtuó el hecho de
que estos no existían al momento de realización de la visita de inspección y control.
Además, resaltó que lo expuesto en la demanda contrastaba con lo manifestado por el
representante legal de Hydros Melgar dentro del trámite administrativo, quien aseguró
que los citados manuales apenas se encontraban en diseño.
Acotó que, conforme con los artículos 198, 199 y 202 de la Resolución 1096 de 2000, los
manuales deben estar disponibles en todo momento sin que en la visita de inspección y
control éstos fueran aportados. Además, afirmó que el prestador, durante el año que duró
el procedimiento administrativo, optó por guardar silencio y no presentó descargos sobre
este punto.
2.1.8. Indicó que no vulneró el derecho al debido proceso de la accionante, dado que el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994 establece la facultad de la Superintendencia para
sancionar hasta por diez (10) años a quienes infrinjan las normas asociadas con la
correcta prestación de los servicios públicos. Además, cumplió con el principio de
tipicidad al detallar en el auto de formulación de cargos las normas que infringió Hydros
Melgar.
2.1.7. Resaltó que la estimación de la cuantía de la demanda contrastaba con los estados
financieros de la sociedad actora, en los que se puede evidenciar que su situación
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económica comprometía la posibilidad de que ésta continuara desarrollando su objeto
social. Aseveró que, inclusive, dicha empresa no contaba con los recursos suficientes
para hacer frente a sus obligaciones y tampoco generaba ganancias para asumir las
pérdidas acumuladas en periodos anteriores.
III. AUDIENCIA INICIAL
En audiencia del 21 de abril de 2015, la Subsección “B” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fijó el litigo en los siguientes términos:
“FIJACIÓN DEL LITIGIO; De los quince (25) hechos manifestados, la
entidad Demandada aceptó como ciertos los hechos 1, 2, 4, 6, 10, 11, 19 y
25, por lo anterior el Despacho advierte que el debate será frente al resto
de los hechos que se consideraron parcialmente ciertos, falsos, que no les
constaban o que no consideraban como hechos. Problema Jurídico; El
problema jurídico dentro de la presente acción se contrae a determinar si
con la expedición de: a) Resolución No. SSPD 20134400013695 del 14 de
mayo de 2013 y b) Resolución No. 20134400045165 del 8 de noviembre de
2013, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, incurrió en:
a) violación directa de la norma superior en la que debió fundarse, b) falsa
motivación por error, falsa motivación en cuanto al cargo relacionado con
verificación de las presiones, falsa motivación en cuanto al cargo
relacionado con la no existencia de macromedición, falsa motivación en
cuanto al cargo relacionado con la no existencia de manuales de operación,
c) violación del debido proceso y del derecho de audiencia y contradicción
y d) desviación de poder”15
IV. LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 29 de octubre de 2015, la Subsección “B” de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda bajo las siguientes razones:
5.1. Luego de indicar cuáles eran los hechos probados en el plenario, se pronunció
respecto de los cargos planteados en el libelo introductorio. Sobre la “violación directa
de la norma superior en la que debió fundarse la decisión”16 se refirió a las funciones
15 Visible a folios 492 a 493 del Cuaderno del Tribunal.
16 Visible a folio 616 del Cuaderno del Tribunal.
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de inspección, vigilancia y control a cargo de la SSPD que están contempladas en los
artículos 370 Superior y 79 y 81 de la Ley 142 de 1994.
Posteriormente afirmó que, según la Resolución 1096 de 2000, emitida por el entonces
Ministerio de Desarrollo Económico, las entidades prestadoras de los servicios
municipales de acueducto, alcantarillado y aseo deben verificar las presiones en los
diferentes puntos de la red durante toda la vida útil del proyecto. Mencionó que el
incumplimiento de esta norma conlleva la imposición de sanciones establecidas en el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994, que incluyen la prohibición de prestar directa o
indirectamente servicios públicos hasta por diez (10) años.
De acuerdo con lo anterior, aseveró que en el auto de formulación de cargos No.
2014400438831 del 27 de junio de 2012, la SSPD reprochó a la actora la presunta
omisión en el control continuo de las presiones de suministro de agua potable de la
red, circunstancia que, en su criterio, derivaba en la vulneración del artículo 199 de la
Resolución 1096 de 2000.
Bajo tales premisas, señaló que la sanción impuesta se ajustaba plenamente a las
exigencias del principio de legalidad y tipicidad, dado que una de las conductas
imputadas era la vulneración del artículo 199 de la Resolución 1096 de 2000, y dicha
sanción se encontraba consagrada en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.
Alegó que no era cierto que en los actos demandados se hubiera exigido a Hydros
Melgar realizar mediciones de presión de manera continua, ya que en realidad se la
sancionó por no efectuar ninguna de estas en los términos exigidos por el
ordenamiento jurídico. De hecho, precisó que solo hasta abril de 2012, es decir, con
posterioridad a las visitas de control que derivaron en el inicio de la actuación
administrativa sancionatoria, la accionante comenzó a efectuar esos procedimientos.
Dijo que el hecho que en los actos enjuiciados se haya usado la palabra “continuo” no
modificaba la conducta administrativa, pues esa acepción, conforme con el diccionario
de la real academia de la lengua española, significa “constante y perseverante en
alguna acción”, lo que guardaba armonía con la obligación determinada en el parágrafo
1 del artículo 199 de la Resolución 1096 de 2000 que exige la verificación de las
presiones en diferentes puntos de red durante todo el periodo de vida útil del proyecto.
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5.2. En cuanto a los reproches relacionados con la falsa motivación, mencionó que en
el acto que resolvió el recurso de reposición contra la decisión sancionatoria, se
consideró que, durante el trámite administrativo, la demandante comenzó a efectuar
los controles de presiones, pero estos fueron descartados por ser posteriores a la visita
de inspección y control que derivó en la apertura del procedimiento sancionatorio.
Dijo que a la SSPD no le correspondía verificar si las mediciones se realizaban
conforme a lo previsto en el Manual de Operación y Mantenimiento, dado que en el
momento de la visita de control éstas no se estaban llevando a cabo y que un eventual
cumplimiento de ello fue posterior a ese momento.
Agregó que no era cierto que se hayan desestimado sin justificación los informes
técnicos de los ingenieros Edgardo Herrera Pertuz y Hernando Leal Coronado.
Inclusive, se decretó una prueba para establecer la veracidad de lo expuesto en dichos
informes, la cual fue elaborada por la Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado.
Esta concluyó que, en los años anteriores a la visita de inspección a Hydros Melgar,
esa sociedad no cumplía con las normas sobre presiones.
Descartó que la SSPD haya asumido sin justificación que no existía medición de
presión en la red, ya que esa entidad llegó a dicha conclusión con base en lo
consignado en las actas de la visita del 20 y 21 de marzo de 2012 como en las propias
manifestaciones del representante legal de Hydros Melgar en sus distintas
intervenciones.
5.2.1.1. En cuanto a las macromediciones, aseveró que el hecho de que la accionante
haya aportado el peritazgo del ingeniero civil Hernando Leal Coronado dentro de la
actuación administrativa no significaba la SSPD estuviere obligada a valorarlo de forma
exclusiva, pues debía analizarla en conjunto con los demás elementos materiales
probatorios.
Refirió que, del análisis de las demás pruebas obrantes en el plenario, la SSPD
concluyó válidamente que la canaleta Parshall, sobre la cual se sustentaba el
cumplimiento por parte de la accionante y que era soporte del mencionado informe
técnico, no podía sustituir la macromedición.
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5.2.1.2. Frente a los manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de
acueducto y alcantarillado, indicó que en los actos enjuiciados se comprobó que estos
no existían al momento de las visitas de inspección y vigilancia. Igualmente, expresó
que ello podía ser corroborado en las afirmaciones del representante legal de esa
empresa quien aseveró que los referidos manuales se encontraban en etapa de
diseño.
Indicó que, si bien la actora allegó con posterioridad a la emisión del acto sancionatorio
los anotados manuales, ello no desvirtuaba el incumplimiento de los artículos 199 y
200 de la Resolución 1096 de 2000, que la obligaban a disponer de los mismos en
todo momento. Expuso que la accionante no podía alegar su propia culpa a su favor
al señalar que siempre contó con esos manuales, pero que no los entregó en las
correspondientes visitas técnicas.
Alegó que, en todo caso, se probó que: (i) la accionante no tenía los manuales, (ii)
durante el trámite administrativo que duró aproximadamente un año no los allegó, y
(iii) su gerente indicó que se estaban elaborando. Siendo ello así, acotó que, si no
existían esos documentos, la actora no podía hacer ni micro ni macromediciones.
5.3. Sobre la violación a los derechos al debido proceso, de audiencia y contradicción,
indicó que, de la lectura de los artículos 106 a 115 de la Ley 142 de 1994, no se podía
evidenciar que se exigiera que en el auto de imputación de cargos se advirtiera cuál
era la posible sanción que podría ser impuesta al investigado.
5.4. De otro lado, explicó que la dependencia de la SSPD que inició la actuación
administrativa no era la misma a la que se le encargó realizar la prueba de oficio.
Expresó que la primera fue empezada por la Directora de Investigaciones de la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado, y que el medio probatorio
fue elaborado por la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado.
Alegó que si bien, conforme con el Decreto 990 de 2002, la Direcciones Técnicas de
Gestión de Acueducto y Alcantarillado y de Investigaciones de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, se encuentran adscritas al Despacho del Superintendente
Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, lo cierto es que sus funciones eran
distintas y se encontraban regladas en la mencionada disposición normativa.
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Mencionó que el solo hecho de que la dependencia que elaboró la anotada prueba
pertenezca a la SSPD, no denota per se que la misma se haya elaborado de forma
contraria a los principios que rigen la actividad administrativa. Igualmente, la
accionante no probó que para su realización se haya actuado de mala fe o de forma
irregular.
5.5. Respecto del reproche relacionado con la desviación de poder, se refirió al artículo
81 de la Ley 142 de 1994, e indicó que, cuando se incumpla alguna de las normas que
regulan la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la SSPD puede castigar al
prestador responsable de la infracción con una serie de sanciones, dentro las que se
encuentra la prohibición de que pueda prestar directa o indirectamente los servicios
públicos por hasta diez (10) años. Explicó que, en este asunto, se comprobó que la
actora incumplió lo ordenado en los artículos 86, 198, 199 y 202 de la Resolución 1096
de 2000, 2.1.1.8. y 2.1.1.9. de la Resolución CRA 151 de 2011 y el artículo 2 de la
Resolución 1570 de 2004.
De este modo, no consideró que la sanción impuesta haya sido desproporcionada o
arbitraria; por el contrario, aseveró que su tasación tuvo en cuenta los parámetros
normativos aplicables al caso.
5.6. Sobre el “cumplimiento imperfecto” de los deberes impuestos a la actora, adujo
que las normas incumplidas fueron emitidas en el año 2000, la empresa demandante
fue constituida en 2002, y la inspección realizada por la SSPD ocurrió en 2012, sin que
en ninguno de esos periodos Hydros Melgar haya observado las obligaciones
normativas a su cargo.
Igualmente, dijo que los criterios de gravedad tenidos en cuenta por la accionada para
la imposición de la sanción no fueron ni controvertidos ni desvirtuados.
5.7. Por último, condenó en costas a la parte accionada.
V. El RECURSO DE APELACIÓN
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Hydros Melgar interpuso oportunamente recurso de apelación en contra de la
sentencia del 29 de octubre de 201517. Los fundamentos se sintetizan así:
7.1. En cuanto a la “violación directa de la norma superior en que debió fundarse la
decisión”, mencionó que su discusión frente a la interpretación del artículo 199 de la
Resolución 1096 de 2000 no se centraba en determinar si las presiones de red debían
realizarse durante todo el periodo de vida del proyecto, sino en determinar que dicha
disposición no establece ningún tipo de periodicidad para estos efectos.
Arguyó que el hecho de que, al momento de las visitas técnicas, no se estuviera
realizando la verificación de las presiones, no era razón suficiente para considerar
transgredida la mencionada norma. De hecho, aseveró que en la actuación
administrativa consta que, tanto en periodos anteriores a ese momento, como después
de la visita, se estaban realizando las respectivas mediciones, lo cual se acreditaba en
la página 8 del informe técnico elaborado por la doctora Beatriz Giraldo Castaño en su
calidad de Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de la SSPD.
Insistió en que la exigencia de algún tipo de periodicidad para la realización de los
controles vulnera el principio de tipicidad.
7.2.2. Sobre la “falsa motivación en cuanto al cargo relacionado con la no medición de
la presión”18 dijo que, a folio 11 y 53 de la Resolución No. SSPD 20134400045165 del
2013-11-08, la SPDD afirmó claramente que las mediciones no se hacían conforme
con los manuales de operación, cuando al tiempo y de forma contradictoria asevera
que estos no existen.
Entonces, no se podía concluir que dicha medición no se hacía conforme con la
normatividad, dado que no fueron verificados los respectivos manuales, a pesar de
que sí fueron allegados con la interposición del recurso de reposición.
7.2.3. Respecto de la “falsa motivación en cuanto al cargo relacionado con la no
macromedición”19
17 Visible a folios 664 a 684 del Cuaderno del Tribunal.
18 Visible a folio 668 del Cuaderno del Tribunal.
19 Visible a folio 669 del Cuaderno del Tribunal.
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Afirmó que, conforme al artículo 86 de la Resolución 1096 de 2000 y los artículos
2.1.1.8. y 2.1.1.9. de la misma, se debió valorar la existencia de los diferentes estudios
técnicos que constan dentro de la actuación administrativa, relacionados con la
implementación de sistemas y métodos para cumplir con las macromediciones. En
particular, mencionó que el cumplimiento de esa obligación quedaba probado en la
página 3 del escrito de respuesta al traslado de pruebas practicadas para resolver el
recurso de reposición contra el acto sancionatorio.
7.2.4. Sobre la “falsa motivación relacionada con la no existencia de los manuales de
operación”20, manifestó que en el informe emitido por la Directora Técnica de Gestión
de Acueducto y Alcantarillado de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, se demuestra la existencia de dichos manuales desde el año 2004.
Por lo tanto, solicitó apreciar en conjunto las pruebas existentes en el expediente sobre
este punto. Además, agregó que no se valoró una posible violación al derecho de
defensa ya que, una vez presentado el recurso de reposición y demostrado que sí
existían los manuales de operación, la SSPD modificó el cargo imputado y dispuso que
no se cuestionaba la existencia de estos manuales, sino la obligación de tenerlos
disponibles en todo momento.
Agregó que compartía los argumentos de la sentencia de primera instancia frente a
que: (i) al momento de la visita de los manuales no acreditó la existencia de los
manuales sino hasta el recurso, (ii) que dichos manuales debían estar disponibles en
todo momento, (iii) que no puede alegar su propia culpa. No obstante, el cargo que le
fue formulado fue que dichos manuales no existían, no que no estaban disponibles,
sin que frente a esta última circunstancia pudiera ejercer su derecho de defensa.
Aclaró que, en todo caso, la no exhibición de los manuales a la SSPD en el desarrollo
de la visita efectuada por la SSPD no implicaba que no estuvieran disponibles para los
trabajadores y el personal de Hydros Melgar que son al fin y cabo los usuarios de los
mismos.
20 Visible a folio 671 del Cuaderno del Tribunal.
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Dijo que no podía aceptar la afirmación relacionada a que actúo con culpa al no
entregar los manuales el día de la correspondiente inspección técnica, dado que la
actuación administrativa no finalizó en ese momento. Lo anterior máxime cuando, en
ejercicio de su derecho de defensa, tenía “la posibilidad de que una empresa corrija
las deficientes actuaciones de defensa que haya realizado un empleado, y por tanto la
posibilidad de que se alleguen pruebas y documentos que aunque estaban en la
empresa, no pudieron ser presentados a la autoridad. Considerar en contrario no solo
es cercenar las posibilidades de defensa, sino además entrar en un contexto en el cual
a la entidad investigadora solo interesa la primera prueba recogida y no la verdad, y
que prime la falta de diligencia de un empleado, sobre los intereses generales de
probar lo que es real”21.
Refirió que la accionada debía valorar todas las pruebas en su conjunto conforme a lo
definido en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy 176 del CGP,
incluidas las allegadas en el recurso de reposición, y no únicamente las que le
favorecían para no cambiar la decisión sancionatoria.
Igualmente, discutió que en el fallo recurrido se haya concluido que no podía hacer ni
micro ni macromediciones en las redes de distribución, toda vez que sí se probó la
existencia de los manuales.
7.2.5. En relación con la “violación del debido proceso y del derecho de audiencia y
contradicción”22, reiteró que, a pesar de la estructura de división de la SSPD, lo cierto
es que los actos enjuiciados se fundamentaron en una “prueba fabricada”23 dentro de
la misma dependencia que le formuló cargos, esto es, la Dirección para Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de la SSPD, vulnerando el principio de imparcialidad.
7.2.6. Finalmente, sobre la desviación de poder, mencionó que la sanción era
totalmente desproporcionada y no atendía los fines de la norma que persigue. Resaltó
que el hecho de que la sanción esté dentro de los límites permitidos por la ley no
significa que se hayan respetado la proporcionalidad.
21
Visible a folio 674 del Cuaderno del Tribunal.
22 Visible a folio 676 del Cuaderno del Tribunal.
23 Ibidem.
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Luego de aludir a la sentencia del 13 de noviembre de 2008, emitida por la Sección
Tercera de esta Corporación, dentro proceso con radicado número 68001 23 31 00
1996 02801 01, resaltó que se le impuso la sanción más gravosa dispuesta en el
artículo 81 de la Ley 142 de 1994, a pesar de cualquiera de las dispuestas en esa
norma hubiera sido más idónea para corregir los hechos que le fueron imputados, en
el evento de que éstos fueran ciertos.
Expuso que en los actos demandados se magnificó su conducta. En particular, indicó
que no existía evidencia de que la falta de certificación de tres (3) empleados afectara
de manera significativa la mejora del servicio de alcantarillado ni que esto tuviera un
impacto económico negativo en los usuarios. De hecho, afirmó que, en el oficio enviado
a Javier Hernando Parada Sánchez, en calidad de Director de Investigaciones de la
Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SSPD, se
explicó que el personal encargado de este servicio estaba compuesto por tres (3)
personas con más de quince (15) años de experiencia.
Igualmente, resaltó que los cargos se referían a asuntos técnicos que pudieron ser
subsanados en muy corto tiempo, y que el cumplimiento imperfecto de las obligaciones
a su cargo no afectó la prestación del servicio.
Concluyó que con la sanción no se cumplía con el fin perseguido por la regulación,
toda vez que éstas no constituye una “forma de castigo extremo al incumplimiento de
unos deberes que ni siquiera afectaron la calidad y cobertura del servicio, o aspectos
de esa importante naturaleza”24
VI. TRÁMITE DE LA APELACIÓN
6.1. Dentro del término del traslado para alegar de conclusión, la SSPD y la
demandante reiteraron los argumentos expuestos en sus respectivas intervenciones25.
6.2. Por auto del 20 de septiembre de 2024, la Sala declaró infundado el impedimento
manifestado por el Magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
24 Visible a folio 684 del Cuaderno del Tribunal.
25 Visible a folios 15 a 43 del Cuaderno del Tribunal.
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V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto en el proceso de la referencia.
VI. DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
el asunto sub lite, previas las siguientes.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo
previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 149 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Hechos
7.2.1. A través de Resolución No. SSPD – 20134400013695 de 2013, la SSPD
sancionó a Hydros Melgar con la prohibición de prestar directa o indirectamente
servicios públicos por un periodo de diez (10) años. Dicho acto fue modificado por la
Resolución SSPD – 201344000045165 del 8 de noviembre de 2013, en la que la
sanción se redujo a tres (3) años.
7.2.2. En contra de esas decisiones, la actora interpuso la demanda de la referencia.
7.2.3. Por medio de sentencia calendada el 29 de octubre de 2015, la Subsección “B”
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las
pretensiones de la demanda.
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7.2.4. Inconforme con esa decisión la parte actora interpuso recurso de alzada.
7.3. Planteamiento
De lo expuesto en la sentencia y el recurso de apelación presentado, la Sala advierte
que existen las siguientes diferencias: En primer lugar, sobre la vulneración del
principio de tipicidad en materia sancionatoria de cara al alcance de lo dispuesto en el
artículo 199 de la Resolución 1096 de 2000, pues, para el apelante, la SSPD exige al
prestador realizar verificaciones de las presiones de red de manera continua y durante
todo el periodo de vida del proyecto, a pesar de que la citada disposición no establece
ningún tipo de periodicidad específica y únicamente refiere a que dichos controles
deben efectuarse conforme a lo dispuesto en los respectivos manuales. En
contraposición, el Tribunal refiere que no se vulneró el citado principio, toda vez que la
formulación de cargos se efectuó con fundamento en el incumplimiento de los deberes
de medición de la presión en concordancia con lo definido en la citada norma, y la
sanción se impuso en aplicación del artículo 81 de la Ley 142 de 1994. Adujo que no
era cierto que se haya exigido al demandante llevar a cabo mediciones de manera
continua y que el hecho de que se hubiera utilizado esa expresión para ese efecto no
modificaba la actuación de la administración, pues, en todo caso, el reproche recayó
en el mencionado incumplimiento.
En segundo lugar, existe controversia en cuanto a la motivación del acto, dado que,
para la parte actora, adolece de falsa motivación por las siguientes razones: (i) en lo
que hace a la medición de la presión, pues en los actos demandados se afirmó
contradictoriamente que las mediciones de presiones no se realizaban conforme a los
manuales de operación, pero también se señala que estos no existen, (ii) en lo atinente
a la macromedición, pues no se verificó si dichas mediciones eran acordes con los
manuales y tampoco se valoraron todos los estudios que demostraban el cumplimiento
de las obligaciones relacionadas con los macromedidores, y (iii) en lo que concierne a
los manuales, destacó que su falta de exhibición durante la visita de la SSPD no
implicaba su inexistencia, pues se demostró que éstos fueron elaborados antes de la
inspección pero no fueron exhibidos. Puntualmente en 2004. Además, argumentó que
se vulneró su derecho al debido proceso, ya que la resolución que resolvió el recurso
de reposición modificó el cargo imputado, pasando de afirmar que los manuales no
existían a indicar que no estaban disponibles en todo momento. Sostuvo que, sobre
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este particular, también hubo una indebida valoración de pruebas. En contraste, el
Tribunal sostiene que: (i) en cuanto a las mediciones, adujo que en el recurso de
reposición se valoró el hecho de que se efectuaran las mediciones, pero en todo caso
fue con posterioridad a la visita que ello aconteció. Es decir, no se demostró que la
demandante cumplió con la normativa relacionada con las mediciones de presión,
dado que comenzó a realizar estas actividades solo después de la vista de inspección
de la SSPD que derivó en el procedimiento sancionatorio, (ii) en lo referente a los
macromedidores, sostuvo que no es cierto que se hayan desestimado sin justificación
los estudios presentados por Hydros Melgar, pues la entidad demandada sí los valoró,
sólo que de tal ponderación concluyó que había existido incumplimiento y que la
canaleta Parshall construida por la demandante no cumplía con la función de un
macromedidor, dado que analizó tales pruebas en conjunto con las declaraciones del
representante legal de esa sociedad y las actas de las visitas del 20 y 21 de marzo de
2012, y (iii) en lo que atañe a los manuales, señaló que la demandante no tenía los
manuales de operación durante la visita de la SSPD, y que durante la actuación
administrativa, que duró un (1), año no los aportó; que su representante legal incluso
reconoció que estaban en proceso de diseño, y que de ello era posible colegir que no
existían en ese momento; por consiguiente, concluye así mismo que, sin manuales, no
podían efectuar macro ni micro medición. Asimismo, reprochó que la demandante no
podía alegar su propia negligencia en su beneficio.
En tercer lugar, existe discrepancia sobre la violación del principio de imparcialidad,
como quiera que fue la misma dependencia de la SSPD la que formuló los cargos en
su contra y elaboró la prueba para desacreditar los informes que presentó dentro del
recurso de reposición contra el acto definitivo. Mientras que, para el Tribunal, tal
trasgresión no ocurrió, toda vez que no fue cierto que la misma dependencia que
formuló los cargos haya practicado dicha prueba; y, además, concluyó que no hubo
vulneración al principio de imparcialidad por el hecho de que ambas dependencias
pertenezcan a la SPPD, dado que sus funciones son regladas (Decreto 990 de 2002)
y no se demostró irregularidad o mala fe en la práctica de la enunciada prueba.
Finalmente, respecto a la "desviación de poder", la demandante es del criterio que la
sanción impuesta fue desproporcionada, dado que no atendió a los fines que persigue
la norma, en tanto constituye una forma de castigo extremo al incumplimiento de
normas que no afectaron la calidad y cobertura del servicio, pues solo había incurrido
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en un cumplimiento imperfecto de sus obligaciones. Por lo que considera que se
magnificó su actuación, pues la falta de certificación de tres (3) empleados no afecta
de manera significativa el servicio prestado. Sostiene que las conductas reprochadas
podrían haberse corregido rápidamente, por lo que debería haberse impuesto una
sanción más leve. En contraste, el Tribunal considera que la sanción no fue
desproporcionada, sino que se ajustó a los parámetros establecidos en el
ordenamiento jurídico para su aplicación.
7.4. Vulneración de norma superior
La Sala en este punto tendrá que definir si son nulos, por vulneración de norma
superior, concretamente por desconocer el principio de tipicidad, los actos que, en
criterio de la accionante, le impusieron una sanción reprochando el incumplimiento del
deber de verificación continua de las presiones de red durante todo el periodo de
vigencia del proyecto, si el orden jurídico no exige ningún tipo de periodicidad
específica y únicamente refiere a que dichos controles deben efectuarse conforme a
los manuales correspondientes.
De lo expuesto se observa que Hydros Melgar controvierte el alcance de la norma
invocada como incumplida al tiempo que la SSPD expidió las decisiones impugnadas,
lo que impone hacer referencia a cada uno de esos elementos, en aras de desatar el
problema indicado.
7.4.1. Pues bien, el artículo 199 de la Resolución 1096 de 2000, “Por la cual se adopta
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”,
establece lo que sigue:
“Artículo 199.- Operación. Los procedimientos y medidas pertinentes a la
operación continua y permanente de los diferentes componentes de un sistema de
agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos establecidos en
los Planos de Construcción y los Manuales de operación que deben tener
disponibles en todo momento los operadores de las Entidades Prestadoras de los
servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo para cada uno de sus
componentes, con el fin de brindar a los usuarios el respectivo servicio con los
patrones de calidad y continuidad exigidos en el presente Reglamento Técnico.
Parágrafo 1: Presiones en la red: Una vez que la red de distribución, o su
ampliación, entre en operación, y durante todo el período de vida útil del proyecto,
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deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red, teniendo en cuenta
los manuales de operación y mantenimiento.
Parágrafo 2: Calidad de agua en la red. Una vez que la red de distribución se
encuentre en operación y durante todo el período de vida útil de ésta, deben
verificarse la calidad del agua en la red, teniendo en cuenta lo establecido en el
Capitulo III del Decreto 475 de 1998 del Ministerio de Salud Pública, o el que lo
reemplace.” (Subrayas de la Sala).
De lo dicho se desprende, en lo pertinente, que, con el fin de brindar a los usuarios
patrones de calidad y continuidad, las empresas prestadoras de servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo se hallan obligadas a atender los siguientes deberes:
(i) deben tener manuales de operación y mantenimiento, (ii) el desarrollo de su
actividad debe atender lo dispuesto en dichos manuales, (iii) los manuales deben estar
disponibles todo el tiempo, y (iv) las presiones deben verificarse en diferentes puntos
de red y durante todo el periodo de la vida útil del proyecto de acuerdo a lo que indiquen
los manuales de operación y mantenimiento.
Vistas así las cosas, lo que advierte la Sala es que parte de los deberes de una
empresa prestadora del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como Hydros
Melgar, es la verificación de la presión en diferentes puntos de red y durante toda la
vida útil del proyecto.
Entonces, de cara a una investigación administrativa sancionatoria en la que se
endilgue tal omisión, lo que, en principio, debería demostrarse, es que sí se llevaron a
cabo actividades de control de presión de acuerdo a registros que determinen, por
ejemplo, la ubicación de los medidores, el método utilizado para el efecto, la
frecuencia, etc.
7.4.2. Ahora, de acuerdo con el pliego de formulación de cargos número
212440350600133E, se imputó lo que se enuncia a continuación a Hydros Melgar:
“PRIMER CARGO: “PRESUNTA OMISIÓN EN EL CONTROL CONTINUO DE
PRESIONES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA RED, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 199 DE LA RESOLUCIÓN 1096 DEL 17 DE
NOVIEMBRE DE 2000 POR LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO TÉCNICO
PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – RAS”.
(…)
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Demandante: Hydros Melgar S. en C.A. E.S.P.
SEGUNDO CARGO: “PRESUNTA FALTA DE MACROMEDICIÓN, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA
RESOLUCIÓN 1076 DE 2000, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 1º DE LA
RESOLUCIÓN 0668 DEL 19 DE JUNIO DE 2003 POR EL ENTONCES
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y LOS
ARTÍCULOS 2.1.1.8. Y 2.1.1.9. DE LA RESOLUCIÓN CRA 151 DE 2001”
(…)
TERCER CARGO: "PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULO 22 Y 25 DE LA
LEY 142 DE 1994, POR NO CONTAR CON LOS PERMISOS DE CAPTACIÓN
PARA PODER OPERAR EL SERVICIO DE ACUEDUCTO".
(…)
CUARTO CARGO: “PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 199 Y
202 DE LA RESOLUCIÓN NO. 1096 DE 2000 DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO, AL NO CONTAR CON MANUALES DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO”
(…)
QUINTO CARGO. “PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 1570 DEL MAVT
(…)”26 (Subrayas de la Sala).
El fundamento del primer cargo deviene de lo expuesto por la misma accionante en la
visita, en donde manifestó lo que sigue, y que sirvió de sustento a la imposición de la
sanción en los actos que se enjuician:
“(…) 3.1.6. Distribución
La empresa informa que en la actualidad existe sectorización hidráulica, el
sistema está dividido en varios sectores hidráulicos que se muestran en la
ilustración 3.1.
La empresa informa que en la actualidad no realiza control continuo de
presiones de suministro de agua potable en la red, por lo que la empresa no
está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 199 de la Resolución
1096 del 2002 del entonces Ministerio de Desarrollo Económico.
Actualmente, Hydros Melgar tiene como proyecto la instalación de 8 puntos
de control de presión, se dejaría de forma permanente manómetros
instalados en la red de distribución "La empresa tiene establecido, dentro de
su contrato de Condiciones Uniformes, que el servicio de acueducto se
presta con una presión de 10 m.c.a. en condiciones dinámicas" Es decir en
condiciones de funcionamiento normal y con la red presurizada.
C 5. Conclusiones (...)
26 Folios 147 a 162 del Cuaderno número 2.
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5. La empresa informa que en la actualidad no realiza control continuo de
presiones de suministro de agua potable en la red, por lo que presuntamente
no está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 199 de la
Resolución 1096 del 2002 del entonces Ministerio de Desarrollo Económico.
(".. ) 6. Recomendaciones (...) (...)
5. La empresa Hydros Melgar EN C.A. E.S.P debe dar cumplimiento a los
requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y
procedimientos correspondientes al sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico y sus actividades complementarias, los mismos que están
establecidos en la Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000 por la cual
se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico - RAS.
Lo anterior se refiere principalmente a realizar el respectivo seguimiento y
control a las presiones con que se realiza el suministro de agua potable a la
población, a contar con los catastros de redes de acueducto y alcantarillado
actualizados, contar con los manuales de operación y mantenimiento. Lo
anterior encaminado al cumplimiento de los siguientes artículos (...)”
"(...)
1.6. Distribución
En la Actualidad existe sectorización Hidráulica, el sistema esta dividió en 4
sectores hidráulicos.
La empresa está en proyectos de instalar 8 puntos de control de presión.
Para ello dejarla de forma permanente manómetros instalados en la red de
distribución. En la actualidad se hace medición ocasional de presión en la
red. (...)"27 (Subrayas de la Sala).
7.4.3. En ese orden, lo primero que encuentra la Sala es que la lectura realizada por
la demandante sobre la disposición citada como desconocida no es acorde con el
razonamiento atrás explicado, pues no está orientada exclusivamente a exigir que el
control de las presiones se efectúe conforme a los manuales (aspecto al que se hará
referencia cuando se aborde el cargo de falsa motivación) o que se lleve a cabo de
acuerdo a alguna frecuencia determinada, sino que, atendiendo lo expuesto en esos
manuales, efectivamente se realice el control de presión.
En esa línea, es posible colegir que Hydros Melgar, en el momento de la visita, no
tenía instalados tales medidores, pues lo expresado es que había planeado hacerlo
respecto de ocho (8) puntos de control de manera permanente. No allegó, ni en el
procedimiento administrativo ni en el judicial, prueba alguna que acreditara el
cumplimiento del deber a que se ha aludido, pues tan sólo se afirma que esas
27 Folios 37 y 37 vuelto del Cuaderno número 2.
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mediciones se llevaron a cabo, pero tal aseveración no cuenta con respaldo probatorio
que enerve el cargo formulado.
Bajo tal perspectiva, la Superintendencia sancionó a la actora con fundamento en la
inobservancia de un deber previsto en una norma jurídica describiendo la conducta
censurada, indicando las sanciones aplicables y el procedimiento para ese particular28,
de tal suerte que no halla la Sala fundamento al cargo de violación del principio de
tipicidad en la forma en que fue construido en el recurso.
7.5. Falsa motivación
El citado vicio de nulidad debe ser entendido desde tres (3) enfoques distintos, a saber:
la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la indebida motivación,
aspectos estos que deben ser analizados siempre desde el contenido mismo del acto
censurado, es decir, atendiendo su alcance interno, lo que impone que el análisis haga
referencia a lo que expone el acto administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.
Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento acerca
de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para expedir la
decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no tiene opción
diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la mencionada
argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el acto toma.
Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a atacar los
supuestos jurídicos empleados en la parte motiva y que sustentan la expedición del
acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que invoca la Administración
no tiene el alcance para definir la situación jurídica en el acto, la suerte que corre en
un juicio de nulidad será la de desaparecer del orden jurídico por ilegal.
28 Sentencia C-616 de 2002: “el legislador debe establecer expresamente los elementos fundamentales
del tipo, lo que implica que se efectúe: (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da
lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, lo que implica la descripción de
todos los aspectos relativos a ella, esto es, el tipo de sanción a imponer, el término o la cuantía de la
misma, la autoridad competente para aplicarla y (iii) el procedimiento que debe seguirse para proceder
a su imposición.”
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Finalmente, la indebida motivación surge del análisis de la congruencia que debe
existir entre la parte motiva y la parte resolutiva del acto, de tal manera que ésta debe
ser la consecuencia lógica de aquélla.
7.5.1. Conforme a la explicación de la causal de falsa motivación, la Sala deberá
determinar si son nulos, por esa razón, los actos que impusieron una sanción a una
empresa de servicios públicos, si, según la recurrente, en la parte considerativa se
afirma contradictoriamente que las mediciones de presiones no se realizaban en
atención a lo dispuesto en los manuales de operación, pero también se señala que
estos no existen y al mismo tiempo se desconoce que fueron aportados con el recurso
de reposición interpuesto en el procedimiento administrativo.
Resolver tal interrogante conduce a la Sala a establecer si es cierto que la accionada
entró en contradicciones al entender incumplido el deber de que tratan los artículos
198, 199 y 202 de la Resolución 1096 de 2000, cuando indicó que Hydros Melgar no
contaba con manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, o lo que es igual, si incurrió en indebida motivación, pues lo indicado allí
no es la causa eficiente de lo resuelto.
Sobre este aspecto lo que halla la Sala en la Resolución SSPD 20134400013695 del
14 de mayo de 2013, es:
“ARGUMENTOS CONTRA EL CUARTO CARGO
Referente al cuarto cargo consistente en el PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A
LOS ARTICULOS 198, 199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000 DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. AL NO CONTAR CON
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, la prestadora expone:
ARGUMENTOS DEL PRESTADOR
En relación con este punto se aclara que el cargo se encuentra referido de manera
expresa a NO CONTAR CON MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, contrariando las
disposiciones establecidas en los artículos 198, 199 y 202 de la Resolución No.
1096 de 2000, frente a lo cual el prestador, reitera los argumentos por ella
esbozados frente al cargo segundo.
Para mayor claridad respecto del tema que aquí se debate, el despacho considera
necesario precisar lo siguiente.
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La Resolución 1096 de 2000, expedida por el entonces Ministerio de Desarrollo
Económico, por medio de la cual se “Adopta el Reglamento Técnico de Agua
Potable y Saneamiento Básico - RAS", estableció en el artículo 2. lo siguiente:
ARTÍCULO 2.- OBJETO: El presente Reglamento tiene por objeto señalar
los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y
procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico y sus actividades complementarias, señaladas en el artículo 14,
numerales 14.19, 14.22, 14.23 y 14.24 de la Ley 142 de 1994, que adelanten
las Entidades prestadoras de los servicios públicos municipales de
acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces.
A su turno, los artículos 198, 199 y 202 ibidem, establecen:
ARTÍCULO 198.- PUESTA EN MARCHA. Los procedimientos y medidas
pertinentes a la puesta en marcha de los diferentes componentes de un
sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos
establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de puesta en
marcha suministrados por el diseñador, constructor, fabricante o proveedor
al entregar a la entidad contratante las obras, bienes o servicios que le fueron
contratados. Cuando se utilicen métodos alternativos de diseño y
construcción y/o suministros que incorporen tecnologías no
institucionalizadas aún en el país, el constructor, fabricante o proveedor
deberá poner en marcha y operar, o acompañar la operación al menos
durante seis meses en la nueva tecnología, de forma que se verifique su
correcta operación y se asegure la capacitación del personal que se
encargará posteriormente de su administración, operación y mantenimiento.
ARTÍCULO 199.- OPERACIÓN. Los procedimientos y medidas pertinentes
a la operación continua y permanente de los diferentes componentes de un
sistema de agua potable y saneamiento básico seguirán los requerimientos
establecidos en los Planos de Construcción y los Manuales de operación que
deben tener disponibles en todo momento los operadores de las Entidades
Prestadoras de los servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo
para cada uno de sus componentes, con el fin de brindar a los usuarios el
respectivo servicio con los patrones de calidad y continuidad exigidos en el
presente Reglamento Técnico.
PARAGRAFO 1: Presiones en la red: Una vez que la red de distribución, o
su ampliación, entre en operación, y durante todo el período de vida útil del
proyecto, deben verificarse las presiones en diferentes puntos de la red,
teniendo en cuenta los manuales de operación y mantenimiento.
PARAGRAFO 2: Calidad de agua en la red. Una vez que la red de
distribución se encuentre en operación y durante todo el período de vida útil
de ésta, deben verificarse la calidad del agua en la red, teniendo en cuenta
lo establecido en el Capitulo III del Decreto 475 de 1998 del Ministerio de
Salud Pública, o el que lo reemplace.
ARTÍCULO 202.- MANTENIMIENTO. Los procedimientos y medidas
pertinentes para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de
los diferentes componentes de un sistema de agua potable y saneamiento
básico seguirán los requerimientos establecidos en los Planos de Instalación
y los Manuales de Operación y Mantenimiento que deben tener disponibles
en todo momento los operadores de las Entidades Prestadoras de los
servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo para cada uno de
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sus componentes en el caso de sistemas que están en operación. O los
suministrados por el diseñador, constructor, fabricante o proveedor al
entregar a la entidad contratante las obras, bienes o servicios que le fueron
contratados, para el caso de las obras nuevas a partir de la vigencia de este
reglamento.
Conforme al lineamiento normativo presente, es claro que los prestadores, tal y
como es el caso de la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P., que tengan
bajo su cargo los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, deben contar
con manuales de operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado.
Con el fin de verificar el cumplimiento a la normatividad transcrita, la Dirección
Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado realizó visita de vigilancia los
días 20 v 21 de marzo de 2012. a la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A.
E.S.P., en el municipio de Melgar - Tolima, y como resultado de la misma, se
evidenció que el prestador investigado no contaba con manuales de operación y
mantenimiento para los sistemas de acueducto y alcantarillado, como se registró
en la correspondiente acta de visita, numeral 1.16 página 16, numeral 2.8 página
18, al igual/que en el informe correspondiente, página 30 numeral 3.1.16 y numeral
3.1.8, página 38. veamos:
“(...) 1.16. Documentación y Manuales
Según la información recopilada en la visita técnica, la Empresa HYDROS
MELGAR S. EN C.A. E.S.P.. no cuenta con manuales de operación y
mantenimiento y el Plan de Contingencia está en revisión por parte de la
SSPD.
La empresa informa que los operarios de la PTAP, están certificados en
competencias laborales (…)”.
Luego, este despacho procedió a estudiar el informe de la visita realizada y
encontró a folio 38, lo siguiente:
“(…).2.8. Documentación y Manuales”
Según la información recopilada en la visita técnica la Empresa Hydros
Melga S. EN C.A. E.S.P. no cuenta con manuales de operación y
mantenimiento del servicio de alcantarillado.
Dado lo anterior, la empresa no está dando cumplimiento a lo establecido en
el artículo 198, artículo 199 y artículo 202 de la Resolución 1096 de 2002 del
entones Ministerio de Desarrollo Económica.
La empresa informa que los operarios encargados del sistema de
alcantarillado no están certificados en competencias laborales. Dado lo
anterior, la empresa no está dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 2 de la Resolución 1570 de 2004 del MAVDT (…)”
No obstante el hallazgo, con el ánimo garantista que se ha caracterizado esta
Entidad, informó al prestador lo relativo a la falta de manuales, a través de la
Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, mediante el radicado
No. 20124230198071 del 09 de abril de 2012, para que rindiera las explicaciones
del caso, frente a lo cual el señor LUIS FABIÁN CASTILLA RODRÍGUEZ.
Representante Legal de la empresa investigada, se pronunció mediante oficio
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radicado No. 20125290268392 del 31 de mayo de 2012, indicando a folio 10 frente
a este incumplimiento: ‘'Actualmente se encuentra en etapa de diseño los
manuales dé operación y mantenimiento, para los procesos de acueducto y
alcantarillado".
La anterior manifestación, que fue realizada por el Representante Legal de la
empresa prestadora, es considerada una confesión que produce efectos jurídicos,
y que además es concordante con el cargo imputado y está relacionado con los
hechos objeto de la investigación, motivo por el cual, es posible atribuirle toda
credibilidad a la confesión del representante legal, veamos:
(…)
Por lo anterior, es claro que la investigada no tenía manuales de operación y
mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, tal y como consta en
el acta de visita conjunta, suscrita tanto por funcionarios de dicha entidad, como
representantes de la empresa investigada y para dicha fecha se encontraba
transgrediendo lo estipulado en los artículos 198, 199 y 202 de la Resolución 1096
del 2000, hecho que no fue desvirtuado, ni controvertido por la empresa HYDROS
MELGAR S. EN C.A E.S.P., así como tampoco se acreditó que contara con
manuales de operación y que los sistemas de acueducto y alcantarillado.
Por lo expuesto, el argumento del prestador no prospera.”29 (Subrayas de la Sala).
De lo descrito no se encuentra el antagonismo que refiere la accionante y más bien
resulta consistente la imputación con lo previsto en la parte resolutiva, pues lo cierto
es que se atribuye el incumplimiento de un deber preciso, cual es, el atinente a la no
exhibición de los manuales de operación y mantenimiento cuando se llevó a cabo la
visita.
Frente a ello, la Sala pone de presente que el accionante confunde el incumplimiento
de la instalación de medidores para el control de la presión a que se aludió en el
anterior acápite, con la inobservancia del deber de tener a disposición los anotados
manuales que fue objeto de censura de manera separada y autónoma.
De otra parte, tampoco es cierto que la autoridad administrativa haya ignorado que
esos documentos se aportaron con el recurso de reposición, como quiera que al
resolverlo dio cuenta de ello, precisando que debían estar a disposición todo el tiempo,
tal cual reza la disposición que regula esa actividad; y, dado que el representante legal
refirió que los mismos se encontraban en diseño, valoró completamente la evidencia
de la visita al no haberlos presentado y la citada declaración, sumado al hecho de que
la sociedad no los aportó una vez fue puesto en conocimiento tal hallazgo a través de
29 Folio 42 vuelto a 43 vuelto del Cuaderno número 2.
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la formulación de cargos, sino en el año siguiente a tal evento. El siguiente fue el
análisis expuesto al resolver el citado recurso:
“CUARTO CARGO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 198,
199 Y 202 DE LA RESOLUCIÓN No. 1096 DE 2000 DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO ECONÓMICO, AL NO CONTAR CON MANUALES DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO.
Como puede apreciarse, el Cargo Cuarto del pliego de cargos endilgado al
prestador no atiende al hecho de que éste no cuente con los manuales, es decir,
si existen o no, sino a la vulneración de los artículos 198, 199 y 202, en virtud de
dicha carencia en los términos allí planteados, esto es, en todo momento.
En efecto, ese es el sentido de la imputación y es por ello que el pliego de cargos
concluye refiriendo al respecto:
(…)
Teniendo presente la normativa anterior, así como la imputación clara y expresa
referida en el cargo cuarto del pliego de cargos, antes trascrita, resulta evidente
que los presupuestos allí establecidos parten de la premisa de que el prestador
debe contar con dichos manuales de puesta en marcha, de operación y de
mantenimiento en todo momento en orden a llevar a cabo las operaciones
referidas.
En ese sentido, no resulta de recibo como eximente de cargo, el argumento de la
recurrente, según el cual, para los días en tos cuales realizó la visita técnica a sus
instalaciones, los referidos manuales si existían a pesar de no haber sido
aportados en desarrollo de la misma y aunque su representante legal refirió que
los mismos se encontraban en diseño, pues lo cierto, es que el cargo cuarto, tal
como se encuentra planteado, supone la vulneración 198, 199 y 202 del RAS 2000,
cuando quiera que los manuales no se encuentren "disponibles todo momento”,
por tanto, al haber quedado demostrado dentro de la actuación que los referidos
manuales fueron requeridos con ocasión de la visita sin que el prestador los
hubiera aportado, situación que se mantuvo durante más de un año durante el cual
el prestador tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de los hallazgos de la visita
y presentar descargos resulta predicable que los mismos no estuvieron
disponibles, vulnerando así las normas endilgadas.
Por lo anterior, el argumento de la prestadora no está llamado a prosperar y siendo
el único presentado contra el cuarto cargo, la prosperidad del mismo habrá de
confirmarse.”30
Siendo ello así, la premisa fáctica que indica el accionante como contradictoria no lo
es tal, y tampoco la falta de valoración de los elementos de prueba que se aportaron
con el recurso, y, por ende, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
30 Folios 63 a 64 del Cuaderno número 2.
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7.5.2. La Sala pasará a dilucidar si son nulos, por falsa motivación, los actos que
impusieron una sanción a una empresa de servicios públicos, si, a juicio del
demandante, no se verificó que las mediciones eran acordes con los manuales y
tampoco se valoraron todos los estudios que demostraban el acatamiento de las
obligaciones relacionadas con los macromedidores, puntualmente la construcción de
la canaleta Parshall.
Visto el fundamento del cargo, la Sala también deberá precisar si es cierto que no se
valoraron los estudios que demostraban el cumplimiento de lo relacionado con la
macromedición, y tampoco lo concerniente a la mencionada canaleta que daba cuenta,
según el dicho de la accionante, haber acatado ese deber de acuerdo con las
exigencias del orden jurídico; y si, como consecuencia de ello, se incurrió en indebida
motivación.
Al respecto, el acto definitivo señaló:
“Si bien es cierto que la empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P. menciona
acciones en caminadas al cumplimiento de la norma (utilización de la Canaleta
Parshall) objeto de violación del presente cargo, el prestador no probó, dentro de
la presente actuación administrativa, que efectivamente contaba con instrumentos
apropiados para la macromedición. Adicionalmente, la superintendencia comprobó
que la empresa no contaba con los registros de los caudales, en planillas, bitácoras
y libros, teniendo la carga de la prueba, conforme a lo dispuesto por el artículo 177
del Código de Procedimiento Civil
Por lo que es claro que la empresa se aparta de los presupuestos en el artículo 86
de la Resolución 1096 de 2000, el cual establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 1. El artículo 86 quedará así:
ARTÍCULO 86.- MACROMEDICIÓN. Debido a que los volúmenes, las
presiones y los niveles entregados al sistema de distribución de agua potable
son un parámetro importante que debe ser considerado en la relación de
balance de distribución en las labores de operación y mantenimiento y en la
planeación futura, se deben instalar macromedidores para correspondiente
obtención de datos de suministros reales.
En los sistemas de acueducto y para los niveles de complejidad del sistema
debe hacerse macromedición de acuerdo a los siguientes criterios:
1) Captación. Se deben realizar mediciones hidráulicas en los puntos de
captación de agua superficial o subterránea y registrar en un libro de bitácora
o archivo magnético dicha medición.
2) Se deben instalar macromedidores a la entrada del sistema de tratamiento
y registrar en el libro de bitácora o archivo magnético el caudal que ingresa
al sistema por lo menos una vez al inicio de cada turno de operación.
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3) Se deben instalar macromedidores a la salida de las plantas de
tratamiento y registrar en el libro de bitácora o archivo magnético el caudal
de agua tratada suministrada por lo menos una vez al inicio de cada tumo de
operación.
4) En los casos en que la red de distribución sea operada por empresas
diferentes, se deben instalar macromedidores al inicio de la red concedida y
registrar en el libro de bitácora o archivo magnético los datos, con el fin de
contabilizar el agua que esté siendo entregada a cada una de ellas.
5) En los tanques de almacenamiento y/o compensación se deben instalar
medidores de forma que permita medir en cualquier momento el nivel del
agua."
Así mismo, otra norma violada por parle del prestador es la señalada en los
artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la Resolución CRA 151 de 2001, "Regulación integral
de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", donde se establece:
“ARTÍCULO 2.1.1.8. PROGRAMAS DE MEDICIÓN. Todas las personas
prestadoras del servicio deben realizar programas de macromedición. Los
instrumentos de macromedición deben estar presentes por lo menos a la
salida de la planta de tratamiento o de las tuberías de entrega de los pozos
profundos.
ARTÍCULO 2.1.1.9. PLAZOS DE LOS PROGRAMAS DE
MACROMEDICIÓN. Las personas prestadoras del servicio disponen de un
plazo de un (1) año contado a partir del 22 de julio de 1997, para iniciar o
complementar programas de macromedición, en concordancia con esta
resolución, y de máximo tres (3) años para concluirlos, y deberán ajustarse
a lo estipulado por las normas que le sean complementarias”
Por lo expuesto, el artículo 06 de la Resolución 1096 de 2000 exigía la instalación
de macromedidores en la captación, en la entrada del sistema de tratamiento, en
las salidas de las plantas de tratamiento, en la red de distribución y en los tanques
de almacenamiento y compensación y que, adicionalmente, se debía registrar
dicha medición en un libro de bitácora o archivo magnético, lo cual no fue
demostrado por el prestador.
Por otro lado, se encuentran pruebas dentro del expediente que comprometen la
responsabilidad de la empresa, particularmente se tiene el Acta de la Visita técnica
realizada en las instalaciones de la empresa prestadora para el 20 y 21 de marzo
de 2012. suscrita por la Directora Ejecutiva y el Suplente de Gerente de la empresa
investigada, en donde señalan, a folio 14, lo siguiente:
“(…) 1.1.1. Macromedición
Actualmente la empresa no tiene instalado macromedidores en la PTAT ni
en ningún punto de la red de distribución (…)”
Del mismo modo, se observa en el Informe de la visita a folio 26, lo siguiente:
“(…) 3.1.11. Macromedición
Actualmente, la empresa no tiene instalados macromedidores en la PTAP ni
en ningún punto de la red de distribución. Por lo tanto, no está dando
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cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.1.1.8. y 2.1.1.9. de la
Resolución CRA 151 DE 2001 y en el artículo 1 de la Resolución 0668 de
2003 del entonces MADT (…)”
De lo expuesto, también se deduce que el prestador no realiza las inversiones para
el programa adecuado de macromedición: continuidad, cantidad, calidad y
eficiencia de la prestación del servicio ni fortalece el programa de macromedición,
como ella afirma.
Así pues, las afirmaciones de la investigada no son acogidas por este despacho.
No puede afirmar que por contar con la canaleta Parshall, considerada un
instrumento de macromedición, dé cumplimiento a la normativa establecida en
materia de macromedición en el servicio público de acueducto, pues como ya se
enunció, la forma como debe proceder en cuanto al servicio de acueducto en red
distribución, debe obedecer a las disposiciones legales establecidas para ello, no
a la libre elección o criterio de la forma o método que considere adecuado a la
empresa prestadora, para realizar la macromedición.
Por lo expuesto, los argumentos del prestador no están llamados a prosperar.
Del mismo modo, el señor LUIS FABIAN CASTILLA RODRIGUEZ, allegó oficio
radicado SSPD No. 20125290268392 del 31 de mayo de 2012, por medio del cual
rindió las explicaciones que consideró necesarias frente al oficio radicado SSPD
No. 20124230198071 del 9 de abril de 2012 y frente al incumplimiento que aquí se
discute pronunció a folio 7 del referido oficio, indicando, entre otros aspectos, que
“actualmente la empresa tiene implementado un sistema de medición en la PTAP
por medio de una Canaleta Parshall, con este sistema de medición se toma los
caudales hora a hora, con los cuales se determinan los volúmenes de distribución”.
Además, en el acápite del informe de visita titulado RECOMENDACIONES página
55 se lee: La empresa HYDROS MELGAR S. EN C.A. E.S.P debe dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la Resolución
C.R.A. 151 de 2001..."
De lo aquí estudiado, se comprobó en la visita que la empresa prestadora no
realizaba la macromedición en red de distribución, de acuerdo con lo establecido
en la norma.
Por tanto, el prestador incurrió en la conducta investigada e incumplió con los
estándares estipulados para la macromedición. la cual dicta que se deben realizar
en los diferentes puntos de la red de distribución; puntos de captación de agua
superficial o subterránea, entrada y salida del sistema de tratamiento, tanques de
almacenamiento, entre otros.
Entonces, quedó demostrado el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de
la Resolución No. 1096 de 2000 del entonces Ministerio de Desarrollo Económico,
modificado por el artículo 1 de la Resolución 668 de 2003 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y artículos 2.1.1.8 y 2.1.1.9 de la
Resolución CRA 151 de 2001. Sin duda, estas normas se promulgan para su
estricto cumplimiento.
Se tiene entonces que el prestador tiene la responsabilidad exclusiva sobre su
infraestructura para que esta sea la adecuada para cumplir con las obligaciones
impuestas en la normatividad que rige el sector. Pese a que se puedan ejecutar
dichos registros y mantenimientos, las acciones realizadas por el prestador no
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borran de ningún modo los incumplimientos normativos encontrados el 20 y 21 de
marzo de 2012, por lo que en forma alguna.
En consecuencia, estos argumentos no prosperan.”31 (Subrayas de la Sala).
Lo transcrito pone de manifiesto lo inviable del planteamiento de la recurrente, pues es
palmario que la SSPD sí ponderó los argumentos y las pruebas allegadas a la
actuación administrativa; ahora, de las pruebas analizadas no era factible llegar a la
conclusión que pretendía el accionante, toda vez que, como bien indicó el ente de
control, para la macromedición se deben seguir los criterios establecidos en el artículo
86 de la Resolución 1096 de 2000 y los términos de los artículos 2.1.1.8. y 2.1.1.9. de
la Resolución CRA 151 de 2001, sin que pueda quedar al arbitrio o discreción del
prestador la manera en que se ejecutan las mediciones (deben instalarse en la entrada
del sistema de tratamiento, en las salidas de las plantas de tratamiento, en la red de
distribución y en los tanques de almacenamiento y compensación).
Ello con un propósito que en nada es caprichoso, en tanto que lo que se persigue es
considerar la relación de balance de distribución en las labores de operación con miras
a la obtención de datos de consumo inequívocos, y supone “la medición de grandes
caudales, destinados a totalizar la cantidad de agua que ha sido tratada en una planta
de tratamiento y la que está siendo transportada por la red de distribución en diferentes
sectores” (artículo 210 de la Resolución 1096 de 2000).
Nótese que también hubo constatación de que la canaleta Parshall no podía hacer las
veces de un instrumento de macromedición, pues se encuentra ubicada solamente en
la entrada de la planta de tratamiento y no cumple con los parámetros previstos en el
citado artículo 86, aunado a que el mismo representante legal admitió que la empresa
no cuenta con macromedidores en ningún lugar de la red de distribución ni en la planta
de tratamiento. A ello se refiere la Resolución SSPD 20134400045165 del 8 de
noviembre de 2013, que desató la reposición contra el acto que impuso la sanción, y
que el accionante no controvierte, así:
“Ahora bien, no obstante es claro que la macromedición se debe realizar mediante
la instalación de macromedidores en la red de distribución, y no a través de otros
métodos, como sería el de la canaleta PARSHALL, teniendo en cuenta que en el
recurso el apoderado de la empresa aporta un informe técnico elaborado por el
Ingeniero Herrera Pertuz, que concluye que la empresa si cumple con la
31 Folio 39 vuelto a 40 vuelto del Cuaderno número 2.
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macromedición a través del empleo de la referida canaleta, que le permite a la
empresa efectuar el balance de distribución y obtener los volúmenes de agua, con
operadores que registran el control diario en las planillas. Al respecto, esta
Superintendencia profirió el auto de pruebas de 3 de septiembre de 2013, mediante
el cual decretó, entre otras, una prueba dirigida a la Dirección Técnica de Gestión
de Acueducto y Alcantarillado, en los siguientes términos;
(…)
En respuesta a lo anterior, la Dirección Técnica de Acueducto y Alcantarillado
señaló lo siguiente:
(…)
De lo anterior se concluye, que la canaleta Parshall ubicada a la entrada de la
planta de tratamiento, puede ser considerada corno una estructura por medio de
la cual se pueden calcular los caudales, sin embargo, ésta no puede definirse como
macromedidor.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Superintendencia debe reiterar lo tratado
sobre este punto en el acto recurrido, esto es, que la canaleta Parshall no puede
ser sustituida por la macromedición, al no cumplir con las exigencias técnicas de
que trata el artículo 86 de la Resolución 1096 de 2000, y por tal razón, no puede
pretender la recurrente que se tenga por cumplida la obligación establecida en
dicha norma, cuando es evidente su incumplimiento a la misma.
En efecto, las pruebas aportadas por la prestadora con el recurso, lejos de
controvertir el cargo en estudio, lo que permiten es corroborar lo que las demás
pruebas obrantes en el expediente demuestran, que la empresa prestadora no
realiza la macromedición de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Resolución 1096 de 2000, modificado por el artículo 1 de la resolución 0668 del 19
de junio de 2003 del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y los artículos 2.1.1.8. y 2.1.1.9. de la Resolución CRA 151 de 2001.
Así las cosas, no es posible desconocer la afirmación del representante legal de la
prestadora en la visita del 20 y 21 de marzo de 2012 cuando admitió que la
empresa no cuenta con macromedidores en ningún lugar de la red de distribución,
ni siquiera a la salida de la planta de tratamiento de Agua, ya que todas las demás
pruebas obrantes en el expediente dan cuenta que precisamente la empresa no
cuenta con macromedidores.
Finalmente en relación con las pruebas de la instalación de macromedidores.
aportadas por la apoderada de la investigada mediante radicado 20135290577632
de 6 de noviembre de 2013 este Despacho ha de señalar que dicha instalación
tuvo lugar con posterioridad a los hechos objeto de investigación, e incluso, con
posterioridad a la fecha de interposición del recurso de reposición, como lo
reconoce la propia apoderada de la empresa, y en esa medida no desvirtúan en
absoluto el incumplimiento reprochado a la prestadora.
De conformidad con lo anterior, el argumento de la empresa no es de recibo y en
tanto es el único presentado contra al segundo cargo, éste se confirmará.”32
32 Folio 59 vuelto a 60 del Cuaderno número 2.
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7.5.3. Por último, se procederá a resolver si son nulos, por falsa motivación, los actos
que impusieron una sanción a una empresa de servicios públicos, si, a juicio de la
memorialista, la falta de exhibición de los manuales durante la visita de la SSPD no
implicaba su inexistencia, toda vez que se demostró que estos fueron elaborados antes
de la inspección, concretamente en 2004, lo que evidencia una apreciación parcial de
las pruebas correctamente arrimadas.
Nuevamente, el problema formulado se traduce en la necesidad de establecer si es
cierto que se demostró que los manuales fueron elaborados en 2004 y, por lo tanto, el
hecho de que no se hubiesen exhibido en las visitas del 20 y 21 de marzo de 2012 a
la Superintendencia, no redundaba en su inexistencia.
Para esclarecer este punto la Sala advierte que aun cuando el accionante indica que
los manuales existían desde el año 2004, no arrima prueba alguna que demuestre tal
hecho y que tal como quedado indicado en el análisis expuesto en el numeral 7.5.1.
de esta providencia, lo que sí quedó acreditado es que tales manuales fueron
allegados con la interposición del recurso de reposición, esto es, luego de transcurrido
más de un (1) año de la apertura de la investigación y de la notificación del hallazgo a
través del pliego de cargos, por lo que es cierto que, al menos al momento de las
mencionadas visitas, Hydros Melgar no contaba con esos documentos y, por ende, su
omisión se connotó en el incumplimiento del deber así dispuesto en el artículo 199 de
la Resolución 1096 de 2000.
También se destaca que la valoración del material probatorio no fue sesgada, como
parece indicarlo la accionante, habida cuenta de que se apreciaron todos los
elementos que fueron allegados al procedimiento que se impugna.
7.6. Violación del derecho de defensa
Se ocupará la Sala de establecer si son nulos, por infringir el derecho de defensa, los
actos administrativos que impusieron una sanción a una empresa de servicios
públicos, si estima la actora que la SSPD modificó el cargo de imputación referido a la
existencia de los manuales, al indicar que lo cuestionado era la obligación de tenerlos
disponibles en todo momento y no que contara con ellos.
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Recuerda la Sala el discernimiento expuesto en el numeral 7.5.1. pues, como se
corroboró allí, el acto definitivo reprochó la no existencia de los manuales de operación
y mantenimiento; y, al resolver el recurso de reposición, lo que indicó la SSPD fue que
se había incurrido en la falta de acatamiento del deber así dispuesto en los artículos
198, 199 y 202 de la Resolución 1096 de 2000, sin que fuera relevante que con
posterioridad los hubiese presentado, pues lo cierto es que debía mantenerlos
disponibles en cualquier momento.
Se denota de lo dicho que esa última acotación fue expuesta en aras de responder la
inconformidad contenida en el recurso, pero no con miras a variar el cargo formulado,
pues en todo caso se sustentó en el incumplimiento de lo previsto en las enunciadas
normativas.
En ese orden, como no es cierto el fundamento del cargo, el mismo no prospera.
7.7. Violación del principio de imparcialidad
Conviene ahora preguntarse si son nulos, por violación del principio de imparcialidad,
los actos que impusieron una sanción a una empresa de servicios públicos, si la
dependencia que formuló cargos fue la misma que practicó una prueba en sede de
reposición para confirmar la contravención indicada en la primera de las citadas
decisiones.
Sobre el particular, lo que se corrobora de la revisión del expediente sancionatorio, es
que la dependencia de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Aseo y
Alcantarillado que formuló cargos fue la Dirección de Investigaciones, y la que practicó
la prueba antedicha fue la Dirección Técnica de Gestión; circunstancia que permite
despachar desfavorablemente el cargo, pues el fundamento de la tesis no es cierto.
En todo caso, aun cuando hubiese sido la misma dependencia la que formuló cargos
y posteriormente practicó la prueba en instancia de reposición, lo que halla la Sala es
que ese sólo hecho no hace que se infrinja el principio de imparcialidad, pues de
cualquier forma las direcciones al interior de la SSPD se encuentran instituidas para
observar los postulados constitucionales que rigen la función administrativa (artículo
209 Superior); y mientras no se acredite un proceder contrario a tales lineamientos, no
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es viable concluir que exista un pronunciamiento parcial, máxime cuando median
elementos de prueba concretos que desdicen de un cargo así formulado.
7.8. Desviación de poder
La sala tendrá que resolver si son nulos, por desviación de poder, los actos que
impusieron una sanción a una empresa de servicios públicos, si estima la demandante
que ésta fue desproporcionada, dado que no atendió a los fines que persigue la norma,
en tanto constituye una forma de castigo extremo al incumplimiento de normas que no
afectaron la calidad y cobertura del servicio, pues solo había incurrido en un
cumplimiento imperfecto de sus obligaciones.
Sobre la desviación de poder, la jurisprudencia ha entendido que se entiende que este
vicio se configura “cuando un órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los
límites de su competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir
en violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar
una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los específicos
y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia”33.
Por ende, su declaración precisa acreditar tanto: (i) la competencia del ente que expide
el acto, como (ii) el cumplimiento de las formalidades legalmente impuestas, y en
especial (iii) el fin torcido o espurio que persiguió la autoridad al promulgar la decisión
cuestionada, distinto al señalado por la ley para el caso concreto.
Esto último implica tomar en consideración tanto los fines generales (bien común)
como los específicos impuestos por la legalidad a la actuación concreta enjuiciada
(protección de la seguridad documental, agilización de trámites, defensa del patrimonio
público, etc.) y contrastarlos con los que el demandante afirma que motivaron la
decisión cuestionada; de modo que allí donde se acredite que se procuró un fin distinto
al señalado por la ley (el personal de quien tomó la determinación, el de un tercero, el
de la misma entidad, el de otra entidad, etc.), pese a la apariencia de legalidad de lo
actuado y resuelto, habrá lugar a su anulación. Pero ello presupone, se reitera, la
prueba efectiva de los intereses desviados del fin legalmente prescrito.
33 Ver Sentencia C-456 de 1998.
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Bajo tal premisa conceptual, no observa la Sala que se haya comprobado que la
expedición de las Resoluciones SSPD 20134400013695 del 14 de mayo de 2013 y
SSPD 20134400045165 del 8 de noviembre de esa anualidad, se enmarque en la
anotada causal de nulidad, toda vez que la argumentación que presenta en el plenario
va orientada más hacia la demostración de una indebida ponderación o dosificación
de la sanción impuesta; es decir, ataca el razonamiento de la Superintendencia para
expedir la sanción más drástica prevista en el artículo 81 de la Ley 142 de 1994;
cuestión que no permite hacer visible que con ello se buscaba alcanzar propósitos
distintos a los señalados en el ordenamiento jurídico, y por consiguiente, no se
entiende nula la decisión por este motivo.
Con todo, y aun atendiendo a que, según la actora, la Administración desacató los
fines que persigue la citada disposición al punto de pretender imponer un castigo
extremo ante una conducta que no afectaba la calidad y cobertura del servicio que
Hydros Melgar prestaba, no se desprende de tal aserto que se haya acometido el
adelantamiento del procedimiento sancionatorio en búsqueda de un fin distinto al
señalado por la ley para el caso concreto.
7.9. Costas
Es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado ha señalado que el criterio
objetivo valorativo de la condena en costas implica34: i) objetivo porque no resulta de
un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que
es resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto35, y ii) valorativo
porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se causaron y en
la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso
y con la actividad que el abogado efectivamente realizada dentro del proceso36.
34 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Primera. Providencia del 13 de septiembre de 2018, C.P. Oswaldo
Giraldo López, número de radicación 11001-03-24-000-2016-00162-01; ii) Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, Consejero Ponente William Hernández Gómez, Expediente número
15001-23-33-000-2012-00509-00; iii) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018,
Magistrado Ponente Milton Chaves García, número de radiación 25000-23-37-0000-2014-01115-01.
35
Corte Constitucional. Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
36 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 7 de abril de 2016. Consejero Ponente
William Hernández Gómez. Número del expediente 15001-23-33-000-2012-00162-01.
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En ese orden, vistos los artículos 188 del CPACA37 y el citado 365 del CGP38, en
especial su numeral 8, y a lo expuesto sobre el punto por esta Corporación, la Sala
considera que hay lugar a imponer una condena en costas a la parte demandada, por
concepto de agencias en derecho, toda vez que a este respecto se comprueba que la
accionada compareció a este proceso por conducto de apoderado debidamente
constituido; por lo tanto, se dará aplicación al Acuerdo 1887 de 200339, expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura y se impondrá a su favor por este concepto y a
cargo de Hydros Melgar S. en CA. ESP., la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente. En lo demás, no se condenará, pues no están acreditados otros
gastos o expensas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia 29 de octubre de 2015, emitida por la
Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
37 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.”
38 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en
los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. (Subrayas de la
Sala)
39 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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que negó a las pretensiones de la demanda, por las razones señaladas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ordenar a Hydros Melgar S. en CA. ESP., pagar por concepto de agencias
en derecho en favor a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo explicado en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 24
de octubre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Aclaro Voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclaro voto Aclaro voto
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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